el blog de luis enrique alcalá

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

¡Qué vaina con Ugalde!

 

Ugalde en mala compañía, un mes y seis días antes del Carmonazo

 

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro.  (…) El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. (…) La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración.

Las élites culposas

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Creo que fue el mismo 13 de junio, el miércoles de la semana pasada, cuando leí las primeras líneas de un artículo de Luis Ugalde S. J. con fecha de ese día. Su prometedor título era La enfermedad, el remedio y la ruta. No completé la lectura; bastó que viera su comienzo para percatarme de que quien propusiera como solución a nuestros males encontrar “un Larrazábal II”—Fundación Espacio Abierto, 10 de diciembre de 2016—desvariaba de nuevo. Pero el sábado me envió alguien ese mismo texto en correo electrónico con el siguiente título: “Hablar claro y actuar en consecuencia, ya” y, dos horas después, otra persona me preguntó por WhatsApp si “por casualidad” había comentado en mi programa #302 “el último [artículo] de tu colega de curso Luis”. Este último amigo sabe que Ugalde y yo estudiamos juntos entre 1962 y 1964:

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1963-1964) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas en época de una “teología” de la liberación. (Las élites culposas, mayo 2012).

Algo de esa cojera de la pata izquierda ha debido quedar para los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, en quien Ugalde reconocía públicamente su preocupación por las necesidades del Pueblo, y a quien recomendaba darle el beneficio de la duda. Tan tarde como el 23 de junio de 2016, escribía: “Cuando Chávez apenas se estaba estrenando en la Presidencia me dijo con franqueza ‘yo no creo en los partidos políticos, ni siquiera en el mío, yo creo en los militares que es donde yo me formé’. Cuando reinan las armas, la soberanía no está en el pueblo sino en quien tiene el fusil. Es la muerte de la política. Sin embargo, Chávez significó para muchos venezolanos el resurgir de la política, que estaba moribunda por los partidos, gastados por la rutina y la corrupción e insensibles ante la creciente pobreza”. (Elogio de la política).

De modo que la convergencia, casi simultánea, de dos referencias a la última de las piezas ugaldinas logró preocuparme y me indujo a leerla completa. Ayer, Día del Padre, el servicio de noticias de Costa del Sol FM no se limitó a reproducirla; también publicó una entrevista al cura sobre su temática. No puede haber duda de que ese artículo ha causado impacto, el suficiente para recuperar el papel de primer eclesiástico contestatario que otro jesuita, Francisco Virtuoso, le ha disputado. (Éste aseguraba hace menos de un mes—22 de mayo—que la Constitución especifica que la elección de Presidente de la República debe efectuarse en el último cuatrimestre del año— “Cuando se habla de solicitar elecciones en el último trimestre del año es porque es lo que está consagrado en la Constitución”—, en eco de idéntico error de la directiva de AVERU: “La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita que las elecciones se hagan cuando están planteadas constitucionalmente”, dijo Cecilia García Arocha el 10 de mayo. La Constitución no prescribe nada de eso).

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El nuevo y publicitado texto de Ugalde incluye más de una afirmación tajante no probada; por ejemplo: “Maduro el 20 de mayo no fue elegido democráticamente, sino que impuso dictatorialmente una votación para continuar hasta el 2025”. Fue elegido democráticamente, en medio de la abstención más alta—prácticamente 54%—que se registre para una elección presidencial en Venezuela. La abstención, por supuesto, favoreció la candidatura de Maduro, y fue predicada por la mayoría de los partidos opositores. Siempre ha convenido al gobierno socialista la abstención opositora (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1 de enero de 2012). Algunos voceros, como los ya mencionados Francisco Virtuoso y Cecilia García Arocha, argumentaron equivocadamente que la fecha desusadamente temprana violaba disposiciones constitucionales, pero eso había sido advertido por Nelson Bocaranda (Runrún de alerta) con suficiente tiempo—octubre de 2017—sin que se le hiciera caso: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione”.

No podía prescindir Ugalde del epíteto, más bien muletilla, de moda: fraudulento. (Opositor que se precie y no acuse todo lo que hace el gobierno de “fraudulento” no está en nada, como decíamos en los años sesenta). Así escribió en su párrafo introductorio: “la fraudulenta votación del 20M”. Allí mismo esgrime con pretendida originalidad algo de lo que hasta ahora no se había acusado a Maduro: “Maduro está deslegitimado por su desempeño (violación sistemática del art. 2 de la Constitución)”. Este artículo dice:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

El sujeto actor de esa declaración constitucional es la Nación como un todo, no el Presidente de la República; la “originalidad” de Ugalde es a este respecto meramente retórica. Tampoco podía faltar el consabido apoyo en el Artículo 333 de la Constitución: “Frente a la tiranía, todos, civiles y militares, estamos obligados (art. 333) a actuar para restablecer la Constitución y los derechos humanos”. Así reza el socorrido artículo:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución, y se habla de ella como un todo en ese artículo, no ha sido derogada—derogar. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española—y tampoco ha dejado de observarse por acto de fuerza (en el sentido e intención del artículo, típicamente un golpe de Estado militar). El artículo invocado, por otra parte, no menciona derechos humanos.

Pero vamos de una vez a lo que es programático en el ya famoso texto; Ugalde propone estos pasos:

La ruta más razonable y democrática hacia la que todos unidos debemos empujar nacional e internacionalmente es:

A- Renuncia de Maduro y su gobierno, con salida negociada.

B- Gobierno de transición presidido por el Presidente de la legítima AN.

C- Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial-trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica-social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres no la habrá para nadie.

D- Restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exiliados y perseguidos. Habilitación de políticos y partidos arbitrariamente inhabilitados. Restauración de la plena libertad de expresión y de comunicación.

E- Eliminación de la dictatorial Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo CNE.

F- Preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente; que seguramente solo será posible dentro de nueve meses o más.

Obviamente, la renuncia presidencial es en este caso potestad exclusiva y personal de Nicolás Maduro. Pero un “gobierno de transición” y una “junta de gobierno civil con participación militar” son elementos claramente anticonstitucionales. Es irónicamente absurdo que, quien acusa a Maduro de “violación sistemática del art. 2 de la Constitución”, proponga con la mayor frescura actuaciones evidentemente violatorias de ella. (En La marcha de la insensatez, Barbara Tuchman citó, resaltando su absurdidad,  las palabras de un mayor del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam: “Se hace necesario destruir el pueblo con el fin de salvarlo”. Luego comenta: “su frase parecía simbolizar el uso del poder destructor americano para destruir el objeto de su protección para preservarlo del comunismo”). Ugalde estipula que se viole olímpicamente la Constitución para restituirla.

Y es que, además, el récipe ugaldino no tiene nada de original; con trece años de anticipación propuso Alejandro Peña Esclusa una iniciativa prácticamente idéntica, cuando intentó vender su táctica de “guarimbas”. (Para indignación de Robert Alonso, que aseguraba ser el verdadero inventor).

Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Las proposiciones de Ugalde no tienen asidero constitucional alguno; aun reconociendo su derecho a formularlas, puede decirse verdaderamente de ellas que son fraudulentas al presentarlas como una defensa de la Constitución. No lo son; al contrario, son enteramente anticonstitucionales.

Quizás no deba sorprendernos esta más reciente postura de quien nos animara a encontrar en 2016, como ya se observó, un “Larrazábal II” y, ante el referendo sobre las reformas constitucionales de 2007, el mismo que argumentara que abstenerse era equivalente a votar en contra:

Políticamente no hubo “día después” opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el “socialismo” de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. (Luis Ugalde: El día después, desmontado en Glosa de pupitre , 1º de noviembre de 2007).

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Como en otras proposiciones ventiladas por opinadores de oposición como Ugalde o elevadas por partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, el Pueblo brilla por su ausencia. Ugalde cierra su artículo de este modo: “Seguramente otros tienen propuestas y rutas mejores, pero no existen mientras no se presenten públicamente. Sirva esta de provocación para la discusión y acción”.

Bueno, este blog es principalmente un repositorio público de un buen número de diagnósticos, pronósticos y tratamientos; es decir, de “propuestas y rutas”. Tal vez Ugalde no lo visite con frecuencia, tal vez nunca, pero si requiriese refuerzo para reivindicar ese carácter público que el cura exige, sí existe el muy público programa Dr. Político en RCR. Para facilitarle la tarea de enterarse, acá pongo unos pocos enlaces enteramente públicos:

Parada de trote (23 de julio de 2009), la primera proposición de un referendo sobre el socialismo. (Retomada en la emisión #17 de Dr. Político en RCR el 3 de noviembre de 2012).

Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016), una explícita proposición de acuerdo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales,—en lugar del asimétrico e ineficaz “diálogo” de gobierno y oposición—apoyada en el Artículo 136 de la Constitución, que manda la cooperación de los poderes públicos “en la realización de los fines del Estado”, (Explicada el 30 de abril de 2016 en el programa #194 de Dr. Político en RCR).

Prontas elecciones (22 de octubre de 2016) donde se propuso un referendo para adelantar elecciones presidenciales. (Ese mismo día en Dr. Político en RCR #219).

Manda Su Majestad (17 de diciembre de 2016), con un Acta de Abolición y Estatuto de Transición dictados directamente por el Pueblo. (De nuevo, ese mismo día se presentó en el programa #227 de Dr. Político en RCR).

Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017), donde se dijo: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio”. (Tesis recogida al día siguiente en la transmisión #261 de Dr. Político en RCR). Sólo el poder supraconstitucional del Pueblo puede disolver la constituyente actualmente en funciones, cuyo origen no es “fraudulento”. Ningún gobierno “de transición”, ninguna junta “cívico-militar” pueden hacer eso válidamente, menos si imitaran la técnica dictatorial de Pedro Carmona.

Todas esas “propuestas y rutas” se fundan en la convocatoria del Pueblo como actor capaz y únicamente idóneo de decidir materias que Ugalde propugna que emerjan de la connivencia de algunos militares y civiles: “Es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”. Apartando la reciente preferencia ugaldina por metáforas médicas—El sabio récipe del Dr. Ugalde, 25 de junio de 2015—y la exageración retórica—los rusos, los polacos, los checos, los alemanes orientales, no se quedaron “sin país” al cabo de dominaciones mucho más duras que la actuante ahora en Venezuela—, eso de “civiles y militares” suena a conspiración, pues no parece que los civiles de su fórmula sean los 20 millones de ciudadanos del registro electoral y los militares la totalidad del alistamiento nacional; no es en conciliábulos de esa naturaleza donde puede construirse la necesaria salida. Por ejemplo, en Manda Su Majestad se reprodujo, adaptada a Maduro, una resolución popular propuesta inicialmente para el caso de Hugo Chávez el 25 de febrero de 2002, ocho días antes de que Ugalde levantara las manos de Carmona y Ortega en La Esmeralda. Ella dice:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Una orden expresa del Pueblo es lo único que puede mandar un papel para los militares. El 3 de agosto del año pasado, dejé en este blog (Prerrogativa del Poder Supraconstitucional) esta constancia pública:

Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”. Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco cree en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir. Bueno, al menos públicamente, y según Ugalde si se piensa en el Pueblo decisor en privado tal pensamiento no existe.

“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional” (5 de febrero de 2003).

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El sábado pasado, 16 de junio, torné a plantear públicamente, en el programa #302 de Dr. Político en RCR, la conveniencia de una “licitación política” nacional (no de oposición) que pueda establecer, por preferencia del Pueblo, qué debe hacerse con el Estado venezolano. En esa ocasión, mencioné al Frente “Amplio”, la AVERU y, de pasada, a los jesuitas Ugalde y Virtuoso como actores que pudieran promoverla. Vale.

LEA

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Licitación abierta

Una estupenda versión

Tomando base en trabajos anteriores del conductor del programa, la sesión #302 de Dr. Político en RCR desarrolló la noción de licitación política, para argumentar la necesidad de una en los actuales momentos de la Nación sobre cambios fundamentales en el Estado venezolano, así como la conveniencia de abrirla a la totalidad de los actores políticos, partidistas o no, y sus opiniones. Uno de los temas del último movimiento de la Sinfonía #2 de Jan Sibelius y el inicio del final de la Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev, ambas en la tonalidad de Re mayor, ambientaron la oportunidad. Acá abajo, el archivo de audio correspondiente:

LEA

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El peso político de las palabras

 

Hacemos ondas al hablar

 

Si tiramos una piedra, un guijarro, un «canto», en un estanque, produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie que, extendiéndose, irán afectando los diferentes obstáculos que encuentren a su paso: una hierba que flota, un barquito de papel, la boya del sedal de un pescador… (…) Otros movimientos invisibles se propagan hacia la profundidad, en todas direcciones, mientras el canto o guijarro continúa descendiendo, apartando algas, asustando peces, siempre causando nuevas agitaciones moleculares. (…) De forma no muy diferente, una palabra dicha impensadamente, lanzada en la mente de quien nos escucha, produce ondas de superficie y de profundidad, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que se complica por el hecho de que la misma mente no asiste impasible a la representación. Por lo contrario, interviene continuamente para aceptar o rechazar, emparejar o censurar, construir o destruir.

Gianni Rodari – Gramática de la fantasía: El canto en el estanque

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Desde Nueva Zelanda me llegó—por cortesía de Evert Leonardo Durán—un artículo de Daniel Eckmann en el Neue Zürcher Zeitung (Nuevo Diario de Zúrich). El inteligente y amable corresponsal creyó encontrar, al leer la pieza del articulista (socio de una firma de periodismo, estrategia y gerencia basada en Zúrich, Suiza), un eco de mi concepción de la Política como arte de resolver problemas públicos. “El artículo cubre lo que es básicamente la idea del blog: concebir la política como arte de resolver problemas de carácter público”, me puso. (En Acerca de LEA: “A pesar de una temprana vocación pública, no ha sido sino desde 1983 que ha dedicado su atención preferente al tema de la Política, a la que concibe como un arte de carácter médico: esto es, como profesión que cobra sentido en la medida en que produzca soluciones a los problemas de carácter público”).

En efecto, Eckmann escribe en La decencia tiene un mercado (énfasis añadido):

El éxito del modelo estatal suizo se basa en estar siempre politizado de una manera orientada a la solución. Hoy hay más y más polarización, polémica y protesta que equilibrio, decencia y juicio. No importa hacia dónde se mire, cuanto más profesionales sean los parlamentos y más lejos estén las instituciones, mayor será su distancia de la realidad. La política se está convirtiendo cada vez más en una tarima en la que todos se presentan. Los representantes ya no son un reflejo de la población, sino una galería llena de autorretratos. El objetivo de los representantes del pueblo, cada vez más dependientes de su oficio, es la reelección (Potomac Fever en Estados Unidos). Como resultado, la política se alimenta de la emoción diaria más que de los fundamentos a largo plazo. Siempre cerca de cámaras y micrófonos, dado que todas las inhibiciones se pierden fácilmente. El intercambio de golpes ha sido durante mucho tiempo la forma retórica básica de la política. Los contextos no se explican ni se organizan, sino que se reducen a un lema. A favor o en contra, no hay nada en el medio. Y debido a que las etiquetas tienen que vencer, cada campo necesita sus chivos expiatorios. Cualquiera que piense diferente se convierte en un enemigo. Polarización, polémica y protesta en lugar de equilibrio, propiedad y sentido de la proporción. Un mal negocio. Es recompensado quien se queja de errores o defectos y señala con el dedo a los culpables. O, para decirlo sin rodeos: la producción de insatisfacción atrae más atención en el mercado político que la producción de soluciones. (…) La política no debe polemizar. Debe resolver problemas, para eso está allí.

(Sobre eso de la “necesidad” de que las etiquetas triunfen, puede verse en este blog Etiqueta negra, del 11 de abril de 2016).

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Tomemos “una palabra dicha impensadamente”, una palabra “al azar”. Fraudulento, por caso. Cuando la pronunciamos, decimos “Engañoso, falaz” (Diccionario de la Lengua Española), y falaz es “Embustero, falso”. Ahora es de rigueur que ciertos diccionarios importantes escojan una “palabra del año”; para el caso venezolano no hay duda: fraudulento ha sido durante el último año el adjetivo más repetido por la oposición venezolana para calificar el gobierno presidido por Nicolás Maduro, y puede fecharse el inicio de la temporada: el 1º de mayo de 2017, en cuanto Maduro convocara en uso de su prerrogativa constitucional (Artículo 348 de la Constitución) la elección de una asamblea constituyente, Allan Randolph Brewer Carías proclamó la tesis de que esa convocatoria era fraudulenta porque se necesitaría un referendo previo que la autorizara. Esa tesis es falsa; no hay en el texto constitucional nada que prescriba un referendo tal. (Ver A un corresponsal no identificado, 5 de junio de 2018).

Las ondas concéntricas creadas por esa piedra verbal en el estanque político venezolano fueron distribuyendo el horrible calificativo por doquier, llegando bastante más allá de los confines del estanque que es Venezuela para alcanzar a “la comunidad internacional”; poco tiempo después se le adjudicaba a las elecciones del pasado 20 de mayo, de nuevo sobre una tesis equivocada: que la Constitución prescribiría que la elección de un nuevo Presidente de la República debe tener lugar en el último cuatrimestre del año. (Afirmación falsa, falaz, engañosa, fraudulenta). Quienes han empleado ese pedrusco en incesante intento de lapidación escamotean por conveniencia los siguientes actos fraudulentos:

1. La declaración de que era un “compromiso no transable” de la Asamblea Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. (Henry Ramos Allup, discurso inaugural como Presidente de la Asamblea Nacional, 5 de enero de 2016). Ese propósito no tiene fundamento constitucional, no es prerrogativa de la Asamblea Nacional procurar la cesación del gobierno y por tanto no puede ser en ningún modo un “compromiso no transable” de ese órgano.

2. La declaración de la Asamblea Nacional (9 de enero de 2017) que sostuvo que Nicolás Maduro había “abandonado” su cargo—ojalá lo hubiera hecho—, apoyada en sofismas de pretendida juridicidad, cuando es de toda obviedad que más bien se aferra a él con todas sus fuerzas. Las razones aducidas para tal resolución son enteramente ajenas al sentido constitucional de abandono del cargo, y la Asamblea Nacional omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral exigiendo una nueva elección presidencial, como establece el Artículo 233 de la Constitución—”Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”—, siendo que aún faltaban veinticuatro horas para el cumplimiento de la condición.

3. El planteamiento muy reiterado de que el “plebiscito” del 16 de julio de 2017, organizado por la Mesa de la Unidad Democrática, había sido un claro mandato del Pueblo. El término-pedrusco plebiscito se escogió para eludir—¿fraudulentamente?—la prescripción del Numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución, que adjudica inequívocamente al Consejo Nacional Electoral “La organización, administración, dirección y vigilancia… de los referendos”. Por otra parte, según la propia “comisión de garantes” del aludido evento, sólo se presentó a votar en aquella fecha 38,5% del registro electoral, lo que evidentemente no es el Pueblo ni una mayoría de él. (De hecho, la abstención de 61,5% es significativamente superior a la materializada el pasado 20 de mayo, que se esgrime para reforzar la noción de que la elección presidencial de ese día fue “fraudulenta”).

4. El nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” en contravención del Artículo 264 de la Constitución, que especifica la participación del Poder Ciudadano en el proceso: “…podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva”. La Asamblea Nacional no procuró nunca esa participación.

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Claro, el sistema chavista-madurista también emplea pedradas verbales—fascistas, burgueses de pacotilla, cachorros del imperio, guerra económica—para referirse a sus opositores: “El intercambio de golpes ha sido durante mucho tiempo la forma retórica básica de la política. (…) Y debido a que las etiquetas tienen que vencer, cada campo necesita sus chivos expiatorios. (…) Es recompensado quien se queja de errores o defectos y señala con el dedo a los culpables”, escribió Eckmann. Los insultadores oficialistas más destacados—Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Mario Silva—han empleado las palabras como piedras; en ocasiones, como bombas lacrimógenas. (Por ejemplo, escuálido: Flaco, macilento).

Y también ha incurrido el oficialismo, más de una vez, en conductas fraudulentas, Tal vez sea la más grave, la más fraudulenta, la Decisión 1.265 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 5 de agosto de 2008, que estableció que los venezolanos por nacimiento tenemos menor protección de nuestros derechos políticos que los venezolanos por naturalización.

En el día de ayer, a partir de las cinco y diez minutos de la tarde, el suscrito remitió un total de cuarenta y dos correos electrónicos, a otras tantas direcciones del Tribunal Supremo de Justicia, con el texto que reproduce esta Ficha Semanal #207 de doctorpolítico. Es este texto una denuncia, bien fundamentada, ante el TSJ de la violación a un principio jurídico fundamental contenido en la Constitución, a los efectos del Numeral 4 del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Este numeral explica que es una facultad del Tribunal “Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución” y “avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución… aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”. La denuncia demuestra que la sección de la Decisión #1.265 de la Sala Constitucional que se contrae a dilucidar “la presunta contradicción entre el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 42 constitucional” es ilógica y falsa, y configura una violación tipificada por el numeral antes citado, al cercenar el alcance del Artículo 42 de la Constitución mediante procedimiento falaz. (Violación denunciada, 12 de agosto de 2008).

Eso sí fue verdaderamente fraudulento, a pesar de lo cual no fue combatido oportuna y eficazmente por el liderazgo opositor local una década atrás. Pero, bueno, de Suiza asegura Eckmann que “El intercambio de golpes ha sido durante mucho tiempo la forma retórica básica de la política”. Y después dicen que no somos suizos. LEA

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En cadena (de bloques)

Hija y padre, hoy en RCR (750 AM)

 

Remo, no Tomaso

Respondiendo a un compromiso previo, la emisión #301 de Dr. Político en RCR acometió el apasionante y muy actual tema de las criptomonedas, apuntando que su plataforma digital—blockchain (cadena de bloques)—comienza a verse como ideal para implementar votaciones seguras. Eugenia Alcalá Sucre, experta en el asunto, cabeza de DASH-Venezuela e hija del conductor del programa, consintió en auxiliar al padre con explicaciones claras y suficientes. La ofrenda musical de esta edición consistió en el Adagio en Sol menor del musicólogo Remo Giazotto (1910-1988), que él mismo atribuyera a Tomaso Albinoni (1671-1751) y, al cierre, la introducción del primer movimiento de la Sinfonía Clásica (#1 en Re mayor) de Sergei Prokofiev. He aquí el archivo de audio de la transmisión:

LEA

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Preludio en Sí (mayor)

 

Quien escogiera su nombre impone a Eugenia la medalla de Psicóloga de la UCV

 

A Eu, con mi gratitud

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Mañana se hablará de criptomonedas en la sesión #301 de Dr. Político en RCR, cuando el programa contará con la cooperación de uno de mis mayores orgullos: Eugenia Alcalá Sucre (con González).

Hicimos primero a Eugenia, a quien su abuelo le escogió el nombre para significar que era bien nacida; yo la exhibía feliz, al mes de haber venido, en mi oficina, y uno de los empleados la bautizó como Estrella de la mañana. (Ella cantaba más allá del genio del mar, 31 de julio de 2013).

Eugenia es la líder de DASH, una de las más importantes criptomonedas del mundo, en Venezuela. En preparación de su útil visita, he aquí la exposición sobre el tema de Bettina Warburg—Cómo la cadena de bloques transformará radicalmente la economía—para TED (Technology, Entertainment, Design), la gran iniciativa de distribución de conocimientos.

 

 

Mañana sabremos más todavía. Entretanto, puede consultarse en este blog Criptocorrespondencia (17 de diciembre de 2017), para una respuesta a cierto tipo de críticas del indetenible fenómeno, basadas en la comprensible postura de gente conservadora. LEA
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A un corresponsal no identificado

Nombre del remitente en reserva

 

 

Al caer la tarde de ayer llegó a mi buzón de correo electrónico el texto de una entrevista realizada por María Angélica Correa (El Tiempo, 22 de mayo de 2018) a Miguel Ángel Martín, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” (en el exilio). El remitente señaló: “De las entrevistas más relevantes que he leído este año. Agradecería todo comentario al respecto”. A pesar de que he conversado antes y en varias ocasiones con él sobre más de un asunto cubierto por entrevistadora y entrevistado, me sobrepuse a la sensación de inutilidad para contestarle prácticamente punto por punto. Acá transcribo mis respuestas, que van en cursivas tras el texto recibido.

………

‘Maduro no representa a los venezolanos’: presidente del TSJ

Horas después de haber jurado como presidente a inicios de 1999, Hugo Chávez dictó un decreto para convocar un referéndum a fin de que una asamblea constituyente redactara una nueva Constitución. El golpe de Chávez tuvo éxito. En diciembre de ese año impuso una nueva Constitución que le dio el control del país. Y así empezó todo. Empezó con el secuestro de las instituciones, empezando con el poder judicial y el poder electoral.

Chávez asumió la Presidencia el 2 de febrero de 1999, habiendo sido electo por una mayoría de venezolanos el 6 de diciembre anterior. (Un año antes, la intención de voto a su favor estaba entre 6% y 8%; el estamento político tradicional no supo oponerle un contendor eficaz). Previamente, el 19 de enero de 1999, la Corte Suprema de Justicia asentó la doctrina fundamental de nuestra constitucionalidad: que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, no limitado por la Constitución (que limita sólo a los poderes constituidos), podía ser consultado sobre la elección de una asamblea constituyente, en un referendo al efecto convocado según especificaba el Art. 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, reformada por el Congreso de la República en diciembre de 1997 para agregar, justamente, el Título VI: De los referendos. En ningún caso fue eso un golpe o “el secuestro de las instituciones”. Por lo contrario; es esa doctrina clarísima y correcta lo que permitiría ahora un referendo que rechace el socialismo, disuelva la actual constituyente y anule sus actos. Y Chávez no “impuso una nueva Constitución que le dio el control del país”; ella fue aprobada en referendo del 15 de diciembre de 1999. Sobre ella dijo la MUD en sus Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012): “La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos”.

Casi dos décadas después, el régimen, esta vez presidido por Nicolás Maduro, de nuevo convoca (2017) otra Asamblea Nacional Constituyente, arrasando así con la poca institucionalidad que quedaba.

Pero, además, esta fraudulenta constituyente que fue rechazada y desconocida por la comunidad internacional convocó en forma extemporánea elecciones presidenciales. E incluso va más allá. El propio presidente Juan Manuel Santos, al referirse a esta constituyente ante la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, expresó: “Entre sus artículos está el abolir el sufragio universal, o sea, implantar un sistema igual al de Cuba y perpetuarse en el poder indefinidamente”.

La constituyente convocada por Maduro no es fraudulenta; el Art. 348 de la Constitución confiere al Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre otros actores, la potestad de convocar a una constituyente. Dos días antes de la convocatoria del 1º de mayo de 2017, Ramos Allup retaba a Maduro a que la convocara. (Audio abajo). La gente de la Alianza Nacional Constituyente—Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol, Felipe Pérez Martí—, que ha intentado sin éxito convocar una constituyente (como tampoco lo tuvieron en diciembre de 2013 Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Oswaldo Álvarez Paz y una cincuentena de personas que los acompañaron), nunca postularon que esa convocatoria requería un previo referendo, tesis errónea que expuso Brewer Carías en la noche de ese 1º de mayo por CNN. (La exmagistrada Mármol argumentó otra cosa: que Maduro no podía convocar a constituyente, no porque no hubiera llamado a referendo que la autorizara, ¡sino porque era un presidente de facto, dado que la Asamblea Nacional había declarado su abandono del cargo!)  La MUD se dedicó a la holgazanería de acoger el equivocado dictamen de “Randy” y venderlo a Rajoy, a la Santa Sede, al Grupo de Lima, a Almagro (que no necesitaba la venta), al Departamento de Estado de los EEUU… en lugar de presentar candidatos a una constituyente que mucha gente de oposición propició con mucha antelación. (Ver #lasalida de Maduro – segunda parte, 2 de mayo de 2017). La venta tuvo éxito; de allí que buena parte de la “comunidad internacional” (no toda ella, como implica la periodista) compró la etiqueta de moda: fraudulenta. Nadie conoce, Juan Manuel Santos incluido, el texto de un proyecto de constitución que sustituya a la existente, la que dicho sea de paso no entraría en vigencia sin que el Pueblo la apruebe en referendo, como establecen el Preámbulo y la Disposición Final Única de la actual.

Fragmento de Dr. Político en RCR #262, 19 de agosto de 2017

Efectivamente, haciendo un recuento de hechos sucedidos pocos días, antes y después, de la proclamación de la Constituyente Cubana el 4 de agosto de 2017, el régimen inició la persecución de 33 magistrados designados el 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN) legítima, y la destitución de la legítima fiscal general Luisa Ortega Díaz; marcando así el inicio del ejercicio de sus funciones fuera de Venezuela de estos representantes de poderes públicos.

Eso de “constituyente cubana”, aunque se escriba con mayúsculas, es una etiqueta más; la que opera en Venezuela es venezolana. (“El país que sufre agudos dolores y privaciones está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo! Pobre país”. Etiqueta negra, 11 de abril de 2016). Lo que es fraudulento es ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio; es eso lo que es inconstitucional y por tanto ilegítimo, puesto que fue “constituido” en la Plaza Alfredo Sadel haciendo caso omiso, contraviniéndolo, del Art. 264 de la Constitución, que requiere la participación del Poder Ciudadano en su nombramiento. (“La línea de la MUD parece ser la de proclamar que el Estado venezolano no existe: el Presidente de la República, declaró la Asamblea el 9 de enero, abandonó su cargo, produciéndose la falta absoluta de ese mandatario; los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia serían los elegidos por ella en la plaza Alfredo Sadel que ahora huyen del Sebin. Faltaría que la AN nombrara nuevas rectoras (o rectoros) del Consejo Nacional Electoral y nuevos Defensor del Pueblo y Contralor General de la República, suponiendo que quiera la permanencia de Luisa Ortega Díaz, tan cooperadora”. Constituyente habemus, 31 de julio de 2017). La declaratoria de abandono del cargo por Maduro es fraudulenta, la tesis (Ramos Allup, 5 de enero de 2016)) de que era un “compromiso no transable” de la AN encontrar en seis meses un modo para “la cesación de este gobierno” es fraudulenta, puesto que la Constitución no asigna esa potestad al Legislativo, la elección de un TSJ “legítimo” pero escapado es fraudulenta, como ya dije.

Uno de ellos, Miguel Ángel Martín, actual presidente del inédito Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, quien debió huir de Venezuela a raíz de su designación, nos entrega un mapa sobre las bases legales que permitirían un gobierno de transición, a horas del mayor fraude electoral en la historia de Venezuela.

¿Hay pruebas de fraude electoral el 20 de mayo? Un alegato no es una prueba; es principio universal del Derecho Penal que la carga de la prueba recae en quien acusa, y William Clifford advirtió en La Ética de la Creencia: “Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente”.

La primera sentencia del TSJ legítimo, el 25 de octubre, fue la nulidad de la Asamblea Constituyente Cubana, donde activa la resistencia civil amparada por la Constitución venezolana (art. 350). ¿En la farsa electoral del domingo, la altísima abstención del domingo es una demostración de la activación de la resistencia civil?

Sin duda alguna, sí.

Hasta ahora, es evidencia de la desconfianza en el sistema electoral, que conviene al gobierno y ha sido predicada largamente y de manera suicida por innumerables actores de la oposición. (Ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1º de enero de 2012). Entre las cosas demostradas el 20 de mayo está que Henri Falcón no dio la talla como candidato. Periodista y “magistrado” convierten falazmente la abstención en “una demostración de la activación de la resistencia civil”. ???

¿Hay referencia de otro tribunal en el exilio?

Un Tribunal así es inédito.

A confesión de parte, relevo de pruebas.

Muchos consideran que estas decisiones son un sainete político porque violan el principio de territorialidad.

Existe la base constitucional y legal para nosotros operar fuera de nuestras fronteras.

¿Cuál es esa base?

¿Pero existe una norma que lo fundamente?

Nuestra constitución establece en su artículo 20 que los convenios internacionales son leyes en Venezuela, y por eso nosotros ejercemos nuestra jurisdicción fuera de Venezuela, con efecto hacia el país, sobre temas de derecho internacional público y de derecho de control constitucional.

¡Ah, la explica el entrevistado! ¿Cuál convenio internacional establece que puede operar válidamente en el exterior un tribunal espurio, írrito, inconstitucional, fraudulento? ¿O es que las “decisiones” de ese esperpento son un “convenio internacional”? El “razonamiento” del entrevistado es un verdadero bodrio.

La segunda acción mancomunada de la fiscal general Luisa Ortega y del TSJ (en el exilio) fue la acusación penal a Nicolás Maduro por el delito de corrupción en el caso Odebrecht. ¿Este es un caso de control constitucional?

La delincuencia organizada sí es competencia tanto de la fiscal general como nuestra.

“Este martes 29 de agosto la Asamblea Nacional tenía pautado en la agenda discutir los casos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, y como en otra oportunidad en la discusión sobre casos de corrupción, no hubo quórum. Julio Borges, presidente del Parlamento, informó que debido a que a la sesión solo acudieron 55 diputados no se pudo llevar a cabo la discusión. Borges solicitó a la Secretaría del Parlamento hacer pública la lista de los legisladores que no acudieron, para que el país tenga conocimiento de lo sucedido. En este sentido expresó: ‘Voy a solicitar a Secretaría que haga pública la lista de los ausentes para que el país nos ayude a presionar y los diputados entiendan que tienen que venir a la sesión de la Asamblea, es nuestro deber’. (…) También es relevante mencionar que el pasado 24 de agosto, sólo 33 parlamentarios asistieron a la sesión que tenía como objetivo debatir las denuncias de corrupción realizadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz”. (El problema, 30 de agosto de 2017).

Un fragmento del oficio con fecha 7 de mayo, enviado por el TSJ que usted preside al ministro de la Defensa, se refiere a Maduro en los siguientes términos: “Quien tenía a su cargo la presidencia de la República”(…). ¿Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela y tampoco comandante en jefe de la Fuerzas Armadas?

Constitucionalmente, él ya no es presidente de la República. Él se convirtió en un presidente de facto porque, según la ley, cuando el Tribunal en Sala Plena declara la procedencia del juicio contra el presidente, tiene que pasar por la autorización de la AN. Y eso ocurrió. Nuestra AN autorizó el juicio penal de corrupción contra Nicolás Maduro. Por lo tanto, de conformidad con la ley, él está suspendido e inhabilitado del cargo para someterse al juicio correspondiente. Y se inicia lo que nosotros hemos denominado transición constitucional, porque tiene que venir el orden sucesoral como establece la Constitución.

Ninguna “decisión” de un tribunal fraudulento e inexistente causa los efectos que aduce este pobre señor, que por cierto deja de reconocer que el 9 de enero de 2017, bajo la presidencia de Borges, la Asamblea Nacional declaró la falta absoluta de Maduro por abandono del cargo. Si esta idiotez—¡ojalá lo hubiera abandonado!—se sostuviera, el TSJ de ficción no tendría necesidad de decidir al respecto.

¿En esa transición constitucional le correspondería asumir al vicepresidente, Tareck El Aissami?

Sí, así lo establece la Constitución. Pero no pasó. En este momento estamos frente a un vacío constitucional del cargo de presidente. Maduro no representa a los venezolanos, y su firma no vale en el mundo.

Los presidentes no representan a los ciudadanos en ningún caso; pocas personas del mundo creen que vale y obliga la opinión del entrevistado.

¿Entonces se infiere que todo lo que Maduro firme es ilegítimo?

Exacto. Al no tener legitimidad suscribir un acuerdo con la firma de ese gobierno de facto, corre el riesgo de que no sea válido.

Lo que es ilegítimo es el acto “en Sala Plena” de ese tribunal ilegítimo, fraudulento.

¿Se está desarrollando el juicio penal?

Sí. Estamos esperando que en pocos días, la fiscal general presente el acto conclusivo, y en aproximadamente tres meses, con el cumplimiento de los procesos correspondientes, el tribunal dicta sentencia.

Cuando un gobierno no resuelve los problemas de sus ciudadanos, hasta allí llega la soberanía de ese gobierno.

Los gobiernos no son soberanos; “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, Art. 5 de la Constitución.

¿Puede la Interpol ejecutar una orden de captura estando Maduro en la presidencia, aun cuando sea un presidente de facto? ¿Se podría escudar en esa condición?

Maduro no tiene excusa en eso. Quien tendría el problema es la Interpol porque es un organismo de policía internacional que recibió una orden de captura y tiene que oficiar a todas las policías del mundo para colocarlo en la lista de alerta roja. Nosotros estamos siguiendo los protocolos de la Interpol. Eso no es algo tan inmediato para que lo incluyan en la lista roja.

El TSJ ilegítimo y fraudulento no obliga a la Interpol.

Las solicitudes al ministro de la Defensa y los organismos de seguridad de Venezuela se estrellan contra un muro. Quién va a ejecutar esa orden en un régimen dirigido desde La Habana.

En este caso, la responsabilidad la tienen el director de cada una de las instituciones policiales y el ministro de la Defensa porque a ellos es a los que está dirigido el oficio, pero a su vez le estamos enviando un mensaje a todos los integrantes de seguridad del país para que tengan la información.

Ni el Ministro de la Defensa ni los organismos de seguridad venezolanos tienen por qué hacer caso de un TSJ ilegítimo y fraudulento.

¿Mikel Moreno, presidente del TSJ (en Caracas), se juramentó el año pasado ante la Asamblea Nacional Cubana?

Sí, a él y a todos los magistrados.

Se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Art. 349 de la Constitución).

¿Es un tribunal ilegítimo?

Es un Tribunal ilegítimo que está al servicio de la Constituyente Cubana.

El tribunal ilegítimo (y fraudulento) es el “presidido” por el entrevistado.

Así como también tenemos a un fiscal general ilegítimo (Tarek William Saab)

Sí, incluso hay 14 jueces en Caracas que tienen prontuario policial.

¿So?

¿Incluido el presidente del TSJ?

Tiene dos casos de homicidio.

Representantes de la comunidad internacional han respaldado al TSJ en el exilio, entre ellos Luis Almagro, quien además ha reconocido “la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela decidida por el Tribunal Supremo legítimo”.

¿Cuántos y cuáles estados han reconocido al “TSJ” en el exilio?

En conclusión, fue ilegal la candidatura de Nicolás Maduro.

Sí, y el Consejo Nacional Electoral debió desincorporarlo porque está inhabilitado.

????????????

¿Y la candidatura de Henry Falcón fue legal?

Fue producto de una convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Fue producto de una convocatoria hecha en último término por el Consejo Nacional Electoral, que no puede “impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Art. 349).

Ante un Consejo Nacional Electoral que es un brazo ejecutor del régimen, ¿la AN tiene facultad de designar los nuevos rectores a quienes ya se les terminó el período?

Es su competencia.

¿Aún están a tiempo?

Sí, porque es una omisión legislativa que pueden hacerla en cualquier momento.

Eso es; la AN presidida por Ramos Allup arrastró los pies y perdió el tren. Lo sé por NN quien trabajara en el Comité de Postulaciones nombrado por ella. Oímos su espeluznante relato XX, YY, ZZ y yo.

Según usted, estamos ante un vacío de poder. ¿En este caso, a qué organismo le corresponde llenar ese vacío?

A la AN.

¿Ahora la pelota está del lado de la AN?

Sí.

¿Cuál pelota?

¿Qué debe hacer la AN?

Promover la transición en Venezuela o emitir un pronunciamiento.

No ha dejado de hacer ambas cosas ¡sin efecto ninguno!

¿Se refiere a un gobierno de transición?

Esa es una salida, esa es una solución. Incluso ya fue consultada en el plebiscito (julio 2017) al pueblo de Venezuela, y dijo que sí.

El “plebiscito”—término empleado para escapar fraudulentamente a la Constitución, que asigna la organización de los referendos al CNE (Art. 293 )—del 16 de julio de 2017 contó con la asistencia de sólo el 38,5% del registro electoral; eso no es la mayoría del Pueblo.

¿Quién elige al presidente de ese gobierno de transición? ¿La AN?

La AN debería.

No hay ninguna disposición constitucional que mencione gobiernos “de transición” y, por supuesto, tampoco que la AN pueda nombrar uno de ese tipo, fraudulento.

¿Y si la AN no lo ejecuta?

Lo haría el TSJ legítimo.

El TSJ ilegítimo y fraudulento tampoco tiene esa potestad; ni siquiera si no fuese fraudulento e ilegítimo.

¿Qué más necesita Venezuela con un TSJ, fiscal y AN que son legítimos para poder concretar una salida pacífica?

Se necesita, no una unidad sino una verdadera alianza. Solo depende de nosotros.

¿Algo como el Frente “Amplio”, tal vez?

¿Ustedes están preparándose para apoyar a un gobierno de transición?

Nosotros estamos preparados para la reestructuración de Venezuela, que incluye la transición.

¿Puede ejercer un gobierno de transición en el exilio?Ha ocurrido en el pasado y ha tenido éxito.

¿Como la República Española en el exilio, por ejemplo? ¿O está pensando en el Ayatollah Khomeini?

Si se llega a producir una intervención militar, ¿ya se inició el piso constitucional para una transición pacífica?

Nosotros hemos sentado las bases de promover y provocar la transición en Venezuela. Nosotros declaramos la necesidad de una intervención humanitaria por la crisis que existe en nuestro país. Cuando un gobierno no resuelve los problemas de sus ciudadanos, hasta allí llega la soberanía de ese gobierno. Entonces, todos los países amantes de la democracia están en el deber de recuperar la legalidad para solventar la crisis humanitaria que se vive ese país.

Si se llega a producir esa intervención humanitaria, ¿ya se tiene ese piso constitucional para una transición pacífica?

Sí.

Claro; una intervención militar o una extranjera son intervenciones “humanitarias” cuando sus “bases” han sido “sentadas” por ese TSJ fraudulento. ¡Qué riñones!

………

Después de lo transcrito, envié una comunicación adicional que decía:

En la contraportada de Las élites culposas (mayo, 2012): Las élites venezolanas vienen de más de dos décadas de reiterada imprudencia. La nueva élite chavista es la más equivocada de todas. Dejarán de ser culposas sólo con la verdad.

Creo que el calificativo que cabe a la conversación Correa-Martín es el de fraudulenta. LEA

………

Addenda: luego de enviar al corresponsal la glosa que antecede y decirle que esperaba que ya no le pareciera de lo “más relevante”, me explicó: “Me parece relevante, porque es obvio que esta es la estrategia de un sector y van a seguir adelante. Conociendo a la periodista de marras estoy persuadido de que esta entrevista fue por encargo. De ahí la relevancia. Yo lo que casi nunca pierdo es el foco. Quiero llegar al fondo del asunto porque tendrá consecuencias relevantes”. Ahora lo comprendo y veo que tiene razón. Vale.

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