REF #16 – Comentario constitucional

En la discusión, ya bastante larga pero poco fructífera, acerca del problema constitucional venezolano, los aportes argumentales tienden a centrarse casi exclusivamente sobre el punto de la necesidad o conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente. Es decir, el problema queda casi reducido a la discusión acerca del mecanismo o procedimiento conveniente para dotarnos de un nuevo texto constitucional y poco se debate en materia de los contenidos mismos de la cuestión.

Debe reconocerse, por supuesto, que el actual Presidente de la República dirigió una Comisión Bicameral del Congreso para la reforma del texto constitucional de 1961, y que en ese trabajo, así como en el posterior –a raíz del estado de alarma congresional como consecuencia del 4 de febrero de 1992– es posible hallar algunas innovaciones que mejorarían en algo el funcionamiento del Estado venezolano. Pero aun estas posibles modificaciones se encuentran atascadas. No se ha hecho realidad lo expresado en el documento de campaña de Rafael Caldera (“Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”): “El nuevo Congreso debe asumir de inmediato al instalarse, su función constituyente”. (Dicho sea de paso, todo lo que en ese documento se refiere a acciones del Congreso de la República en materia constituyente o legislativa ordinaria es un evidente exceso, dado que el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo y, por tanto, mal puede prescribirse a los legisladores tareas en un texto que corresponde a la “intención” de quien para ese entonces aspiraba a la Presidencia de la República).

Ahora bien, en el transcurso del trabajo parlamentario (Comisión Oberto) de 1992, el número de proposiciones de enmienda o reforma creció de manera verdaderamente tumoral. El 29 de julio de 1992 Luis Enrique Oberto, Presidente de la Cámara de Diputados, remitía a Pedro París Montesinos un Proyecto de Reforma General de la Constitución (aprobado por los diputados el día anterior) y que contenía ¡103 artículos! (De hecho, la cantidad de modificaciones era muy superior a este número. Para dar una idea, tan sólo el Artículo 9º del proyecto de reforma aspiraba modificar el Artículo 17 de la Constitución vigente y para esto sustituía cuatro de sus ordinales por nuevas redacciones y además añadía quince ordinales adicionales).

Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que algo estaba fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). Así escribió, poco antes de que el proyecto de Oberto fuese concluido, en “Lo democrático es consultar a la ciudadanía”: “Si nuestra Constitución, con apenas 31 años de vigencia, requiere ya de noventa reformas para «perfeccionar» materias que a todas luces deben ser modificadas a fondo, mejor es que la escribamos de nuevo, con nuevos enfoques y nuevas aproximaciones a las realidades del país y de su entorno geopolítico, económico, sociocultural, militar, administrativo y ecológico. Tarea, eso sí, para nuevas mentalidades y nuevas escuelas de pensamiento”.

Este punto de Peñaloza es crucial, porque si se admite que el problema no es de reforma a un texto, sino el de producir un texto nuevo, una nueva Constitución y no una modificación, por más amplia que ésta sea, al texto de 1961, entonces el Congreso de la República no está facultado para acometer esta tarea.

Veamos. La doctrina constitucional generalmente aceptada establece que el poder supremo dentro de un Estado como el venezolano es el del poder constituyente original, básico, o primario. Este poder constituyente no es otro que el del conjunto de ciudadanos de la Nación. Se trata de un poder absoluto, verdaderamente dictatorial: “El poder constituyente es un derecho natural que tiene todo pueblo, ya que este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente, no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución”. (Esto escribe el Dr. Ángel Fajardo en su “Compendio de Derecho Constitucional”, Caracas, 1987).

Además de este poder original y supremo, no sujeto ni siquiera a la Constitución vigente ni a ninguna anterior, el Congreso de la República es un poder constituyente constituido, y limitado en su función reformadora en dos sentidos.

Es decir, el Congreso de la República tiene el papel principal, según lo dispuesto en la Constitución vigente, para enmendarla o reformarla, sujeto, en primer término, a la aprobación de una mayoría calificada de las asambleas legislativas estatales (en el caso de enmiendas) o del pueblo mismo en referéndum (en el caso de reformas).

Pero hay todavía una limitación más básica, como explica Ángel Fajardo en la obra citada: “El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente”.

Esto significa, repetimos, que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente. Y entonces la convocatoria puede venir, o por lo menos el llamado, de cualquier miembro del poder constituyente originario, de cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos. El punto está en que le pongan atención, en el que acudan al llamado y, para esto, es necesario que quien convoque tenga algunos problemas resueltos.

Para estar claros. Puede argumentarse que la Constitución de 1961 estipula un mecanismo para la reforma general de la Constitución. (Un punto que en este momento es colateral, por cierto, es que la Constitución del 61, que permite la iniciativa de las leyes ordinarias a un cierto número de Electores—electores, en su redacción—, niega la iniciativa de la reforma constitucional al propio Poder Constituyente). El procedimiento está pautado en el Artículo 246: “Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general…”, etcétera. (Punto colateral dos: el procedimiento es engorrosísimo, y casi que pareciera diseñado para impedir o dificultar al máximo tales reformas generales. La iniciativa debe partir de una tercera parte de los miembros del Congreso—y no hay ninguna fracción en este momento que sea la tercera parte del Congreso—o de la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas, consenso que no debe ser muy fácil de lograr. Pero antes de empezar a discutir el proyecto general soportado en alguna de esas dos formas, una sesión conjunta del Congreso deberá, por el voto favorable de las dos terceras partes, admitir la iniciativa. Sólo entonces podrá comenzarse a discutir por cualquiera de las Cámaras y seguir el procedimiento habitual para las leyes ordinarias. Es sólo después de que se apruebe la reforma en el Congreso que, por fin, se pide la opinión al pueblo, en referéndum que deberá ser convocado en la oportunidad que sea determinada por las Cámaras en sesión conjunta. Una verdadera carrera de obstáculos).

Así debe ser, se dirá, pues no se puede estar haciendo reformas generales a cada rato. Precisamente por eso se ha hecho tan difícil el procedimiento. El punto, en cambio es éste: el Congreso está facultado por la Constitución, para discutir y aprobar una reforma general de ella misma, y ¿no es acaso una constitución nueva el caso límite de una reforma general?

Este último reducto de los que se opondrían a la convocatoria de una Constituyente deja de tener validez en cuanto se argumente que una nueva constitución contendría nociones o previsiones cualitativamente diferentes a las de la constitución a sustituir, las que sería imposible obtener como transformación o modificación de artículos del texto antiguo. Si se trata de innovaciones en grado suficiente, mal puede hablarse de reforma y estaríamos enfrentando algo nuevo.

Nuevo concepto del Estado

Es relativamente fácil demostrar que necesitamos una constitución esencialmente distinta de la Constitución de 1961. Y el primer punto por el que hay que empezar la substitución es justamente la primera línea del texto del 61.

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica comienza con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos…ordenamos y establecemos esta Constitución” (“We, the people…”) Es el mismo pueblo el que se dota de una constitución. En cambio, en el texto constitucional vigente en Venezuela el sujeto no es el pueblo, sino el Congreso, el que se arroga la facultad constituyente, a pesar de no haber sido explícitamente facultado para eso, “en representación del pueblo venezolano”. Es de allí mismo de donde arranca el carácter representativo, que no participativo, del gobierno del país, lo que luego es reiterado en el Artículo 3º: “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”.

A este punto se le ha querido poner remedio parcial en el proyecto de reforma de 1992, insertando el término “participativo” en medio de la redacción del 61, en segundo término y luego de la designación de “representativo”. Pero el sujeto de la reforma continúa siendo el Congreso.

Es el pueblo el sujeto que debe constituirse, y es él mismo el que debe producir una nueva constitución. Y es también, como sugeríamos más arriba, el sujeto político de derecho supremo, y si está más que facultado para dotarse de un texto constitucional, también debe estarlo para reformarlo como y cuando quiera. De modo que no puede carecer de iniciativa legal a este respecto, concepto que está ausente en la redacción de 1961.

De hecho, un concepto a nuestro juicio fundamental en una refundación del Estado venezolano, es el del lugar de primacía que debe establecerse claramente para los Electores venezolanos en la descripción arquitectónica de los Poderes Públicos. Es decir, en una nueva constitución, antes que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, debe asentarse el papel de los Electores como órgano primario del Poder Público, en un primer capítulo del título que se dedique a éste.

En 1973 murió Salvador Allende, en la ocasión del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Dos años más tarde recordaba su relación con él el cibernetista inglés Stafford Beer, en un libro en el que coleccionaba varios artículos y conferencias sobre el tema general de los sistemas sociales. (Platform for Change, Wiley, 1975). Beer, ex presidente de la Sociedad de Investigación Operacional británica, antiguo asesor de empresas en los sectores del carbón y del acero, importante teórico de la cibernética, había ido a Chile en pos de la posibilidad de que Allende le ofreciera campo para la aplicación práctica de sus conceptos de gobierno. (Cibernética viene del griego kybernetes, que significa timonel, gobernador, y es la misma raíz de la que surge la palabra gobierno).

En los dos o tres últimos ensayos del libro mencionado, Beer se refiere a su experiencia chilena, no sin lamentarse profundamente por la muerte del estadista. Allí cuenta de unas primitivas instalaciones –en los actuales términos del arte de la computación– y que pretendían racionalizar, mediante una información lo más rápida posible, la toma de decisiones pública.

En una sesión en la que Beer, armado de diagramas de flujo, explicaba al mandatario el sistema de información acerca del estado de la nación chilena que había diseñado, Allende—cuenta Beer—preguntó qué era una cajita sin nombre que aparecía sobre una red de flujo, entre otras muchas cajas que se extendían por todo el diagrama. Beer explicó: “Esa cajita representa el pináculo de todo el sistema, esa cajita es usted, Señor Presidente”. Entonces Allende dijo: “Ah, pero si esa caja es la cima de todo el sistema esa caja no soy yo. Esa caja es el pueblo”.

Los sistemas diseñados por Beer no le sirvieron a Allende para conducir a la nación chilena por un sendero de felicidad. Su gobierno condujo al golpe pinochetista y a una larga dictadura que produjo a su vez un muy considerable número de muertes. Ni había en 1973, ni lo hay hoy en 1995, una capacidad de procesamiento de información que permita un registro fiel del estado de una nación. No es posible predecir su comportamiento con exactitud, mucho menos planificarla y regularla íntegramente. Para modelar un sistema mucho más simple que una sociedad moderna, el sistema climático, un computador que realiza cuatrocientos millones de operaciones por segundo tiene que operar durante tres horas seguidas para generar un pronóstico del tiempo de tan sólo los próximos diez días y en ocasiones los pronósticos, inevitablemente, están totalmente errados. Esto ocurre en un modelo que sólo tiene que considerar presiones, temperaturas y, a lo sumo, velocidades. Podemos imaginar el grado de dificultad computacional que involucra intentar la representación simbólica de la dinámica de una sociedad compleja, en la que miríadas de factores intervienen en la determinación de sus resultados. El gobierno de Allende estaba equivocado, sin duda, y no sólo en creer que se podía gobernar un Estado sentado en una poltrona de “Viaje a las estrellas” ante una consola de pantallas y controles. Pero Salvador Allende también estaba acertado en más de una percepción, y es una lástima que los acontecimientos hayan seguido un cauce mortal para una persona que, como Allende, alojaba un sentimiento tan hermoso: “Eso no soy yo, eso es el pueblo”.

Hay un sentido, además, en el que Allende estaba más acertado que Stafford Beer. Este último se había preocupado de detallar más lo que estaba “por debajo” de la presidencia. Allende hablaba de lo que estaba por encima de él. Y si bien, como dijimos, no hay en ningún horizonte previsible la capacidad tecnológica para predecir o controlar una sociedad compleja de hoy en día, sí la hay para generalizar la participación democrática para tomar en cuenta la opinión de cada ciudadano.

Es posible encontrar acá un interesante paralelismo entre tres grandes etapas de la economía y un número equivalente de etapas de la política. Hay un período histórico en el que una economía todavía incipiente puede manejar razonablemente sus intercambios por el expediente del trueque directo. La cantidad de transacciones y la variedad de productos son ambas magnitudes reducidas, así como la velocidad o frecuencia del intercambio. En muchos casos se trataba de una transacción anual entre un molinero y un porquerizo que no necesitaba sino unos sacos de harina por año que él podía almacenar.

En cuanto ese exiguo comercio se incrementó en grado suficiente, la práctica del trueque se hizo harto engorrosa. Demasiadas transacciones, mayor frecuencia de las mismas, una mayor variedad de productos, justificaron la aparición de una institución mediadora, de una unidad de medida y comparación que fuese más fácilmente transportable que un cerdo o un saco de harina. E hizo su aparición la invención del dinero y junto con él, la posibilidad enfermiza de la inflación.

La más general de las concepciones económicas distingue entre un “sector real” de la economía, integrado por la suma de bienes y servicios efectivamente producidos, y un “sector virtual o nominal”, que equivale a la masa monetaria con la que esos bienes y servicios (incluyendo entre éstos al trabajo), pueden ser adquiridos. Y la definición elemental de inflación es la de un crecimiento del sector nominal significativamente mayor que el del sector real dentro de un sistema económico.

Hoy en día, sin embargo, la capacidad computacional y comunicacional extraordinariamente desarrollada del mundo actual –la que, por otra parte, es en términos de lo previsible una capacidad a la que falta muchísimo por crecer—permite ahora que un 20% del comercio mundial se haga de nuevo bajo la forma de trueque—tantos aviones por tantos barriles de petróleo. (Es una pregunta, creemos, de alto interés para la economía, investigar qué sentido tendría la noción de inflación el día que sea posible manejar todas las transacciones como un trueque virtual, como el cotejo de bases de datos digitales sobre cada unidad de producto o servicio a escala planetaria. ¿Desaparecería la inflación?)

En el campo de lo político se observa un despliegue similar, en tres etapas sucesivas, de los sistemas históricos de democracia. La democracia ateniense era también un proceso lento, en el que la cantidad de asuntos que reclamaban la atención de la apella, de la asamblea de ciudadanos, era pequeña, como también era poca la velocidad que se exigía de sus agendas. Desde el momento en que un organismo participativo de ese tipo decidía entablar batalla contra los persas, hasta que se preparaba la primera de las naves que llevarían a los guerreros, transcurría un tiempo considerable. En este tipo de condiciones era posible una democracia directa en la que los ciudadanos de Atenas todos podían participar en la toma de la decisión. (Dicho sea de paso, no todos los habitantes de Atenas eran ciudadanos. Los esclavos no tenían ninguna participación en la apella).

Nuevamente, la complicación del proceso político, en ausencia de métodos de comunicación lo suficientemente rápidos, hizo imposible la ampliación del patrón ateniense de decisiones compartidas. Hubo necesidad, si se quería mantener vivo el principio democrático, de arribar a la invención de un intermediario político: fue necesario inventar la democracia representativa. (Forma de gobierno que exhibe, obviamente, su propia patología).

Pero ahora disponemos de una tecnología comunicacional que vuelve a ofrecer las condiciones requeridas para una participación masiva, instantánea y simultánea, de grandes contingentes humanos. Ya vimos algo de esto en las teleconferencias de amplia extensión que sostuvo Ross Perot en los Estados Unidos en su carrera hacia la presidencia de ese país.

Alguien puede argumentar ante este planteamiento que el nivel de desarrollo político y tecnológico norteamericano es inconmensurablemente superior al venezolano, y que por esa razón ese concepto de democracia participativa electrónica estaría, para nosotros, muy lejos dentro de un futuro largamente incierto. Pero puede a su vez contraargumentarse que los venezolanos no hemos tardado mucho para aprender a operar telecajeros electrónicos, celulares, telefacsímiles, etc., y que con igual o mayor facilidad podríamos navegar dentro de una red permanente de referenda electrónicos. Opinábamos de esta manera en el Nº 11 del volumen 1 de esta publicación (enero de 1995): “Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento”.

¿Cuánto puede costar una red para la democracia electrónica, nueva versión de la democracia directa, la democracia participativa? El vicepresidente norteamericano Al Gore ha hecho una estimación de la inversión necesaria para conectar una fibra óptica a “todo hogar, oficina, fábrica, escuela, biblioteca y hospital” en el territorio de los Estados Unidos. La cifra manejada por Gore es la de 100 mil millones de dólares, que en términos per cápita terminaría siendo una inversión de 435 dólares por habitante.

Ahora bien, la población venezolana es, aproximadamente, una décima parte de la población norteamericana. Por otra parte, la densidad de escuelas, hogares, hospitales, bibliotecas, fábricas y oficinas es mucho menor en nuestro país que la que existe en los Estados Unidos de Norteamérica (más personas viven acá, en promedio, en cada unidad de vivienda), y por tanto la inversión per cápita que sería necesaria para lograr el equivalente de la visión de Gore en Venezuela sería marcadamente menor. Una cifra razonable es la de una inversión per cápita de 225 dólares en Venezuela para la instalación de una red de fibra óptica prácticamente total. Tal cantidad, multiplicada por la población venezolana y por una tasa de cambio de 240 bolívares por dólar (tasa aparentemente sugerida en los predios del FMI), arroja una inversión estimable en un billón de bolívares. Este es, precisamente, el orden de magnitud de lo comprometido por el Estado venezolano en el salvamento del sistema financiero nacional, de modo que en un programa de unos pocos años sería perfectamente posible instalar la red para una democracia participativa total en Venezuela.

Y si esto es así, la posibilidad está dada para que, efectivamente, una nueva constitución de Venezuela aloje un concepto futurista del Estado en el que los Electores participen de manera casi continua en la toma de las más gruesas decisiones del país, incluyendo como hemos anotado acá en oportunidad anterior, en referenda de evaluación anual acerca del desempeño de los poderes públicos venezolanos. Tan sólo este punto ya representa una mutación tan profunda en el concepto de nuestro Estado, que difícilmente puede llamársele meramente una reforma.

Es así como puede defenderse, aunque sólo fuese por el análisis precedente, la tesis de que lo que se necesita no es una reforma de la Constitución de 1961, por más extensa que sea, sino una constitución nueva.

Otrosí

Pero hay más razones que esa muy importante, fundamental razón, para requerir algo más que una mera reforma. En otras ediciones nos hemos referido a la insuficiencia constitucional venezolana en cuanto a lo que llamábamos, hace ya diez años, la razón de Estado venezolana. (Del modo más constructivo en el Nº 2 del Volumen 1: Una visión de Venezuela para el siglo XXI).

Mientras se mantenga la discrepancia de escala entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, o China, o Rusia, o Australia, nuestro país experimentará considerables dificultades, prácticamente insalvables, para interactuar con tales bloques en condiciones, no que sean ventajosas para nosotros, sino que no nos sean desventajosas.

En cambio, es posible visualizar un buen número de ventajas de una inserción de Venezuela, como gobernación, como departamento, como capitanía general –a la escala planetario-municipal que realmente tenemos, en un Estado de orden superior. (También hemos argumentado extensamente sobre tales ventajas en otras ocasiones. Hoy en día nuestra recomendación es que el perímetro de trabajo en busca de la escala que requerimos sea el del continente suramericano, después de que México pareciera orientarse hacia una confederación del Hemisferio Norte –en nuestro más ambicioso talante ampliábamos el territorio para acoplarnos incluso con la latinidad extra-americana, antes del ingreso de España al sistema europeo. Por esa época resumíamos las más generales entre las ventajas del modo siguiente (rogamos al lector tome en cuenta las diferencias de fecha y circunstancia entre hoy día y diciembre de 1984, fecha de lo que sigue, y procure hacer los cambios necesarios para actualizar la aplicación de una estructura general de la recomendación):

“Veamos, antes de preguntar si hay ofrecidas tesis alternas, cuál es la lista de problemas a los que la tesis de la confederación iberoamericana da respuesta.

Primero: el problema económico. El problema de escala de todos los países que entran dentro de la calificación iberoamericana, incluyendo a Brasil y España. En España, por ejemplo, se va a una “reconversión” industrial que tiene la mira puesta en el mercado de los países de la OECD, empezando por los de la Comunidad Económica Europea en la que aspira a entrar a pesar de, como he leído, la insultante condición de impedir el libre tránsito de españoles por los países de la comunidad por un “período de prueba” de varios años. La reconversión podría ser un poco menos drástica si sus industrias se orientaran, casi que como están, a un mercado que aún tiene mucho que construir dentro de necesidades de “segunda ola”. También en lo económico, seguramente obtendríamos un mejor tratamiento de parte de los acreedores de nuestras deudas por mera agregación a una escala mayor.

Para nosotros, en particular, la posibilidad de contar con un mercado petrolero y de hierro y acero mucho mayor que al que ahora tenemos acceso, el que permitiría, por tanto, a mayores escalas de producción, costos operativos menores que permitieran mantener y aún superar los niveles absolutos de beneficio, con precios menores que pudiesen ser pagados por este mercado hasta ahora tenido a menos.

Tiene que tomarse en cuenta, para toda discusión de lo económico, que se estaría trabajando con la ventaja de una nueva moneda única para esa inmensa zona de circulación, como Hans Neumann, entre otros, ha sugerido que sería altamente beneficioso.

Segundo: resuelve un problema de alivio de tensiones interiberoamericanas. Argentina y Chile han tenido que buscar un árbitro hacia una entidad supranacional de la que ambos participan para dirimir el diferendo del Beagle: han tenido que recurrir al campo católico, un campo religioso, porque no han tenido un común campo político en el cual acordarse. Así como Diego Urbaneja suele decir que dentro de una confederación ibérica o hispánica la solución al conflicto centroamericano sería más “dulce”, así también se dulcificaría el término del diferendo colombovenezolano y los de otros estados iberoamericanos del continente.

Tercero: resuelve un problema de escala para mejorar nuestra posición en discusiones tales como Gibraltar, las Malvinas, Guyana, Centroamérica (entendida en este caso en relación a las intervenciones ruso-norteamericanas, otánico-varsovistas, norteñas en Centroamérica). Cuando Shlaudeman dice que Contadora no es suficiente no está diciendo que si se añade uno o dos artículos técnicos al Proyecto de Tratado o se firma tal o cual protocolo los Estados Unidos suscribirán gustosos, sino que, a lo Stalin refiriéndose al Papa, está insinuando que nada más que cuatro países iberoamericanos no tenemos suficientes divisiones.

Cuarto: resuelve un problema de amortiguación o aplacamiento, por neutralidad, de la peligrosísima situación del terrorífico equilibrio nuclear. Situación que no creo mejore con el aumento que la U.R.S.S. dará a su presupuesto de “defensa”: 12%.

Mucho se ha pensado, en una especie de convicción de invulnerabilidad final muy acusada en nuestro pueblo, que una conflagración nuclear en países del Hemisferio Norte (OTAN-Varsovia), si bien nos afectaría grandemente por el lado económico, al menos nos sería leve en cuanto a lo físico, a los daños por los efectos mismos de las explosiones, entre otras cosas por distancia y por factores naturales tales como el pulmón del Mato Grosso. Pero los modelos más recientes de meteorología nuclear nos muestran como nos veríamos directa e impensablemente afectados por un invierno artificial de proporciones cataclísmicas, que incluiría la traslación, por inversión de los ciclos eólicos normales, de nubes de hollín y polvo que harían barrera a más del 90% de la radiación solar incidente (con lo que muy pronto la superficie terrestre descendería a temperaturas de subcongelación) y de nubes intensamente radiactivas. (Para un caso base de un intercambio de 5.000 megatones, equivalente a la mitad del arsenal actual. Ackerman, Pollack y Sagan, Scientific American, Agosto de 1984).

Quinto: nos ubica en posición más favorable para tener acceso a las tecnologías y modificaciones profundas de una Tercera Ola.

En resumen, resuelve un problema económico crucial (la escala), un incómodo problema de política interna (los diferendos interiberamericanos), un importante problema de soberanía ante, fundamentalmente, los sajones (Gibraltar, etc.), un definitivo problema de seguridad del sistema mundial (moderación) y un problema esencial de significación futura (la nueva modernización)”).

Ése es  el negocio que se plantea a nuestro Estado. Se trata de adquirir la escala que permite que Inglaterra nos trate como trató a China en el caso de Hong Kong, y no como nos trató a nosotros en esequiba materia o como malvinamente ha tratado a la Argentina.

Si seguimos en esto, en lugar del modelo de integración europea, el modelo norteamericano de 1776, estaríamos estableciendo una confederación que en principio sólo requeriría que sus miembros confiaran a un nivel federal tres potestades –representación ante terceros, defensa militar ante terceros y emisión de moneda– mientras que retendrían “toda su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso por esta Confederación”. (Texto del segundo artículo de los Artículos de Confederación de los Estados Unidos).

Supongamos que un concepto así fuese del agrado de los Electores venezolanos. ¿No debería preverse en nuestra Constitución un mecanismo de acoplamiento, como el que hubo que prever para que pudieran acoplarse una nave Apolo con una Soyuz?

¿No sería esto un concepto que sería imposible concebir como una simple modificación de la Constitución de 1961? Evidentemente se trata de un concepto de Estado, de una razón de Estado radicalmente diferente. Ergo, se trata de una nueva constitución. Et ergo, el actual Congreso de la República, según la básica discusión del comienzo, no está facultado para redactarla.

Más mutaciones

Esto es sin mencionar la necesidad, a nuestro juicio, de insertar como nueva “rama” de los poderes públicos, una institución que especialmente sea independiente del poder ejecutivo y que tenga por misión la de proveer o generar tratamientos a los principales problemas de carácter público, y con capacidad de proponerlos directamente a los Electores.

Esto sin mencionar que podríamos argumentar a favor de un cambio substancial en nuestra noción de ciudadanía venezolana. Habitualmente consideramos que tiene mayor valor la venezolanidad por nacimiento que la que se adquiere por naturalización. Esa es la razón por la que limitamos los derechos políticos de estos últimos. Pero un criterio de no poca validez es el de estimar grandemente el valor de la decisión consciente de una persona madura, incluso por encima de los méritos de un recién nacido cuyo lugar de nacimiento no puede atribuirse a su elección. En una redacción algo aguda y tal vez algo escandalosa, formulábamos una condición de pertenencia a una propuesta organización política en los siguientes términos: “ser persona venezolana por accidente biográfico, esto es, por su nacimiento o el de sus progenitores, o por expresa decisión, es decir, por naturalización”. (Krisis. Memorias prematuras. Caracas, 1985).

Otras diferencias con el texto constitucional que actualmente nos rige no son tan profundas. Aun la revolución que significaría en la arquitectura del poder público venezolano la innovación de la figura de un jefe de gobierno (primer ministro) pudiera considerarse una reforma constitucional. Una cosa así perfectamente podría diseñarse desde las actuales cámaras legislativas, a pesar de que el cambio sería en este caso de importante magnitud. Igualmente pudiese contemplarse de este modo la innovación de la institución del jurado como elemento actualmente ajeno a nuestro proceso jurídico. (Esta “democratización de la justicia”—que fue de hecho la primera democratización, antes de la democracia parlamentaria, que conocieron los sajones—pudiera aplicarse sin excesiva violencia de nuestro ordenamiento jurídico, aunque sólo fuese en nuestros procesos de delitos contra la cosa pública, contra nuestra res publica).

Son múltiples, pues, las diferencias de significativo grado entre la Constitución del 61 y una nueva constitución que alojase lógicamente las instituciones que son recomendables a los intereses de la nación venezolana. Entre estas hay algunas que por sí solas definirían al nuevo documento como una constitución diferente. Será preciso elegir una Constituyente. LEA

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REF #16 – La peor enfermedad

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Durante el primer trimestre de este año se llevó a cabo en Holanda un curso superior de adiestramiento ejecutivo de la compañía Shell, la famosa empresa transnacional del petróleo, una entre aquellas “siete hermanas” que hasta 1973 determinaron el rumbo del mercado petrolero mundial. El curso en cuestión fue ofrecido a unas cuantas decenas de empleados de la Shell provenientes de todo el mundo.

Algunas de las sesiones del curso fueron dedicadas al análisis de las paridades entre diversas monedas del planeta. El bolívar era una de ellas. Para ese momento, la política de control de cambios ya imperaba, lo sabemos, en Venezuela, y fuera del engorroso sistema oficial en el que se obtenían dólares a 170 bolívares, podía conseguirse la moneda norteamericana a un precio que oscilaba alrededor de 230 bolívares.

Cuando se hizo en el curso el análisis del valor que en principio debía tener el bolívar (empleando el criterio de paridades del poder de compra) a los profesores les daban las cuentas un bolívar a 153 por dólar. Según su opinión, la diferencia entre 153 y 170 o 230 sólo tenía una explicación: desconfianza.

Es importante por tanto preguntarse ¿qué es lo que causa la desconfianza?

Ciertamente, podemos atribuir una responsabilidad significativa al Gobierno Nacional, y en este punto creemos que es la combinación de un cierto grado de desorden en las señales emitidas por ministros y altos funcionarios junto con el casi completo silencio por parte del Presidente de la República, la fuente principal de la desconfianza de origen gubernamental. Pero hay otras fuentes igualmente importantes o, tal vez, aún más importantes.

Imaginemos un paciente en grave condición. Está acostado sobre una cama, asaetado por agujas hipodérmicas de todos los calibres, vendado, amarrado, cosido, conectado. Y supongamos que todo el personal médico y paramédico del hospital se agrupa a su alrededor, y que también todos los miembros de su larga familia se hallen presentes, y periodistas, sacerdotes, sepultureros y vendedores de seguros estén también allí, todos hablando en voz alta, opinando, criticando, debatiendo. “Se ve muy mal. Yo vine a verlo ayer y hoy está mucho peor. Ese suero no está goteando casi nada. El adhesivo se le está desprendiendo. Por aquí se está desangrando. Por este lado le está saliendo pus. Qué sala tan horrible, no hay derecho. A mí me han dicho que ese médico es un pirata. A mí me dijeron que bebía. Este paciente no tiene remedio” ¿Cómo pensamos que puede recuperarse un paciente en estas condiciones?

Esta imagen se aproxima bastante a lo que ha sido la comunicación “formadora de opinión” en el proceso venezolano reciente. En una evaluación que hacíamos hace unos años acerca del gobierno de Luis Herrera Campíns destacábamos cuatro factores que gravitaron adversamente en su período. Uno de éstos, sin duda, fue el tipo de oposición que llevó a cabo por ese entonces Acción Democrática, que se encontraba necesitada de recuperación luego del traumático episodio del “Sierra Nevada”. Escribíamos por ese entonces: “La oposición de Acción Democrática también era natural. Si durante un tiempo, por la época del caso «Sierra Nevada», ese partido estuvo deprimido y acomplejado, no tardó en reponerse bajo el liderazgo de Jaime Lusinchi, quien inmediatamente después de la derrota electoral animó a sus copartidarios a reagruparse para continuar en la lucha. Los resultados son, obviamente, correspondientes con esa valerosa postura de rechazo a la rendición. Pero la oposición de Acción Democrática contribuyó en mucho a la conformación de un clima de desconfianza en las políticas económicas del gobierno de Herrera Campíns. Una prédica incesante desacreditaba la bondad de las decisiones, y la participación adeca en el Congreso de la República no le hacía en nada fácil la vida a Luis Herrera”.

El desempeño de los actores económicos tiene mucho que ver con los climas psicológicos y de opinión. Especialmente en una época cuando la economía es dominada por transacciones virtuales, por la emisión de papeles, por las vicepresidencias de finanzas, por las decisiones de jóvenes ejecutivos de cuentas con celular y computador, la evaluación psicológica de las expectativas se convierte en un factor dominante. Y por esto la cacofónica actuación del liderazgo de opinión en Venezuela tiene mucho que ver con el estado actual de su economía. Con la desconfianza a la que se referían los analistas y profesores de la Shell en el curso que mencionamos anteriormente.

Tal vez la enfermedad más grave de la sociedad venezolana es su inclinación, aparentemente inevitable, a criticarse y rechazarse a sí misma. Es una exhortación insistente, permanente, a buscar, destacar y amplificar lo negativo. No es fácil encontrar un tratamiento económico perfecto, y si no, pensemos en los actuales problemas y desequilibrios de México y Argentina, que son los países donde se ha aplicado con mayor fidelidad el recetario ortodoxo al que es renuente el gobierno de Rafael Caldera.

Pero seguramente el mejor tratamiento posible estará destinado al fracaso si alrededor del paciente se congrega un coro de voces histéricas y agoreras para agobiarlo con una cantilena de pronósticos negativos.

Al nivel del ciudadano común repetimos ese patrón de conducta de muchos entre los líderes venezolanos. Repetimos los rumores más estrambóticos y las opiniones más pesimistas. Más grave aún: muchos de nuestros ciudadanos carecen  del escrúpulo suficiente para no aprovecharse de los resquicios de aparatos legales siempre insuficientes. Y entonces un empresario de Maracay avala con su fortuna personal la emisión de 16 tarjetas de crédito a otros tantos obreros de confianza de su fábrica, para tomarlas luego y pararse ante telecajeros de Miami a extraer dólares en efectivo. Luego la culpa es del gobierno.

En gran medida, claro, la culpa es del gobierno. De un gobierno, de un estamento político en general, incluyendo a la oposición, que todavía piensa que el maestro es el “apóstol de la juventud” y que la universidad es “ante todo, una comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad”, como reza nuestra obsoleta e ineficaz Ley de Universidades. Que supone que es suficiente una exhortación a la solidaridad en el vacío, en ausencia de un esquema estratégico convincente y una visión entusiasmante. Debe ser muy desagradable a un Presidente de la República decir: “Caramba, yo pensé que podíamos contar con el sector privado, y por eso primero intenté salvar a las instituciones privadas bancarias con sus juntas directivas privadas antes de decidir la intervención. Y yo establecí el control de cambios que no quería cuando era un clamor general que se tomara esa medida. Y después comencé a flexibilizar ese control para encontrarme con todo género de trampas y triquiñuelas que consumieron más divisas de lo que sería necesario consumir para la sana marcha de la economía nacional. Ustedes, ciudadanos, se han portado mal conmigo y con el país”. No es muy fácil decir estas cosas desde la Presidencia de la República poco antes de la celebración de unas elecciones.

Las críticas a las decisiones políticas del gobierno comenzaron desde el mismo arranque del período. Los dos primeros movimientos de política económica de Caldera fueron, por un lado, el tratar de obtener una reducción consensual de las tasas de interés con el fin de animar al aparato productivo, intento que fue torpedeado por Ruth de Krivoy; por el otro, un esquema de acciones estrictamente contraídas a la búsqueda de una reducción del gasto público, lo que se dió en llamar el “Plan Sosa”. Pero esto último jamás fue presentado con la pretensión de ser una política económica integral, sino tan sólo un programa parcial dirigido al puntual y loable objetivo de comenzar la lucha contra la inflación por la disciplina del propio gobierno. A pesar de esto, el “plan” Sosa fue criticado porque no era una política económica integral.

Después cobró fuerza el mitocliché de que el gobierno había presentado demasiados planes, porque al “plan” Sosa siguió una presentación, en larga medida no oficial, por Asdrúbal Batista, de un esquema general de política económica. La única vez que el gobierno ha presentado oficialmente algo de alcance global fue cuando, en septiembre de 1994, el Ministro de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez, hizo la exposición del “Plan de Estabilización y Recuperación Económica” que fue bautizado como “Plan Corrales” y que, como hemos señalado en esta publicación, contó con la opinión favorable del Banco Mundial y la del propio DirectorGerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, pocos meses más tarde de haber sido dado a conocer. También hemos destacado que el mismo Presidente de la República se refirió (10 de marzo de 1995) a una estrecha vinculación entre este “plan de emergencia” y el IX Plan de la Nación. Y esta secuencia significa que, en el fondo, no hay tal proliferación de planes. A pesar de eso, la inexistente multiplicidad es una de las críticas más proferidas.

Seguramente es posible encontrar importantes defectos en la gestión económica del gobierno de Rafael Caldera, como puede encontrarse en el desempeño de la economía pública de Argentina y México, en la de España, en la de Inglaterra y en la de, si a ver vamos, los Estados Unidos. Pero las limitaciones e ineficiencias de estas políticas económicas se amplifican y agravan con las fáciles profecías autocumplidas de quienes aseguran a priori que nada funcionará.

Esta es una historia más viva, por más reciente, que ese recuento de 1945 hacia atrás, que algunos han logrado transmutar, con un poderoso empleo de recursos comunicacionales, de historia en histeria.

LEA

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Código de Ética Política

Juro por Dios que por lo que me quede de vida practicaré el arte de la Política según las siguientes estipulaciones:

*Recomendaré o aplicaré, según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas o asociaciones que pidan mi consejo o asistencia.

*Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

*Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general.

*Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.

*Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

*Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.

*No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.

*Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo.

*Me asociaré, para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento.

Séame dado, si cumplo con las estipulaciones de este juramento, vivir y practicar el arte de la Política en paz con mis semejantes y sus asociaciones, y reconocido y compensado justamente por mis servicios. Sea lo contrario mi destino si traspaso y violo este juramento.

Luis Enrique Alcalá

24 de septiembre de 1995

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REF #14-15 – Contribución a la ética política

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Amables oyentes de Unión Radio: a través de Platón sabemos que hacia el año 400 antes de Cristo, un nativo de la isla griega de Cos, contemporáneo de Sócrates, vivía como practicante y maestro del arte de la Medicina. Este griego de la antigüedad llevaba el nombre de Hipócrates, y sostenía que el conocimiento del cuerpo humano dependía del conocimiento acerca del hombre completo. Hipócrates viajaba de ciudad en ciudad, y como muchos grandes filósofos de la época, llegó hasta Atenas para practicar y enseñar su profesión.

De los textos que forman la llamada colección hipocrática, es el más difundido el que se conoce como juramento hipocrático o Juramento de Hipócrates, el texto primario y fundamental de la práctica médica, y el primer código de ética profesional que se conoce en la historia.

Varias veces hemos hecho alusión en este programa a los preceptos de ese juramento, y hemos hecho analogía de los mismos con preceptos que deberían regir otro arte, otra profesión de los hombres, como es la Política. Más de una vez he fastidiado a los oyentes asiduos de este programa con la idea de que hay una similitud importante entre la Medicina y la Política, concepto que por otra parte sostienen varios autores. Esa idea es ya vieja compañera mía, y la expuse explícitamente por primera vez un domingo de diciembre de 1984, hace ya casi once años, a los amigos Diego Bautista Urbaneja y Gerardo Cabañas Arcos, y al día siguiente a un grupo que incluía a estos dos y también a Tulio Rodríguez, Alberto Krygier y Andrés Sosa Pietri. En unas memorias prematuras que escribí entre diciembre de 1985 y febrero de 1986, registré esos hechos del modo siguiente:

“En esa reunión en mi casa expuse por primera vez mi noción de la ruta que estaba marcada para nuestra legitimación en tanto políticos como un camino «médico». La llamé «la metáfora médica»… El acto político es un acto médico, dije, pues en el fondo se trata de proponer, seleccionar y aplicar tratamientos a los problemas. De hecho, tesis como la que propuse en «Válvula» o aun la misma receta de la «sociedad política de Venezuela» no eran otra cosa que tratamientos, propuestos para ofrecer respuestas que, a diferencia de las respuestas insuficientes, las respuestas «substandard» emitidas por los actores políticos tradicionales, fuesen al menos un intento de atacar los problemas en sus dimensiones más importantes. En efecto dije que sería posible distinguir entre la «sociedad política de Venezuela» como asociación que intervendría en la política concreta del país, y una «Sociedad Política» en el sentido de una asociación de profesionales que entendía la política como una actividad médica, con una clara conciencia de la grave responsabilidad que significaba tratar de modificar la realidad social”.

Y también registré en esas memorias esto que sigue:

“A comienzos del año siguiente, 1985, recibí copia de unos trabajos de Yehezkel Dror, enviados a mí por intermedio de Suhail Khan, gerente de planificación de CORPOVEN. En uno de ellos Dror, amigo y maestro desde el año de 1972, decía lo siguiente: «…policy sciences are, in part, a clinical profession and craft». (Las ciencias de «las políticas» son, en parte, una profesión y un arte clínicos). Esto fue para mí una confirmación de que andaba por el camino correcto. Yehezkel Dror es uno de los hombres que más experiencia tienen con los problemas y los sistemas concretos de la política. Su posición era sólo ligeramente menos radical que la mía, puesto que lo que a mí me interesaba era  el territorio conceptual que se define, justamente, por esa parte que es una profesión y un arte «clínicos». Por esos días pasaban por el canal 8 de televisión una de esas buenas telenovelas brasileñas, tal vez la mejor de todas: Una mujer llamada Malú. Malú es socióloga, mi colega, pues seguí los estudios de sociología en la Universidad Católica Andrés Bello entre 1963 y 1968. Un día trata de explicarle a su hija por qué le resulta tan difícil conseguir un empleo y le dice: «Es que la sociología no es una profesión». Tiene razón. La sociología no es una profesión, sino una ciencia, bastante incipiente, por cierto. Si uno va a los laboratorios del IVIC y se topa con alguien que trabaje, digamos, en fisiología celular y uno le pregunta cuál es su profesión, no oiremos que nos contesta que su profesión es la fisiología. Nos dirá que su profesión es la de investigador. La fisiología es un campo, una disciplina, una ciencia, pero no una profesión. Del mismo modo son ciencias y no profesiones la sociología, la antropología, la politología y aún la misma economía. Es la política, la ocupación  de resolver problemas públicos, lo que es una profesión. Profesión que se ejerce desde distintas posiciones. Hay algunos políticos que ejercen su profesión clínicamente, limitando su acción hasta la prescripción de los tratamientos. Otros son más médicos de cabecera o políticos terapeutas o cirujanos, más directamente involucrados en operaciones o aplicaciones de los tratamientos. Hay políticos generales, análogos a los médicos que hacen  medicina general. Hay políticos especialistas, como los hay también en la profesión médica”.

Estas son cosas, pues, que escribía o decía en 1984 y 1985, de modo que sostengo esa noción de una afinidad arquitectónica de la Política y la Medicina desde hace un buen tiempo. Esto se debe, tal vez, a una deformación profesional, pues, como quizás algunos de ustedes sepan, estudié los primeros tres años de la carrera de Medicina en la Universidad de Los Andes en Mérida. Todavía hoy mi señora madre lamenta mi decisión de abandonar por la mitad los estudios médicos. El pasado miércoles fui a que me vieran un esguince de la rodilla izquierda en el Hospital Universitario de Caracas, donde mamá trabaja como voluntaria de hospitales y no perdió la oportunidad de regañarme de nuevo, treinta y tres años después de que yo abandonara la carrera de Medicina para mudarme a los temas sociales. Yo prefiero pensar que continúo siendo médico en el campo de lo político.

Ahora bien, desde hace mucho tiempo he sentido que sería necesario y útil formalizar un código de ética para el ejercicio de la Política tal como la concibo: como arte, profesión y oficio similar a la Medicina, y esta semana he podido concluir la redacción de algunas estipulaciones que componen un juramento hipocrático para la Política. Quiero leer esas estipulaciones para ustedes, amables oyentes, como modo de comprometerme públicamente con un código ético de la profesión política. Permítanme leer, sin más preámbulo, el siguiente juramento:

Yo, Luis Enrique Alcalá, venezolano, juro por Dios ante quienes hoy—domingo 24 de septiembre de 1995—me escuchan, que por lo que me quede de vida practicaré el arte de la Política según las siguientes estipulaciones:

• Recomendaré o aplicaré según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas o asociaciones que pidan mi consejo o asistencia.

• Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad  puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

• Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general.

• Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.

• Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y en lo posible enmendaré inmediatamente las equivocaciones que haya transmitido y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando estos se debiesen a mi negligencia.

• No buscaré postulación alguna para ningún cargo público ejecutivo cuyo nombramiento dependa de los Electores, aunque podré admitirla en caso de que estos Electores consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.

• No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.

• Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo.

• Me asociaré para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento.

Séame dado, si cumplo con las estipulaciones de este juramento, vivir y practicar el arte de la Política en paz con mis semejantes y sus asociaciones, y reconocido y compensado justamente por mis servicios. Sea lo contrario mi destino si traspaso y violo este juramento.

Lo que acabo de leer es, pues, un compromiso público, y ruego a ustedes me sirvan de testigos y de fiscales, y que me exijan el fiel cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el juramento que he expresado.

Por otro lado, seguramente las cosas juradas por mí hoy ante ustedes necesitan un poco de explicación adicional, razón por la cual explico un poco más a continuación.

La primera de las estipulaciones del juramento dice: “Recomendaré o aplicaré según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas u asociaciones que pidan mi consejo o asistencia”. Esto significa que nadie, que ninguna organización podrá pedirme, en virtud de que yo haya entrado con ella en una relación profesional, nunca podrá pedirme, repito, una lealtad tal que implique buscar el beneficio particular de esa persona o esa asociación hasta el punto de hacerlo a expensas del daño a la sociedad u otras personas y asociaciones. Por ejemplo, podré ayudar a una persona o asociación de personas a conseguir sus objetivos siempre que éstos sean legítimos y no produzcan daño. De lo contrario preferiré el bien general de la sociedad por encima de cualquier deseo de beneficio o lucro de quien pida mi asistencia.

La segunda de las estipulaciones dice así: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad  puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. Y esto significa entre otras cosas, que me opondré siempre al estilo de comunicación que se alimenta del escándalo y de las interpretaciones torcidas e interesadas, sobre todo de aquellas que lamentablemente se ven con tanta frecuencia en Venezuela, y que tienden a presentar nuestra sociedad como indigna o definitiva e irreversiblemente dañada.

La tercera estipulación es muy clara y no necesita explicación, y dice así: “Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general”.

La cuarta estipulación dice: “Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia”. Nadie, por tanto, podrá contar conmigo para la confidencia de proyectos dañinos. Si me encuentro con alguien que me confíe una cosa de tal naturaleza, procuraré disuadirlo de sus propósitos por todos los medios a mi alcance. Si no puedo convencerlo podrá ocurrir entonces que tenga que comunicar lo que me haya dicho en secreto para evitar daño a la sociedad.

La quinta de las estipulaciones del juramento dice: “Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y en lo posible enmendaré inme diatamente las equivocaciones que haya transmitido y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando estos se debiesen a mi negligencia”. Esto tiene que ser así porque la Política es un arte y no una ciencia, mucho menos una ciencia exacta. Lo que puedo prometer es lo mismo que prometió Hipócrates, quien decía: “Seguiré aquel sistema de régimen que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, considere beneficioso a mis pacientes”. La sociedad es un paciente bastante más complicado que una persona que un médico atienda, por una parte, y por la otra, las sociedades cambian, sufren metamorfosis. Un tratamiento adecuado para cierto momento de una sociedad no necesariamente será eficaz para un momento posterior.

La sexta postulación, nuestro sexto mandamiento, dice lo siguiente: “No buscaré postulación alguna para ningún cargo público ejecutivo cuyo nombramiento dependa de los Electores, aunque podré admitirla en caso de que estos Electores consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida”.

Entre otras cosas, ese mandamiento no impide que pueda buscar la postulación para cargos que no sean ejecutivos. Por ejemplo, podría aspirar pública y legítimamente a cargos legislativos o constituyentes. Pero tampoco impide que acepte cargos ejecutivos que no sean determinados por los Electores.

Lo que sí quiero evitar es el postularme yo mismo a cargos ejecutivos por elección popular, aunque pudiera aceptarlos si es la voluntad de los Electores. Aquí hay, tanto un eco de Hipócrates, quien en su juramento declaraba que no practicaría la cirugía, como una analogía con la correcta práctica médica que rechaza la publicidad de los médicos como si se tratase de un producto de supermercados. Finalmente, creo que el mejor médico es aquél que cree en la sabiduría fundamental del cuerpo humano, y que el mejor político es aquél que cree en la sabiduría del cuerpo social considerado como conjunto. El mejor médico es aquél que procura hacerse prescindible, innecesario. De allí la parte de la estipulación que me obligará a ejercer los cargos que pueda desempeñar en el lapso más breve que sea posible.

La séptima estipulación sólo necesita ser leída de nuevo, pues no tiene nada de ambigüedad: “No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías”.

La octava estipulación reza así: “Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo”. Creo que es lamentable la mezquina práctica de presentar como propias ideas o tratamientos que han sido formulados por otras personas con antelación. Dicho en criollo: “No debe ganarse indulgencias con escapulario ajeno”.

La última estipulación del juramento dice lo siguiente: “Me asociaré para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento”. Esto es, que a pesar de que lo que he jurado es un compromiso individual y personal, uninominal podría decirse, daré la bienvenida a la asociación con personas que quieran honrar el mismo compromiso. Una sola persona puede hacer poco. Es por tanto preferible que seamos muchos los que querramos servir a los hombres como políticos guiados por los preceptos éticos que hemos expuesto.

Quiero dar a ustedes las gracias por su paciencia al escucharme. Quiero también ofrecer a quien desee tener una copia por escrito de este código de ética profesional para la Política el ponerla a su disposición. Pienso firmar las copias personalmente, como señal de compromiso no sólo público, sino con cualquiera que consienta en ser vigilante exigente del cumplimiento de mi compromiso.

Tengo confianza en ustedes. Creo que todos juntos podemos hacer que la Política sea digna de su nombre.

LEA

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REF #14-15 – Vendedor de agendas

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Robin Hood ha ido a Nottingham a conversar con el sheriff de Su Majestad. Luis Raúl Matos Azócar, que en una época decía que en Venezuela había más de un Hood Robin que quitaba a los pobres para darle a los ricos, ha presidido una misión a Washington para buscar un acuerdo de apoyo de los principales entes financieros multinacionales.

Desde el punto de vista noticioso, la visita de Matos al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, constituyó una sorpresa equivalente a la del anuncio del aumento en los precios de la gasolina que hiciera el propio Presidente de la República, el doctor Rafael Caldera. Como si se hubiera propuesto dejar sin argumentos a la oposición, el gobierno ha iniciado una secuencia de decisiones que van poco a poco acercándose a las recomendaciones críticas a su gestión de política económica.

Otra manera de ver la serie de medidas es, sin embargo, como una aceptación a regañadientes de ciertas realidades económicas. Así, el gobierno intervino bancos en contra de su voluntad, pues primero buscó salvarlos con sus administraciones intactas, y sólo después de que este expediente fracasara fue que procedió a la intervención. Más tarde impuso un impuesto al valor agregado por otro nombre, en contradicción directa de la siguiente promesa de la Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela: “…se impone la suspensión del Impuesto al Valor Agregado en cuanto constituye una carga injusta sobre los consumidores de menos recursos”. (Página 14).

Luego llegó el gobierno al control de cambios, a pesar de que el propio Presidente, el mismo día en que fue proclamado oficialmente Presidente Electo en la sede del Consejo Supremo Electoral, se declaró decididamente opuesto a tal medida. Igualmente, decretó el aumento en los precios de los combustibles para el mercado interno, contraviniendo una expresa postura contraria de la campaña electoral. Ahora va a negociar con el Fondo Monetario Internacional.

Yehezkel Dror tiene una expresión muy acertada para referirse a este tipo de decisiones—opción trágica—y que aplica a aquella situación en la que se encuentra un gobernante cuyas opciones son todas de un elevado costo social. Esta figura describe adecuadamente el proceso en el que se ha visto envuelto el gobierno de Rafael Caldera, puesto que no es sostenible la hipótesis de duplicidad en una trayectoria política cifrada precisamente en una alta credibilidad.

Ninguna de estas medidas, por otra parte—salvo en lo ya apuntado del impuesto al valor agregado—tuvieron alusión alguna en la Carta de Intención del candidato Caldera. En este documento no existe referencia, ni a favor ni en contra, al precio de la gasolina, el control de cambios o los avenimientos con el Fondo Monetario Internacional. (Tan sólo se dice que se restablecerá “el diálogo sobre la deuda con los organismos financieros internacionales”).

Desde este punto de vista, no hay técnicamente una violación del compromiso explícito de Rafael Caldera con los Electores, salvo en el punto, otra vez, del IVA. (A este respecto es interesante recordar que la primera idea de un impuesto al valor agregado se produce en Venezuela durante el primer período presidencial de Rafael Caldera, cuando su Ministro de Hacienda era Pedro Rafael Tinoco hijo y el Director General del Despacho era el doctor Luis Ugueto Arismendi, quien luego sería Ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns).

A pesar de tales consideraciones, es obvio que el gobierno y, específicamente el presidente Caldera, no han disfrutado la mayoría de las decisiones que ha debido tomar en materia de política económica. Pero también debe anotarse que la secuencia decisional de este gobierno ha comenzado a dejar temáticamente desamparada a la oposición.

La visita de Matos fue anticipada por declaraciones de que no se iría “de rodillas” ante el Fondo Monetario Internacional. La declaración tiene un estilo algo demagógico, y también algo de descortesía. No era necesaria de parte de un gobierno que ha sido muy celoso guardián de las prerrogativas implicadas en el ejercicio de nuestra soberanía. (De lo que queda de ella). Pero en todo caso el gobierno cumplió, a través de su Ministro de Hacienda, con solicitar auxilio financiero sujeto naturalmente a un cierto programa, siempre y cuando sea tomada en cuenta la poca disposición del gobierno en aplicar políticas de shock y su constante preocupación en materia social. Algo se aprendió del 27 de febrero de 1989.

En principio, Luis Matos logró estos propósitos. Un documento con las líneas generales de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será firmado antes de que concluya 1995; no habrá una devaluación por decreto; se desmontará parcialmente el control de cambios durante el primer trimestre de 1996 (para la cuenta corriente, no para la cuenta de capital); se congelará el 80% de los puestos vacantes de la administración pública; se reducirá el número de ministerios. A cambio, el gobierno aspira recibir a corto plazo no menos de 1.500 millones de dólares. Del Fondo Monetario Internacional procederían los recursos para apuntalar las reservas del país y para contribuir a la estabilización del sistema financiero nacional. Del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo provendrían los fondos que serían destinados a atender problemas sociales.

Tal cosa representará un alivio considerable de la agujereada y exigua Tesorería Nacional. Sobre ella pesan innumerables demandas por recursos. Por mencionar una que pudiera ser aprovechada criminalmente para excitar agitación estudiantil y luego general, las presiones provenientes de los sectores universitarios son un factor de presión que pacientemente intenta ser negociada por el gobierno. (Por ejemplo, representantes de la comunidad universitaria venezolana han solicitado recursos, solamente en materia de presupuesto operativo de 1996—sin considerar homologación de sueldos, tratamiento de prestaciones sociales, cláusulas de contingencia, etcétera—por un monto de 223 mil millones de bolívares, mientras el gobierno ha ofrecido 177 mil millones).

Pero también hay signos de racionalidad por parte de las universidades. El Consejo Nacional de Universidades recibió las proposiciones del Ejecutivo—no sólo sobre el punto del presupuesto “ordinario”—el 29 de septiembre, y consideró que tal oferta constituía una base posible de negociación entre las partes.

El periplo de nuestro Ministro de Hacienda por las sedes de los organismos financieros domiciliados en el Distrito de Columbia, fue entendido como muy auspicioso por parte de autoridades de la banca comercial norteamericana. Llegó incluso a decirse que las percepciones de Venezuela comienzan a cambiar entre los potenciales inversionistas extranjeros, y que esto habría ayudado a una acogida positiva de los planteamientos de Matos ante los organismos financieros internacionales.

Naturalmente, las voces que exigían el aumento de la gasolina hasta minutos antes de la alocución presidencial que lo anunció, y que al día siguiente encontraron modo de criticar una muy pensada y equilibrada decisión, hicieron todo género de críticas al viaje del Ministro de Hacienda.

Parece ser que en principio no hay mucho fundamento para las críticas. Los resultados del viaje de Matos parecen tanto adecuados como dignos. Y vale la pena recordar que a fines del año pasado, cuando ya habían sido decretados los controles de cambio y de precios, el mismo Michel Camdessus, Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, declaró luego de entrevistarse con el presidente Caldera que la política económica de su gobierno era bastante razonable y que veía un futuro brillante para Venezuela. Asimismo, los pronunciamientos oficiales conocidos del Banco Interamericano de Desarrollo han sido muy comprensivos, mientras que un informe del Banco Mundial de junio de 1995 sobre nuestro país reconoce la racionalidad y cree en la eficacia de los planes gubernamentales para la estabilización y recuperación de nuestra economía. En otras palabras, el FMI ha comprado la Agenda Venezuela.

LEA

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