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Una decisión pendiente de la Corte Suprema de los Estados Unidos pudiera revertir la resistencia de la Administración Bush a actuar decididamente para reducir las emisiones de gases de invernadero de ese país. En una demanda de doce estados de la unión y trece organizaciones ambientalistas contra la Agencia de Protección Ambiental—Massachusetts vs. EPA—se exige un pronunciamiento del altísimo tribunal que impida que el ejecutivo estadounidense continúe rehusándose a tratar las emisiones de gas carbónico y otros gases como contaminantes del aire, que ponen en peligro la salud pública y aumentan el riesgo de desastres ecológico-climáticos. El Fiscal General Adjunto de Massachussets ha declarado: “Tenemos propiedades, doscientas millas de líneas costeras, que estamos perdiendo”.

Ya está trazada una línea de separación entre las facciones conservadora y liberal en la Corte Suprema. El Presidente de la Corte (John Roberts) y el juez Samuel Alito, consideran que, en el mejor de los casos, conceder la petición redundaría en una reducción relativamente pequeña de los gases peligrosos. En oposición, el juez David Souter opinó: “No tienen que mostrar que se detendría el calentamiento global. Su punto es que se reduciría el grado de calentamiento global y probablemente se reduciría el grado de las pérdidas”. Así las cosas, los reflectores comienzan a enfocarse sobre el juez Anthony Kennedy, quien pudiera desempatar la votación hacia cualquiera de los dos lados.

Detrás de esta batalla legal se percibe la posición de los empleados mismos de la Agencia de Protección Ambiental. Ayer, los sindicatos que representan a unos diez mil empleados de la agencia elevaron una petición ante el Congreso, a fin de que se emprendan acciones inmediatas para tratar el problema del calentamiento global, y dejaron entender a la Corte Suprema que no están de acuerdo con la política del gobierno de Bush a este respecto.

Dos argumentos de los conservadores no parecen demasiado sólidos o consistentes. Por un lado, arguyen que sería mejor un tratamiento internacional que una acción unilateral de los Estados Unidos en protección del ambiente. Pero esto resulta irónico, pues son precisamente los Estados Unidos (y Australia) quienes han rechazado insistentemente suscribir el Protocolo de Kyoto, y por tanto se han negado al tratamiento multinacional. Por el otro, el argumento de que las mejoras serían insignificantes desconoce lo que enseña la teoría del caos—que emergió, justamente, en climatología primero que en otra ciencia—y que consiste en saber que el mero aleteo de una mariposa en Brasil puede desatar un tornado en California. Hasta el humo de un solo cigarrillo, encendido por un fumador empedernido como el suscrito, pudiera ser un crimen ecológico.

Que Dios inspire a la muchas veces sabia y profunda Corte Suprema de los Estados Unidos.

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