Cartas

En reciente discurso ante la Organización de Estados Americanos—que Nicolás Maduro no ha vacilado en calificar de histórico—el embajador venezolano Jorge Valero acusó formalmente a los Estados Unidos de Norteamérica de haber participado activamente en el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, acontecimiento del que en setenta y dos horas se cumplen dos años. De hecho, Valero indicó que la interferencia norteamericana continuaría existiendo, y que tales afirmaciones podían ser probadas.
Comoquiera que tales pruebas no han sido aún aportadas—y podrían ser de la misma calidad de las pruebas del fementido magnicidio de Maiquetía (con un lanzador misilístico antiaéreo, recordaremos)—no puede tomarse demasiado en serio el grave ataque diplomático de Valero, sobre todo si es relativamente fácil conseguir la inexactitud en su discurso.

Por ejemplo, Valero intenta demostrar que la organización Súmate tiene intenciones golpistas auspiciadas por los Estados Unidos—según él Súmate recibió fondos del National Endowment for Democracy, una fundación bipartidista de los Estados Unidos—y añadió que la principal ejecutiva de la organización venezolana, María Corina Machado, habría firmado el decreto autoproclamatorio e inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Pero según la lista (parcial) de cuarenta y nueve firmantes de ese documento que reposa en los archivos de “Analítica”—http://www.analitica.com/bitblioteca/carmona estanga/decreto1.asp—fue la señora madre de María Corina, Corina Parisca de Machado, quien estampó su rúbrica al pie del decreto. (La lista de “Analítica”, por cierto, no incluye los nombres de algunos destacados signatarios, como Carlos Fernández, quien le sucediera en la Presidencia de Fedecámaras, hoy en el exilio. Tampoco menciona a Manuel Rosales—”en representación” de los gobernadores—a Rocío Guijarro—de CEDICE, “en representación” de las organizaciones no gubernamentales—o a José Curiel, hoy de nuevo candidato a la gobernación de Falcón—”en representación” de los partidos políticos).

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Si no el 11 de abril, el día siguiente sí alojó un golpe de Estado, aunque sui generis. No hay duda de que Carmona protagonizó—mascarón de proa de un círculo conspirador—una acción contra la Constitución y, peor aun, contra el pueblo venezolano, que el día 11 había ofrecido los primeros mártires del actual período constitucional, el precio que se pagó y algunos cobraron para lograr el desacato militar al Presidente. La insólita estupidez de su decreto inicial creó a su alrededor el verdadero “vacío de poder” de esos días. Los errores fueron obvios y de bulto, como prefigurar la restauración de Carlos Andrés Pérez con el protagonismo de Daniel Romero, su asistente y representante. (Mandado por Carmona dio el primer discurso del gobierno golpista leyendo el monstruoso decreto número uno, y fue designado nada menos que ¡Procurador General de la República! Zamuro cuidando carne).

Pero si se había dado esa conspiración era porque Chávez la había suscitado, alimentado y preparado incesantemente desde que asumió el poder. Un cuento de Enrique Jardiel Poncela—en “Para leer mientras sube el ascensor”—narra cómo dos camaradas acuerdan aceptar una apuesta propiciada por uno de ellos. Para demostrar que en la naturaleza más apacible puede anidar dormida la violencia, uno de los amigos apuesta a que será capaz de desatar la ira de dos tranquilos viejecitos que conversan en un banco tras la reja de un parque. Cuando su incrédulo amigo acepta que el experimento se realice, el cínico comienza a increpar a los impasibles ancianos: “¡Eh, fieras!” Después de dos páginas o más de la descripción del proceso—una larga y molesta secuencia de irritación, a pesar de muy repetidas amabilidades de parte de los abuelos que deseaban eludir el conflicto—la baba salta ya de las alocadas bocas de los viejos, que desbordados en su ecuanimidad, prorrumpen en rugidos y amenazas, aferrados como con garras de la verja.

El más generoso recuento de la actuación de Chávez Frías entre el 2 de febrero de 1999 y el 11 de abril de 2002 registrará una nutrida serie de abusos, irrespetos, amenazas, provocaciones y agresiones que produjeron tanto el rechazo mayoritario a su gobierno como el golpe de Estado que afectó gravemente, con su totalitarismo y su incompetencia, la lucha libertaria del pueblo. Chávez sembró los vientos de esa tempestad, como siembra ahora el árbol del que su cuerpo pudiera pender. Prácticamente todos los considerandos del decreto del 12 de abril tienen fundamentación cierta y reiterada.

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Las lecciones del 11 de abril no han sido aprendidas completamente, ni por el gobierno ni por la oposición institucionalizada, léase la Coordinadora Democrática y su muy minoritario competidor el Bloque “Democrático”.

Si nos limitásemos sólo a la anteriormente mencionada lista de firmantes del terrible decreto de Carmona Estanga, es incomprensible cómo algunos entre ellos ejercen protagonismo—mayor o menor—sin que sus respectivas organizaciones puedan o quieran moderarlo.

Por ejemplo, Alejandro Peña Esclusa aparece—poco sorprendentemente, quizás—en la lista de “Analítica”, siendo como es uno de los más notorios directivos del llamado Bloque Democrático. (Estuvo entre los primerísimos proponentes del paro cívico como modo infalible de salir de Chávez y exigía que se lo declarara antes de la asunción de Lula en Brasil, pues después de este hecho ya nunca nos sería posible desembarazarnos del primero). Otro candidato a la reincidencia gubernativa en el Táchira, Sergio Omar Calderón, igualmente firmó el monstruoso texto. Pablo Medina y Gonzalo Pérez Hernández, con asiento en la Coordinadora Democrática, son signatarios de la estupidez.

A un nivel más general, uno consigue directivos del Frente Institucional Militar, como Rafael Huizi Clavier, o el de precandidatos presidenciales, como es el caso de Américo Martín, quien “nos representó” en la ya olvidada Mesa de Negociación y Acuerdos.

En cambio reviste mayor actualidad el caso de Alberto Quirós Corradi—según “Analítica” uno de los avalistas solidarios y principales del trágico decreto—puesto que ahora “nos representa” en la negociación de las condiciones bajo las que se aceptaría un abuso inconstitucional e ilegal del Consejo Nacional Electoral en contra nuestra. (Pocos días después del regreso de Chávez al poder escuchábamos a Quirós descartar la importancia que pudiera tener que no existiera renuncia firmada por Chávez, en ocurrencia de pretensión humorística pero de histórico desconocimiento, al preguntar en falaz retórica si es que alguien vio alguna vez la renuncia firmada por Emparan).

¿Qué señales pueden cruzarse entre las neuronas de unos ciudadanos que no recordamos que la Coordinadora Democrática haya alguna vez hecho una clara y rotunda condena de la fallida aventura de Carmona Estanga? ¿Cómo puede querer una organización que no se le tenga por golpista cuando permite el protagonismo de quienes avalaron el perverso e incompetente decreto del 12 de abril?

En más de una interpretación de los últimos años de nuestra política se acostumbra a destacar dos graves “equivocaciones de la oposición” (de sus dirigentes institucionalizados, más bien): el paro suicida de diciembre-febrero de 2002-2003 y el “carmonazo”. (La “carmonada”, en preferencia terminológica de Rafael Poleo). No se resalta igualmente un error gravísimo: la ausencia del más explícito deslinde y la más inequívoca condena de ese golpe de abril, que cogiera como en descampado a la diplomacia de Bush y de Aznar.

A casi dos años de la tragedia hay muchas cosas no sabidas de la verdad de esos días. Algunas sí lo son. Las conocen gobiernos y personas. Existen en los archivos digitales, y parece ser que no es sólo el Vicepresidente de la República quien desprecia lo virtual. (Y lo virtuoso).

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