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Hace casi exactamente diez años, en junio de 1986, escribíamos lo siguiente: “No creemos que haya ninguna razón funcional de fondo por la que, por ejemplo, la actividad extractiva—petróleo, minería—deba estar reservada a la explotación pública. Existe, sí, una tradición jurídica que se remonta a usos de la antigua Corona Española por la que los bienes del subsuelo eran de patrimonio real. Pero aún manteniendo esto, el Estado venezolano toleró por largos años una explotación del petróleo y del hierro por parte de manos privadas, sólo que se trataba de empresas privadas extranjeras. Es claro que no se hallan en Venezuela…  los capitales privados necesarios para que, por ejemplo, el patrimonio de PDVSA (la que tampoco posee el subsuelo), pudiese pasar al sistema de empresa privada”. (Luis Enrique Alcalá, Dictamen. Versión preliminar mimeografiada. Junio de 1986).

El párrafo anterior era una acotación lateral en una discusión centrada en otra dirección: el papel del Estado venezolano en la economía nacional. Incluía también la siguiente aseveración: “Igualmente, no vemos razones funcionales para que actividades tales como las de generación de electricidad, aviación internacional, radiodifusión y televisión, telefonía, y otras, no puedan ser ejercidas por actividad privada. En el caso de la telefonía se argumenta con frecuencia que la ‘seguridad’ de las comunicaciones del Estado exige que la organización y explotación del servicio telefónico sea de exclusiva competencia pública. Esto es cada vez menos sostenible, en vistas a la profunda modificación de la tecnología electrónica, la que permite que computadoras del Pentágono sean penetradas por adolescentes y, en una escala más modesta, las conversaciones del Presidente de Venezuela sean espiadas por funcionarios de la propia CANTV, como se dice que ocurrió durante el gobierno de Luis Herrera Campíns”.

La posición general respecto del papel del Estado en la economía era formulada del modo siguiente: “…sustentamos el criterio de que el Sector Público debe restringir su intervención en la actividad económica hasta el punto de que la mayor parte de ésta se conduzca por patrones, fundamentalmente, de autorregulación. Es decir, la actividad económica debe ser en principio libre. Hay algunas funciones básicas que debe reservarse a la función de gobierno. Entre ellas la principal es la de la regulación monetaria, siendo otra la de la regulación del intercambio externo a través de la interfase aduanal… Pero debe quedar a la función gubernamental la importante misión de establecer nuevas direcciones a la actividad económica, mediante el fomento directo de programas de desarrollo económico en un conjunto limitado y concentrado de áreas estratégicamente seleccionadas… Los programas deben ser integrales. Esto es, deben ir más allá de la mera concesión crediticia a proyectos individuales con posible validez en sí mismos, pero que no poseen necesariamente la concatenación necesaria al establecimiento, digamos, de un nuevo sector económico. Esto no significa que aboguemos por la supresión de todo financiamiento del Estado a proyectos que no formen parte de los programas integrales. Al contrario, sostenemos que una marcada mayoría de fondos públicos destinados al fomento económico deben ir a estos proyectos presentados aisladamente por los empresarios particulares, con tal que éstos cumplan con los requisitos mínimos de racionalidad y viabilidad económica. Sustentamos que el remanente, tal vez una tercera parte de los fondos disponibles debe ir a la financiación de proyectos agrupados en programas mayores, en un número no mayor, tal vez, de una media docena de programas, y que, en todo caso, también la ejecución de estos programas integrales sea confiada a manos privadas… Esto es importante porque sólo de una manera intencionalmente decidida será posible concentrar los recursos y los esfuerzos necesarios para que sectores económicos completos lleguen a poseer la escala suficiente como para que sean significativos”.

A pesar de lo anteriormente expuesto, somos de opinión contraria a la privatización de PDVSA, idea que ahora es defendida con intensidad, aunque sobre límites variables, por una gama de formadores de opinión que incluye al propio presidente de la empresa: Luis Giusti. En efecto, el ingeniero Giusti ha propuesto la colocación en mercados internacionales de un 15% de las acciones de nuestra multinacional pública de petróleo.

Giusti se inscribe de este modo en una serie de opiniones similares, la que incluyó, por ejemplo, la proposición que en este sentido hiciera Andrés Sosa Pietri, uno de los antecesores de Giusti, a fines de 1994. Sosa Pietri proponía la venta de hasta 49% de las acciones de PDVSA. Después de las declaraciones de Giusti, Eduardo Fernández ha salido a decir que debiera privatizarse totalmente, aunque en ritmo “gradual”, y otros analistas menos conocidos y más radicales también piensan en una privatización total.

De modo que ha sido planteada una completa desinversión pública en el sector de hidrocarburos. Si bien es cierto que algunas posiciones son menos radicales—Giusti, 15%; Sosa Pietri 49%; Gómez (Emeterio), 40%—la noción de que el Estado venezolano “desnacionalice” a PDVSA ya circula con toda libertad sobre la mesa del debate público.

La gallina

El 30 de agosto de 1975 el Presidente de la República, que en aquella época de vacas gordas era el ciudadano Carlos Andrés Pérez, procedió a crear por decreto ejecutivo “una empresa estatal bajo la forma de sociedad anónima que cumplirá y ejecutará la política que dicte en materia de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional”.

Según la primera cláusula del Título Primero—Disposiciones Generales—de ese decreto 1.123 del primer gobierno de Pérez, tal empresa se llamaría Petróleos de Venezuela y, de no mediar otras decisiones, debería vivir al menos hasta  el año 2025, pues la duración prevista en la misma cláusula es de cincuenta años. La cláusula sexta del Título Segundo, que tiene que ver con el capital y las acciones de Petróleos de Venezuela—a la que al principio se la llamaba Petrovén—dice a la letra: “De acuerdo con la Ley, las acciones de la Sociedad no podrán ser enajenadas ni gravadas en forma alguna”. Esto significa también, que de no mediar una reforma de la susodicha cláusula sexta y una reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, ni siquiera la proposición de Giusti, la más moderada de las proposiciones sobre venta de acciones de PDVSA, es posible legalmente. De hecho, pues, lo que Luis Giusti ha propuesto es que se modifiquen el instrumento legal y el constitutivo-estatutario que rigen la propiedad de la industria venezolana del petróleo.

Pero, ¿qué es esta propiedad del Estado venezolano? ¿Qué significa poseerla? ¿Por qué su actual presidente dice a su dueño que quiere otros dueños además de él?

PDVSA es en gran medida una historia de éxito. A la hora de la nacionalización campeaba en ciertos sectores conservadores del país un gran escepticismo. Partiendo de cierta postura de desconfianza o desprecio del “material humano” nacional, se sostenía en ciertos círculos que nacionalizar la industria petrolera venezolana era una locura, pues una actividad tan compleja excedería la capacidad de gerencia de los venezolanos, que, como se sabe, no son suizos, ni norteamericanos, ni holandeses. No pocos empleados de la industria, hasta 1975 en manos de empresas transnacionales, renunciaron a sus cargos en la creencia de que en manos locales, en las típicas, pintorescas y folklóricas manos de los venezolanos esa industria se iría a pique. A más de veinte años de la creación de PDVSA, sin embargo, los resultados globales del experimento se encargaron de desmentir tan agoreras e inexactas profecías.

En los veinte años que mediaron entre 1975 y 1995, la industria nacionalizada incrementó las reservas probadas de crudos convencionales de 18 mil millones de barriles a más de 64 mil millones de barriles, y en el mismo lapso las reservas de gas natural de 38,5 a 140 billones de pies cúbicos. El cuadro de reservas se completa con la confirmación de la existencia de crudos pesados, extrapesados y bitúmenes en la Faja del Orinoco en volúmenes estimados de 1 billón 200 mil millones de barriles.

El potencial de producción de la industria petrolera nacional, que en 1975 era de 2,4 millones de barriles diarios, ha alcanzado en veinte años de explotación estatal el nivel de 3,1 millones, y los planes de expansión más recientes pretenden llevarlo a casi el doble (6 millones de barriles diarios), para el año 2005, cuando todavía faltarían veinte años para la extinción estatutaria de PDVSA.

En los mismos veinte años PDVSA aumentó nuestra capacidad instalada de refinación de 1,5 a 2,4 millones de barriles diarios y, lo que tal vez es más importante, mejoró dramáticamente el patrón de refinación, pues ahora esa capacidad obtiene 80% de productos de alta calidad (gasolinas y destilados), en comparación con el 30% que se obtenía en 1975. (En 1975 se obtenía un volumen diario de 450 mil barriles de productos de alta calidad, mientras que para fines de 1995 se disponía ya de la cifra de 1 millón 920 mil barriles, lo que representa un ennoblecimiento de cuatro veces en veinte años).

Los progresos en el mercadeo de los productos son tan llamativos como los obtenidos en exploración, producción y refinación. En 1975 PDVSA comercializaba 2,1 millones de barriles diarios, los que colocaba a sólo 15 compradores. Hoy en día comercializa 3,2 millones de barriles diarios y tiene ahora una base de 250 clientes. Su estrategia de internacionalización e integración le ha valido la posibilidad de colocar muy importantes volúmenes de crudos y productos venezolanos, mientras obtiene ganancias en todos los eslabones del negocio y ha mejorado considerablemente su acceso a los mercados financieros mundiales y a los avances tecnológicos. Y en este campo de la tecnología debe anotarse la creación, hace 15 años, del INTEVEP, el centro de apoyo tecnológico y de investigación de la industria petrolera nacional. El INTEVEP ostentaba, para fines de 1995, 433 títulos de patentes y 115 registros de marcas. La más famosa de ellas es sin duda la de la Orimulsión™, un nuevo combustible que está penetrando consistentemente en el mercado energético internacional, y del que ahora la República China desea adquirir 500.000 toneladas anuales.

Además del petróleo PDVSA maneja el negocio petroquímico básico del país y su explotación de la riqueza carbonífera del Zulia. En petroquímica la gestión de PDVSA desde 1978 ha representado la incorporación de 13 nuevas plantas y una producción bruta anual de 7,5 millones de toneladas métricas. Por el lado carbonífero, fue capaz de alcanzar una producción de 4 millones de toneladas métricas anuales en 1995. Obviamente, PDVSA ha expandido considerablemente el valor de sus activos y sus volúmenes en este proceso de admirable crecimiento. Por mencionar sólo un indicador, PDVSA disponía en 1975 de 14 buques con 389 mil toneladas de peso muerto, y veinte años después había hecho crecer su flota hasta 25 naves que representan más de 1 millón y medio de toneladas de peso muerto. (De un promedio de casi 28 mil toneladas de peso muerto por buque a uno de 60 mil toneladas).

La importancia de PDVSA en la economía nacional es innegable. Además de sus aportes directos al Fisco nacional, esta importancia puede medirse en términos de su aporte al Producto Interno Bruto venezolano. En términos porcentuales, PDVSA aporta el 24% de ese producto anual de modo directo, pero indirectamente añade 33% a esa cifra. Esto es, PDVSA es responsable, directa o indirectamente, de más de la mitad del Producto Interno Bruto de Venezuela, un 57%. En estímulo intencional de su participación indirecta, PDVSA ha llevado a cabo programas de integración con los suplidores de bienes y servicios, así como programas de asistencia a los fabricantes y de promoción de las exportaciones. De este modo, la industria petrolera nacional adquiere en el país el 54% de sus requerimientos de materiales y equipos, el 79% de obras y servicios y el 81% de sus necesidades de ingeniería.

Asiento de poder

La corporación que ha hecho posible tales logros es una empresa del Estado venezolano. Antes que el Metro de Caracas, demostró que es posible la coexistencia de una gestión exitosa con la propiedad pública, y ha contribuido no poco a una fundamentación sensata de la autoestima nacional. (La poca que queda).

Naturalmente, PDVSA es también, y por sobre todo, un enorme centro de poder tanto en el interior del país como hacia el exterior. Hace unos años un cierto Ministro de Energía y Minas nos confiaba su deseo de acceder a la Presidencia de PDVSA. Cuando le dijimos que no entendíamos cómo, siendo él el superior inmediato del Presidente de PDVSA, pudiese desear ser el subalterno del cargo que en ese entonces tenía, nos contestó de inmediato: “Ah, pero es que allí está el poder”.

Es este el poder que tiene ahora Luis Giusti. En un movimiento político en cierto modo sorprendente, Rafael Caldera incluyó el cambio de la directiva de PDVSA en la serie de remociones que se sucedieron en casi todas las instituciones que el Poder Ejecutivo podía tocar, y que habían comenzado por la remoción del Alto Mando Militar en anuncio efectuado aun antes de la toma de posesión del Presidente Electo. Luis Giusti, quien había sido notorio participante en la confección del programa de gobierno de Oswaldo Álvarez Paz, resultó sorpresivamente elevado a la posición de Presidente de PDVSA. Si Caldera fuese en realidad, como algunos acostumbran describirlo, una persona exclusivamente movida por motivaciones de vindicta, este nombramiento no tendría sentido. De hecho, Caldera reconoció en Giusti su idoneidad para el cargo, y el nombramiento suscitó críticas en otro sentido, pues algunas voces conocedoras de la industria petrolera opinaron que se había saltado unos cuantos puestos en la cola meritocrática.

Es este mismo funcionario el que ahora propone modificar, aunque en proporción relativamente moderada, la estructura accionaria de la empresa que preside, en una iniciativa que tal vez no le corresponde, aunque sólo sea de modo público, a menos que tal cosa esté en conocimiento del accionista y éste se muestre de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo Erwin Arrieta con la venta de acciones de PDVSA y con que sea Luis Giusti el encargado de lanzar lo que tal vez es un globo de ensayo? ¿Está Rafael Caldera de acuerdo con eso?

Quien sí está de acuerdo, y con mucho más, es un peculiar personaje que ha aparecido de algún modo ligado con PDVSA y con Giusti y que opina que toda la empresa, ya no el 15% de su capital, debe pasar a manos privadas, porque PDVSA estaría siendo muy mal manejada por el Estado venezolano. Nos referimos a José Luis Cordeiro, quien es autor de un libro llamado “El desafío latinoamericano” y que ahora se halla concluyendo otro sobre el tema petrolero venezolano, y que asegura será prologado por Luis Giusti. Cordeiro ofrece conferencias sobre su tesis de la privatización plena de PDVSA apoyado en tablas y consideraciones diversas, algunas de las cuales maneja con cierta ligereza. Nosotros le hemos escuchado afirmar, en tono pontifical, que el “psicólogo” Max Weber habría afirmado que el desarrollo capitalista estaba vedado a budistas y mahometanos. (Weber fue un importante sociólogo alemán que argumentó, en La ética protestante y el origen del capitalismo, que las diferencias en valores entre el catolicismo y el protestantismo podían explicar el surgimiento del capitalismo en las áreas del protestantismo. Jamás hizo la afirmación sobre mahometanos y budistas que Cordeiro le atribuye alegremente).

¿Existe en verdad la conexión entre Cordeiro y Giusti? ¿Hasta dónde llega de existir realmente? Entre quienes sí existe una conexión evidente es entre Luis Giusti y José Toro Hardy, notable economista venezolano, quien ha argumentado muy convincentemente acerca del brillante futuro petrolero venezolano y sobre la necesidad de los contratos de ganancias compartidas de la apertura. A fines de 1994 Toro Hardy publicaba un libro escrito en inglés—Oil: Venezuela and the Persian Gulf—que fue donado por la Editorial PANAPO y por el Grupo ZUMA (empresa a la que Toro Hardy estaba ligado) a Petróleos de Venezuela. El bautizo del libro, a cargo de Luis Giusti, tuvo lugar en la sede de PDVSA en Las Delicias en diciembre de 1994.

José Toro Hardy—a quien se le conoce cordialmente como Pepe Toro—es ahora miembro del directorio de Petróleos de Venezuela desde fines del mes de marzo de este año, cuando se produjo, a los dos años de su nombramiento, la ratificación de Luis Giusti en la presidencia de la empresa.

Poco antes, Rafael Caldera pronunciaba su esperado discurso del 12 de marzo en el Congreso de la República. Las expectativas generadas por un extraordinario clima de desasosiego económico llevaron a varios medios de comunicación a generar programas de radio y televisión para el análisis instantáneo de las palabras del Presidente de la República. Uno de esos medios fue Televén, que conformó un panel de comentaristas para que emitieran su opinión en horas del mediodía. Formaban ese panel los economistas Alexander Guerrero, José Toro Hardy y José Luis Cordeiro. En una de las interacciones producidas ese día Pepe Toro consideró pertinente la siguiente afirmación: “Yo creo, por ejemplo, que el Dr. José Luis Cordeiro sería un excelente Ministro de Hacienda en este país”.

Justamente en este país en el que los liderazgos tradicionales han sido fuertemente desacreditados, la figura de Luis Giusti ha comenzado a ser considerada como presidenciable. Su imagen de ejecutivo y de tecnócrata, su juventud, su capacidad demostrada en la conducción de una organización tan compleja como la de nuestra industria petrolera, contribuyen a que se le considere uno entre los outsiders que podrían hacer buen papel como Presidente de la República. Por supuesto, Luis Giusti no ignora que esto es así, y la pregunta que surge naturalmente es si ya ha procedido a concebir un proyecto electoral. Ya antes de él Humberto Calderón Berti pensó en servirse de la plataforma de poder de PDVSA para proyectarse como candidato presidencial, y hay quien asegura que también el General Rafael Alfonzo Ravard llegó a jugar con la idea de una candidatura que pudiera llevarlo a Miraflores. ¿Tiene ya Giusti un proyecto, un cronograma y un equipo? ¿Pertenecen a ese posible equipo los tocayos José Toro Hardy y José Luis Cordeiro? ¿De llegar a la Presidencia de la República, procuraría Giusti la privatización total de la empresa que ahora preside?

En todo caso, Giusti ha salido a defender, en una acción que, repetimos, probablemente no le corresponde, la idea de transferir parte del capital de PDVSA a manos privadas, idea que a fines de 1994, ante similar proposición de Andrés Sosa Pietri en un acto en el Palacio de Miraflores, el V Congreso Venezolano del Petróleo declaró “extemporánea”.

Y una vez que se vende el 15% del capital de PDVSA se establece un precedente. Vender un poco más en el futuro cercano ya se haría posible, porque para vender aunque sea una sola acción es preciso, como anotamos, un acto expreso del Congreso de la República. Roto este dique legislativo la privatización completa sería mucho más fácil, como varios han pensado que convendría.

Tiempo de herejías

No deja de ser interesante fenómeno que lo que hasta hace nada fuesen dogmas del sistema político-económico venezolano estén siendo cuestionados intensa y simultáneamente. No hace mucho tiempo cualquier funcionario de la industria petrolera nacionalizada que hubiese propuesto algo similar a lo sugerido por Luis Giusti habría sido inmediatamente destituido, o, al menos, silenciado. ¿Qué permite tal cantidad de atrevimiento?

En parte, y en relación con el punto específico de PDVSA, una cierta envidia hacia nuestra industria petrolera y sus ejecutivos y empleados, más o menos ampliamente distribuida, puede ofrecer algo de explicación. Esta es una actitud que la propia industria petrolera ha contribuido a formar. En su afán por impedir que la industria se politizara o corrompiera del mismo modo que lo han hecho otras empresas del Estado venezolano, ha establecido barreras y distancias que la han colocado en un marcado aislamiento. El 30 de diciembre de 1980 el General Rafael Alfonzo Ravard, para entonces Presidente de Petróleos de Venezuela, pronunciaba un discurso en el hotel Caracas Hilton, ante unos cuantos centenares de personalidades venezolanas. El tema y el título del discurso era el siguiente: “Somos diferentes”. Con sobrado orgullo, el General Alfonzo enumeraba, a cinco años de la nacionalización, los hechos que demostraban la “normalidad operativa” de la industria petrolera nacional, manejada como empresa del Estado por ejecutivos y técnicos venezolanos. Luego insistió en publicar el texto con el título antedicho.

El aislamiento y relativa opacidad de la industria petrolera venezolana provocan, entonces, una cierta actitud que rechaza o envidia a nuestros hombres del petróleo, a quienes se les cuestiona el justificado nivel de remuneración que reciben, o en quienes se pretende ver una postura de arrogancia. Señales como las que solía emitir Rafael Alfonzo Ravard contribuyeron considerablemente a reforzar esos celos hacia PDVSA. Pero a los hombres del petróleo se les llama también cuando se requiere excelencia profesional y capacidad, para que, en “comisión de servicios”, vayan a ocuparse de la instalación de complejos sistemas administrativos para el Estado venezolano, como en el caso del recientemente establecido SENIAT.

Más allá de la sensibilidad en contra de los “petroleros”, sin embargo, hay razones más de peso para propugnar la privatización de Petróleos de Venezuela. José Luis Cordeiro no está totalmente errado en sus fundamentos. Varios indicadores permiten establecer que hay un cierto deterioro en la productividad de PDVSA, así como parece ser evidente un exceso de personal empleado, aun tomando en cuenta las necesidades causadas por los planes de expansión del potencial de producción.

Algunos analistas destacan que no todas las operadoras subsidiarias de PDVSA son igualmente eficientes. Por ejemplo, hay quien asegura que Maravén no sería una empresa viable, y que dentro de uno de los posibles cauces de privatización parcial la venta de esa compañía en un plazo relativamente breve es un desenlace harto probable. Tal vez esta situación explique que Maravén parezca involucrarse en batallas particulares desalineándose de la programación de la casa matriz.

En su política de concentración en lo que PDVSA considera sus “actividades medulares”—es decir, las estrictamente petroleras—ha comenzado a procurar un outsourcing cuidadosamente planificado, dentro del que se abren oportunidades de inversión de terceros en áreas de servicios que le son periféricos a la industria. Dentro de estos servicios se contempla satisfacer con suplidores externos cosas tales como telecomunicaciones,

informática, generación de electricidad, tratamiento de aguas, generación de vapor, hidrógeno, etcétera.

Pues bien, para el caso del outsourcing en informática, PDVSA ha establecido un detallado y estricto proceso de evaluación de posibles suplidores de tecnologías de información, en el que ha invitado a un cierto número de empresas precalificadas en el área para que presenten y ofrezcan sus capacidades. Por esos días apareció en el programa Dimensión, excelente cátedra de ciencia y cultura en las televisoras públicas que patrocina Maravén, un capítulo, repetido poco después, en el que se presenta una opinión crítica de una de las empresas participantes en la evaluación de PDVSA. ¿Hay alguien en Maravén que esté apostando a uno de los competidores, en contravención de lo que los profesionales de la informática en PDVSA consideran una opción razonable?

Si PDVSA es un centro de poder, Maravén también lo es, aunque naturalmente en bastante menor escala. Tal vez nadie como Alberto Quirós Corradi supo usar ese poder de manera más inteligente, cuando fue el destacado Presidente de esa operadora. Seguramente fue su actuación en el sonadísimo caso de los petroespías su gesto más aleccionador. (Quirós convocó él mismo a una rueda de prensa para denunciar, lamentándolo por cierto, la presencia de corrupción en el seno de su empresa, presencia que fue detectada por los propios mecanismos de seguridad de Maravén. Quirós ordenó la entrega de la evidencia recabada a la Policía Técnica Judicial, con lo que se logró el apresamiento de prácticamente todos los involucrados y la limpieza de la propia industria. Otras instituciones del país debieran aprender de ese ejemplo a la hora de ejecutar la consabida “solidaridad automática”. Hasta ahora parecieran haber aprovechado la lección de Quirós las Fuerzas Armadas Nacionales—en algunas actuaciones del ministro Orozco Graterol—y el partido Acción Democrática, con la exclusión del perecismo y el lusinchismo de sus filas).

Pero ni la posible desalineación de Maravén, ni su supuesta inviabilidad, ni un exceso de personal de la industria petrolera, son argumentos suficientes para sustentar la conveniencia de la privatización de PDVSA, para propugnar la venta o desinversión en la gallina de los huevos de oro del Estado venezolano. A fin de cuentas, siempre es posible realinear y repotenciar a Maravén, desprenderse del personal excedentario, recuperar mejores niveles de productividad. No escapan las empresas del sector privado, por cierto, a fases en las que una pérdida de dinamismo o la acumulación de costos fijos excesivos, les impelen a drásticos procesos de redimensionamiento y corte de costos, y usualmente esto involucra dramáticas reducciones en el volumen de empleo de las mismas. Cosas así han sido particularmente notorias en la escena norteamericana, en la  que gigantescas empresas metidas en problemas han procedido al inmisericorde despido de decenas de miles de trabajadores.

Tras la careta

Las razones de fondo para defender la privatización de PDVSA van todavía hasta el más profundo plano de lo ideológico, y toman asiento en el preocupante descrédito de todo lo que es público o político en Venezuela. Es tal el deterioro de lo público en nuestro país—a pesar de que, como lo registran los estudiosos, el descrédito de los políticos es hoy prácticamente universal en el planeta—que ya se le niega al Estado la posibilidad de que pueda poseer empresas, hasta el punto de que Eduardo Fernández ha propuesto una reforma de la Constitución Nacional para borrar definitivamente la noción de un Estado empresario.

A veces la argumentación “neoliberal” llega a extremos de ligereza y poca substanciación. Por ejemplo, el derrumbamiento del sistema soviético ha sido esgrimido como evidencia de que la inmersión directa del Estado en el papel de productor económico directo es una absoluta inconveniencia. Es obvio que en ningún momento el Estado venezolano ha sido comparable al totalitarismo soviético en lo económico, ni siquiera en época de dictaduras. El más vigoroso y sostenido impulso al sector privado nacional de toda nuestra historia coexistió con la promulgación de esa Constitución de 1961 que ahora se propone reformar para quitarle a nuestro Estado toda posibilidad empresarial.

También se ofrece retóricamente la noción de que el gobierno de los Estados Unidos no es menos fuerte porque carezca de algo equivalente a PDVSA o al Derecho Público hispano-venezolano según el cual las riquezas del subsuelo son propiedad del soberano. Una afirmación de ese tenor establece una comparación absolutamente superficial e insostenible, pues resulta incongruente cotejar dos escalas tan disímiles como las del Estado venezolano y las del Estado norteamericano, ese gigante que el inefable Ignacio Quintana llama la “encarnación de la República Imperial”, en publicitada adulación personal a William Clinton.

La posesión de PDVSA, precisamente, ofrece más poder al Estado venezolano que sus propias fuerzas armadas. Casi que es de lo único que dispone para medio defenderse en este mundo cada vez más planetizado—globalizado—en el que por ahora predomina un desatado espíritu de “competitividad de las naciones”. A la espera de una fase más humanizada en la que la cooperación prevalezca sobre la competitividad, es casi un suicidio de Estado que la República de Venezuela se desprenda de su mayor activo y la mayor base de su fuerza.

Claro que esto será tildado de populista por quienes han declarado que la situación ideal es la de Panamá, país en el que jamás se ha impreso un solo balboa y que usa como moneda corriente el dólar norteamericano. Son los mismos que abogan por la “caja de conversión” que entregaría nuestra soberanía monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues afirman en privado que prefieren a Alan Greenspan antes que Antonio Casas González como “defensor de sus derechos económicos”. Por cierto, muchos de los que militan en esta poderosa corriente neoliberal antaño defendían radicales posturas de izquierda. Pero es que ya Eric Hoffer les había descrito certeramente en El verdadero creyente (The True Believer, 1951), y había hecho notar que “donde los movimientos de masas están en violenta competencia entre sí, no son infrecuentes las instancias de conversos—incluso los más fervientes—que cambian sus lealtades de uno a otro”.

Así que tal vez es más transparente que esta discusión sobre la conveniencia de una privatización total o parcial de PDVSA, un debate previo sobre si para nosotros continúa teniendo sentido que Venezuela siga siendo un Estado, si vale la pena que Venezuela sea una república soberana. Ése es el debate de fondo, y es allí donde caerán las caretas.

Los Estados Unidos de Norteamérica son, sin duda alguna, una admirable presencia civilizatoria, emulable en muchas cosas. Creemos que puede sostenerse que, en un balance final, y a pesar de sus errores, el Estado norteamericano ha sido un actor internacional con un aporte neto positivo. Reconocer esto, sin embargo, es distinto a la añoranza de convertirnos en un Estado “Libre” Asociado, á la manière de Puerto Rico. Reconocer el aporte de los Estados Unidos es muy distinto de aceptar el papel de jefe planetario que Newton Gingrich pretende asignarle. No guardamos ninguna simpatía hacia el concepto quintanesco de “repúblicas imperiales”.

Nosotros, los venezolanos, los suramericanos, los latinos, somos distintos. Ni mejores ni peores que los chinos, los rusos o los alemanes. Y hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos todavía una vocación de independencia cuya expresión requiere la soberanía de un Estado. Que reconozcamos en él graves defectos y limitaciones es una cosa; en cambio, que se proponga disolverlo es otra muy distinta.

Y a pesar de lo dicho, hay que dar la bienvenida a una discusión franca y abierta sobre la propiedad pública de PDVSA. Más de un detalle importante podría ser examinado con mayor profundidad que la que es posible en estos comentarios. Por ejemplo, debe decidirse si realmente tiene atractivo para un inversionista adquirir acciones de una compañía petrolera que no tiene posesión efectiva de siquiera un barril de reservas de petróleo. (La titularidad de las reservas venezolanas no es de PDVSA, sino del Estado mismo, y en la estimación del valor de mercado de una compañía petrolera el principal factor de ponderación es justamente, el de cuánto posee en reservas probadas). Otro ángulo, finalmente, es si en una decisión de privatización de PDVSA pudiera darse preferencia o exclusividad a capitales privados venezolanos. Los más recientes cálculos acerca de los depósitos privados venezolanos en el exterior mencionan cifras cercanas a los 90 mil millones de dólares.

LEA

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