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Visión. Imagen-objetivo. Esas son las nociones centrales y básicas de las más recientes teorías estratégicas. Una imagen-objetivo es la sinopsis de una visión. De la visión que se tenga de un estado futuro alcanzable. Naturalmente, de un estado futuro alcanzable que sea significativamente mejor que el estado actual. Que comparado con cualquier otro futuro propuesto, alcanzable y deseable, sea el mejor, sea el futuro preferible.

El tema de la visión surgió con insistencia, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas. Clinton empleó el término. Bush se refirió a la noción despectivamente. “Esa cosa que llaman visión”, se le escuchó decir. Todos sabemos que Bush perdió las elecciones.

Venezuela, municipio del planeta

El periódico La Columna resurgió en Maracaibo en septiembre de 1989. Seis meses después era el diario que más circulaba en esa ciudad. Muchos factores tuvieron que ver con ese resultado, pero seguramente fue esencial para tan calurosa acogida que los que hicieron el periódico hubieran adoptado una imagen de sus lectores: que los lectores de Maracaibo eran personas inteligentes; que sus lectores eran ciudadanos del mundo. Ya no los habitantes sometidos al régimen de un poder central y lejano sino, conectados informativamente con el resto de la Tierra, habitantes con derecho en el mundo y con influencia y responsabilidad por su estado. El habitante de Maracaibo se dio cuenta de que verdaderamente era una parte del cerebro del mundo. En cuanto pudo entrever esa verdad, en cuanto pudo tener esa imagen de sí mismo, dio su decidido apoyo a quien también le entendía de ese modo.

El que cosas como ésa ocurran, y que ocurran acá en Venezuela, es muy importante para nosotros, pues el primero de los sentidos de la visión-objetivo que proponemos lleva a considerar a Venezuela como municipio del planeta.

Somos un municipio del planeta. El mundo está por constituirse políticamente. El substrato de esa nueva polis existe: la hipótesis de James Lovelock llega a pensar la Tierra como un ente viviente, como una sola célula. Una gigantesca célula cuyos organelos interdependen ecológicamente, cuyas regiones se comunican por satélites inventados por el hombre. Un organismo vivo que construye, intento por intento, lo que Yehezkel Dror llama la “mente central del mundo”: su gobierno.

Un gobierno planetario que como el sistema nervioso central de los animales superiores, el hombre incluido, regulará muy pocas de las actividades del conjunto. El desarrollo de la Tierra, en su mayor parte, no provendrá de las acciones de ese gobierno mundial, sino de las unidades locales. Y entre las unidades locales, las naciones del tamaño de la venezolana serán los municipios de la estructura política del planeta Tierra.

Un planeta que construye también una nueva versión, más comprensiva, de su conciencia. Que elabora con penoso esfuerzo los componentes de una nueva teoría del mundo, de una forma más desarrollada de funcionamiento político, hasta de una nueva percepción religiosa.

Se construye, poco a poco pero incesantemente, el cerebro del mundo. Las redes celulares y de computadores y telefacsímiles, CNN, Telemundo, los satélites, los servicios de medios múltiples, las fibras ópticas, van tendiendo los ganglios y los nervios, los núcleos cerebrales de esa mente central planetaria. Se construye un cerebro de la Tierra.

Una región del planeta puede ser maqueta para el conjunto. Como veremos más adelante, aun dentro de sí misma Venezuela puede potenciar las instancias asociativas en su aparato político. La imagen-objetivo de Venezuela como lúcido y anticipador municipio del planeta, en tanto campo de demostración de las ventajas del conocimiento como determinante político es perfectamente sostenible.

Francisco Nadales nació en Cumanacoa, Estado Sucre, Venezuela. Pudo completar solamente una educación primaria, lo que no le permitió mejor empleo que el de obrero no calificado de la industria de la construcción. Una vez fue puesto, sin otra preparación previa, delante de un moderno computador personal. La pantalla mostraba una hoja de cálculo electrónica, en la que en breves segundos postuló, bajo instrucciones, una operación algebraica. Cuando la pantalla titiló mostrando el resultado, una sonrisa tan amplia como su cara demostró su alegría profunda, y la extensión de su súbita comprensión fue expresada en su inmediato comentario: “¡Hay que ver que el hombre es bien inteligente!”

Francisco Nadales hablaba, claro, del hombre que había sido capaz de concebir, producir y ensamblar la intrincada maraña de circuitos y componentes del computador que tuvo ante sí; del que había sido capaz de generar y enhebrar las numerosas líneas del código de programa que le permitió usar el álgebra por primera vez. Pero esa referencia no habría bastado para ampliarle la sonrisa de aquel modo. Francisco Nadales estaba también hablando de sí mismo. Francisco Nadales era ese hombre bien inteligente y Venezuela puede contribuir significativamente a la constitución política de la Tierra.

Venezuela, Estado de la Confederación Sudamericana

Verse de ese modo no excluye, en modo alguno, las asociaciones de los municipios del planeta. Para empezar, ya existen, y el derecho mundial deberá alojarlas, regularlas y protegerlas. Los Estados Unidos de Norteamérica son una asociación de municipios del planeta. Europa es una asociación de municipios del planeta. ¿Cómo podrían objetar que los municipios de la América del Sur se agruparan? Venezuela puede ser vista también como Estado miembro de una Confederación Sudamericana.

John Haldane, fallecido en 1964, fue un notable científico de Inglaterra, biólogo, genetista, así como un editor de criterio bastante izquierdista. Esto no le impidió advertir en un certero trabajo sobre el tamaño adecuado de las cosas, que las estructuras preconizadas por el socialismo no podrían funcionar en países del tamaño de  los Estados Unidos o de Rusia: “Y así como hay un tamaño óptimo para cada animal, así también es cierto eso para cada institución humana…Para el biólogo el problema del socialismo consiste mayormente en un problema de tamaño. Los socialistas extremos desean manejar cada país como si se tratase de una empresa única. No creo que Henry Ford encontrase mucha dificultad en administrar Andorra o Luxemburgo sobre bases socialistas. Se puede pensar que un sindicato de Fords, si pudiésemos encontrarlos, haría que Bélgica Ltd. o Dinamarca Inc. fuesen rentables. Pero mientras la nacionalización de ciertas industrias es una obvia posibilidad en los más grandes entre los estados, no me es más fácil imaginar un Imperio Británico o unos Estados Unidos completamente socializados, que un elefante que diera saltos mortales o un hipopótamo que saltara sobre una cerca”. (J.B.S. Haldane, On Being the Right Size.) Complementariamente, debe sostenerse que hay escalas requeridas para el sano funcionamiento de un pleno libre mercado.

Hace no mucho el rechazo de la política del Estado neozelandés alcanzaba cotas superiores al noventa por ciento de su electorado. Se había aplicado allí un paquete de política económica muy similar al que recientemente ha operado sobre Venezuela, con desarreglos y traumas similares a los que nosotros hemos experimentado. “Entre las medidas tomadas desde que comenzó la reestructuración están: una devaluación del 20% del dólar neozelandés; la desrregulación del sector financiero; la venta de la mayoría de las empresas públicas; la dramática reducción del impuesto sobre la renta, con una disminución de la tasa máxima de 66% a 33%; la introducción de un impuesto a las ventas de bienes y servicios de un 12,5% que se aplica a productos básicos como la leche y el pan. Los aranceles y las cuotas de importación fueron cercenados”. (Rowan Callick, TIME, 16 de diciembre de 1991).

Nueva Zelandia, poblada por habitantes de raíz bastante diferente a la de nuestro pueblo, ha conocido un sufrimiento social que en algunos rasgos es sorprendentemente parecido al venezolano.

Un factor de semejanza entre ambas naciones destaca significativamente: Venezuela, Nueva Zelandia más, son países de pequeño tamaño. Nueva Zelandia tiene una población de apenas tres millones y medio de habitantes.

La población de Venezuela no reviste la magnitud necesaria para el desarrollo eficiente y sano de un esquema liberal o neoliberal, que en todo caso, siendo proposición para lo económico, no contiene respuestas suficientes a lo político. Por otra parte, las economías de mercado se han revelado como más naturales y productivas que las economías sujetas a un excesivo control o dominación estatal. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario adquirir una escala de mayor magnitud, similar a la de economías como la norteamericana, o la europea.

El nombre de integración, para designar el tipo de asociación preferible, es ciertamente inadecuado. La palabra integración tiende a producir la imagen de un todo homogéneo, en el que las peculiaridades nacionales quedarían borradas.

La imagen correcta es la de una confederación de carácter político, que corresponda, en términos generales, al modelo norteamericano. La unión política estadounidense estableció, por el mismo hecho de su construcción, la unión económica, pues estableció el libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de su confederación.

En cambio, el camino intentado, una y mil veces en América Latina, sin éxito apreciable, es el de arribar a la integración política por la etapa previa de la integración económica; esto es, el modelo de la Comunidad Económica Europea.

Para los europeos esto tenía mucho sentido. Los componentes nacionales a ser ensamblados, en muchos casos, habían sido, cada uno por separado y cada uno en su oportunidad, primeras potencias mundiales: España primero, luego Francia, Inglaterra, Alemania…No era fácil para los estados europeos aceptar el hecho de una integración política, sin contar con las dificultades derivadas del hecho simple de su profusa variedad de idiomas.

El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht  por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.

Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago, se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso.” (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).

Las razones para una integración política pueden ser, pues, de raíz económica, sobre todo si las políticas económicas sobre las que se ha puesto tanta esperanza han fracasado rotundamente. Por ejemplo, la idea de que la devaluación de nuestra moneda conduciría a una vigorosa expansión de nuestras exportaciones no tradicionales. Pero en 1986, la economista Carlota Pérez advertía con suficiente anticipación: “Claro que la tasa de cambio es una variable importante para una política exportadora y no niego que su manipulación sea eficaz para algunos productos y por cierto tiempo. Pero, como estrategia sólida y permanente esa ruta no es más que un espejismo. Sin entrar a discutir el problema del alto contenido importado de nuestra producción industrial, en el mundo actual la mano de obra barata ya no basta ni para invadir los mercados de importación ni para atraer la inversión extranjera”.  (Revista Número, edición del sexto aniversario, 1986).

En el caso venezolano, cada vez resulta más cuesta arriba mantener la otrora racional política estatal de dirigir las exportaciones de petróleo, hierro y aluminio a los mercados del Norte. Estos corresponden a economías de Tercera Ola, que consumen cada vez menos de estos productos, sin tomar en cuenta hechos como el ya mencionado del desplazamiento político de Venezuela por Arabia Saudita en el mercado petrolero norteamericano. Eric D. Larson, Marc H. Ross y Robert H. Williams presentaron un importante artículo en el número de junio de 1986 de la revista Scientific American, bajo el título: “Más allá de la Era de los Materiales”. Allí afirmaban, entre otras cosas: “Los países industriales están siendo testigos de la emergencia de una sociedad centrada en la información, en la que el crecimiento económico está dominado por productos de alta tecnología que tienen un contenido de materiales relativamente bajo. En esta sociedad los materiales básicos continuarán siendo usados, y a muy altas tasas si se les compara con las tasas de otras sociedades. El hecho económico crítico es que su uso ya no estará creciendo. En los años por venir, el éxito y el fracaso económicos estarán determinados por la capacidad de adaptarse a esta realidad”.

En cambio, los países en vías de desarrollo, en particular los del continente sudamericano, tienen aún mucho consumo de “segunda ola” por delante. Allí puede estar la expansión para nuestros mercados. Pero esto sería todavía más consistente y seguro si Venezuela fuera parte de un Estado mucho mayor.

Hace unos años el tema integracionista, en nuestras latitudes, estaba entendido como latinoamericano. La base cultural y el importante grado de comunidad histórica de los latinoamericanos era el criterio predominante. No estaba lejos de incluso los españoles, la idea de una “reconstitución” de los antiguos dominios del imperio. En 1984 (junio) Juan Tomás de Salas, el editor de la revista Cambio 16, y comentando una visita del presidente Alfonsín a España, editorializaba así: “Si Argentina y España consolidan sus regímenes democráticos, resuelven sus apuros económicos actuales y empiezan a andar por la historia con normalidad, en muy poco tiempo tocarán a su fin dos siglos de impotencia en el área de lo que fue el viejo imperio español”… “Pensando en grande, pensando así, la suerte del Presidente Alfonsín en Argentina es, de algún modo, nuestra propia suerte. Si allí se consolida la libertad, la nuestra se fortalece de inmediato; y si Argentina fracasa, nosotros fracasamos también”.

Poco tiempo después España se alejaba de esa añoranza y entraba, primero en la OTAN, luego en la Comunidad Económica Europea. Ahora es México que conviene en conformar con los Estados Unidos y Canadá un gran bloque económico al norte del continente americano. Por esto el criterio cultural como el predominante en una idea de integración política se ha debilitado. Hoy resulta más natural la consideración de un criterio geopolítico y, sobre todo, ecológico.

América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del planeta.

Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya comienzan a producirse en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo, como apuntábamos, va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad. América del Sur puede ser una maqueta de este proceso más amplio de integración, pues además de la obvia presencia de la cultura latina, incluye a los pueblos de las distintas Guayanas y a los de las Malvinas. (Si es que no incluyésemos también a las Antillas Neerlandesas o a Trinidad y Tobago).

Los planteamientos terapéuticos que han preconizado nuestra integración en Latinoamérica o, más limitadamente, en el bloque andino, han partido de una postura describible en los términos siguientes: la unidad política es el desiderátum final pero no es asequible en estos momentos; por esto es necesario iniciar el proceso por la integración económica y el estímulo a la integración cultural. Es así como se suceden las “misiones culturales de buena voluntad’: enviamos a Yolanda Moreno a danzar por el continente y a la Orquesta Sinfónica Juvenil a dar conciertos; es así como establecemos “supercordiplanes” al estilo del SELA o los órganos del Acuerdo de Cartagena.

Lo equivocado está en suponer que la integración económica es más fácil que la integración política. Esto no es así. La actividad económica tiende a presentar, como rasgo predominante de su proceso, el carácter de lo competitivo. Difícilmente puede entonces conducirnos a la integración efectiva, sobre todo si cada componente de los pactos de integración económica se comprende a sí mismo como portador de una vocación perenne de Estado independiente. ¿Por qué es tan difícil un acuerdo, digamos, en el seno del Pacto Andino? Porque Bolivia supone que algún día habrá de ser ella sola, por más distante que esto se halle en el futuro, como los Estados Unidos. Porque Venezuela pretende lo mismo, porque Colombia pretende igualmente, y así sucesivamente.

La integración a la que debe procederse lo antes que sea posible es la integración política. La integración económica vendrá entonces por sí sola, con el proceso casi automático de la acomodación de las unidades productivas, lo que es mucho más sano y flexible que las integraciones económicas forzadas a partir de burocracias tecnocráticas, que si han fracasado dentro de los límites nacionales, con mayor certidumbre fracasarán en el intento de manejar entidades de escala superior.

Por la integración política en un contexto como el sudamericano Venezuela consigue resolver varios problemas importantes de un golpe. Para comenzar, es necesario precisar que el tratamiento propuesto es el de una integración federativa. Esto es, la integración no consiste en transferir todas  las funciones públicas a un gobierno supranacional, sino únicamente las funciones de Estado clásicas: representación diplomática o relación política con terceros estados, defensa ante terceros estados, emisión de una moneda única del área integrada, principalmente. Otras funciones pueden ser adjudicadas, según conveniencia, al nivel federal. Por ejemplo, pareciera conveniente el establecimiento de una policía federal, para el eficaz combate de fenómenos delictuales que trascienden actuales fronteras nacionales, como el binomio narcotráfico-guerrillas. Aparece también como aconsejable el establecimiento de cortes federales para el trámite legal de intereses interestatales o que sean definidos de antemano como pertenecientes al nivel federal.

El resto de los asuntos públicos debe permanecer al arbitrio de cada estado federado en particular. Muy especialmente, el régimen legal propio a cada estado federado debe permanecer, en lo posible, incólume, para atender así a la costumbre jurídica de cada país. (Siempre y cuando un estado federado no limite el libre tránsito de los ciudadanos del conjunto y la libre circulación de los bienes económicos, lo que equivale, directamente, a la integración económica.)

Resulta obvio que el modelo descrito corresponde a la estructura adoptada por los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1787, y lo que se propone entender es que, aun dentro de la interpretación más pesimista de la sociología latinoamericana, debemos ser capaces de hacer hoy lo que los norteamericanos pudieron efectuar hace más de doscientos años, sobre todo cuando tenemos por delante el precedente de esa unión norteña, a todas luces exitosa. Los norteamericanos, en cambio, no contaban con precedente alguno. Nosotros tenemos la ventaja de haber presenciado un experimento político que ya se ha prolongado por sobre los dos siglos de existencia.

Es legítimo preguntarse por qué la integración política fue posible a los norteamericanos y no a nosotros, ni siquiera en la primera mitad del siglo XIX, cuando ya el experimento de los Estados Unidos llevaba varias décadas funcionando. La respuesta reside en que durante ese período la tecnología de las comunicaciones permaneció prácticamente inalterada, imponiendo una suerte de perímetro máximo a lo integrable. Los Estados Unidos que nacieron en 1776 no ocupaban el área que hoy poseen. En 1776 se reunieron trece colonias norteamericanas cuya superficie conjunta era de 888.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie inferior a la de Venezuela. Por esta razón era muy difícil mantener integrada la Gran Colombia, cuatro veces mayor que los Estados Unidos originarios, no digamos la América del Sur entera. Cuando Bolívar escribía una carta a Sucre, ordenándole que persiguiera y presentara batalla a determinado jefe realista, el “término de la distancia” se contaba muy frecuentemente en meses. Hubo casos cuando Bolívar impartió una orden de esa naturaleza en carta fechada cinco días después  del fallecimiento del eventual contendiente de Sucre, circunstancia que Bolívar ignoraba en virtud de esa misma lentitud de las comunicaciones. Hoy en día las circunstancias han variado radicalmente, lo que permite que, por ejemplo, el estado de Hawai esté perfectamente integrado a los procesos políticos de sus 49 colegas continentales.

Una integración política del área sudamericana resuelve para Venezuela, por ejemplo, el problema de escala económica tocado anteriormente. Con una libre circulación económica el mercado interno vendría a ser ahora de unos trescientos millones de habitantes. Es cierto que compartiríamos ese espacio económico con los restantes miembros de la unión, pero el efecto de la agregación de los mercados resulta en un espacio superior al actualmente llenado por el total de las unidades productivas del área en sus respectivos mercados individuales.

En lo tocante a lo económico resulta importante destacar para Venezuela, naturalmente, lo que sería dentro de una unión sudamericana el mercado interno petrolero. (Es de notar que la OPEP es, justamente, una organización de países exportadores  de petróleo. El petróleo consumido dentro de un Estado sudamericano no sería, en este sentido, una exportación). Una manera de considerarlo se refiere a un consumo del área en el caso hipotético de tasas de consumo per cápita equivalentes a la de Venezuela. (Consumo anual de 7,4 barriles de petróleo per cápita). La población de América del Sur representaría a esta tasa un consumo diario total de petróleo de unos seis millones de barriles. Si el barril de petróleo se cobrara en este mercado interno a un precio de US$ 10, tal consumo equivaldría a un volumen anual de más de 22 mil millones de dólares, o más de 2 billones y medio de bolívares por año. (Y si los países miembros de una confederación sudamericana se beneficiaran de un precio inferior al promedio mundial –alrededor de 13 dólares por barril de la OPEP– podrían llegar a consumir más petróleo con un ahorro que pudiesen emplear en otras necesidades sociales). Vale la pena apuntar acá que ya Petróleos de Venezuela planea alcanzar para el año 2002, a ocho años de distancia, un potencial de producción de 4 millones de barriles diarios de petróleo, o las dos terceras partes de ese consumo teórico sudamericano. (Desde el potencial actual cercano a los 3 millones).

El economista Emeterio Gómez ha venido destacando la contradicción planteada en Venezuela entre una política económica explícita y retórica de diversificación de la economía y de las exportaciones, frente a una política implícita y real de reforzamiento de nuestra concentración en petróleo. En un contexto integrado la situación sería completamente diferente. La economía de Detroit no se neurotiza porque sólo fabrique automóviles y no vacas, porque éstas se producen en Wisconsin; tampoco porque no produce computadores, ya que el Valle del Silicón en California se ocupa de eso. Cada componente de la unión norteame- ricana puede dedicarse tranquilamente a la explotación de sus ventajas naturales, dado que sus espaldas están guardadas por la diversificación del conjunto. Así desaparecería la presión por la diversificación completa de la economía venezolana, y ésta podría seguir concentrada, en alto grado, sobre nuestro potencial petrolero.

La unión política sudamericana, por supuesto, mejoraría lo relacionado con el problema genérico de la deuda pública externa de los países involucrados, al asumir el nuevo Estado la responsabilidad global por la deuda. (Tal como lo hicieron los propios Estados Unidos de Norteamérica en su carta de fundación). Así se daría de modo automático el “tratamiento conjunto” que insistentemente se ha venido proponiendo para la deuda de este continente. (Los entes acreedores seguramente resultarían favorecidos, pues el programa global de pagos resultaría en una mejor proposición que la que pueden hacer los países aisladamente.) Una ventaja indudable en el terreno económico, finalmente, viene dada por la emergencia de un nuevo signo monetario único del área.

Hay otros efectos diferentes del estrictamente económico que hacen atractiva a Venezuela (y a los demás países participantes) la opción de convertir su razón de Estado a través de una confederación de estados del área sudamericana, aun cuando también el aumento de eficacia se traduce en muchos casos en un menor gasto por concepto de funciones de Estado. Por ejemplo, tenemos lo concerniente a seguridad y defensa. El ahorro sería considerable si, en vez de hacer como ahora, que además de defender con ejércitos el perímetro sudamericano gastamos en una defensa interfronteriza, elimináramos este último renglón. Es así como la contribución que cada país haría al presupuesto federal de defensa sería menor que la cantidad que cada quien gasta por separado. Por supuesto, es de esperar que la agregación de las posibilidades de defensa individuales daría como resultado unas fuerzas armadas comunes de considerablemente mayor tamaño y potencia.

Igual efecto beneficioso se tendría en lo relacionado con la función de cancillería. En principio se reduciría el número de embajadas por un factor de alrededor de quince veces. Pero el efecto cualitativo sería mayor, tanto por el hecho de que la cancillería del nuevo Estado representaría a una entidad geopolítica mucho más grande, como por el hecho de permitirse de ese modo una mejor selección del personal diplomático.

Un efecto interno de gran importancia es que la liberación de recursos y esfuerzos que se produciría a nivel local de cada país, como consecuencia de los ahorros que la nueva escala arrojaría, redundaría en un súbito aumento de la gobernabilidad de los países miembros. Liberados en gran parte de las tareas de Estado, las funciones de gobierno contarían con recursos frescos para una mejoría de la calidad de vida de las respectivas poblaciones locales de cada país miembro.

En general, pues, la nueva escala tendería a representar un efecto beneficioso en todos los renglones. Hay efectos intermiembros que también serían beneficiosos y de importancia. Uno de ellos es el de proveer un mecanismo propio para la solución de diferendos entre estados miembros de la unión. Hasta ahora las alternativas a la discusión directa y bilateral de diferendos como el colombo-venezolano son todas de transferencia a instancias extrañas: Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Tribunal Internacional de La Haya, Estado del Vaticano. Los sudamericanos podríamos, en cambio, pautar procedimientos propios para la dilucidación de estos diferendos, tal como lo hicieron los norteamericanos al establecer su confederación.

La mayor parte de las resistencias a un tratamiento de esta naturaleza es de orden psicológico, derivada de nuestra peculiar historia. Mucha gente entendería en una proposición de este tenor que se trata de lograr una restitución o reconstitución de lo fragmentado. Esto es en parte así, pero no es la justificación de la proposición. Esta se sustenta, más bien, en las oportunidades y necesidades del futuro.

La viabilidad del tratamiento depende, pues, de una aceptación de la idea al nivel psicológico. A este respecto, es muy posible que las resistencias mayores vengan ofrecidas, otra vez, por los actores políticos tradicionales. Acostumbrados a verse como jefes de Estado, ¿aceptarían los presidentes de los estados sudamericanos contemplarse ahora como gobernadores de los mismos? O, en otra dirección, ¿no es esto, por la misma gigantesca escala de lo que se propone, un proyecto carente de realismo, “grandioso” antes que grande?

Francamente, que Venezuela se perciba a sí misma en la escala política de Massachussetts es mucho más realista que pretenda estar en la misma liga, para no exagerar demasiado, a la que pertenece Francia. Si más de un venezolano versado en cuestiones políticas sugiere que los venezolanos hemos incurrido en delirio de grandeza, con planes de “la gran Venezuela” y recomiendan una noción de país pequeño y eficiente, ¿no es más adecuado y satisfactorio saber que, conscientes de nuestra escasa talla, podemos pertenecer sin embargo a una entidad mucho mayor y con más posibilidades de significación histórica?

Las opciones no son otras que las de la insignificancia y la perpetua vulnerabilidad o la conversión en estado satélite de la gran nación norteamericana, a la que admiramos y precisamente intentamos imitar en más de uno de los tratamientos propuestos, pero que superpondría a nuestra forma de entender el mundo valores muy diferentes, válidos, por cierto, pero no más válidos, intrínsecamente considerados, que los nuestros propios. En la búsqueda de salidas a nuestro actual embrollo nacional, tampoco ha faltado la búsqueda de modelos que se considera adecuados a la escala de Venezuela. Se habla de Israel, por ejemplo, o de países como Corea del Sur o Singapur. Está de más señalar las enormes y radicales diferencias culturales, políticas y de toda índole que separan a estos países de nuestras experiencias y de nuestras posibilidades.

Como dijimos, es posible que los principales oponentes a la idea lleguen a encontrarse en las filas de los actores políticos tradicionales. Esto no es una predicción, sin embargo. En el fondo, es muy difícil encontrar un político latinoamericano que no sustente, de una u otra forma, alguna versión de la integración de nuestros países. Tal vez les disuada de la idea de la integración política la opinión de que tal proyecto sería rechazado por el ciudadano común. Nuestra directa experiencia a este respecto es que cada vez que explicamos el tratamiento con claridad a un ciudadano de la calle, la idea es recibida con entusiasmo. Una certificación más científica de que esto puede ser así nos la ofrece el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad de La Plata. (Boletín Nº 2 de febrero de 1986). Aunque la encuesta que llevó a cabo se efectuó sobre una muestra representativa de diversos actores sociales importantes o elites  (“a quienes tienen funciones políticas relevantes, como a quienes tienen un poder de movilización o multiplicación de la opinión pública”, Boletín citado, página 6), la muestra incluyó no sólo a líderes políticos, sino también a empresarios (grandes, medianos y pequeños), obreros, funcionarios públicos, periodistas, estudiantes, intelectuales y militares. Un anticipo de los resultados permitió al Boletín del mencionado Instituto aventurar, entre otras,  las siguientes conclusiones: “a. más del 95% adhiere a la idea de la integración latinoamericana; b. se asigna viabilidad económica a América Latina como conjunto; c. se admite la integración con países de regímenes políticos y sistemas económicos diferentes, pero hay una fuerte tendencia a integrarse con países democráticos; d. se da mayor prioridad, en conjunto, a la integración completa que a la comercial; e. la crítica a los organismos de integración y regionales es muy alta, pero con un grado muy bajo de fundamentos; f. en general, casi el 90% no cree que existan desventajas en la integración; g. la mayoría opina que no habrá oposición activa a la integración de parte de las empresas transnacionales, gobiernos extrarregionales y organismos inter- nacionales; h. se asigna una alta importancia a la negociación en bloque en relación a la deuda externa”. Estos hallazgos son, a nuestro juicio, de la máxima importancia, por provenir de la República Argentina, por cuya psiquis circulaba, hacia la década de los 50, el hermoso y legítimo sueño de llegar a ser una potencia individual.

El tratamiento de elección en el caso del que nos ocupamos—la unión política en el área sudamericana—debe comenzar  por la consulta a todos los habitantes del área. Ésta es la ruta. Si se habla insistentemente en Venezuela de la necesidad de una asamblea constituyente, no debe perderse de vista que la transformación política verdaderamente liberadora requerirá una constituyente de América del Sur.

El perímetro máximo a considerar es el sudamericano. Es factible que no todos los actuales países de este continente se avengan a este tratamiento. Es posible concebir perímetros menores. Puede ser que no le sea tan fácil a Brasil, por ejemplo, integrarse en una unión del tipo descrito, lo que sería comprensible, pues, a fin de cuentas, Brasil es casi por sí solo un subcontinente, y con una base poblacional de más de ciento cincuenta millones de habitantes puede sustentar legítimamente la idea de autosuficiencia política. Nuestro criterio, sin embargo, es que Brasil se encontraría extrañado fuera de una unión sudamericana, pues fuera de ella no sería fácil que se explicara a sí mismo. Por otra parte, muy lúcidas inteligencias brasileiras están a favor de la integración, y así se demostró en la época del pacto integracionista firmado por Sanguinetti, Sarney y Alfonsín. Muy recientemente, además, el expresidente Alfonsín ha llamado la atención sobre la inconveniencia, para Argentina, de sumarse al Tratado de Libre Comercio firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y ha abogado por el fortalecimiento del proyecto de Mercosur.

Por lo que respecta a quienes no encontrasen la forma de unirse de inmediato, es posible estipular la misma salvedad que los norteamericanos establecieron en sus Artículos de Confederación frente a Canadá: “Article Eleven. Canada, acceding to this Confederation, and joining in the measures of the United States, shall be admitted into and entitled to all the advantages of this Union”; (Artículo Once. Canadá, de acceder a esta Confederación, y sumándose a las disposiciones de los Estados Unidos, será admitida y con derecho a todas las ventajas de esta Unión.)

Es, en todo caso, la conciencia común de los sudamericanos lo que da pie y base a la posibilidad de la integración política. Hasta parecemos una misma cosa para los otros, que nos engloban bajo la denominación común de sudacas.

Venezuela, nación de los venezolanos

Pero seguiremos siendo la nación de los venezolanos. Ninguna agrupación en un mayor conjunto político borrará nuestra historia, ni nuestro carácter. Tampoco nuestros problemas internos, que deberemos arreglar nosotros mismos. Frente al término del siglo y la llegada de un nuevo milenio, es preciso que recompongamos nuestro aparato político, en una reconstitución como polis moderna e innovadora.

Esto supondrá, naturalmente, una nueva Constitución. El punto de vista de Humberto Peñaloza es el correcto: reformar la Constitución de 1961 pedazo a pedazo sería el método menos aconsejable. A raíz del shock del 4 de febrero de 1992—nuestra peculiar celebración del V Centenario del Descubrimiento—el Congreso de la República se apresuró a trabajar en una reforma del texto constitucional que se detuvo bruscamente, como era de esperar, con la entrada del año electoral. Este frenazo fue un hecho más bien afortunado. El proyecto de reforma estaba creciendo alarmantemente en términos del número de artículos reformados o añadidos, por lo que prometía convertirse en un monstruoso texto. No es una reforma constitucional de ese tipo lo que se necesita. Es una Constitución completamente nueva.

La Constitución de 1961 era ya, para la fecha misma de su promulgación, un texto jurídico obsoleto. Como las sinfonías de Gustav Mahler, era un documento ampuloso, el desarrollo exagerado de conceptos políticos del siglo XVIII—la división clásica de los poderes según Montesquieu—a los que se había añadido una legislación de corte social inspirada, en gran medida, en los enfoques de la prédica social de la Iglesia Católica que Rafael Caldera hizo incluir como gran redactor del texto. Se asemejaba así a aquella primera planta siderúrgica que la Corporación de Guayana de Pérez Jiménez compró a la empresa italiana Innocentti: cuando finalmente fue puesta en operación ya su tecnología había sido superada.

Pero no era fácil para nadie darse cuenta de ese problema. A fin de cuentas, estaba apenas comenzando la segunda mitad de este siglo, la revolución informática no había desplegado aún su inmensa envergadura y pocos anticipaban la profundidad de los cambios que sobrevendrían poco después. (Por señalar un notable caso solamente, es interesante destacar que ni siquiera futurólogos tan prestigiosos como el finado Hermann Kahn, autor del best seller de los años 60 El Año 2000, pudo prever algunos de los más significativos cambios. En el libro mencionado, publicado justo en la mitad de esa década, no es posible encontrar la más mínima alusión a los problemas de orden ecológico, que tan sólo una década más tarde hicieron su aparición con gran intensidad).

Ya a estas alturas, no obstante, la obsolescencia del texto constitucional que nos rige es evidente. Hasta el propio Rafael Caldera—que hace diez años preconizaba que ese enésima versión de la Constitución venezolana era muy suficiente, que no era cierto que el “modelo de desarrollo” venezolano estuviese agotado, que ese modelo, expresado en el Preámbulo de 1961, estaba todavía por ser llevado a cabo—ha prepropuesto—todavía no lleva su proyecto jurídicamente formulado a las Cámaras Legislativas—un admirable conjunto de reformas. Propone referenda consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios; ciertamente un notable progreso en los poderes que se le permite al pueblo ejercer directamente.

Pero es preciso llegar más allá. Lo aconsejable es confiar más en este pueblo. Lo aconsejable es un referéndum anual de la República.

Hay que confiar en Francisco Nadales, hay que confiar en que Maracaibo puede hacer un diario como La Columna. Hay que confiar en que el pueblo de Venezuela puede aportar tanto en un referéndum anual como puede aportar a una empresa la asamblea de sus accionistas. Este referéndum debe producirse luego de la presentación de la cuenta ordinaria del Presidente de la República al término de cada año de su mandato. Debe pronunciarse por la aprobación o improbación de su memoria y cuenta y sobre su confirmación en el cargo o su cesantía. Todos los años.

Un procedimiento tal no es demasiado costoso. No hay que gastar innumerables horas discutiendo y negociando la composición de un tarjetón grande y complicado. En una pequeña tarjeta cabe todo. En máquinas muy sencillas puede procesarse el asunto con mucha celeridad. Y por su bajo costo puede ser llevado al caso de los gobernadores de estado, para que no sean las generalmente inútiles asambleas legislativas las que determinen su permanencia en las gobernaciones.

Cosas así debe contener una nueva Constitución. Cosas tales como la previsión de un mecanismo de acoplamiento en un Condominio de América del Sur como el descrito anteriormente, así como la de la expresión vocacional de Municipio del Mundo. Cosas tales como la preferencia a los gobiernos municipales en la transferencia de poderes y responsabilidades del gobierno nacional. Cosas tales como una democratización de la justicia que instituya los jurados en los juicios de salvaguarda del patrimonio público.

Cosas tales como la institución de una Consejería Nacional de la República, responsable ante el país y no ante el Jefe del Estado—y por ende con autonomía similar a la de la Fiscalía General de la República y con capacidad de comunicación pública (espacio en los medios de comunicación del Estado)—concebida como un centro público de generación de políticas y tratamientos a problemas de carácter público. Debe ser un nuevo órgano del Poder Público a ser nombrado por el Congreso de la República. Es la oportunidad de innovar en materia de arquitectura política de los Estados.

Es difícil que la discusión de tratamientos como los precedentes puedan darse dentro de un esquema constituyente centrado sobre la reforma del texto de 1961. En un número anterior, también, recomendábamos que la labor constituyente fuese emprendida por un cuerpo deliberante de tamaño más bien reducido. A lo sumo compuesto de dos representantes, elegidos uninominalmente, pero apoyables por partidos, por cada entidad federal. Elegidos después de una breve “campaña” en la que sus reglas fuercen a la exposición, ante los Electores, de los conceptos constitucionales de los pretendientes a integrar el cuerpo constituyente.

Aun ciertas innovaciones ya consideradas del consenso casi general, como la distinción entre un jefe de Estado y un jefe de Gobierno, modifican tan significativamente la función de los poderes públicos venezolanos, que su diseño se cumplirá mejor dentro de un concepto de nueva Constitución y con el empleo de métodos ad hoc. No tenemos razón para diferir de nuestra postura de hace unos años en relación con este desdoblamiento del actual cargo de Presidente de la República: “Mi versión del jefe de Estado suponía que los verdaderos ministerios ‘de Estado’ continuarían siéndole directamente responsables. Así, proponía que los ministros de Relaciones Exteriores e Interiores, Defensa y Hacienda, así como el propio jefe de gobierno, le rindiesen cuentas directamente. De este modo el jefe de Estado tendría bajo su mando directo los equipos y recursos necesarios a la función de Estado, mientras un jefe de gobierno velaría por el aspecto más propiamente gerencial de la prestación de los servicios públicos, siendo el propio jefe de Estado el supervisor supremo de la función de gobierno. Esta distinción, tan común en las estructuras empresariales de gran escala, las que separan un presidente de junta directiva (chairman of the board) del cargo de presidente ejecutivo, no es tan fácil de vender a los políticos venezolanos. (Una versión similar fue propuesta en el llamado ‘Proyecto República’ del candidato presidencial Jorge Olavarría”). (Luis Enrique Alcalá, Krisis. Memorias Prematuras, Caracas, 1986, págs. 32-33).

En todo caso, sería útil contar incluso con una “metaconstitución”, un documento que no sólo guiase la ingeniería de detalle de la reingeniería del Estado venezolano, sino que fuese verdaderamente asequible al juicio de los Electores, quienes naturalmente deben aprobar la nueva Constitución. De nuevo estamos de acuerdo con Peñaloza: “lo democrático es consultar a la ciudadanía”. Un documento que explique en términos muy generales y didácticos, como una exposición de motivos, en qué consiste el nuevo plano arquitectónico del Estado, debe ser presentado a los Electores para permitirles el uso de procedimientos inteligentes de decisión.

Puesta sobre nuevas bases políticas, Venezuela tiene la posibilidad de acceder a un futuro próspero y significativo. Constreñida como ahora está, atenazada entre la deuda externa y la debilidad del mercado petrolero mundial, continuaría experimentando grandes dificultades, aunque no tales como las que algunos adivinos del exterior dicen que nos abrumarán. (Ver Predicciones acertadísimas, página 15).

La sociedad venezolana misma, no ya solamente el Estado, tendrá que dar paso, asimismo, a nuevas formas de acceso político. Dentro de la sociedad venezolana deberá funcionar una nueva clase de asociación política:

“Una nueva sociedad política, no un partido. No una organización que sólo acierta a definirse si postula, casi en el mismo instante de su nacimiento, un candidato a la Presidencia de la República. Una nueva sociedad, un pacto social. Que sea ella misma el paradigma para la sociedad venezolana. Que para ella sea inconsecuente que alguno de sus miembros sea, por supuesto, mujer o negro o empresario o musulmán o militar, como que tampoco tenga necesidad ninguna de impedir la entrada de los que sean copeyanos, adecos, masistas, o fieles a cualquiera otra de estas subrreligiones, con tal de que entiendan que ninguno de esos puntos de vista fragmentarios tiene la respuesta a los verdaderos problemas de hoy día. Y que por ende les dote de un lenguaje común en el que puedan formular proposiciones que les hagan acordarse, si es que aún no se han percatado de que son sus puntos de partida los que les mantienen enconados.

Una idea, que genere un movimiento que funde una organización que preste un servicio. Una organización que emplee recursos de su presupuesto central para alimentar operaciones políticas. Como campañas pro leyes que se introduzcan por iniciativa popular. O como la elección de miembros a cargos representativos, siempre y cuando cada uno de éstos haya sido capaz de juntar un grupo de electores que lo apoye. Una sociedad que propugne un pacto social cuya encarnación no se limite a ser la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Que lo extienda más allá de una transferencia de la economía pública a la economía privada, y que lo lleve a la transferencia de lo hipertrofiado del gobierno central al estrato del interés y la gerencia provincial y municipal. Que no restrinja la formulación de un “plan de la Nación”a la recomendación terapéutica y tenga la audacia de emplear concentrada y concienzudamente una fracción de sus recursos en conquistas más audaces. Una sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un “acto de masas”. Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como “masa”. Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum.

Una organización que ya no pretenda generar la política pública sin recurrir al análisis científico de las políticas. Que pueda ser selectivamente radical para no matar al paciente de choque cuando intente reformas universales para las que no hay capacidad de gerenciar y también para que no se conforme con una estrategia de paños calientes. Que sea humilde como para entender que es necesaria la experimentación social porque de lo social se sabe menos de lo necesario para estar totalmente seguro de todo. Que no entienda la ocasional incertidumbre política como debilidad y que no crea que la equivocación debe ser ocultada a toda costa. Que piense que si ha podido ver más es porque no tuvo que inventar la rueda de 1958 y que si los líderes de hoy no han podido ofrecer el nuevo modelo, el nuevo paradigma, es porque se encontraron atareados construyendo las posibilidades que tenemos ahora y que hoy son héroes de una profecía ya cumplida.” (Luis Enrique Alcalá, Krisis. Págs. 66-68).

A las modificaciones en el Estado venezolano deben corresponder modificaciones complementarias en el trámite democrático cotidiano, como la operación de organizaciones políticas verdaderamente distintas.

Un cambio importantísimo, por cierto, es un viraje en el modo habitual de percibirnos. Somos ciudadanos del planeta que no lo hacemos tan mal, después de todo. Habría que darse cuenta de este hecho capital: nuestra salida está frente a nosotros, y requiere, como es usual en problemas de índole personal, la adquisición de una autoestima nacional e individual en tanto venezolanos:

Implicaría el problema de convencer a los miembros de (nuestra) sociedad de un destino constructivo posible para todos, un destino que sería obtenible por métodos que difieren de los procedimientos usuales de la Realpolitik. Esto, a su vez, implica un diseño societal e incluso trascendental que tenga la capacidad de recapturar la fe y la esperanza humanas.

Ambas cosas son logrables con la sociedad venezolana. No hay duda de que estamos, con ella, ante un caso agudo de sociedad culpable. Reiteradamente, la mayoría de los diagnosticadores sociales nos restriega la culpa de nuestra desbocada conducta económica en nuestro pasado inmediato. Esto viene haciéndose desde hace ya varios años de modo sistemático. Las “proposiciones” de solución a los problemas vienen usualmente formuladas en términos de la transferencia de la culpa hacia otros. “Estamos mal porque aquél se portó mal”.  Todos los días.

Pero esta exageración es, por supuesto, desmedida. No se trata de negar que se ha incurrido en conductas inadecuadas y hasta patológicas. Pero, en primer término, el proceso ha sido en gran medida eso: una patología. Como tal patología, la conducta social inadecuada puede ser juzgada con atenuantes. ¿Qué sociedad bien equilibrada no hubiera exhibido patrones de conducta similares a los venezolanos luego de la tremenda indigestión de moneda extraña que tuvo lugar durante la década de 1973 a 1983? ¿Qué conducta podía esperarse en una sociedad que, como la nuestra, ha retenido largamente la satisfacción de necesidades y se ve súbitamente anegada de recursos y posibilidades? Recordamos la similitud con aquellos campesinos que de repente eran llevados a los cursos de un mes de duración que patrocinaba el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria, y que se enfermaban con la ingestión de tres comidas diarias, porque esta dieta era para ellos un salto enorme en la alimentación a la que estaban acostumbrados. Recordamos aquellos suicidios “anómicos” registrados por Émile Durkheim en Europa de fines de siglo, cuando una persona se quitaba la vida al experimentar un súbito desnivel entre sus metas y sus recursos, así fuera cuando el desequilibrio se produjese por la repentina y fortuita adquisición de una fortuna.” (Luis Enrique Alcalá, Dictamen, junio de 1986).

Ya es hora de transmutar nuestro sufrimiento y nuestra vergüenza de país en una más sensata autoestima.

LEA

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