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En Para leer mientras sube el ascensor, colección de textos humorísticos por el español Enrique Jardiel Poncela, se encuentra una narración muy preocupante. Dos amigos discuten. Uno de ellos ha propuesto la siguiente descripción: “El hombre lleva siempre a la fiera atroz en su interior”.

La discusión lleva a una apuesta. Quien sostiene la tesis asegura que logrará hacer surgir tal bestia de dos tranquilos viejecitos, que conversaban sentados en un banco del parque protegidos por una verja de hierro. Allí va a molestarles, llamando su atención con un bastón y constantes gritos: “¡Eh, fieras!”

Al principio, los ancianos respondían con gran paciencia y dulzura, siempre con calma, y argumentaban que puesto que sólo eran dos ancianos inofensivos se les permitiera conversar en paz. Al final, luego de un larguísimo período de hostigamiento, los ancianos rugían, echaban espuma por la boca, mordían los barrotes de la verja y amenazaban con la peor de las muertes a su torturador. Asunto demostrado.

El cuento viene al caso porque sobre el 11 de abril hay más de una interpretación y, más fundamentalmente, porque varios procesos coexistieron en paralelo el 11 de abril. Esto es, no hay una explicación lineal, unidimensional, del 11 de abril. Pero aun si lo que hubiera ocurrido fuese tan sólo lo que el gobierno de Chávez pretende vender como única verdad, que el 11 de abril solamente ocurrió un golpe de Estado en Venezuela, esa ocurrencia sería resultado de las pasiones que Hugo Chávez se cuidó muy bien de excitar por todos los medios a su alcance. Hugo Chávez estuvo buscando la fiera atroz que anidaría, según Jardiel Poncela, en el alma de cada venezolano, desde el instante mismo que tomó posesión del gobierno y aun mucho antes. Por mucho menos de lo que ha hecho Chávez, muchos presidentes recibieron un golpe de Estado.

Pues a su asunción de la Presidencia de la República de Venezuela, Chávez contó con un amplificador de gran potencia para su particular interpretación de lo político. En el acto mismo de prestar juramento ya evidenció mezquindad e inclemencia al referirse al libro sobre el que juraba como constitución moribunda. Dos días más tarde, al cumplirse siete años de su rebelión de febrero de 1992, exaltaba esta intentona violenta y atemorizaba a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Poco después, en su primera exposición desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores y ante un auditorio lleno de personalidades, ofrecía a un conocido empresario de televisión venderle un carro blindado del que el gobierno se desprendería dentro de un programa de austeridad fiscal. La directa implicación era que el empresario aludido podría necesitar el vehículo para la protección de su vida.

El amedrentamiento ha sido arma favorita de Chávez durante todo su período gubernamental y desde su mismo inicio. Más de una de esas reuniones televisadas desde el Salón Ayacucho pareció atenerse a un estilo de gobernar en corte, como si se tratara del más absoluto de los monarcas franceses. Es decir, Chávez tomaba decisiones sobre la marcha, en medio de uno de estos actos que progresivamente vendrían a ser sustituidos por las cadenas de televisión y radio y por su programa dominical “Aló, Presidente”.

Pero al estilo versallesco de decidir enfrente mismo de los cortesanos, Chávez añadía el poder intimidante de una cámara de televisión clavada sobre el semblante de la persona a quien pudiera ocurrírsele aludir directamente. Por ejemplo, con motivo de la primera reestructuración de la que fuera objeto la plana mayor de PDVSA, Chávez se dirigía al país desde el centro del estrado, mientras a su lado derecho observaba, entre otros, el recién nombrado Presidente de PDVSA, Roberto Mandini. Éste último no estaba conforme con el candidato que Chávez quería imponer en PDVSA Gas, Domingo Marsicobetre. Chávez forzó una transmisión televisada al país para informar acerca de la reestructuración de autoridades en PDVSA y, ante las cámaras de televisión dijo que todavía no había acuerdo respecto de quien dirigiría PDVSA Gas. “Hemos hablado de un nombre… ¿No es así, Mandini? Marsicobetre, ¿no?” El pobre Roberto Mandini, sabiéndose enfocado por la cámara, capituló allí mismo. Chávez le extrajo la designación de Marsicobetre a Mandini con el empleo implacable y descarado de su técnica de gobernar en corte televisada.

LOS MOTIVOS DE CHÁVEZ

Hugo Chávez gobierna con descaro. En sus comunicaciones siempre hay un reto a alguien, muchas veces de un modo muy directo. En su lenguaje, una propensión a la procacidad, un desprecio por las formas y el protocolo. Una significativa proporción del rechazo que Chávez provoca tiene que ver con el lado formal de sus expresiones, con su gesticulación, su imprudencia, su informalidad, con, en suma, su mala educación.

Sri Radhakrishnan descartaba como hipócritas las convenciones de Ginebra que prohíben el empleo de armas químicas mientras toleran que un pueblo entero sea arrasado con las llamas de bombas incendiarias. Eso equivale, decía, a criticar al lobo no porque se coma al cordero, sino porque no lo come con cubiertos. Hugo Chávez es un lobo inteligente que, adrede, no come con cubiertos. Siente placer en escandalizar a quienes no considera merecedores de reconocimiento social. Por esto desprecia las reglas de la urbanidad política.

Y es que Chávez es efectivamente un lobo. El lobo de Rubén Darío, el lobo de Gubbio, el lobo de San Francisco. Cuenta Darío en “Los motivos del lobo”, cómo es que la población de Gubbio era atacada por un lobo feroz, cebado sobre los rebaños y pastores del pueblo. Francisco de Asís pasaba por allí y recibió la queja y se fue a buscar al lobo en el campo. Al hallarlo lo increpó: “¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte?” El lobo se justifica: “¡Es duro el invierno, y es horrible el hambre! En el bosque helado no hallé qué comer; y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño; o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo; y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de Nuestro Señor. Y no era por hambre, que iban a cazar”.

La mansedumbre de Francisco se impone al cabo sobre tal argumentación, y tiene la palabra del lobo de que ya no asaltará pastor y ganado a cambio de ser mantenido por los habitantes de Gubbio. La cosa funciona por un tiempo. Hasta que Francisco se va del pueblo y regresa un tiempo después. Al entrar consigue el terror en los habitantes: el lobo ha vuelto a las andadas, sólo que con mayor ferocidad.

De nuevo emprende Francisco el camino de la fiera. De nuevo la encuentra y le enrostra sus crímenes. Pero esta vez no convencerá al lobo. Éste le dice: “Hermano Francisco, no te acerques mucho… Yo estaba tranquilo allá en el convento; al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la Envidia, la Saña, la Ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos: los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así, me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente; mas siempre mejor que esa mala gente. y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar. Como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad, vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad”.

Chávez no fue a un convento, sino a un cuartel. Y cuando salía de él veía cosas: la miseria de la gente, su sufrimiento, la impunidad, el peculado, la irresponsabilidad. Y así se convirtió en lobo escarmentado que no sabe creer en quienes supone responsables del estado de cosas en Venezuela. Largos años maduró su amargura y su rabia. ¿No era Eduardo Fernández quien solía decir que el pueblo estaba bravo desde antes del 27 y 28 de febrero de 1989? ¿Por qué sorprenderse ahora de la virulencia del chavismo?

El presidente Chávez, en tanto operador político, pertenece a la escuela quirúrgica. Él cree que las soluciones públicas en Venezuela deben ser, por fuerza, agresivas, invasivas, traumáticas, y siente una especial vocación por aplicarlas. Chávez es un cirujano político, y como tal cirujano procura controlar totalmente al paciente. Anestesiado, si posible. Como con sus cadenas totales. Chávez quiere controlar al país.

La primera versión del decreto para el referéndum que daría origen a la Constituyente de 1999 es emblemática en materia de tentaciones totalitarias. La redacción estipulaba que los venezolanos depositaríamos en las manos de Chávez un cheque en blanco para que él determinase a su antojo todo lo concerniente al referéndum. Era tan evidente la formulación autoritaria que, aun cuando para los momentos se encontraba en su momento de mayor poder, tuvo que modificarse la redacción.

De hecho, hay una “falla de origen” en todo el periplo político de Hugo Chávez. Su primera incursión en lo político con la asonada del 4 de febrero de 1992 fue, a todas luces, un claro abuso de poder. No hay duda de que a mediados de 1991 se percibía en Venezuela un generalizado rechazo al gobierno y la figura de Carlos Andrés Pérez. Pero el alzamiento protagonizado por Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas no puede ser justificado.

En una entrevista de 1994 a la revista Newsweek, Chávez afirmó que el Artículo 250 de la Constitución de 1961 le obligaba prácticamente a rebelarse. Muchos han visto en este peculiar artículo del texto constitucional del 61 una formulación del llamado “derecho de rebelión”, puesto que afirma que ante una suspensión de la vigencia del mismo todo venezolano tendrá el deber de procurar su restablecimiento con el empleo de los medios a su alcance. Pero Carlos Andrés Pérez, con todo lo nefasto que haya podido ser su gobierno, con toda la corrupción que era visible bajo su mando, nunca suspendió la vigencia de la Constitución.

El derecho de rebelión se encuentra claramente formulado en la sección tercera de la Declaración de Derechos de Virginia, importante documento de la historia política norteamericana que precedió por tres semanas, e influyó en la construcción, de su Declaración de Independencia de 1776.  Esta sección afirma: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.

La clave de ese derecho es que su sujeto es una mayoría de la comunidad. Nada justificaba, entonces, que un grupo de oficiales conspiradores se arrogara la titularidad del mismo y decidiera aplicar remedios violentos a la preocupante situación nacional a las alturas de 1991. La aplicación de un protocolo quirúrgico fue un incuestionable abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de los venezolanos se había manifestado consistentemente contraria a salidas de fuerza en toda consulta de opinión desde 1958 hasta 1991.

MANIPULACIÓN PSICO-HISTÓRICA

Así como Henrique Salas Römer pretendía, con sus cabalgatas por los campos de Carabobo, asociar su imagen a las gestas independentistas de Venezuela, así también, y en mucho mayor grado, Hugo Chávez ha empleado con pertinaz eficacia comunicacional la figura de Simón Bolívar para justificar su planteamiento político. Desde la denominación de su organización original—Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, llamado así porque se constituyó en 1983, en el bicentenario del nacimiento del prócer—hasta su imposición de un nuevo nombre oficial para la República de Venezuela, pasando por la formación de unos “círculos bolivarianos” y el traslado de un retrato de Bolívar hasta Madrid para declarar a la prensa en un hotel frente a su efigie, Hugo Chávez ha hecho de la figura bolivariana un recurso propagandístico de grave irresponsabilidad. Si en la psiquis venezolana Bolívar representa una figura paterna venerada, irreprochable, casi sagrada, la asociación de las ejecutorias de Chávez con el Libertador equivale a santificarlas y  a equiparar cualquier oposición en su contra con posturas antibolivarianas.

En una primera instancia, la Constituyente de 1999 preservó la formulación tradicional del nombre de la República, pero Chávez insistió y se salió con la suya, sin que valieran las argumentaciones en contra, que incluían el hecho del enorme costo implicado en el cambio de denominación en papelería pública de toda especie.

Pero ¿es sólo un hecho propagandístico la afiliación bolivariana de Chávez, o es su insistencia en Bolívar la señal de una intención ulterior?

Martín Luther King hizo famosa la frase “Yo tengo un sueño”. Chávez sueña, igualmente, pero en su caso el ámbito de su ensoñación se extiende a la constitución de un Estado bolivariano más amplio, que en su versión más escueta estaría conformado por los países de la Comunidad Andina, los países libertados por Bolívar, y que en su perímetro máximo se extiende a toda América Latina.

Si se combina esta versión onírica de sus metas políticas –gobernar sobre toda la extensión de los países bolivarianos– con el resto de sus convicciones, es posible explicar el significado de sus actos. Chávez cree que la situación social en Venezuela y la mayor parte de América Latina se debe a que una clase pudiente, la oligarquía criolla, prácticamente roba a los pobladores pobres de una riqueza fundamental que debiera bastar para todos. Para él, que insistentemente se refirió a las “cúpulas podridas” de la democracia venezolana como responsables del atraso venezolano, la figura de Andrés Pastrana, por poner un caso, debe ser incluida dentro de la misma descripción. Sería entonces una labor meritoria la de reventar el dominio de tales cúpulas en toda América Latina y, en particular, en el área de los países bolivarianos. De allí que su postura ante las FARC colombianas sea benevolente en público y decididamente cooperativa de modo encubierto. Las FARC y el ELN serían expresión de un pueblo sojuzgado por las corrompidas cúpulas de poder en Colombia, y en ese sentido intrínsecamente meritorias.

Por otra parte, el lobo escarmentado que es Chávez tiene una visión francamente negativa respecto del poder de los Estados Unidos, la que se inscribe dentro de una teoría de la dominación que hace unas década era casi general para el liderazgo político en América Latina y Venezuela. En esto no difiere de Rómulo Betancourt o de Rafael Caldera, o de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Es noción muy difundida en América Latina que los Estados Unidos, a los que hay que acreditar una larga serie de intervenciones en nuestro continente cada vez que algún gobierno o líder no estuviese alineado con sus intereses, ha sostenido una política de dominación hacia nuestros países.

No le falta razón. Es casi automático que una potencia como la norteamericana—así lo ha sido en toda época histórica—intente ejercer el predominio sobre lo que considera sus áreas de influencia. Si Venezuela tuviera los recursos y la posición de los Estados Unidos, seguramente se comportaría de modo muy similar a éstos. Es por esto, por tanto, que Chávez insiste en una concepción multipolar para el gobierno del planeta.

De nuevo, no es sólo Chávez quien piensa así. En un mundo en el que existe algo como China, o Rusia, o la Comunidad Europea, o conjuntos geopolíticos como los del Pacífico, hay una resistencia natural a la imposición de una hegemonía norteamericana. El problema es que Chávez, al oponerse a tal hegemonía, como el lobo de Radhakrishnan, se come el cordero sin cubiertos. El problema con Chávez, en ese punto, es que afirma sus ideas al tiempo que rompe protocolos y las reglas de la urbanidad diplomática. El ministro de asuntos exteriores de Francia puede decir cosas similares a las que Chávez opina en materia de relaciones internacionales, sin generar rechazo.

A fines del año 2000, por ejemplo, Chávez abogó por la inclusión del concepto de “democracia participativa” en una declaración de presidentes de América reunidos en Québec. Fue el único presidente que insistió en el punto. Los analistas venezolanos, en su mayoría, interpretaron esto como signo del “aislamiento” de Venezuela en el concierto de las naciones americanas. Pero si John Naisbitt, en su libro Megatendencias, afirmaba la “muerte” de la democracia representativa y el advenimiento de una democracia participativa en la década de los 70 como una de sus principales predicciones, tal declaración era aceptada y aplaudida por los más conservadores. En buena medida, por tanto, se trata de la manera empleada por Chávez para vocear sus convicciones.

Claro, más allá de eso debe considerarse que Hugo Chávez no es un actor político de profunda convicción democrática.

DIME CON QUIÉN ANDAS

Chávez tiene constantemente en mente que cuando habla en un escenario como el de las Naciones Unidas, o el de una cumbre importante, su audiencia no es la de los mandatarios que puedan encontrarse presentes en cada acto. Chávez se dirige a una audiencia global, a los proletarios de todas partes. Cuando emite las irritantes señales que violentan lo convencional, el orden establecido, lo hace pensando en audiencias empobrecidas.

Pero no hay duda de que tiene preferencias muy marcadas por gobiernos y gobernantes autoritarios. Compara a la “revolución venezolana” con la Revolución China de Mao, se complace en romper el tácito acuerdo internacional de aislar a Saddam Hussein, en visitar a Kadafi, en establecer una relación privilegiada con Fidel Castro.

Si Chávez fuera persona de discurso consistente, debiera caer en cuenta que su defensa de la Constitución de 1999 debiera igualmente llevarle a exigir a Castro la democratización de Cuba. De allí que su retórica sea numerosamente contradictoria.

Las preferencias de Chávez por Estados, gobernantes y figuras habitualmente rechazadas por la mayoría de las naciones, se pusieron de manifiesto a escasas semanas de su asunción al poder en Venezuela. Un cruce de correspondencia amistosa con Illich Ramírez Sánchez, terrorista más conocido por su cognomento habitual de “Carlos el Chacal”, puso en evidencia que no encontraba demasiados motivos para rechazar las ejecutorias de este último.

Chávez tiene una percepción épica de la política y de su propia figura. Todo lo que emprende, entiende él, reviste dimensiones “históricas”. Y siendo hombre militar, tiene la tendencia a equiparar lo importante en política con gestas de guerra. Así lo revela todo su discurso. Lo importante es el combate, las gestas heroicas antes que las civilizatorias. Y él se percibe como hombre providencial, encargado por el espíritu de Bolívar para completar su obra.

De este modo prefiere las revoluciones, las guerras, las rebeliones, los cataclismos políticos. El período de Chávez ha implicado la inversión de la interpretación estándar según la cual Fidel Castro fue un enemigo de Venezuela que financió guerrillas venezolanas que buscaban destruir el esquema político originado en el Pacto de Punto Fijo. Las figuras antaño censurables, como nuestros guerrilleros de los 60, han pasado a ser objeto de veneración estimulada en repetidos actos de homenaje y reivindicación.

Y la gesta que requeriría un mayor esfuerzo de reivindicación es, justamente, la del 4 de febrero de 1992 que él protagonizó. Cuando rechaza, por razones de índole constitucional, el golpe de Estado del que Pedro Carmona Estanga fue mascarón de proa, pareciera no percatarse de que idéntica argumentación puede ser opuesta a su intentona de 1992. Pero en su lógica revolucionaria, que le provee una lógica acomodaticia, el acto insurreccional del 4 de febrero es por completo reivindicable.

Yehezkel Dror, experto mundial en la generación científica de políticas (policy sciences) y reiterado visitante de Venezuela en las décadas de los 70 y los 80, escribió una importante obra en torno al problema de gobernantes y actores políticos anómalos, Crazy States, en la que analizaba los rasgos y conductas de personajes como Idi Amin Dada o Muammar Kadafi y de movimientos como el del Ejército Revolucionario Irlandés y otros de corte terrorista. Éstos son los rasgos que, al parecer de Dror (1975), definían un crazy state, un Estado desquiciado:

1. Metas que son muy agresivas en contra de terceros;

2. Compromiso profundo e intenso con tales metas con disposición a pagar un alto precio por su logro y propensión a aceptar altos riesgos;

3. Sensación de superioridad ante una moralidad convencional y las reglas aceptadas del comportamiento internacional, con disposición a ser convencionalmente inmoral e ilegal en nombre de “valores superiores”;

4. Capacidad para comportarse lógicamente dentro de los paradigmas precedentes;

5. Acciones externas que causan impacto sobre la realidad, las que incluyen el empleo de símbolos y amenazas.

El esquema de Dror parece haber sido hecho a partir de una descripción del gobierno de Chávez. El Estado venezolano, bajo la conducción de Hugo Chávez, corresponde perfectamente a su caracterización de crazy state. Sobre todo porque los gobiernos por los que siente especial preferencia son muy parecidos al suyo.

LA HERENCIA DE CHÁVEZ

En su trilogía de ciencia ficción, Foundation, una milenaria saga galáctica de civilización y decadencia, Isaac Asimov describe una etapa en la lucha por el poder dentro del Imperio de Trantor en la que un mutante inesperado asume el control de una importante zona de la galaxia. El personaje es un militar, un guerrero autoritario e implacable que se rige por un código de conducta que pareciera escrito por Hugo Chávez. Al final, su aventura concluye con su derrota, luego de un lapso más bien breve durante el que disfruta del poder total. Se le conoce con el apodo de “El Mulo”, que alude tanto a su condición de híbrido mutante como a su esterilidad. El Mulo no puede dejar descendencia.

Hugo Chávez no tendrá sucesor que se le parezca. Su nivel de delirio es único e irrepetible. Pero sí dejará una impronta en la sociedad y la política venezolanas. El proceso político nacional ya no será el mismo. Tuvo que venir Chávez—pareciera—para que dos instituciones en principio inmiscibles, como lo son Fedecámaras y la CTV, lograran acordarse, de la mano de la Universidad Católica Andrés Bello, en que la pobreza es el principal problema de Venezuela. El 5 de marzo de este año Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega firmaban, en representación de sus respectivas organizaciones y con el padre Luis Ugalde, Rector de la UCAB, como testigo que de algún modo representaba a la Iglesia católica venezolana, un documento que pretendió ser la base de un “acuerdo nacional” y que comenzaba con el descubrimiento de que la pobreza existía. En palabras de Jesús Urbieta, Director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, la principal meta del acuerdo era: “La superación de la pobreza cuya gravedad afecta no sólo a sus víctimas sino también al resto del país, debe ser vista con un propósito decidido: El principal objetivo y el sello moral del compromiso de toda la república”. (www.acuerdonacional.com)

Claro que el acto en sí no parecía condecirse con el problema mismo que se decía querer enfrentar, al celebrarse en el más emblemático sitio de la afluencia y el boato caraqueño: la quinta La Esmeralda, escenario insistente de las más fastuosas entre las celebraciones de la alta sociedad. Por otra parte, se dejó colar la interpretación de que las bases propuestas para el acuerdo venían a serlo de un tal “pacto de gobernabilidad”, que operaría una vez que se produjese la salida de Hugo Chávez del poder. Así lo vitoreaban los asistentes al acto del lanzamiento del pacto el que, en intención hecha explícita, estaría completamente dibujado para el mes de octubre de este año. Eso, al menos, era la meta antes de los acontecimientos del 11 de abril y los días sucesivos, cuando uno de los protagonistas principales, Pedro Carmona, desempeñaría un triste papel, mientras el Cardenal Velasco tendría dudosísima participación y la CTV lograra zafarse en el último minuto, no sin astucia, de la muy comprometida posición a la que parecía destinada.

Mucho se ha dicho que Chávez ha sido el gran aglutinante de la oposición, y algunos comentaristas extienden este benéfico efecto hasta los confines de la “sociedad civil”. Pero lo cierto es que el efecto neto de Chávez ha sido divisivo. No en balde el segundo objetivo del acuerdo Fedecámaras-CTV rezaba: “Queremos una sociedad unida e inclusiva”. Esto es, el diagnóstico revelaba con alarma la existencia de una profunda división de la sociedad venezolana: de un lado, la mayoritaria masa empobrecida; del otro, el “escuálido” segmento favorecido con recursos y afluencia. No hay nada nuevo en este diagnóstico. Cuando Lech Walesa llegó a Caracas para asistir a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en 1989, observó, como primera cosa que vino a su mente tras el recorrido de la autopista desde el aeropuerto, que en su opinión Venezuela era en realidad no uno sino dos países. Le había bastado ver los cerros tapizados de ranchos a la entrada de nuestra capital. El nuevo elemento, en realidad, es la prédica de lucha de clases que Chávez ha introducido. Es ésta la división que el acuerdo Fedecámaras-CTV denuncia como peligrosa.

Por cierto que Walesa ostenta rasgos que Chávez exhibe. En reciente entrevista para el diario La Nación de Buenos Aires declaraba: “Sirvo más para la revolución que para la democracia”, y la periodista destacaba cómo es que el líder polaco “está lejos de hacer gala de la elegancia o del lenguaje políticamente correcto que a sus pares les surge casi naturalmente. Podrá vestirse de traje azul marino y llevar en la muñeca un reloj de oro, pero sus gestos y modales son los mismos que cuando se calzaba el overall de los astilleros y de su solapa aún pende la muy polaca imagen de la Virgen Negra… El polaco es un pueblo sofisticado que se muere por entrar en el primer mundo de la Unión Europea. El estilo paisano de Walesa no es algo que quieren ver en la presidencia”.

Es la existencia de dos Venezuelas, evidente a los ojos del visitante ocasional como Walesa, presente en innumerables discursos electorales, problema irresuelto del país, lo que pasa con Chávez a primer plano, sin que tampoco él tenga solución eficaz.

Chávez, entonces, no ha traído ninguna gran innovación a la política venezolana. Sus paradigmas políticos distan mucho de la modernidad, y son una mezcla cacofónica de autores que pertenecen a un pasado histórico en gran medida irrelevante. Ya no hace tanta referencia a Simón Rodríguez, por ejemplo, pero antes era éste patrono predilecto de su personal santuario: Bolívar, Zamora, Maisanta (porque era guerrero y era su antepasado), Rodríguez. Tanta referencia al pasado le habría merecido una reconvención del maestro del Libertador. En la frase más citada de Simón Rodríguez se advierte: “O inventamos o erramos”. Y evidentemente no es inventar la fijación con el pasado.

Lo que no obsta para reconocer que ciertas presencias antaño desconocidas se han hecho realidad con el gobierno de Chávez. La indígena, por ejemplo, aunque en este caso es más probable que tenga más que ver con su concepción geopolítica, teñida por su propio nacimiento llanero, con su obsesión por el Apure y el Orinoco, cacareado “eje estratégico” que no se ha materializado en nada concreto.

Pero buena parte de la “revolución” de Chávez es puramente terminológica. Cree que es un gran logro decir Tribunal Supremo de Justicia en lugar de Corte Suprema, o Asamblea Nacional en vez de Congreso de la República, o República Bolivariana en sustitución de República a secas. Sus soluciones son superficiales, episódicas, demagógicas: el Banco del Pueblo, el Correo del Presidente (periódico rápidamente fenecido, luego de considerable dilapidación de recursos), el Plan Bolívar 2000. Elegido en gran medida, como otrora Luis Herrera Campíns, al proyectarse como paladín de una cruzada contra la corrupción, no ha logrado otra cosa que hacerla más grande y más impune.

En el fondo, Hugo Chávez no es otra cosa que la exacerbación del mismo modelo agotado de la política “realista”, esa Realpolitik predominante en Venezuela, idea según la cual la política consiste en obtener el poder, acrecentarlo e impedir, por cualquier medio, que el adversario se haga con el poder. Él lo ha dicho, al comparar innumerables veces el ejercicio político con el de la guerra. En esto tampoco es un innovador, pues ya Caldera se ubicaba alguna vez en las “arenas de la lucha política”, y Pérez se definía como “luchador político” y los miembros del Movimiento Electoral del Pueblo se saludan, no como compañeros o camaradas, sino como “combatientes”.

Al emerger como una última consecuencia de esta conceptualización, Chávez soslaya, de nuevo, la solución de los problemas públicos. Ni la pobreza, ni la inseguridad, ni el desempleo, ni la dependencia excesiva del petróleo, han moderado significativamente sus efectos negativos sobre Venezuela durante la jefatura de Chávez.

Pero Chávez representa la exigencia, ahora locuaz y amenazante, de los pobres venezolanos, y ha tenido éxito en articular un discurso falaz pero persuasivo. Es por tal razón que la oposición a Chávez, expresada tan sólo como negación de Chávez, se ha revelado como particularmente ineficaz. La oposición a Chávez que tendría éxito sería una superposición, un trascenderlo, un ir más allá de él, con modernidad y sensatez, con ciencia del gobierno, hacia la invención política que el país requiere. No es comportándose como perros que ladran tras el automóvil como será posible superar a Chávez –un Savonarola, un Robespierre, un McCarthy o un Hitler como los que surgen de cuando en cuando en el seno de las mejores repúblicas—que, demagogo como ellos, es el resultado irracional e intenso de un largo proceso de deterioro. A Chávez lo inventó la “Cuarta República”.

No fue Rafael Caldera quien lo inventó, por más que se atribuye a su sobreseimiento de la causa que se seguía a Chávez y sus compañeros de febrero por el delito de rebelión, su “inevitable” triunfo en 1998. Al año siguiente de la liberación de Chávez Frías se inscribe una plancha del MBR en las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, tradicional bastión izquierdista. La susodicha plancha llegó de última. Y la candidatura de Chávez Frías, un año antes de las elecciones de 1998 y cuatro años después del sobreseimiento, no llegaba siquiera a un 10%. La “culpa” de que Chávez Frías sea ahora el Presidente de la República debe achacarse a los actores políticos no gubernamentales que no fueron capaces de oponerle un candidato substancioso y que escenificaron vergonzosas maniobras electoreras a lo largo del año electoral. Salas Römer perdió porque no era el hombre que podía con Chávez, y ninguna elaboración o explicación podrá ocultar ese hecho.

Caldera sí fue responsable, en cambio, de no haber gestado él mismo la celebración de una Asamblea Constituyente, que de algún modo prometió en su programa de gobierno de 1993 (Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela). Varias proposiciones se le hicieron llegar, por varios conductos, en torno al tema. Todas fueron desechadas por él.

Bastante antes de 1998 era evidente que la arquitectura del Estado venezolano, su “sistema operativo” –para usar un concepto análogo del ámbito de la computación– debía ser profundamente renovado. Caldera, que había sido uno de los padres de la Constitución de 1961, hubiera podido convocar una Constituyente menos demagógica que la que finalmente tuvo lugar en 1999. Para mal de los venezolanos, y a pesar de que sobre otra materia llegó a amenazar con convocar a referéndum, jamás produjo la convocatoria necesaria.

En cambio, entre quienes correctamente percibían la peligrosidad de Chávez a la altura de la campaña electoral de 1998, hubo quienes creyeron que combatiendo su bandera constituyente restarían a sus posibilidades de triunfo. Fue así como una costosa campaña publicitaria, presentada en televisión por la ficticia asociación que llevó por nombre “La Gente es el Cambio”, saturó los canales de televisión privados con innumerables cuñas transmitidas en horario estelar, las que aseguraban que una Constituyente equivalía a un desastre. Cuando el habitante del 23 de Enero llegó a observar la quincuagésima séptima cuña ha debido sospechar: “Ésta no es la gente; ésta es la gente con mucho real. ¿Por qué la gente con mucho real se opone a la Constituyente?” La campaña en cuestión fue un clásico tiro por la culata que contribuyó a potenciar el arraigo popular de la candidatura de Chávez. Es así como la herencia de Chávez es la herencia patológica de la democracia venezolana en su fase de agravamiento definitivo.

LA OPOSICIÓN

Como apuntábamos arriba, la oposición a Chávez se ha caracterizado, la mayor parte del tiempo, por ser notablemente ineficaz.

Al comienzo del mandato de Chávez, y al menos hasta diciembre de 2001—hasta el paro empresarial del 10 de diciembre—el temor caracterizó el estado anímico general de quienes le adversaban. No es sino poco después del acto megaterrorista del 11 de septiembre de 2001 cuando se evidencia una caída importante en la popularidad del Presidente de Venezuela según es medida en las encuestas de opinión. No se entendió mucho, por ejemplo, y pareció mayormente inconsecuente, el largo viaje que emprendió por 11 países poco después del ataque a las torres del World Trade Center neoyorquino.

A su llegada de este largo y costoso periplo arreció marcadamente su ya largo asedio a los medios de comunicación venezolanos. Molesto porque se había reportado su imprudente alusión a la presunta venta del voto absolutorio de Carlos Andrés Pérez por parte de José Vicente Rangel durante el examen del caso del Sierra Nevada en 1979—“¿Cuánto habrá costado ese voto?”, preguntaba Chávez en Londres en intervención que fue teledifundida—la emprendió de modo preferente contra el diario El Nacional y su editor, Miguel Henrique Otero, a pesar de que el hecho había sido registrado por otros medios de comunicación. Poco después excitaba, desde su programa dominical de radio, a ejercer presión contra el periódico. Días más tarde la inefable Lina Ron lideraba un piquete de amedrentamiento hasta las puertas del diario, en obvio acto intimidatorio carente de toda espontaneidad.

La aprobación apresurada, a punto de vencerse el plazo de habilitación concedido por una servil Asamblea Nacional, de 49 leyes de polémico e inconsulto contenido, determinó que Fedecámaras, organismo de suyo contemporizador y poco dado a posturas agresivas, decidiera marcar con un paro empresarial, al que se sumó el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, su total inconformidad con el procedimiento. El paro del 10 de diciembre de 2001, exitoso a todas luces, constituyó un hito psicológico de primera magnitud. Comenzaba a perdérsele el miedo a Hugo Chávez.

Pero antes de este evento notable, indudable pivote con el que la oposición a Chávez cambió sus expectativas de casi resignación a una eternidad con Chávez—“Estaré hasta el 2021”—por los primeros atisbos de triunfo, los opositores al alocado e irresponsable régimen no atinaban a encontrar estrategias eficaces.

De hecho, hubo errores verdaderamente desquiciados, como cuando el Cardenal Velasco insinuó en un sermón en la Catedral de Caracas que las inundaciones de diciembre de 1999 eran un castigo de Dios a la soberbia presidencial, o como cuando Henrique Salas Römer y su partido procuraron exaltar, como “astuta” contraposición al 4 de febrero de 1992, y con misa catedralicia y ofrenda floral a la estatua ecuestre de Bolívar, las luctuosas fechas del 27 y 28 de febrero de 1989. Según artículo de prensa firmado por Salas, el “Caracazo” había sido, en contraste con el levantamiento sectario de Chávez y Arias Cárdenas, ¡un evento democrático que sólo era comparable a la caída del Muro de Berlín y los acontecimientos de la plaza de Tiananmén!

Para las elecciones de 2000, aparentemente necesarias como relegitimación dentro de un nuevo marco constitucional, la oposición fue incapaz de oponer a Chávez nadie mejor que Francisco Arias Cárdenas, otro golpista de 1992, con la esperanza de que en política, como en carpintería, nada sería más eficaz que una cuña del mismo palo, a pesar de que de ese modo se absolvía la culpa indudable de la criminal insurrección del 4 de febrero.

Después de estas elecciones, en las que Chávez ganó con la mayor facilidad ante el gris y poco carismático Arias Cárdenas, la oposición volvió a caer en el estupor. Sólo quedaba esperar que Chávez cavara su propia fosa. Entretanto, las esperanzas se cifraban en quien fuese que emergiera como opositor, así fuese alguien que hubiera tenido responsabilidad destacada en la llegada de Chávez a Miraflores. Así ocurrió con Alfredo Peña, atrabiliario Alcalde Metropolitano electo con votos de Chávez, a fines de 2001 y principios de 2002, y antes y también después con la figura de Luis Miquilena, artífice de las victorias electorales de Chávez, quien había preguntado alguna vez: “¿La sociedad civil? ¿Con qué se come eso?”

Fue justamente esa incomible “sociedad civil” la que produciría las condiciones que llevaron al derrocamiento momentáneo de Chávez el 11 de abril de 2002.

La sociedad civil o, más propiamente, las más activas entre las organizaciones no gubernamentales que no formaban parte del diseño chavista, habían marcado algunos logros tempranos en el largo proceso de oposición al gobierno de la “Quinta República”. Elías Santana y Liliana Hernández, las cabezas visibles de “Queremos Elegir” y “Cofavic” (Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero) tuvieron éxito en producir la suspensión de las elecciones pautadas para el 28 de julio de 2000, en acción legal intentada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Poco después Santana fue aludido directamente por Chávez en un “Aló Presidente”, luego de lo cual aquél intentó infructuosamente ejercer un derecho a réplica que a nuestro juicio no le correspondía.

Al calor de estos hechos, y ante la obvia ineficacia de la convencional acción partidista, estos líderes y otros más comenzaron a arreciar su oposición y a establecer algunas instancias de coordinación.

Para estos fines contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación, constantemente vapuleados por Chávez. Igualmente se les sumaba la Iglesia Católica, cuya jerarquía había sido también objeto de ataque público por parte del Presidente. No menos importantes, Fedecámaras y la CTV se ubicaban asimismo en franca oposición al gobierno. Esta última había protagonizado, antes del paro empresarial de diciembre, la primera derrota evidente del chavismo, cuando la plancha oficialista que encabezaba Aristóbulo Istúriz había recibido una verdadera paliza en las elecciones de la central de sindicatos.

Cada uno de estos sectores, el empresarial, el comunicacional, el sindical, el eclesiástico, el cívico, tenía algo que reclamar de modo directo, vilipendiados como habían sido por la verborrea agresiva e incesante de Hugo Chávez.

No podía faltar en el concierto opositor un sitio privilegiado para el estamento militar. El malestar en el seno de las fuerzas armadas (Fuerza Armada, en el prurito nominalista del chavismo) había ido in crescendo desde que el gobierno les había colocado en funciones ajenas a su función propia con la principal responsabilidad del Plan Bolívar 2000.

Pero también hacía mella profunda la dudosa relación del gobierno de Chávez con los movimientos guerrilleros colombianos, la presencia de asesores cubanos de seguridad, la figura de José Vicente Rangel como Ministro de Defensa, la distorsión de la meritocracia castrense en aras de un control “revolucionario” de los puestos clave de comando y el soborno y la corrupción de la oficialidad. Los militares venezolanos comenzaron a escuchar, insistentemente, peticiones cada vez más apremiantes de que interviniesen para asegurar la caída de Chávez.

Los militares resistieron el embate por largo tiempo. En general, argumentaban que el problema era esencialmente civil, que el voto civil había colocado a Chávez en la Presidencia de la República y que era la sociedad civil la que debía producir un inequívoco rechazo, el que a fines de 2001, a pesar de que las encuestas revelaban por primera vez una mayoría del país en oposición a Chávez, no era aún absolutamente convincente, Llegado el caso de una manifestación muy explícita, los militares podrían considerar la intervención. Con no poca razón, la oficialidad asediada consideraba que no era su función enderezar un entuerto que era propiedad de los civiles.

PRINCIPIOS DE AÑO

No fue sino hasta el mes de enero de 2002 que pudo cuajar la convicción de que Chávez era derrotable, de que su salida era posible aún antes de que venciera su período presidencial. La gran marcha del 23 de enero así lo demostró.

Chávez hizo todo lo posible por minimizar la significación de la marcha, hasta el 11 de abril la mayor manifestación pública escenificada en Venezuela. Desde prohibir el sobrevuelo de helicópteros como intento de impedir que los medios de comunicación pudieran mostrar su verdadera magnitud, hasta su mentira directa y patética al comparar el tamaño de la concentración opositora con el de la de sus partidarios. El país no cayó en el engaño, sin embargo, y todo el mundo supo que Chávez, por primera vez, había “perdido la calle”. Previamente había buscado negar la importancia de la efemérides, preguntando qué era lo que había que celebrar en esa fecha.

Casi un mes después, cuando quiso conmemorar, primero el 4 y luego el 27 de febrero—robándole la idea a Salas Römer—las cámaras de televisión mostraban a un Chávez acompañado de una rala asistencia que no llegaba a quinientas personas. Chávez, el otrora invencible guerrero de la boca suelta y actitud desafiante, comenzaba a dar lástima.

Los perros de presa de la oposición comenzaban a oler sangre.

También se había visto forzado a anunciar, el 12 de febrero, medidas de corte cambiario –una devaluación presentada como flotación del bolívar– y la realidad de un enorme déficit fiscal, ante el pertinaz descenso de los precios del petróleo. Como antes Pérez, como antes Caldera, la terca realidad económica le obligaba a una manipulación macroeconómica que golpeaba todavía más a una empobrecida población que sólo vivía de su “patriótico” circo bolivariano. El país daba ya por caído el régimen de Chávez. Sólo faltaba saber cuál sería la forma del desenlace definitivo. Como apuntamos, el anuncio de un “pacto de gobernabilidad” entre Fedecámaras, la CTV y, de alguna manera, la Iglesia Católica, era muestra de que todo temor había desaparecido.

Chávez procuró recuperar la eficacia de su táctica de amedrentamiento. Lina Ron tuvo éxito, con agresiones físicas que causaron heridos entre estudiantes y periodistas, en desordenar una marcha de protesta que pretendía salir desde los predios de la Universidad Central de Venezuela. La Fiscalía General de la República no tuvo más remedio que ordenar la detención de la violenta ciudadana, a quien Chávez ofrecía admirado reconocimiento de “luchadora social”. Cuando la OEA envió a su Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos a investigar las agresiones a medios y periodistas, un peculiar personaje atacó a un camarógrafo de televisión, para aparecer poco después, atravesando por detrás de la figura de Diosdado Cabello, en un acto transmitido desde el propio Palacio de Miraflores. Y los defensores de Lina Ron amenazaban con juicios “populares” a connotados opositores, advirtiendo que si éstos no deponían su actitud pasarían de la categoría de “objetivos políticos” a la de “objetivos militares”. Cada uno de estos abusos sólo sirvió para una mayor solidez de la ola creciente de oposición.

Voces sensatas, que presentían la cesación del mandato de Chávez, y ante evidencias de que no pocos opinadores procuraban la salida de éste a como diera lugar—Cecilia Sosa, por ejemplo, declaraba que la deposición de Chávez no sería posible por medios “institucionales”, mientras Jorge Olavaria parecía equiparar derecho de rebelión y golpe de Estado—señalaban dos condiciones deseables para la transición: primera, que el término del gobierno se obtuviera por medios democráticos; segunda, que el fin de Chávez no significara la restauración de los viejos actores políticos, desplazados del poder por el experimento chavista.

ABRIL ROJO

El hilo conductor del cívico asalto final fue montado sobre el intento—revertido después—de someter a Petróleos de Venezuela a los designios de una Junta Directiva que violentó los tradicionales principios meritocráticos prevalecientes en nuestra industria petrolera. El irrespeto a tales principios, obviamente motivados por la voracidad financiera de un gobierno deficitario, produjo el insólito fenómeno de un cierre de filas de los empleados de PDVSA, incluido el personal obrero, y la solidaridad de la mayoría de la sociedad civil con una lucha inteligentemente planteada y manejada por dirigentes naturales de la llamada “nómina mayor”. El domingo 7 de abril, de la manera más insolente y llena de prepotencia, Hugo Chávez despedía públicamente, ante una corte radiofónica, a los más notorios entre esos líderes. La Confederación de Trabajadores de Venezuela convocó a paro general.

El 11 de abril se reunió la más gigantesca concentración humana que se haya visto en Venezuela en torno a las oficinas de PDVSA en Chuao. Un descomunal río de gente desbordaba la arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Personas de todas las edades y extracciones sociales se daban cita para protestar el atropello de la industria petrolera y exigir, a voz en cuello, como ya se había gritado el 23 de enero, la salida de Hugo Chávez de Miraflores. Confiado en su innegable y colosal fuerza, y estimulado por la consigna de los oradores de Chuao, que veían excedidas sus más optimistas expectativas, el inconmensurable río comenzó a desbordarse en dirección a ese palacio de gobierno. Por aclamación de unanimidad asombrosa, la mayoría aplastante del pueblo caraqueño, para asombro y terror de Chávez y sus secuaces, pedía que los militares se pronunciaran y sacaran al autócrata de la silla presidencial.

El grandioso movimiento encontró eco en todo el país. Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz, Margarita, las ciudades todas alojaban la unánime manifestación de repudio. Y el gobierno se aprestó a dar la batalla de Caracas. Freddy Bernal, el Karl Roehm del Hitler venezolano, comandó las huestes armadas, cuya presencia fue exigida por el Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel. Si lo hubiera querido, la portentosa masa hubiera asolado las oficinas del ministro en la base aérea de La Carlota, aledaña al escenario de Chuao.

Luego los muertos. Muchos portaban chalecos que les hacían aparecer como fotógrafos de prensa. Asesinados a mansalva, con ventaja, con alevosía. La sociedad civil puso los mártires necesarios a una conspiración que, sordamente, se había solapado tras la pureza cívica de un movimiento inocente.

Semanas antes del sangriento día, un corpulento abogado trasmitía las seguridades que enviaba una “junta de emergencia nacional” a una reunión de caraqueños que habían descubierto su vocación por lo político en la lucha contra Chávez. Enardecido, con una bandera norteamericana prendida en la solapa, admitía que conspiraba junto con otros, que una junta de nueve miembros—cinco de los cuales serían civiles y el resto militares—ineluctablemente asumiría el poder en cuestión de días. Un editor rechazaba un artículo ofrecido a su revista en el que se exploraba caminos constitucionalmente compatibles, porque lo que iba a pasar era que “los factores reales de poder en Venezuela” depondrían a Chávez y luego darían “un maquillaje constitucional” a un golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga emergería como el líder de un golpe cuyo blanco, antes que Hugo Chávez, depuesto por la presión de un pueblo, era este mismo pueblo, manipulado y utilizado por la sofisticación artera de operadores políticos que habían decidido la operación con bastante antelación.

Viajaron a los Estados Unidos para consultas, coordinaron calendarios, calibraron la temperatura creciente de la protesta popular, y estuvieron listos para el golpe de mano. Nada de esto sabían los que marcharon el 11 de abril. Nada sabrían hasta que la verdadera cara de los golpistas emergiera al día siguiente, 12 de abril de 2002.

LA JUSTIFICACIÓN AUSENTE

Cuando Daniel Romero, flamante y efímero Procurador General de Carmona Estanga, leyó la parte motiva del decreto de constitución del fugaz gobierno de este último, aludía incesantemente a la Constitución “de 1999”. Uno no se refiere a la Constitución de ese modo, a menos que ésta ya no rija el curso del Estado. Uno dice la Constitución vigente o, simplemente, la Constitución a secas.

La noche misma del 12 de diciembre Teodoro Petkoff dejaba traslucir su crítica al deforme decreto en entrevista televisada, y aventuraba la opinión de que detrás del mismo estaría la mano redactora de Allan Brewer Carías. Francamente, costaba trabajo intenso de imaginación pensar que Brewer Carías, innegable conocedor de la disciplina constitucional, pudiera estar metido en el asunto. Al lunes siguiente Brewer ofreció la explicación de que Carmona habría preferido una opinión jurídica distinta a la suya (la de Daniel Romero) y por tanto sólo pudo ofrecer “correcciones de estilo”. Es decir, al menos cohonestó la monstruosidad.

El 26 de julio de 2001 el abogado Oswaldo Paéz Pumar había sostenido, en conferencia dictada ante la asamblea de Fedecámaras que eligió a Pedro Carmona como su presidente, la peregrina idea de que la Constitución vigente en Venezuela era la promulgada en el año de 1961.

La estructura de su sofista argumento era la siguiente: el Artículo 250 de la Constitución del 61 establecía que ésta no perdería su vigencia si dejaba de ser observada por acto de fuerza o era “derogada por medio alguno distinto de los que ella misma dispone”. Comoquiera que la Constituyente de 1999 no era medio previsto por la Constitución del 61, ésta, a tenor de su Artículo 250, no habría perdido su vigencia. Paéz Pumar aseguraba, por otra parte, que “Randy” Brewer había acogido la validez de esta tesis.

El argumento es completamente falaz. La Constituyente de 1999 fue convocada por un poder supraconstitucional, el propio Poder Constituyente Originario, el pueblo de Venezuela pronunciado favorablemente en referéndum. A muchos abogados conservadores no les agrada la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999 que dio pie al referéndum que aprobó la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y ciertamente tal sentencia no deja de mostrar una redacción a veces defectuosa. Pero su argumentación de fondo es ontológicamente correcta: el Poder Constituyente es un poder supraconstitucional.

Pero es que hay más. Situados en el plano meramente lógico que elige Paéz Pumar para desarrollar su argumento, hay que decir que la Constitución de 1961 ¡no dispone de absolutamente ningún medio para derogarla! Esto es, y en suma, el Artículo 250 de la Constitución de 1961 se refiere a algo que no existe.

En una rueda de prensa celebrada en Miraflores, con pocas horas de antelación a la trágica autojuramentación de Carmona Estanga, éste anunciaba la conformación de un “amplio Consejo Consultivo” de 35 miembros, y advertía, además, que la mayoría de los miembros de tal consejo estaba sentada alrededor de la mesa que presidía. Uno de los personajes sentados a la mesa era el abogado Oswaldo Páez Pumar.

Había logrado vender su sofisma. Ese mismo día había distribuido un correo electrónico—“Una idea para ayudar a la transición”—en el que insistía sobre el punto.

Habiendo aceptado la tesis de Paéz Pumar, Carmona Estanga había logrado la tranquilidad de espíritu con la que despachó de un plumazo, entre otras instituciones, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia. Claro, lo que debía existir, en toda lógica, era el Congreso bicameral y la Corte Suprema de Justicia definida en la Constitución “vigente” de 1961. Carmona estaba, simplemente, suprimiendo órganos viciados de nulidad de origen.

No hubo, no obstante, la presencia de ánimo como para explicar la teoría. Bastó que Daniel Romero, persona ligadísima a la dañina figura de Carlos Andrés Pérez, leyera el esperpento jurídico con voz de arenga. (Romero, por cierto, apareció como “representante del ex presidente Carlos Andrés Pérez” en una página alojada en Internet que recogía la declaración final, del 5 de mayo de 1999, de una reunión del Centro Carter, reproducida en los documentos anexos a este análisis. Dicha página pudo obtenerse hasta el día 15 de abril de este año. A partir de esa fecha la página había desaparecido: “Page not found. This page may have been removed…etc.” Alguien está borrando sus huellas).

LA TRAICIÓN

Pedro Carmona Estanga traicionó sin escrúpulo la confianza de la sociedad venezolana, que había visto en él a uno de sus líderes. Al presidir un acto arbitrario como el de su autoproclamación y el del monstruoso decreto “constituyente” del 12 de abril, echó por tierra el enorme esfuerzo, regado con sangre, de la sociedad civil que había logrado el milagro político de deponer al autócrata de Sabaneta.

Al asociarse con siniestros personajes, al dar posición prominente al asistente y representante del peor de los políticos de la “Cuarta República”, Carlos Andrés Pérez, traicionó la voluntad de los venezolanos, que no queríamos la restauración de un pasado político vergonzante.

Al nombrar al contralmirante Molina Tamayo, oficial en situación de retiro, como Jefe de su Casa Militar, desconoció toda legalidad castrense.

Al permitir que Isaac Pérez Recao, persona ligada a él por intereses económicos, llevara voz cantante durante las reuniones preparatorias de su golpe de Estado y en las horas de la madrugada del 12 de abril en Fuerte Tiuna, vició la pureza del movimiento cívico que derrocó a Chávez.

Al aceptar ser sucesor de Chávez, con la ceguera de pretender sustituir negro por blanco, al furibundo denunciador de oligarquías por uno de los más destilados representantes de éstas, hizo inviable la transición que necesitábamos y que nos había costado tres años de desasosiego y un año de despertar.

Al hacer todo esto, Pedro Carmona Estanga dejó mal herido al hermoso movimiento venezolano de 2002, que había adquirido fuerza invencible y que ahora, por su culpa y la de los demás conspiradores que manipularon su inocencia, está teñido de sospecha.

La sociedad civil venezolana no tiene nada que agradecer a Pedro Carmona Estanga. Por lo contrario, tiene mucho que reclamarle y cobrarle. El no es nuestro líder. Menos ahora, que abandona la escena en procura de su seguridad individual, mientras el resto de los venezolanos debe continuar sufriendo los despropósitos de Hugo Chávez.

Chávez ha significado el más crudo y acelerado de los aprendizajes políticos para los venezolanos. Pedro Carmona, esperemos, representa para nosotros la pérdida definitiva de la inocencia más desprevenida.

LAS SALIDAS

El gobierno de Hugo Chávez es más inviable que nunca. Sus mentiras son evidentes. Su ineptitud es obvia. Su torcida intención completamente visible.

A pesar de esto, no deja de tener razón cuando observa que la oposición que ha generado no ha logrado resolver dos problemas cruciales.

En primer término, tal cómo decía Carlos Andrés Pérez en 1991, ante la general crítica a su “paquete” de la época, Chávez enrostra a la oposición la ausencia de un esquema alternativo de gobierno. Mal que bien, obsoleto, ineficaz, destructivo, Chávez ha logrado articular un catecismo simplista que todavía inspira sólida fe en muchos venezolanos. ¿Dónde está el esquema que lo supere?

En segundo lugar, no hay contrafigura que le haga suficiente contrapeso. Cada cierto tiempo la superficial y urgida angustia por suplantarlo, pone su esperanza en algún protagonista momentáneo: Alfredo Peña, el coronel Soto, el general Lameda, por mencionar unos pocos nombres.

El problema es que proyecto y figura no son, no pueden ser en este momento, cosas separadas. El proyecto debe estar encarnado, como lo ha sido con Chávez, en una persona concreta.

Las élites de poder en Venezuela, eso que aquel aludido editor llama “los factores reales de poder” se han venido equivocando consistentemente al escoger al líder objeto de sus preferencias y receptor de sus recursos.

Son ellas las primeras llamadas a destilar, sin indebida y desesperada prisa, el aprendizaje que la tragedia de abril, a un costo enorme, nos ha proporcionado. Como Diógenes, que buscaba hombres a la luz de su linterna, debe escrutar entre las muchas figuras posibles, hasta dar con el líder indicado, para luego ofrecerle el apoyo que hará viable la aventura de curar a la sociedad venezolana.

Hay sitios donde no deberán buscar. No van a encontrar la figura competente, por ejemplo, en los viejos partidos, que todavía no han podido ofrecer demostración convincente de que han rectificado a fondo sus conductas, las verdaderas causas del chavismo. A lo mejor encontrarán al indicado en un joven como Arturo, que supo extraer la misteriosa espada de la piedra en la que se hallaba incrustada. Las élites de poder, los “factores reales de poder” debieran declararse abiertos a la sorpresa.

Por ahora hay un incipiente consenso sobre el expediente de una enmienda constitucional ad hoc que resuelva la urgencia de la salida de Chávez. Por ahora hay la posibilidad creciente de un enjuiciamiento de Hugo Chávez Frías. Pero por ahora coexiste en paralelo, también, la fracasada y equivocadísima avenida de una nueva insurrección militar.

Es de suprema importancia que tales élites, o algunos de sus miembros más diligentes y desesperados, puedan eludir la tentación de tan estúpida atractriz. La solución al autoritarismo no es otra que la democracia. LEA

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