Cartas

Del 5 de marzo de 2002: “Crece la oposición al presidente Chávez. Una encuesta de opinión del mes pasado muestra que 53% de los venezolanos desea que Chávez salga de la Presidencia, en comparación a 36% de agosto pasado. Las peticiones de renuncia por parte de funcionarios públicos y líderes empresariales se han hecho cotidianas. Incluso algunos de los antiguos aliados de Chávez le dan la espalda. Luis Miquilena, mentor político de Chávez y antiguo ministro del Interior, está trabajando con grupos de oposición para tratar de persuadir a Chávez de que renuncie. Los militares también están divididos en el apoyo a Chávez. El alto mando apoya públicamente al presidente… (fragmento suprimido) Un golpe exitoso sería difícil de montar”.

Del 11 de marzo de 2002: “Hay signos crecientes de que líderes empresariales y oficiales militares venezolanos están volviéndose insatisfechos con el presidente Chávez, y él está claramente preocupado y trata de moderar su retórica. La oposición tiene todavía que organizarse en un frente unido. Si la situación se deteriora ulteriormente y las manifestaciones se tornan aún más violentas, o si Chávez intenta una jugada inconstitucional que aumente sus poderes, los militares pudieran moverse para derrocarlo”.

Del 1º de abril de 2002: “El presidente Chávez confronta una fuerte oposición continuada de parte del sector privado, los medios, la Iglesia Católica y partidos de oposición enardecidos por un conjunto de leyes que decretara en diciembre. Reportes sugieren que oficiales militares descontentos están todavía planeando un golpe, posiblemente para comienzos de este mes. Un intento de golpe arriesgaría violencia considerable y una represión severa de Chávez sobre cualquier oposición doméstica”.

Del 6 de abril de 2002: “Las condiciones maduran para un intento de golpe. Facciones militares disidentes, incluyendo algunos oficiales molestos de alta graduación y un grupo de oficiales radicales jóvenes, están acelerando esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez, posiblemente tan pronto como este mes… (fragmento suprimido). El nivel de detalle de los planes reportados —(fragmento suprimido) …tiene como blanco de arresto a Chávez y 10 otros altos funcionarios—da credibilidad a la información, pero contactos militares y civiles hacen notar que ningún grupo está listo para dirigir un golpe exitoso y éste pudiera estropearse si se mueven demasiado rápido. Grupos civiles opuestos a las políticas de Chávez, incluyendo a la Iglesia Católica, grupos empresariales y de trabajadores, retroceden ante intentos de involucrarlos en la conspiración, probablemente para evitar mancharse con una acción inconstitucional y por temor de que un golpe fallido pudiera fortalecer a Chávez… (fragmento suprimido). Las perspectivas de un golpe exitoso son en este momento limitadas. Los conspiradores todavía carecen de la cobertura política para escenificar un golpe, la base de apoyo duro a Chávez entre los venezolanos pobres permanece intacta y las repetidas advertencias de que los Estados Unidos no apoyarán ninguna acción inconstitucional para sacar a Chávez probablemente hayan frenado a los conspiradores. Chávez vigila a sus oponentes dentro y fuera de los militares. (fragmento suprimido) Para provocar una acción militar, los conspiradores pueden tratar de explotar el descontento que surja de manifestaciones de la oposición programadas para más adelante en el mes o de huelgas en curso en la compañía petrolera estatal PDVSA. Empleados de PDVSA comenzaron una huelga el jueves en instalaciones de 11 de los 23 estados, como parte de una protesta en escalada contra los esfuerzos de Chávez por politizar PDVSA. Huelgas prolongadas, en particular si tienen el apoyo de los sindicatos de obreros petroleros, pudieran desencadenar una confrontación”.

La información citada en los párrafos precedentes proviene de facsímiles de Informes Ejecutivos “Senior” de Inteligencia (Senior Intelligence Executive Briefs) producidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act, FOIA) tan comprometedores informes están ahora disponibles al público, luego de que fuesen “liberados”—con algunas supresiones—en octubre de este año. Los documentos de este tipo son circulados regularmente entre altos funcionarios (unos 200) del gobierno norteamericano, antes de ser devueltos a la CIA.

La ley estadounidense fue promulgada inicialmente en 1966. Treinta años más tarde fue enmendada para obligar a las agencias gubernamentales a ofrecer información ya declasificada ¡por Internet! Es ley de una sociedad peculiar, que ya dio por tierra con el segundo gobierno de Richard Nixon, obligándole legalmente a entregar información de alta sensibilidad: las famosas grabaciones magnéticas en las que quedasen registradas sus instrucciones para el espionaje al Partido Demócrata en el ya arquetípico caso Watergate.

Esta misma ley sirve ahora a los propósitos de Hugo Chávez. Una joven abogada norteamericana de 34 años, Eva Golinger, ha hecho las solicitudes pertinentes a la CIA, amparándose en la ley, y tan poderosa agencia no ha tenido más remedio que entregar los documentos. La Srta. Golinger percibe honorarios del gobierno venezolano.

Un artículo de la Srta. Golinger—The Proof is in the Documents: the CIA was involved in the coup against Venezuelan President Chavez—pretende haber probado con los documentos liberados por la CIA que este organismo o algún otro del gobierno de su país estaba involucrado en el golpe, a pesar del disclaimer que señalaba (6 de abril de 2002): “las repetidas advertencias de que los Estados Unidos no apoyarán ninguna acción inconstitucional para sacar a Chávez”. Para la abogada Golinger esta salvedad no sería otra cosa que un acto de hipocresía, deliberadamente plantada en el informe en cuestión para guardar las espaldas de los Estados Unidos; para curarse en salud, pues. En un tribunal norteamericano, sin embargo, parte del mismo sistema legal que incluye la FOIA, este particular alegato de la Srta. Golinger sería desechado como mera especulación. (El artículo puede ser leído enteramente en http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/082106_proof_documents.shtml).

Lo que sí es obvio es que el gobierno norteamericano estaba enteradísimo de los preparativos de un golpe contra Chávez, incluyendo de la intención de arrestar a éste y a una decena de sus más cercanos colaboradores. Los documentos no hablan de provocar un “vacío de poder”, sino de un golpe y una conspiración y unos conspiradores con todas sus letras. Claro, también dan cuenta de la opinión norteamericana sobre la ineptitud de los golpistas.

¿Estaban obligados los Estados Unidos a alertar al gobierno venezolano acerca de las circunstancias que conocían con suficiente antelación? La pregunta puede dar para todo un seminario teológico-moral. Lo cierto es que no lo hicieron, y que cuando Ari Fleischer, por la Casa Blanca, y Philip Reeker, por el Departamento de Estado, comentaron el 12 de abril de 2002 sobre los acontecimientos en Caracas, se hicieron los suecos (con perdón de los súbditos de Carl XVI Gustaf) respecto del golpe que conocían de antemano.

Es muy claro que a los Estados Unidos no les gusta Hugo Chávez—desde hace tiempo y además con razón—como el canciller español Miguel Ángel Moratinos ha dicho hace poco que tampoco gustaba al gobierno de José María Aznar. En pocos días, por tanto, dos situaciones embarazosas han afligido a estadistas españoles y norteamericanos. Para España se trata de un gobierno ido; para los Estados Unidos es un gobierno reelecto y en funciones el que es cuestionado. Un representante del Partido Demócrata por Nueva York, José Serrano, ha exigido un examen detallado de los aportes del National Endowment for Democracy (NED) a organizaciones venezolanas, punto que también ocupa buena parte de la atención de Eva Golinger. En una declaración de prensa (8 de diciembre) Serrano, el Demócrata de mayor rango en el subcomité de los Representantes que autoriza el presupuesto del Departamento de Estado y el NED, fustigó a su gobierno por haber sido “descaradamente engañoso cuando negó saber acerca de amenazas de golpe y desestimó el papel jugado por oficiales militares disidentes en la ejecución del golpe contra el presidente Chávez de Venezuela el 11 de abril de 2002”.

Por ahora George W. Bush parece tan firmemente atornillado en el poder como Hugo Chávez, pero ¿quién sabe? Tal vez un país tan especial como los Estados Unidos encuentre a la vuelta de unos meses alguna razón para enjuiciarle (impeachment), quizás con ayuda de la FOIA.

Lo cierto es que los Estados Unidos, que son tan admirable democracia hacia adentro, que son una fuerza civilizatoria neta para el mundo, no se comportan consistentemente con ese rasgo cuando hacen política exterior. Por ejemplo, al retirar ayuda a aquellos países que, como Venezuela, no quieren ofrecerles carta blanca y eximirlos en materia de crímenes de guerra que pudieran sentar a funcionarios suyos como reos ante el Tribunal Internacional de La Haya. Serrano ha expresado la siguiente advertencia: “Estoy comprometido a exigir responsabilidad de esta administración, y a asegurar que sostenemos los más altos estándares de democracia e instituciones democráticas cuando interactuamos con otras naciones”.

Cuando una Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia desestimó la acusación de rebelión militar que pesaba sobre Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez Pérez y Daniel Lino José Comisso Urdaneta, también se curó en salud. La decisión del 14 de agosto de 2002 se limitó a decir que, sobre la base de las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República, no estaba probado que tan altos oficiales hubieran incurrido en el delito de rebelión militar tipificado en el ordinal 1º del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar. Pero la ponencia redactada por Franklin Arriechi también dijo: “A pesar de que el Fiscal no achacó expresamente a los imputados lo relativo a la constitución de un gobierno provisorio, por lo cual su consideración es ajena a esta decisión, el mundo sabe que el 12 de abril de 2002, después de que el general en Jefe anunciara la renuncia del Presidente, un grupo de militares entre los cuales se encontraba el coimputado general Efraín Vásquez Velazco, anunció el nombramiento del Dr. Ramón Carmona Estanga como Presidente interino o provisional de una junta de gobierno. También es sabido que esta persona, la tarde de ese día prestó juramento e hizo público un Decreto por el cual asumió la presidencia de la nación, destituyó a los componentes de los poderes públicos y cambió el nombre de la República, entre otras cosas”.

Y afirmó también: “De tal manera que, a pesar de que la Sala considere inaceptable el que alguien se arrogue la facultad de designar a un Presidente, tampoco puede concluir en que ese nombramiento encaje dentro de la descripción hecha en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar que, se ratifica una vez más, constituyó la única imputación fiscal formulada en la querella. En cuanto a la juramentación de Ramón Carmona Estanga y al Decreto que hizo público, se debe recordar que las responsabilidades son personales y que únicamente a quien se hizo autor se le puede responsabilizar de ello”.

Esto es, Isaías Rodríguez no hizo bien su tarea y ahora pretende ir a examen de reparación. Hubo golpe, le dijo el defenestrado Arriechi, pero no lo probaste. LEA

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