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Ha tenido alguna repercusión—circula profusamente una trascripción por los correos electrónicos—una entrevista hecha en Madrid en mayo pasado a Héctor J. Riquezes, quien fuera muy alto ejecutivo de PDVSA y varias de sus filiales hasta su jubilación en 1994.

Riquezes hace un negro pronóstico acerca del futuro de la otrora pujante empresa, censurando la vengativa conducta del gobierno chavista a raíz del paro iniciado en diciembre de 2002. Igualmente destaca cómo la meritocracia petrolera se vio asediada por el gobierno venezolano desde bastante antes de la llegada de Chávez al poder: “Como parte de este proceso gradual de destrucción del sistema de recursos humanos, el puntillazo se produce cuando un cambio de partido de Gobierno propugna un cambio total del Directorio de PDVSA. Era reconocido internamente que el cambio de los miembros del Directorio era lógico y oportuno, pero lamentablemente los nuevos directores que fueron designados por el nuevo partido de gobierno no figuraban en la lista de candidatos que PDVSA, respetando las pautas, tradición y procesos del sistema meritocrático, presentó a la consideración del Presidente de la República, único autorizado y responsable para hacer esas designaciones”.

Pero también reconoce lo siguiente: “La nueva directiva de PDVSA, al confrontarse con una larga paralización nacional de actividades que prácticamente inmovilizó la industria petrolera y que respondía más a motivos políticos que laborales, reaccionó irreflexivamente y decidió terminar los servicios de cerca del 40% de su fuerza laboral de la industria petrolera, a sabiendas de que tal decisión incapacitaría a la industria para continuar operando con un aceptable nivel de eficiencia. Parecía un acto de sadismo, que antes de intentar una sanción que propiciara la rectificación de los parados se fue directo a la sanción máxima”. Esto es, Riquezes comprende la estupidez revolucionaria, la vengatividad cruel de Chávez, Rodríguez Araque y Ramírez, pero también reconoce el carácter político del paro de la “gente del petróleo”.

En otras ocasiones hemos destacado en esta Carta que el derecho de rebelión—”un derecho indudable, inalienable e inanulable de alterar, reformar o abolir” un gobierno (Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776)—sólo pertenece a una mayoría de la comunidad. Por esto siempre hemos condenado como abusiva la intentona de Chávez y sus conjurados compañeros del 4 de febrero de 1992. Ahora bien ¿eran o son una mayoría de la comunidad los dirigentes de la Asociación Civil “Gente del Petróleo”?

De forma muy parecida al abuso de militares que empleen las armas de la república para rebelarse, los ejecutivos petroleros que ahora nos proponen una “red de energía positiva”—sin abandonar la mariana y virginal protección—tomaron decisiones sobre equipos e instalaciones que les había confiado la República para procurar un laudable objetivo político… abusivamente, puesto que la mayoría de la comunidad no les solicitó nunca tal cosa.

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