REF #9-10 – Manual del outsider

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El año que viene es un año electoral. El año que viene, aún en preparación de una fecha tan lejana como 1998, ya habrá movimientos de ubicación y emergencia de nuevos líderes, que calcularán sobre las oportunidades que el descrédito de los partidos tradicionales (AD y COPEI), las dificultades de la Causa R y la precariedad de la Convergencia Nacional, pueden abrir a los nuevos actores.

Aunque la preocupación por la sucesión de Caldera parece extemporánea, por más que la hora actual es programática y polémica, puede resultar interesante fijar los parámetros que pueden regir la emergencia exitosa de un líder no convencional, de un outsider.

El primer rasgo indispensable en el líder que pueda orientar a su favor la considerable potencialidad de un voto harto de lo tradicional y de su ineficacia, es que sea un verdadero outsider. Hay, al menos, dos sentidos en los que este concepto de outsider se aplicaría en este contexto.

Para comenzar, el candidato debe ser un político que pueda ser percibido como estando fuera del establishment de poder venezolano. No necesariamente significa esto que el candidato deba estar contra  la actual articulación de poder en Venezuela. Simplemente es necesario que no se le perciba como formando parte de la red de compromisos que caracterizan a la configuración actual.

En una reunión del Grupo Santa Lucía de hace unos años, Allan Randolph Brewer Carías advirtió a los asistentes: “Estamos hablando del Estado como si se tratara de un caballero que se encuentra en la habitación de al lado, que está a punto de entrar y de ser presentado a nosotros. Pero la verdad es que todos nosotros hemos sido el Estado. De quien estamos hablando es de nosotros”.

Lo que Brewer quería decir es que las elites de Venezuela forman parte de un sistema consensual que determina una buena parte de las políticas principales, o al menos el esquema general de la cosa política. En el caso de un líder político tradicional, por ejemplo, sus buenas intenciones hacia, digamos, una mayor democratización, se encuentran impedidas por las trabadas reglas de juego de su partido.

El pueblo sabe, empírica o intuitivamente, que una persona, participante directo de la configuración de poder actual, carece de la libertad necesaria para acometer los cambios que sería necesario introducir a través de tratamientos novedosos a la situación política. Para ponerlo en otros términos: un líder que ostente en los momentos actuales una cantidad significativa de poder, estará al mismo tiempo muy impedido por la serie de transacciones en las que, con toda probabilidad, habrá debido incurrir para acceder a la posición que ocupa y para mantenerla. Esta es, por poner un caso, la situación en la que se encontró Eduardo Fernández. Es, posiblemente, la condición que habría anulado un intento de alguien como Marcel Granier, como fue, por argumento en contrario, la que significó, en el pasado, un apoyo importante al intento de Jorge Olavarría, percibido entonces como outsider.

Hay un segundo sentido, más específico, en el que el candidato que pueda resultar la sorpresa debe ser un outsider. Debe serlo también en términos de estar afuera o por encima del eje tradicional del “espacio” político. Tal eje viene determinado por un continuum más o menos lineal, que va desde las posiciones de “izquierda” hasta las posiciones de “derecha”. Esta es una división tradicional del campo político, pues responde al criterio de que el principal “problema social” (o político), consiste en distribuir la renta social: si se acomete este asunto con preferencia para “los pobres” entonces se es izquierdista; si esto se hace con preferencia por “los ricos”, entonces se es derechista.

No es éste el sitio para describir otra noción política más moderna que considera obsoleto el planteamiento anterior, definitorio de “derechas” e “izquierdas”. Pero el candidato que pretenda tener éxito deberá ser outsider también en el sentido de no situarse en alguna posición del eje referido, sino en un plano diferente.

La segunda característica importante (a nuestro juicio más importante que la condición de outsider) que debe ostentar un candidato con posibilidades de “dar la sorpresa”, es la posesión de tratamientos suficientes y convincentes para la crisis.

La base de esta condición consiste en poder partir de una concepción de lo político que comprenda importantes y hasta radicales diferencias con las concepciones convencionales. En la raíz de tal concepción está la necesidad de una sustitución de paradigmas políticos, en el sentido que Tomás Kuhn da al término paradigma. Es decir, nos hallamos ante una realidad social y política que ya no puede ser comprendida por los planteamientos y enfoques convencionales, lo que es la causa de fondo de la crisis de gobernabilidad. No es el caso que los políticos tradicionales tengan las recetas adecuadas y por “maldad” se resistan a aplicarlas. El punto es que no las saben.

A partir de una concepción diferente, más científica y moderna de la política y sus posibilidades tecnológicas reales, es como podría ser posible la generación de tratamientos que cumplan con tres condiciones necesarias a la persuasión pública requerida:

1. Deben ser radicales pero pocos: dos extremos resultan imposibles, dañinos o inútiles: el planteamiento de una reforma radical y global, que se ocupe de todo a la vez, en el mejor de los casos será altamente traumático y, más probablemente, imposible de aplicar por falta de capacidad para gerenciar un grado de cambio tan exhaustivo; la estrategia de cambiar lo menos posible e ir ajustando las cosas de modo incrementalista es derrotada por la complejidad original del problema y su velocidad de complicación creciente. Este dilema es comprendido intuitivamente por el elector promedio. De allí la poca credibilidad de los programas de gobierno exhaustivos, así como la de los programas tímidos e incrementalistas. Para que un programa alcance la credibilidad necesaria deberá ser del tipo radical selectivo, es decir, identificador de pocos puntos estratégicos sobre los que se ejerza una acción transformadora a fondo. Y a esta condición deberá sumarse la de concreción, pues no bastará la enumeración de pocas áreas si éstas son vagamente definidas.

2. Deben ser eficaces: no se trata por tanto de pseudotratamientos. “Reactivar la economía” no es la solución, sino el estado final que debe alcanzarse una vez aplicada la solución. Combatir el “centralismo”, combatir el “presidencialismo”, etcétera, son orientaciones generales muy loables pero poco concretas. Los tratamientos deberán venir explicados en forma tan concreta que se pueda especificar su beneficio y su costo. Los tratamientos deberán dirigirse al ataque de causas problemáticas antes que a la moderacion temporal de sintomatologías anormales.

3. Deben ser positivos: se necesita un planteamiento terapéutico que trascienda la política quejumbrosa para ofrecer salidas que permitan un razonable optimismo.

Por último, el candidato debiera tener la capacidad de “librar por todos”. (En el juego infantil del escondite se estipula a veces una regla por la que al quedar sólo un jugador por descubrir, éste puede salvarse, no únicamente a sí mismo, sino a todos los anteriores que hayan sido atrapados.) No se trata acá de “capacidad de convocatoria”. El cargo de Presidente de la República tiene de por sí mucha capacidad de convocatoria, y lo tendría mucho más si tal cargo lo ocupase un outsider que hubiera logrado dar la sorpresa. El punto está más bien en la voluntad real de convocar que tenga el involucrado, en la medida en que no esté atado a intereses tan específicos que no pueda verdaderamente pasar por encima de rencores de asiento grupal. Si un aspirante a outsider sorpresivo, a “tajo” de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aún a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positividad. El propio Issac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes”.

 

La campaña

Suponiendo que exista el verdadero outsider y que éste posea un arsenal terapéutico eficaz, concentrado y positivo, capaz de ser asumido voluntariamente como programa por el público en general, todavía queda el problema de ejecución de su campaña en forma correcta.

El eje básico de una campaña correctamente ejecutada pasa nuevamente por la suficiencia de los tratamientos que el outsider proponga. La campaña debe ser planteada en esos términos: suficiencia vs. insuficiencia.

Luego viene la consideración del tiempo estratégico. Por diversas razones el tiempo de lanzamiento de la candidatura con posibilidades debe ser lo más tardío posible. Por un lado está el problema de los recursos: es improbable que un verdadero outsider pueda conseguir los fondos necesarios a una campaña prolongada. Por otra parte, el intento debe ser hecho contraviniendo los intentos de actores muy poderosos. En tales condiciones una guerra de atrición no es sostenible. No puede un outsider trenzarse en una larga “guerra de trincheras” contra Acción Democrática y COPEI, pues caería en el asedio. Nuestro outsider se encuentra en la situación de Israel, país pequeño y rodeado de enemigos mucho más numerosos y de mayor poder. Así, su estrategia indica un golpe sorpresivo y contundente y definitivo. Por último, el tiempo debe ser tardío porque lo que es necesario producir corresponde a lo que los psicólogos de la percepción llaman un gestalt switch. Es un cambio súbito en la manera de percibir una misma cosa. De este modo, o el cambio de percepción se produce o no se produce, o se entiende o no se entiende, y para esto no es necesaria o correcta una campaña de convencimiento gradual, sino una argumentación suficiente que tienda a producir una respuesta más instantánea.

Este punto viene ligado, como dijimos, al tema de los recursos. Pues una condición de corrección de la campaña deberá ser por fuerza la de su economía. La campaña deberá ser económica. Tanto porque no se dispondrá de muchos recursos como porque un gasto excesivo produciría un rechazo de la misma. Así, la campaña debiera ser diseñada en términos económicos.

Esto será posible si la campaña es planteada en términos de calidad vs. cantidad. Contra la reiteración esloganista de millares de cuñas y pancartas, una concentración en mensajes más completos, más densos y contundentes.

A favor de esta posibilidad jugaría la amplificación que se daría por el efecto de novedad. Por el mismo hecho de plantearse una campaña de estilo diferente es como se daría la posibilidad de distinguir el mensaje en un mar de ruido electoral, en la cacofonía de las abrumantes campañas tradicionales, como un minúsculo flautín clarísimo lo hace dentro de un tutti orquestal.

La campaña deberá caracterizarse, además, por una extraordinaria capacidad organizativa. Se trata, para mencionar sólo un problema, de disponer de testigos en las mesas electorales, con su correspondiente apoyo logístico y de comunicación. Para un outsider este problema es de gran cuantía, puesto que por definición, al ser outsider, no dispone de la “maquinaria” de antemano.

Finalmente, el outsider deberá ser capaz de resistir los ataques que sobrevendrían, en una gama que puede ir desde el enlodamiento de su reputación hasta la eliminación física. El riesgo aumentará a medida que la opción que representa comience a significar una posibilidad clara de victoria.

Las probabilidades

Siendo lo que antecede las condiciones indispensables a una “sorpresa” exitosa ¿qué puede decirse de las probabilidades de tal aventura?

La condición crítica será seguramente la de disponibilidad de los recursos. Acá se enfrentaría un outsider con la incredulidad básica ante una aventura no convencional y con la tendencia conservadora que aún en casos de crisis encuentra difícil ensayar algo novedoso. Aquellos que pudieran dotar a una campaña como la esbozada de los recursos suficientes estarán oscilando entre los extremos de más de un dilema.

Uno de los dilemas es el de seguridad vs. corrección. Se sabe de lo inadecuado de los actores políticos tradicionales, pero ante un planteamiento correcto por un outsider habría la incomodidad de abandonar lo conocido. Es queja perpetua del sector privado que el Gobierno no establece reglas de juego estables. La verdad es que hay reglas tácitas de conducta establecidas desde hace tiempo, incluyendo las que regulan la urbanidad de la corrupción. Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”. En forma similar Yehezkel Dror destaca otro dilema: si se quiere eficacia es necesaria una transparencia en los valores, la exposición descarnada de los mismos; si lo que se quiere, en cambio, es consenso, entonces es necesaria la opacidad de los valores, no discutirlos más allá de vaguedades y abstracciones.

Así, pues, se estaría ante un dilema de tradicionalidad vs. eficacia, de poder vs. autoridad. Es pronosticable que la mayoría de los actores con recursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tratamientos realmente eficaces, se pronunciarían por los términos dilemáticos más conservadores.

Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa en grado suficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos.

Pero el obstáculo principal consistirá en salvar la diferencia entre una percepción de improbabilidad y una de imposibilidad. Ni aún el menos conservador de los hombres dará un céntimo a una campaña de este tipo si considera que todo el esfuerzo sería inútil, si piensa que un resultado exitoso es, más allá de lo improbable, completamente imposible. El análisis que hemos hecho indica que, si bien el éxito de una aventura así es por definición improbable  a fin de cuentas se trataría de una sorpresa  no es necesariamente imposible, y que, por lo contrario, la dinámica del proceso político venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento. Si esto es percibido de este modo, entonces tal vez las fuentes de apoyo necesarias quieran comportarse como un jugador racional de la ruleta con cien dólares en la mano. Apartará cincuenta dólares como reserva y de los cincuenta restantes apostará la mayoría, cuarenta y cinco quizás, a las posibilidades de mayor probabilidad, rojo, negro, par, impar. Pero jugará cinco de los cien dólares en pleno al diecisiete negro (outsider), porque sabe que si la apuesta es de éxito menos probable, si pierde pierde poco y si gana ganará mucho más que lo que invirtió.

Finalmente, y nuevamente en la analogía de los juegos, bastante dependerá de la lectura que se tenga de la crisis. Para aquellos para los que la abrumadora acumulación de evidencias no sea suficiente para creer que la crisis no es de carácter coyuntural y pasajero, será lo indicado negar su apoyo al outsider. Sólo aquellos que ya se hayan convencido de que la crisis es estructural y requiere por tanto terapias no convencionales, podrán pensar como el buen jugador de dominó (o de bridge) que carezca de la información completa sobre la localización de las piezas o cartas claves. En esas condiciones un buen jugador identificará cómo tendría que darse esa ubicación de piezas para poder ganar la mano. Entonces jugará como si en verdad la disposición fuese esa única forma de ganar, rogando para que así sea.  Yehezkel Dror nos dice que la situación del agente de decisión de hoy es cada vez más la de una apuesta difusa.

El acceso al poder de Alberto Fujimori o de Silvio Berlusconi, por señalar dos casos solamente—e independientemente de la excelencia o deficiencia de sus ejecutorias—ha mostrado que el análisis que antecede puede darse en la práctica. Los outsiders son posibles, tanto en la teoría como en la práctica. Habrá que ver si la misma receta de Perú o de Italia puede ser aplicada con éxito en Venezuela.

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REF #9-10 – Tiempo de proponer

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Justamente antes del comienzo de diciembre, el 29 de noviembre pasado, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, conocido más como el IESA, celebró el foro sobre perspectivas económicas de Venezuela para 1995. Un panel conformado por Pedro Palma, Asdrúbal Baptista, Gustavo Márquez, Hugo Farías, Gustavo García y Arturo Brillembourg, presentó sus estimaciones y las fundamentaciones de las mismas ante un auditorio repleto y formado, en su mayor parte, por empresarios y gerentes del sector privado.

En los panelistas se mostró como constante una preocupación por las tendencias de la economía nacional, aunque con distinto grado de dramatismo. En los asistentes, encuestados acerca de algunas variables básicas—inflación, valor del dólar, tasa de interés, crecimiento del producto y valor del barril de petróleo—predominó una expectativa negativa acerca de las mismas, con excepción del precio del petróleo.

La evaluación resultó desagradable al gobierno, y el Ministro de CORDIPLAN, Werner Corrales, produjo agrias declaraciones en las que se refirió a unas “viudas del paquete perecista” que querrían “cobrar el muerto” al gobierno actual. Lo cierto es que hay un importante núcleo del sector empresarial privado que mantiene evaluaciones muy negativas acerca del desempeño del gobierno de Rafael Caldera en materia económica. Hugo Farías, por ejemplo, expuso un juicio, más o menos generalizado en el núcleo aludido, acerca de la incapacidad de los miembros del gabinete económico, y aludió a las discrepancias constantes que según él existirían entre importantes componentes del estado mayor de la economía pública. (En concreto Farías se refirió a una supuesta lucha de titanes entre Casas González, Corrales, Matos Azócar y Maza Zavala sobre el tema de la política cambiaria).

Pero así como es posible encontrar innumerables puntos de inconformidad con la política gubernamental, es también posible identificar recientes tendencias muy positivas en el país.

A juicio de esta publicación, la más positiva de ellas se expresa en una efervescencia creativa, en la aparición, casi simultánea, de proposiciones que buscan resolver problemas económicos y sociales. Algunas de las proposiciones tienen carácter global; otras son sectoriales; otras, al fin, se refieren a aspectos puntuales. Lo destacable, sin embargo, es que muchas cabezas venezolanas se han puesto a cerebralizar el asunto. En lugar de dedicarse exclusivamente a la crítica, han procurado formular soluciones a los problemas. Es difícil conseguir un síntoma más positivo que ese cambio de actitud nacional.

Obviamente, persisten los focos exclusivamente críticos. Por una parte, las enormes dificultades confrontadas por casi toda persona venezolana, sea natural o jurídica, conducen de modo natural a la expresión descarnada de las mismas. Otras críticas se inspiran más bien en intereses oposicionistas de raíz política y conformación apriorística. Es evidente que para ciertos factores políticos un éxito del gobierno de Caldera les reportaría pérdidas.

También continúa observándose la presencia de pseudoproposiciones: formulaciones que parecen soluciones y se presentan como tal pero que en realidad no lo son. El mismo panel del IESA recomendaba, por implicación, la formulación de un “verdadero plan económico, coherente y creíble”. El Elector que escuche una pseudoproposición como la nombrada puede aplicarle la prueba del ácido absúrdico. La receta es la siguiente: 1º Constrúyase la proposición exactamente inversa y evalúese el grado de apoyo que esta tesis contraria obtendría en principio. (En el ejemplo mencionado el resultado sería: “formúlese un falso plan económico, incoherente e increíble”. Evidentemente, nadie se levantaría jamás a proponer una cosa semejante). 2º Examínese en la proposición considerada la proporción existente entre sustantivos y adjetivos de su formulación. (En nuestro caso, un solo sustantivo –plan– acolchado por tres adjetivos –verdadero, coherente, creíble). Esto permite medir el grado de “sustantividad” de la formulación. (Bajísima, en el ejemplo analizado). 3º Una vez determinado, por los pasos anteriores, que la formulación considerada es, en efecto, una pseudoproposición, investíguese si los proponentes de la misma son capaces de presentar un ejemplo concreto de lo que propugnan. (O sea, ¿alguno de los panelistas del IESA exhibió un “verdadero plan económico, coherente y creíble”?)

Otra especie distinta de pseudoproposición, lamentablemente frecuente en nuestro medio político, fue la expuesta, sin ninguna vergüenza, por Antonio Ledezma, en declaraciones a la prensa con posterioridad a una audiencia que le concediera el ministro Andrés Caldera. Ledezma, un tanto disminuido luego de las decisiones antiperecistas de la Acción Democrática de Alfaro Ucero, procuró reciclar su devaluada imagen con esta visita a Miraflores. Al salir propuso que se buscara en el país—¡oh novedad!—un gran acuerdo nacional. Punto. (En el mismo Nº 0 de esta publicación advertíamos sobre esta clase de pseudoproposiciones: “La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, de que no son, en sí mismos, la solución”).

A pesar de la resistencia a desaparecer de estos tipos de proposición insubstancial, las recientes semanas han alojado un buen número de proposiciones serias, en las que se ha invertido trabajo considerable y que participan del denominador común de ser búsquedas constructivas. La calidad de las distintas proposiciones es, por supuesto, muy variada, así como lo es la corrección de las mismas. Pero, de nuevo, lo que vale la pena destacar es la incepción misma de este proceso de invención social, de búsqueda constructiva de salidas a los problemas. La creatividad política de los venezolanos dista mucho de haberse agotado todavía.

La base social

Hace pocos días conversábamos con el socio director de una de las más grandes y prestigiosas firmas de consultoría del país. El motivo de la entrevista venía dado por una pregunta que se nos formaba en la cabeza, la que no es precisamente la de un experto en economía. Si uno de los objetivos más exigentes de la actual coyuntura económica, signada entre otras cosas por la presencia de una masa monetaria excedentaria en grado gigantesco, es el de neutralizar, esterilizar o retirar ese edema financiero, que presiona grandemente con consecuencias inflacionarias; si planes como el Programa de Estabilización y Recuperación Económica (Plan Corrales) reconocen este hecho y proponen esterilizar la masa monetaria excedente, el exceso de liquidez, mediante la emisión de bonos en dólares, ¿no estaremos simplemente cambiando de unos papeles a otros papeles, todo dentro del sector no real de la economía, y no sería mejor dedicar esa liquidez extraordinaria al financiamiento de proyectos de inversión que sí pertenecen al sector real de la producción de bienes y servicios?

Nuestro consultor consultado ofreció una opinión muy negativa a la proposición que preformulábamos. En términos escuetos, nuestro entrevistado opinó que un esquema tal fracasaría porque Venezuela carecería de la infraestructura necesaria, de la infraestructura física  y comunicacional y, principalmente, de la infraestructura social. En este país, nos decía, la mayoría de la población vive en pobreza crítica, los niveles de instrucción son deplorables, las enfermedades aumentan junto con la desnutrición. Difícilmente, a su juicio, una población en esas condiciones podría sustentar con éxito iniciativas de inversión. Declaró también, más aún: “Este país no tiene empresarios”. Evaluación grave, por cierto, para una persona que por largo tiempo se ha dedicado a servir empresarios y que por eso mismo presumiblemente los conoce bastante bien.

Por otra parte, nuestro consultor argumentó que justamente un plan de inversión era lo que había sido intentado por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se procuró represar, en el Fondo de Inversiones de Venezuela que se creó por ese entonces, el desproporcionado excedente de dólares proveniente del shock petrolero de 1973, para invertirlo en los proyectos del V Plan de la Nación.

De nada valió que contrargumentáramos al señalarle que, por una parte, el V Plan de la Nación intentaba demasiadas cosas al mismo tiempo, que por la otra colocó el grueso de la inversión en proyectos públicos, no en el financiamiento de inversiones privadas, y que, por otra parte aún, invirtió más bien en sectores de “Primera Ola”, altamente competidos (China, Taiwan, Brasil,  etc.) y que sería muy distinto invertir ahora en unos pocos programas seleccionados, a través del sector privado, y en una gama de sectores económicos que no se agotara en lo meramente extractivo o explotador de recursos naturales, sino también en nichos de actividades económicas de Tercera Ola (computación, bioingeniería, telecomunicaciones, etc.)

Nada. Según nuestro consultor, nuestro país sufriría una crisis de capacidad que debería durar todo el corto y el mediano plazo, por lo que sólo podía permitirse un “optimismo a largo plazo”, siempre y cuando se comenzara ahora a invertir en infraestructura social, razón por la cual estaba recomendando a sus jóvenes hijos que se fueran ahora de Venezuela y que regresaran cuando ese corto y mediano plazo ya se hubieran consumido.

Una postura tal significa, por un lado, que el considerable número de clientes de la firma consultora que dirige nuestro interlocutor de hace unos días estaría recibiendo la misma lectura, francamente negativa. Pero por el otro, no puede dejar de reconocerse que sus evaluaciones, exageradas o no, tienen real asidero. Los problemas están allí. Tal vez la vuelta que debe dársele a sus planteamientos es el de enfatizar la importancia estratégica de invertir socialmente, no como paliativo o limosna social, sino como intención de desarrollo del capital humano de Venezuela.

Por estas cosas reviste importancia que uno de los sectores en los que la efervescencia creativa detectada comienza a manifestarse sea el sector de la educación. La Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, que ya en 1992 convocó un “Primer Encuentro Nacional de la Sociedad Civil”, con el ánimo de discutir soluciones a la problemática nacional, llevó a cabo hace pocos días un coloquio para la proposición de soluciones educativas, bajo el patrocinio de la Fundación Polar. El nivel del encuentro fue algo general, pero indica perfectamente la presencia de la tendencia creativa anotada.

Por su parte, el Ministro de Educación, ha designado un Consejo Asesor que deberá proveerle de ideas y proposiciones. El Rector de la misma universidad, Luis Ugalde S.J., es uno de sus miembros, junto con personalidades tales como la del Presidente del IESA, Dr. Ramón Piñango, y el Director de Cerpe, el Dr. Xavier Duplat. El coordinador de este consejo asesor del Ministro de Educación es el profesor Leonardo Carvajal, de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela.

Un borrador que calza las iniciales de Leonardo Carvajal circula entre los miembros del Consejo Asesor del Ministro de Educación bajo el siguiente título: “PLAN DE ACCION que el Ministerio de Educación presenta al país para superar, con el aporte de todos, nuestra gravísima crisis educativa”. El documento (no oficial) está estructurado en cuatro partes, a saber: 1. La educación que necesita el país; 2. La educación y el sistema escolar que tenemos; 3. Lo que queremos hacer; 4. Plan de acción.

El documento en cuestión, lamentablemente, contiene algunas afirmaciones de dudoso valor y de efecto reductor de la autoestima nacional. Considérese la siguiente formulación en la primera página de su primera parte: “El venezolano no valora suficientemente el valor del trabajo bien hecho”. Desconocemos estudios sociológicos que permitan asentar una generalización tan tajante, pero es que, en todo caso, comenzar un “plan de acción” del sistema educativo venezolano desde ese punto no es muy estimulante que digamos. Varios puntos del borrador son, sin embargo, de orientación muy positiva. A nuestro juicio es lo más aleccionador del documento la búsqueda de un cambio fundamental en la conducta del Estado en tanto educador. Así, en el primer capítulo del documento se declara: “…el Estado se concibe más como el orientador, promotor y catalizador que como la grande y pesada maquinaria de prohibiciones y controles”. Más adelante, en la tercera parte (“Lo que queremos hacer”) el punto avanza en concreción: “El segundo gran objetivo de la política educativa se propone dinamizar la vida de los planteles, unidades básicas donde se realiza la educación, a través de la progresiva autonomía de acción que en ellos se pueda desplegar…El criterio es conceder tanta autonomía como sea posible y necesaria para que las potencialidades de cada comunidad puedan desplegarse en un nuevo marco de responsabilidades y competencias. Así dejarán de ser los planteles los receptáculos de directrices detalladas que se impartan desde el nivel central y podrían convertirse en focos de una pedagogía en constante renovación y emulación y de transformación de la vida de las comunidades”. Si esta meta general puede ser aproximada durante este quinquenio en grado apreciable, se habrá dado un paso gigantesco en la metamorfosis del sistema educativo nacional, obviamente plagado de deficiencias. Resuena en nosotros el pensamiento de Miguel Angel Mora S.J., Rector del Colegio San Ignacio y redactor principal de su proyecto educativo, quien suele decir que “la libertad política de la independencia y la libertad económica de la nacionalización del petróleo no estarán completas hasta que se produzca la libertad educativa”.

En materia educativa puede hacerse mucho; sin duda debe hacerse mucho. Esta publicación ha dedicado algún espacio al tema en dos oportunidades (“La escuela que nos hace falta”, Nº 4, junio de 1994; “Lo que hay que enseñar”, Nº 7, septiembre 1994) por lo que no repetiremos acá esa temática. Baste decir que en nuestra opinión el Estado venezolano debiera elevar las metas del país en materia educativa hasta el punto de lograr que todos sus ciudadanos adquieran un nivel de licenciatura general como el descrito en las oportunidades mencionadas. Así sí estaríamos preparados para el siglo XXI.

Lo que sí queremos repetir, una vez más, son las palabras de John Stuart Mill en su “Ensayo sobre el gobierno representativo”: “Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo…Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.

Énfasis en lo económico

La mayoría de las proposiciones, sin embargo, no se escuchan en otra área que no sea la económica. No en balde allí se genera la mayor cantidad de malestar social. Junto con la inseguridad personal ante las actividades criminales, el problema del costo de la vida y la inflación, el problema del desempleo y la pobreza, son la causa principal de sufrimiento social y el substrato del pesimismo de los venezolanos.

Ciertas proposiciones tienen, como dijimos, un corte general. Hemos conocido, por ejemplo, una proposición elaborada por Pedro José López Medina que en sí misma es todo un plan de desarrollo económico. (Un comentario a esta formulación de López Medina se encontrará en la pag. 30). Pero la cuestión central acerca de la cual tratan las proposiciones más recientes de las últimas semanas tienen que ver con el problema de la deuda externa venezolana y la manera de reducirla o enjugarla.

La proposición más vistosamente presentada ha surgido de Humberto Calderón Berti, dirigente copeyano con amplia experiencia de administración pública. (Ministro de Energía y Minas y Presidente de PDVSA durante el gobierno de Luis Herrera Campíns; breve paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Carlos Andrés Pérez durante la crisis de 1992).

En esencia la proposición de Calderón Berti consiste en la venta anticipada a un precio atractivo de un cierto volumen de barriles de petróleo provenientes de la Faja Petrolífera del Orinoco, y el empleo del efectivo resultante en cancelación de deuda externa pública. Seguramente Calderón Berti ha usado cifras de fácil retención para establecer su proposición en la memoria de los tomadores de decisiones y del público en general. Calderón habla de la venta de 5 mil millones de barriles de la Faja al precio de 2 dólares por barril para recabar la cantidad de 10 mil millones de dólares, lo que pagaría una tercera parte de la deuda total.

La mayoría de los analistas ha calificado de cándida la proposición de Calderón Berti. A su juicio, no habría compradores para este petróleo, pues los que desearan aceptar la oferta tendrían que, por una parte, desembolsar de una vez 10 mil millones de dólares (lo que les costaría en intereses unos 700 millones de dólares por año a la tasa de 10% anual) y, por la otra, incurrir en desembolsos considerables para la conversión profunda de los petróleos extrapesados de la Faja. (En promedio con gravedades de 9º API). Parece que el único modo práctico, hasta el estado actual de la tecnología,  de aprovechar petróleos tan pesados es a través de la Orimulsión™ desarrollada por INTEVEP.

Poco después de la proposición de Calderón Berti otro expresidente de PDVSA, Andrés Sosa Pietri, introdujo una proposición diferente, consistente en la venta de hasta 49% de las acciones de PDVSA en los mercados internacionales de valores, con lo que podría obtenerse, según Sosa Pietri, hasta 50 mil millones de dólares. Sosa Pietri admitía el uso de parte de esos eventuales recursos en el pago de deuda externa, pero su proposición exige también su empleo en el financiamiento de los programas de expansión de la propia industria petrolera venezolana.

El reciente V Congreso Venezolano del Petróleo dejó de endosar la proposición de Calderón, pero fue mucho más explícito respecto de la idea de Sosa Pietri. En efecto, el V Congreso consideró “extemporánea” la venta de acciones de PDVSA en Venezuela o el exterior.

En cambio recibió muy bien, en términos generales, los planteamientos de Humberto Peñaloza, Presidente Honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Peñaloza sugirió a Sosa Pietri—en un debate televisado—que tendría más sentido privatizar las empresas del Estado que arrojan pérdidas (CVG, CADAFE, etc.) para pagar deuda, que vender la empresa pública que rinde ganancias.

Peñaloza presentó también un esquema de rueda motriz dividida en cuatro cuadrantes que necesitan andar en sincronía para que la industria funcione adecuadamente: un primer cuadrante compuesto por los poderes públicos—cuadrante tutelar—en el que está incluido el Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minas), junto con las comisiones de Energía y Minas del Congreso de la República y organismos tales como la Contraloría General; un segundo cuadrante del “sector operativo público”, integrado exclusivamente por PDVSA y sus empresas filiales; un tercer cuadrante del “sector operativo privado” que incluye las empresas afiliadas en FENEGAS, FENETRAP, Cámara Venezolana del Petróleo, etc., así como las empresas privadas extranjeras; un cuarto y último cuadrante compuesto por los profesionales y los trabajadores.

En el diagnóstico de Peñaloza resalta el punto de la excesiva carga fiscal que pesa sobre las operaciones de PDVSA, la que a costos y gastos de un 25% de sus ingresos, debe añadir la exacción fiscal de más de 63% de estos ingresos. Esta carga impide que PDVSA genere el flujo de caja necesario para financiar sus planes de desarrollo. De allí la necesidad de abrir la industria a diversos tipos de “asociación estratégica”.

El V Congreso Venezolano del Petróleo estima sana “una apertura gradual y selectiva al capital privado nacional y foráneo” en la exploración y explotación de áreas nuevas que hasta ahora estaban reservadas a PDVSA y sus filiales, al sector operativo público, para usar la terminología de Peñaloza.

Igualmente emitió juicio favorable a la actividad internacional de PDVSA en actividades “aguas abajo” (en dirección de progresiva cercanía al consumidor final) y recomendó examinar la conveniencia de asumir en el exterior aventuras “aguas arriba”. (Participando en porcentajes variables en la explotación de yacimientos fuera del territorio nacional).

Conversión de deuda

Otra dirección distinta han tomado las recientes proposiciones del economista José Toro Hardy, autor del libro más vendido en materia de teoría económica en Venezuela. (En el último año lleva cuatro ediciones su texto “Fundamentos de Teoría Económica”).

Por una parte, Toro Hardy inscribe su proposición de usar deuda para convertirla en estímulo a la producción y exportación—que él denomina una proposición “puntual”—dentro de un diagnóstico histórico amplio de nuestras dificultades económicas. Para Toro Hardy el esfuerzo de industrialización iniciado con el gobierno de Rómulo Betancourt tuvo como defecto principal la ausencia de términos o condiciones para la finalización de la protección estatal que arropó las iniciativas industriales. Este error político permitió la entronización de un modo productivo ineficiente y escasa o nulamente competitivo.

Veamos cómo tal percepción se manifiesta en la más reciente proposición de Toro Hardy. Un exportador venezolano promedio puede encontrarse en desventaja ante un exportador de otras naciones, Taiwan, pongamos por caso. Cuando el productor de Taiwan puede ofrecer en los Estados Unidos un producto X a 60 centavos de dólar, el venezolano no puede venderlo por menos de 80 centavos. El importador norteamericano preferirá, obviamente, el producto taiwanés.

Pero el productor venezolano podría aceptar que el importador estadounidense pagara su importación con bonos Brady del mercado secundario, los que puede obtener hoy en día a 50% de su valor nominal, con evidente ventaja. En el siguiente paso, el exportador venezolano cambiaría los bonos en el Banco Central de Venezuela, que los reconocería a 80% de su valor, con lo que nuestro exportador obtendría el valor requerido por su estructura de costos.

De esta forma, por un lado, se rescataría deuda externa venezolana; por el otro, la deuda serviría como financiador de exportaciones y por tanto como estímulo a la producción nacional.

Ahora bien, Toro Hardy explica que el éxito del esquema conduciría a su fracaso, lo que a su vez conllevaría un éxito. Este aparente galimatías tiene mucho sentido. Lo que Toro Hardy quiere significar es que una actividad intensa con los bonos Brady de la deuda venezolana conduciría a una revalorización de los mismos, con lo que desaparecería el diferencial ventajoso para el exportador venezolano. Un proceso tal tomaría, en estimación gruesa de Toro Hardy, unos dos años. Y he aquí entonces el verdadero éxito: esos dos años serían el plazo que el productorexportador venezolano debiera emplear para hacerse realmente competitivo. A diferencia de la protección betancurista, aquí sí habría un plazo en el que la protección se agota y el productor tendría que hacerse internacionalmente competitivo so pena de desaparecer del mercado.

Pero Toro Hardy ve otras cosas, además. Su visión incluye la inminencia de una nueva gran oportunidad para la economía petrolera venezolana. La tesis ha sido expuesta en un libro de reciente conclusión, redactado en inglés con el objetivo de sembrar imagen positiva de Venezuela en el exterior. (A diferencia de lo que estarían haciendo ciertas “viudas del paquete”). El libro ha sido titulado Oil: Venezuela and the Persian Gulf, y ha sido donado por el Grupo ZUMA y la Editorial PANAPO a PDVSA, para que ésta lo emplee como acicate de inversionistas extranjeros. (Luis Giusti, el Presidente de PDVSA, ha comentado en privado que ésta es la primera vez que alguien le regala algo a PDVSA, a la que solamente se le pide que regale ella).

Básicamente el libro es un recuento histórico de la inestabilidad de los suministros de petróleo provenientes del Golfo Pérsico, acompañado de una lectura del futuro próximo previsible de la demanda mundial de petróleo. Estimaciones, no de la OPEP, sino del Consejo Mundial de Energía, establecen un horizonte de duplicación de la demanda de petróleo para el año 2020. (La demanda mundial de petróleo se situaba, para fines de 1993, en los 67 millones de barriles diarios. El crecimiento de la demanda puede estar en 1 a 2% por año).

Lo que antecede significa, ante la circunstancia adicional de una disminución de las reservas de los países noOPEP, que el incremento en la demanda tendrá que ser suplido por miembros de la organización. Sólo seis de los trece miembros de la OPEP estarían en condiciones de acometer el crecimiento: Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes, Irán, Kuwait y Venezuela. Sólo uno de estos seis países se encuentra fuera del área de inestabilidad: Venezuela.

La conclusión es obvia, y la pondremos en las propias palabras de Toro Hardy (traducidas por esta publicación): “Ya es tiempo de que basemos nuestro futuro no sobre la perpetua recordación de nuestras peores desgracias del pasado, sino sobre el estudio maduro de las mejores perspectivas ante nosotros…Ya es tiempo de que aprovechemos plenamente los recursos naturales de Venezuela, de obtener para nuestra nación la posición garantizada por sus potenciales humano y energético en el concierto de las naciones desarrolladas. Antes estuvimos en desventaja, porque carecíamos de la preparación para tratar bajo términos de igualdad con las compañías transnacionales. Hoy en día, sin embargo, la situación ha cambiado. PDVSA es actualmente transnacional y es una de las más grandes compañías petroleras del mundo…La guerra del Medio Oriente ha abierto una oportunidad para Venezuela…la «ventana política» apropiada para lanzar a Venezuela por el camino de la prosperidad y el desarrollo”. (Obra citada. Págs. 345-346).

Implícita en esta recomendación está la necesidad, que Toro Hardy expone claramente, de “abrir sus puertas al capital foráneo de manera que, en asociación con el capital nacional (público y privado), se pueda llevar a cabo una vigorosa política de expansión de nuestras actividades petroleras”. El hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado recientemente el esquema de apertura —contrato marco de asociación que ya ha sido entregado a la Cámara de Diputados—propuesto por PDVSA es, a juicio de Toro Hardy, la mejor noticia económica de los últimos años y el comienzo de una nueva era para el país.

Mejores perspectivas

La reacción internacional a esta apertura de la industria venezolana para una variada gama de asociaciones estratégicas no se hizo esperar. Los bonos de la deuda pública venezolana subieron de valor inmediatamente y el Director del Fondo Monetario Internacional, reunido en Miami con Rafael Caldera, admitió dos cosas: que las decisiones del gobierno en materia económica iban en la dirección correcta; que el futuro económico de Venezuela es brillante. (No faltó quien se doliera de esta noticia: Luis Herrera Campíns quiso comentar que Caldera habría endulzado los oídos de Camdessus con las decisiones de apertura a la inversión foránea en nuestro petróleo y el establecimiento del cronograma de privatización de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Algo necesitaba decir para justificar la declaratoria de oposición copeyana pocos días antes de las buenas noticias).

El Vicepresidente de PDVSA, Claus Graf, estimó en unos 11.000 millones de dólares las inversiones en el desarrollo de nuevas áreas dentro del contrato marco de asociación. Unas ochocientas empresas de tamaño diverso han requerido información acerca de las condiciones de asociación. Por lo que respecta a la privatización de las empresas de la CVG, SIDOR, Fesilvén, Venalum, Bauxilum y Carbones del Orinoco, han sido colocadas en el cronograma.

Buenas noticias entonces. No todo es negro. La ventana de oportunidad está claramente abriéndose, por lo que puede concederse ahora que hay base para un cambio de estado de ánimo en la nación. No todo ha sido detallado, por supuesto, y habrá de hacerse un importante trabajo de planificación, sobre todo en lo relativo a cómo convertir la próxima ola de prosperidad en un proceso sostenible de desarrollo social y económico expresable democráticamente.

No es tampoco la detección de una oportunidad, por más grande que ésta sea, o un paso como la apertura de PDVSA a la inversión foránea asociada, un plan completo de desarrollo. Falta aún, como lo hemos venido señalando desde estas páginas, una visión estratégica de conjunto para el país. Nuevamente, la Enmienda Nº 2 de la Constitución de 1961 obliga al Ejecutivo Nacional a presentar antes del vencimiento del primer año del quinquenio los lineamientos de un plan de desarrollo económico y social. Esperamos que ésa sea la oportunidad en la que el gobierno de Rafael Caldera, una vez capeado el terrible temporal de 1994, nos ofrezca la visión direccional de la que ahora carecemos. Pero todos podemos contribuir a su dibujo.

El Eclesiastés nos ha enseñado que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, uno para sembrar y uno para cosechar. Sigue siendo el tiempo inminente de Venezuela un tiempo para proponer.

LEA

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REF #8 – Estudio copeyano

ref

Era el año de 1964. Como todos los años, como en todas las universidades, la comunidad estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello se aprestaba para elegir las directivas de sus centros de estudiantes y de su federación de centros. Por aquella época el editor de esta publicación era independiente, aunque de tendencia socialcristiana. Algún trabajo hecho por mí en el seno del Movimiento Universitario Católico de las universidades de Mérida y Central de Venezuela, llevó a Eduardo Fernández, entonces Secretario General de la Juventud Revolucionaria Copeyana, a pedirme que coordinara un comité de cinco personas que manejaría la campaña de los candidatos copeyanos en esas elecciones de la UCAB de hace treinta años.

Por aquella época el grado de participación de la “base” en las decisiones de COPEI era bastante menor que la que es posible hoy, por lo que la determinación de quién sería el candidato del partido a la Presidencia de la Federación de Centros de Estudiantes estaba prácticamente en manos del Secretario General de la JRC. Cuando faltaban cuarenta y ocho horas para el cierre de la inscripción de planchas, COPEI todavía no había determinado la persona que sería presentada como candidato a esa posición de dirigencia estudiantil y tampoco existía ni una sola línea escrita o pensada respecto del programa que ese candidato inexistente presentaría al electorado como su oferta de trabajo.

Ante esta situación reuní en mi casa paterna, en Las Delicias de Sabana Grande (relativamente vecina a Punto Fijo, la casa de la familia Caldera) a dos de los miembros del comité copeyano de coordinación electoral de la UCAB, los hoy economistas Alejandro Suels y Rafael Peña. (Los restantes dos jamás trabajaron en nada). Allí les planteé que a mi juicio constituía una irresponsabilidad del partido presentar un candidato a última hora e improvisar a toda prisa, en la última madrugada del plazo, un programa de actividades. Eso era, dije, muy poco serio y por tanto contrario a toda ética política o, por lo menos, a la ética política que COPEI, en tanto partido demócrata cristiano, decía sustentar. Mi argumentación resultó persuasiva, por lo que Alejandro y Rafael estuvieron de acuerdo con mi siguiente proposición: que COPEI se abstuviera de presentar candidato a la Presidencia de la Federación de Centros, restringiéndose a presentar candidaturas a los centros de estudiantes de cada facultad, donde sí podía hablarse de un trabajo meritorio y una preocupación real por los problemas estudiantiles.

Al conocerse esta decisión en la jefatura de la JRC, naturalmente estalló una reacción inusitada. Comenzó a verse por los pasillos de la UCAB la figura de dirigentes copeyanos que no la visitaban desde hacía más de un año: Luis Herrera Campíns (a la sazón coordinador de las fracciones universitarias de COPEI), Edecio La Riva Araujo, y varios otros. Quien definitivamente no apareció por allá fue el Secretario General de la JRC, Eduardo Fernández. En cambio, ordenó la celebración de una asamblea de militantes copeyanos de la universidad, que presidió Adel Muhammad, como medio de buscar una salida a la crisis planteada.

Muhammad, quien hoy funge como Secretario de la Cámara de Diputados y antes como Presidente de CORPORIENTE durante el gobierno de Herrera Campíns, identificó el origen del problema en que Alejandro Suels y yo tendríamos una “concepción beatífica de la política”. Pedí la palabra, mientras blandía en una mano el libro de Enrique Pérez Olivares, Principios de la Democracia Cristiana. Expliqué que COPEI me había pedido que yo impartiese cursos sobre este tema principista a nuevos militantes del partido, y que en tales cursos el libro de Pérez Olivares era el libro de texto. Busqué en el capítulo de “principios para la acción” y leí lo correspondiente a “moral política”, moral sin la cual una organización demócrata cristiana no lo sería. Recuerdo también haber preguntado en esa reunión de hace treinta años, retóricamente: “Si no se hace caso a este principio de moral política, ¿qué diferencia entonces a COPEI de Acción Democrática?”

Sorprendentemente, un joven copeyano, que décadas más tarde ocuparía un puesto de Director en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del gobierno, otra vez, de Luis Herrera Campíns, (no lo identificaré en vista de la enormidad de lo que sigue), se levantó para proponer una solución práctica al problema. Su proposición consistía en redactar, reproducir y distribuir al estudiantado ucabista un comunicado en el que debía decirse que el retraso en la presentación de la candidatura copeyana se debía a maniobras obstruccionistas en el seno de la Comisión Electoral de la UCAB (su Consejo Supremo Electoral), la que estaría controlada por los oponentes. (Por aquellos años sólo había en la UCAB dos movimientos de cierta importancia: COPEI o Plancha 4, y la Plancha 2, de tendencia neoliberal y propiciada por Pedro Tinoco y la Electricidad de Caracas de la época, entre cuyos más notables miembros se encontraban los hoy doctores José Antonio Abreu y Marcel Granier. El candidato de la Plancha 2 a la Presidencia de la Federación de Centros era el bachiller Roberto Wallis Olavarría).

Obviamente, lo propuesto por el astuto protofuncionario de Herrera Campíns era una patraña, una vulgar calumnia, pues no otra cosa que la desidia copeyana era la razón del retraso en la postulación. En vista de la proposición pedí de nuevo la palabra para decir que si tal comunicado se redactaba y repartía yo mismo tomaría un megáfono para vocear por toda la universidad la falsedad del documento. Acto seguido, me retiré de la asamblea y pocos días después hice saber de mi apoyo a la candidatura de Roberto Wallis.

Este comunicado, por supuesto, nunca llegó a redactarse. COPEI presentó a su candidato a última hora, quien, como era de esperarse, resultó a la postre derrotado. Lo sintomático, sin embargo, era que un militante de COPEI pudiera con total libertad hablar en una asamblea del partido y proponer una cosa tan contraria a los principios de su doctrina sin que a nadie se le ocurriera pedir su pase inmediato al Tribunal Disciplinario.

 

“Lo único inmoral es no ganar”

Hace ya treinta años, pues, se presentaban en COPEI episodios de una dolencia que sus dirigentes no supieron nunca resolver, como nunca pudo ningún otro movimiento político en Venezuela y en muchas otras partes del mundo: la suplantación de la política por la polémica, la identificación de política y combate.

En otra parte relato una entrevista con Oswaldo Álvarez Paz, a comienzos de 1983, durante la campaña que Jaime Lusinchi ganara a Rafael Caldera:

Álvarez Paz me recibió una tarde en el cuartel general de la urbanización El Bosque. Acusaba el impacto de los traumáticos anuncios del 18 de febrero, más brumario que aquel 18 francés. Su saludo consistió en las siguientes palabras: «Luis Enrique, dime cómo vamos a ganar esta campaña, porque así como anda vamos a perder con toda seguridad». Repetí las escuetas líneas de mi análisis: estamos a las puertas de una profunda crisis que debe ser asumida por Rafael Caldera; Rafael Caldera confrontará un problema principal de campaña en su relación con el gobierno del presidente Herrera; habrá que decidir un curso radical ante este asunto, o defensa decidida o deslinde completamente claro. Quedamos en que desarrollaría por escrito esos conceptos, así como también describiría un nivel más operativo compatible con la lectura estratégica, en la que no diferíamos grandemente, salvo en el punto de la viabilidad de la defensa del gobierno. En su opinión, una mejoría en la imagen del gobierno no favorecía en nada a la candidatura de Caldera, aunque un deterioro de la imagen gubernamental sí le afectaría negativamente. Le recordé que una reciente encuesta en el Área Metropolitana de Caracas todavía mostraba una muy considerable proporción de entrevistados que eran renuentes a calificar la actuación del Presidente como mala o muy mala. (La encuesta en cuestión, de marzo de 1983, arrojó los siguientes resultados: opinó que el gobierno era «muy bueno» el 4% de los encuestados, «bueno» el 14%, «malo» el 17%, «muy malo» el 14% y «regular» casi el 50%. Claramente, sólo un 31% había cruzado la raya hacia el juicio definitivamente negativo). Allí había un punto de partida para una enérgica acción de viraje en el planteamiento de campaña, hasta entonces centrada en el  prestigio de Caldera, el que hacia 1981 había alcanzado niveles cercanos a un 80% de venezolanos creyentes en él como el mejor presidente de la etapa democrática. Durante esta entrevista llegué a pensar que Álvarez Paz, quien mostraba cierta renuencia a aceptar la totalidad de mis planteamientos, pudiera estar convencido de la indignidad del gobierno de Luis Herrera. Así se lo pregunté. Fue la primera vez que Oswaldo Álvarez Paz me dijera: “Lo único inmoral es no ganar”.

Pocos años después, ya con Lusinchi en el poder, Álvarez Paz se destacaba por sus declaraciones en la prensa en las que abogaba por una remoralización de COPEI, aduciendo que había que regresar a los orígenes del partido, lo que venía a ser una añoranza arquetípica de una supuesta edad de oro copeyana.

Una formulación casi idéntica se constituyó en lema del Congreso Ideológico de COPEI del Distrito Federal, en 1986, clausurado el 20 de septiembre de ese año por Eduardo Fernández, como Secretario General del partido. El lema del evento, que antecedió por pocos días al Congreso Ideológico Nacional, era “Al rescate de la diferencia”. En términos escuetos, la tesis resumida en el lema aludido era la siguiente: COPEI se ha “adequizado”, se ha pragmatizado. Ha abandonado los principios en favor de los resultados en términos de poder obtenido. Es preciso rescatar los principios que diferencian a COPEI de Acción Democrática. Es necesario rescatar la diferencia.

Sin embargo, ocho días después el propio Eduardo Fernández clausuraba otro evento interno, esta vez una reunión de profesionales copeyanos, en la que proponía que COPEI definiera de una vez quién sería su candidato presidencial porque Acción Democrática ya tenía la candidatura de Octavio Lepage en la calle, no sin antes haber exhortado a los profesionales y técnicos de COPEI a desarrollar “una vida gremial activa”, a pesar de que un año antes había dicho en la COPRE que la presencia de los partidos en los gremios y otras “organizaciones intermedias” muchas veces desvirtuaban los fines de éstas.

Obviamente, Lepage no era el candidato presidencial de su partido en ese momento ni lo fue nunca, era sólo un precandidato. Bastaba que Fernández dijera que presentaría a los copeyanos su candidatura a la candidatura presidencial copeyana, si es que contaba con profundas razones para creer que tal declaración se hacía necesaria por el hecho de que Lepage hubiese mostrado sus intenciones. Nada de eso era necesario, como tampoco el dispendio de la campaña desatada horas después de esa declaración, en afiches en color colocados en varias partes de la geografía venezolana; en cuñas televisadas actuadas; en la insistencia en identificarse con la imagen, concepto y asociaciones mentales de un tigre. Este solo hecho de su identificación tigresca como proposición primera, horas antes de inaugurarse un congreso ideológico nacional, tenía que inducir a Rafael Caldera a graves sospechas sobre la forma de priorizar de Eduardo Fernández, si es que por ese entonces Rafael Caldera no tenía motivos explicables para negar a Eduardo Fernández el derecho a postularse.

Eduardo Fernández eligió un pésimo creativo de campaña en Luis Alberto Machado, el que, si no fue el inventor del símbolo del tigre, por lo menos su predicador más afirmativo. Todo a pesar de que Conciencia 21, organización de asesoría política del ámbito copeyano, realizó sesiones de grupo—focus groups—sobre las asociaciones animales que Eduardo Fernández producía en los asistentes, en las que los felinos brillaban por su ausencia y en cambio más de una vez se mencionaba a conejos y morrocoyes.

¿Qué podía pensar el país de un político que considerase que en 1986, cuando ya el poder adquisitivo del bolívar se había reducido al 58% del valor de 1984, lo más importante y lo primero que debía hacer un protocandidato presidencial era gastar mucho dinero en el intento de convencernos de su parecido con un tigre?

El timing, por lo demás, evocaba la secuencia de Pearl Harbor, cuando el gobierno japonés instruyó a su embajador para que enterase al gobierno norteamericano de su declaración de guerra media hora antes del ataque a miles de kilómetros de distancia. Acá Eduardo Fernández proponía su candidatura veinticuatro horas antes de la avalancha de su exhibición publicitaria, la que obviamente había sido preparada con bastante anticipación. Para el animista asesor de Fernández, el ex ministro de la “inteligencia” de, otra vez, Luis Herrera Campíns (y antes Secretario de la Presidencia de Rafael Caldera), el tigre comería por lo ligero. Ese fue, sin duda, un punto muy bajo en la política copeyana determinada por el Secretario Nacional de COPEI de 1986. En las campañas de Caldera, sobre todo en la de 1968, que ganó, se había colocado énfasis en los “técnicos copeyanos”, que naturalmente indicaba una preocupación por lo programático. Ahora se estaba en una época en la que lo más importante era el “mercadeo político”, el manejo de imágenes y la manipulación descarada de la psiquis de los Electores venezolanos.

Estas no habían sido las únicas instancias de un estilo de Realpolitik. Previamente el episodio del “maletinazo” con el que se dijo se habría comprado votos para la candidatura presidencial de Lorenzo Fernández, había manchado el hasta entonces relativamente impoluto historial verde de ética política. Personajes herreristas de la época del gobierno de Luis Herrera Campíns admitían en privado que prácticas parecidas habían sido empleadas por el ala no calderista con ocasión de elegir a Pedro Pablo Aguilar, cercano por ese entonces a Herrera, como Secretario General de COPEI durante el primer gobierno de Rafael Caldera.

No es fácil, pues, establecer quién tiró la primera piedra en este juego de pragmatismo maquiavélico. Lo cierto es que ya para la campaña de Eduardo Fernández en 1988 COPEI disponía de un “laboratorio de guerra sucia” como componente importante del aparato. Allí se propuso, por ejemplo, elaborar una lista de “homosexuales adecos” con fines de descrédito y hasta llegó a redactarse una “carta de Piñerúa” por la época en la que este personaje había dejado entrever que enviaría un documento denunciador de corrupción en Acción Democrática al CEN de su partido.

En la campaña de 1993, seguramente los métodos se hicieron más sofisticados. Un personaje afecto a Oswaldo Álvarez Paz confesó cándidamente a este editor que las oficinas que un equipo de programa de la campaña de Caldera usaba en el edificio Tecoteca de la avenida Francisco de Miranda estaban siendo intervenidas y “monitoreadas”, en el mejor estilo Watergate. Lo interesante es que su comentario se ofrecía con gran alegría, en busca de mi aprobación por tan “astuta” conducta.

 

Los planos de mediación

Si el estilo inconfundible de la Realpolitik, de la política del poder por el poder, pudo entronizarse en tal grado en la práctica de la dirigencia copeyana, eso fue posible gracias al anquilosamiento de la función ideológica socialcristiana. En términos sobresimplificados, el esquema de actuación del político copeyano, en especial de su dirigencia, consistía en conocer los principios de la democracia cristiana—contenidos, como se ha explicado aquí antes, en el libro de Pérez Olivares y en la obra posterior de Rafael Caldera: Especificidad de la Democracia Cristiana—, procurarse un adiestramiento retórico y de oratoria y manejarse dentro de los estatutos y reglamentos del partido, anotándose en alguno de los “ismos” determinados por el liderazgo de alguna figura en particular: calderismo, herrerismo, eduardismo, oswaldismo. El supuesto simplista de este esquema residía en la idea de que los principios funcionarían como axiomas geométricos, a partir de las cuales sería posible deducir la política concreta.

Es así como, tan tarde como en 1985, Eduardo Fernández y Gustavo Tarre Briceño entendían las labores del Congreso Ideológico Nacional como partiendo de un “nivel filosófico-principista” e incluyendo un “nivel de la política concreta”. Ambos niveles, pensaban, requerían un “puente sociológico” que les comunicase, lo que revelaba la dificultad con la que se habían topado: la incomunicabilidad entre principios y práctica política.

El problema era éste: no bastaba reflexionar intensamente sobre, digamos, el principio de la dignidad de la persona humana para extraer deductivamente una solución al problema de la deuda externa que fuese una solución demócrata cristiana.

Esa creencia en una relación deductiva entre principios y política es un rasgo bastante común del paradigma político clásico, y se manifestaba con particular intensidad en el pensamiento de los líderes de la democracia cristiana venezolana. Un destacado ejemplo lo constituyó el debate sobre el “agotamiento del modelo de desarrollo venezolano”, tema de moda por los comienzos de la década de los ochenta y en el que terció el Dr. Rafael Caldera con una tesis bastante típica de las formulaciones clásicas. Caldera argumentó, desde un discurso pronunciado en tierras mexicanas, que no era cierto que el modelo de desarrollo venezolano hubiese caducado; más bien, por lo contrario, el asunto era que no había sido llevado a la práctica, y que debía buscarse la descripción del susodicho modelo en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1961.

Una postura idéntica podía encontrarse en muchos otros discursos como, por ejemplo, en la estereotipada conferencia sobre “objetivos nacionales” del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están enumerados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.

Vale la pena transcribir acá el texto pertinente del Preámbulo de la Constitución:

“…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del  predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación…”

Obviamente el texto que antecede es un recuento de valores y criterios más que de objetivos, por lo que difícilmente puede llamarse al Preámbulo de la Constitución de 1961 un “modelo de desarrollo”.

Ante tales dificultades llegó a hacerse doctrina del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC, fundado por Arístides Calvani, la existencia de unos “planos de mediación”: pisos sucesivos de concreción mediante los cuales sería posible “descender” del techo de los principios hasta la planta baja de las políticas específicas. El invento era una elaboración de tesis formuladas en Chile, hacia la época de los años sesenta, por el padre jesuita Roger Vekemans, de gran influencia ideológica en la democracia cristiana continental.

Tales elaboraciones no hacían otra cosa, por supuesto, que complicar el problema, introduciendo una serie de pasos conceptuales que equivalía a “correr la arruga” una y otra vez. Una formulación alternativa, que les fue ofrecida, no contó con mucha acogida. (En 1985 ya les había sugerido que los valores no debían ser vistos como “objetivos”, sino como criterios de selección de tratamientos políticos. La idea subyacente, en este caso, es que la política no se deduce sino que se inventa. Frente a un determinado problema surge—dependiendo del “estado del arte” de las disciplinas analíticas—un grupo de soluciones diferentes, ante las que los valores son útiles para escoger aquella solución “más democrática” o “más justa” o que mejor parada deje a la “dignidad” o, a lo Moronta, a la “centralidad de la persona humana”).

Pero esta bizantina salida de postular la existencia—inobservable—de unos supuestos “planos de mediación” no obstaba para que en IFEDEC se admitiera que en política era inevitable “sacar sangre”, por lo que además del discurso principista y ético se manejaba una soterrada autorización a la práctica de la Realpolitik.

 

Divisiones copeyanas

A esta tensión entre principios y acción concreta debe sumarse, naturalmente, la tensión competitiva natural entre personalidades y liderazgos, entre estilos y “culturas” políticas. Tal mezcla ha conducido, desde hace mucho tiempo, a la emergencia de conflictos grupales de los distintos gajos personalistas de COPEI, determinantes de sus divisiones. Son divisiones peculiares y propias de los copeyanos, muy distintas de las divisiones históricas de Acción Democrática. (MIR, ARS, MEP).

El tiempo tiende a modificar la percepción. Seguramente hubo tensiones en COPEI antes de 1958—la más recordable es la lucha entre Pedro José Lara Peña y Rafael Caldera, en la que el primero terminó siendo expulsado de COPEI por “perezjimenizta” (este editor desconoce los hechos)—, pero desde aquel año de ruptura política en Venezuela no hubo otra división que no fuera la distinción ideológica entre “astronautas”, “avanzados” y “araguatos” en COPEI.  (La Dra. Dinorah Carnevali de Toro Hardy ha descrito la estructura del conflicto en Araguatos, Avanzados y Astronautas. COPEI: conflicto ideológico y crisis política en los años sesenta).

Desde cierto punto de vista, los avanzados venían siendo el “centro” de COPEI, puesto que “astronauta” designaba a lo más “comunista” del partido (en terminología copeyana “comunitario”) mien­tras que los “araguatos”, si no exactamente, tendían a significar algo así como “los conservadores, los godos que rodean a Rafael Caldera”.

Los “avanzados” eran una posición “intermedia” que debía ser la posición ideológica de Rafael Caldera, si es que uno fuera a guiarse por sus propias palabras, pues en el mitin de cierre de su campaña de 1963, una noche de diciembre, definió a COPEI como “partido de centro-izquierda”. No era Caldera, sin embargo, el polo de referencia de los “avanzados” sino la doble figura de alguien menos comprometido, Luis Herrera Campíns, y de alguien más comprometido, Rodolfo José Cárdenas. Al no materializarse la división, sino más bien la salida de un núcleo de “astronautas” y alguno que otro “avanzado”, quedaba sólo una línea de fractura posible, que fue a darse entre Luis Herrera Campíns y Rafael Caldera.

El gobierno ocupa. El gobierno deja poco tiempo para ocuparse del patio del partido. Caldera no podía, en 1969, ocuparse personalmente de los asuntos de COPEI; no podía encargar tal misión a Lorenzo Fernández, su segundo en el mando, pues lo necesitaba en el Ministerio de Relaciones Interiores; su pupilo, el Secretario del Consejo de Ministros Eduardo Fernández, estaba demasiado jojoto. No pudo evitar lo que no le gustaba demasiado: Pedro Pablo Aguilar a cargo del partido. Ya la competencia Caldera-Herrera se había manifestado en COPEI, pero Luis Herrera Campíns no podía acceder directamente a la Secretaría General. Aguilar era una suerte de “araguanzado” que movería el partido para defender todo lo que Caldera decidiera en el gobierno, al tiempo que trabajaría para la candidatura de Herrera contra la de Lorenzo Fernández.

La escisión Herrera-Caldera dominó el período de 1979 a 1984—el período presidencial de Luis Herrera Campíns—y determinó buena parte del rendimiento gubernamental, aunque la calidad del gobierno de Herrera tiende más bien a darle la razón a Caldera. Si el primer gobierno de Caldera no había logrado despertar el entusiasmo, por lo menos no causó, como el único gobierno de Herrera, la vergüenza verde.

La siguiente división copeyana tuvo como campeón en defensa del título a Rafael Caldera, al retador en Eduardo Fernández. Fernández había comandado la campaña postherrerista de Caldera en 1983 y maniobrado después para emerger airoso entre calderistas y herreristas en 1984 y tentar a Caldera a partir de ese mismo año.

En 1984 se hizo un acto controlado por Eduardo Fernández, al que fue invitado Rafael Caldera, para declarar abierto el proceso preparatorio de un “congreso ideológico de COPEI”. El maestro de ceremonias de ese acto, obviamente en función de los objetivos polémicos de Eduardo Fernández, fue quien hoy en día le combate: Paciano Padrón.

Caldera asistió al evento acompañado de su esposa. Su entrada fue muy aplaudida, pero fue anterior y significativamente menos aplaudida que la triunfal entrada de Eduardo Fernández, igualmente acompañado por su esposa. Eduardo Fernández tomó la palabra y asestó con ella, ante el alborozo de la audiencia, el florentino golpe de puñal: recordó a Rafael Caldera, y a los asistentes, las palabras que éste había pronunciado al admitir su derrota ante Jaime Lusinchi: “El pueblo siempre tiene la razón”.

A partir de allí la lucha estaba planteada. La culminación de la misma pareció estar en la celebración del Congreso Presidencial de 1987 en el Poliedro de Caracas, una de las más queridas obras de Rafael Caldera, en la que una derrota más para él generó una nueva frase famosa: “Paso a la reserva”. Esta vez Fernández ya no evocaba al embajador japonés ante Washington en diciembre de 1941, sino a Adolfo Hitler, que hizo que los franceses firmaran en 1940 su rendición en el mismo vagón de tren, en el mismo bosque de Compiègne, donde los alemanes fueron rendidos en 1918.

Como antes con Luis Herrera Campíns, Rafael Caldera no explicó nunca por qué se oponía a Eduardo Fernández. Se limitó a argumentar por qué Caldera debía ser de nuevo el candidato copeyano en 1988. Es así como recibe una derrota más contundente que la que Jaime Lusinchi le había propinado en 1983 en términos porcentuales, a manos de su pupilo más destacado. Los resultados posteriores indicarían que Caldera jamás se rindió, que su derrota no había sido definitiva. Hoy el derrotado en COPEI, de forma más abrumadora aún, es Eduardo Fernández. Por cada diez copeyanos que reconocen a Rafael Caldera como su líder, uno reconoce a Eduardo Fernández.

Tal vez si COPEI hubiera adoptado en 1987 (como lo sugerí en 1986) el método que dirimió la lucha por la candidatura oficial en 1993—las elecciones primarias abiertas—las posibilidades de recuperación de Rafael Caldera hubieran sido menores, como mayores las posibilidades de Eduardo Fernández en la campaña de 1988 contra Carlos Andrés Pérez. Pero Eduardo Fernández tiende a llegar tarde a la política, y no propuso las primarias hasta 1991, al menos cinco años después de que le fuesen sugeridas. Del mismo modo se atrasó en su separación de la Secretaría General de COPEI, que abandonó en el último momento, y no del todo, a comienzos de 1993, aunque se le hizo llegar la idea a fines de 1991.

Las primarias de COPEI se realizaron el 25 de abril de 1993. Oswaldo Álvarez Paz derrotó ampliamente a Eduardo Fernández, luego de que los financistas de Fernández llegaran a la conclusión de que Álvarez tenía más chance que Fernández para frenar a Caldera. Se anunció que había votado un total cercano a los dos millones y medio de venezolanos en las primarias copeyanas; la votación real no llegó a exceder los novecientos mil sufragios. Por un lado, los resultados—tanto los reales como los inflados—daban hasta cierto punto la razón a Fernández, en el sentido de que él no tenía “entubado” el proceso electoral copeyano. Por el otro, resultaba elegido su contendor interno más notorio quien, hasta cinco meses antes de las primarias había ofrecido su apoyo a la candidatura de Caldera si éste presentaba su opción dentro de las filas de COPEI.

Lo cierto es que ahora COPEI se encuentra en situación harto difícil: poco antes del proceso electoral de 1993 estableció una suerte de exclusión sin expulsión de Rafael Caldera de sus filas, pero la militancia copeyana no reconoce a otra persona como su líder nacional. En encuesta publicada en la prensa nacional el pasado 27 de septiembre, se interrogó a una muestra de 702 militantes de COPEI del Estado Carabobo. Caldera aparece mencionado como el líder nacional de COPEI en el 54,4% de las respuestas. Su más cercano seguidor, Luis Herrera Campíns, es mencionado sólo en el 6,8% de las respuestas y Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez Paz son mencionados el 5% y el 3,7% de las veces, respectivamente. El actual Secretario General de COPEI, José Curiel, es señalado como líder nacional por el 3,8% de las respuestas, mientras que el Presidente, Hilarión Cardozo, es señalado en el 1,6% de las mismas.

Luis Herrera Campíns comentó estos resultados al día siguiente de aparecer las cifras publicadas, para sugerir que COPEI debía ya de una vez por todas olvidarse de Rafael Caldera puesto que éste no está en el partido, lo que indica una propensión manifiesta a negarse a aceptar las realidades verdes y una intención de proyectarse desde ya, sobre el exiguo segundo lugar de menos de 7% de reconocimiento, como el próximo candidato presidencial de COPEI. En cambio, Paciano Padrón, que sigue muy de cerca a Herrera en el orden de preferencias, ha declarado abiertamente que “tocará el corazón de Caldera” para que acepte el reconocimiento de COPEI a éste como su líder máximo. Según la misma encuesta, Padrón duplica las preferencias a favor de José Curiel para la elección de Secretario General del partido. (Padrón, 30,2%; Curiel, 13%. Bastante más lejos se ubican Donald Ramírez, con 4,8% y Agustín Berríos con 0,3%).

Si esta encuesta realizada en el Estado Carabobo no ha sido amañada ni adulterada, si puede considerársela representativa de la distribución de las preferencias en el nivel nacional, entonces COPEI debe enfrentar un serísimo problema, puesto que los resultados de la consulta equivalen a una carencia casi total de legitimidad sociológica por parte de las actuales autoridades del partido. Los militantes copeyanos estarían diciendo muy claramente que el actual Comité Nacional de COPEI no es reconocido por las “bases”.

 

Reingeniería de COPEI

Tan deterioradas condiciones hacen pensar sobre las posibilidades reales de que COPEI se salve como organización ¿Es Paciano Padrón el hombre que puede conducir un proceso de reingeniería del partido?

A mediados de la década de los ochenta varias voces copeyanas expresaron la idea de que COPEI debía “volver a sus orígenes”. Oswaldo Álvarez Paz fue posiblemente el más elocuente expositor de esa noción. Vista en términos generales, se trata de una posición conservadora y tradicional. Las organizaciones humanas, en especial las políticas, deben mirar más al futuro que hacia el pasado. Los líderes que pedían un regreso a la “época dorada” de los comienzos se mostraban, en consecuencia, incapaces de formular una metamorfosis futurista del partido COPEI.

Pero hay un sentido en el que pudiera darse la razón a la proposición de Álvarez Paz, hay un sentido en el que lo indicado pudiera ser una vuelta al comienzo. A la fundación de COPEI, estas siglas designaban a un “Comité de Organización Política Electoral Independiente”. La designación de partido “socialcristiano” o “demócrata cristiano” fue una consideración posterior aunque, naturalmente, respondió a la ideología predominante entre los miembros fundadores, provenientes de institutos de educación católica. COPEI podría volver a pensarse a sí mismo como un comité de operaciones políticas y electorales, dejando a la dimensión personal de sus militantes el problema ideológico y ético de guiarse en la acción política por un código de criterios de inspiración cristiana o, más concretamente, de inspiración en la doctrina social de la iglesia católica.

Es decir, COPEI no insistiría en una aglutinación ideológica tan “integrista” como llegó a plantearse a partir de los años sesenta, conformándose con establecer un “límite socialcristiano”. Esto es, abandonaría toda esperanza de deducir políticas a partir de primeros principios y en cambio rechazaría toda política que fuese incompatible con el código de valores del socialcristianismo.

De resto, se presentaría al país, desnudo de toda falsa retórica, como lo que realmente es: como una plataforma electoral al estilo de los partidos políticos norteamericanos. De hecho, los cambios introducidos por Eduardo Fernández, a quien es justo reconocerle importantes esfuerzos de “modernización” del partido, han ido en la dirección de una “norteamericanización” de COPEI, con la adopción del sistema de primarias abiertas y un incipiente reconocimiento de la inconveniencia de conjugar en una misma persona la Secretaría General y la candidatura presidencial. Los presidentes norteamericanos, los candidatos presidenciales estadounidenses, no tienen un origen en el aparato profesional partidista de los operadores políticos demócratas o republicanos.

Así, la dimensión ideológica, el compromiso con un código de valores, quedan en la esfera de la persona individual. Rafael Caldera no puede, como no podrían Luigi Sturzo o Konrad Adenauer redivivos, garantizar que un contingente humano heterogéneo, como es la militancia copeyana, va a comportarse “socialcristianamente”. Él puede garantizar esa conducta únicamente de sí mismo.

Si estuviera planteado para COPEI seguir el camino descrito, si fuese lo indicado “norteamericanizarse” en el sentido expuesto, entonces un siguiente paso sería abandonar también la idea de que el partido en sí debe tener un “programa”. No existe como tal el programa del partido demócrata o el del partido republicano en los Estados Unidos. En cada contienda electoral emergen los programas o “plataformas” de los candidatos y precandidatos: el de Bush, el de Mondale, el de Reagan, el de Clinton. El problema del programa se remite, de este modo, a la decisión de los Electores, y no se pretende presentarlo, prefabricado y listo, desde la labor de ideólogos profesionales reunidos en “congresos ideológicos”, y mucho menos presentarlo como “proyecto histórico” de un plazo tan largo que en sí constituye una pretensión anticientífica en épocas tan turbulentas y variables como las que vivimos.

El futuro es plural, el futuro es ramificado. No todas las ramas del futuro de COPEI son desastrosas. Al menos es concebible que, después de una serie tan larga de traspiés y fracasos electorales, COPEI esté dispuesto a la metamorfosis y el aprendizaje. Nuevas tesis surgen en su seno, como la idea de convertir a COPEI en un “partido federal”, lo que sería un medio de diluir o atenuar su actual patrón centralista.

Lo que sí parece ineludible es la desaparición del grupo dirigente actual de los puestos de comando de la organización. En un partido en el que menos del 4% de la militancia reconoce a los miembros de su Comité Nacional, al Presidente y al Secretario General como líderes nacionales, sería suicida intentar la supervivencia de los mismos. Pero también es difícil pensar que Paciano Padrón sea el hombre adecuado para concebir la metamorfosis necesaria, porque su adiestramiento político no difiere en mucho del estilo negociador y combinatorio de la dirigencia tradicional copeyana. Tal vez pueda gerenciarla si busca la formulación conceptual en otro sitio. Si ni siquiera es capaz de hacer esto, COPEI tendría que encontrar al Secretario General de la supervivencia en una persona distinta de Padrón. Quizás en un independiente. No en vano COPEI significa Comité de Organización Política Electoral Independiente.

Y tampoco es concebible que Juan José Caldera sea la figura indicada, por más que su padre sea reconocido por una mayoría copeyana como el líder nacional del partido. El senador Caldera introduciría una pugnacidad inasimilable dentro de las filas de COPEI, si es que va a darse lo que no hace mucho Eduardo Fernández pronosticó: un reencuentro y fusión de Convergencia y COPEI “desde la base”.  En cierto sentido, la “base” de Convergencia es, precisamente, COPEI.

La raíz primigenia de COPEI es conservadora. Cuando surge, en 1946, hacía menos de un año que la revolución del 18 de octubre hubiera desplazado del poder a las generaciones andinas—Castro, Gómez, López Contreras, Medina—que habían gobernado a Venezuela en la primera mitad del siglo. Al emerger COPEI como oposición a Acción Democrática, muchos de los desplazados pusieron la mirada en las banderas verdes. Esto explica por qué los primeros bastiones electorales de COPEI se asentaron, nítidamente, en los estados andinos. Todavía en 1958, COPEI no había logrado prevalecer en algún otro estado fuera de Táchira, Mérida  y Trujillo. Algo del gomecismo, pues, penetró en COPEI. Un gomecismo que perduró también en el grupo del Escritorio Tinoco y el Banco Latino. Tinoco, Andrade, Arcaya, Montenegro, eran todos nombres importantes del régimen de Gómez. Tal vez esa raíz común, junto con la indudable capacidad del Dr. Pedro R. Tinoco hijo, llevó a Caldera, como se ha recordado en esta publicación, a nombrarle Ministro de Hacienda de su primer gobierno.

Ya el país no es tan pequeño, y asiste ahora al fin de la política que fue determinada por los actores de comienzos del siglo XX venezolano y su primera mitad. COPEI debiera entender que esto es así, que todo un estilo polémico de hacer política es claramente insuficiente, y que los Electores, cada vez más conscientes, aceptan cada vez menos los discursos insinceros. Si ya no se cree en COPEI, desde hace tiempo, en un diseño ideológico que cada vez se exhibe menos y con mayor timidez, lo sensato es aceptar esa realidad y representarse ante el país como un simple canal electoral.

Lo que no obsta para reconocer que COPEI ha sido, en balance histórico, una organización beneficiosa al país. No es veraz la interpretación de COPEI como agrupación de personas enteramente dedicadas a las delicadas labores de la corrupción. COPEI es tan sólo una expresión más de la eterna tragedia del poder. COPEI no está conformado por extraterrestres o suizos, sino por un corte transversal de la venezolanidad.

En este sentido, los hombres y mujeres copeyanos, hoy en día en añoranza de su figura paterna, no son ni mejores ni peores que los hombres y mujeres de Acción Democrática, del Movimiento al Socialismo o de la Causa R. No son mejores ni peores que el país, y seguramente buscan una salida de futuro.

La historia nos muestra, con implacable reiteración, la verdad de la falibilidad humana. No existe en el mundo en ninguna de sus épocas un movimiento político, un régimen o concepto gubernamental exitoso que no fuese luego presa de la entropía, de la tendencia al envejecimiento y el deterioro. No hace mucho, por ejemplo, Acción Democrática exhibía un discurso muy similar al de la Causa R y era vista como un partido revolucionario, pues sus raíces fueron, como se reconocía en documentos oficiales de 1958, de cepa marxista. Ahora se le percibe como el partido del status por antonomasia. “La herejía de hoy es la ortodoxia del mañana”.

Pero también es posible al quehacer humano la metamorfosis de sus organizaciones. Para que esto sea posible en COPEI es necesario hacer algo más de lo que traslucen las intenciones y discursos manifiestos de Paciano Padrón. Como con el Estado venezolano, se necesita algo más que apósitos puntuales a una Constitución antigua o unos estatutos superados. Es preciso efectuar todo un proceso de rediseño, de reingeniería. Los tiempos del futuro próximo determinarán si COPEI es capaz de aprovechar una nueva oportunidad de transformación o si desaparecerá como importante factor de la actividad política en Venezuela.

luis enrique ALCALÁ

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REF #6 – In memoriam Augusto Mijares

ref

A mediados de 1983, hace ya once años, se celebró una reunión privada de cinco muy importantes banqueros venezolanos, convocada para discutir un posible flujo negativo de caja de PDVSA que se proyectaba para fines de ese año, año electoral.

En medio de la discusión se pidió a los asistentes participar en un simple ejercicio, un sencillo juego, una adivinanza.

El ejercicio consistió en leer las palabras textuales de un fragmento de discurso, y pedirles que intentaran identificar a quien las había dicho. Las palabras en cuestión se referían a un país y a sus hábitos económicos. El orador fustigaba a los oyentes y decía que en su país la gente se había endeudado más allá de sus posibilidades, que quería vivir cada vez mejor trabajando cada vez menos. Al cabo de la lectura los banqueros comenzaron a asomar candidatos: ¡Úslar Pietri! ¡Pérez Alfonso! ¡Jorge Olavarría! ¡Gonzalo Barrios!

No fue poca la sorpresa cuando se les informó que las palabras leídas habían sido tomadas del discurso de toma de posesión de Helmut Kohl como Primer Ministro de la República Federal Alemana.

El ejemplo sirvió para demostrar cuán propensos somos a la subestimación de nosotros mismos. Si se estaba hablando mal de algún país la cosa tenía que ser con nosotros. Al oír el trozo escogido los destacados banqueros habían optado por generar sólo nombres de venezolanos ilustres, suponiendo automáticamente que el discurso había sido dirigido a los venezolanos para reconvenirles. A partir de ese punto la reunión tomó un camino diferente.

De hecho, uno de los banqueros presentes acababa de regresar de Inglaterra—recordemos que se estaba a mediados de 1983, cuando ya había emergido el problema de la deuda pública externa venezolana tras los casos de México y Polonia—y contó una conversación con importantes banqueros ingleses que mucho le sorprendió. En esa conversación nuestro banquero, quien hacía no mucho había sido Presidente del Banco Central de Venezuela, preguntó a sus colegas ingleses si albergaban preocupación por la deuda externa de los países en desarrollo. A lo que los financistas británicos contestaron: “Bueno, sí, pero ¡la que nos tiene verdaderamente alarmados es la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica!”

Con mucha frecuencia ese autoprejuicio de muchos venezolanos llega a expresarse de modo más activo y más denigrante. Así, se niega que podamos “estar preparados” para vivir en democracia, o mas crudamente, se declara: “Venezuela es una caricatura de país”.

Incluso se da el caso de personas que sustentan tan dañina posición y han pretendido ejercer una acción política, en aprovechamiento de esa democracia que ellos creen no merecemos, con la justificación de que los “políticos corruptos” deben ser sustituidos en el poder por “la gente decente”.

Pero no es preciso ser tan atrabiliario como para sentir los embates de la duda respecto de las posibilidades futuras de la nación venezolana. Muchas personas trabajadoras, honestas y patrióticas llegan a sentir el aguijón de la desesperanza y buscan mudarse a otras latitudes para dejar de ver los problemas que aquejan a los venezolanos, para no pensar más en eso, para escapar a las trabas que un sistema anacrónico y disfuncional impone a su actividad empresarial o profesional.

Esa no es una estrategia constructiva. Es una actitud de evasión, de escape, de fuga.

No es esa la actitud que el país necesita de sus habitantes. Ahora más que nunca necesita el compromiso de quedarse a trabajar, con imaginación y con denuedo, en nuevas actividades de todo tipo: educativas, económicas, culturales, políticas.

El país está atravesando, en estos mismos momentos, por lo que tal vez llegue a ser la más importante transición en nuestra historia. No hay que perdérsela. Por lo contrario, es la hora de quedarse a producir y contemplar un soberbio espectáculo:  el de un país que ha venido asimilando sufrimiento, creciendo en conciencia, aprendiendo serenamente de la adversidad, y que puede convertir ese doloroso proceso en una metamorfosis de creación política.

Las ganas de salir corriendo son comprensibles. Más de un venezolano capaz se siente impedido, maniatado. Un caso en punta es el de los científicos venezolanos, hoy afectados por una drástica constricción de los recursos que el Estado asigna a las labores de ciencia y tecnología. Las reglamentaciones que hasta ahora se han producido en materia cambiaria han dejado en un limbo a nuestros investigadores, quienes no saben cómo pagar sus cuotas de afiliación a sociedades científicas internacionales o no hallan cómo importar equipos de investigación o reactivos de laboratorio porque no se haya contemplado que califiquen como “importadores”. Hoy en día un investigador del IVIC gana—en dólares—el 60 o 70% de lo que ganaba hace veinte años cuando se incorporó al Instituto.

No se pretende negar, entonces, que el país en general—sus obreros, sus científicos, sus empresarios, sus profesionales, sus trabajadores culturales—esté pasando por penurias en grado importante. Lo que se niega es la validez de una estrategia evasiva, cuando lo constructivo, lo audaz, lo inteligente, es encontrar las oportunidades que, como toda crisis, la crisis venezolana está proveyendo.

No es el momento de negarnos. Todo país próspero conoció la penuria primero que nada. Nos toca ahora a nosotros comprobar que no somos menos, no somos raza, ni cultura, ni pueblo inferior. A quienes piensan resolver sus problemas en tierra ajena y distante, queremos llamar a la reflexión. Tampoco encontrarán, salvo casos muy específicos y particulares, la vida fácil en ningún país. Todo el planeta vive ahora un inmenso ajuste, que naturalmente invalida o hace obsoletos a más de un modo de vida o producción. La inteligencia está en adaptarse a esta grandísima transformación de la humanidad, aprender y hacer cosas nuevas. LEA

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REF #6 – Ahora tiene que consultar

Rafael Caldera habló ante los gobernadores de estado. Según el modo de titular de un matutino caraqueño, les dijo que tendrían que acatar las líneas emanadas de Miraflores. Les dijo muchas otras cosas. Pero de lo que está pendiente el estilo más difundido de mirar a la política, es de lo que huela a confrontación de poderes. Por eso el periódico destacó también un notorio traspié de Rafael Caldera: Caldera expresó ante los gobernadores su “preocupación” por el hecho de que aquéllos habían sido electos en votaciones con un alto grado de abstención, lo que, por supuesto, puede decirse exactamente de la elección del presidente Caldera.

Fue una falla lamentable. Pero fue la única. Cuando Caldera dio a entender a los gobernadores lo que registró el periódico el día siguiente tenía toda la razón, pues no hacía otra cosa que afirmar algo que está claramente establecido en la Constitución de 1961: que un gobernador de estado “además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción” (Artículo 21) y que está obligado a “ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional” (Artículo 23).

Es explicable que pueda existir confusión a este respecto, puesto que una falta de conocimiento de nuestras leyes puede darnos a entender que desde que los gobernadores son nombrados directamente por los electores, son totalmente independientes del Poder Nacional. Esto no es así. La ley que actualmente regula la elección y remoción de los gobernadores es un desarrollo opcional –La ley podrá establecer la forma de elección y remoción de los Gobernadores– del Artículo 22 de la Constitución Nacional, y esa ley  no puede, por ser norma de inferior jerarquía, anular o suspender lo previsto en otros dos Artículos totalmente separados. En ninguna de las dos enmiendas que ha recibido la Constitución del 61 se ha tocado a los Artículos 21 y 23. De modo, pues, que las disposiciones de ambos Artículos están plenamente vigentes y, por tanto, los gobernadores de estado son agentes del Ejecutivo Nacional y deben ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del mismo.

 

Maestro del suspenso (de garantías)

Va a ser muy difícil cazar a Rafael Caldera en un error jurídico. No sólo ha sido hasta hoy y desde su carrera summa cum laude un estudioso del Derecho (sus notas alojan la imperfección de una nota de 19 puntos sobre 20, en Derecho Internacional Privado). Caldera no sólo estudió Derecho; Caldera ha hecho y hace Derecho. Por eso es poco práctico pensar que Caldera es derrotable por ante la Corte Suprema de Justicia. Si en algo puede y va a poner cuidado Rafael Caldera es en la constitucionalidad y la legalidad de sus decisiones.

COPEI ha dicho que demandaría ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad, por inconstitucional, del decreto que resuspende las garantías constitucionales luego de que el Congreso de la República revocara el decreto inicial. Es muy poco probable que tenga éxito en el intento—el que todavía no se ha producido, aun cuando dos ciudadanos a título personal han introducido la demanda en cuestión. Para entender esto resulta necesario revisar lo que la Constitución de 1961 estipula al respecto.

La Constitución del 61 dedica todo un Título de su articulado para referirse a la facultad de suspensión de las garantías. Es su Título IX: De la Emergencia. El Artículo 241, segundo de este Título, es el que establece la facultad en cuestión en solamente tres casos: a. en caso de emergencia, definida en el Artículo anterior; b. de conmoción “que pueda perturbar la paz de la República”; c. de “graves circunstancias que afecten la vida económica y social”.

Es obvio que la motivación del Gobierno para suspender las garantías no puede ser otra que la contemplada en el tercer caso, puesto que no ha procedido a declarar el estado de emergencia (que sólo puede hacerse “en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran”), ni tampoco puede sostenerse que nos hallamos ante una “conmoción que pueda perturbar la paz de la República”. Los propios ministros encargados de vigilar por la seguridad del Estado, el Ministro de Relaciones Interiores y el Ministro de la Defensa, declararon en el Congreso que la Nación se encontraba en paz.

El Gobierno sólo puede argumentar, y tendría razón, que el país enfrenta en los actuales momentos “graves circunstancias que afect[a]n la vida económica o social”. Nadie en su sano juicio se atrevería a desmentir una fundamentación de esa clase. El consenso más unánime de toda nuestra historia es, precisamente, que nos hallamos en las más graves circunstancias que el país ha conocido, que el gobierno que preside Rafael Caldera ha heredado la más crítica de las situaciones.

Al anunciar la resuspensión voceros del Gobierno manifestaron que esperaban explicarse mejor esta vez. De hecho, esta segunda vez el Gobierno fue un poco más explícito respecto del uso que pensaba dar a las facultades extraordinarias que se derivan de la suspensión de las garantías. Así, explicó que pretendía con la suspensión, sobre todo de la garantía de la propiedad privada—distinta de la llamada garantía de la libertad económica—impedir transacciones con ciertos bienes económicos que pudieran escamotearse a la acción del Estado en procura de la recuperación de activos pertenecientes a los institutos financieros intervenidos. Dicho sea de paso, no existe ningún título o capítulo de la Constitución que se refiera a garantías. Los capítulos en cuestión hablan de derechos, no de garantías. Este término se emplea solamente en el Título IX, en el ordinal 6º del Artículo 190 (sobre atribuciones del Presidente de la República) y, curiosamente, en el Artículo 99. (“Se garantiza el derecho de propiedad”).

La idea, por tanto, es la de actuar contra algunas personas que estarían transfiriendo propiedades que pudiesen ser objeto de acciones de recuperación por parte del Estado. Se supone, también, que algunas de estas mismas personas pudieran estar involucradas en actividades de corte conspirativo. De allí los allanamientos a algunas personas durante la primera fase de la suspensión. A este respecto, un importante líder copeyano contestó, sin darse cuenta de que un periodista le escuchaba, una pregunta de un compañero de partido acerca de las razones de por qué habían practicado una visita domiciliaria a la casa de una cierta persona. El interpelado contestó: “Bueno, lo andaban siguiendo”. Obviamente, la respuesta revela que el seguimiento habría dado motivos para suponer que la persona en cuestión estaba efectuando contactos de índole conspirativa o reuniéndose con personas sospechosas, y no que le habían seguido a la lavandería, a la farmacia o al banco.

Pero también se usó el expediente del allanamiento en casos de sospecha de acaparamiento de bienes de consumo por parte de algunos comerciantes. Se ha dicho que en varios casos se habría cometido excesos, puesto que se trataría de almacenamiento normal y no de acaparamiento. Hasta ahora no ha sido comprobado fehacientemente que hubiera habido o que no hubiera habido los excesos mencionados, pero el Presidente del IDEC ha declarado, sin haber sido desmentido, que en todas las actuaciones de su despacho estuvo presente un representante de la Fiscalía General de la República y que se levantaron las actas que contempla la Ley de Protección al Consumidor.

En todo caso, el Congreso de la República decidió, en sesión conjunta de las Cámaras del 21 de julio, restituir las garantías suspendidas, incluyendo la garantía de la propiedad privada, con excepción de la garantía de la libertad de la actividad económica. El mismo día que se produjo la revocatoria del decreto de suspensión se dejó entrever que el Gobierno procedería a emitir un nuevo decreto. En aquel momento COPEI no argumentó que sería inconstitucional un segundo decreto. Orlando Contreras Pulido, por ejemplo, se limitó a observar que cualquier decreto de este tipo tendría que ir a parar, en último término, al Congreso de la República para su consideración, y Haydeé Castillo de López Acosta, senadora copeyana, consideró que Caldera entraría en un “juego” muy peligroso si remitía de nuevo a las Cámaras un segundo decreto de suspensión. (No parece una caracterización verídica de Rafael Caldera el adjudicarle un espíritu juguetón).

Otra parte de la argumentación contraria a la suspensión, que el propio Contreras Pulido esgrimió en sus declaraciones del 21 de julio, consistió en estimar que bastaría la suspensión de la garantía implicada en el Artículo 96 para que el Gobierno actuase en las direcciones que quería. La estimación del Gobierno era diferente, al sostener que el ordenamiento legal vigente no era suficiente para fundamentar las actuaciones de la Junta de Emergencia Financiera o las medidas precautelativas que ha venido ejecutando en los últimos días la Procuradoría General de la República.

Pero al producirse un segundo decreto de suspensión COPEI y otros voceros comenzaron a ventilar la noción de que este segundo decreto era, además de un irrespeto al Congreso, un paso violatorio de la Constitución Nacional, y que por esa razón debía pedirse a la Corte Suprema de Justicia que interviniese en el impasse.

Ya ha sido intentada ante la Corte esta demanda de inconstitucionalidad, la que pudiese considerarse procedente si el punto a dilucidar se refiriese a la determinación de si el Congreso de la República es el órgano de control pautado por la Constitución para esta materia de suspensión de garantías. Esto no es totalmente claro. Por una parte, el Artículo 243 es el que establece el procedimiento para revocar el decreto de restricción o suspensión de garantías, y en él se establece que la revocatoria  puede hacerla el Congreso, pero también el Ejecutivo Nacional, órgano al que el Artículo 243 menciona de primero.

Pero, por otra parte, el Artículo 243 condiciona esa revocatoria a que hayan cesado las causas que motivaron la suspensión. La postura del Gobierno es que esas causas no han cesado. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia entrar a determinar si las causas subsisten?

El Artículo anterior, el 242, pareciera negar esta posibilidad, puesto que es el que establece que la consideración del decreto de restricción o suspensión de garantías es potestad del Congreso de la República. (“El Decreto que declare el estado de emergencia u ordene la restricción o suspensión de garantías será dictado en Consejo de Ministros y sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los diez días siguientes a su publicación”). Esto significa que la Corte Suprema no es la llamada a considerar el fondo del asunto, el punto de si las causas esgrimidas por el Gobierno se compadecen con la realidad.

El debate de fondo, pues, es si la justificación ofrecida por el Gobierno es sostenible. El argumento del irrespeto no tiene mayor importancia, El gobierno también hubiera podido decir, cosa que no ha dicho, que el Congreso había irrespetado al Ejecutivo al revocar el decreto original. El problema es, por un lado, si las causas para la suspensión eran suficientes y, por el otro, si las causas habían cesado.

Si se considera sólo esto último, habría que decir que las causas no han cesado, que las graves circunstancias continúan existiendo. Por tanto, en este sentido, el Congreso no debió revocar el decreto si nos atenemos estrictamente al texto constitucional, el que establece que la revocatoria procede cuando las causas han cesado.

De modo que sólo restaría dilucidar si en la primera instancia, en la consideración que las Cámaras deben  hacer del decreto de suspensión, y aun admitiendo éstas que existen graves circunstancias, las garantías específicas que fueron suspendidas impedían el manejo de la circunstancia grave.

 

Alfaro convergente

Los desarrollos posteriores indican que ahora la fracción de Acción Democrática ha sido convencida acerca del último punto, puesto que ha manifestado su disposición a favor de mantener la nueva suspensión mientras el Congreso, reunido en sesiones extraordinarias, aprueba las leyes que ha requerido el Ejecutivo, especialmente la ley que regula las emergencias financieras. Este desenlace aleja definitivamente el problema de la atención de la Corte Suprema de Justicia, pues si el propio Congreso aprueba la suspensión, desaparece el impasse entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Ya habíamos detectado una aproximación entre el Gobierno y Acción Democrática en el Nº 2 de esta publicación—4 de abril de este año—cuando mencionamos la “convergencia” de AD en momentos cuando se discutía dotar al Gobierno con una ley habilitante. Como se recordará, solamente la fracción de la Convergencia superaba a Acción Democrática en el grado de apoyo a los poderes extraordinarios. Ahora es Acción Democrática la que salva el enfrentamiento de poderes, al disponerse a aprobar el nuevo decreto de suspensión.

Se trata, a nuestro juicio, de una muy inteligente postura de la corriente dominante de Acción Democrática: la corriente alfarista, la misma que expulsó de las filas de AD a Carlos Andrés Pérez. En esta ocasión, habiendo medido el abrumador grado de apoyo en la opinión pública del que ahora goza el Gobierno, ha decidido apoyarlo, lo que deja a COPEI en una muy deslucida posición, en la precaria compañía de una Causa R que no encuentra qué hacer para mover a su favor la opinión de los Electores. De nuevo, recordamos del Nº 2 de esta publicación, cuando escribimos: “Un análisis preliminar de las posturas de los partidos ante esta proposición permite darse cuenta de una suerte de alianza de facto entre Acción Democrática y Convergencia, como también del hecho de que, una vez más, los extremos se tocan: los partidos menos propensos a dar al gobierno de Caldera poderes extraordinarios son COPEI y la Causa R, el partido que presentó en las elecciones—con la candidatura de Álvarez Paz—la posición de corte más neoliberal y el partido más izquierdista”. (La Tentación Totalitaria, 4 de abril de 1994).

De esta manera AD cree posicionarse tempranamente en sitio ventajoso con miras a las futuras elecciones, puesto que calcula que Convergencia no tiene posibilidades reales de generar la sucesión de Rafael Caldera. Al propio tiempo, ha desactivado la carga explosiva del referéndum, con el que el Presidente de la República amenazó al Congreso.

 

Suspensión del referéndum

Pero ahora parece que no va el referéndum. Después de haber excitado el interés de los Electores la “entrada en razón” de Acción Democrática hizo que el Gobierno reculara, apresurándose a anular su oferta. El Senador Juan José Caldera no perdió un minuto, al conocerse el cambio de posición de Acción Democrática, para declarar que ya el referéndum no era necesario.

La consulta que Caldera (Rafael), había asomado como posible—el Ministro Andueza llegó a hablar, incluso, de un texto de decreto convocatorio ya preparado—consistiría, simplemente, en preguntar a los Electores si estaban de acuerdo con la suspensión de garantías decretada por el Gobierno. De inmediato se pasó a interpretar que un referéndum de este tipo vendría siendo más bien, en interpretación del destacado constitucionalista Gustavo Planchart Manrique, un verdadero plebiscito, dado que sus efectos vendrían a ser la deslegitimación política de aquel de los poderes que resultase derrotado en el referéndum. Para algunos, se hubiera tratado de una consulta bien extraña: le estarían preguntando a uno si estaba de acuerdo conque le negasen el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, a la inviolabilidad de su hogar, a la propiedad de sus bienes, etcétera. La mayoría de la población, sin embargo, parecía “saber” que este no sería el sentido de la pregunta, entendiéndolo más bien de este modo: “¿Está Ud. de acuerdo, Señor Elector, conque se suspenda la garantía de libre tránsito a quien haya delinquido en el manejo de los dineros del público, sea porque los hubiese empleado en fines distintos de la intermediación bancaria o porque hubiese empleado dineros públicos que les fueron entregados para garantizar los dineros del público depositados en sus arcas de banquero para, por ejemplo, comprar dólares?”

No había dudas en la inmensa mayoría de los venezolanos de que ése sería el significado de la consulta. Por eso esa mayoría no se sentía amenazada por las medidas de excepción y las aprobaba decididamente.

Lo que ocurre es que no es posible constitucionalmente suspender las garantías a un subconjunto de la ciudadanía. La Constitución de 1961 permite limitar el ámbito territorial en el que se extiende el decreto de restricción o suspensión de garantías que ella misma establece. (Parágrafo segundo del Artículo 241). Es posible suspender las garantías, por ejemplo, en el Estado Bolívar, o en el Municipio Brión, o en la urbanización Los Palos Grandes. Lo que no se puede es decir que se suspende la garantía de la inviolabilidad del hogar a los zapateros, o a los ladrones de automóviles o a la familia Pacheco.

Por esto resultó curiosísima la intervención televisada de Allan Randolph Brewer-Carías, quien el mismo día de la primera suspensión exigía muy agitadamente al Gobierno que presentara una lista de las personas contra las que irían dirigidas las medidas que vulnerarían los derechos suspendidos. Sorprende ese veloz dictamen jurídico en boca de uno de los más destacados profesores de Derecho Público con los que cuenta Venezuela.

Pero ya, en todo caso, la pregunta no será hecha oficialmente a los venezolanos, quienes ya la contestaron por vías informales. (El referéndum telefónico del diario El Nacional arrojó cotas de aprobación superiores al 90% de las llamadas. Ni siquiera hubo la astucia, por parte de los interesados en contradecir al gobierno, de congestionar las líneas del periódico con llamadas desaprobatorias).

Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado.

El mismo presidente Caldera, en su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”, decía así: “El referendum (sic) propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”.

El Presidente de la República puede argumentar ahora que no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Congreso de la República, el trabajo de la reforma de la Constitución. Pero si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria?

Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido.

La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”.

En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional.

Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.

Toca pues al Gobierno considerar esta posibilidad y decidir si se atreve realmente a hacer buenas las siguientes palabras: “El pueblo debe ser escuchado y debe sentir que comparte el poder. Ello obliga a abrir y mantener un diálogo fecundo, en la forma más amplia, orientada a obtener el consenso necesario para las grandes determinaciones”.(Rafael Caldera: “Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”).

Sería una lástima y seguramente, a la larga, un error político, haber mencionado la posibilidad de un referéndum solamente como amenaza hacia el Congreso de la República, o como promesa electoral demagógica. Eso sí sería, presidente Caldera, Senadora Castillo, jugar un juego extremadamente peligroso. “Un tal gioco, credetemi, e meglio non giocarlo”. LEA

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