Cartas

La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana ha agotado ya los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.

Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las “mesas democráticas” de las que debe salir el ansiado “acuerdo nacional”. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.

Si el Ministerio de Sanidad se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Parque del Este para que, “participativamente”, se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital.

En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto, etcétera.

Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.

Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo del país. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto. No se trata de eliminar el “combate político”, sino de forzar al sistema para que transcurra por el cauce de un combate programático como el descrito. Valorizar menos la descalificación del adversario en términos de maldad política y más la descalificación por insuficiencia de los tratamientos que proponga.

Este desiderátum, expresado recurrentemente como necesidad, es concebido con frecuencia como imposible. Se argumenta que la realidad de las pasiones humanas no permite tan “romántico” ideal. Es bueno percatarse a este respecto que del Renacimiento a esta parte la comunidad científica despliega un intenso y constante debate, del que jamás han estado ausentes las pasiones humanas, aun las más bajas y egoístas. El relato que hace James Watson—ganador del premio Nóbel por la determinación de la estructura de la molécula de ADN junto con Francis Crick—en su libro “La Doble Hélice” (1968) es una descarnada exposición a este respecto.

Pero si se requiere pensar en un modelo menos noble que el del debate científico, el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Quesenberry. Así se transformó de un deporte «salvaje» en uno más «civilizado», en el que no toda clase de ataque está permitida.

En cualquier caso, probablemente sea la comunidad de electores la que termine exigiendo una nueva conducta de los “luchadores” políticos, cuando se percate de que el estilo tradicional de combate público tiene un elevado costo social.

Las consideraciones anteriores llevan a la cuestión de la forma más democrática de conducir las licitaciones políticas. Por lo expuesto, se entiende que la producción de una imagen-objetivo requiere el concurso profesional de pequeñas unidades, de un número reducido de cerebros pensando en el tema como problema complejo, interconectado. En los Estados Unidos se emplea el término think tanks para referirse a esas unidades compactas. Tal vez una buena traducción sea la de centros de política aplicada. ¿No hay acá un riesgo de aristocratización del proceso político?

En 1991 fue publicado el libro The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite, escrito por James Allen Smith. Allí se encuentra una evaluación según la cual los think tanks norteamericanos se han alejado del público y, según él, de los propósitos de los patrocinantes originales, que esperaban que esas organizaciones de política aplicada sirviesen para educar al público y para proveer bases libres de valores desde las cuales se pudiera juzgar la eficacia de las políticas públicas. Los think tanks se limitan, por regla general, a comunicarse con los miembros de las élites, mientras el público permanece ausente de los debates.

Contra este “gobierno de expertos” alertaba Woodrow Wilson: “¿Qué nos espera si va a ocuparse científicamente de nosotros un reducido número de caballeros que serían los únicos en comprender las cosas?” O como lo pone John H. Fund: “Las políticas públicas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los expertos”.

La invención política, naturalmente, no puede ser coto exclusivo de centros de política aplicada, pero es obvio, según el análisis del punto anterior que tampoco puede esperarse que surja coherentemente de una deliberación colectiva. La salida al problema estriba en que los “brujos” se entiendan a sí mismos como responsables ante la “tribu” y no únicamente ante los “caciques”. Es decir, que el producto de sus análisis tenga carácter público.

La comunicación entre “brujos” y “caciques” es no sólo necesaria, sino el cauce habitual para tramitar y ejecutar la invención política. Toda organización, incluyendo acá las organizaciones biológicas, exhibe una estructura de “cogollo”, como han debido comprobarlo ya las organizaciones políticas de reciente cuño, que han surgido con el pretexto de suplantar las viejas organizaciones por “cogolléricas”. Todas han terminado por generar sus propios cogollos.

De modo que el problema no reside en negar el hecho incontestable de que cualquier organización requiere un órgano de dirección y que éste debe estar compuesto por un número reducido de personas. El punto está en si ésta es una aristocracia cerrada o una aristocracia abierta al “demos”: una aristodemocracia.

En una concepción clínica de la política, esto es, en una política entendida como actividad de carácter médico, el político no es el “jefe” del pueblo. Es un experto que de todos modos debe someter al paciente la consideración del tratamiento. El que debe decidir en última instancia si se toma la pastilla es el pueblo. El político debe limitarse a ser el ductor del aparato del Estado. Elegimos un jefe de Estado, no un jefe de los venezolanos.

LEA

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