Cartas

En casa sólo dispongo del Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, editado para la Real Academia Española por Espasa-Calpe. La versión que me regalaran en Maracaibo corresponde a la cuarta edición revisada, de 1989, y “tiene como base fundamental el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, vigésima edición, Madrid, 1984”. Ese volumen me informa que, al menos para esa fecha, podía entenderse por “perdonavidas” al “Baladrón que ostenta guapezas y se jacta de valentías o atrocidades”. Quise buscar la definición exacta justamente luego de que terminara de escuchar al presidente Chávez decir—el martes pasado—que “el Estado” pagaría las expropiaciones de terrenos urbanos ociosos según el Estado “pudiera”, por ejemplo con un documento que se cobrase a él en 2030, con aires de perdonavidas, pues más tarde sugirió con magnanimidad fingida que a cada quien se le reconocería y se le pagaría en dos o tres cuotas. En mi castellano no académico creía que un perdonavidas era un guapo, un matón que de vez en cuando perdonaba, con lo que reforzaba la imagen de su poder.

Luego, como es natural, quise estar seguro del significado de “baladrón”, y allí mismo hallé: “Fanfarrón que, siendo cobarde, blasona de valiente”. Y para estar el triple de seguro busqué “fanfarrón”: “Que se precia y hace alarde de lo que no es y en particular de valiente”.

Es muy fácil jactarse desde el poder. Es muy fácil ser valiente desde una posición de fuerza. Como Sucre nos enseñara, del triunfo lo que debe desprenderse es suavidad, y hay personas para las que esa conducta es imposible.

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Chávez no dice las cosas por nada. Cuando se le señala que más de la mitad de las tierras agrícolas ociosas son del Estado entonces contesta que sí, que justamente las tierras son del Estado, porque precisamente el territorio es del Estado, y que si el territorio está exactamente formado por las tierras, entonces cabalmente las tierras son del Estado.

Esto no es un comentario casual. No en quien sostiene que ser rico es malo. En quien rehúsa escuchar quejas laborales y populares y cree superarlas presentándolas como comportamiento capitalista y por consiguiente revolucionariamente indebidas. Ni siquiera las cooperativas deben arrojar ganancias. Para Hugo Chávez todo lo apropiable es, en el fondo, del Estado.

Por eso es que la Constitución ya no le sirve: es una constitución moribunda más. Un papel no puede ser superior a una voluntad, pero para superar un papel constitucional se requiere una voluntad de héroe. El héroe es el Estado, y él fijará su propia constitución. Chávez no se piensa a sí mismo como poder constituido, sino como poder constituyente. Así se presentaba ya una mañana de enero de 1999 en La Viñeta, cuando sostuvo que él tenía poderes constituyentes. Poco después pretendería preguntar a la ciudadanía si le daba poderes totales en cierto tema constituyente—”¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?”—y su difunto corifeo Omar Meza explicaba en Sartenejas que la ley habilitante, que por esos días se discutía, tenía el mismo propósito que la constituyente: darle todos los poderes a Hugo Chávez.

Pero ¿qué ha representado para el país que Chávez sea plenipotenciario, todopoderoso? El Estado venezolano es el dueño de más de la mitad de las tierras agrícolas ociosas del país. ¿Qué ha impedido que en casi siete años de dominio chavista, casi cinco años desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, el Estado constituya fundos zamoranos o maisantinos con el latifundio más grande que es el suyo? Y al no conceder espacio a la ganancia, ni títulos individuales sino cooperativos ¿no está creando siervos de la gleba en un sojuzgamiento que no se veía desde la Edad Media?

No se trata de que sea nuevo el repudio constitucional al latifundio y la institución de la reforma agraria. Así estipulaba el Artículo 105 de la Constitución de 1961, con la que se comenzó una democracia que ahora se echa de menos: “El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente a su eliminación, y establecerá normas encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que carezcan de ella, así como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir”.

Tampoco se trata de desconocer problemas estructurales de lo agrario nacional. Una indudable autoridad en la materia, el profesor de la Universidad Central de Venezuela Olivier Delahaye, reporta: “El monto total del crédito agrícola (público y privado) ha estado fuertemente correlacionado (0,821) con el precio de la tierra agrícola entre 1960 y 1997, mientras no se observa relación significativa con el valor de la producción. Esto nos induce en pensar más en cuál puede ser el resultado más importante de los programas de créditos agrícolas en su forma tradicional: ¿el crecimiento del patrimonio de los propietarios de tierras, o el aumento de la producción?” (La discusión sobre la ley de tierras: Espejismos y realidades, Revista SIC No. 647, 25 de agosto de 2004).

Pero el mismo profesor Delahaye debe admitir que en el mismo lapso se ha manifestado una desconcentración de la tenencia de la tierra. Las propiedades de más de mil hectáreas, que a comienzos del período comprendían 71,7% de la superficie de explotación agrícola nacional, para el cierre del lapso representaban 46,4% de la misma. Por su lado, las explotaciones pequeñas (menores de 50 hectáreas) mostraron un pequeño avance al pasar de 8% a 10,7%. El mayor crecimiento se produjo en el segmento de los fundos medianos (entre 50 y 1.000 hectáreas), que de 20,3% de la Superficie de Explotaciones Agrícolas (SEA) al inicio del período pasó a 42,9% al cierre del mismo.

Luego Delahaye hace una observación muy interesante: “Tal desconcentración no es producto de la reforma agraria; el mercado de la tierra ha sido mucho más activo en este período; un examen del intercambio anual de la tierra entre 1958 y 1997, en 6 distritos representativos de las distintas situaciones agrarias existentes en el país muestra que, en general, se intercambió anualmente más de 4% de la SEA en el mercado. Es decir, que el mercado de la tierra (que sea formal, es decir, en tierras de propiedad privada, o informal, en tierras del Instituto Agrario Nacional) resulta sustancialmente más activo en la reestructuración de la tenencia, que la reforma agraria (la cual no afectó nunca más del 2,5% de la SEA)”.

Ojo. Delahaye también pone crudamente de manifiesto las imperfecciones del mercado, al señalar que a pesar de una mayor eficiencia productiva de las unidades medianas y pequeñas, tal cosa no se refleja en la tenencia relativa. Para 1971 las pequeñas unidades de explotación agrícola producían más de la mitad de la producción vegetal venezolana, pero sólo cubrían 7,58% de la superficie de explotación. En teoría, ya no por razones de una manida justicia social, sino en función de la eficiencia productiva, convendría al país que fuera menor el promedio de la superficie de las unidades de explotación agrícola. (El asunto es distinto si se tata de actividad ganadera).

Pero, como han destapado en sucesión cronológica un editorial del diario Tal Cual, un artículo de Manuel Caballero en El Universal y otro de Agustín Blanco Muñoz en el primero de los periódicos, no parecieran ser consideraciones como las de Delahaye las que impulsaron la intervención del hato La Marqueseña, sino un reconcomio ancestral del Presidente de la República, quien confió al último de los nombrados que las tierras poseídas por la familia Azpúrua serían en realidad de sus antepasados. (De los de él, Hugo Chávez Frías). Es preciso ser muy inescrupuloso con el poder para permitir que las tierras que el Presidente de la República reclama estén entre las primeras intervenidas.

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El presidente Chávez se excusó una vez por su altanería. Al regresar de su detención de dos días en abril de 2002, se desdijo del desprecio con el que despidió en público a unos ejecutivos de PDVSA, les reenganchó y retiró al presidente que acababa de nombrar en la empresa y que disgustaba a la mayoría de sus trabajadores. Claro, venía de un susto mayúsculo que logró bajarle la cresta por un tiempo, al menos en público. Por ahora las contrariedades que le esperaban en el estado Bolívar le han causado más ira que miedo, y sigue en su insolencia cuando se refiere a casos como el de La Marqueseña y la extiende a la amenazante baladronada de los terrenos urbanos.

Nada ha desnudado más al presidente Chávez que recibir en su contra tácticas que parecieran de Evo Morales. Su contacto con quienes reclamaban en Puerto Ordaz una variada gama de reivindicaciones preteridas y promesas incumplidas, fue a distancia de helicóptero, y no se atrevió o dignó recibir al pueblo en protesta. Él cree que no aprendemos, y que la arbitrariedad le continuará reportando popularidad, aun cuando la vuelva contra el pueblo mismo. Están doblando sus campanas.

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