Fichero

LEA, por favor

El 10 de agosto de 1998, en plena campaña electoral de la que H. Chávez Frías saldría victorioso sobre H. Salas Römer, escribí un artículo que saldría publicado en El Diario de Caracas, por esos días recientemente adquirido por el empresario industrial Hans Neumann. El artículo en cuestión llevó un título no demasiado ocurrente: “Yugo Chávez es un mentiroso”.

Ya desde esa época data el vacío argumental de sus opositores que, por obra de algún extraño factor, dejaban que dijera lo que se le ocurriese sin refutarlo. Incluso Salas Römer eludía referirse a él directamente, y prefería la alusión oblicua, nunca frontal.

El suscrito debe admitir un sesgo muy fuerte en contra de Chávez. Desde el año anterior al fracasado intento de golpe de Estado de febrero de 1992, había venido exigiendo públicamente, en una media docena de artículos de prensa, la renuncia de Carlos Andrés Pérez, y creía que ese objetivo podía lograrse mediante la aplicación de una presión democrática, popular. De modo que en la misma madrugada del 4 de febrero, desvelado por los disparos que retumbaban desde La Casona y La Carlota, sentí la asonada como una afrenta personal que los golpistas me hacían, aun sin conocer sus rostros. Con mis muy escasas fuerzas había buscado una salida democrática, a costa de importantes inconvenientes personales, y ahora venían unos soldados, con violencia injustificable, a cercenar la ruta que había previsto. Admito, pues, que me resulta difícil mantener la conveniente distancia clínica a la hora de juzgar los hechos de ese día.

Una vez más, el texto elegido para esta Ficha Semanal #121 de doctorpolítico citaba el artículo de la Declaración de Derechos de Virginia que he reiterado hasta la náusea en numerosas ediciones de esta publicación. (Sin ir muy lejos, en la Carta Semanal #214 de la semana pasada). Tal vez los lectores excusen la insistencia y consientan en pensar que la prescripción virginiana, que sólo una mayoría de la comunidad es titular del derecho de rebelión, es principio que debe ser aprendido de caletre.

LEA

Yugo Chávez

Quiero dejar constancia de que yo me contaba, bastante antes del intento chavista de 1992, entre quienes pensaban que Carlos Andrés Pérez debía renunciar a su investidura presidencial. En este mismo diario escribí el 21 de julio de 1991: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.

Esto es, propuse esa salida bajo la angustia de la matriz de opinión que ya se había formado en el primer semestre de 1991, acosado de escándalos, y que consistía en suponer que sólo existía la disyuntiva Pérez o golpe. Fue precisamente un intento, obviamente infructuoso, de mostrar un cauce constitucional. Estaba seguro de que la presión popular y democrática era el camino correcto para desalojar a Pérez del gobierno, ante la posibilidad de un expediente conspirativo y antidemocrático, como el que después intentaría Hugo Chávez Frías.

Dicho sea de paso, ese artículo suscitó unas pocas reacciones. Herminio Fuenmayor declaró que había en marcha una campaña para lograr la renuncia de Pérez. (¡Un artículo!) El General Alberto Müller Rojas, hoy en día jefe de campaña de Hugo Chávez Frías, escribió en El Diario de Caracas sobre la ingenuidad de mi proposición. (Al año siguiente, y luego de la intentona, volvió a escribir en adulación a Úslar Pietri, señalándolo como “el primero” que había solicitado la renuncia de Pérez. La verdad era que un mes escaso antes del golpe Úslar proponía que ¡Pérez se pusiera al frente de un gobierno de emergencia nacional! El interés oportunista de Müller Rojas era obvio: habiendo gravitado antes por los predios de aquel “Frente Patriótico” que lideraba Juan Liscano, quería ahora ser contado entre “los notables” que rodeaban a Úslar Pietri). Y también el director de El Diario de Caracas de la época, Diego Bautista Urbaneja, publicó un extenso artículo para comentar mis ideas al respecto y las de Luis Alberto Machado. Urbaneja opinó seis meses antes del 4 de febrero de 1992 que no había peligro de golpe de Estado –gran visión– y además, echando en falta argumentos éticos en mi proposición, dijo no tener duda de que Pérez daría una gran lección de ética renunciando, pero que el país “no estaba en condiciones de asimilar lecciones morales”. En un segundo artículo en respuesta a tan asombrosas declaraciones de Urbaneja, escribí: “Donde discrepo de Diego Urbaneja es en cuanto a su apreciación de que Venezuela no está en capacidad de aprovechar lecciones morales. Es precisamente eso lo que el país está solicitando a gritos. Pero no es Pérez quien nos va a dar lecciones de moral con la renuncia que debiera comenzar a redactar. Es el país quien se la daría a Pérez, exigiéndosela”. Urbaneja jamás permitió que ese segundo artículo fuese publicado.

Vedados los caminos de Urbaneja, el relanzado diario El Globo publicó varios artículos míos sobre el tema de la renuncia de Pérez, el más virulento de los cuales salió publicado ¡el 3 de febrero de 1992, un día justo antes del fracasado golpe chavista! (Admito haber temido que la DISIP o la DIM me visitaran, pues sería natural que pensaran que yo estaba “dateado”. En realidad mis “datos” provenían de una predicción que había adelantado en 1987, en trabajo sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: “Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable”. También, como ya he señalado, porque ese deterioro acusadísimo se había dado a comienzos de 1991, con la sucesión de escándalos como el caso Florida Cristal, la extorsión televisada de Lamaletto, los escándalos militares en torno a Gardenia Martínez y el jefe de seguridad de Pérez, la muerte criminal de Lorena Márquez, etc.) En el artículo que me fue publicado en vísperas del abuso chavista decía así: “Esto es lo que debemos decir en febrero: que Carlos Andrés Pérez ha fracasado. Que no queremos su mando. Que nuestra armazón constitucional, por fortuna, tiene modo de suplirle. Que necesitamos de vuelta las facultades que le dimos, porque es él la encarnación y la síntesis de lo que no puede seguir siendo políticamente en Venezuela. Que todo eso lo hemos venido diciendo en las encuestas. Que no queremos esperar hasta febrero de 1994. Que la cosa es ya”.

Los lectores perdonarán, espero, esta larga enumeración de credenciales, la que considero necesaria para afirmar con autoridad lo siguiente: Hugo Chávez Frías miente. Y lo peor es que lo hace a conciencia.

Una de sus reiteradas explicaciones, cuando intenta defender su infeliz ocurrencia del 4 de febrero de 1992, es que el frustrado levantamiento de esa fecha se produce como rectificación “bolivariana” de los acontecimientos del 27 y el 28 de febrero de 1989. La lógica chavista procede más o menos de este modo: primero, Simón Bolívar había señalado que un ejército sería maldito si enfilaba las armas contra su pueblo; segundo, Carlos Andrés Pérez ordenó al ejército venezolano enfilar sus armas contra el pueblo en 1989; tercero, en consecuencia, la asonada del 4 de febrero no fue otra cosa que el castigo merecido por el pecado perecista.

Eso es mentira. Mentira dicha con el mayor desparpajo, con el mayor irrespeto por la inteligencia y la memoria de ese pueblo que él dice defender. Durante su breve prisión en el penal de Yare, cuando no preveía aún el posterior desarrollo de los acontecimientos y por tanto se encontraba algo descuidado, Hugo Chávez Frías admitió que el grupo que encabezó el intento de golpe de Estado de 1992 llevaba muchos años conspirando, por lo menos cinco años antes de que se produjeran los disturbios de 1989, la excusa que ahora ofrece como explicación.

Hugo Chávez Frías miente. Miente cuando dice y repite que el artículo 250 de la Constitución Nacional lo obligaba a la asonada. (Así declaró, por ejemplo, a la revista Newsweek en 1994). Hugo Chávez Frías miente. Porque el texto del artículo 250, que por sí solo constituye el Título XI (De la inviolabilidad de la Constitución) lo que dice en su primer inciso es lo siguiente: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Veamos entonces. Hugo Chávez Frías estaría diciendo la verdad, por una parte, si el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez hubiera dejado de observar la Constitución por acto de fuerza o la hubiera derogado por un medio distinto del que ella misma dispone. Y es muy claro que ninguno de esos dos casos estuvieron presentes en 1992. Por otra parte, no creo que puede sostenerse que una conspiración militar, preparada largamente, puede ser entendida como una “colaboración” para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Al contrario, nada hay más inconstitucional que la única acción notoria de Hugo Chávez Frías. (Artículo 115 de la Constitución: “Los ciudadanos tienen el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin más requisitos que los que establezca la ley”. Artículo 119: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”. Artículo 120: “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”.)

Hugo Chávez Frías no ha admitido, y parece que nunca lo hará, que el episodio del 4 de febrero de 1992 fue un verdadero abuso contra el pueblo. El derecho de rebelión es un derecho sagrado y serísimo cuya residencia es el pueblo y jamás puede pretenderse que es prerrogativa de una logia conspirativa. Así lo recoge, por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia (1776): “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales sublevados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como salida a la muy desagradable situación. En estricto sentido, pues, Hugo Chávez Frías y el resto de los conjurados, abusaron de nosotros, enviando a la muerte a soldados que no sabían a lo que iban y que terminarían matando a sus compañeros de armas. Hugo Chávez Frías, que continúa mintiendo respecto del origen de su periplo político, es claramente una personalidad autoritaria, totalitaria, que insiste en justificar su abuso, su irrespeto al ciudadano, su desconsideración acerca de la opinión de la mayoría. Ese autoritarismo no haría otra cosa que exacerbarse en posesión del poder que ya pretende arrogarse. Más honesto sería de su parte admitir que se le conozca más bien como Yugo Chávez Frías. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.

LEA

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