Cartas

A comienzos de la década de los ochenta el Grupo Roraima—una asociación formada por destacados empresarios jóvenes—tomó su denominación del Edificio Roraima, donde se reunía. (En las oficinas de Luis Augusto Vegas Benedetti). Seguía de este modo la tradición del llamado “Grupo Karam”, que celebraba sus reuniones en el edificio del mismo nombre veinte años antes que los jóvenes del Roraima. A las reuniones del Grupo Karam asistían los líderes empresariales de la época: Eugenio Mendoza Goiticoa, Gustavo Vollmer Herrera, Oscar Machado Zuloaga, Pedro Tinoco h., el presidente de la Creole Petroleum Corporation, el presidente de la Compañía Shell de Venezuela, etcétera.

Era el comienzo de la democracia en Venezuela, así como también el arranque de un impulso a la industrialización. El gobierno de Rómulo Betancourt había emprendido una reforma agraria, pero también un vigoroso programa de financiamiento a la industria local, bajo el concepto de sustitución de importaciones que administraban el Ministerio de Fomento encabezado por Lorenzo Fernández y la Corporación Venezolana de Fomento que presidía Luis Vallenilla. (El mismo chavista aristocrático del affaire CAVENDES).

El país era, todavía, institucionalmente simple. El Grupo Karam no necesitaba un salón particularmente grande para reunir a los factores determinantes del empresariado nacional. En 1962 estaba muy preocupado con la emergencia de focos guerrilleros en Venezuela y la posibilidad de una instauración del castrismo en el país, vista la actividad exportadora emprendida por el régimen cubano y la gestión foquista de su principal ejecutivo itinerante: Ernesto “Che” Guevara.

En ocasiones asistían a las reuniones en el edificio Karam personas que no formaban parte del círculo principal. A fines de 1962 un mediano empresario—reservamos el nombre—propuso al Grupo Karam el financiamiento de grupos paramilitares que pudieran combatir directamente contra las guerrillas de izquierda, que el año anterior habían aflorado por los lados de La Azulita, en el estado Mérida, y ya se encontraban dispersas en varios puntos del territorio nacional. Pedro Rafael Tinoco hijo tomó entonces la palabra, y con su episcopal parsimonia enterró la peregrina proposición con una sola y sencilla, pero definitiva, declaración: “El monopolio de la violencia legal pertenece al Estado. Eso no es asunto de particulares. Lo que la empresa privada debe financiar es la iniciativa de desarrollo social, para eliminar el subdesarrollo que es el caldo de cultivo del castro-comunismo”.

Así se logró neutralizar la radical y violenta idea del proponente de acciones paramilitares en Venezuela, y los años sesenta fueron la década de oro de la inversión social empresarial venezolana. El episodio ilustra, no obstante, cómo es que siempre hay cabezas para cada cosa y, en particular, para esquemas de violencia armada de uno y otro signo.

No es, por tanto, algo totalmente nuevo un esquema como el debelado por el gobierno con la aprensión de paramilitares de origen colombiano en la zona de La Mata, al sur de El Hatillo. Sólo que ahora el gobierno, con gula evidente, se da banquete con este plato servido por la estupidez radical.

Obviamente no disponemos de información fidedigna respecto de los detalles de la conspiración. En un país en el que los civiles, como Capriles Radonski, no pueden conocer los expedientes en su contra hasta que no consienten en alojarse en los sótanos de la DISIP, menos aún pueden saberse los datos que procesan los fiscales militares en el caso de la finca Daktari. Podemos, sin embargo, suponer que es bastante posible que esta vez el gobierno tenga en sus manos un caso real de crimen contra la seguridad del Estado.

Robert Alonso, cubano por nacimiento, el dueño de la finca comprometida, exhibe rasgos caracterológicos que hacen muy creíbles los alegatos gubernamentales. Anticastrista furibundo, está convencido de que combate a Castro al luchar contra el gobierno de Chávez. A un año de los sucesos de abril de 2002 todavía ofrecía una solución: preparar acciones de calle que provocaran al gobierno y le impulsaran a ordenar la ejecución del “Plan Ávila”, lo que causaría unos cuantos muertos que, en principio, debían llevar a la misma situación del 11 de abril. Y la segunda vez ya no habría equivocaciones como las cometidas por el blandengue de Carmona.

De avasallante discurso, pretendía asentar su “autoridad” para prescribir el remedio descrito sobre su trayectoria personal de inveterado luchador antifidelista. Decía sin tapujos que había combatido en Angola contra tropas cubanas y que en alguna ocasión había formado parte de un grupo que tuvo por misión asesinar a Fidel Castro. Creía un honor ser reconocido por persona que sostuvo nexos operativos con la CIA norteamericana. Procuraba causar el horror de sus oyentes con dramáticas descripciones de la crueldad del G2 cubano y los soldados que Castro había enviado a África. Y siempre procuró desacreditar esfuerzos de signo pacífico en el esfuerzo por salir del gobierno chavista. Él no veía otro camino que la violencia.

En esta impresión coincide con la interpretación de Carlos Andrés Pérez, quien se empecina en ignorar el ejemplo de Nixon, que guardó prudente y no poco digno silencio luego de su defenestración. Pérez no sabe callarse, y la semana pasada había declarado a Radio Caracol de Colombia que sólo la violencia podía dar al traste con el régimen chavista. El lunes de esta semana, luego de conocido el apresamiento de los paramilitares, insistió: “Es que Chávez ha rechazado todas las salidas pacíficas que se le han presentado, de manera que ya no queda más que el último recurso: la violencia. No es que yo sea partidario de la violencia, sino que no hay otro camino para salir de Chávez. Un Caracazo no se presentará, pero inevitablemente habrá muertos como en toda acción armada”. (Nota de Associated Press del 10 de mayo sobre nuevas declaraciones de Pérez a la Cadena Caracol). Es decir, ya Pérez considera colmadas las exigencias de Santo Tomás de Aquino para emprender una “guerra justa”.

Así que Alonso ostenta el perfil psicológico que le podría llevar a intentar operaciones como las que el gobierno ha descubierto. En meses recientes se autoproclamaba el único inventor de la “guarimba”, y manifestaba no poco desagrado ante lo que percibía como intentos por robarle su paternidad, cosa que debía inscribirle en la historia como el salvador de los venezolanos. Su producto era el único verdadero. “No acepte imitaciones”. Tal vez consentiría más adelante en permitir el establecimiento de franquicias, pero siempre bajo su control de propietario.

Su radicalidad le llevó a afiliarse al Bloque Democrático, organización que le recibió con los brazos abiertos. A fin de cuentas, su prédica coincidía con la dirección emprendida por el grupo, el que parecía más interesado en combatir a la Coordinadora Democrática que al propio gobierno. (El reciente reto a debatir que Alejandro Peña Esclusa ha lanzado a Teodoro Petkoff es la manifestación más reciente de esta tendencia).

Pero el Bloque Democrático ha sabido reconocer la gravedad del asunto. Por esto ha emitido un comunicado en el que afirma: “Las asociaciones civiles que pertenecen al Bloque Democrático siempre han rechazado la presencia de fuerzas armadas de otras naciones en Venezuela, ya sean milicianos cubanos, guerrilleros colombianos, células fundamentalistas, paramilitares de cualquier nacionalidad e, incluso, ‘cascos azules; puesto que hemos dicho reiteradamente que la crisis nacional debe ser resuelta única y exclusivamente por los venezolanos. La presunta presencia de paramilitares colombianos en una finca ubicada cerca de Caracas o en cualquier otra región del país, no tiene nada que ver con el Bloque Democrático. No descartamos que, aunque el hecho puntual de la presencia de paramilitares colombianos tenga visos de realidad, se trate de una maniobra orquestada por el Régimen a través de infiltrados en la Oposición”. Es decir, se cuida de negar la veracidad del hallazgo de los cuerpos de seguridad.

También han reconocido que lo de los paramilitares de Daktari no es un invento chavista el gobierno colombiano—”nos alegra muchísimo que las fuerzas de seguridad venezolanas hayan capturado el domingo a gente que está o pretende delinquir allá”, dijo el Vicepresidente de Colombia—y el Centro Carter: “…condena de manera enérgica la presencia de todo tipo de contingente irregular o paramilitar, así como el uso de la fuerza con fines políticos”. El gobierno norteamericano ratificó su repudio a “todos los intentos violentos y extra constitucionales que amenacen la democracia venezolana”. La Organización de Estados Americanos se expresó en el mismo sentido.

El gobierno sabe, por tanto, que tiene en sus manos un bocado de cardenal al que, por supuesto, le va a sacar hasta la última gota de jugo. Por eso emplaza, con aires de magnanimidad, a la “oposición democrática” para que se le una en la más enérgica de las condenas a la presencia de militares colombianos en nuestro país. Y mientras la mayoría de los dirigentes de la oposición y buena parte de los medios de comunicación insistan en presentar el asunto como invención o montaje gubernamental, el gobierno seguirá cobrando dividendos políticos aquí y en el exterior.

Por ejemplo, El Universal del lunes pasado reportaba: “El presidente de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, considera que la detención de 79 presuntos paramilitares colombianos es una ‘novela’ en la que participan no sólo el presidente Hugo Chávez sino también ‘su reparto’, entre quienes se encuentra el ministro de la Defensa, Jorge Luis García Carneiro”.

Y también: “El portavoz de la Coordinadora Democrática, Jesús Torrealba, dijo que la detención de los presuntos paramilitares colombianos en la madrugada del domingo es un montaje destinado al consumo exterior”.

Y también: “El dirigente del Bloque Democrático, Alejandro Peña Esclusa, respondió que la intención de la operación es involucrar a la oposición para perseguir a sus líderes y preparar la aplicación de un Estado de emergencia”.

Y también: “El líder del grupo opositor Frente Militar Institucional—formado por oficiales retirados—, Rafael Huizi Clavier, dijo que la detención de los ‘paras’ es una operación de ‘inteligencia montada para desaparecer de la escena política a figuras de la oposición'”.

Y también: “Alvarenga considera que ‘lo que ocurrió en el día de ayer fue un mal montaje'”.

Y también: “El presidente del Movimiento Al Socialismo, Felipe Mujica, considera la captura de presuntos paramilitares como una ‘patraña del Gobierno para desnaturalizar la lucha de la oposición por alcanzar el revocatorio'”.

Y también (Globovisión): “César Pérez Vivas, vocero del partido Copei, señaló que la denuncia de los paramilitares responde a un ‘show político y propagandístico’ cuyas motivaciones se desconocen”. “El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, señaló que es necesario salirle al paso a lo que calificó como una maniobra del gobierno”. Poco antes de ser apresado Henrique Capriles Radonsky pudo declarar que: ” no cree en ‘paramilitares sin armas’. Calificó de ‘show’ la actuación de los cuerpos de seguridad nacional, en la detención de un grupo de presuntos paramilitares colombianos”.

Etcétera. Por fortuna, dos voces sensatas dijeron lo que había que decir. Enrique Mendoza atinó a declarar acertadamente: “No hemos pretendido, no pretendemos ni vamos a aceptar la salida del señor Presidente por un acto de fuerza, de lo que se ha llamado vulgarmente golpismo, cosa que él sí ejerció contra un presidente constitucional”. Y, según reportó Unión Radio, “Pompeyo Márquez, durante una rueda de prensa desde la Quinta La Unidad, ratificó que el pueblo venezolano sacará este régimen del poder por medio de los votos. ‘La oposición democrática no cree en atajos o salidas violentas. Todo factor o individualidad que coquetee con esas opciones está fuera de la Coordinadora Democrática’, advirtió”.

La mejor manera de disminuir el rédito político que el caso Alonso está reportando al gobierno es, en efecto, condenar de manera inequívoca aventuras violentas como la que ha sido debelada. Condenar la “carmonada”, condenar los llamados a golpe. Sin regateo. La consigna correcta es: “No a Chávez; no al golpismo”.

A corto plazo el gobierno está ganando con este caso y, naturalmente, lo explotará golosamente. A mediano plazo el incidente puede hacer mucho bien a la oposición, siempre y cuando aproveche el momento para cortar nítidamente cualquier vinculación con los sectores más radicales e irracionales que, presentándose como los dueños de la valentía, no son otra cosa que imagen especular del chavismo violento. De ser así, el affaire Daktari habrá sido una bendición.

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