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No es secreto para nadie que la dinámica más resaltante en la política venezolana de hoy es la que se iniciara el 18 de noviembre con el atentado al fiscal Anderson y sus secuelas, incluyendo muy especialmente las numerosas actuaciones policiales del gobierno en busca de culpables. No es la única, por supuesto. Como es característico de su estilo estratégico, el gobierno desata ataques simultáneos sobre distintos puntos: una ley para controlar los medios radiotelevisivos que en su tiempo de periodista habría rechazado José Vicente Rangel (como consta de sus escritos); un recurso de revisión de la sentencia en Sala Plena Accidental del TSJ que absolviera al general Vásquez Velasco et al.; citaciones al por mayor; nombramiento de supremos jueces; etcétera.

Por lo que respecta a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, diversos factores externos—incluyendo Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—han expresado grave preocupación y reserva, pero internamente ha sido imposible, a una oposición pulverizada y pendiente del barrage de actuaciones de la Fiscalía General de la República y los cuerpos policiales, impedir la aprobación del nuevo y estratégico mecanismo de control. Por esto ha surgido la idea de intentar un referendo abrogatorio, al menos parcial, de la ley.

Aquí habría que preguntarse si la susodicha ley cuenta con un apoyo mayoritario en la ciudadanía. Me temo que éste es el caso, por lo que los promotores de un hipotético referendo abrogatorio tendrían no sólo que convocarlo (con el apoyo de 10% de los electores), sino que convencer a los ciudadanos de la inconveniencia de la ley. Esto es ¿estamos seguros de que una mayoría nacional rechaza la susodicha ley? ¿No estará una mayoría a favor de la misma, así como nos asegura Luis Vicente León que todas las encuestas actuales muestran un apoyo mayoritario al gobierno y tal como todas las encuestadoras serias predijeron un triunfo gubernamental el 15 de agosto? En 1995 se celebraba en los predios de la Universidad Católica Andrés Bello el II Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, dedicado al tema Medios de Comunicación y Responsabilidad Ciudadana. En sus actas consta cómo un cierto manifiesto, firmado por más de seis mil ciudadanos valencianos y presentado al evento, concluía ya para esa época con la siguiente recomendación: “Corresponde al Estado velar por el resguardo de la integridad individual de sus ciudadanos y, en tal sentido, exhortamos al Ejecutivo Nacional a ejercer un verdadero control, dirección y vigilancia de las concesiones e impedir aquellas formas de expresión que transmiten imágenes reñidas con la moral colectiva, bajo la falsa premisa de una ilimitada libertad de expresión”.

En cuanto al festín policial de estos días, tampoco han servido de mucho las lúcidas voces que han protestado los evidentes excesos y la violación de procedimientos legales. Entre las más claras advertencias ha estado la del Dr. Hermann Petzold-Pernía, que desde el diario La Verdad de Maracaibo ha recordado una certera admonición de Benjamín Constant: “El pueblo no tiene el derecho de golpear ni a un solo inocente, ni de tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. Él no puede, pues, delegar un derecho semejante en nadie. El pueblo no tiene derecho a atentar contra la libertad de opinión, contra la libertad religiosa, contra las salvaguardas judiciales, contra las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea puede, por consiguiente, ejercer un derecho semejante, diciendo que el pueblo lo ha revestido con éste (…). Pues se arroga, en nombre de la soberanía del pueblo, un poder que no está comprendido en esa soberanía, y no es solamente el desplazamiento irregular del poder lo que existe, sino la creación de un poder que no debe existir”.

Es verdaderamente lamentable que el evento Anderson parezca haber destruido un cierto germen de buenas intenciones surgidas en el gobierno justo después de las elecciones del 31 de octubre. Seis días antes del asesinato horrendo del fiscal caballito de batalla, decía Hugo Chávez a los alcaldes y gobernadores “del proceso”, reunidos en el teatro de la Academia Militar: “No nos creamos dueños de la verdad. El sectarismo es uno de nuestros males, es una de las amenazas que llevamos nosotros por dentro. En vez de condenar a los que votaron por el Sí hay que convencerlos”. Pero su policía no convence.

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