Fichero

LEA, por favor

El 24 de diciembre de 1952 fue emitido un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática, que era entonces un partido proscrito e impedido de acción legal por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Impreso clandestinamente, como muchos documentos políticos de la época, no podía alcanzar las páginas de los periódicos y debió ser repartido, con grave riesgo para los distribuidores, de forma igualmente clandestina. Este largo texto, firmado por Alberto Carnevali en su carácter de Secretario General, es reproducido íntegramente en esta Ficha Semanal #86 de doctorpolítico.

El título del comunicado rezaba: “A la rebelión civil llama Acción Democrática”. No existía en el texto de la constitución vigente—la del 5 de julio de 1947—un artículo equivalente al 350 de la actual, ni tampoco lo habría en la siguiente, aprobada por una asamblea constituyente controlada totalmente por el perezjimenizmo el 11 de abril de 1953. Sería la misma asamblea que en este último año elegiría—según lo previsto en la segunda disposición transitoria de la constitución hecha a la medida del tirano—a Marcos Pérez Jiménez como Presidente de la República, en acto que clausuraba la vigencia de la junta militar.

La redacción del documento no puede ocultar la exageración retórica, característica de la época y de un barroco estilo acciondemocratista, del que su mayor cultor fue el propio Rómulo Betancourt—“obsoleta y periclitada”—y que hasta años relativamente recientes era la marca de fábrica del churrigueresco discurso de David Morales Bello. Pérez Jiménez no tuvo escrúpulos ante el asesinato político, ciertamente, pero es más cercano a la verdad afirmar que sufría una recrecida ansia de poder, y no como dice Carnevali, quien aseguraba que el dictador tenía una “insaciable sed de sangre”.

Pero es interesante constatar cómo es que aun ante un régimen tan evidentemente autocrático como el presidido por Pérez Jiménez, el CEN de AD consideraba importantísima la participación ciudadana en los actos electorales (específicamente el de 30 de noviembre de 1952), y más bien echaba en falta la imposibilidad de que Acción Democrática lo hiciera en virtud de su proscripción. (“No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar candidatos… el pueblo resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. Todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política”).

Rómulo Betancourt se había opuesto a ir a votar, considerando que no se sufragaba por Acción Democrática sino por Unión Republicana Democrática, el partido de Jóvito Villalba. Al final, sin embargo, prevaleció el criterio de Carnevali, y así declaró Betancourt: “Nuestra gente, a última hora, votó… Estuve de acuerdo con ese viraje, adoptado en vísperas mismas de los comicios…” Es decir, un tardío viraje exactamente opuesto al anunciado por Henry Ramos Allup a pocos días del 4 de diciembre pasado. Eran, por supuesto, circunstancias distintas a las de ahora, así como Carnevali, quien después sería una de las víctimas emblemáticas de la dictadura, era persona muy distinta a la de Ramos Allup.

LEA

Récipe antiguo

La amañada consulta electoral del 30 de noviembre se tradujo en una rotunda condenación plebiscitaria de la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar candidatos, excluyéndose así arbitrariamente a la organización política que en tres ejemplares elecciones anteriores había demostrado que representaba legítimamente a la mayoría popular venezolana; no obstante la exclusión de algunas fuerzas minoritarias; a pesar de las dificultades interpuestas por la violencia policial contra los partidos legales de oposición que participaron en la batalla comicial; y pese a que el gobierno pensó utilizar la institución del voto obligatorio como un recurso general de coacción contra los electores, el pueblo resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. Todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política.

Esos votos consignados por el pueblo el 30 de noviembre no buscaron el triunfo exclusivista de ninguna organización política en particular, sino el de todas las fuerzas políticas con raíces verdaderas en la entraña popular. Buscaron la recuperación de la soberanía nacional y la reconquista de la libertad para todos los venezolanos. Buscaron la paz y la armonía de la nación, criminalmente rotas por el absolutismo. Esos votos condenaron severamente el salvaje predominio despótico de la camarilla militar del Coronel Pérez Jiménez. Hablaron el justiciero lenguaje de la protesta contra el terror colectivo, en favor de los miles de víctimas impotentes del mortal campo de concentración de Guasina, de las torturas físicas y morales, de la prisión y del exilio, del desempleo, de la arbitraria cesantía impuesta en el trabajo por la discriminación política, y del ultraje soez de las bandas policiales que a diario atropellan los hogares y vejan a las familias en todos los rincones del país. En esas urnas electorales fue consignada la enardecida indignación general por el asesinato a sangre fría de nuestro inolvidable dirigente Dr. Leonardo Ruiz Pineda y de otros abnegados combatientes de la resistencia popular. A esas urnas fue, en resumen, la limpia voz condenatoria de toda la nación, que repudia en todos los tonos a la minúscula y engreída camarilla de jefes militares ambiciosos, empecinados en continuar escarneciendo a la soberanía popular y envileciendo a la República.

Pero la enfermiza obsesión de mando del Coronel Pérez Jiménez lo ha arrastrado a desoír jaquetonamente la admonitiva voz de la nación, en un temerario desafío que habrá de ser decisivo y mortal para la liquidación implacable del despotismo. Contra la opinión de cerca de dos millones de personas que representan la plenitud de la conciencia política del país; ignorando desvergonzadamente que la totalidad de los sectores sociales de la nación lo desprecian y lo detestan, el Coronel Pérez Jiménez infirió el dos de diciembre corriente un nuevo e insólito ultraje a la dignidad nacional, al pisotear—con las típicas botas del bárbaro ignorante y vesánico—la ingenua expresión de la soberanía de todo un pueblo. En un burdo y repulsivo sainete político que ha sido una vergüenza para todos los venezolanos, los representantes de las fuerzas armadas nacionales—los personeros de los hombres encargados de custodiar las armas de la República para la defensa de la soberanía del pueblo—se prestaron dócilmente para que se consumara un nuevo atentado nacional contra el propio pueblo. Contando única y exclusivamente con el pregonado respaldo de las fuerzas armadas, Pérez Jiménez se colocó con impúdico desenfado los arreos de dictador exclusivo, declarándose Presidente Provisional al mismo tiempo que ordenaba—también con el alegado respaldo de las fuerzas armadas—que se destruyeran las actas electorales de los Estados para borrar toda huella del resonante triunfo popular, y para designar con actas falsificadas, una asamblea constituyente ficticia, espuria, integrada exclusivamente por sumisos pordioseros del servilismo nacional, reclutados por el FEI en las más bajas esferas de la corrupción política implantada por el propio régimen.

Y en represalia por haber obtenido los partidos de oposición la casi totalidad de las curules de la Asamblea Constituyente que fue anulada delictuosamente, la dictadura movilizó de inmediato su siniestra maquinaria policial contra los partidos URD y Copei, al mismo tiempo que pelotones de las fuerzas armadas eran preparados o movilizados para contener a las masas populares que en Caracas y otros lugares del país, especialmente en las zonas petroleras, demostraban su airada protesta por la brutal manera como se arrebataba una vez más al pueblo el limpio triunfo de su soberanía. Los locales de Unión Republicana Democrática—partido que obtuvo la crecida proporción de 67 de los 103 representantes a la Constituyente—fueron saqueados y clausurados por las gangsterianas bandas de la Seguridad Nacional. Algunos dirigentes nacionales y decenas de líderes regionales de ambos partidos fueron detenidos junto con los nuevos centenares de militantes de Acción Democrática y de otras organizaciones populares. Y entre tanto, los equipos directivos nacionales de ambos partidos legales de oposición empezaron a ser sometidos a la grosera presión directa del Coronel Pérez Jiménez, quien, amenazándolos con represalias del ejército, ha pretendido que ambas organizaciones claudiquen ignominiosamente concurriendo—con las míseras minorías que les asignaron caprichosamente en el fraude insólito—a la grotesca caricatura del parlamento constituyente que el gobierno pretende instalar el próximo enero con una indecente y falsa mayoría del FEI. Y para garantizarse la anulación práctica de Unión Republicana Democrática como partido de mayoría parlamentaria, le fue asignada en el fraude a esta organización solamente la ridícula minoría de 29 representantes, y casi todos sus dirigentes nacionales fueron expulsados violenta y aceleradamente del país, a las pocas horas de haber caído en una inicua celada policíaca, cuando el delincuente político, reo de la falsificación de las actas electorales, que ahora ejerce el Ministerio del Interio! r, los c itó “bajo su palabra de honor” para que concurrieran a una nueva entrevista relacionada con la rechazada proposición de complicidad en la farsa parlamentaria que se proyecta.

Igualmente cínica ha sido la maniobra de Pérez Jiménez en los medios castrenses. Algunos de sus emisarios anunciaron en forma escueta y descarada a la oficialidad reunida expresamente en los cuarteles, que el gobierno había perdido las elecciones. Pero agregaron la mentirosa versión de que los partidos políticos planeaban disolver el ejército y asesinar a las familias de los oficiales, y que para evitarle este caos a la nación, el Coronel Pérez Jiménez “se sacrificaba” asumiendo el control absoluto del poder. Otros voceros del inescrupuloso Coronel, conocedores del franco ambiente de repudio existente en los cuarteles contra la ola de crímenes políticos del régimen, agregaron canallescamente una desfigurada explicación sobre el cobarde asesinato de nuestro inolvidable compañero Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Pero no dijeron una palabra sobre el sadismo criminal con que—desde el día siguiente al del monstruoso crimen, cuando fuera a reclamar el cadáver de su marido—se ha mantenido sometida al vejamen de un cruel secuestro en una sórdida celda de la Cárcel Modelo de Caracas, a su abnegada y afligida esposa, la señora Aurelena de Ruiz Pineda, ni tampoco informaron por qué ha perseguido la Seguridad Nacional con vandálica saña a sus dos inocentes hijitas de cinco y tres años de edad. Y, no obstante que se habló mendazmente de amenazas contra oficiales y sus familias, tampoco se explicó por qué fue echado del país en estado pre-agónico el Teniente Coronel Mario R. Vargas para que en el extranjero muriera abandonado de todo auxilio del Ministerio de la Defensa, ni se dijo por qué se tiene condenada al exilio inclemente en España a su viuda y a sus pequeños hijos. Menos aún se dijo una sílaba sobre el repulsivo asesinato del Teniente Coronel Delgado Chalbaud, ni sobre los constantes vejámenes que los personeros del régimen han inferido a su viuda para obligarla a guardar silencio sobre la complicidad de Pérez Jiménez en el crimen o para forzarla a abandonar el país. Olvidaron asimismo los acuciosos heraldos del d! éspota e xplicar por qué, si éste es el salvador de la integridad de las fuerzas armadas, han sido echadas de sus filas decenas de oficiales y se ha privado a sus familias de los normales auxilios económicos establecidos en la carrera, y por qué un importante grupo de mayores, capitanes y tenientes están sometidos a infamante prisión desde hace más de un año en varias cárceles y penitenciarías del país, sin que hayan cometido delito alguno ni como oficiales ni como simples ciudadanos.

En general, los oficiales no fueron consultados sino “notificados” de este segundo crimen nacional contra la soberanía popular, como si el ejército fuera un dócil rebaño de hombres armados, que no tuvieran ni criterio ni sentimientos que tomar en cuenta. Y en los pocos cuarteles donde se hizo un simulacro de consulta, los jefes se cuidaron bien de no trasmitir “a la superioridad” la verdadera respuesta de la mayoría de los oficiales, rotundamente contraria al desconocimiento de la voluntad electoral. Y como la institución armada está siendo convertida en un bando político personalista, nada se averiguó tampoco sobre lo que piensa el personal de tropa, que es la mayoría de ese cuerpo. Nada se indagó sobre lo que sienten esos miles de venezolanos—en su totalidad hombres del pueblo—que ahora visten provisionalmente uniforme militar pero que regresarán mañana a sus hogares—a los hogares azotados crónicamente por el desempleo y el hambre y victimados con harta frecuencia por la Seguridad Nacional—a reunirse con sus miles de hermanos y demás parientes que el 30 de noviembre votaron contra la tiranía del jefe del ejército.

Pero los militares venezolanos saben ya hasta la saciedad que su dignidad de hombres y su decoro de profesionales de las armas han sido vergonzosamente comprometidos ante la conciencia nacional y ante la opinión internacional por la desenfrenada y deshonesta ambición de mando y la insaciable sed de sangre de su jefe principal. Ya a ningún venezolano con uniforme militar puede quedarle duda alguna de que Pérez Jiménez no está usando el ejército para defender las instituciones de la República, sino como un agresivo cuerpo de persecución política contra todos los demás venezolanos de las mas variadas condiciones sociales y de todas las convicciones políticas. Es difícil que no se puedan dar cabal cuenta de que—además de que debe dolerles el sufrimiento de su propio pueblo—están sufriendo grave mengua su valor, su honor y su caballerosidad, señalados como atributos indispensables de los hombres de armas. Porque escaso o ningún brillo pueden tener tales atributos cuando la institución armada es arrastrada al deshonor y la desvergüenza, al obligársela—sin protesta—a proteger la impunidad de los crímenes políticos de Pérez Jiménez y al dejársela utilizar para atropellar a un pueblo desarmado, contando exclusivamente con la desigualdad de la fuerza material. También en los cuarteles está imponiéndose esta terrible verdad; con excepción de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar y descontando algunos jefes ambiciosos corrompidos, todos los sectores de la nación repudian con la mayor energía la aciaga gestión tiránica del Coronel Pérez Jiménez. No ha sido simple casualidad o mero accidente que han estallado violentos brotes insurreccionales en algunas guarniciones del país, como ocurrió hace algunos pocos meses en Boca del Río y en Maturín. Pérez Jiménez, no obstante que ha hecho hipócrita alarde de la tesis “institucionalista” y del “apoliticismo” de las fuerzas armadas, ha demostrado en la práctica que sólo lo mueve un insano exclusivismo personalista y arbitrario, y que sólo lo guían! sus int ereses políticos anti-populares para hacer discriminación ante los oficiales a la hora de designarlos en cargos y posiciones, prefiriendo con frecuencia a los de menores méritos e inadecuada jerarquía. Y el estado explosivo de los ánimos castrenses es tan evidente, que el intranquilo e inseguro Coronel se ha visto precisado a ordenar subrepticiamente la creación de unos cuerpos armados irregulares, bajo el comando de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar, para usarlos como tropa de choque contra el ejército. Dos millones de hombres y mujeres han sido ofendidos groseramente por el obseso dictador al pretender silenciar de un sablazo el multitudinario grito de libertad de los comicios de noviembre. Y por vergüenza nacional, por la dignidad de hijos de una patria que se ha enorgullecido siempre de la gallarda valentía de sus hombres, no nos queda otro camino que declarar un estado de rebelión permanente contra la dictadura. Será “la rebelión legítima contra sus opresores”, de que nos hablan los más elevados principios políticos de todos los tiempos y, sobre todo, la que nos enseña el ejemplo glorioso de los más dignos pueblos del mundo. Y a los militares venezolanos se les presentará un dilema histórico y decisivo: o ensangrentar las armas que la República les ha confiado para la defensa de la soberanía, asesinando cobardemente a un pueblo inerme para defender los crímenes de Pérez Jiménez, o sacudirse en cambio la ignominiosa coyunda del déspota, colocándose valientemente al lado del pueblo, en la posición que les señalan el decoro y el patriotismo.

La vasta empresa de la recuperación de la soberanía no corresponde a un solo partido, sino a todos. Y no es deber exclusivo de los partidos, sino de todos los hombres y mujeres de la nación. Porque a todos está dirigido el reto del absolutismo, al pretender consolidarse instalando una constituyente adulterada y servil, para que le apruebe el gigantesco despilfarro de los ocho mil ( 8.000) millones de bolívares malbaratados en cuatro años; para que le encubra la siniestra ola de crímenes políticos, y para que le legalice la proyectada entrega a precio vil de nuevas concesiones petroleras y del hierro a la insaciable voracidad del sojuzgador capitalismo extranjero. Contra todos se ensañará ahora el terror policíaco y de todos los partidos serán los nuevos y numerosos hogares a quienes afligirá en adelante esta intolerable desgracia nacional.

Todos los venezolanos, y especialmente los dos millones de personas a quienes se les ha atropellado miserablemente su voluntad comicial, estamos comprometidos por dignidad en una histórica cruzada nacional; la demolición del podrido andamiaje de la dictadura pérezjimenista y la formación de un gobierno provisional de equilibrio político. Un gobierno de armonía nacional, con participación de diferentes partidos y de individualidades independientes, que representen la expresión mayoritaria de la nación del 30 de noviembre. Un gobierno que tenga objetivos bien definidos; que restablezca las libertades públicas, que retire al ejército de su actual plano de indebido predominio político y lo coloque en su función natural de cuerpo técnico profesional, y, por último, que encauce a la nación definitivamente hacia el sosegado ejercicio de su soberanía, de modo que el pueblo pueda elegir libremente a quienes deban dirigir en firme la transformación democrático-revolucionaria del país hasta lograr plenas y satisfactorias condiciones de bienestar social y una adecuada independencia económica en el campo internacional.

Al lado de los demás partidos, Acción Democrática tiene señalado—por su inflexible trayectoria revolucionaria y por su capacidad combativa—un papel primordial en esta decisiva cruzada de la liberación nacional. Y para cumplirlo honrosamente, propiciamos de la manera más resuelta un permanente estado de rebelión civil, una indesmayable ofensiva de oposición popular, que mantenga agresivos y encrespados los ánimos de todos los venezolanos contra la humillación de que somos víctimas, para impedir en todo momento que la dictadura de Pérez Jiménez se estabilice sin resistencia. Una rebelión de opinión que obligue a las fuerzas armadas—mediante la poderosa presión de todos—a libertarse también ellas del deshonroso dominio personalista y sanguinario de Pérez Jiménez, o que logre abrir ancho cauce para el estallido de una vasta e incontenible insurrección popular, a fin de que sean las honestas manos del pueblo las que despedacen implacablemente el ya desquiciado aparato inmortal del absolutismo.

Dentro de breves días, las masas populares recibirán indicaciones precisas sobre las formas contundentes de iniciar esta nueva y más activa y beligerante etapa de la resistencia civil. Y para garantizar que ésta sea la acción permanente y coordinada de todos los sectores populares, de todos los demócratas del país, estamos acelerando la ejecución de las siguientes medidas.

Estamos implantando con rígida severidad un reajuste organizativo de nuestro aparato partidista—que tan victoriosamente ha resistido en estos cuatro años las tremendas y sanguinarias embestidas de la represión policial y la mas sañuda represalia moral y económica contra sus militantes—a fin de que responda con mayor agilidad, más firme resistencia en su contextura interna y mayor capacidad de movilización sincronizada de las masas, en esta decisiva batalla contra la dictadura. Por los canales confidenciales del partido están siendo transmitidas las instrucciones concretas sobre este plan reorganizativo. Debe responder a la consigna de que “ningún ciudadano podrá considerarse miembro de Acción Democrática si no milita activamente en su respectivo grupo político de base”.

Al mismo tiempo, estamos estableciendo un ágil mecanismo de organización para movilizar a todos los hombres y mujeres sin partido que se están acercando a nuestras filas para pedir activa participación en la lucha por la liquidación de esta humillante etapa de nuestra historia nacional. Ante ellos, nuestro partido deberá actuar con gran amplitud de criterio, respetándoles las propias convicciones ideológicas, pero unificándolos en la lucha común por la recuperación de la soberanía, con la consigna de que “ningún ciudadano demócrata, aunque no milite en partido alguno, debe permanecer inactivo en la presente ofensiva contra la tiranía”.

Luego, propiciaremos con todas las demás fuerzas políticas organizadas un plan de rebelión civil contra la dictadura. Buscaremos en esa coordinación “acción coincidente” de tipo práctico, conservando cada partido su independencia ideológica y su autonomía organizativa interna. Esta coordinación debe responder a la consigna de que “todas las fuerzas políticas están obligadas a hacer respetar la soberanía nacional con los medios de que dispongan”.

Finalmente, debemos iniciar con audacia una implacable ofensiva de rebelión civil en todos los campos de la vida nacional. Todos los partidos, todos los hombres y mujeres, todos los venezolanos dignos debemos desatar una coordinada y certera acción multitudinaria hasta lograr poner a la tiranía de Pérez Jiménez en la mortal disyuntiva de reconocer la soberanía nacional o aniquilar sangrientamente a todo el pueblo venezolano. Actuaremos realistamente. Con clara conciencia de que nuestro poder no es otro que el gran poder de un pueblo enardecido porque se le ha vejado y se le ha humillado brutalmente. Actuaremos sin la menor vacilación. Sabedores de que el pueblo no tiene armas de guerra porque siempre confió ingenuamente en que las armas de los cuarteles eran para defenderlo y ahora están siendo utilizadas en su contra. Pero convencidos de que la gran tragedia política que entristece a la nación no permite plantearse el dilema simplista de combatir con armas o no combatir. Porque el patriótico reclamo nacional está concebido en otra forma inexorable: si no combatimos ahora hasta triunfar, el pueblo será esclavizado ignominiosamente por tiempo indefinido. El pueblo tiene que defender ahora mismo su libertad a cualquier precio y con los medios que tenga en sus manos. El pueblo tiene que combatir con sus propios recursos, los interminables recursos de la acción de masas que en nuestro país existen en condiciones invalorables para la conquista del triunfo. Somos la mayoría de la nación. Somos todo un pueblo. La dictadura está desasistida de todo respaldo social y de todo apoyo moral. Una indoblegable decisión de lucha alienta prodigiosamente nuestros corazones. Una fe desbordante enciende nuestra sangre. Contamos, en resumen, con preciosos factores humanos y morales suficientes para dotar nuestra capacidad de combate de un poderío mil veces más fuerte que las más aceradas corazas del despotismo.

Caracas: 24 de diciembre de 1952.

Por el Comité Ejecutivo Nacional de ACCIÓN DEMOCRÁTICA,

Alberto Carnevali

Secretario General

Share This: