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Después del grande y súbito descrédito encajado por el gobierno en los días que siguieron a los acontecimientos del 27 de febrero de este año, que lo mostraron como practicante de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el rédito político del régimen se ha vuelto exiguo o, más bien, francamente negativo.

Porque a continuación de esos días recibió el golpe certero de los sabios dictámenes de la Sala Electoral—la Sala de los Electores—contra los manejos del Consejo Nacional Electoral y su Sala Constitucional, que abrieron una verdadera tronera en los muros del asediado castillo gubernamental. La tronera sigue abierta, y el desenlace tribunalicio se espera con segura pérdida para el gobierno.

Y he aquí que un hecho aparentemente aleatorio, doloroso por lo demás, ha perforado de nuevo el ya tenue disfraz democrático del régimen. Las quemaduras inhumanamente inflingidas a ocho jóvenes soldados en el Fuerte Mara de Maracaibo, con su letal secuela, han actuado como revulsivo nacional y, muy especialmente, al interior de la Fuerza Armada.

Por si fuera poco la pérdida de la vida de uno de los soldados y el daño físico y psicológico prácticamente irreparable a siete otros servidores del Ejército, se le ocurrió al mentiroso mayor despreciar el terrible episodio como accidental y como sin importancia. Según la evaluación de Chávez Frías, nuestros soldados habían sufrido, por culpa de su imprudencia, tan sólo heridas leves. Al día siguiente de vocear esa nueva patraña—la única posible, pues todavía Pedro Carreño no ha atinado a inventar que las quemaduras fueron inflingidas por la Coordinadora Democrática—moría Orlando Bustamante, uno de los desgraciados compatriotas encerrados y torturados en la celda de castigo.

Es así como, el mismo día cuando se conocía el dictamen que devolvía su libertad plena a Carlos Melo, a continuación de la medida de anulación de la orden de captura contra Capriles Radonsky, el gobierno se veía forzado a sacrificar la figura de Jesse Chacón como Goebbels del régimen. Con la mayor humildad puso “su cargo a la orden”.

El profesor Antonio Cova compuso un brillante análisis de la situación del régimen por los días de los desórdenes que sucedieron a la represión brutal del 27 de febrero de este año, para mostrar cómo era que el gobierno estaba sostenido—el propio Napoleón Bonaparte diría que se trata del más precario de los apoyos—sobre la punta de las bayonetas. Cova predijo: en cuanto la fuerza armada cobre cabal conciencia de que ella es el único sostén del gobierno pasará su factura. Y Jesse Chacón es el primer ítem de ese efecto de cobro. Hay quien sostiene que el general Baduel no está plenamente satisfecho con el sacrificio de Chacón y está exigiendo un recargo en la factura. Algunas piezas andan flojas. Por de pronto la “Defensoría del Pueblo”—por primera vez en su infausta existencia—ha reconocido que hubo heridas graves causadas en el incidente. Hasta Mundaraín, pues, sabe que hay rayas que no deben ser cruzadas.

Naturalmente, no es que Chacón dejará de cumplir un papel crucial en el estado mayor de la revolución bolivaroide. Como otros que son ocultados por conveniencia—Rodríguez Chacín es un caso particularmente notorio—continuará formando parte del comando estratégico de la muy fea revolución. Y no faltará quien asegure—así lo establece el razonamiento paranoico de cierta oposición—que la salida de Chacón es una movida más en el artero plan general del gobierno. Esto es, se interpretará torcidamente que todo fue planeado por Chávez. Por la época del gobierno de Rómulo Betancourt (1959-63) era usual conseguir analistas espontáneos que ofrecían la siguiente interpretación: todos los acontecimientos políticos del período—ruptura con Castro, los focos guerrilleros, el Porteñazo, el Carupanazo, hasta el atentado en contra de su persona—habrían sido, si no planeados por él, al menos permitidos o auspiciados desde el gobierno para obtener ganancia con el rebote de alguna alambicada carambola .

Y es que, en su línea de mayor descaro, el gobierno de Chávez ha ofrecido a los venezolanos la política de la insolencia. Es como si dijera: “Sí, soy reincidente y cínico violador de los derechos humanos. ¿Y qué?” Como si le resultase funcionalmente útil ser tenido por criminal.

Pero la verdad es que con la tragedia de Fuerte Mara el gobierno ha sido herido de muerte. La oposición institucionalizada ha olido la sangre, y así han salido sus voceros en coordinada insistencia sobre un rasgo definitorio del régimen: el empleo de la mentira como política de Estado.

Del lado más grueso del proceso, los hechos que demuestran que no todo el Poder Judicial se pliega a los designios del teniente coronel (en situación de retiro) son la señal de que por todo el país hay una operación de enjambre: la contención del régimen de Chávez. Más allá de la contención, sin embargo, es necesario ejecutar la superposición. La mera oposición no es suficiente.

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