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Justamente antes del comienzo de diciembre, el 29 de noviembre pasado, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, conocido más como el IESA, celebró el foro sobre perspectivas económicas de Venezuela para 1995. Un panel conformado por Pedro Palma, Asdrúbal Baptista, Gustavo Márquez, Hugo Farías, Gustavo García y Arturo Brillembourg, presentó sus estimaciones y las fundamentaciones de las mismas ante un auditorio repleto y formado, en su mayor parte, por empresarios y gerentes del sector privado.

En los panelistas se mostró como constante una preocupación por las tendencias de la economía nacional, aunque con distinto grado de dramatismo. En los asistentes, encuestados acerca de algunas variables básicas—inflación, valor del dólar, tasa de interés, crecimiento del producto y valor del barril de petróleo—predominó una expectativa negativa acerca de las mismas, con excepción del precio del petróleo.

La evaluación resultó desagradable al gobierno, y el Ministro de CORDIPLAN, Werner Corrales, produjo agrias declaraciones en las que se refirió a unas “viudas del paquete perecista” que querrían “cobrar el muerto” al gobierno actual. Lo cierto es que hay un importante núcleo del sector empresarial privado que mantiene evaluaciones muy negativas acerca del desempeño del gobierno de Rafael Caldera en materia económica. Hugo Farías, por ejemplo, expuso un juicio, más o menos generalizado en el núcleo aludido, acerca de la incapacidad de los miembros del gabinete económico, y aludió a las discrepancias constantes que según él existirían entre importantes componentes del estado mayor de la economía pública. (En concreto Farías se refirió a una supuesta lucha de titanes entre Casas González, Corrales, Matos Azócar y Maza Zavala sobre el tema de la política cambiaria).

Pero así como es posible encontrar innumerables puntos de inconformidad con la política gubernamental, es también posible identificar recientes tendencias muy positivas en el país.

A juicio de esta publicación, la más positiva de ellas se expresa en una efervescencia creativa, en la aparición, casi simultánea, de proposiciones que buscan resolver problemas económicos y sociales. Algunas de las proposiciones tienen carácter global; otras son sectoriales; otras, al fin, se refieren a aspectos puntuales. Lo destacable, sin embargo, es que muchas cabezas venezolanas se han puesto a cerebralizar el asunto. En lugar de dedicarse exclusivamente a la crítica, han procurado formular soluciones a los problemas. Es difícil conseguir un síntoma más positivo que ese cambio de actitud nacional.

Obviamente, persisten los focos exclusivamente críticos. Por una parte, las enormes dificultades confrontadas por casi toda persona venezolana, sea natural o jurídica, conducen de modo natural a la expresión descarnada de las mismas. Otras críticas se inspiran más bien en intereses oposicionistas de raíz política y conformación apriorística. Es evidente que para ciertos factores políticos un éxito del gobierno de Caldera les reportaría pérdidas.

También continúa observándose la presencia de pseudoproposiciones: formulaciones que parecen soluciones y se presentan como tal pero que en realidad no lo son. El mismo panel del IESA recomendaba, por implicación, la formulación de un “verdadero plan económico, coherente y creíble”. El Elector que escuche una pseudoproposición como la nombrada puede aplicarle la prueba del ácido absúrdico. La receta es la siguiente: 1º Constrúyase la proposición exactamente inversa y evalúese el grado de apoyo que esta tesis contraria obtendría en principio. (En el ejemplo mencionado el resultado sería: “formúlese un falso plan económico, incoherente e increíble”. Evidentemente, nadie se levantaría jamás a proponer una cosa semejante). 2º Examínese en la proposición considerada la proporción existente entre sustantivos y adjetivos de su formulación. (En nuestro caso, un solo sustantivo –plan– acolchado por tres adjetivos –verdadero, coherente, creíble). Esto permite medir el grado de “sustantividad” de la formulación. (Bajísima, en el ejemplo analizado). 3º Una vez determinado, por los pasos anteriores, que la formulación considerada es, en efecto, una pseudoproposición, investíguese si los proponentes de la misma son capaces de presentar un ejemplo concreto de lo que propugnan. (O sea, ¿alguno de los panelistas del IESA exhibió un “verdadero plan económico, coherente y creíble”?)

Otra especie distinta de pseudoproposición, lamentablemente frecuente en nuestro medio político, fue la expuesta, sin ninguna vergüenza, por Antonio Ledezma, en declaraciones a la prensa con posterioridad a una audiencia que le concediera el ministro Andrés Caldera. Ledezma, un tanto disminuido luego de las decisiones antiperecistas de la Acción Democrática de Alfaro Ucero, procuró reciclar su devaluada imagen con esta visita a Miraflores. Al salir propuso que se buscara en el país—¡oh novedad!—un gran acuerdo nacional. Punto. (En el mismo Nº 0 de esta publicación advertíamos sobre esta clase de pseudoproposiciones: “La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, de que no son, en sí mismos, la solución”).

A pesar de la resistencia a desaparecer de estos tipos de proposición insubstancial, las recientes semanas han alojado un buen número de proposiciones serias, en las que se ha invertido trabajo considerable y que participan del denominador común de ser búsquedas constructivas. La calidad de las distintas proposiciones es, por supuesto, muy variada, así como lo es la corrección de las mismas. Pero, de nuevo, lo que vale la pena destacar es la incepción misma de este proceso de invención social, de búsqueda constructiva de salidas a los problemas. La creatividad política de los venezolanos dista mucho de haberse agotado todavía.

La base social

Hace pocos días conversábamos con el socio director de una de las más grandes y prestigiosas firmas de consultoría del país. El motivo de la entrevista venía dado por una pregunta que se nos formaba en la cabeza, la que no es precisamente la de un experto en economía. Si uno de los objetivos más exigentes de la actual coyuntura económica, signada entre otras cosas por la presencia de una masa monetaria excedentaria en grado gigantesco, es el de neutralizar, esterilizar o retirar ese edema financiero, que presiona grandemente con consecuencias inflacionarias; si planes como el Programa de Estabilización y Recuperación Económica (Plan Corrales) reconocen este hecho y proponen esterilizar la masa monetaria excedente, el exceso de liquidez, mediante la emisión de bonos en dólares, ¿no estaremos simplemente cambiando de unos papeles a otros papeles, todo dentro del sector no real de la economía, y no sería mejor dedicar esa liquidez extraordinaria al financiamiento de proyectos de inversión que sí pertenecen al sector real de la producción de bienes y servicios?

Nuestro consultor consultado ofreció una opinión muy negativa a la proposición que preformulábamos. En términos escuetos, nuestro entrevistado opinó que un esquema tal fracasaría porque Venezuela carecería de la infraestructura necesaria, de la infraestructura física  y comunicacional y, principalmente, de la infraestructura social. En este país, nos decía, la mayoría de la población vive en pobreza crítica, los niveles de instrucción son deplorables, las enfermedades aumentan junto con la desnutrición. Difícilmente, a su juicio, una población en esas condiciones podría sustentar con éxito iniciativas de inversión. Declaró también, más aún: “Este país no tiene empresarios”. Evaluación grave, por cierto, para una persona que por largo tiempo se ha dedicado a servir empresarios y que por eso mismo presumiblemente los conoce bastante bien.

Por otra parte, nuestro consultor argumentó que justamente un plan de inversión era lo que había sido intentado por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se procuró represar, en el Fondo de Inversiones de Venezuela que se creó por ese entonces, el desproporcionado excedente de dólares proveniente del shock petrolero de 1973, para invertirlo en los proyectos del V Plan de la Nación.

De nada valió que contrargumentáramos al señalarle que, por una parte, el V Plan de la Nación intentaba demasiadas cosas al mismo tiempo, que por la otra colocó el grueso de la inversión en proyectos públicos, no en el financiamiento de inversiones privadas, y que, por otra parte aún, invirtió más bien en sectores de “Primera Ola”, altamente competidos (China, Taiwan, Brasil,  etc.) y que sería muy distinto invertir ahora en unos pocos programas seleccionados, a través del sector privado, y en una gama de sectores económicos que no se agotara en lo meramente extractivo o explotador de recursos naturales, sino también en nichos de actividades económicas de Tercera Ola (computación, bioingeniería, telecomunicaciones, etc.)

Nada. Según nuestro consultor, nuestro país sufriría una crisis de capacidad que debería durar todo el corto y el mediano plazo, por lo que sólo podía permitirse un “optimismo a largo plazo”, siempre y cuando se comenzara ahora a invertir en infraestructura social, razón por la cual estaba recomendando a sus jóvenes hijos que se fueran ahora de Venezuela y que regresaran cuando ese corto y mediano plazo ya se hubieran consumido.

Una postura tal significa, por un lado, que el considerable número de clientes de la firma consultora que dirige nuestro interlocutor de hace unos días estaría recibiendo la misma lectura, francamente negativa. Pero por el otro, no puede dejar de reconocerse que sus evaluaciones, exageradas o no, tienen real asidero. Los problemas están allí. Tal vez la vuelta que debe dársele a sus planteamientos es el de enfatizar la importancia estratégica de invertir socialmente, no como paliativo o limosna social, sino como intención de desarrollo del capital humano de Venezuela.

Por estas cosas reviste importancia que uno de los sectores en los que la efervescencia creativa detectada comienza a manifestarse sea el sector de la educación. La Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, que ya en 1992 convocó un “Primer Encuentro Nacional de la Sociedad Civil”, con el ánimo de discutir soluciones a la problemática nacional, llevó a cabo hace pocos días un coloquio para la proposición de soluciones educativas, bajo el patrocinio de la Fundación Polar. El nivel del encuentro fue algo general, pero indica perfectamente la presencia de la tendencia creativa anotada.

Por su parte, el Ministro de Educación, ha designado un Consejo Asesor que deberá proveerle de ideas y proposiciones. El Rector de la misma universidad, Luis Ugalde S.J., es uno de sus miembros, junto con personalidades tales como la del Presidente del IESA, Dr. Ramón Piñango, y el Director de Cerpe, el Dr. Xavier Duplat. El coordinador de este consejo asesor del Ministro de Educación es el profesor Leonardo Carvajal, de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela.

Un borrador que calza las iniciales de Leonardo Carvajal circula entre los miembros del Consejo Asesor del Ministro de Educación bajo el siguiente título: “PLAN DE ACCION que el Ministerio de Educación presenta al país para superar, con el aporte de todos, nuestra gravísima crisis educativa”. El documento (no oficial) está estructurado en cuatro partes, a saber: 1. La educación que necesita el país; 2. La educación y el sistema escolar que tenemos; 3. Lo que queremos hacer; 4. Plan de acción.

El documento en cuestión, lamentablemente, contiene algunas afirmaciones de dudoso valor y de efecto reductor de la autoestima nacional. Considérese la siguiente formulación en la primera página de su primera parte: “El venezolano no valora suficientemente el valor del trabajo bien hecho”. Desconocemos estudios sociológicos que permitan asentar una generalización tan tajante, pero es que, en todo caso, comenzar un “plan de acción” del sistema educativo venezolano desde ese punto no es muy estimulante que digamos. Varios puntos del borrador son, sin embargo, de orientación muy positiva. A nuestro juicio es lo más aleccionador del documento la búsqueda de un cambio fundamental en la conducta del Estado en tanto educador. Así, en el primer capítulo del documento se declara: “…el Estado se concibe más como el orientador, promotor y catalizador que como la grande y pesada maquinaria de prohibiciones y controles”. Más adelante, en la tercera parte (“Lo que queremos hacer”) el punto avanza en concreción: “El segundo gran objetivo de la política educativa se propone dinamizar la vida de los planteles, unidades básicas donde se realiza la educación, a través de la progresiva autonomía de acción que en ellos se pueda desplegar…El criterio es conceder tanta autonomía como sea posible y necesaria para que las potencialidades de cada comunidad puedan desplegarse en un nuevo marco de responsabilidades y competencias. Así dejarán de ser los planteles los receptáculos de directrices detalladas que se impartan desde el nivel central y podrían convertirse en focos de una pedagogía en constante renovación y emulación y de transformación de la vida de las comunidades”. Si esta meta general puede ser aproximada durante este quinquenio en grado apreciable, se habrá dado un paso gigantesco en la metamorfosis del sistema educativo nacional, obviamente plagado de deficiencias. Resuena en nosotros el pensamiento de Miguel Angel Mora S.J., Rector del Colegio San Ignacio y redactor principal de su proyecto educativo, quien suele decir que “la libertad política de la independencia y la libertad económica de la nacionalización del petróleo no estarán completas hasta que se produzca la libertad educativa”.

En materia educativa puede hacerse mucho; sin duda debe hacerse mucho. Esta publicación ha dedicado algún espacio al tema en dos oportunidades (“La escuela que nos hace falta”, Nº 4, junio de 1994; “Lo que hay que enseñar”, Nº 7, septiembre 1994) por lo que no repetiremos acá esa temática. Baste decir que en nuestra opinión el Estado venezolano debiera elevar las metas del país en materia educativa hasta el punto de lograr que todos sus ciudadanos adquieran un nivel de licenciatura general como el descrito en las oportunidades mencionadas. Así sí estaríamos preparados para el siglo XXI.

Lo que sí queremos repetir, una vez más, son las palabras de John Stuart Mill en su “Ensayo sobre el gobierno representativo”: “Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo…Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.

Énfasis en lo económico

La mayoría de las proposiciones, sin embargo, no se escuchan en otra área que no sea la económica. No en balde allí se genera la mayor cantidad de malestar social. Junto con la inseguridad personal ante las actividades criminales, el problema del costo de la vida y la inflación, el problema del desempleo y la pobreza, son la causa principal de sufrimiento social y el substrato del pesimismo de los venezolanos.

Ciertas proposiciones tienen, como dijimos, un corte general. Hemos conocido, por ejemplo, una proposición elaborada por Pedro José López Medina que en sí misma es todo un plan de desarrollo económico. (Un comentario a esta formulación de López Medina se encontrará en la pag. 30). Pero la cuestión central acerca de la cual tratan las proposiciones más recientes de las últimas semanas tienen que ver con el problema de la deuda externa venezolana y la manera de reducirla o enjugarla.

La proposición más vistosamente presentada ha surgido de Humberto Calderón Berti, dirigente copeyano con amplia experiencia de administración pública. (Ministro de Energía y Minas y Presidente de PDVSA durante el gobierno de Luis Herrera Campíns; breve paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Carlos Andrés Pérez durante la crisis de 1992).

En esencia la proposición de Calderón Berti consiste en la venta anticipada a un precio atractivo de un cierto volumen de barriles de petróleo provenientes de la Faja Petrolífera del Orinoco, y el empleo del efectivo resultante en cancelación de deuda externa pública. Seguramente Calderón Berti ha usado cifras de fácil retención para establecer su proposición en la memoria de los tomadores de decisiones y del público en general. Calderón habla de la venta de 5 mil millones de barriles de la Faja al precio de 2 dólares por barril para recabar la cantidad de 10 mil millones de dólares, lo que pagaría una tercera parte de la deuda total.

La mayoría de los analistas ha calificado de cándida la proposición de Calderón Berti. A su juicio, no habría compradores para este petróleo, pues los que desearan aceptar la oferta tendrían que, por una parte, desembolsar de una vez 10 mil millones de dólares (lo que les costaría en intereses unos 700 millones de dólares por año a la tasa de 10% anual) y, por la otra, incurrir en desembolsos considerables para la conversión profunda de los petróleos extrapesados de la Faja. (En promedio con gravedades de 9º API). Parece que el único modo práctico, hasta el estado actual de la tecnología,  de aprovechar petróleos tan pesados es a través de la Orimulsión™ desarrollada por INTEVEP.

Poco después de la proposición de Calderón Berti otro expresidente de PDVSA, Andrés Sosa Pietri, introdujo una proposición diferente, consistente en la venta de hasta 49% de las acciones de PDVSA en los mercados internacionales de valores, con lo que podría obtenerse, según Sosa Pietri, hasta 50 mil millones de dólares. Sosa Pietri admitía el uso de parte de esos eventuales recursos en el pago de deuda externa, pero su proposición exige también su empleo en el financiamiento de los programas de expansión de la propia industria petrolera venezolana.

El reciente V Congreso Venezolano del Petróleo dejó de endosar la proposición de Calderón, pero fue mucho más explícito respecto de la idea de Sosa Pietri. En efecto, el V Congreso consideró “extemporánea” la venta de acciones de PDVSA en Venezuela o el exterior.

En cambio recibió muy bien, en términos generales, los planteamientos de Humberto Peñaloza, Presidente Honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Peñaloza sugirió a Sosa Pietri—en un debate televisado—que tendría más sentido privatizar las empresas del Estado que arrojan pérdidas (CVG, CADAFE, etc.) para pagar deuda, que vender la empresa pública que rinde ganancias.

Peñaloza presentó también un esquema de rueda motriz dividida en cuatro cuadrantes que necesitan andar en sincronía para que la industria funcione adecuadamente: un primer cuadrante compuesto por los poderes públicos—cuadrante tutelar—en el que está incluido el Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minas), junto con las comisiones de Energía y Minas del Congreso de la República y organismos tales como la Contraloría General; un segundo cuadrante del “sector operativo público”, integrado exclusivamente por PDVSA y sus empresas filiales; un tercer cuadrante del “sector operativo privado” que incluye las empresas afiliadas en FENEGAS, FENETRAP, Cámara Venezolana del Petróleo, etc., así como las empresas privadas extranjeras; un cuarto y último cuadrante compuesto por los profesionales y los trabajadores.

En el diagnóstico de Peñaloza resalta el punto de la excesiva carga fiscal que pesa sobre las operaciones de PDVSA, la que a costos y gastos de un 25% de sus ingresos, debe añadir la exacción fiscal de más de 63% de estos ingresos. Esta carga impide que PDVSA genere el flujo de caja necesario para financiar sus planes de desarrollo. De allí la necesidad de abrir la industria a diversos tipos de “asociación estratégica”.

El V Congreso Venezolano del Petróleo estima sana “una apertura gradual y selectiva al capital privado nacional y foráneo” en la exploración y explotación de áreas nuevas que hasta ahora estaban reservadas a PDVSA y sus filiales, al sector operativo público, para usar la terminología de Peñaloza.

Igualmente emitió juicio favorable a la actividad internacional de PDVSA en actividades “aguas abajo” (en dirección de progresiva cercanía al consumidor final) y recomendó examinar la conveniencia de asumir en el exterior aventuras “aguas arriba”. (Participando en porcentajes variables en la explotación de yacimientos fuera del territorio nacional).

Conversión de deuda

Otra dirección distinta han tomado las recientes proposiciones del economista José Toro Hardy, autor del libro más vendido en materia de teoría económica en Venezuela. (En el último año lleva cuatro ediciones su texto “Fundamentos de Teoría Económica”).

Por una parte, Toro Hardy inscribe su proposición de usar deuda para convertirla en estímulo a la producción y exportación—que él denomina una proposición “puntual”—dentro de un diagnóstico histórico amplio de nuestras dificultades económicas. Para Toro Hardy el esfuerzo de industrialización iniciado con el gobierno de Rómulo Betancourt tuvo como defecto principal la ausencia de términos o condiciones para la finalización de la protección estatal que arropó las iniciativas industriales. Este error político permitió la entronización de un modo productivo ineficiente y escasa o nulamente competitivo.

Veamos cómo tal percepción se manifiesta en la más reciente proposición de Toro Hardy. Un exportador venezolano promedio puede encontrarse en desventaja ante un exportador de otras naciones, Taiwan, pongamos por caso. Cuando el productor de Taiwan puede ofrecer en los Estados Unidos un producto X a 60 centavos de dólar, el venezolano no puede venderlo por menos de 80 centavos. El importador norteamericano preferirá, obviamente, el producto taiwanés.

Pero el productor venezolano podría aceptar que el importador estadounidense pagara su importación con bonos Brady del mercado secundario, los que puede obtener hoy en día a 50% de su valor nominal, con evidente ventaja. En el siguiente paso, el exportador venezolano cambiaría los bonos en el Banco Central de Venezuela, que los reconocería a 80% de su valor, con lo que nuestro exportador obtendría el valor requerido por su estructura de costos.

De esta forma, por un lado, se rescataría deuda externa venezolana; por el otro, la deuda serviría como financiador de exportaciones y por tanto como estímulo a la producción nacional.

Ahora bien, Toro Hardy explica que el éxito del esquema conduciría a su fracaso, lo que a su vez conllevaría un éxito. Este aparente galimatías tiene mucho sentido. Lo que Toro Hardy quiere significar es que una actividad intensa con los bonos Brady de la deuda venezolana conduciría a una revalorización de los mismos, con lo que desaparecería el diferencial ventajoso para el exportador venezolano. Un proceso tal tomaría, en estimación gruesa de Toro Hardy, unos dos años. Y he aquí entonces el verdadero éxito: esos dos años serían el plazo que el productorexportador venezolano debiera emplear para hacerse realmente competitivo. A diferencia de la protección betancurista, aquí sí habría un plazo en el que la protección se agota y el productor tendría que hacerse internacionalmente competitivo so pena de desaparecer del mercado.

Pero Toro Hardy ve otras cosas, además. Su visión incluye la inminencia de una nueva gran oportunidad para la economía petrolera venezolana. La tesis ha sido expuesta en un libro de reciente conclusión, redactado en inglés con el objetivo de sembrar imagen positiva de Venezuela en el exterior. (A diferencia de lo que estarían haciendo ciertas “viudas del paquete”). El libro ha sido titulado Oil: Venezuela and the Persian Gulf, y ha sido donado por el Grupo ZUMA y la Editorial PANAPO a PDVSA, para que ésta lo emplee como acicate de inversionistas extranjeros. (Luis Giusti, el Presidente de PDVSA, ha comentado en privado que ésta es la primera vez que alguien le regala algo a PDVSA, a la que solamente se le pide que regale ella).

Básicamente el libro es un recuento histórico de la inestabilidad de los suministros de petróleo provenientes del Golfo Pérsico, acompañado de una lectura del futuro próximo previsible de la demanda mundial de petróleo. Estimaciones, no de la OPEP, sino del Consejo Mundial de Energía, establecen un horizonte de duplicación de la demanda de petróleo para el año 2020. (La demanda mundial de petróleo se situaba, para fines de 1993, en los 67 millones de barriles diarios. El crecimiento de la demanda puede estar en 1 a 2% por año).

Lo que antecede significa, ante la circunstancia adicional de una disminución de las reservas de los países noOPEP, que el incremento en la demanda tendrá que ser suplido por miembros de la organización. Sólo seis de los trece miembros de la OPEP estarían en condiciones de acometer el crecimiento: Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes, Irán, Kuwait y Venezuela. Sólo uno de estos seis países se encuentra fuera del área de inestabilidad: Venezuela.

La conclusión es obvia, y la pondremos en las propias palabras de Toro Hardy (traducidas por esta publicación): “Ya es tiempo de que basemos nuestro futuro no sobre la perpetua recordación de nuestras peores desgracias del pasado, sino sobre el estudio maduro de las mejores perspectivas ante nosotros…Ya es tiempo de que aprovechemos plenamente los recursos naturales de Venezuela, de obtener para nuestra nación la posición garantizada por sus potenciales humano y energético en el concierto de las naciones desarrolladas. Antes estuvimos en desventaja, porque carecíamos de la preparación para tratar bajo términos de igualdad con las compañías transnacionales. Hoy en día, sin embargo, la situación ha cambiado. PDVSA es actualmente transnacional y es una de las más grandes compañías petroleras del mundo…La guerra del Medio Oriente ha abierto una oportunidad para Venezuela…la «ventana política» apropiada para lanzar a Venezuela por el camino de la prosperidad y el desarrollo”. (Obra citada. Págs. 345-346).

Implícita en esta recomendación está la necesidad, que Toro Hardy expone claramente, de “abrir sus puertas al capital foráneo de manera que, en asociación con el capital nacional (público y privado), se pueda llevar a cabo una vigorosa política de expansión de nuestras actividades petroleras”. El hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado recientemente el esquema de apertura —contrato marco de asociación que ya ha sido entregado a la Cámara de Diputados—propuesto por PDVSA es, a juicio de Toro Hardy, la mejor noticia económica de los últimos años y el comienzo de una nueva era para el país.

Mejores perspectivas

La reacción internacional a esta apertura de la industria venezolana para una variada gama de asociaciones estratégicas no se hizo esperar. Los bonos de la deuda pública venezolana subieron de valor inmediatamente y el Director del Fondo Monetario Internacional, reunido en Miami con Rafael Caldera, admitió dos cosas: que las decisiones del gobierno en materia económica iban en la dirección correcta; que el futuro económico de Venezuela es brillante. (No faltó quien se doliera de esta noticia: Luis Herrera Campíns quiso comentar que Caldera habría endulzado los oídos de Camdessus con las decisiones de apertura a la inversión foránea en nuestro petróleo y el establecimiento del cronograma de privatización de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Algo necesitaba decir para justificar la declaratoria de oposición copeyana pocos días antes de las buenas noticias).

El Vicepresidente de PDVSA, Claus Graf, estimó en unos 11.000 millones de dólares las inversiones en el desarrollo de nuevas áreas dentro del contrato marco de asociación. Unas ochocientas empresas de tamaño diverso han requerido información acerca de las condiciones de asociación. Por lo que respecta a la privatización de las empresas de la CVG, SIDOR, Fesilvén, Venalum, Bauxilum y Carbones del Orinoco, han sido colocadas en el cronograma.

Buenas noticias entonces. No todo es negro. La ventana de oportunidad está claramente abriéndose, por lo que puede concederse ahora que hay base para un cambio de estado de ánimo en la nación. No todo ha sido detallado, por supuesto, y habrá de hacerse un importante trabajo de planificación, sobre todo en lo relativo a cómo convertir la próxima ola de prosperidad en un proceso sostenible de desarrollo social y económico expresable democráticamente.

No es tampoco la detección de una oportunidad, por más grande que ésta sea, o un paso como la apertura de PDVSA a la inversión foránea asociada, un plan completo de desarrollo. Falta aún, como lo hemos venido señalando desde estas páginas, una visión estratégica de conjunto para el país. Nuevamente, la Enmienda Nº 2 de la Constitución de 1961 obliga al Ejecutivo Nacional a presentar antes del vencimiento del primer año del quinquenio los lineamientos de un plan de desarrollo económico y social. Esperamos que ésa sea la oportunidad en la que el gobierno de Rafael Caldera, una vez capeado el terrible temporal de 1994, nos ofrezca la visión direccional de la que ahora carecemos. Pero todos podemos contribuir a su dibujo.

El Eclesiastés nos ha enseñado que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, uno para sembrar y uno para cosechar. Sigue siendo el tiempo inminente de Venezuela un tiempo para proponer.

LEA

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