Opiniones, conjeturas, ofrendas de Luis Enrique Alcalá

A las 6 p. m. del miércoles 25 de enero, el Licdo. Jesús Urbina me entrevistó en el programa Agenda Pública, que conduce en la emisora de radio de la Universidad del Zulia, LUZ Radio. Urbina centró sus preguntas sobre el tema del programa de la MUD, haciendo referencia a esta entrada. He aquí el archivo de audio de la conversación:

Los signatarios de este acuerdo respaldaremos de forma unitaria al candidato que en las primarias del 12 de febrero sea escogido como abanderado de la Unidad Democrática en las próximas elecciones presidenciales. Igualmente nos comprometemos a respaldarlo de manera unitaria y transparente en el ejercicio de la Presidencia de la República y en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno.

Mesa de la Unidad Democrática

Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (en revisión), diciembre de 2011

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Ramón Guillermo Aveledo pudiera argüir que no me gustan ni los huevos fritos, una vez que sepa, como seguramente espera, que los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, a ser firmados en compromiso por los precandidatos y los dirigentes de la MUD el próximo 23 de enero, no me convencen en lo absoluto. También podrá decir, una vez escrito lo precedente, que él no se ocupa en lo más mínimo de lo que escribo. Por si acaso, no obstante, quiero aducir pruebas, primero que nada, de que el estilo planificador plasmado en el documento referido—LPGUN, para abreviar—es algo contra lo que he advertido desde hace mucho tiempo, bastante antes de la existencia de la Mesa de la Unidad Democrática, que él coordina con tanta diplomacia y tino.

Mi primer libro (Krisis: Memorias prematuras) salió a la luz en marzo de 1987, hace casi veinticinco años. En él puse, comentando el intento candidatural de Rafael Caldera en 1983:

La pirámide programática de Caldera era manejada por Luís Enrique Oberto, una de las “caras nuevas” que ya había sido su ministro de planificación y el conductor del programa de gobierno de Luís Herrera, el famoso texto que éste llamó Mi compromiso con Venezuela. El inconveniente de esta forma de redactar programas de gobierno es que el resultado final tiende invariablemente a la incoherencia. Más de una vez he asistido a reuniones de ese cuño. Desde una media docena de personas hasta varias decenas en algunos casos, se reúnen a “echar ideas” o a leer sus ponencias favoritas. Usualmente no le es dado al director de la reunión, aunque piense que oye alguna idea impertinente, rechazar muchas de las proposiciones, pues el compañero de Achaguas se podría resentir y el apoyo de Fulanito y los fulanistas sería escatimado. La sumatoria de un proceso de tal naturaleza es de un grado de incompatibilidad tal, o de un carácter tan absolutamente negador del concepto de prioridades (al incluir prácticamente de todo), que no es posible nunca llevarla a la práctica si se llega a ganar las elecciones.

Cuando la persistencia de Rafael Caldera lo llevó por segunda vez a Miraflores, inicié en febrero de 1994 la publicación mensual referéndum. Escribí para inaugurarla el trabajo Los rasgos del próximo paradigma político, en el que se lee entre otras cosas:

La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.

Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico, asumida como lema electoral de José Antonio Cova, repropuesta por Oswaldo Álvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención». El problema es que el Frente Patriótico no ha presentado un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.

Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.

La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.

Finalmente, cuando la fallecida madre de la MUD, la Sra. Coordinadora Democrática, creía que de su seno saldría un sucesor de Hugo Chávez—pensaba que éste sería ineludiblemente revocado en su mandato presidencial en 2004, lo que forzaría una elección presidencial—, se dio a la tarea de elaborar el ya olvidado “Consenso-País” (la MUD ni lo menciona en los LPGUN).  Hubo quienes concedieran gran importancia a ese desdeñado documento. Me referí a una presentación del asesor John Magdaleno, del lunes 5 de octubre de 2009, en la Carta Semanal #352 de doctorpolítico:

Expuso una caracterización del fracaso opositor en el intento revocatorio de 2004 como un “salto al vacío”. En él se habría fracasado porque la oposición no acertó a poner en escena a una “contrafigura de Chávez”—explicación parcial posiblemente correcta—y, sobre todo (fue en lo que más insistió), porque el documento del llamado “Consenso-País” de la Coordinadora Democrática no fue suficientemente promovido o publicitado, porque no se imprimió y repartió una cantidad suficiente de ejemplares entre la población, porque no se hizo con él una campaña publicitaria con pegada.

Es de aquel inane texto que escribí el 20 de noviembre de 2003 (Consenso bobo, Carta Semanal #63 de doctorpolítico):

Los documentos del “consenso-país”—que incurre desde su propio nombre en la usurpación, pues “el país” no lo ha elaborado, como tampoco la Nación elaboró nuestros vetustos y ya olvidados planes “de la Nación”—indican una clase particular de proposiciones en su contenido: la de las “seudoproposiciones”. Son afirmaciones tan generales como las de que hay que “reactivar la economía”, “combatir la pobreza” o “eliminar el desempleo”.

Era práctica ritual de muchos economistas venezolanos reunirse en diciembre de cada año durante el segundo período de Caldera—usualmente en el IESA—para echar predicciones sobre la inflación y la tasa de cambio del año siguiente. Los periodistas hacían su agosto, pues cada economista de alguno de estos “paneles de expertos” estaba muy dispuesto a conceder declaraciones. La declaración estándar era algo más o menos como lo siguiente: “Lo que propongo es un verdadero programa económico integral, armónico, coherente y creíble”.

Ya el mero hecho de que tal afirmación se compusiera de un solo sustantivo y cinco adjetivos debía llamar a la sospecha. Pero, por otra parte, una sencilla prueba podía evidenciar que se trataba, en realidad, de una seudoproposición. La prueba consiste, sencillamente, en construir la proposición contraria, la que en este caso rezaría así: “Propongo un falso programa económico desintegrado, inarmónico, incoherente e increíble”. Resulta evidentísimo que nadie en su sano juicio se levantaría en ningún salón a proponer tal desaguisado. Ergo, la proposición original no propone, en realidad, absolutamente nada.

Tomemos algunos casos concretos del documento base del so called “consenso-país”. Por ejemplo esta seudoproposición: “Se reiniciarán o se reforzarán programas de becas, de alimentación y de dotación de útiles para los niños”. (Página 39). ¿Querrá alguien oponerse proponiendo lo siguiente: “Se clausurarán o debilitarán programas de becas, de alimentación y de dotación de útiles para los niños”?

O esta otra: “Asegurar mecanismos de coordinación entre las diferentes organizaciones con responsabilidad sobre la seguridad ciudadana a nivel nacional” (Página 33). O ésta: “Establecer formas de financiamiento de largo, mediano y corto plazo, con fondos públicos y privados, en las modalidades necesarias para garantizar la eficiencia del crédito y para atender el especial perfil de riesgos de esta actividad”. (Página 27).

¿Qué espera la Coordinadora Democrática? ¿Qué Chávez se oponga prometiendo formalmente mecanismos de descoordinación o modalidades innecesarias para garantizar la ineficiencia del crédito a corto, mediano y largo plazo?

En cuanto a la hipótesis de que la tengo cogida con la Mesa de la Unidad Democrática, pues, I rest my case: mi opinión sobre la clase de ejercicios a la que pertenecen los LPGUN ha permanecido invariable desde que comencé a ocuparme sistemáticamente de política. Pero una nueva referencia a otro enfoque de John Magdaleno puede adelantarse, porque resultará apunte pertinente al análisis que sigue. Esta vez hablaba el 19 de enero de aquel mismo año de 2009, para presentar en compañía de Roberto Briceño León los resultados de un estudio de opinión y recomendar acciones contrarias al proyecto de enmienda constitucional que permitiría la reelección indefinida de mandatarios públicos. La referencia se encuentra en la Carta Semanal #316 de doctorpolítico, del 22 de enero de 2009: “Un estudio particularmente interesante fue el dirigido por Roberto Briceño León, John Magdaleno, Olga Ávila y Alberto Camardiel. Este esfuerzo combinó una encuesta nacional (22 de diciembre) y la realización de focus groups bastante especiales, pues fueron compuestos de modo que no se mezclaran partidarios del gobierno, sus opositores o gente no alineada con ninguno de esos polos. (…) La interpretación de la encuesta, por su parte, pone de manifiesto el carácter crucial de los electores no alineados ni con el gobierno ni con la oposición”.

Más adelante referí y cuestioné:

Briceño y Magdaleno, luego de expresar su convicción de que la inminente consulta ofrece una oportunidad para “reposicionar” a la oposición, argumentaron que era de la suprema importancia la elección de quienes debieran hacer ostensiblemente frente—fronting—al proyecto de enmienda. Hablaron de una disyuntiva—falsa, a mi manera de ver—entre estudiantes y líderes convencionales, dando a entender que no había otras voces posibles. (En intento pedagógico hablaron, debe reconocerse, de encontrar los “badueles” o “marisabeles” de 2009). Esto es, la recomendación de Briceño y Magdaleno es la de constituir un coro de tres voces: la de aquellos que aún no están listos (estudiantes), la de los rechazados (líderes convencionales), la de los saltadores de talanquera (“badueles” y “marisabeles”). ¿Es que no hay otras voces en Venezuela?

Llama la atención que, después de haber expuesto que sería decisiva la participación de los electores no alineados—el estudio combinado mide su tamaño a la par de quienes apoyan a Chávez y mayor que el de sus opositores, como lo han hecho desde hace al menos seis años todas las encuestadoras, en proporciones cambiantes que oscilan entre 35% y 50%—, no se saque la conclusión obvia. Antes que “badueles” o “marisabeles”, urge conseguir voces no alineadas, con discurso no alineado y argumentos no alineados para asestar el golpe definitivo a las pretensiones continuistas de Hugo Chávez.

………

La primera cosa criticable de los LPGUN es un asunto fundamental, y se pone de manifiesto desde el inicio mismo del documento, en el numeral noveno de la introducción. Sus primeros tres puntos están referidos, como los números 10 y 11 y luego del 18 al 26, ambos inclusive, a la factura y método de los lineamientos. Son los números 4, 5, 6, 7 y 8 los que establecen el territorio terapéutico, con la crítica al desempeño del gobierno actual, que califican justamente como traicionero a la Constitución, contrario a los principios democráticos y nefasto, con el resultado de un grave deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Es entonces el punto 9 el que define el objetivo de los LPGUN:

Para enfrentar estos desmanes, y rescatar la institucionalidad democrática se presentan los siguientes Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, en procura de un buen gobierno, una sociedad productiva, con calidad de vida y con buenas relaciones internacionale”s.

Es decir, los LPGUN son presentados y justificados en función del gobierno de Hugo Chávez, en reiteración de la falla de origen de la oposición formal y burocratizada de los últimos trece años. En la Carta Semanal #352 de doctorpolítico, antes citada, me referí a este fenómeno del siguiente modo:

El encuestólogo y prologuista [John Magdaleno] ofreció como premisa inicial la siguiente declaración: “Apartando el 2 de diciembre de 2007, nunca hemos sido mayoría”. Y ese plural de la primera persona gramatical no necesitaba ser explicado; aquello a lo que ese implícito “nosotros” se refería era a quienes se oponen a Chávez y, más específicamente, a la audiencia que tenía por delante mientras hablaba. Ése es el conglomerado que entiende como determinante, ésa sería la clientela que esperaba sus palabras.

Tal óptica no es nueva; desde que Chávez asumió por vez primera la Presidencia de la República, en los inicios de 1999, el resto de las iniciativas políticas ha optado por entenderse como mera oposición a Chávez. En terminología relativamente reciente, se la nombra como “comunidad opositora”. Un artículo en el diario El Nacional aducía poco después de la derrota de Manuel Rosales en las elecciones presidenciales de 2006: “La votación que el CNE le adjudicó al candidato opositor es importante, siempre y cuando éste sepa ejercer el liderazgo del antichavismo…” (Felices perdedores, 12 de diciembre de 2006). Exactamente ese mismo día, un análisis que circuló privadamente se expresaba en términos como los siguientes (se subraya un cierto término repetido insistentemente):

La oposición… decidió no participar en las elecciones legislativas… la Oposición ya había perdido sus Gobernaciones y Alcaldías… para una parte importante de la Oposición el contrincante mayor no era Chávez, era el CNE… Muchos pensaban que la oposición era mayoría… la ausencia de la Oposición de la contienda electoral… La Oposición se debatía entre el método de escogencia del candidato único y la campaña por condiciones… Muestra un liderazgo indiscutible en la oposición durante la campaña… Se ganó al lograr la unidad de toda la oposición… Que la oposición es minoría… ¿Cuál es el estado de la oposición un día después?… La Oposición amanece como un conglomerado nacional de importante magnitud… no desperdiciar esfuerzos en combatir a la oposición desde la oposición misma…

He allí la falla de origen de la inmensa mayoría de los planteamientos políticos distintos del chavismo: que sólo atinan a definirse como antichavistas. Desaparecido Chávez, dejarían también, entonces, de tener sentido sus existencias. Ésa es la misma falla de origen de la iniciativa que acá se discute.

Una nueva acción política que quiera ser viable no puede pensarse como oposición a Chávez; es preciso que procure superar el actual estado de cosas por superposición, por salto a un nivel superior de la política. (A fin de cuentas, el régimen de Chávez no es otra cosa que la exacerbación oncológica de una política que no inventó él: la política de poder posicionada en algún punto del eje decimonónico de izquierda y derecha). La refutación de Chávez debe venir, para usar términos evangélicos, por añadidura, nunca como única justificación.

El último numeral (27) de la introducción de los LPGUN reformula la coletilla del numeral noveno sin aludir, gracias a Dios, al gobierno chavista: “Estos Lineamientos se presentan como base para un gobierno de unidad, amplitud, diálogo y respeto que promueva el progreso de todos los venezolanos”. Un opositor a la oposición tendría que sugerir “un gobierno de desunión, estrechez, monólogo e irrespeto que impida el progreso de todos los venezolanos”. Ni siquiera Chávez se atrevería a proponer algo así.

………

Dos cuestiones planteadas con énfasis en los LPGUN llaman la atención. La primera de ellas es la consagración de la Constitución de 1999 como base del esfuerzo programático. Dice el documento:

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.
45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Se trata de la misma Constitución que no gustaba en 1999 a los principales partidos de oposición. (“AD, Copei, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Fedecámaras hicieron campaña contra la aprobación de la Constitución”, Wikipedia en español). Cuando Luis Ugalde argumentaba en El Nacional—El día después, 25 de octubre de 2007—que votar contra los proyectos de reforma constitucional del Ejecutivo y el Legislativo nacionales era lo mismo que abstenerse de votar, también defendía con denuedo la Constitución de 1999: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”. Hace tiempo que la oposición al elefantiásico texto de 1999 ha quedado en el olvido.

Pero hay un detalle que debiera causar problemas insalvables a la particular candidatura de Diego Arria que, como se sabe, está predicada sobre dos iniciativas fundamentales: procurar que Hugo Chávez sea juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya y convocar a una Asamblea Constituyente. Esto último es totalmente innecesario para los fines declarados por Arria, que el 8 de diciembre declaró en televisión que la constituyente que propugna no sería “para hacer una nueva constitución, sino unos cambios puntuales”. (Ver en este blog Por la tapa de la [b]arri[g]a). Pero el punto es que Arria ha hecho de la convocatoria de una asamblea constituyente la bandera principal de su campaña, y que los LPGUN se deslindan claramente de tal pretensión en su numeral 46: “La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente”.

¿Qué va a hacer Arria? Si se aviniere a firmar el 23 de enero su compromiso con los LPGUN, contradiría frontalmente su planteamiento central. Si no lo hace, ¿podría la MUD permitir su participación en las elecciones primarias del 12 de febrero? ¿Podría su tesorería devolver a Arria el importe de su boleto de entrada, que con toda probabilidad habrá ya gastado? Arria pareciera haber preparado una salida, al enviar a Aveledo una carta que ha dado a conocer el sábado 14 de enero; en ella, sin aludir al asunto constituyente, dice:

En carta dirigida al coordinador de la MUD fijé posición con respecto al Compromiso de Unidad Nacional:

“El Compromiso de Unidad Nacional, debe expresar con absoluta transparencia, las características y dimensión del reto que enfrentará un Gobierno de Unidad Nacional. En este sentido no puedo sino destacarle que decirle al país la verdad, y toda la verdad sobre la situación política y económica en que se encuentra es, más que crítico, esencial para afianzar la credibilidad del compromiso ante la audiencia nacional”.

(…)

Sólo si la Unidad adopta el compromiso expreso de hablarle al país de manera clara y contundente, sobre cuán grave es su situación actual, de cuán difíciles son las perspectivas políticas, económicas y sociales de Venezuela, y más grave aún, de caer en la disolución de la vida civil, podremos esperar que para las cruciales elecciones de este año, el país entienda lo que está realmente en juego, y ejerza su derecho al voto de la manera más informada y consciente posible.

En otras palabras, Arria no cree que los LPGUN hablan desde esa claridad, pues en caso contrario no habría necesidad de su advertencia a Aveledo. Ya tiene, entonces, el pretexto para retirar su candidatura, sin admitir la razón real: que su intento no ha recabado un apoyo superior a un promedio de 2% en las encuestas. Para él, las uvas están verdes, como diría la proverbial zorra de Félix de Samaniego.

………

Una segunda cosa que salta a la vista es el tratamiento timorato de la política social de Hugo Chávez, asentado sobre la noción, también formulada por John Magdaleno el 8 de octubre de 2009 (Carta Semanal #352 de doctorpolítico), de que Chávez “nos” gana por las misiones:

…el encuestólogo (…) procedió a instruir a los circunstantes con interpretaciones harto conocidas, presentadas como si nunca hubieran sido pensadas. Por ejemplo, que la aceptación de Chávez había sido alta porque ponía énfasis en la agenda social: salud, alimentación y educación, principalmente; esto es, por las famosas “misiones”. En cambio, la oposición se habría concentrado en la agenda política: la libertad, la crítica a la corrupción y el militarismo, la defensa de los presos políticos y el derecho de protesta, etcétera. Allí estaría la clave de la diferencia en el desempeño del régimen y el de la oposición, entre el oficialismo y “nosotros”.

Los LPGUN declaran en su introducción (16), al reconocer que se inspiran en las “100 Soluciones para la gente” que acompañaron la campaña de la MUD a la Asamblea Nacional: “Nos comprometemos a diseñar y poner en práctica políticas que mejoren la vida de los venezolanos. Para ello, reconoceremos los beneficios otorgados, y trabajaremos para ampliarlos en cobertura y calidad”. Hay un grande temor a criticar las misiones de Chávez. (Dicho sea de paso, ¿qué es de la vida del centenar de “soluciones para la gente”? ¿Pudiera Alfredo Keller encuestar y ver si algún elector común recuerda aunque sea una de esas “soluciones”? ¿Habrá votado alguien por convicción de la bondad o conveniencia de alguna de ellas? Lo digo porque la centena ha sido rebasada con creces en los LPGUN, que contienen la muy estimable cifra de 1.252 “lineamientos”).

De modo más preocupante, la MUD asume terminología de Chávez, al dedicar la subsección “Y la inclusión social” de la sección “El espíritu general del nuevo gobierno” en el capítulo 1, “Institucionalidad democrática”. Allí se lee:

Y la inclusión social

40. La oferta social del programa y del gobierno de la Unidad pertenece al corazón de su ideario. La inclusión social será uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno, porque los abismos estructurales para el acceso al disfrute de los derechos sociales básicos son numerosos.

(…)

42. Lo anterior, sumado al espíritu integrador antes referido, hace aconsejable preservar los niveles de protección social que el actual gobierno haya alcanzado, aunque reorientándolos o reconduciéndolos a la lógica institucional y de respeto a los derechos humanos de todos que ha de guiar las políticas y la actuación oficiales.

 

En cambio, un experto en esto de incluir y excluir, Luis Pedro España (Director, desde hace años, del Estudio de la UCAB sobre la pobreza), escribió el 12 de enero (La estafa mejor vendida) en El Nacional:

Desde el punto de vista técnico, moral y democrático las misiones son, más que una oferta engañosa, un ardid con el que se tiene secuestrada la política social de Venezuela, de la cual puede que no podremos zafarnos hasta que en la práctica se ensayen con éxito mejores fórmulas.

Técnicamente no se acogen a principios de justicia social, redistribución progresiva o consideran indicadores de eficiencia y eficacia. Están disponibles para aquellos ciudadanos que merezcan los favores del Estado según el juicio de los militantes de base del Gobierno, además de contar con todo un rosario de ineficiencias caracterizadas por una lógica de operativo, plan de emergencia o jornada especial, que resta la continuidad y constancia que requiere toda política social que pretenda tener impacto y generar haberes humanos y productivos en sus destinatarios.

Desde el punto de vista moral son un chantaje político que sólo la falta de escrúpulos de sus propugnadores, comenzando por el mismísimo jefe, es capaz de permitir y avalar sin el menor cargo de conciencia o vergüenza política. No sólo se reconoció desde el principio su utilidad política antes que social, sino que además su instrumento de implementación, las listas y censos, no hacen sino ratificar la lealtad prepago (es decir, previa a recibir el beneficio) que está detrás de cualquiera de las (ahora llamadas grandes) misiones.

Democráticamente las misiones han convertido los derechos sociales, que son, más que constitucionales, un producto de las luchas sociales de nuestro pueblo, en favores personales de un caudillo y una ideología, y han suprimido clientelarmente cualquier posibilidad de disenso o simple derecho al pataleo.

En ningún caso las misiones sociales pueden asociarse a éxitos tangibles. La muletilla de reducción de la pobreza es cortesía del boom petrolero y de un aumento del consumo de las familias, que en modo alguno trasforma las causas estructurales de nuestra pésima calidad de vida.

¿Es que la MUD—o los 31 equipos que compusieron sus LPGUN—, que se define como oposición, no sabe hacerla? Al asumir el término “inclusión” como propio—por cierto, España incurre desde hace años en la misma práctica—, refuerza la narrativa oficialista de inclusión y exclusión. (DRAE: incluir. 1. tr. Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. 2. tr. Dicho de una cosa: Contener a otra, o llevarla implícita. excluir. 1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba). ¿Es que hay una reunión periódica en algún punto del Caracas Country Club en la que se dilucide cómo se va a excluir efectivamente a determinados venezolanos del “disfrute de los derechos sociales básicos”? Seguramente hay en Venezuela, como en todas partes, empresarios desalmados—al igual que políticos, deportistas, sacerdotes, científicos, literatos, enfermeros y bomberos desalmados—pero, en general, está en el interés del empresario más bruto que la población ante la que se desempeña sea próspera, no pobre o “excluida”. La explicación de la pobreza como “exclusión” es una soberana tontería.

………

Los LPGUN son de una densidad equivalente a la del innombrable Consenso-País en aquello de seudoproposiciones o afirmaciones sencillamente bobas. He aquí unos pocos botones de muestra:

76. Los consejos comunales deben estar claramente perfilados como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de la Constitución.

317. A partir de entonces se perdieron tres grandes virtudes que tuvo nuestra economía por más de 50 años: tipo de cambio estable, inflación de un dígito, y crecimiento sostenido y constante [¿no son "sostenido" y "constante" la misma cosa?], lo que, entre otros factores, encontró sustento en la disciplina fiscal y monetaria que fue característica de dicho período.

363. El próximo gobierno de Unidad Nacional debe asegurar un cambio de rumbo para Venezuela. Es una tarea compleja, considerando que el actual gobierno ha acentuado la reconocida fragilidad de la economía venezolana y la vulnerabilidad de los venezolanos frente a cambios de origen externo o el impacto de políticas abiertamente inadecuadas.

394. Parte del gasto público debe destinarse a programas de obras públicas, incluyendo la reorganización del programa de construcción de viviendas en necesaria alianza con el sector privado.

551. La primera acción debe ser la emisión de un nítido y coherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para reestablecer [sic] la confianza.

1151. Se implementarán programas de recuperación de la infraestructura y superestructura aeroportuaria existente, lo que incluye la adecuación de los sistemas de control de tráfico, terminales, pistas y demás áreas, así como la mejoría de los servicios de navegación.

A estas alturas el lector habrá aprendido a construir proposiciones contrarias a las listadas, esperables, por tanto, en el discurso de campaña de Hugo Chávez. Como ayuda a su propio ejercicio, he aquí una posible redacción alterna del número 76: “Los consejos comunales deben estar opacamente perfilados como instancias de participación, en contravención del artículo 70 de la Constitución”. Ñapa: la redacción chavista del número 551 quedaría así: “La primera acción debe ser la emisión de un borroso e incoherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para establecer la desconfianza”.

………

Pero es la pretensión principal de la MUD que quienes participen como precandidatos en sus elecciones primarias del 12 de febrero se comprometan a asumir los LPGUN como el programa que el Ejecutivo Nacional, dirigido por uno de ellos, desarrollaría. Además quiere que se comprometan a no presentarse a la reelección en 2018.

Vamos a ver si nos entendemos. Los LPGUN han asentado que “La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Bueno, es la atribución 18 del Presidente de la República (Artículo 236 de la Constitución) “Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional”. Y establecía originalmente el Artículo 230: “El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional”. Como sabemos, la enmienda constitucional aprobada el 15 de febrero de 2009 eliminó la limitación de la reelección por un solo período adicional.

Entonces, si la Constitución es consagrada como “la base normativa fundamental” de un hipotético “Gobierno de Unidad Nacional”, ¿cómo es que la MUD misma la vulnera imponiendo limitaciones a prerrogativas irrenunciables, vistiendo a sus precandidatos con camisas de fuerza? Ningún candidato a la Presidencia puede renunciar a una atribución que sea, a la vez, una exigencia, como la potestad de formular el plan de acción del Ejecutivo Nacional; tampoco puede imponérsele la renuncia a la posibilidad de reelegirse, como tampoco puede renunciar un obrero a sus prestaciones sociales, aunque algún patrono inescrupuloso presente en un tribunal del trabajo un papel firmado donde eso conste.

Claro que ya ha comenzado el sutil reacomodo terminológico, que abre la puerta a desdecirse en estas contradicciones, anunciadas con bombos y platillos. El documento aquí discutido se llamó Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional; si nos fijamos en la redacción de la invitación al acto del 23 de enero, ya ella dice Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional. (Una unidad “nacional”, por cierto, que la encuesta del IVAD del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2011 estimó en 27,4%). La cosa como que es una mera sugerencia.

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De resto, el lenguaje, las nociones fundamentales y los supuestos de los fulanos LPGUN ponen de manifiesto la vigencia, en el reino de la oposición, de conceptos políticos tan anticuados como presuntuosos. Uno destaca: la creencia de que los países son hechos por los gobiernos. (15. “Construir una sociedad productiva y de progreso”. 363. “El próximo gobierno de Unidad Nacional debe asegurar un cambio de rumbo para Venezuela”. O, al final: “Unidad en la inclusión. La política debe servir para construir una sociedad que incluya a todos”).

Los países tienen la mala costumbre de construirse ellos mismos, muchas veces a contrapelo de los estorbos de los gobiernos más entrometidos, como el que ahora tenemos. Es típica la arrogancia política de quienes creen que los presidentes son los jefes de los pueblos. (Henrique Salas Römer, por ejemplo: “Aquel que pretenda gobernar sobre un país…”, diciembre de 1998. O Hugo Chávez, “No me ocupo de la oposición; estoy muy ocupado dirigiendo al país”, septiembre de 2005). Los presidentes son, escasamente, los jefes del aparato ejecutivo estatal en el nivel nacional. No son nuestros jefes; son nuestros mandatarios. Somos nosotros los mandantes.

Ya basta de presunciones obsoletas, que indignan. LEA

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