el blog de luis enrique alcalá

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

La verbena de la gallina

 

Gaceta de Cuba con la ley de expropiación de 1960

 

¡Alto aquí todo el mundo! Esto se arremató. Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo.

La verbena de la paloma

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arrematar 1. tr. coloq. Rematar, dar fin a algo.

Diccionario de la Lengua Española

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Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena.

Diálogo digital – 15 de febrero de 2019

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Fulgencio Batista huyó de Cuba en las primeras horas del 1º de enero de 1959, casi un año exacto después de la huida de Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. El 8 de enero de aquel año, entraba Fidel Castro en La Habana; el 15 de abril iniciaba una visita de 11 días a los Estados Unidos (invitado por la Asociación Americana de Editores de Periódicos. En entrevista que concediera durante ella declaró: “Yo sé que el mundo piensa que nosotros somos comunistas; por supuesto, he dicho muy claramente que no somos comunistas, muy claro”. El 22 de diciembre de 1961, diría en uno de sus kilométricos discursos: “Seremos siempre marxista-leninistas”, lo que naturalmente es sinónimo de comunistas.

En todo caso, el 15 de octubre de 1960 se publicaba una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba; ella contenía la “Ley 890”, cuyo Artículo 1 dictaba: Se dispone la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas, propiedad de las siguientes personas naturales y jurídicas… A esto seguía una enumeración de empresas expropiadas, agrupadas en los siguientes sectores: Ingenios azucareros (un total de 105), Destilerías (18), Bebidas alcohólicas (6), Jabones y Perfumes (3), Derivados lácteos (5), Fábricas de chocolates (2), Molinos de harina (1), Fábricas de envases (9), Fábricas de pinturas (3), Químicos (3), Metalurgia básica (6), Papelerías (7), Lámparas (1), Textiles y confecciones (60), Molinos de arroz (16), Productos alimenticios (7), Aceites y grasas (2), Almacenes de víveres (47), Tostaderos de café (10), Droguerías (3), Tiendas por departamento (13), Empresas de ferrocarriles (8), Imprentas (1), Circuitos cinematográficos y cines (11), Construcción (19), Electricidad (1) y Marítimo (13). En total, 380 empresas pasaban de un gacetazo a ser poseídas por el Estado cubano. (Una reproducción de toda la gaceta en archivo de formato .pdf puede ser descargada desde este enlace: GACETA CUBA).

Debo el documento al gentil amigo Orlando Amaya, siempre pendiente de este blog, quien expresó su concurrencia con el tercer epígrafe de esta entrada. En su correo de envío, puso: “Las motivaciones del decreto y las fechas, son bien interesantes de analizar”. El tercero de los “Por Cuanto”—en Cuba, lo que acá llamamos un “considerando”—expone:

Muchas de las grandes empresas privadas del país lejos de asumir una conducta consecuente con los objetivos y metas de la transformación revolucionaria de la economía nacional, han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y del desarrollo económico, cuyos signos más evidentes y notorios han sido el sabotaje a la producción, la extracción del numerario sin reinversiones adecuadas, la utilización exagerada de los medios de financiamientos sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas, y el abandono frecuente de la dirección directa de las fábricas lo que, en muchas ocasiones, ha obligado a la intervención por el Ministerio del Trabajo en evitación preventiva de la crisis laboral que el cierre o disminución de la producción puedan crear.

Y el octavo (penúltimo) “Por Cuanto” declara:

Es deber del Gobierno Revolucionario tomar las medidas que demandan las circunstancias expuestas en los Por Cuantos anteriores y adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo, procediendo a la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales que no se han adaptado ni se podrían adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria, y a la vez a brindar efectivas garantías y a facilitar por distintos medios el normal desenvolvimiento de todas aquellas empresas pequeñas y medias cuyos intereses pueden y deben coincidir con los grandes intereses de la Nación.

Digno de notar: tal como es el uso de nuestra Constitución, se escribe ahí con mayúscula inicial “Gobierno Revolucionario”, “Patria” y “Nación”, pero “pueblo” se escribe con minúscula inicial. (En el Preámbulo de nuestro supremo texto local: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores…”, a pesar de que según el Artículo 5 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”)

La Ley 890 venía firmada por el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, el Primer Ministro Fidel Castro Ruz y el Ministro de Hacienda Rolando Díaz Aztaraín.

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Por supuesto, los gobiernos chavista-maduristas han causado una enorme disminución de la actividad empresarial privada en Venezuela, aunque más dilatada en el tiempo. (Ver la introducción de Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, 9 de enero de 2004). Carlos Larrazábal, Presidente de Fedecámaras, acaba de conceder una entrevista en la que informa cosas como éstas:

En 1998, cuando arrancó la revolución bolivariana, en el sector industrial teníamos más de 12.500 empresas y ahora no pasan de 3.000, operando al 20%-25% de su capacidad. Nosotros teníamos más de 600.000 empleadores en esa época, al principio del gobierno del Presidente Chávez, ahora se estima que esa cifra no llega a unos 200.000. Y digo “se estima”, porque el gobierno ya no publica cifras. (…) El gobierno de Chávez por decreto estableció que todo el sector privado era de utilidad pública, por lo que ya no requería la autorización de la Asamblea Nacional para expropiar. De esta manera, entre 2007 y 2012 se confiscaron más de 1.500 establecimientos de empresas y más de cinco millones de hectáreas de tierras fértiles. Buena parte de lo expropiado hoy está paralizado. En el sector agroalimentario el gobierno tomó el control de más del 50% de la producción de harina y entre 30% y 40% de la de arroz. El gobierno ahora controla todas la empresas de cemento y no se puede conseguir un saco si no es a través del mercado negro. Así se puede sumar y seguir.

Es la misma cosa cubana a cámara lenta, comparativamente, y siempre hay que tomar en cuenta que la economía venezolana en 1959, aun antes del vigoroso estímulo del gobierno de la época a la industria privada—Rómulo Betancourt con Lorenzo Fernández como Ministro de Fomento—con las garantías económicas constitucionales suspendidas (hasta julio de 1992), era bastante más poderosa y diversificada que la de Cuba de aquel año. Ahora Larrazábal se muestra entusiasmado con Juan Guaidó, quien ha dicho (más o menos): “Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo”.

Lo nuestro es toda una verbena. LEA

 

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Lectura y algo más

Ernest Bloch (1880-1959)

El programa #336 de Dr. Político en RCR se contrajo a leer buena parte del intercambio electrónico reproducido in toto en Diálogo digital, así como comentarios respecto a la muy difundida actitud internacional registrada en El caso Venezuela, un deporte internacional. Algunos oyentes llamaron para censurar al conductor del programa—¿no es esencial a la democracia el respeto a la opinión ajena?—, sin que argumentaran nada válido respecto de las tesis expuestas en él. Un pasaje de Schelomo, la gran obra de Ernest Bloch, y otro de la marcha Pompa y circunstancia #4 en Sol Mayor de Edward Elgar, constituyeron la ofrenda musical de esta emisión. Como siempre, he aquí su archivo de audio:

LEA

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Diálogo digital

 

Intercambio en red electrónica

 

Ya lleva cuatro días un intercambio electrónico del suscrito con un estimado corresponsal que para colmo es oyente habitual de Dr. Político en RCR. Acá lo transcribo íntegramente—largo por mi culpa—manteniendo su nombre en reserva; la identidad de otras personas mencionadas se revela por cuanto se trata de personajes y actuaciones públicas. (Incluyo el dato de una correspondencia de marzo de 2015 que he mencionado más de una vez en el programa radial que conduzco).

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NN: Abogado del Diablo y II

Estimado Dr. Político, en el programa de este sábado 09/02 varios oyentes, especialmente la Sra. Gladis y el Sr. Luis Sosa lo cuestionaron. La Sra. Gladis lo acusó de “echarnos un balde de agua fría” y el Sr. Luis lo hizo perder la compostura, Ud. lo mandó a callar…

Los comprendo a todos; Ud. defiende la legalidad, el orden y la forma correcta de hacer las cosas. A Gladis, a Luis y a muchos de sus oyentes (yo incluido) no nos importa si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no, es un golpe de estado “sui generis”, sin tiros. Estamos pagando a los rojos con su propia moneda: Truco y Trampa, cosa que sería imposible sin el enorme apoyo internacional (USA, Suramérica y Europa) que tenemos a favor. Guaido como en la lucha libre es “El Favorito Sentimental del Pueblo”.

“Mi” papel

Sus oyentes lo ven como “El Abogado del Diablo” y eso levanta roncha, lo lamento mucho yo lo entiendo y estoy de acuerdo con Ud. Sé que su intención es que el pueblo vea que las cosas no se están haciendo bien. Pero “Los dados están echados”, como muchos tengo la esperanza de que esta jugada logre hacer tambalear y caer al régimen. Luego habrá que pagar el costo de esta jugada, tenga éxito o no, espero que no sea muy alto.

Hoy, lunes 11/02, cuando llegué a la universidad tuve una agradable sorpresa: El Señor Chichero de la plaza del rectorado estaba de regreso, junto al reloj, luego de varios años de ausencia por las circunstancias. ¿Será esto un Buen Augurio?

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LEA: Gracias, Don NN. No perdí la compostura; mi reacción fue gradual. El Sr. Sosa desatendió repetidamente mis requerimientos de que no me interrumpiera intercalando réplicas en cuanto yo comenzaba a hablar; como parecía no entender, debí decirle más claramente que se callara.

Parte de mi función durante la intervención de oyentes es la de director de debates; en ese carácter tengo la prerrogativa de declarar a un participante fuera de orden y decidir cuándo un asunto ha sido suficientemente debatido. (Régimen parlamentario, que los sajones llaman Rules of order). Debo manejar, por otra parte, el tiempo del programa. La intervención de Sosa consumió un tiempo excesivo (11 minutos), extendiéndose a los dos segmentos finales. Aun así, lo invité a que llamara el sábado 16.

No estoy de acuerdo con la máxima de que “lo que es igual no es trampa”. La maldad de Hitler no excusa la mía; en la película El Enemigo (Luis Alberto Lamata, 2008), un personaje dice: “En una batalla moral, si actúas como el enemigo eres el enemigo”. Alguna vez escribí (Conocimiento y opinión, 2007): “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”.

La Doctrina de la Guerra Justa establece criterios para guerrear con justicia. Así la expliqué en La salida (21 de febrero de 2014):

La guerra “justa” de los gringos

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

Sigo creyendo que no están agotados todos los medios. Respecto del factor foráneo, le invito a leer El caso Venezuela, un deporte internacional (5 de febrero de 2019).

No es la primera vez que el Pueblo sigue a un mesías; Chávez era uno, Torquemada otro. El Sr. Guaidó es un político que distorsiona la Constitución para declararse Presidente y sostener que tiene poder para solicitar una intervención militar extranjera; ahora reparte paquetes que no difieren mucho de las bolsas CLAP.  Que a la Sra. Gladys, el Sr. Sosa y Ud. no les importe “si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no” es realmente lamentable. Estoy consciente de que muchos piensan como ustedes, pero no es mi estilo torear para los tendidos.

El error no se combate con la mentira; debe vencérsele con la verdad.

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NN: Esto es una guerra Dr. Alcalá, en la guerra se vale todo… excepto crímenes de lesa humanidad…

Los rojos no van a ceder por las buenas, no se los puede convencer con la razón. Solo el uso de la fuerza y este es un uso de la fuerza “sui generis” sin tiros. Algo parecido a Gandhi, guardando las distancias…

Con todos mis respetos, su oyente de todos los sábados.

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La realidad según algunos

LEA: “Esto” no es una guerra, todavía, y “Esto es una guerra” es una frase conveniente para justificar la escasez política del liderazgo nacional. (De ambos “lados”, pues parte de esa escasa percepción es dividir en dos grupos la población nacional, entendiendo el proceso como película en blanco y negro de superhéroes contra supervillanos, en roles intercambiables según quien la cuente. La realidad viene en colores, al menos en muchas tonalidades de gris. En mayo de 2015, Datincorp preguntó de dónde vendrían las soluciones a los problemas del país; 17% creía que vendrían del oficialismo, 18% que vendrían de la oposición, ¡56% que vendrían de nuevos liderazgos!)

Desde 1999 se hace en el país una política de etiquetas, de nomenclatura. Con pretendida erudición, cabezas como la de Luis Enrique Oberto nos enrostraban Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt para postular que el régimen de Chávez era como el de Stalin, y Luis Alberto Machado solía decir que los judíos que se salvaron fueron los que creyeron en Hitler y emigraron. (Murieron los que se quedaron, seis millones de ellos).

Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena. El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo.

Por otra parte, en cabezas opositoras típicas no cabe lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017):

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

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Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un “plebiscito” sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.

Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)”

Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un “diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).

Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).

Ojalá lo hubiera abandonado

Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?

Ésta es, esquemáticamente, una historia desaparecida; si bien las decisiones de la Sala Constitucional fueron monstruosas—tanto que Luisa Ortega Díaz fue incapaz de digerirlas—, es igualmente verdadero que Maduro ha experimentado una larga secuencia de intentos de deponerlo desde el mismo día de su elección—que incluye la apelación a “militares decentes” por parte de Juan Carlos Sosa Azpúrua y la recomendación de encontrar “un Larrazábal II” que ha hecho Luis Ugalde S. J.—, y también es cierto que el absurdo de las sentencias es igualado por el de la peregrina declaración de que ha abandonado su cargo. (Al igual que el TSJ, la Asamblea Nacional debiera reconocer su error y “suprimir” tal declaratoria).

En gran medida, la conducta de Maduro es un caso de profecía autocumplida.

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NN: No sé qué decir Dr. Alcalá, no puedo rebatir ninguno de sus argumentos, como no pudo hacerlo ninguno de sus oyentes. Ud. tiene razón pero en este momento la razón no puede contra la injusticia, la corrupción y la locura. El país está destruido, mi universidad está destruida. Soy un científico, sé de genética, bioquímica y alguna otra cosita. No sé cómo vamos a enfrentar y derrotar a los rojos rojitos, sé que por las armas no. Guaidó, agarrando aunque sea fallo…

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LEA: Si la razón es, como Ud. dice, impotente ¿debemos abrazar la sinrazón?

Veamos eso de ir “contra la injusticia, la corrupción y la locura”.

¿A cuáles injusticias concretas se refiere? La injusticia no es una entidad; es una palabra que debe usarse para señalar casos específicos, no como generalización. ¿De qué corrupción estamos hablando? (La cita que pongo abajo viene de una entrada en el blog—De memes y memeces—del 21 de octubre de 2012. Le ruego tome en cuenta la diferencia de la actualidad con la moneda de hace algo más de seis años):

Humberto Njaim, QEPD

Un meme análogo es el que explica la pobreza de un pueblo como el nuestro por la corrupción que consume dineros públicos, los que invertidos en asistencia social la eliminarían. A raíz de la aprobación en 1982 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, el profesor Humberto Njaim (Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela), hoy Miembro de la Academia de Ciencias Políticas, aportó un útil estudio de sus costos y beneficios. En él reveló sus estimaciones cuantitativas de la corrupción administrativa venezolana: el perezjimenismo habría sustraído fondos por el equivalente de 1% del Presupuesto Nacional; la democracia habría llevado el asalto hasta 1,5%.

En marzo de 1999, cuando Hugo Chávez llevaba apenas un mes en su cargo actual, informé de esta medición a un conductor de taxi que me llevaba de La Carlota a El Paraíso y quiso comentar los problemas del nuevo presidente, apremiándome con la cuestión de una corrupción que nos tendría sumidos en la pobreza. Al oír los índices del profesor Njaim, preguntó con incredulidad (¡gracias a Dios!): “¿Tan poquito?” Entonces puse la cosa en la escala del momento: “No, no es poquito. El presupuesto que manejará Chávez es de veinte billones [castellanos] de bolívares, y 1,5% de eso es la suma de 300.000.000.000 de bolívares”. “Es verdad—repuso el chofer—, ¡eso es un realero!”

La conversación cayó en un cauce nuevo para él; vi su sonrisa y creí escuchar los engranajes de su cerebro moviéndose mientras le daba la buena noticia de que no nos habíamos robado 98,5% del presupuesto nacional, y que si bien la corrupción era de un todo execrable, no podía ser que un tumor de 1,5% de tamaño explicara nuestra dolencia social. Quizás algo fundamentalmente malo, si acaso, había en nuestro manejo de la inmensa mayoría del gasto público.

Bueno, trescientos mil millones de bolívares de los actuales son el presupuesto nacional de 2012. Supongamos que Pérez Jiménez los administrara; entonces irían a manos corrompidas tres mil millones de bolívares, unos setecientos millones de dólares si CADIVI los cambiara. Si los manejasen las administraciones democráticas de 1959 a 1983, entonces la sustracción de fondos nacionales sería unos Bs 4.500.000.000. (Repito, de los de hoy; si, como algunos hablan todavía, se contaran en bolívares “débiles”, hablaríamos de 4 billones y medio de bolívares esmirriados). Si las administraciones de Chávez hubieran agravado el problema triplicando la tasa perezjimenista (a 3%, o el doble de la corrupción “democrática”), los “boliburgueses” habrían aprovechado 9.000 millones de bolívares. Finalmente, si quisiéramos suponer que la corrupción actual ha quintuplicado la cosa, llevando el peculado a 5% del presupuesto nacional, los dineros extraviados en cuentas suizas y otras sumarían 15 mil millones de bolívares, quince billones en la escala monetaria hace tiempo obsoleta.

Pues bien, la población venezolana puede ser estimada a la fecha en 29 millones de habitantes. Supongamos ahora que el arcángel Gabriel corta de un tajo con su espada flamígera toda la corrupción y reparte este último realero en cuotas idénticas a cada venezolano; entonces ¡cada ciudadano recibiría al año la cantidad de Bs. 517! ¿Saldríamos de abajo con menos de un bolívar con cincuenta céntimos diarios per cápita?

Alegrémonos porque no se han robado al menos 285 mil millones de bolívares y enterremos, a temperaturas no criogénicas para que nunca resucite, el meme idiota de que nuestra anormal distribución de la riqueza se debe a la corrupción administrativa.

Tres años más tarde—19 de agosto de 2015—argumenté en ¿Qué se debe hacer? (II):

La dolencia más aguda del soma político venezolano es el chavoma. Un signo precoz de esta patología se hizo patente el 4 de febrero de 1992, a tiempo para echar a perder nuestra celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento. Luego se derribaría la estatua de Colón en Los Caobos y entraría en vigor el nuevo nombre para el Cerro Ávila: el ridículo Waraira Repano, como si los teques y caracas que vivían a sus faldas y lo llamaban así tuvieran alfabeto y escritura, no digamos la letra W. (DRAE. w. Vigésima sexta letra del abecedario español, y vigésima tercera del orden latino internacional, usada en voces de procedencia extranjera). Un socialista “bolivariano”* que se respetara ha debido insurgir en defensa de la grafía Guaraira para no emparentar la cosa con Washington o, al menos, exigir consistencia y escribir Río Waire, Puerto de La Wuaira, Warenas o Waracarumbo. (Esto es, para consagrar la wachafita revolucionaria).

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Tumor vascularizado

El término oncológico es apropiado para referirse a la dominación política instaurada en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999, puesto que no se trata de enfermedad inoculada por algún vector externo—un anófeles o chipo—sino de un proceso que residía en las entrañas del pueblo venezolano desde mucho tiempo antes de que hiciera eclosión.

Como anota Toro en su blog, Briceño Guerrero interpreta “…la cultura latinoamericana como una mezcla de tres ‘discursos’ separados, mutuamente incompatibles: el discurso Racional-Occidental, el discurso Mantuano y el discurso Salvaje”. El libro de Briceño Guerrero fue escrito entre 1977 y 1982, y por tanto no podía ser una referencia específica a Chávez. Es Toro quien establece—como otros lectores del apureño lo han hecho—una relación significante entre la descripción del discurso salvaje y el chavista: “…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder”. (Discurso salvaje).

Es por tal razón que son insatisfactorias las caracterizaciones del chavismo (del chavoma) como la mera llegada al poder de una nueva y delincuente oligarquía. Seguramente ha habido y hay entre jerarcas mayores y menores del régimen chavista-madurista gente corrupta y malhechora, verdaderamente forajida; tal vez en proporción mayor que la que hubiera en regímenes anteriores a 1999, acá y en toda otra nación del planeta. A fin de cuentas, los más radicales izquierdistas venezolanos nunca superaron electoralmente el “seis por ciento histórico” hasta el año del advenimiento de Chávez como Presidente de la República, y como en ellos había hambre longeva de poder y de prebendas, la corrupción actual supera la de quienes los precedieron. Pero es un juicio más ajustado a la realidad explicar el chavismo como el producto de la acusada decadencia de la política que lo anticipara, y su sustitución por una nueva hegemonía fundada en la creencia de que Marx tenía razón. La mayoría de los socialistas venezolanos cree seriamente que la explicación de todo mal social debe encontrarse en el afán de lucro de “la burguesía”; es decir, está profunda pero honestamente equivocada.

Luego, el sistema chavista es claramente pernicioso, puesto que invade terreno propio de la sociedad y sus ciudadanos, como un cáncer que se extiende ocupando y destruyendo tejido de órganos imprescindibles del cuerpo que aqueja. La conjunción de su origen y su naturaleza autoriza que lo entendamos como proceso canceroso.

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Paradójicamente, es más fácil curar el chavoma que la insuficiencia política crónica que permitió su entronización en las instituciones públicas venezolanas. El tratamiento eficaz no es otro que remitir el asunto al Poder Constituyente Originario, la apelación al Soberano para que se pronuncie, en referendo consultivo, sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen político-económico socialista, pretensión que el chavismo-madurismo no oculta. (Todo decreto del Ejecutivo que publica la Gaceta Oficial lleva ahora este inequívoco encabezado: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”)


“…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.
Declaración de Derechos de Virginia – 1776

He allí el tratamiento. Naturalmente, a eso se opone el argumento de un CNE controlado por el gobierno, pero ni siquiera un CNE que otorgó mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional podría ocultar una verdadera avalancha de votos en los referendos tan posibles como necesarios. En los actos convocados para escuchar y aplaudir a Guaidó (y para gritar “¡Maduro, coño’e tu madre!”), en esas masivas y sentimentales terapias de grupo se hubiera podido recoger el doble o el triple de las firmas necesarias para convocar un referendo consultivo. ¿Ni siquiera eso nos convence? El procedimiento de abolición, primeramente propuesto el 25 de abril de 2002 para el caso de Chávez (bastante antes de que varias “fuerzas” políticas de oposición optaran por no participar en actos electorales; elección de gobernadores en 2017, por ejemplo, haciendo exigible su relegitimación a la que tampoco se sometieron, prefiriendo argumentar que el gobierno las ilegaliza “arbitrariamente”), fue adaptado el 17 de diciembre del año anterior para el caso de Maduro—Manda Su Majestad. (¿Ya lo leyó? Puse el enlace en mi correo anterior). Él escapa a la legislación electoral y aun constitucional, puesto que no es ni elección ni referendo; puede certificarse una mayoría fuera de la supervisión del CNE, mediante el registro de las firmas de adhesión en plataformas digitales inviolables análogas a las que soportan las criptomonedas. (El Decreto Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas—Chávez, enero 2001—establece en su Art. 4: “Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos”).

De modo que sí hay vías, las correctas, aquellas a las que se han mostrado renuentes los dirigentes opositores cada vez que se las ha propuesto. (Uno de los predecesores de Guaidó, Julio Borges, recibió de manos de su madre una comunicación que le envié el 3 de marzo de 2015, en la que propuse la convocatoria de un referendo consultivo sobre la adopción del socialismo y concedía lo siguiente: “Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”. Aún espero acuse de recibo).

¿La locura? Aparte de que es una entidad difícil de cuantificar y atribuir, la definió alguien (Albert Einstein) en estos términos: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Otra vez se marcha; lo mismo desde diciembre de 2001. (Manifestación de las madres bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”).

Y también es una locura autojuramentarse como Presidente “Encargado” (o “Interino”) sobre la base de una tergiversación, y más locura todavía declarar (Guaidó) que “no descarta” una invasión militar estadounidense y que está facultado para pedirla por el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Una invasión en plan agresivo no es una misión, y sostener lo contrario es una nueva tergiversación del sentido constitucional. Se sigue a un hombre falaz. Creo que es una locura colectiva seguir a Guaidó “aunque sea fallo”. Creo que declarar a la razón impotente para abrazar la sinrazón es, precisamente, un procedimiento propio de la locura.

Con preocupación

Luis Enrique Alcalá

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Entre abogados (en bloque)

 

Película mexicana de Adolfo Fernández Bustamante (1951)

 

Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.

Margueritte Yourcenar – Memorias de Adriano

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En mi empresa, para cada solución, cuento con un departamento legal que le encuentra veinte problemas.

Henry Reichhold – Escuchado por el suscrito en su visita a Corimón (1974).

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La gente de El Nacional ha publicado una nota que da cuenta de un dictamen del llamado Bloque Constitucional de Venezuela (o Bloque de la Constitucionalidad). Éste declara en su presentación que es el primero de sus fines “Trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho, mediante la defensa del poder legítimo originario representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015”. (Gracias a certificación del mismo Consejo Nacional Electoral que certificara las elecciones de Nicolás Maduro como Presidente de la República). He aquí una lista de sus promotores (58), según publicación en Facebook de Con la Gorra Puesta:

El Bloque Constitucional visita a Luisa Ortega Díaz

Magistrados eméritos: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, Pedro Rondón Haaz, Julio Elías Mayaudón.

Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Alberto Arteaga Sánchez, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid.

Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin.

Profesores Universitarios: Luis Beltrán Guerra, Raúl Arrieta Cuevas, Jesús María Casal, Juan García Vara, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rene Molina Galicia, Rodrigo Rivera Morales, Rubén Pérez Silva, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Gustavo Briceño, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero.

Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles.

Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Nelson Riedi (Carabobo), Yvett Lugo (Distrito Capital), Jesús Ramos (Monagas), Mario Torres (Zulia), Enrique Romero (Lara), José Neira (Táchira), Orlando Velásquez (Sucre), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Roberto Andery (Cojedes), Roldan Torres (Apure), Wilme Pereira (Falcón), Rombet Camperos (Barinas), Letty Piedrahita (Miranda), Rosalino Medina (Aragua), Lourdes Vallenilla (Amazonas), Zoila Calderón (Portuguesa), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Mary de Muguesa (Guárico), Eliseo Moreno (Mérida), Omer Figueredo (Delta Amacuro).

La nota de El Nacional informa:

“La Asamblea Nacional no está ni ha estado en situación de “desacato”, como lo pretenden quienes usurpan el cargo de magistrado, por cuanto: i.- El desacato es un tipo penal sólo aplicable a personas naturales que incumplan mandamientos de amparo constitucional. En el presente caso además, no existe una sentencia de amparo firme y definitiva dictada por un órgano jurisdiccional legítimo” explica un comunicado del BC.

“Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, cuando venció su periodo presidencial y no ha sido reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva. Reiteramos que el Presidente Interino Juan Guaidó, ha asumido, válidamente, la investidura ejecutiva ante la vacancia constitucional en el cargo de presidente de la República, con fundamento en los artículos 5, 7, 70, 233 y 333 de la Constitución”, expresa el comunicado.

Julio Borges Junyent

Bueno, no. Según acto de la Asamblea Nacional que no ha sido invalidado, el Sr. Nicolás Maduro Moros dejó de ser Presidente de la República el 9 de enero de 2017, cuando el parlamento presidido por Julio Borges Junyent, abogado, declarara que ese ciudadano ¡había abandonado su cargo! De esa tan absurda decisión se desprendía que estábamos ante una falta absoluta del Presidente de la República. Conviene reproducir acá el artículo preciso de la Constitución que regula lo concerniente a tales faltas absolutas del Presidente:

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.

El primero y tercero parágrafos de ese artículo son los pertinentes a este punto. Comoquiera que la “falta absoluta” de Maduro se había producido veinticuatro horas antes de cumplidos los primeros cuatro años del período, hubiera debido haber “nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes” a la declaratoria que presidiera Borges Junyent; pero ni siquiera él se creyó eso, pues dejó de oficiar al Consejo Nacional Electoral para que la organizara. El primer parágrafo lista como causal de falta absoluta “el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional”, pero eso no quiere decir que cuando la AN lo declare entonces hay abandono del cargo, sino que cuando lo haya el órgano que debe certificarlo es el que ejerce el Poder Legislativo Nacional.

Mientras el desvarío del 9 de enero de 2017 se preparaba (precedido de un “juicio político” a Maduro que no está previsto constitucional o legalmente), un abogado leguleyo—Diccionario de la Lengua Española: Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente—me envió insultantes correos (un procedimiento muy profesional) porque supo que me oponía a la monstruosidad, y pretendió asimilar definiciones de nuestro Derecho de Familia respecto del abandono del hogar—que podía alegarse aun cuando el incurso en esa falta siguiera residiendo en la vivienda conyugal—, como si ese derecho especial pudiera trasladarse sin más al Derecho Constitucional.

Entre abogados te veas.

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El TSJ con Nicolás Maduro, por supuesto

El Tribunal Supremo de Justicia no ha declarado que la Asamblea Nacional sea reo del delito de desacato, que como tal ni siquiera es mencionado en nuestro Código Penal. Lo que ha sostenido es que la Asamblea Nacional ha desacatado—participio pasado del verbo desacatar, en la segunda acepción que recoge el Diccionario de la Lengua Española para ese verbo: No acatar una norma, ley, orden, etc.—, al desconocerla, la sentencia de la Sala Electoral que anuló la proclamación de los diputados por el Estado Amazonas, juramentándolos no una sino dos veces bajo la presidencia de Henry Ramos Allup. El 22 de octubre de 2016 se publicó en este blog Prontas elecciones, entrada de la que copio y destaco:

Exijamos (…) a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo [para mandar nueva elección presidencial] tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Esto último hicieron los diputados en cuestión veintitrés días después; el 15 de noviembre de 2016, solicitaron su desincorporación. En lugar de efectuarla, Ramos Allup se limitó a decir: “Hemos tomado nota”; más nada. Al asumir Borges Junyent la Presidencia de la Asamblea en enero de 2017, procedió a desincorporarlos, justo antes de proclamar el abandono del cargo (?) por Maduro. El quisquilloso Tribunal Supremo de Justicia ignoró el procedimiento al sostener que la elección de Borges Junyent como Presidente de la AN era nula, puesto que se había dado mientras ella se encontraba aún en desacato.

También debiera acatarse

Los poderes públicos de la Nación han ignorado una reiterada recomendación del suscrito: la de arribar a un acuerdo entre ellos, sugerido primeramente entre la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. (Ver Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016). Éste se ampliaría a todos los poderes en Del armisticio como programa (11 de mayo de 2017), donde se recomendó acordar entre varias otras cosas:

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

El impasse continúa sin resolverse. (A fines de 2017, dije en dos reuniones a Roberto Picón Herrera, ejecutivo principalísimo de la Mesa de la Unidad Democrática, que la prioridad de la Asamblea Nacional era la de recuperar su eficacia como poder resolviendo el problema del desacato, para que pudiera convocar referendos consultivos. Su respuesta: “Entonces ¿nos vamos a arrodillar?”) En todo caso, al argumentar el Bloque Constitucional que “Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, cuando venció su periodo presidencial”, desestima de un todo el procedimiento de Borges Junyent que declarara el abandono del cargo por Maduro. (R. I. P.)

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Pero el mismo “bloque” sostiene la pretensión—Diccionario de Sinónimos: aspiración, propósito, intención, anhelo, ambición. Ejemplo: Tenía la pretensión de ser presidente—de Juan Guaidó: que él es el Presidente legítimo (“encargado”, “interino”) de Venezuela, ambición que se predica como sustentada en el Artículo 233 de la Constitución, específicamente en su segundo parágrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El “interino”

Para que Guaidó pudiera quitarle el coroto a Maduro en aplicación de esa disposición tendría que admitirse, primero, que Maduro era el Presidente electo—Diccionario de la Lengua Española: adj. Dicho de una persona: Que ha sido elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y aún no ha tomado posesión—, al menos que había sido elegido un Presidente y que se había producido su falta absoluta: su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, su abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, o la revocatoria popular de su mandato. (Que no puede efectuarse, esta última, antes de cumplida la mitad del período).

No hubo falta absoluta del Presidente electo, y ya Maduro tomó posesión para un nuevo período al juramentarse válidamente ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El motivo sobrevenido es claro; la Asamblea Nacional optó por no reconocer en Nicolás Maduro al Presidente electo, negándose a recibir su juramento. Explica el Bloque Constitucional: Maduro no habría sido (según los abogados en bloque) “reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva”. ¿Qué órgano, qué tribunal facultado por la Constitución o las leyes ha establecido tal cosa? El argumento no pasa de ser un alegato no probado. (Diccionario de la Lengua Española: alegato. 1. m. Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo. 2. m. Der. Escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario). Tal cosa no es un dictamen definitivo que emitiera un órgano válido, y no valen acá las opiniones descalificadas de Jair Bolsonaro, Mike Pompeo o John Bolton; no valdría la opinión del papa Francisco, que sobre esto no se ha pronunciado. Un alegato no es una prueba; tampoco lo es una acusación, presunción o sospecha. Toda la fundamentación de la “presidencia” de Juan Guaidó es falaz.

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De los cinco artículos de la Constitución aducidos por el Bloque Constitucional de Venezuela para soportar la pretensión de Guaidó, el otro que sería pertinente es el Art. 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. (Redacción defectuosa; ha debido escribirse “En tales eventualidades…”)

La Constitución no ha dejado de observarse por acto de fuerza desde el 11 de abril de 2002, cuando lo hiciera Pedro Carmona Estanga; no ha habido a partir de esa fecha un golpe de Estado militar, que es a lo que ese artículo se refiere en la primera eventualidad. (El texto de ese artículo es copia de lo que establecía el Art. 250 de la Constitución de 1961, promulgada el 23 de enero de ese año. Para esa fecha, una media docena de intentonas contra el gobierno de Rómulo Betancourt debió ser repelida; Ramón J. Velásquez, su Secretario de la Presidencia, me confió: “Tuvimos que lidiar con conspiraciones todos los meses”).

Tampoco ha sido derogada. (Diccionario de la Lengua Española: derogar. tr. Dejar sin efecto una norma vigente). Se la violado, sí. En mi opinión, la violación más grave la ejecutó la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en principio encargada de protegerla. (Ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008). Pero la Constitución, algo herida, algo averiada, aún vive. Nada puede fundarse todavía sobre su Artículo 333.

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No es la primera vez que alego algo en contra de la opinión de abogados prestigiosos; yo no soy abogado, mucho menos prestigioso. (Ver Lógica anecdótica, 17 de mayo de 2017). A fines de 2002, el prestigioso abogado Oswaldo “Pico” Páez Pumar intentó desprestigiar cosas sostenidas por mí sobre la base de una falacia ad hominem (la más primitiva de las falacias—argumentos inválidos con apariencia de validez—consideradas por la lógica): quiso anular mi argumentación mediante el expediente de calificarme repetidamente con el calificativo de diletante. El Dr. Páez Pumar no me envió el escrito en el que eso hizo, en contra de su práctica habitual de informarme de sus textos; supe de su desleal proceder por tercera persona. Ya en posesión de su alegato, redacté una completa contestación (15 de diciembre de 2002) en la que puse al comienzo:

…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión “diletante”, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: “Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional”. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo.

The defense rests its case. Creo que es una lectura recomendable El problema (30 de agosto de 2017). LEA

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Para descargar esta entrada como archivo en formato .pdf: Entre abogados

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De la audiencia

Michel Legrand (1932-2019). Foto de Georges Biard.

Tal como se anticipara el sábado anterior, el programa #335 de Dr. Político en RCR estuvo íntegramente dedicado a la participación de los oyentes.

En homenaje a Michel Legrand, fallecido hace dos semanas, se escuchó la muy famosa canción—Premio Óscar—de El affaire de Thomas Crown (Steve McQueen-Faye Dunaway): Les moulins de mon coeur, mejor conocida como The windmills of your mind, en interpretación de su autor. Luego, su hermoso tema para Verano del 42.

He aquí el archivo de audio de esta transmisión

LEA

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Delirio total

 

El mesurado Presidente de la Asamblea Nacional

 

Supe del delirio en Twitter. La Sra. Chepina García me envió un mensaje con una pregunta (combino varios tuits en uno):

Saludos. Tengo una pregunta. Es con respecto al artículo 187 de la Constitución. Me refiero al punto 11, que dice corresponde a la AN “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Esto permite la entrada de militares de otros países sin importar lo que dice la carta de la OEA, en los artículos publicados en su blog. Esta pregunta la hago porque hoy Guaidó se refirió a este artículo como la aprobación para la incursión de tropas militares de EEUU y/o de otros países en Venezuela.

Eso contesté:

La carta de la OEA se refiere en su Art. 21 a: “El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción”. Esto no es lo mismo que “misiones”, que usualmente son de cooperación y asesoría. Por mucho tiempo, operó en Venezuela una misión militar de los EEUU con fines de asesoramiento a nuestras Fuerzas Armadas. En ninguna forma el numeral 11 del Art. 187 de la Constitución niega el Art. 19 de la Carta de la OEA. En síntesis; una misión militar no es una ocupación militar. Es la presencia de militares extranjeros autorizada por la Asamblea Nacional; una ocupación es un acto agresivo que es muy distinto. Desde hace tiempo existe la costumbre de que militares ingleses que participen en desfiles militares lo pueden hacer con bayoneta calada, en señal de agradecimiento por la participación de la Legión Británica en la fase final de nuestras guerras de Independencia. (En la Batalla de Carabobo, específicamente). El Ing. Guaidó delira.

Después de eso, inicié una búsqueda en Google para “Guaidó 187 Constitución” y el buscador me propuso de primera una nota de EV TV Miami:

Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela

febrero 7, 2019

La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el periódico El País, de Montevideo, publicada este jueves.

Al responder a una pregunta, Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”.

“En Venezuela ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas. También hay presencia del ELN y de las FARC de Colombia”, recordó.

Aunque reiteró que no desea una solución a la crisis por la vía violenta, destacó que la doctrina de Responsabilidad para Proteger, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), “es clara”.

“Otorga a todos los países la responsabilidad de actuar en protección de la vida humana en cualquier territorio; en el escenario que sean previsibles pérdidas humanas considerables”, resaltó.

Por último, Guaidó estimó que de continuar Maduro en el poder, más de 300.000 venezolanos morirán y muchos más se verán obligados a migrar.

Seguí la búsqueda, para opinar responsablemente, y encontré una definición de la novísima doctrina de la ONU enarbolada por Guaidó como justificación de una invasión extranjera. Esto encontré en la web de la Asociación de las Naciones Unidas en España (destaco en cursivas):

La Responsabilidad de Proteger (“RtoP” o “R2P”) es una nueva norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la cumbre mundial de las Naciones Unidas de 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Este compromiso estipula que: 1. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica. 2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad. 3. La comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un Estado no protege a sus poblaciones, o es en realidad el autor de los crímenes, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU.

En todo caso, Guaidó tendría que vender su delirio al Consejo de Seguridad de la ONU, pero Nicolás Maduro no es culpable de crímenes de guerra (Venezuela no está en una, por ahora), crímenes contra la humanidad o limpieza étnica. (Los escuálidos no son un grupo étnico). Pero veamos qué significa genocidio, no vaya a ser que paso algo por alto:

El genocidio (Del griego γένος génos “estirpe” y el latín -cidio, apofonía de caedere “matar”) es un delito internacional que comprende «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».

El término fue acuñado y definido por primera vez por el jurista judeo-polaco Raphael Lemkin, que en 1939 había huido del holocausto y encontrado asilo en Estados Unidos. En su libro El poder del Eje en la Europa ocupada publicado en 1944 definió así el genocidio:

La puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento.

Según el sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann, el genocidio es el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los actos de limpieza étnica. Para este autor el impacto de los genocidios durante el siglo XX es devastador, tanto por el número de víctimas, que cifra en más de 70 millones de personas, como en la extrema crueldad de las agresiones. (Wikipedia en Español).

El gobierno de Maduro es altamente pernicioso para el país, pero no le cabe sino hiperbólicamente—hay gente que habla así—la denotación de genocida. “Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no”. (El caso Venezuela, un deporte internacional). LEA

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