Estudiantes universitarios en una callejuela de Oxford

El 17 de octubre de 2002, Hugo Chávez Frías fue recibido en un seminario del Centro de Estudios Socio-Legales de la Universidad de Oxford. Ese mismo día, el suscrito envió al centro mencionado una comunicación que rebatía afirmaciones interesadas y grandemente distorsionadas del Dr. William Pepper, quien había convocado la sesión en la que el presidente Chávez expondría. A continuación, la declaración del Dr. Pimienta y mi contestación, traducidas del inglés.

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UNIVERSIDAD DE OXFORD Centro de Estudios Socio Legales

Seminario Internacional de Derechos Humanos

Declaración del Seminario en torno a la Visita del Presidente Hugo Chávez Frías

Queridos Amigos,

Durante los últimos días ha estado circulando a través de las direcciones electrónicas de la Universidad un ataque bien orquestado sobre la visita a Oxford del democráticamente electo Presidente de Venezuela.

Un análisis de los correos enviados indica que toda esta campaña es poco más que el esfuerzo de un ‘círculo de amigos’: unos cuantos de estos mensajes, supuestamente escritos por diversas personas (entre ellas una que dice haber sido en su momento profesor de la Universidad de Cambridge y otra que pretende ser el embajador de Venezuela en Londres) de hecho han sido originados en el mismo computador. En la mayoría de los casos restantes los autores de estos correos ni siquiera intentan ocultar su interrelación y se envían copias los unos a los otros cuando mandan sus mensajes.

Los correos están llenos de medias verdades, distorsiones o incluso mentiras flagrantes, pero creemos necesario responder porque ha sido una invitación del Seminario Internacional de Derechos Humanos la que el Presidente ha aceptado.

En consecuencia, para el propósito, no de dignificar los ataques personales contra el Presidente Chávez, sino más bien para decir las cosas como son, respondemos a los puntos específicos contenidos en la mayoría de las comunicaciones.

El Presidente fue uno de un grupo de oficiales militares que a comienzos de la década de 1990 decidieron que no podían ya servir a un gobierno cuya corrupción penetraba toda actividad pública, enriqueciendo a pocos y continuando el empobrecimiento de las masas. Intentaron tomar el poder y fracasaron.

En 1998 este mismo movimiento alcanzó el poder, constitucionalmente, a través de las urnas de votación. Su líder, Hugo Chávez Frías, se convirtió en Presidente de la República.

Una nueva Constitución fue redactada y abrumadoramente aceptada por el pueblo de Venezuela. (Fue esta la misma Constitución que Carmona, el líder del golpe, suspendiese inmediatamente después de tomar el poder en su breve mandato de abril de 2002). ¿Qué hay con esta Constitución? Requiere que los funcionarios electos sean responsables ante el pueblo, no en palabras, sino en la práctica. Cualquier funcionario público está sujeto a un referéndum revocatorio del pueblo cuando haya transcurrido la mitad del período para el que haya sido electo. Así que, a diferencia de la mayoría de sistemas democráticos, el período fijo puede ser echado por la ventana si la mayoría del pueblo quiere que salga quien ostente un cargo por elección. En caso de un voto negativo se convocaría a una nueva elección. El Presidente Chávez está sujeto a esta previsión. Su oposición pudiera montar un referéndum de ese tipo en agosto de 2003. (Cuando la Constitución fue aprobada debió postularse de nuevo y de nuevo ganó).

La oposición no quiere aprovechar sus remedios constitucionales porque cree que sería abrumadoramente derrotada. En consecuencia, ha tratado de quebrantar el proceso intentando incluso un golpe de Estado en abril de este año.

La libertad de prensa está garantizada y el resultado es que los medios que, como es frecuente, pertenecen a y son controlados por poderosos intereses económicos especiales opuestos a los programas de desarrollo social del gobierno, han montado un creciente ataque sobre el Presidente. Un reportaje justo es, sin embargo, una víctima menor de este asalto de los medios en comparación con la provocación que hacen.

Human Rights Watch ha condenado recientemente la distorsionada cobertura y las acciones de los medios como provocadoras de violencia. Asimismo, hace unas dos semanas la embajada de los EEUU, en relación con la libertad de  expresión, recordó a los medios que debían “actuar de una manera responsable”, condenando las llamadas a la violencia y a la acción militar que los medios han estado difundiendo desde abril. (Comunicado de la embajada de los EEUU en VENPRES). Una observación similar fue hecha por el Premio Nobel de la Paz Jimmy Carter como resultado de su reciente misión en Venezuela.

Mientras que los medios venezolanos (y algunos de quienes escribieron a Oxford) proclaman que una reciente marcha en contra del gobierno involucró a cerca de 1.000.000 de personas, las demostraciones en apoyo al gobierno, típicamente mayores en número en grado significativo (como se evidencia de la cobertura de los mayores proveedores de noticias como EFE, Reuters e incluso CNN) son completamente ignoradas por los medios venezolanos.

Cuando en septiembre los que apoyan al Presidente marcharon en oposición a una decisión del Tribunal Supremo, que negó los esfuerzos del gobierno por enjuiciar a algunos de los planificadores del golpe, CNN dijo que la cifra de los manifestantes era la increíble de 2.000.000. Esta efusión de humanidad en apoyo al Presidente fue ignorada por los medios. Hoy, domingo, una vez más, los partidarios del Presidente han tomado las calles. Todos los informes preliminares indican que el número de los que marcharon es de nuevo de una magnitud similar.

Más importante aún, la marcha de la oposición exigió abiertamente la acción militar y entre quienes se dirigieron a la manifestación estuvieron destacadas figuras militares del fallido golpe de abril. En contraste, la demostración de ayer en apoyo al gobierno específicamente clamaba por ‘Paz y Democracia’.

En cuanto a la pobreza bajo Chávez, él está comprometido a usar los ingresos de los recursos naturales de Venezuela para aliviar los apuros de los pobres. Ningún gobierno que se recuerde alguna vez se preocupó por esta masa de 80% de la población de Venezuela.

Incluso ahora mismo sus programas le están dando a la gente agua corriente, salud, nuevas escuelas y aun el primer pueblo específicamente de los sin techo. Está comprometido con un programa moderado de reforma de tierras, en la que la tierra no usada, que actualmente no produce pueda ser adquirida de los dueños ausentes para darla a los campesinos.

Su aproximación a la economía es la de estimular que la inversión privada trabaje con el Estado. Así, por ejemplo, donde una fábrica rural de azúcar había estado cerrada por 30 años, el gobierno estimuló a un inversionista privado (español) a venir y revitalizar la única fuente de empleo en esa zona. Cuando el dinero se le acabó al inversionista, el Estado prestó fondos a la compañía, bajo la condición de que los trabajadores fuesen hechos accionistas. La fábrica se ha levantado y está funcionando de nuevo.

Recientemente, British Gas y otras compañías internacionales de energía han firmado acuerdos para desarrollar recursos costa afuera, pero en términos favorables para Venezuela y el ambiente. Lo que las fuerzas anti-Chávez no revelan en sus ataques al gobierno, con respecto a las muy reales dificultades económicas del país es que, cuando Chávez ocupó su cargo, el país tenía una carga de deuda externa en exceso de 23 millardos de dólares. Mientras que el gobierno ha reducido este endeudamiento y pagado más de 14 millardos de dólares en servicio de la deuda, el capital todavía está un poco por encima de 22 millardos de dólares.

¿Quién contrajo esta deuda y quién se benefició? Los hechos están claros y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. En 1968, bajo el Presidente Leoni, la deuda era de US$ 447.220.000; 1973 (Caldera) – US$ 900.000.000; 1978 (primera administración de Pérez) saltó a US$ 6,5 millardos; 1983 (Campíns) – US$ 11,26 millardos; 1998 (Lusinchi) – US$ 24,65 millardos; 1993 (segunda administración de Pérez) – US$ 26 millardos; 1998 (Caldera) – US$ 23,17 millardos; Chávez – US$ 22 millardos.

En cierto punto US$ 11 millardos de deuda privada ilegal, no estatal fue envuelta con la cifra del Estado, resultando en el enorme aumento de 1983 a 1988. Esta es la carga heredada por el gobierno de Chávez y los pobres de Venezuela.

Esto no es lo mismo que decir que Venezuela no está en situación de crisis económica, y de hecho el Presidente ha reconocido alguna responsabilidad en esto. Sin embargo, en su mayor parte esto tiene que verse en el contexto de un generalizado mal estado de las economías en todo el continente latinoamericano, las que han sido particularmente golpeadas con fuerza por la baja económica mundial.

Finalmente, en cuanto a las muertes del golpe de abril. Se afirma en muchos de los correos recibidos que a) la mayoría o todas las personas que murieron eran manifestantes contra Chávez y b) que el Presidente Chávez y sus fuerzas fueron los únicos responsables por los asesinatos. Una breve mirada a los hallazgos de Human Rights Watch debe bastar para disipar este mito.

“Human Rights Watch ha obtenido información que indica que mucha de esta violencia fue cometida por funcionarios policiales durante protestas políticas en barriadas pobres de Caracas”. (http://hrw.org/press/2002/04/venezuela0416.htm)

El mayor apoyo de Chávez proviene en realidad de las ‘barriadas pobres’, lo que combinado con el hecho de que la policía de Caracas es controlada por el alcalde la ciudad, quien es ferviente opositor de Chávez, en todo caso implica lo opuesto de lo que los autores de estos correos quieren hacernos creer.

En el momento del golpe los planificadores locales del mismo amenazaron con bombardear el Palacio si el Presidente no iba con ellos. Había cerca de 50.000 ciudadanos rodeando el Palacio que estaban determinados a proteger al Presidente y sus ministros, todos los cuales estaban adentro.

El Presidente se dio cuenta de que si se producía un combate armado y se empleaba la artillería, miles de personas inocentes alrededor del perímetro del Palacio serían muertos. Eligió ir con el grupo golpista militar, pero no renunciar, con el fin de impedir esta tragedia.

El resto es historia. En las próximas 24 a 36 horas el pueblo asaltó el Palacio, atrapando a los líderes que brindaban con champaña. El Presidente fue restituido en el poder, pero no sin algunas vidas perdidas.

La mayoría de las muertes, sin embargo, no ocurrió el 11 de abril, sino el 12 y el 13 de abril, y las víctimas eran partidarios de Chávez, asesinados por la policía de Caracas como se mencionó arriba.

El gobierno está considerando formas y maneras de tener una investigación justa e imparcial de estos eventos.

No debe olvidarse que la razón por la que el Seminario ha invitado al Presidente es para enfocarse sobre los muy reales logros en derechos humanos que han sido de hecho obtenidos bajo su gobierno y que han sido reconocidos por organizaciones internacionales (ej. HRW) y domésticas de derechos humanos (PROVEA y un número de organizaciones indígenas).

Por ejemplo, bajo el gobierno de Chávez y por primera vez en 50 años no hay prisioneros políticos (¡incluso después del intento de golpe de abril!) También por vez primera, en el mismo período el balance entre prisioneros en juicio y prisioneros sentenciados es positivo (es decir, hay ahora menos personas en las cárceles de Venezuela que no han sido sentenciadas; en contraste, en el pasado alguna gente estuvo presa por más de 25 años hasta que finalmente fue declarada inocente).

Por primera vez en la historia del país no hay denuncia de censura de los medios en los tribunales; en otras palabras, aun cuando los medios constantemente se quejan del riesgo que corre la libertad de expresión, no tienen en realidad un caso. (Ver reporte reciente de HRW sobre Venezuela).

En términos no sólo de derechos humanos sino en particular respecto de los derechos de la población indígena la nueva constitución venezolana está entre las piezas legislativas más progresistas del mundo. La constitución garantiza explícitamente los derechos de todos los pueblos indígenas en los artículos 119 al 126. Rara vez es una protección tal promulgada por un Estado.

Universidad de Oxford

Las grandes universidades, como Oxford, se convierten inevitablemente en sitios de tumulto cuando abren sus puertas a ideas e individuos cuya misma esencia garantiza oposición. Es la fortaleza de estos grandes centros de aprendizaje el que permiten plenamente esta expresión y este debate. Después de todo es por la causa de la libertad intelectual. El Seminario, con su lema Non nobis solum natir sumus, abraza plenamente esta tradición en el interés de los derechos humanos.

Si cualquier huésped—incluyendo el Presidente Hugo Chávez Frías—acepta una invitación para hablar al Seminario, lo hace con pleno conocimiento de que conseguirá algún disentimiento y oposición. Es importante añadir que algunas personalidades de clase mundial han declinado por esta misma razón.

La Universidad no asume ninguna posición, excepto la de permitir que la libertad intelectual y el discurso transcurran dentro de sus muros, y por esto somos más ricos y estamos adecuadamente agradecidos.

IHRS, (Oxford, lunes 14 de octubre de 2002)

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Caracas, 17 de octubre de 2002

Señores Seminario Internacional de Derechos Humanos

A la atención del Dr. William F. Pepper, Convocante

Estimados Señores:

he tenido la oportunidad de leer con detenimiento una declaración, aparentemente voluntaria, del Seminario Internacional de Derechos Humanos del Centro de Estudios Socio Legales de la Universidad de Oxford, concerniente a una visita y exposición del presidente Hugo Chávez en ese seminario, pautadas para horas de la tarde de hoy.

Al cierre de la declaración mencionada, su o sus autores indican, irónicamente, que la Universidad no asume posición alguna, a pesar de que el texto de aquélla está increíblemente sesgado a favor del presidente Chávez e incurre en numerosas afirmaciones sin fundamento e irresponsablemente emitidas. Ignoro si las autoridades de la Universidad de Oxford, o de su Centro de Estudios Socio Legales, comparten el contenido del comunicado y si, de este modo, pudiera considerarse al texto en cuestión como representativo de una posición oficial de la Universidad.

Supongo, en cambio, que ese texto es fiel reflejo de las opiniones del Dr. William F. Pepper, que aparece en la página web del Seminario como el “convocante” del mismo.

Decir que la Universidad no asume posición al cabo de un documento groseramente parcializado constituye una lamentable y burda expresión de manipulación falaz.

Convendría a la Universidad de Oxford explicar si es el caso que ella concurre con las opiniones allí emitidas.

El comunicado se justifica, dice su redacción, porque numerosos correos electrónicos habrían circulado por direcciones de la Universidad, y en ellos se expresaría una oposición al presidente Chávez que, a juicio de quienes dirigen el Seminario, estaría totalmente injustificada y construida a partir de medias verdades, distorsiones y mentiras flagrantes. No teniendo acceso a los correos aludidos, difícilmente puedo rechazarlos o solidarizarme con ellos. Puedo perfectamente imaginar, sin embargo, que en efecto algunas comunicaciones habrán sido poco dignas de ser tomadas en cuenta, porque aunque hay muy grande razón para oponerse al régimen de Hugo Chávez, no en pocas ocasiones esta oposición se manifiesta sin profundidad y aun irracionalmente. No puedo comentar, sin embargo, por los motivos antedichos, el contenido de tales correos. La dirección del Seminario, a pesar de que proclama su compromiso indeclinable con la libertad intelectual, convenientemente esconde el contenido de la correspondencia recibida. Tan sólo quiero a este respecto destacar una contradicción evidente al comienzo mismo del comunicado del Seminario, cuando indica que las comunicaciones a las que reacciona habrían sido producidas con poco cuidado e inocente y obvia demostración de relaciones entre los remitentes ¡luego de abrir solemnemente la declaración calificando a los mensajes de “ataque bien orquestado”!

Siguiendo el método anunciado por el comunicado del Seminario, comento de seguidas punto por punto su contenido.

La declaración del Seminario comienza por reconocer que el presidente Chávez intentó tomar el poder en Venezuela a comienzos de la década de 1990. Sólo que presenta tal dato con eufemismos y con un maquillaje que sugiere una cierta heroicidad en los conspiradores que insurgieron en 1992.

Dice el comunicado del Seminario que un grupo de militares decidió en esa fecha que ya “no podía” servir al gobierno de entonces, porque éste era grandemente corrupto. El gobierno de Pérez era, ciertamente, muy corrupto. Pero los militares sublevados no dejaron simplemente de servir. Lo que hicieron no fue darse de baja del ejército. Lo que hicieron fue abusar de las armas que la República les había confiado para producir una intentona fracasada que causó decenas de muertos y heridos, los que, por cierto, no son en absoluto mencionadas por el comunicado. La declaración del Seminario barre esas muertes, convenientemente para sus sesgados fines argumentales, debajo de la alfombra del silencio.

No puede justificarse en forma alguna el alzamiento de Chávez y sus camaradas en 1992. Ni siquiera mediante la apelación a un derecho a la rebelión. He aquí una formulación, en la Sección Tercera de la Declaración de Derechos de Virginia (1776), de este derecho: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. Está claro que el sujeto de ese derecho es una mayoría de la comunidad, como está clarísimo que los seudohéroes de febrero de 1992 no eran esa mayoría, sino un grupúsculo soberbio que pretendió decidir violentamente en nombre de un pueblo que, por lo demás, había manifestado explícita y reiteradamente que no quería resolver el problema de Pérez mediante hechos de fuerza. Pérez tuvo que abandonar la Presidencia de Venezuela, se recordará, porque el sistema democrático venezolano fue capaz de llevarle civilizadamente a juicio.

Pero es que hay más: según propia admisión de Hugo Chávez el grupo de líderes de la insurgencia “bolivariana” conspiraba, al menos, desde 1983. No fue, como pretende hacer ver el comunicado, a comienzos de la década de los noventa cuando tan heroicos oficiales decidieron que no podían servir más al gobierno. Para el momento de su fallido, ilegal, inconstitucional y antidemocrático intento, la conspiración tenía casi diez años de haberse iniciado.

Que Venezuela cuenta hoy en día con una nueva Constitución es algo obvio, así como también que la mayoría de los que votó en referéndum para aprobarla expresó su apoyo a la misma. (Dentro de una votación con una abstención considerable, en un día en que las autoridades venezolanas de la época, Chávez y su gobierno, celebraban con champaña en la isla de La Orchila, mientras todo el pueblo de Vargas era arrasado por destructoras inundaciones. El pueblo de Vargas todavía espera que el gobierno de Chávez, ése que el comunicado dice que es el primero en ocuparse de los pobres en los últimos cincuenta años, haga algo medianamente eficaz, a tres años de la tragedia, para aliviar sus necesidades).

Que el pueblo de Venezuela que votó a favor del nuevo texto constitucional conozca a fondo qué fue lo que aprobó es muy discutible. Un texto medianamente definitivo no fue puesto a disposición de la población hasta escasos días antes de la votación. Que sea una constitución perfecta es asunto de debate. Reconoceré aquí que contiene no despreciables avances respecto de nuestra constitución de 1961, al tiempo que apunto que no todo su contenido puede ser atribuido, ni con mucho, a la autoría de Hugo Chávez. Igualmente puede argumentarse, además, que había en el texto de 1961 algunas cosas preferibles a ciertas previsiones del texto de 1999.

Que Pedro Carmona, a su brevísimo paso por el poder, intentó desconocer previsiones constitucionales expresas no es punto en discusión. Pedro Carmona protagonizó, junto con los conjurados que intentaron desvirtuar una legítima insatisfacción del pueblo de Venezuela, uno de los más grotescos y vergonzantes episodios de nuestra historia política. Pero su estupidez y su soberbia no liberan a Chávez de las suyas. Carmona y sus asociados dieron un golpe de Estado, es cierto, pero en vez de darlo contra Hugo Chávez lo dieron contra la sociedad civil venezolana, que había logrado vencer el miedo que inspiraba un gobernante totalitario, intimidante y agresivo, para manifestar multitudinariamente en su contra. La sociedad civil depuso a Chávez el día 11 de abril. La siniestra conspiración de Carmona, en la madrugada del 12, y en sus aberrantes ejecutorias de las horas siguientes, restituyó con sus inenarrables equivocaciones a Hugo Chávez en el poder. Pero de los 50.000 ciudadanos que el comunicado del Seminario contabiliza alrededor del Palacio de Gobierno en la tarde del 11, no quedaba nadie durante el 12. La ira del pueblo no se manifestó hasta que la increíble y soberbia torpeza de Carmona se puso de manifiesto al caer la tarde del 12 de abril.

Y aquí intercalo de una vez la siguiente observación, que gravita sobre otras inexactitudes del comunicado del Seminario: esta declaración confunde, simplistamente, a todos los que nos oponemos a Chávez con quienes superpusieron una agenda de golpe de Estado a la gesta, ésa sí heroica, del pueblo venezolano el 11 de abril. Así ocurre, por ejemplo, cuando afirma que la oposición venezolana no quiere transitar la ruta del referéndum revocatorio previsto en la Constitución porque “cree que sería abrumadoramente derrotada”. A los redactores o el redactor del comunicado no les consta en absoluto que éste sea el caso. En estos mismísimos momentos la oposición está clamando, justamente, por una confrontación electoral lo antes que sea posible. El comunicado afirma irresponsablemente que la oposición, tomada en su conjunto, habría buscado el atajo de un golpe de Estado. Creo contarme dentro de una mayoría que procurará la salida cuanto antes del poder de Hugo Chávez y que al mismo tiempo rechazará que esto se haga de modo inconstitucional, aun cuando se trate de deponer a quien, en 1992, no tuvo ningún escrúpulo para intentar, precisamente, el expediente violento ante el que ahora se rasga inconsistentemente las vestiduras porque le sería aplicado a él.

Los redactores del comunicado del Seminario pretenden ignorar, al afirmar que la libertad de prensa está garantizada, los incontables ataques directos e indirectos que el gobierno de Chávez ha dirigido contra los medios de comunicación desde el momento mismo de asumir el poder. A las cuarenta y ocho horas de su toma de posesión, el miedo que había causado su triunfo impulsó al dueño de un canal de televisión a sacar del aire un programa de su planta porque un entrevistado osaba expresarse críticamente del gobierno. En la primera alocución que se transmitiera por cadena de televisión y radio con asistencia de personalidades desde el Palacio de Miraflores, a escasos días de su asunción al poder, Chávez sugería a un conocido empresario de medios que tal vez pudiera interesarse en adquirir un carro blindado que el gobierno pondría a la venta. Insinuaba, esto es, que la vida de este empresario corría peligro. Y no había cumplido, siquiera, un mes de haber comenzado a “gobernar”.

Los ataques de Chávez contra un cierto periódico y su editor arreciaron a fines del año pasado, cuando el periódico en cuestión se atrevió a publicar palabras pronunciadas por el mismo Chávez en Londres. Eran palabras comprometedoras e imprudentes, por cuanto aludía a la salvación de Carlos Andrés Pérez durante una cerrada votación en el Congreso de 1979, en la que un solo voto, que Chávez sugirió habría costado muchos millones, salvó a aquél de la condena. Ese voto fue el de su actual Vicepresidente, José Vicente Rangel. La exposición de la imprudencia por ese periódico, a pesar de que otros medios, incluida la televisión misma del Estado, habían reseñado o transmitido el equívoco discurso, desató la ira presidencial.

Poco después, grupos oficialistas de gran agresividad escenificaron una manifestación de amenazas contra ese periódico y sus trabajadores, obligándoles a refugiarse dentro de su edificio. Son incontables las intimidaciones verbales y las agresiones físicas, con lesiones personales y daño a la propiedad, en contra de periodistas que procuran reflejar diariamente el acontecer venezolano. Y estas son manifestaciones incitadas y auspiciadas por el gobierno. En una ocasión fue agredido un camarógrafo de televisión por un sujeto que minutos más tarde aparecía refugiado en el propio Palacio de Miraflores, tras la figura del actual Ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mientras éste se dirigía a los venezolanos en una entre las decenas de “cadenas” forzadas e impuestas a los medios de comunicación.

No pretendo negar que hay exceso evidente en la oferta mediática cotidiana, ni tampoco afirmo que los medios venezolanos sean dirigidos desde el desinterés más absoluto. Pero es Chávez quien iniciara la provocación, él mismo quien agrediera desde el inicio. Es que hasta el abominable golpe de Carmona comenzó a gestarse luego de más de dos años de conductas abusivas y nada democráticas de Hugo Chávez, y debe atribuirse a la desesperación que su comportamiento causa que otros optaran por actuar como una vez lo hizo él. Es Chávez quien ha tenido éxito en sembrar el odio y la intolerancia, quien ha logrado que algunos de sus opositores se le parezcan.

El comunicado del Seminario alude, entre otras cosas, a un documento de la embajada de los EEUU, en el que se recordaría a los medios que deben “actuar de una manera responsable”. Esto no es lo que dice ese documento. El comunicado de la embajada se refiere a remitidos pagados publicados por la prensa, en los que un particular grupo de oposición, de corte muy radical, excitaba a pronunciamientos militares contra el gobierno. No son pocos los documentos pagados, por otra parte, por partidarios del gobierno en los que se incurre en excesos de signo contrario y que han sido publicados por los medios que el comunicado del Seminario condena desde la cómoda lejanía de Oxford. En ningún momento la declaración diplomática reconvino a los medios venezolanos, limitándose más bien a un llamado al diálogo entre las partes en conflicto y a la recomendación, dirigida a ambas, de deponer actitudes agresivas.

Concentración del 11 de abril en el Cubo Negro

La declaración del Seminario evoca informaciones de distintas agencias que sostendrían la especie de que las manifestaciones pro gubernamentales son “típicamente mayores en grado significativo” en comparación con manifestaciones opositoras. Sobre las más recientes marchas—10 de octubre, opositora; 13 de octubre, oficialista—cito dos evaluaciones emitidas por Associated Press. Sobre la marcha del 10: “Cientos de miles de venezolanos marcharon para exigir la renuncia del Presidente Hugo Chávez y elecciones a corto plazo” (AP Photo/Leslie Mazoch).  Sobre la marcha del 13: “Decenas de miles de venezolanos marcharon para apoyar a Chávez, cuyo gobierno confronta una crisis política y económica que se profundiza” (AP Photo/Leslie Mazoch).

No es en absoluto cierto que la marcha de la oposición “exigió abiertamente la acción militar”, aun cuando algunos portaban pancartas al efecto, como tampoco es verdad que algunos oradores que se dirigieron a la multitud habían sido “destacadas figuras militares del fallido golpe de abril”.

Del mismo modo, es una falsificación presentar a la marcha oficialista como un paseo angélico que pedía tan solo “Paz y Democracia”. En ésta había unos cuantas—como las hay también en cierta proporción, felizmente pequeña, del lado opositor—voluntades más radicales y agresivas.

Cuando el comunicado del Seminario afirma tajantemente que ningún gobierno anterior se preocupó por los pobres venezolanos incurre en una aseveración falaz, irresponsable y tendenciosa. Si algo ha caracterizado los gobiernos civiles de Venezuela ha sido precisamente una constante preocupación por los programas de alivio social, muchos de los cuales fueron desactivados por el gobierno de Chávez, para ser sustituidos por otros que no han hecho otra cosa que expandir la corrupción que el comunicado del Seminario razonablemente condena. Además, todos los indicadores de pobreza en Venezuela se han agravado marcadamente con el transcurrir del gobierno de Hugo Chávez.

Ni siquiera vale la pena comentar el ejemplo único y aislado con el que la declaración del Seminario pretende demostrar que el gobierno de Chávez es amigo del inversionista privado. Se trata de un inversionista extranjero, y en esto Chávez es, como decimos en Venezuela, “claridad en la calle y oscuridad en la casa”. Por lo que respecta al empresariado local Chávez no ha cesado de manifestarse su adversario y de exponerle al odio de los más desposeídos.

Que British Gas y “otras compañías internacionales de energía” hayan firmado acuerdos con el gobierno de Chávez no debe sorprender a nadie. En esto esas compañías son característicamente impertérritas: también firman acuerdos con los dictadores de China o con Hussein o Kaddaffi. Pero el modo de redactar del comunicado insinúa que nunca antes se negoció acuerdos en términos favorables a Venezuela y el ambiente, lo cual es una mentira monumental.

Que Chávez heredó una pesada deuda externa es cierto. También ocurrió así con otros gobiernos anteriores. El mismo comunicado registra que el salto trágico se produjo durante el gobierno de Lusinchi, cuando se puso en práctica un diabólico régimen diferencial de cambios con el que se lucró, o más bien dejó de perder, un buen número de empresarios privados. Pero Lusinchi ha sido execrado de un país en el que sus ciudadanos le rechazan como arquetipo de la corrupción. No ha podido volver. Y por lo que respecta a la aparentemente loable disminución de la deuda externa durante Chávez, en la cantidad de un millardo de dólares, el mismo comunicado del Seminario indica que Caldera, con ingresos considerablemente menores a los que Chávez ha disfrutado, y enfrentando una gigantesca crisis financiera, supo reducir ese monto en la cantidad de tres millardos de dólares.

El propio comunicado ha admitido, sin proponérselo, que el gobierno de Chávez ha tenido algo que ver con las muertes de abril. Al citar a Human Rights Watch no se percató, tal vez, de que esta organización dice que “mucha de esta violencia” debe atribuirse a excesos policiales. Mucha, entonces, pero no toda. ¿Quién causó la violencia que no puede ser atribuida a la policía? Por otra parte, a ningún abogado serio—y el Dr. William F. Pepper es abogado—le bastaría el hecho de que el alcalde metropolitano de Caracas sea opositor de Chávez—antes le defendía—para fundar una acusación transoceánica tan grave como la que insinúa. No debiera ése ser el método de un Seminario que se dice interesado en los derechos humanos. Aunque no le guste, sorprendentemente el alcalde metropolitano de Caracas y su policía también tienen derechos humanos.

El comunicado del Seminario afirma que Chávez prefirió exponerse a los golpistas, pero no renunciar, para salvar a una buena cantidad entre los 50.000 ciudadanos que según su estimación defendían a Chávez y a sus ministros (“todos los cuales estaban adentro”), dado el riesgo que correrían en caso de que Miraflores fuese bombardeado. Para empezar, no todos los ministros “estaban adentro”. Ya varios habían puesto pies en polvorosa. Luego, Chávez sí aceptó renunciar. Se desdijo cuando se rechazó su pretensión de que se le permitiese abandonar el país. Por último, Chávez no mostró ningún desprendimiento heroico, ni ninguna preocupación por la vida de quienes manifestaban en su contra cuando, infructuosamente, procuraba contrarrestar su marcha con la salida de tropas que nunca pudo reunir. Ni tampoco tuvo consideraciones con la “garantizada” libertad de expresión cuando intentó bloquear las señales de las televisoras que mostraban los primeros muertos mientras él, Chávez, imponía una transmisión única y conjunta de una alocución que enmascaraba la tragedia de ese día.

No, señores del Seminario Internacional de Derechos Humanos. Chávez nunca quiso proteger otra cosa que su propio pellejo, pues no le importaba lo que ocurriera a la masa de centenares de miles de caraqueños que en la calle exigían su salida. Cifra que, por cierto, era varias veces superior a la de las 50.000 almas que el Seminario, inadvertidamente, involuntariamente, ha declarado que defendían a Chávez. Ustedes mismos, redactores del comunicado del Seminario, nos aclaran, a pesar suyo, las verdaderas cuentas.

No sé, sinceramente, si hubo más muertos el 12 y el 13 de abril que el día 11. Todas las muertes me duelen, de uno y de otro bando. Pero no es muy objetivo soslayar el hecho de que hubo saqueo, incitado o tolerado por Chávez y sus ministros, y violencia desatada por partidarios del gobierno en esas fechas. Nada de esto justifica ni una sola muerte, ni un solo asesinato. Tan solo quiero señalar, a quienes trafican profesionalmente con los derechos humanos, que no se conoce como humano el derecho al saqueo y la rapiña.

Emblema de Oxford

El comunicado del Seminario asegura que el gobierno de Chávez “está considerando formas y maneras de tener una investigación justa e imparcial de estos eventos”. Ya lleva en eso, nótese, seis meses. Medio año ha transcurrido desde la tragedia de abril sin que el gobierno que tanto entusiasma a la dirección del Seminario haya logrado encontrar las “formas y maneras” de presentar una relación confiable de lo ocurrido. La cacareada “comisión de la verdad” no termina de nacer, y en esto tiene que ver, determinantemente, la obstrucción generada por el gobierno.

El comunicado del Seminario presenta como “logros” de gran significación, atribuibles a Chávez, que la nueva Constitución reconozca los derechos de nuestras poblaciones indígenas, y que haya “menos personas en las cárceles que no han sido sentenciadas”. Por lo que respecta a esto último hay que convenir en que es cierto: ahora hay en las calles mucho más criminales que ni siquiera han sido enjuiciados, no digamos sentenciados o condenados. Y en relación con los derechos de los indígenas valdría la pena que el Seminario se preguntara dos cosas: una, ¿es la impresión en papel de una declaración de derechos prueba contundente de que un derecho ha cobrado entidad real? ¿Lo cree así la plantilla de profesionales del Seminario? Dos, ¿es una expresión del derecho de los indígenas el derecho a la mendicidad que ahora ejercen en múltiples puntos de nuestra geografía urbana? Así como alguna vez el excesivamente locuaz presidente Chávez prometió que renunciaría si no lograba acabar con la presencia de niños indigentes en las calles de nuestras ciudades y no lo ha hecho, así también se llena la boca con la enunciación del derecho aborigen mientras nuestros indígenas invaden ahora las urbes sin otro destino que el de ser pordioseros.

En Venezuela, típicamente, no se denuncian los casos de censura de prensa ante los tribunales. Normalmente los desaguisados a este respecto se publican en la misma prensa y se ventilan ante organizaciones internacionales de sus gremios. Y ya hablé del tema del acoso a la prensa y a los medios en general.

No lo he hecho acerca del acoso a la Iglesia católica, ni a los sindicatos a los que infructuosamente ha intentado neutralizar, ni a las universidades a las que pretende sojuzgar. Tal vez el Seminario Internacional de Derechos Humanos considere—digo yo, una vez vista su peculiar manera de entender, desde muy lejos, nuestra realidad—que es un derecho humano invadir y tomar la sede rectoral de nuestra principal universidad. Que una treintena de personas, dirigidas, alimentadas y apertrechadas con instrumentos de violencia desde la mismísima Vicepresidencia de la República (Adina Bastidas) tienen el derecho de imponer la zozobra, por más de un mes,  a una comunidad universitaria de decenas de miles de personas que rechazaba sus pretensiones. Si eso es la peculiar noción de derechos humanos y de democracia que mantiene el Seminario Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, yo sostendré que esta casa de estudios se ha permitido descender, al menos en ése su programa oficial, a niveles deplorablemente bajos de estulticia.

No hay injusticia social que justifique la pérdida de libertad en aras de una supuesta solución que por lo demás no se tiene. Nada justifica, por ejemplo, que la voluntad de un solo hombre se superponga, por más de cuatro décadas, a las voluntades individuales, mediante el terror y la represión, de millones de cubanos. No se justifica Franco, ni Pinochet, ni Hitler, ni Stalin, ni Pol Pot. No se justifica ni Carmona ni Chávez.

John Stuart Mill

Trágicamente ocurre que, de tiempo en tiempo, pueblos enteros pueden ser hipnotizados por el espejismo de tiranos autoconsagrados. Así lo puso el grande hombre de políticas y letras que fue el inglés clarísimo que se llamó John Stuart Mill, en su ensayo sobre el gobierno representativo: “Un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si, por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho”.

El comunicado del Seminario, en fin, reitera su lema en latín, el que además se encuentra mal escrito tanto en ese texto como en la página madre. Lo pondremos aquí como quisieran haberlo formulado: Non solum nobis nati sumus. “No hemos nacido sólo para nosotros”. Saludo ese lema, aunque parezca que el Dr. William F. Pepper hubiera nacido sólo para Hugo Chávez.

Atentamente

Luis Enrique Alcalá

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