Cartas

El día de San José, 19 de marzo, habrán hecho fiesta en Elorza, para regocijo de quien a veces canta ese pasaje llanero en cadena de radio y televisión. Pero diez días después de esa fecha quien cantaba a voz en cuello, y afinadita, era la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

En una magistral clase de Derecho el Magistrado Ponente, Alberto Martini Urdaneta, puso en su sitio a Iván Rincón Urdaneta, José Manuel Delgado Ocando, Jesús Eduardo Cabrera y dos jueces sacados del banco de reserva de la Sala Constitucional: Argenis Riera Encinoso y Carmen Zuleta de Merchán. Del banco del equipo han pasado al banquillo de los acusados.

Esta vez Martini Urdaneta, en Sala Accidental completada por Rafael Hernández Uzcátegui y Orlando Gravina Alvarado, produjo el antídoto perfecto para la necedad del día 23 de marzo, cuando una accidentada Sala Constitucional emitió jurisprudencia bárbara que pretendió despojar a la Sala Electoral de su competencia. En minuciosa disección del absurdo atropello, los Magistrados Electorales desmontaron pieza por pieza la argumentación de Delgado Ocando—éste había sido el ponente de la monstruosidad—para refutarla íntegramente de modo definitivo.

Una vez hecho esto, la Sala Electoral procedió a: 1. afirmar su competencia en la jurisdicción contencioso electoral; 2. participar a la Sala Constitucional Accidental, tersamente, que había tomado “debida nota” de su desafuero; 3. declarar improcedentes las intimaciones que le hacía la Sala Constitucional Accidental; 4. elevar a Sala Plena la resolución de un conflicto de funcionamiento—”Por cuanto la Sala Constitucional Accidental pretende intimar e impartir órdenes de paralización de causas no acordes con la igualdad que existe entre todas y cada una de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia”—para que esa Sala Plena analice “lo perjudicial que resulta para el normal funcionamiento y administración de justicia el uso de términos imperativos de una Sala a otra de igual jerarquía”.

Luego de estas afirmaciones, todavía la Sala Electoral Accidental tuvo el tino de exhortar a las partes del presente juicio—los actores de la solicitud de referendo revocatorio presidencial y el Consejo Nacional Electoral—para que propicien conversaciones que encontraran una solución concertada “hasta tanto se produzca la sentencia definitiva”.

Como quiera que esa sentencia definitiva tendrá que ser producida por la misma Sala Electoral, que ya había adelantado sus criterios el 15 de marzo en previa y magnífica sentencia—por ejemplo, que los reparos, si caben, deben ser solicitados por quienes quisieran excluir su nombre de la lista de firmantes, y no por quienes firmaron a conciencia—los jugadores de la Coordinadora Democrática debieran, en consecuencia, afirmar esa posición, en lugar de negociar lo contrario discutiendo si los reparos tomarán cinco días en lugar de dos o si deberá haber más computadores en los centros habilitados.

Ya antes, en la fecha del fatídico martes de carnaval, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter habían puesto en bandeja de plata, para uso de la oposición, su diplomática pero clarísima opinión de que lo decidido y anunciado minutos antes por Francisco Carrasquero estaba sustentado sobre criterio no compartido por los observadores internacionales. (Por absurdo).

Recordemos la secuencia. Primero Carrasquero leyó las cifras que reconocían como válidas solamente a un millón ochocientas mil firmas y separaban para posterior “reparo”—o examen de reparación—un poco más de 876 mil firmas por aquello de las planas.

En minutos la protesta espontánea hizo erupción en varios puntos del país, y es en ese clima de indignación ciudadana que Fernando Jaramillo y Jennifer McCoy deciden hacer su rueda de prensa. Ambos fueron claros: el criterio para no tener por válidas las firmas en “planillas planas” no les convencía, y su aplicación podía “afectar los resultados”. También reiteraron su proposición de zanjar el asunto con el empleo de un procedimiento muestral.

Pero hubo más. El discurso inicial de Jaramillo mostraba un inequívoco carácter de despedida, pues comenzó a agradecer a los amigos de la Comunidad Europea por el apoyo brindado a la misión de observación y asimismo agradeció a los más de trescientos funcionarios de la OEA y el Centro Carter que habían trabajado en la observación, durante “estos meses”. Es decir, Jaramillo emitía la señal de que estaba listo para dar informe definitivo de desaprobación al CNE en caso de que la Coordinadora Democrática optara por resonar con el país y dar, ella, la proverbial patada a la mesa.

Y es entonces, cuando el humo de los neumáticos quemados clamaba al cielo desde cientos de puntos del país, como habla a la Nación, en nombre de la CD, Julio Borges, flanqueado por el nuevo héroe nacional Antonio Ledezma. (Porque—”en aras de la unidad”—recientemente ha sabido capitalizar su “renuncia” a “legítimas” aspiraciones a cargo de alcalde, cuando no hace demasiados meses volantes que adelantaban su postulación como candidato presidencial tapizaban los suelos recorridos por alguna marcha cívica. Es ese cargo sobre el que sus miras están verdaderamente puestas).

Lo primero que dijo Borges fue que la CD “no estaba negociando nada”. ¿Por qué creyó necesario la CD—o al menos su vocero de esa noche—arrancar su alocución al país con tal aclaratoria? Lo cierto es que los observadores internacionales no podían ir más allá de lo que declararon, y después debieron admitir el guión negociador de los coordinadores de la oposición.

Es así como la CD, inmersa ahora, además, en el tráfago de las elecciones regionales y municipales, pareciera insistir en líneas que a la larga relegitiman el régimen como gobierno democrático. ¿No están todos yendo a unas elecciones? ¿Cómo se puede argumentar—se preguntará, por ejemplo, un atareado Jacques Chirac—que el gobierno de Chávez es autocrático, si todos los partidos han inscrito candidatos a esas elecciones?

No deja de tener fuerza, naturalmente, el argumento de que si Enrique Mendoza no inscribe su candidatura en Miranda, este estado tendrá como gobernador a DIOSdado –según sus pancartas– Cabello.

Pero ya antes hemos apuntado lo sospechoso que resulta la solícita conducta de Jorge Rodríguez, que reiteradamente aconseja a los actores del referendo revocatorio presidencial que descartemos la ruta judicial, porque sería la más larga. Él prefiere, por supuesto, que acatemos el dictamen de los disfraces de negrita del martes de carnaval. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que en el TSJ está perdido.

Y también sabemos ahora la verdadera función y propósito de las solicitudes de referendos revocatorios en contra de diputados de la oposición. Eran para que el CNE rechazara 22 de los 24 referendos solicitados y para enviar a fase de reparos a los dos que mantiene vivos, para dar una impresión de imparcialidad con la que José Vicente Rangel se llena su boca procaz y mentirosa. Como que si la revocación del diputado Marquina tuviera la misma monta que la revocación del Presidente de la República.

Que la Sala Electoral haya emitido su exhortación al diálogo entre las partes no implica que revierte su apreciación primera: que las 876 mil firmas en suspenso deben ser acumuladas al millón ochocientas mil firmas ya admitidas como válidas, y que quienes tendrían que “reparar” son quienes quieran ser excluidos de la lista de firmantes. Si hubiera algo que negociar la raya debiera trazarse allí.

Claro que ahora, en postrer pataleo, una nueva Sala Constitucional accidental ha declarado con lugar la solicitud de avocamiento por parte de la misma al proceso que cursa en la cámara natural de la Sala Electoral. (Solicitud de Ismael García, asistido mediante personas interpuestas por el propio arrinconado). Se trata de un intento anunciado de usurpar las funciones de la Sala de los Electores, la Sala vinotinto. Así se añade más materia a la ineludible consideración de la Sala Plena. Es éste el verdadero y definitivo avocamiento.

Es posible que una retorcida racionalización lleve, sin embargo, a los negociadores de la CD a seguir el camino consentido por Jorge Rodríguez, y a desear que la batalla del TSJ se convierta en una larguísima e indecisa guerra de trincheras. Porque si la Sala Plena acoge la impecable argumentación de la Sala Electoral y restituye nuestro violado derecho, los negociadores se habrán quedado sin trabajo. Quiera Dios que esta vez sean capaces de entender dónde está la verdadera lucha, aunque para esto deban reconocer con hidalguía que los generales victoriosos no habrán sido ellos.

Por ahora Martini Urdaneta, vocacionalmente inclinado al avenimiento, ha convocado para una reunión conciliatoria de las partes bajo el patrocinio de su Sala. Habrá que ver si Jorge Rodríguez, específicamente convocado, desatiende la invitación de Martini. A fin de cuentas, no cesa de repetir que acatará lo que disponga la Sala Constitucional.

LEA

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