La ciencia en la formación de las políticas públicas

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Ponencia ante la XXII Reunión Internacional de la Asociación Interciencia, Buenos Aires.

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Comenzaba apenas la cuarta década del siglo y Londres se encontraba bajo asedio aéreo de la Luftwaffe. La defensa antiaérea de la ciudad dejaba mucho que desear y el proceso de decisiones militares característico de la época no lograba mejorar la situación. Luego de largos meses de ineficacia surgió una proposición poco convencional, la que fue aceptada, por supuesto, porque es característica humana universal acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Alguien propuso entregar el problema a científicos pues, argumentaba, a fin de cuentas son personas adiestradas en una forma sistemática y flemática de pensamiento. Fue así como se constituyó el primer equipo de investigación operacional de la historia. Un químico, un matemático, un filósofo, y otros científicos después, hincaron el diente al descoordinado sistema de defensa aérea londinense. La mayoría de los problemas eran, justamente, problemas de coordinación y control, problemas sistémicos, de relación entre componentes y dinámicas complejas. El equipo tuvo éxito, y a partir de sus resultados Londres sintió una notable mejoría en lo que de todos modos fue una angustia prolongada y terrible.

Allí fue, entonces, donde se probó por primera vez de modo explícito que la acción convergente de varias cabezas educadas en los modos de la ciencia puede no sólo contestar preguntas sino también resolver problemas. No nos referimos, por supuesto, a problemas de tecnología física. A fin de cuentas, siempre la sabiduría, la filosofía natural, encontró tiempo para diseñar espejos incendiarios y proyectiles, construir puentes y acueductos, inventar máquinas y herramientas, descubrir vacunas y remedios. Esta vez se trataba de una tecnología de decisión, de un etéreo proceso de análisis e invención de arreglos y organizaciones.

Más tarde el mundo anglosajón sobre todo, vería el nacimiento y desarrollo de variadas versiones de institutos para el análisis científico de problemas públicos y la invención de soluciones y políticas. Había nacido la institución del think tank. Un centro típicamente multidisciplinario para la investigación y el desarrollo de políticas y tratamientos a problemas de carácter público. Notables ejemplos norteamericanos son, por citar algunos nombres, la Corporación RAND, el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, el Instituto Hudson y la muy venerable Institución Brookings.

No es en los pueblos sudamericanos demasiado frecuente este modelo de simbiosis de conocimiento y poder, con algunas muy honrosas excepciones como en el caso del Instituto Torcuato Di Tella argentino o el CENDES venezolano, aunque este último instituto se encuentra muy disminuido desde su época de mayor influencia en la década de los años sesenta. Pareciera que nuestro gen cultural del reconocimiento a lo sabio fuese un gen recesivo. No existe en nuestros arquetipos del inconsciente colectivo una pareja equivalente a la de Merlín y Arturo. En nuestras latitudes Arturo pretende indicarle a Merlín qué es lo que éste tiene que hacer, lo que es, obviamente, una inversión del arquetipo inglés de un guerrero que toma su norte de un sabio.

En Venezuela es particularmente escueta la participación de lo científico en la formación de las políticas públicas. Ciertamente, los ingenieros, los médicos, los economistas, funcionan en un nivel técnico, como calculistas o diseñadores físicos, como coordinadores de servicios, como acumuladores y suministradores de estadísticas. No así los investigadores científicos en tanto analistas de decisiones e inventores de políticas. Más cerca de las decisiones políticas están los expertos en mercadeo y propaganda que los sabios de nuestra nación. Seguramente el paso instantáneo más importante que podemos dar en nuestra próxima fase de desarrollo político debe ser la de una mayor participación de los científicos venezolanos en la construcción de las decisiones públicas.

Una metáfora cortical

Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el desarrollo de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la “autosimilaridad”, en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del “organicismo social”, que propugnaba una identidad casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.

Para comenzar, el cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, no regula directamente sino muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos de conjunto del organismo, a través de su conexión con el sistema músculo-esquelético. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma. (Muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con la relación de lo político y lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.

La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable a la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad.

Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite esas órdenes ineludibles. (La circunvolución prerrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con efectores músculo-esqueléticos). La corteza motora, la corteza de células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la superficie de la corteza de un hemisferio cerebral.

Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.

La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, y es la que verdaderamente elabora el telos, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques.

La necesidad de una “corteza asociativa” del Estado venezolano es evidente, pero su espacio debe ser determinado como permanente, y su composición y métodos establecidos según lo conocido ahora en materia de la disciplina denominada policy sciences (ciencias de las políticas, no ciencia política), luego de varias décadas de elaboración conceptual y metodológica a este respecto. He aquí un campo para un rediseño de la arquitectura del Estado que aloje de modo permanente y adecuado, la función asociativa de la generación de políticas.

Una solución al aislamiento de lo científico

En aguda descripción, C. P. Snow oponía la ignorancia de lo literario en un científico que asistía a uno de esos cultos saraos neoyorquinos a lo Woody Allen, al supino desconocimiento de lo científico por parte de un artista que igualmente conversaba en esa fiesta. El científico no lograba ubicar un recuerdo para Wallace Stevens o registrar conocimiento acerca del modernismo italiano, tal vez; pero el artista no acertaba a identificar quién era Roger Penrose ni estaba enterado de la función del ARN mensajero, pongamos por caso.

Desde esos compartimientos estancos del interés especializado hasta la más grave inconsciencia social respecto de la importancia estratégica y fundamental de lo científico, se extiende la gama que describe el aislamiento relativo de la ciencia y la tecnología en la mayoría de nuestras sociedades, y que explica mucho de la baja prioridad que se le suele asignar en los presupuestos nacionales. Esto, si bien más grave en latitudes de esta Tierra de Gracia sudamericana, es un fenómeno más bien universal. La ciencia tiende a aislarse y a agravar su aislamiento en la medida de su baja sofisticación para la interacción política. Jeffrey Pfeffer, por ejemplo, ha documentado el punto para los Estados Unidos en Managing with power con el caso de la confrontación de investigadores de la biomedicina y los bancos de sangre en torno a la transmisión del virus HIV a través de transfusiones sanguíneas. Miles de muertes norteamericanas por SIDA mediaron entre el primer alerta de los científicos en 1981 y la verdadera extensión del despistaje de HIV en depósitos de sangre hacia 1985. Así, en todas partes se cuecen habas.

Entre las diversas estrategias disponibles para sacar a la ciencia y la tecnología del aislamiento en que se encuentra en la mayoría de nuestros países, probablemente sea la más responsable el incremento de la participación de los científicos y tecnólogos en los procesos de formación de las políticas públicas. Más allá de su contribución especializada en cada área específica, los científicos están en capacidad de emplear su adiestramiento mental en el análisis de los inmensos problemas que aquejan a nuestras sociedades y en la invención de protocolos de solución. Ninguna otra cosa puede convencer más acerca de la gigantesca pero regateada importancia social de la ciencia.

El aporte de la ciencia a la composición de las decisiones públicas se lleva a cabo de forma estándar, como dijimos, en el seno de instituciones especializadas conocidas como think tanks, término para el que todavía carecemos en castellano de una traducción más adecuada que aquella de “pensaduría” del ex sacerdote Iván Ilych. Y a pesar de que destacamos qué buen negocio es una pensaduría, no siempre se dispone de los recursos para establecer un equivalente a la Corporación RAND, que aloja en las afueras de Los Angeles a varios centenares de doctores y de discípulos dedicados al arte de obtener políticas racionales.

Pero he aquí que la novísima presencia de las redes informáticas, de la maravilla civilizatoria de la Internet permite ahora la incepción de verdaderos think tanks virtuales, los que al menos no consumen edificaciones, salones, aulas para la conferencia que ahora puede hacerse electrónicamente distribuida a distancia. En efecto, no se requiere otra cosa que enfocar las capacidades interactivas de la Red para dedicarlas en parte a la opinión científica sobre los problemas sociales y la creación metódica de tratamientos a los mismos. La tecnología de aplicaciones computarizadas está ya allí: la posibilidad de la publicación, la conferencia y el correo electrónicos. Con estos instrumentos un buen webmaster o maestro de red puede conducir una pertinente construcción científica de conjunto orientada a la búsqueda de soluciones a muchos problemas públicos. La instantaneidad y amplitud de la Red y sus redes inaugura la posibilidad de una crucial contribución de la ciencia a la política. Como decía Gastón Berger, debemos procurar la cooperación de aquellos que conocen lo conveniente con aquellos que determinan lo que es posible.

El Proyecto CORTEX de FUNDAVAC

Por encargo de ASOVAC, miembro fundador de Interciencia, para ASOVAC, la Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia, su organización de apoyo programático y financiero, está procediendo a montar un valor agregado sobre el ya inestimable valor de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales de Venezuela (REACCIUN). Mediante REACCIUN, los principales centros de investigación y los institutos de educación superior venezolanos están conectados en una red cuyo tráfico, parcialmente, puede ser dirigido hacia el análisis terapéutico de los problemas públicos venezolanos.

Un primer modo de excitar esta participación socialmente útil de los científicos en Venezuela es el de alimentar a REACCIUN con ejercicios Delphi sobre algunos problemas de importancia y algunos tratamientos sugeridos. Los “paneles Delphi” son mucho menos misteriosos que el oráculo clásico al que deben su nombre, y fueron inventados en la varias veces nombrada Corporación RAND en la fructífera década de los años sesenta. Vale la pena recordar su fundamento metodológico.

Mucho mejor que un modelo matemático computable, razonaba la gente de RAND, es el juicio de un experto, sobre todo cuando se trata de intentar predicciones acerca de la evolución de alguna tendencia hacia el futuro. Ningún modelo matemático, estadístico o econométrico es capaz, por ahora, de detectar patrones en los movimientos sociales, ni sirve tampoco para la adecuada ponderación de factores cualitativos. El olfato del experto, en cambio, en la peculiar forma humana de amalgamar experiencias, sí es capaz de asir las gestalten del cambio social, al menos en ocasiones.

Pero, decía la gente de RAND, el juicio de varios expertos es aun preferible al juicio de un solo experto. Varios expertos pueden producir una imagen compuesta que pudiera ser menos susceptible a sesgos peculiares. No en vano advertía Karl Popper que la objetividad de la ciencia no es garantizable en el científico individual, sino que es aproximada por el ejercicio social de la crítica y la contrastación.

Ahora bien, continuaba razonando la gente de RAND, la dinámica de los grupos humanos no es de despreciar, y puede perfectamente ocurrir que en una reunión de expertos logre imponerse el punto de vista de un científico de estentórea voz y corpulenta anatomía por encima de la opinión, tal vez más acertada, de un profesor enjuto y tímido. Para eliminar esos efectos el método que adoptó la Corporación RAND, al que denominó “paneles Delphi”, consistió en elaborar cuestionarios escritos fácilmente tabulables y remitirlos por correo a un “panel” cuyos miembros no tenían que verse las caras. La metodología facilitaba el realizar varios ciclos sucesivos de envío, tabulación, reenvío de las respuestas tabuladas y nueva recepción de respuestas cada vez más afinadas. Aquellos expertos cuya opinión divergiera notoriamente de la tendencia central debían explicar los fundamentos de su divergencia.

Un método de esta naturaleza es fácilmente electronizable, como podrá suponerse luego de una breve consideración, con la ventaja de la rapidez y la ventaja de que los instrumentos de elaboración y comunicación son los mismos que tabulan resultados con gran facilidad: los computadores enredados.

Esta actividad délfica, será pues, la primera operación cortical-asociativa que FUNDAVAC montará en REACCIUN para ASOVAC. Luego se dará paso a la natural actividad de los foros de discusión, convertidos ahora en instancias de análisis y diseño de políticas públicas, así como a la formación de bancos de tratamientos y políticas más elaboradas.

Es la esperanza de ASOVAC que este proceso, como modo de uncir la capacidad de razonamiento agregado de los científicos venezolanos a la yunta de las tareas nacionales, sea tanto una contribución importante al desarrollo y modernización del país como un modo práctico de que la Sociedad y el Estado reconozcan a la Ciencia en tanto factor estratégico merecedor de una generosa asignación de recursos.

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REF #21 – La venta de la gallina

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Hace casi exactamente diez años, en junio de 1986, escribíamos lo siguiente: “No creemos que haya ninguna razón funcional de fondo por la que, por ejemplo, la actividad extractiva—petróleo, minería—deba estar reservada a la explotación pública. Existe, sí, una tradición jurídica que se remonta a usos de la antigua Corona Española por la que los bienes del subsuelo eran de patrimonio real. Pero aún manteniendo esto, el Estado venezolano toleró por largos años una explotación del petróleo y del hierro por parte de manos privadas, sólo que se trataba de empresas privadas extranjeras. Es claro que no se hallan en Venezuela…  los capitales privados necesarios para que, por ejemplo, el patrimonio de PDVSA (la que tampoco posee el subsuelo), pudiese pasar al sistema de empresa privada”. (Luis Enrique Alcalá, Dictamen. Versión preliminar mimeografiada. Junio de 1986).

El párrafo anterior era una acotación lateral en una discusión centrada en otra dirección: el papel del Estado venezolano en la economía nacional. Incluía también la siguiente aseveración: “Igualmente, no vemos razones funcionales para que actividades tales como las de generación de electricidad, aviación internacional, radiodifusión y televisión, telefonía, y otras, no puedan ser ejercidas por actividad privada. En el caso de la telefonía se argumenta con frecuencia que la ‘seguridad’ de las comunicaciones del Estado exige que la organización y explotación del servicio telefónico sea de exclusiva competencia pública. Esto es cada vez menos sostenible, en vistas a la profunda modificación de la tecnología electrónica, la que permite que computadoras del Pentágono sean penetradas por adolescentes y, en una escala más modesta, las conversaciones del Presidente de Venezuela sean espiadas por funcionarios de la propia CANTV, como se dice que ocurrió durante el gobierno de Luis Herrera Campíns”.

La posición general respecto del papel del Estado en la economía era formulada del modo siguiente: “…sustentamos el criterio de que el Sector Público debe restringir su intervención en la actividad económica hasta el punto de que la mayor parte de ésta se conduzca por patrones, fundamentalmente, de autorregulación. Es decir, la actividad económica debe ser en principio libre. Hay algunas funciones básicas que debe reservarse a la función de gobierno. Entre ellas la principal es la de la regulación monetaria, siendo otra la de la regulación del intercambio externo a través de la interfase aduanal… Pero debe quedar a la función gubernamental la importante misión de establecer nuevas direcciones a la actividad económica, mediante el fomento directo de programas de desarrollo económico en un conjunto limitado y concentrado de áreas estratégicamente seleccionadas… Los programas deben ser integrales. Esto es, deben ir más allá de la mera concesión crediticia a proyectos individuales con posible validez en sí mismos, pero que no poseen necesariamente la concatenación necesaria al establecimiento, digamos, de un nuevo sector económico. Esto no significa que aboguemos por la supresión de todo financiamiento del Estado a proyectos que no formen parte de los programas integrales. Al contrario, sostenemos que una marcada mayoría de fondos públicos destinados al fomento económico deben ir a estos proyectos presentados aisladamente por los empresarios particulares, con tal que éstos cumplan con los requisitos mínimos de racionalidad y viabilidad económica. Sustentamos que el remanente, tal vez una tercera parte de los fondos disponibles debe ir a la financiación de proyectos agrupados en programas mayores, en un número no mayor, tal vez, de una media docena de programas, y que, en todo caso, también la ejecución de estos programas integrales sea confiada a manos privadas… Esto es importante porque sólo de una manera intencionalmente decidida será posible concentrar los recursos y los esfuerzos necesarios para que sectores económicos completos lleguen a poseer la escala suficiente como para que sean significativos”.

A pesar de lo anteriormente expuesto, somos de opinión contraria a la privatización de PDVSA, idea que ahora es defendida con intensidad, aunque sobre límites variables, por una gama de formadores de opinión que incluye al propio presidente de la empresa: Luis Giusti. En efecto, el ingeniero Giusti ha propuesto la colocación en mercados internacionales de un 15% de las acciones de nuestra multinacional pública de petróleo.

Giusti se inscribe de este modo en una serie de opiniones similares, la que incluyó, por ejemplo, la proposición que en este sentido hiciera Andrés Sosa Pietri, uno de los antecesores de Giusti, a fines de 1994. Sosa Pietri proponía la venta de hasta 49% de las acciones de PDVSA. Después de las declaraciones de Giusti, Eduardo Fernández ha salido a decir que debiera privatizarse totalmente, aunque en ritmo “gradual”, y otros analistas menos conocidos y más radicales también piensan en una privatización total.

De modo que ha sido planteada una completa desinversión pública en el sector de hidrocarburos. Si bien es cierto que algunas posiciones son menos radicales—Giusti, 15%; Sosa Pietri 49%; Gómez (Emeterio), 40%—la noción de que el Estado venezolano “desnacionalice” a PDVSA ya circula con toda libertad sobre la mesa del debate público.

La gallina

El 30 de agosto de 1975 el Presidente de la República, que en aquella época de vacas gordas era el ciudadano Carlos Andrés Pérez, procedió a crear por decreto ejecutivo “una empresa estatal bajo la forma de sociedad anónima que cumplirá y ejecutará la política que dicte en materia de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional”.

Según la primera cláusula del Título Primero—Disposiciones Generales—de ese decreto 1.123 del primer gobierno de Pérez, tal empresa se llamaría Petróleos de Venezuela y, de no mediar otras decisiones, debería vivir al menos hasta  el año 2025, pues la duración prevista en la misma cláusula es de cincuenta años. La cláusula sexta del Título Segundo, que tiene que ver con el capital y las acciones de Petróleos de Venezuela—a la que al principio se la llamaba Petrovén—dice a la letra: “De acuerdo con la Ley, las acciones de la Sociedad no podrán ser enajenadas ni gravadas en forma alguna”. Esto significa también, que de no mediar una reforma de la susodicha cláusula sexta y una reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, ni siquiera la proposición de Giusti, la más moderada de las proposiciones sobre venta de acciones de PDVSA, es posible legalmente. De hecho, pues, lo que Luis Giusti ha propuesto es que se modifiquen el instrumento legal y el constitutivo-estatutario que rigen la propiedad de la industria venezolana del petróleo.

Pero, ¿qué es esta propiedad del Estado venezolano? ¿Qué significa poseerla? ¿Por qué su actual presidente dice a su dueño que quiere otros dueños además de él?

PDVSA es en gran medida una historia de éxito. A la hora de la nacionalización campeaba en ciertos sectores conservadores del país un gran escepticismo. Partiendo de cierta postura de desconfianza o desprecio del “material humano” nacional, se sostenía en ciertos círculos que nacionalizar la industria petrolera venezolana era una locura, pues una actividad tan compleja excedería la capacidad de gerencia de los venezolanos, que, como se sabe, no son suizos, ni norteamericanos, ni holandeses. No pocos empleados de la industria, hasta 1975 en manos de empresas transnacionales, renunciaron a sus cargos en la creencia de que en manos locales, en las típicas, pintorescas y folklóricas manos de los venezolanos esa industria se iría a pique. A más de veinte años de la creación de PDVSA, sin embargo, los resultados globales del experimento se encargaron de desmentir tan agoreras e inexactas profecías.

En los veinte años que mediaron entre 1975 y 1995, la industria nacionalizada incrementó las reservas probadas de crudos convencionales de 18 mil millones de barriles a más de 64 mil millones de barriles, y en el mismo lapso las reservas de gas natural de 38,5 a 140 billones de pies cúbicos. El cuadro de reservas se completa con la confirmación de la existencia de crudos pesados, extrapesados y bitúmenes en la Faja del Orinoco en volúmenes estimados de 1 billón 200 mil millones de barriles.

El potencial de producción de la industria petrolera nacional, que en 1975 era de 2,4 millones de barriles diarios, ha alcanzado en veinte años de explotación estatal el nivel de 3,1 millones, y los planes de expansión más recientes pretenden llevarlo a casi el doble (6 millones de barriles diarios), para el año 2005, cuando todavía faltarían veinte años para la extinción estatutaria de PDVSA.

En los mismos veinte años PDVSA aumentó nuestra capacidad instalada de refinación de 1,5 a 2,4 millones de barriles diarios y, lo que tal vez es más importante, mejoró dramáticamente el patrón de refinación, pues ahora esa capacidad obtiene 80% de productos de alta calidad (gasolinas y destilados), en comparación con el 30% que se obtenía en 1975. (En 1975 se obtenía un volumen diario de 450 mil barriles de productos de alta calidad, mientras que para fines de 1995 se disponía ya de la cifra de 1 millón 920 mil barriles, lo que representa un ennoblecimiento de cuatro veces en veinte años).

Los progresos en el mercadeo de los productos son tan llamativos como los obtenidos en exploración, producción y refinación. En 1975 PDVSA comercializaba 2,1 millones de barriles diarios, los que colocaba a sólo 15 compradores. Hoy en día comercializa 3,2 millones de barriles diarios y tiene ahora una base de 250 clientes. Su estrategia de internacionalización e integración le ha valido la posibilidad de colocar muy importantes volúmenes de crudos y productos venezolanos, mientras obtiene ganancias en todos los eslabones del negocio y ha mejorado considerablemente su acceso a los mercados financieros mundiales y a los avances tecnológicos. Y en este campo de la tecnología debe anotarse la creación, hace 15 años, del INTEVEP, el centro de apoyo tecnológico y de investigación de la industria petrolera nacional. El INTEVEP ostentaba, para fines de 1995, 433 títulos de patentes y 115 registros de marcas. La más famosa de ellas es sin duda la de la Orimulsión™, un nuevo combustible que está penetrando consistentemente en el mercado energético internacional, y del que ahora la República China desea adquirir 500.000 toneladas anuales.

Además del petróleo PDVSA maneja el negocio petroquímico básico del país y su explotación de la riqueza carbonífera del Zulia. En petroquímica la gestión de PDVSA desde 1978 ha representado la incorporación de 13 nuevas plantas y una producción bruta anual de 7,5 millones de toneladas métricas. Por el lado carbonífero, fue capaz de alcanzar una producción de 4 millones de toneladas métricas anuales en 1995. Obviamente, PDVSA ha expandido considerablemente el valor de sus activos y sus volúmenes en este proceso de admirable crecimiento. Por mencionar sólo un indicador, PDVSA disponía en 1975 de 14 buques con 389 mil toneladas de peso muerto, y veinte años después había hecho crecer su flota hasta 25 naves que representan más de 1 millón y medio de toneladas de peso muerto. (De un promedio de casi 28 mil toneladas de peso muerto por buque a uno de 60 mil toneladas).

La importancia de PDVSA en la economía nacional es innegable. Además de sus aportes directos al Fisco nacional, esta importancia puede medirse en términos de su aporte al Producto Interno Bruto venezolano. En términos porcentuales, PDVSA aporta el 24% de ese producto anual de modo directo, pero indirectamente añade 33% a esa cifra. Esto es, PDVSA es responsable, directa o indirectamente, de más de la mitad del Producto Interno Bruto de Venezuela, un 57%. En estímulo intencional de su participación indirecta, PDVSA ha llevado a cabo programas de integración con los suplidores de bienes y servicios, así como programas de asistencia a los fabricantes y de promoción de las exportaciones. De este modo, la industria petrolera nacional adquiere en el país el 54% de sus requerimientos de materiales y equipos, el 79% de obras y servicios y el 81% de sus necesidades de ingeniería.

Asiento de poder

La corporación que ha hecho posible tales logros es una empresa del Estado venezolano. Antes que el Metro de Caracas, demostró que es posible la coexistencia de una gestión exitosa con la propiedad pública, y ha contribuido no poco a una fundamentación sensata de la autoestima nacional. (La poca que queda).

Naturalmente, PDVSA es también, y por sobre todo, un enorme centro de poder tanto en el interior del país como hacia el exterior. Hace unos años un cierto Ministro de Energía y Minas nos confiaba su deseo de acceder a la Presidencia de PDVSA. Cuando le dijimos que no entendíamos cómo, siendo él el superior inmediato del Presidente de PDVSA, pudiese desear ser el subalterno del cargo que en ese entonces tenía, nos contestó de inmediato: “Ah, pero es que allí está el poder”.

Es este el poder que tiene ahora Luis Giusti. En un movimiento político en cierto modo sorprendente, Rafael Caldera incluyó el cambio de la directiva de PDVSA en la serie de remociones que se sucedieron en casi todas las instituciones que el Poder Ejecutivo podía tocar, y que habían comenzado por la remoción del Alto Mando Militar en anuncio efectuado aun antes de la toma de posesión del Presidente Electo. Luis Giusti, quien había sido notorio participante en la confección del programa de gobierno de Oswaldo Álvarez Paz, resultó sorpresivamente elevado a la posición de Presidente de PDVSA. Si Caldera fuese en realidad, como algunos acostumbran describirlo, una persona exclusivamente movida por motivaciones de vindicta, este nombramiento no tendría sentido. De hecho, Caldera reconoció en Giusti su idoneidad para el cargo, y el nombramiento suscitó críticas en otro sentido, pues algunas voces conocedoras de la industria petrolera opinaron que se había saltado unos cuantos puestos en la cola meritocrática.

Es este mismo funcionario el que ahora propone modificar, aunque en proporción relativamente moderada, la estructura accionaria de la empresa que preside, en una iniciativa que tal vez no le corresponde, aunque sólo sea de modo público, a menos que tal cosa esté en conocimiento del accionista y éste se muestre de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo Erwin Arrieta con la venta de acciones de PDVSA y con que sea Luis Giusti el encargado de lanzar lo que tal vez es un globo de ensayo? ¿Está Rafael Caldera de acuerdo con eso?

Quien sí está de acuerdo, y con mucho más, es un peculiar personaje que ha aparecido de algún modo ligado con PDVSA y con Giusti y que opina que toda la empresa, ya no el 15% de su capital, debe pasar a manos privadas, porque PDVSA estaría siendo muy mal manejada por el Estado venezolano. Nos referimos a José Luis Cordeiro, quien es autor de un libro llamado “El desafío latinoamericano” y que ahora se halla concluyendo otro sobre el tema petrolero venezolano, y que asegura será prologado por Luis Giusti. Cordeiro ofrece conferencias sobre su tesis de la privatización plena de PDVSA apoyado en tablas y consideraciones diversas, algunas de las cuales maneja con cierta ligereza. Nosotros le hemos escuchado afirmar, en tono pontifical, que el “psicólogo” Max Weber habría afirmado que el desarrollo capitalista estaba vedado a budistas y mahometanos. (Weber fue un importante sociólogo alemán que argumentó, en La ética protestante y el origen del capitalismo, que las diferencias en valores entre el catolicismo y el protestantismo podían explicar el surgimiento del capitalismo en las áreas del protestantismo. Jamás hizo la afirmación sobre mahometanos y budistas que Cordeiro le atribuye alegremente).

¿Existe en verdad la conexión entre Cordeiro y Giusti? ¿Hasta dónde llega de existir realmente? Entre quienes sí existe una conexión evidente es entre Luis Giusti y José Toro Hardy, notable economista venezolano, quien ha argumentado muy convincentemente acerca del brillante futuro petrolero venezolano y sobre la necesidad de los contratos de ganancias compartidas de la apertura. A fines de 1994 Toro Hardy publicaba un libro escrito en inglés—Oil: Venezuela and the Persian Gulf—que fue donado por la Editorial PANAPO y por el Grupo ZUMA (empresa a la que Toro Hardy estaba ligado) a Petróleos de Venezuela. El bautizo del libro, a cargo de Luis Giusti, tuvo lugar en la sede de PDVSA en Las Delicias en diciembre de 1994.

José Toro Hardy—a quien se le conoce cordialmente como Pepe Toro—es ahora miembro del directorio de Petróleos de Venezuela desde fines del mes de marzo de este año, cuando se produjo, a los dos años de su nombramiento, la ratificación de Luis Giusti en la presidencia de la empresa.

Poco antes, Rafael Caldera pronunciaba su esperado discurso del 12 de marzo en el Congreso de la República. Las expectativas generadas por un extraordinario clima de desasosiego económico llevaron a varios medios de comunicación a generar programas de radio y televisión para el análisis instantáneo de las palabras del Presidente de la República. Uno de esos medios fue Televén, que conformó un panel de comentaristas para que emitieran su opinión en horas del mediodía. Formaban ese panel los economistas Alexander Guerrero, José Toro Hardy y José Luis Cordeiro. En una de las interacciones producidas ese día Pepe Toro consideró pertinente la siguiente afirmación: “Yo creo, por ejemplo, que el Dr. José Luis Cordeiro sería un excelente Ministro de Hacienda en este país”.

Justamente en este país en el que los liderazgos tradicionales han sido fuertemente desacreditados, la figura de Luis Giusti ha comenzado a ser considerada como presidenciable. Su imagen de ejecutivo y de tecnócrata, su juventud, su capacidad demostrada en la conducción de una organización tan compleja como la de nuestra industria petrolera, contribuyen a que se le considere uno entre los outsiders que podrían hacer buen papel como Presidente de la República. Por supuesto, Luis Giusti no ignora que esto es así, y la pregunta que surge naturalmente es si ya ha procedido a concebir un proyecto electoral. Ya antes de él Humberto Calderón Berti pensó en servirse de la plataforma de poder de PDVSA para proyectarse como candidato presidencial, y hay quien asegura que también el General Rafael Alfonzo Ravard llegó a jugar con la idea de una candidatura que pudiera llevarlo a Miraflores. ¿Tiene ya Giusti un proyecto, un cronograma y un equipo? ¿Pertenecen a ese posible equipo los tocayos José Toro Hardy y José Luis Cordeiro? ¿De llegar a la Presidencia de la República, procuraría Giusti la privatización total de la empresa que ahora preside?

En todo caso, Giusti ha salido a defender, en una acción que, repetimos, probablemente no le corresponde, la idea de transferir parte del capital de PDVSA a manos privadas, idea que a fines de 1994, ante similar proposición de Andrés Sosa Pietri en un acto en el Palacio de Miraflores, el V Congreso Venezolano del Petróleo declaró “extemporánea”.

Y una vez que se vende el 15% del capital de PDVSA se establece un precedente. Vender un poco más en el futuro cercano ya se haría posible, porque para vender aunque sea una sola acción es preciso, como anotamos, un acto expreso del Congreso de la República. Roto este dique legislativo la privatización completa sería mucho más fácil, como varios han pensado que convendría.

Tiempo de herejías

No deja de ser interesante fenómeno que lo que hasta hace nada fuesen dogmas del sistema político-económico venezolano estén siendo cuestionados intensa y simultáneamente. No hace mucho tiempo cualquier funcionario de la industria petrolera nacionalizada que hubiese propuesto algo similar a lo sugerido por Luis Giusti habría sido inmediatamente destituido, o, al menos, silenciado. ¿Qué permite tal cantidad de atrevimiento?

En parte, y en relación con el punto específico de PDVSA, una cierta envidia hacia nuestra industria petrolera y sus ejecutivos y empleados, más o menos ampliamente distribuida, puede ofrecer algo de explicación. Esta es una actitud que la propia industria petrolera ha contribuido a formar. En su afán por impedir que la industria se politizara o corrompiera del mismo modo que lo han hecho otras empresas del Estado venezolano, ha establecido barreras y distancias que la han colocado en un marcado aislamiento. El 30 de diciembre de 1980 el General Rafael Alfonzo Ravard, para entonces Presidente de Petróleos de Venezuela, pronunciaba un discurso en el hotel Caracas Hilton, ante unos cuantos centenares de personalidades venezolanas. El tema y el título del discurso era el siguiente: “Somos diferentes”. Con sobrado orgullo, el General Alfonzo enumeraba, a cinco años de la nacionalización, los hechos que demostraban la “normalidad operativa” de la industria petrolera nacional, manejada como empresa del Estado por ejecutivos y técnicos venezolanos. Luego insistió en publicar el texto con el título antedicho.

El aislamiento y relativa opacidad de la industria petrolera venezolana provocan, entonces, una cierta actitud que rechaza o envidia a nuestros hombres del petróleo, a quienes se les cuestiona el justificado nivel de remuneración que reciben, o en quienes se pretende ver una postura de arrogancia. Señales como las que solía emitir Rafael Alfonzo Ravard contribuyeron considerablemente a reforzar esos celos hacia PDVSA. Pero a los hombres del petróleo se les llama también cuando se requiere excelencia profesional y capacidad, para que, en “comisión de servicios”, vayan a ocuparse de la instalación de complejos sistemas administrativos para el Estado venezolano, como en el caso del recientemente establecido SENIAT.

Más allá de la sensibilidad en contra de los “petroleros”, sin embargo, hay razones más de peso para propugnar la privatización de Petróleos de Venezuela. José Luis Cordeiro no está totalmente errado en sus fundamentos. Varios indicadores permiten establecer que hay un cierto deterioro en la productividad de PDVSA, así como parece ser evidente un exceso de personal empleado, aun tomando en cuenta las necesidades causadas por los planes de expansión del potencial de producción.

Algunos analistas destacan que no todas las operadoras subsidiarias de PDVSA son igualmente eficientes. Por ejemplo, hay quien asegura que Maravén no sería una empresa viable, y que dentro de uno de los posibles cauces de privatización parcial la venta de esa compañía en un plazo relativamente breve es un desenlace harto probable. Tal vez esta situación explique que Maravén parezca involucrarse en batallas particulares desalineándose de la programación de la casa matriz.

En su política de concentración en lo que PDVSA considera sus “actividades medulares”—es decir, las estrictamente petroleras—ha comenzado a procurar un outsourcing cuidadosamente planificado, dentro del que se abren oportunidades de inversión de terceros en áreas de servicios que le son periféricos a la industria. Dentro de estos servicios se contempla satisfacer con suplidores externos cosas tales como telecomunicaciones,

informática, generación de electricidad, tratamiento de aguas, generación de vapor, hidrógeno, etcétera.

Pues bien, para el caso del outsourcing en informática, PDVSA ha establecido un detallado y estricto proceso de evaluación de posibles suplidores de tecnologías de información, en el que ha invitado a un cierto número de empresas precalificadas en el área para que presenten y ofrezcan sus capacidades. Por esos días apareció en el programa Dimensión, excelente cátedra de ciencia y cultura en las televisoras públicas que patrocina Maravén, un capítulo, repetido poco después, en el que se presenta una opinión crítica de una de las empresas participantes en la evaluación de PDVSA. ¿Hay alguien en Maravén que esté apostando a uno de los competidores, en contravención de lo que los profesionales de la informática en PDVSA consideran una opción razonable?

Si PDVSA es un centro de poder, Maravén también lo es, aunque naturalmente en bastante menor escala. Tal vez nadie como Alberto Quirós Corradi supo usar ese poder de manera más inteligente, cuando fue el destacado Presidente de esa operadora. Seguramente fue su actuación en el sonadísimo caso de los petroespías su gesto más aleccionador. (Quirós convocó él mismo a una rueda de prensa para denunciar, lamentándolo por cierto, la presencia de corrupción en el seno de su empresa, presencia que fue detectada por los propios mecanismos de seguridad de Maravén. Quirós ordenó la entrega de la evidencia recabada a la Policía Técnica Judicial, con lo que se logró el apresamiento de prácticamente todos los involucrados y la limpieza de la propia industria. Otras instituciones del país debieran aprender de ese ejemplo a la hora de ejecutar la consabida “solidaridad automática”. Hasta ahora parecieran haber aprovechado la lección de Quirós las Fuerzas Armadas Nacionales—en algunas actuaciones del ministro Orozco Graterol—y el partido Acción Democrática, con la exclusión del perecismo y el lusinchismo de sus filas).

Pero ni la posible desalineación de Maravén, ni su supuesta inviabilidad, ni un exceso de personal de la industria petrolera, son argumentos suficientes para sustentar la conveniencia de la privatización de PDVSA, para propugnar la venta o desinversión en la gallina de los huevos de oro del Estado venezolano. A fin de cuentas, siempre es posible realinear y repotenciar a Maravén, desprenderse del personal excedentario, recuperar mejores niveles de productividad. No escapan las empresas del sector privado, por cierto, a fases en las que una pérdida de dinamismo o la acumulación de costos fijos excesivos, les impelen a drásticos procesos de redimensionamiento y corte de costos, y usualmente esto involucra dramáticas reducciones en el volumen de empleo de las mismas. Cosas así han sido particularmente notorias en la escena norteamericana, en la  que gigantescas empresas metidas en problemas han procedido al inmisericorde despido de decenas de miles de trabajadores.

Tras la careta

Las razones de fondo para defender la privatización de PDVSA van todavía hasta el más profundo plano de lo ideológico, y toman asiento en el preocupante descrédito de todo lo que es público o político en Venezuela. Es tal el deterioro de lo público en nuestro país—a pesar de que, como lo registran los estudiosos, el descrédito de los políticos es hoy prácticamente universal en el planeta—que ya se le niega al Estado la posibilidad de que pueda poseer empresas, hasta el punto de que Eduardo Fernández ha propuesto una reforma de la Constitución Nacional para borrar definitivamente la noción de un Estado empresario.

A veces la argumentación “neoliberal” llega a extremos de ligereza y poca substanciación. Por ejemplo, el derrumbamiento del sistema soviético ha sido esgrimido como evidencia de que la inmersión directa del Estado en el papel de productor económico directo es una absoluta inconveniencia. Es obvio que en ningún momento el Estado venezolano ha sido comparable al totalitarismo soviético en lo económico, ni siquiera en época de dictaduras. El más vigoroso y sostenido impulso al sector privado nacional de toda nuestra historia coexistió con la promulgación de esa Constitución de 1961 que ahora se propone reformar para quitarle a nuestro Estado toda posibilidad empresarial.

También se ofrece retóricamente la noción de que el gobierno de los Estados Unidos no es menos fuerte porque carezca de algo equivalente a PDVSA o al Derecho Público hispano-venezolano según el cual las riquezas del subsuelo son propiedad del soberano. Una afirmación de ese tenor establece una comparación absolutamente superficial e insostenible, pues resulta incongruente cotejar dos escalas tan disímiles como las del Estado venezolano y las del Estado norteamericano, ese gigante que el inefable Ignacio Quintana llama la “encarnación de la República Imperial”, en publicitada adulación personal a William Clinton.

La posesión de PDVSA, precisamente, ofrece más poder al Estado venezolano que sus propias fuerzas armadas. Casi que es de lo único que dispone para medio defenderse en este mundo cada vez más planetizado—globalizado—en el que por ahora predomina un desatado espíritu de “competitividad de las naciones”. A la espera de una fase más humanizada en la que la cooperación prevalezca sobre la competitividad, es casi un suicidio de Estado que la República de Venezuela se desprenda de su mayor activo y la mayor base de su fuerza.

Claro que esto será tildado de populista por quienes han declarado que la situación ideal es la de Panamá, país en el que jamás se ha impreso un solo balboa y que usa como moneda corriente el dólar norteamericano. Son los mismos que abogan por la “caja de conversión” que entregaría nuestra soberanía monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues afirman en privado que prefieren a Alan Greenspan antes que Antonio Casas González como “defensor de sus derechos económicos”. Por cierto, muchos de los que militan en esta poderosa corriente neoliberal antaño defendían radicales posturas de izquierda. Pero es que ya Eric Hoffer les había descrito certeramente en El verdadero creyente (The True Believer, 1951), y había hecho notar que “donde los movimientos de masas están en violenta competencia entre sí, no son infrecuentes las instancias de conversos—incluso los más fervientes—que cambian sus lealtades de uno a otro”.

Así que tal vez es más transparente que esta discusión sobre la conveniencia de una privatización total o parcial de PDVSA, un debate previo sobre si para nosotros continúa teniendo sentido que Venezuela siga siendo un Estado, si vale la pena que Venezuela sea una república soberana. Ése es el debate de fondo, y es allí donde caerán las caretas.

Los Estados Unidos de Norteamérica son, sin duda alguna, una admirable presencia civilizatoria, emulable en muchas cosas. Creemos que puede sostenerse que, en un balance final, y a pesar de sus errores, el Estado norteamericano ha sido un actor internacional con un aporte neto positivo. Reconocer esto, sin embargo, es distinto a la añoranza de convertirnos en un Estado “Libre” Asociado, á la manière de Puerto Rico. Reconocer el aporte de los Estados Unidos es muy distinto de aceptar el papel de jefe planetario que Newton Gingrich pretende asignarle. No guardamos ninguna simpatía hacia el concepto quintanesco de “repúblicas imperiales”.

Nosotros, los venezolanos, los suramericanos, los latinos, somos distintos. Ni mejores ni peores que los chinos, los rusos o los alemanes. Y hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos todavía una vocación de independencia cuya expresión requiere la soberanía de un Estado. Que reconozcamos en él graves defectos y limitaciones es una cosa; en cambio, que se proponga disolverlo es otra muy distinta.

Y a pesar de lo dicho, hay que dar la bienvenida a una discusión franca y abierta sobre la propiedad pública de PDVSA. Más de un detalle importante podría ser examinado con mayor profundidad que la que es posible en estos comentarios. Por ejemplo, debe decidirse si realmente tiene atractivo para un inversionista adquirir acciones de una compañía petrolera que no tiene posesión efectiva de siquiera un barril de reservas de petróleo. (La titularidad de las reservas venezolanas no es de PDVSA, sino del Estado mismo, y en la estimación del valor de mercado de una compañía petrolera el principal factor de ponderación es justamente, el de cuánto posee en reservas probadas). Otro ángulo, finalmente, es si en una decisión de privatización de PDVSA pudiera darse preferencia o exclusividad a capitales privados venezolanos. Los más recientes cálculos acerca de los depósitos privados venezolanos en el exterior mencionan cifras cercanas a los 90 mil millones de dólares.

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REF #21 – Las vueltas que da el mundo

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Tal vez para celebrar el día patrio del 19 de abril, aparecieron en esa fecha unas interesantes declaraciones de Eduardo Fernández, el Presidente de la Fundación Pensamiento y Acción. Transcribimos los trozos pertinentes de las declaraciones ofrecidas desde Ciudad Guayana, donde se celebraba la XXVI Asamblea Anual de Consecomercio, escenario que hace aún más significativa su posición.

“Las medidas de ajuste anunciadas por el Presidente de la República, Rafael Caldera, hace pocos días son el primer paso hacia una dirección correcta y estoy convencido de que Venezuela se puede convertir en un país del primer mundo. Para ello lanzo mi tesis de la «economía social de mercado», método utilizado por los alemanes para resurgir de la debacle sufrida en la II Guerra Mundial e insistiendo en que el elemento social no se puede olvidar como tampoco el aspecto humano”.

Más adelante informó el periodista Armando Gruber (El Nacional, 19 de abril de 1996) que Fernández habría calificado “como falsos los postulados neoliberales según los cuales metafóricamente y a su vez expresó que «lo que cae de la mesa de los ricos le va llegando al resto de la población».(sic) “Si la riqueza se produce en una enorme cantidad, lo que va cayendo será cada vez más. Eso es absolutamente injusto e inadmisible desde el punto de vista humano… De allí… que frente a la realidad neoliberal, convertida en una gran máquina de producir pobres y proporcionalmente una gigantesca hacedora de riquezas y ricos, (propongo) una Economía Social de Mercado… El elemento social no se puede olvidar y lo humano mucho menos”.

El Dr. Fernández estaba aludiendo a la prescripción que cobró titularidad de política económica durante el gobierno de Ronald Reagan, y que, como destacábamos en esta publicación hace justamente un año (Vol. II, Nº 0, abril de 1995), es contraria a las preferencias del gobierno de Rafael Caldera: “Lo que el gobierno piensa, lo que piensan sus economistas, es que un aumento del poder adquisitivo debe traducirse en un aumento de la «demanda global» y que, por lo tanto, un aumento del ingreso de los trabajadores a la postre beneficiaría a los empresarios, pues sus ventas aumentarían con un mayor circulante en poder del público. Esta teoría es justamente la inversa de la postulada por aquellos reaganistas de la receta del «trickle down», la desagradable expresión que alude a la idea de que un aumento de ventajas económicas concentradas sobre los sectores más pudientes de una sociedad, terminaría por «gotear hacia abajo», como las proverbiales migajas que caen de la mesa de banquetes a las manos de servidores y pordioseros”.

Tenemos, pues, que Eduardo Fernández apuntala así la postura doctrinaria que hasta ahora ha venido sirviendo de guía a la política económica del actual gobierno. Se trata de la más ortodoxa postura socialcristiana. No en balde, a pesar de que Luis Herrera Campíns insista en negarlo, el 43% de los recientemente entrevistados por una conocida encuestadora, son de la opinión de que ¡estamos bajo un gobierno copeyano!

Recordemos ahora unas prescripciones no tan antiguas como la II Guerra Mundial: “Para afrontar la emergencia, recomendamos una estabilización temporal de los precios y tarifas de un grupo de bienes y servicios de alto contenido social… Como medidas específicas, en lo inmediato, aconsejamos: a) Suspender los aumentos programados en el precio de la gasolina… b) Estabilizar los precios de los productos que conforman la cesta básica popular… c) Estabilizar los precios de las medicinas… d) Estabilizar y racionalizar las tarifas de los servicios públicos…” El procedimiento de estabilización postulado por esta receta no era el del libre mercado, sino el de un mecanismo consensual. A grandes rasgos, pues, Rafael Caldera pareciera haber venido siguiendo, hasta su reciente “viraje”, las prescripciones mencionadas. ¿Sabemos la fecha en la que fueron emitidas tales prescripciones? ¿Sabemos quienes las proponían?

El conjunto de recomendaciones someramente reproducidas acá lleva por data la del 1º de abril de 1992, y son recomendaciones que, junto con otras, fueron entregadas al presidente Pérez por el Consejo Consultivo que nombró apresuradamente, como modo de conjurar la importante inestabilidad introducida por el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de ese año. Poco después de esa feroz sacudida Eduardo Fernández proponía justamente la convocatoria de ese consejo consultivo, lo que valió que un periodista acucioso señalara: “En síntesis, Eduardo Fernández propuso que otros propongan”. (Esta proposición de Fernández se produjo en un acto realizado a fines de febrero de 1992 en el hotel Eurobuilding, y en el que COPEI cumpliría su ofrecimiento de fines del año anterior. En 1991 el presidente Pérez, desesperado por la casi unánime crítica a su “paquete económico”, había preguntado: “Bueno, si no es este paquete, entonces ¿cuál debe ser el paquete?” El partido COPEI, cuyo Secretario General era por ese tiempo Eduardo Fernández, y que en su ya larguísimo rol de opositor se había sumado a las críticas, había prometido que presentaría un “paquete alternativo”. Al escarbar en la retórica del discurso de Eduardo Fernández el día de la presentación—que fue atrasado unas semanas en razón del shock psicológico del 4F—se llegaba a la siguiente vaga descripción del supuesto paquete alternativo: “una economía con rostro humano”).

Ahora bien, ¿quiénes conformaron ese Consejo Consultivo juramentado por Carlos Andrés Pérez el 26 de febrero de 1992? Uno de los más notables miembros lo fue el Dr. Julio Sosa Rodríguez, uno de los más leales y entrañables amigos de Rafael Caldera, y otro lo fue el Dr. Domingo Faustino Maza Zavala, por lo que pudiera pensarse que entonces es muy explicable que Caldera haya procurado guiarse por los lineamientos de aquel consejo. Pero esta explicación no resiste ni el más superficial análisis, porque otro de los notables miembros era nadie menos que Pedro Pablo Aguilar, connotado dirigente de COPEI, el mismo partido que ha venido oponiéndose a la conducción de la política económica dentro de esas líneas de “economía con rostro humano”.

Como también fue un miembro de ese consejo el conocido economista Pedro Palma. Como también fue destacada y, en retrospectiva, irónica la participación de nadie menos que Ruth de Krivoy. Ruth de Krivoy iba a renunciar después de dos años justos porque estuvo en desacuerdo con un descenso consensual de las tasas de interés. En los más tempranos días de este segundo gobierno de Rafael Caldera, Gustavo Roosen, como Comisionado para la Reforma del Sistema Financiero, había logrado un preacuerdo “solidario” en este sentido con los representantes de la banca comercial. A este procedimiento se opuso Krivoy al considerar que las tasas de interés no debían ser fijadas “artificialmente”, sino a través de los mecanismos de oferta y demanda de un libre mercado financiero. A pesar de esto, el diario El Nacional, como es su costumbre, eligió hace poco una posición de primera página para un artículo de la no muy bien informada revista The Economist, en el que se aseguraba que el gobierno de Caldera había manejado muy mal el problema de la crisis financiera desde que había exigido la renuncia de Ruth de Krivoy. La verdad es que Rafael Caldera intentó por todos los medios a su alcance que Ruth de Krivoy no renunciara, pero El Nacional, que debiera conocer mejor que The Economist la “historia viva” de Venezuela no parece corregirse de su particular gusto por la desinformación.

Ahora tenemos a un economista que fue marxista dirigiendo, para un presidente que como candidato se opuso a esquemas como el de Pérez, un programa de ajustes económicos que se acerca bastante al modelo ideal de la ortodoxia neoliberal. Las vueltas que da el mundo, diría alguna de nuestras tías o abuelas.

Hemos pasado, pues, del antiguo vicio de una excesiva politización de la economía al vicio opuesto de una excesiva economización de la política. Todo parece ser reducido a lo económico. El primero de los números de la revista que ahora edita el IFEDEC—el Instituto de Formación Demócrata Cristiana de Boleíta Norte que preside el también Presidente de la Fundación Pensamiento y Acción, Eduardo Fernández—lleva en su portada un billete de un dólar. (Si bien debe reconocerse que la ya familiar figura de George Washington ostenta allí un bonete a lo Robin Hood, seguramente para presentar decentemente al prócer del billete ante la reiterada imagen de Luis Raúl Matos Azócar: Hood Robin, una contrafigura que roba a los pobres para darle a los ricos).

Ahora, en todo caso, veremos si por fin tenían razón los muy locuaces partidarios de la receta neoliberal estándar, contra la que Eduardo Fernández parece curarse en salud con sus declaraciones del 19 de abril. Tiene algo de economía homeopática—la homeopatía insiste desde Paracelso en que puede curarse a una persona generando en ella, a través de medicamentos, los mismos síntomas de la enfermedad–—pues se nos dice que para curar la inflación es preciso agravarla primero. Por lo menos esto es lo que ahora aseguran Rafael Caldera y Teodoro Petkoff.

Pero el mundo sigue dando vueltas. En España gana la derecha y en Italia la izquierda. En Venezuela hay una nueva ola a favor de la privatización de las empresas públicas—incluyendo la de PDVSA, que Eduardo Fernández prescribe—mientras Jorge Castañeda, economista mexicano cercano a Cuauhtemoc Cárdenas, la pone en entredicho: “¿Acaso algo anda mal en el paraíso privatizador que fue América Latina hace apenas un par de años? En el supuesto de que efectivamente se esté produciendo un regreso del péndulo en esta materia, varias razones lo explicarían… las privatizaciones realizadas hasta la fecha o bien no funcionaron, o bien a pesar de su éxito, arrojaron beneficios muy inferiores a los esperados, y, hoy, al elevarse los costos de nuevas ventas, el saldo resulta mucho menos atractivo que antes”.

Galileo dixit: “Eppur si muove”.

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REF #20 – Proposiciones al Presidente

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Hará pronto un año que el Señor Presidente de la República convocó a los venezolanos a construir entre todos un proyecto de país. Es decir, nos invitó a participar en la fijación del rumbo del Estado. En su último mensaje anual al Congreso, el 10 de marzo de 1995, nos hizo precisamente esa invitación. Y durante el lapso de casi un año hemos desatendido el llamado. Muchos de nosotros hemos hecho proposiciones, es cierto, pero la mayoría de las veces éstas han sido demasiado vagas—el “acuerdo nacional”, el plan coherente y creíble—o las hemos envuelto en un lenguaje meramente crítico y a veces irrespetuoso.

Acá queremos atrevernos a un poco menos que lo que fue solicitado: a proponer que el Señor Presidente anuncie el próximo 12 de marzo un cierto conjunto de medidas económicas de corto plazo y algunas modificaciones inmediatas en la organización y el funcionamiento del Estado.

Comoquiera que el primer grupo de proposiciones son de política económica, creemos necesario hacer notorio que, como el ciudadano Ministro de Hacienda, no somos economistas. Nuestra perspectiva es la de un político general. Pero así como un médico general puede válida y responsablemente hacer observaciones en un caso neumológico aunque no sea un especialista en neumonología, debiera ser admisible que un político general conjeture soluciones en el reino de la política económica, sujeto, claro está, a la evaluación crítica de los economistas.

Este atrevimiento nuestro tiene un antecedente puntual. Cuando comenzaba el gobierno de Jaime Lusinchi estaba recién estrenado el problema de la deuda externa venezolana. Éste no había sido universalmente reconocido hasta su mención por Rafael Alfonzo Ravard en un discurso del 23 de agosto de 1982, y las discrepancias entre Leopoldo Díaz Bruzual desde el Banco Central de Venezuela y Luis Ugueto Arismendi, primero, y después Arturo Sosa desde el Ministerio de Hacienda, significaron el traslado del irresuelto problema a la Administración Lusinchi. Unos 400 y tantos bancos acreedores de la República de Venezuela, temblorosos por el deterioro general de la seguridad financiera mundial luego de la erupción de las deudas públicas de Polonia y México, hacían toda clase de presiones sobre el gobierno recién encargado.

Por aquel momento nos atrevimos a proponer—en una publicación que hasta cierto punto es la precursora de referéndum—que se tomara una fracción de las reservas en oro de la Nación para liquidarla en los mercados internacionales, y que se emplease el efectivo resultante para saldar deudas con los bancos más pequeños del lote de acreedores, los que, siguiendo la misma Ley de Pareto que usan los predicadores de la “calidad total”, eran la mayoría pero representaban un porcentaje pequeño de la deuda total.

Con esta recomendación se perseguía aliviar al gobierno de la presión de la jauría más inquieta—los bancos más pequeños—para concentrarse en la negociación con la veintena de bancos más grandes—de los que podía esperarse más serenidad y mayor paciencia—al tiempo que se emitía una clara señal de voluntad de pago. Habría habido, incluso, un beneficio colateral muy saludable si se hubiese adoptado la recomendación, pues poco tiempo antes, durante el período de Luis Herrera Campíns, el Banco Central de Díaz Bruzual había sido criticado duramente por haber revalorizado las reservas de oro, aunque se les había asignado un valor significativamente menor al que resultaría de valorizarlas a los precios del oro en el mercado internacional. La crítica que se hacía –la revalorización de Díaz Bruzual era una manipulación contable que no tenía fundamento en operaciones reales– hubiera dejado de tener razón al realizar parte de las reservas y así conseguir un precio de referencia que habría sido marcadamente superior al precio registrado en las cuentas nacionales, haciendo entonces que éstas pudiesen, con toda justificación, ser consideradas serias, sobrias y conservadoras.

Eso fue nuestra aventura en territorio de economistas en 1984, y la primera vez que reivindicamos nuestro derecho a emprenderla.

Esa proposición fue presentada a economistas por esa misma época, con el resultado de que no pudimos obtener de ellos una razón válida para no efectuar la operación que no fuese la de objeciones del tenor siguiente: eso nunca se hace.

De hecho, esa fue la argumentación que vehementemente opuso a la idea Luis Teófilo Núñez, en uno de aquellos editoriales que publicaba cuando dirigía el diario El Universal y que firmaba con el pseudónimo de “Amadís”. Las reservas de oro eran consideradas por quienes, como él, se oponían a la proposición, como las “joyas de la familia”, como lo último que se tocaba. En vano preguntamos cuál era el sentido de “reservar” si las reservas no podían ser usadas en caso de necesidad.

Plenamente conscientes, pues, de que no dominamos el campo de la economía, cometemos el atrevimiento de sugerir al Señor Presidente de la República, en primer término, algunas medidas de política económica.

Fecha cierta

Creemos que el Señor Presidente debe anunciar, esencialmente, cinco grandes decisiones económicas, y que a todas ellas debe asignarles fecha precisa. Como enfatiza el Dr. Bruno Egloff, el economista a quien hemos dedicado con agradecimiento este trabajo, es de suprema importancia atender el punto de la credibilidad con un compromiso cronológico. De allí que acojamos su idea básica e insistamos en que las medidas deben poder ser colocadas con precisión en un calendario.

En primer lugar, el Presidente de la República debe anunciar el cese del régimen de control de cambios para las doce de la noche del 31 de marzo de 1996. Esto no sería otra cosa que el cumplimiento de un compromiso asumido públicamente por el Gobierno Nacional en los términos de la Agenda Venezuela, compromiso que reiteró de modo explícito el Ministro de Hacienda en diciembre de 1995 al anunciar la nueva tasa oficial de 290 bolívares por dólar. El Presidente anunciaría así un decreto inmediato que establece una fecha definitiva para el cese del control, y la misma sería compatible con lo que ha sido prometido, lo que deberá ser visto con toda justicia como signo de seriedad.

En términos estrictos lo que el gobierno ha prometido es la eliminación del control de cambios en dos etapas. Su compromiso del primer trimestre de 1996 es en lo tocante a la cuenta corriente, mientras no ha fijado fecha para lo relativo a la cuenta de capital. El Dr. Egloff acepta la conveniencia de un desmontaje gradual, sólo que sugiere una apertura inmediata en la cuenta de capital para transacciones de monto inferior a 5 mil dólares. Carecemos de capacidad técnica para opinar sobre esta específica recomendación, pero creemos recomendable fijar también una fecha cierta a la liberación total, para la que nos atrevemos a sugerir el 31 de marzo de 1997 a las doce de la noche. (Cae en día lunes).

Nuestra segunda recomendación fue prefigurada el 19 de octubre de 1994 en el número 8 del Volumen 1 de esta publicación: “En otras latitudes, en otros países, se ha optado… por reformular la definición del valor unitario de las monedas. Esto ha sido hecho algunas veces con éxito. Otras veces el cambio de moneda no ha servido como un factor contribuyente al tratamiento de la inflación. El ejemplo antonomásico de un caso exitoso es el del franco nuevo, con el que la república francesa sustituyó a cien de los francos viejos. Ese cambio de valor se ha demostrado como estable… Más recientemente, en varios países de América del Sur se ha procedido también a la emisión de nuevos signos monetarios sustitutivos de los anteriores, con mayor éxito que en otras ocasiones, cuando tales manipulaciones llegaron a verse anuladas dentro de los procesos hiperinflacionarios de Brasil y de varios países del Cono Sur del continente… Tiene sentido preguntarse, entonces, si una medida de naturaleza similar tiene cabida en Venezuela y si la misma sería de algún modo eficaz en el tratamiento de la dolencia inflacionaria. Una escala de conversión adecuada para un nuevo bolívar sería la misma que la empleada por los franceses. Así, un nuevo bolívar debería valer 100 bolívares de los actuales”.

La proposición de hoy es en esencia la misma, a la que adicionamos dos elementos nuevos: la fijación de una paridad con el dólar para la nueva moneda y la fecha de su entrada en circulación. Sugerimos al Señor Presidente de la República que anuncie un nuevo bolívar equivalente a cien bolívares de los actuales con una paridad de 4,30 por dólar norteamericano para el día 24 de julio de 1996, fecha en la que volvemos a conmemorar el natalicio del Libertador. (Los franceses usaron por un tiempo la denominación de “nuevo franco” o NF para referirse a su nueva moneda, pero hoy en día se dice simplemente franco. Nuestro NB o “nuevo bolívar” podrá recuperar el augusto nombre sin necesidad de adjetivo en un tiempo razonable).

Cuando hacíamos la proposición en octubre de 1994 comentábamos: “Probablemente sería mas estable una medida de este tipo dentro de una economía de mayores proporciones que la nuestra pero, aunque sólo fuese por su efecto facilitador de las transacciones en efectivo, aunque sólo fuese por su efecto psicológico sobre la población, vale la pena considerar la emisión de un nuevo bolívar más fuerte. La comodidad en el uso de una nueva moneda más poderosa puede llegar a ser un factor de cierta importancia, así como la psicología no es un factor a despreciar dentro del juego económico de las sociedades, y convendría a la psiquis nacional ver de nuevo respetada en el símbolo monetario, hoy en día vergonzantemente disminuido, la persona del Padre de la Patria”.

Es obvia la asociación que se busca con la tasa de 4,30 por dólar con nuestra antigua paridad “democrática”. (Hasta el gobierno de Betancourt iniciado en 1959 el bolívar tenía una paridad, más fuerte aún, de 3,35 por dólar). Es un punto que añade carga psicológica favorable. Y es posible que un refuerzo ulterior fuese el adelantar al 24 de julio de 1996 la liberación de los controles en la cuenta de capital, desde la fecha que hemos sugerido del 31 de marzo de 1997. Nuevamente este es un punto para el que carecemos de los suficientes conocimientos técnicos. Lo que sí suponemos es que el país que pudo recibir al Papa más popular de la historia de un modo tan organizado, será capaz de preparar lo necesario para la transición a la nueva moneda para la fecha en la que se cumplirán 213 años del nacimiento de Simón Bolívar.

En cambio, sí creemos que es pertinente para la consideración de la paridad respecto del dólar la siguiente relación: para el año de 1995 el valor en dólares del producto bruto estadounidense era de 7 billones (7.058 miles de millones, en estimación empleada por Strategyon, empresa analítica fundada hace varios años por Henrique Salas Römer). Para el mismo pasado año el producto teritorial bruto de Venezuela fue de 72,4 miles de millones de dólares. Es decir, los Estados Unidos producen 97,5 veces, digamos 100 veces, lo que produce Venezuela.

Si se adoptase el criterio de que la relación entre monedas de países distintos debiese estar en función de sus respectivas producciones reales—tal vez, amigos economistas, una noción no tan descabellada si atendemos a vuestras teorías, que pretenden convencernos de que el sector “nominal”, el dinero, debe ser un espejo del sector “real” de bienes y servicios concretos—entonces la relación anotada debiera indicar que la moneda venezolana actual no debiera ser superior a un centésimo de dólar. Que cien bolívares de los actuales no sean suficientes, que consideraríamos adecuada una paridad de 430 (NB 4,30) por dólar, pudiera justificarse con un coeficiente de 4,3 que expresase factores cualitativos tales como la riqueza y variedad de la producción norteamericana, su mayor sofisticación, y factores de esa clase.

La tercera recomendación que nos tomamos la libertad de hacer al Señor Presidente de la República es la de cancelar la totalidad de las prestaciones sociales acumuladas de los trabajadores de la Administración Pública Nacional mediante pago efectivo en dólares para el día 1º de mayo de 1996.

El tema de las prestaciones sociales en general es, como se sabe, uno de los temas álgidos del debate económico nacional. El caso particular de las prestaciones sociales del sector público, una de las preocupaciones más intensas de las finanzas de la Nación.

Respecto del tema general queremos acotar que, en análisis de un muy calificado y respetado consultor del sector privado—que ha preferido permanecer, generosamente, en el anonimato—el punto de la retroactividad de las prestaciones dejaría de ser casus belli de no existir la inflación, de modo que el verdadero problema—la inflamación inflacionaria—no tendría que ver con un derecho adquirido que, en toda razonabilidad, los trabajadores venezolanos se resisten a sacrificar. Un problema completamente separado es si los montos mismos de las prestaciones se depositan en fideicomisos—la previsión legal vigente que no es acatada ni por el mismo gobierno–—o en fondos de pensiones de nuevo diseño.

En cuanto al punto más específico de las prestaciones sociales del sector público –estimadas en términos gruesos en la cifra de 1 billón de bolívares– se ha propuesto cancelarlas mediante la entrega de acciones de PDVSA a los empleados públicos. Esta proposición, que originalmente fue planteada por el Dr. Asdrúbal Baptista, Ministro de Estado para la Reforma de la Economía, en abril de 1994, ha sido retomada por el periodista Alfredo Peña con un interés que llama a la sospecha por lo falacioso de su argumentación. En efecto, Peña—que ya antes había hecho insistente campaña a la dolarización definitiva de una caja de conversión—argumenta que si Venezuela ha abierto su industria petrolera a la inversión extranjera, los trabajadores del sector público tendrían más que derecho de obtener acciones de PDVSA a cambio de sus prestaciones.

Son dos cosas muy distintas. En ningún caso ha pasado parte del patrimonio de Petróleos de Venezuela a manos de Mobil, o de British Petroleum o de cualquiera otra empresa extranjera que participa en el esquema de ganancias compartidas de la “apertura”. Ninguna posee aunque sea una acción de PDVSA.

Diera más bien la impresión de que detrás del razonamiento de Peña está el de emplearlo más adelante a la inversa, para clamar por una apertura total del capital de PDVSA a la inversión extranjera una vez que se hubiera hecho trabajar, al empleado público venezolano, en gran ironía, como punta de lanza para facilitar la penetración de capitales foráneos en la empresa estratégica por excelencia de nuestro Estado.

En cambio de esto, proponemos que el Señor Presidente decida pagar enteramente las prestaciones sociales de los trabajadores del Gobierno Nacional con moneda norteamericana de las reservas que actualmente se sitúan en el nivel de 6.000 millones de dólares. (El Presidente del Banco Central de Venezuela, en referencia a la posibilidad de desmontar el control de cambios, ha reconocido esta fortaleza de las reservas de divisas).

Empleando la tasa de 290 bolívares por dólar para los cómputos del pago—nuevamente, en números gruesos—la cancelación de estas prestaciones consumiría 3.500 de los 6.000 millones de dólares de las reservas, dejando un remanente de 2.500 millones de dólares para suplir las transacciones de la cuenta corriente. (El monto promedio de compra diaria de “dólares Brady”, la que en algunos casos ha llegado a la cifra de 30 millones, es inferior a la cantidad de 20 millones de dólares en cada uno de los cinco días hábiles de la actividad bursátil. Esto significa que 2.500 millones de dólares suplen 6 meses a razón de 20 millones diarios, tiempo más que suficiente para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiempo más que suficiente para volver a recuperar el nivel de las reservas en una economía que sería mucho más feliz).

Esta decisión, creemos, tendría las siguientes enormes ventajas: primero, mejoraría de modo instantáneo la economía personal, hogareña, microeconómica de los empleados públicos; segundo, liberaría al gobierno de la pesadísima carga de las prestaciones de sus empleados; tercero, pondría a disposición del mercado un volumen muy importante de divisas en una oferta atomizada que haría imposible la corrupción que tiende a anidarse cuando quiera que hay una fuente discrecional y monopólica de divisas; cuarto, fortalece nuestra posición para nuestro negocio con el FMI. (Anticipamos el siguiente tipo de crítica: “¡Eso es poner en manos de unos tierrúos y patas en el suelo una plata que se van a gastar inmediatamente en Miami!” Como si no fuese precisamente eso lo que hubieran hecho, más de una vez excediéndose en los cupos legales, poblaciones muy distintas a la de los empleados públicos, cuyo ejemplar típico no tiene la menor posibilidad de hacer el viaje mayamero por excelencia. Rogamos se nos excuse la vulgaridad de este comentario. En todo caso, estamos dispuestos a apostar que esa inyección directa de efectivo en dólares a personas naturales venezolanas sería manejada, en conjunto, dentro de una gran racionalidad a pesar de que habría casos aislados irresponsables).

El 1º de mayo de 1996, nueva celebración del Día del Trabajo, es fecha propicia para esta gran liberación.

Nuestra cuarta proposición al Señor Presidente de la República es la de que anuncie, para el día 12 de marzo de 1997, la completa fusión de los bancos comerciales que el Estado venezolano ha llegado a poseer como consecuencia de la crisis bancaria, en un solo gran banco comercial—bajo la denominación de “Banco de Venezuela”—que deberá ser privatizado un año después –el 12 de marzo de 1998– en condiciones que explicaremos más adelante.

En los momentos actuales el gobierno se desgasta cada día ante la miríada de problemas cotidianos que debe atender, y entre estos se encuentra, naturalmente, el engorroso problema de manejar, en función subsidiaria que le es extraña, un numeroso grupo de bancos comerciales de todos los tamaños. El gobierno debería considerar la emulación de PDVSA a este respecto. La casa matriz de la industria petrolera venezolana está llegando a la conclusión de que no tiene sentido mantener, en condiciones monopólicas, tres marcas distintas de gasolina para el mercado local—Lagovén, Maravén, Corpovén—con la consiguiente triplicación de esfuerzos de mercadeo. Así, planea mercadear la gasolina producida por sus subsidiarias bajo una sola marca. (Y abrir el mercado a la competencia de marcas extranjeras).

Del mismo modo debiera el gobierno reducir una docena de dolores de cabeza a una sola y única preocupación: la creación de un gran banco comercial, que durante el tiempo que dure todavía en manos del Estado venezolano se convierta en pivote de la reactivación productiva en Venezuela, mediante un agresivo y a la vez prudente programa de fomento a la industria y el agro nacionales. (Sugerimos adicionalmente que los fondos crediticios de un programa de tal naturaleza sean adjudicados en un 70% por libre solicitud de los interesados en el apoyo a la empresa privada –con los estudios apropiados a cada caso– y en un 30% en unos cuantos campos determinados por prioridades establecidas con criterio estratégico).

Con la fusión de los bancos Consolidado, Latino, La Guaira, Venezuela, República, Progreso, Maracaibo, etcétera, se estaría mejorando en grado apreciable una condición indeseable del sistema financiero venezolano: su excesiva atomización. Sería un paso muy significativo hacia una compactación racional del sector. Y, naturalmente, sería mucho más fácil manejar una sola entidad, que gerenciar toda una bancada diversa que además debiera, en principio, competir entre sí.

De resto, la intención final deberá ser la de privatizar en cuanto sea posible—tal vez de modo más gradual que en el año calendario que hemos sugerido—ese nuevo Banco de Venezuela, obviamente muy atractivo en razón de su tamaño, dando prioridad a inversionistas venezolanos y suramericanos para la compra de la mayoría del capital.

Nuestra última proposición de política económica es la de que el Señor Presidente, en su esperado discurso del 12 de marzo, reafirme la seria intención del Estado venezolano de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a fin de que este organismo apuntale con su financiamiento, en el orden de los montos que han sido manejados como hipótesis de trabajo, la estrategia de la Agenda Venezuela complementada con los cuatro puntos antes sugeridos. Y que el Señor Presidente solicite, reclute, exija, porque así es lo justo, patriótico, sensato e inteligente, el respaldo de todo el pueblo venezolano a las posiciones venezolanas en esta negociación, y especialmente exija que se pronuncien en ese sentido el Congreso de la República, la Convención de Gobernadores, el Consejo Nacional de Alcaldes, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera.

Es importante que los venezolanos nos demos cuenta de que el Fondo Monetario Internacional no nos estaría haciendo un favor al prestarnos auxilio financiero. Estaría, simplemente, cumpliendo con su deber, por cuanto ésa es exactamente su misión y su sentido. El FMI es un órgano internacional que junto con el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) están hechos para ayudar a los países soberanos a solventar dificultades financieras transitorias y enrumbarse en una trayectoria de desarrollo económico. No existe ninguna cláusula de sus respectivas constituciones por la cual deba interpretarse que podrán o deberán suplantar la decisión macroeconómica soberana y autónoma de los países que soliciten su auxilio. Esto sería algo que ni siquiera en casos personales y comerciales se admitiría. Un banco privado puede exigirnos un balance fiel y las garantías que considere necesarias para aceptarnos un pagaré, pero no tiene ningún derecho para decidir por nosotros qué cosas compraremos en el mercado o cuánto deberá destinarse a mesada de los niños.

Venezuela es un miembro fundador del Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, es un miembro que demostró con creces su solidaridad y su interés durante su más reciente época de vacas gordas, por lo que merece un trato respetuoso y no menos pródigo que el que ha recibido, por ejemplo, México, a raíz de su no muy feliz aplicación de las recetas estándar del propio FMI.

Reconfiguración

Pasamos ahora a un territorio en el que podemos movernos con mayor seguridad: el de la gobernabilidad. Pero no la gobernabilidad entendida como gobernabilidad de la sociedad, de la Nación, sino como la gobernabilidad del Estado, la gobernabilidad del gobierno mismo.

Ya está sobrediagnosticado que la propia estructura ministerial es un impedimento mayor al desempeño eficaz del gobierno, y ya es más que evidente que entre las raíces del problema de credibilidad gubernamental se encuentra una emisión de opiniones de funcionarios del gobierno que es frecuentemente inarmónica. Pues bien, sería muy conveniente al Señor Presidente de la República que el gabinete ministerial estuviera construido como una estructura de dos pisos: un piso del Estado, para la atención y el manejo de problemas de gran estrategia, y un piso táctico de las operaciones habituales de servicio público.

En la configuración preferible, al Presidente de la República en tanto Jefe del Estado, deben reportar los ministros de Estado propiamente dichos: los ministros de Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, de Defensa, de Hacienda y de la Secretaría de la Presidencia. Por razones estratégicas fácilmente comprensibles debe reportarle también, por ahora, el Ministro de Energía y Minas. Deben estar subordinados directamente al Presidente de la República, por supuesto, el Procurador General de la República y un Director de Comunicaciones del Estado, junto con un Auditor General del Estado que, desde dentro del Ejecutivo adelante las auditorías y controles que usualmente establece a posteriori el Contralor General de la República, que es un auditor externo independiente.

Pero igualmente debe estarle subordinado un séptimo ministro de Estado: un “primer ministro”, “jefe de gobierno”, Ministro del Servicio Público. Y a este ministro deben reportarle los ministros que él nombre para ocuparse de las carteras de Educación, Salud, Asistencia Social, Seguridad Ciudadana, Sanciones y Rehabilitación, Transporte, Comunicaciones, Obras Públicas y Apoyo a la Economía.

De este modo, sin perder el control último de la prestación de los servicios públicos, el Presidente de la República puede descargar en su Ministro de Servicio Público una inmensa presión cotidiana que distrae su atención de los verdaderos problemas de Estado, a los que este presidente, a nuestro juicio, ha dado respuestas de alta calidad.

Así, se formaría un Consejo de Estado, presidido por el Presidente y sus Ministros de Estado (incluido el de Servicio Público), y un Consejo de Servicio Público, presidido por el Ministro ya referido.

Es obvio que ésta no es la configuración del Gobierno Nacional y que para poder arribar a una estructura similar a la descrita sería necesario que el Congreso reformase un buen número de leyes de rango orgánico. Por esta razón se propone igualmente que el Señor Presidente someta a la consideración de las Cámaras Legislativas y sucesivamente se remita a las Asambleas Legislativas, una enmienda constitucional para la que deberá solicitarse tratamiento de urgencia. Por esta enmienda debe disponerse que el Congreso de la República podrá suspender temporalmente el efecto de disposiciones de las leyes orgánicas de la Administración Pública a petición del Ejecutivo Nacional, siempre y cuando éste presente un “código orgánico ejecutivo” que supla el vacío legal temporal y regule la estructura y funciones del Poder Ejecutivo Nacional. Esto deberá proceder dentro de un lapso fijo, dentro del cual el Ejecutivo deberá someter los proyectos de reforma orgánica necesarios para que el Congreso pueda legislar definitivamente.

Sin una libertad de esta naturaleza el Gobierno Nacional continuaría en la muy impedida situación actual, enmarañado dentro de sí mismo, tratando de manejar una realidad cada vez más compleja desde un aparato engorroso, recrecido y en gran medida obsoleto.

En ulterior detalle puede recomendarse, asimismo, que el Fondo de Inversiones de Venezuela sea readscrito al despacho de Hacienda, junto con la parte de la Oficina Central de Presupuesto que corresponda a los gastos de Estado. En cambio, es recomendable adscribir la OCEI y la COPRE al Ministro de Servicio Público. Resultará conveniente que este ministro asuma la misión adicional de completar los instrumentos jurídicos que den basamento legal orgánico a esta metamorfosis, y para esto la COPRE es pieza de gran utilidad. El actual despacho de CORDIPLAN debe escindirse en dos, para dar paso a una oficina de “análisis de políticas” de la Presidencia –bajo perfil, sin declaraciones de prensa– y una análoga para el Ministro de Servicio Público.

Es deber del Congreso Nacional permitir la libertad necesaria para proceder a la búsqueda de esa configuración ministerial o alguna otra de corte similar. Si se acusa al Gobierno de haber consumido dos años sin que muchas áreas de la acción del Estado hayan mejorado ¿qué puede decirse de un Congreso que tiene la facultad constituyente ordinaria y no ha sido capaz de proceder a la reforma de la Constitución del 61?

El cambio debe darse de inmediato. El estado al que ha llegado la percepción de la gran mayoría de los formadores de opinión en Venezuela no permite creer que con un simple cambio en el elenco ministerial—el que también es recomendable—se dará un vuelco en lo atinente a credibilidad o será probable la consecución de mayor eficacia. En cambio, una configuración como la delineada acá, o alguna otra de análoga intención, permitirá una mejor planeación y coordinación de la acción gubernamental, al tiempo que se tendrá un mayor control de la bastante indisciplinada comunicación del gobierno. Ya tan sólo este último logro justificaría la transformación.

Que vendría a ser, ya no un golpe de Estado ejecutado por algún sector de la oposición o por el mismo gobierno en un “calderazo”, sino un golpe de gobierno llevado a cabo con la mira puesta en un criterio de responsabilidad pública hacia los Electores y sus necesidades.

Otras recomendaciones

El gobierno debe hacer un esfuerzo adicional, continuado y consistente de explicación de sus criterios y posturas. Este es un proceso que debe ejecutarse con la mira puesta en la conciliación. Cierto es que en muchas ocasiones se tergiversa estas cosas, así como también es verdadero que una parte significativa de la oposición es prejuiciada y otra igualmente significativa es definitivamente malintencionada. Esto no quita, sin embargo, que es deber primordial del gobierno producir reiteradas señales generadoras de confianza, para que, entre otras cosas, pueda pedir igual conducta de parte de formadores de opinión que han demostrado, en muchos casos, superficialidad, improvisación y falta de seriedad en sus planteamientos, cuando no pura y simple irresponsabilidad.

Hay base para emprender este otro cambio, esta vez en el plano comunicacional, con tono moderado. Salvo ocasionales reacciones gubernamentales más agudas, de variable recepción por parte de la opinión pública, un examen desapasionado dirá que el gobierno de Rafael Caldera ha sido generalmente discreto en la respuesta a sus críticos más acerbos. A partir de esa discreción digna de encomio sería posible una mejora significativa en la comunicación gubernamental.

Todos sabemos que hay quienes recomiendan en este país “mano dura”, cuando no la dictadura misma. Una dictadura le pedimos a Rafael Caldera: la prohibición total a sus ministros para declarar fuera del área de su competencia. Es una garantía necesaria en una situación en la que ya casi todo el mundo espera una interrupción del período de Rafael Caldera. Así parecieran darlo a entender los recientes comunicados de Fedecámaras, y así parecieran encaminarse proposiciones de renuncia del Presidente como las de Jorge Olavarría, llamados a un referéndum revocatorio que hace el Secretario General de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y peticiones de adelantamiento de elecciones como la de Andrés Velásquez.

Un grupo de jóvenes analistas que se llama a sí mismo “comité de crisis”—trabajan para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, para PDVSA, para el Banco Central de Venezuela—toma pie entre otras cosas sobre gráficos cronológicos de las contradicciones ministeriales y maneja “teorías del reventón” y predicciones de una caída del gobierno para una fecha que se daría entre fines de la Semana Santa de 1996 y septiembre de este año.

A este ambiente, por supuesto, es preciso prestarle atención y cuidado. Creemos que el Señor Presidente debe presentar al país el 12 de marzo un poderoso conjunto de medidas que logre un vuelco dramático a la cada vez más deteriorada situación. Una cosa así podría representarle la recuperación de la iniciativa, que ahora parece haber sido desgarrada y repartida, como botín de guerra, en la cacofónica declaradera de los formadores de opinión. (En este torneo de atrevimiento con frecuencia se manejan argumentaciones falaciosas. Por ejemplo, un documento de Fedecámaras señala que “ningún país aguanta” una devaluación de 170 a 430 en el lapso de dos semanas. Un razonamiento serio no mezclaría, para dramatizar con mayor exageración, el valor oficial del bolívar un día antes de la devaluación a 290 con el valor especulativo del “dólar Brady” diez semanas después).

Pero en todo caso el clamor angustioso y desesperado se generaliza al paso de los días. No hay otra cosa más importante a tomar en cuenta que esta opinión pública para que el gobierno decida actuar de manera contundente. Esperamos la alocución presidencial del próximo 12 de marzo, la que tal vez sea la última oportunidad de encarrilar este vertiginoso proceso.

LEA

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REF #20 – Un país empapado

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En alguna parte Dennis de Rougemont refiere la experiencia de alguien que creo era  Eugenio Ionesco en Berlín alrededor de 1935. Estaba en Berlín pero no entendía alemán y Hitler le causaba aversión. Pasó por casualidad por un sitio donde Hitler hablaba y se quedó clavado en el punto hasta que el dictador terminó su discurso: magnético, carismático, con una fuerza completamente independiente del significado.

Algo así pasó acá en Venezuela con cada aparición de Juan Pablo II. Casi no importaba lo que decía, tal era la potencia de su aura, de su credibilidad. Miles de personas lloramos emocionados, más de una vez, a lo largo de tres días inolvidables. Ante la dimensión beneficiosa de este impacto toda crítica acerca de costos queda empequeñecida. Ninguna cantidad en ninguna moneda pagaría el bien que el Papa nos hizo con su visita. El más incrédulo de los banqueros, de haber vivido esos tres días, aceptaría un balance en el que cualquier cifra se escribiera para estimar, cosa imposible, el inmenso activo intangible que era Venezuela mientras tuvo al Papa en su territorio.

Y es bueno darse cuenta de que ese activo no se ha esfumado. El Papa fue, en gran medida, tan sólo un catalizador que operó sobre una materia humana que todavía está aquí, que no vino de Roma, sino que vive y sufre acá, pero que también crece acá, todos los días. Es ese pueblo venezolano tantas veces denigrado, menospreciado o despreciado, el que fue capaz de dar un ejemplo teledifundido al resto del planeta, ejemplo de orden y organización, de fe y de optimismo. No aceptemos más nunca, por tanto, el discurso de quienes basan pretensiones políticas o privilegios sociales sobre la falsedad de una supuesta baja calidad del venezolano promedio, la que estaría muy por debajo de las personales cualidades de quienes lo desprecian. Si no hubiera bastado, para desvirtuar tales pretensiones, toda la paciencia exhibida por los venezolanos durante los años recientes, todo el crecimiento de conciencia política en los Electores, la demostración magnífica del 9, el 10 y el 11 de febrero de 1996, en su innegable rotundez, es un mentís definitivo. Los venezolanos estamos orgullosos de lo que hicimos por el Papa, para el Papa y con el Papa.

Seguramente Juan Pablo II no colmó todas las expectativas particulares. No todos tuvieron el protagonismo que deseaban, como en el notorio caso de Irene Sáez, que ahora es cuestionada por un gasto dispendioso que no le rindió los dividendos políticos que esperaba. El Papa tuvo, ciertamente, buenos asesores para esta su segunda visita a Venezuela, y no hubiera sido acertado en absoluto que permitiera la improvisación de una parada no programada en Chacao, porque hubiera sido comprometer de algún modo su carisma con una protocandidata a la Presidencia de la República, que quiso emitir señales que no le correspondían. Ya Irene Sáez se había “robado el show” en Los Teques el día que Mario Moronta asumió la sede episcopal en la capital del Estado Miranda. Por cierto, este popular prelado, de intensa y frecuente aparición por los medios de comunicación del país, tampoco ocupó ningún lugar de preeminencia durante la visita pontificia. De hecho, a los pocos días de culminar la visita, Moronta ya no es el promotor de la causa de José Gregorio Hernández, que al parecer ha sido tomada muy en serio por el Pontífice. El episcopado nacional nombrará en su lugar a otra persona para manejar la promoción, que en los últimos años se había “dejado ganar” por la sorpresiva beatificación de la Hermana María de San José.

Así pues, no todo el mundo obtuvo lo que pretendía obtener, pero quienes no lo lograron son realmente muy pocas personas. La inmensa mayoría del pueblo obtuvo mucho más de lo que esperaba tener, sobre todo cuando no pocos se dieron a criticar, algunos en privado y otros de manera pública, distintos aspectos de la preparación pocos días antes de la llegada del Papa.

Hubo quien no alcanzó a comulgar en La Carlota; allí mismo el Papa no pudo hablar en una improvisación de última hora a causa de una música que le impidió ser escuchado; el “papamóvil” criollo no tenía limpiaparabrisas; el Pontífice rechazó la gorra que un pequeño director de orquesta colocó sobre su insigne cabeza en la ceremonia de la despedida; pero todo esto son pequeños detalles humanos en una gigantesca movilización que para todo propósito resultó impecable.

Una cosa sí debe quedar clara. No fue la Iglesia venezolana la que reunió las multitudes, por más que su trabajo organizativo haya sido altamente encomiable. Fue Karol Wojtyla. Fue el Papa polaco, el Pontífice más popular de toda la historia del catolicismo. Si la Iglesia venezolana quisiera convocar dentro de pocas semanas una concentración humana como la que se reunió el pasado domingo 11 de febrero en Los Próceres, se vería en enormes dificultades para lograr una asistencia de una cuarta parte, aun con los cantos de Soledad Bravo reeditados.

Al ver el inconmensurable poder de convocatoria de Juan Pablo II, al constatar la fuerza increíble de su carisma personal, es lícito preguntarse: ¿quién calzará los zapatos de este Papa cuando le toque la hora de la muerte? Es este un importante problema para la Iglesia de Roma, el que deberá enfrentar dentro de no mucho tiempo, dado el sacrificio de vida que Juan Pablo II ha hecho en su peregrinaje universal.

LEA

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