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En su época Simón Bolívar solicitó ayuda económica a los nacientes Estados Unidos de Norteamérica para sus menesteres políticos. ¿No debiera este gobierno, en su afán revisionista de nuestra historia, en su prurito nominalista, sacar del Panteón Nacional los restos del Padre de la Patria, ante aquella traición del Libertador? Claro que en esos tiempos no se había fundado todavía el National Endowment for Democracy (NED), pero traiciones son traiciones y dólares son dólares.

El caso penal de la Fiscalía General de la República en contra de los directivos de Súmate no resiste el menor análisis. Provisto de una lógica debilísima y necia pretende fundar su acusación en el primer párrafo del artículo 40 de la Constitución. (“Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución”). Alejandro Plaz y María Corina Machado son, hasta donde sabemos, venezolano y venezolana.

Luego, ¿no recibió Hugo Chávez Frías muy importantes sumas de dinero de, por ejemplo, bancos españoles para sus menesteres políticos en 1998, los que incluían nada menos que el entierro de una moribunda constitución contra la que no pudo su abusivo alzamiento? ¿No es el mismo Chávez cuyo gobierno financia fuera de nuestras fronteras desde la politización de escuelas de samba hasta donaciones de combustible que buscan subvertir el orden democrático estadounidense?

La ridiculez de argumentar que 31 mil dólares entregados por el NED a Súmate pueden dar al traste con la gloriosa revolución venezolana, sólo es comparable a la del embajador Valero que rechaza el informe de la OEA sobre las elecciones porque lleva “malas intenciones”—¿es Valero tan penetrante como el Creador para entrar en el alma de Insulza y saber tal cosa?—o a la del ministro Izarra quejándose de que los norteamericanos aumentarán la información que la Voz de América destina a Venezuela, cuando en el peor de los casos tal cosa no es sino lo que exactamente pretende hacer Telesur en todo el continente.

La retaliación de Isaías Rodríguez contra Súmate, ordenada por Chávez y defendida en Washington por el obsecuente Valero puede ser, además, con la posible creación de mártires, un grave error político del gobierno.

Ahora bien, ¿dónde están, entre esa gente que dice defender a una Patricia Poleo que se fue de Venezuela, quienes quieran defender a una María Corina Machado y a un Alejandro Plaz que se quedaron a pelear?

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