Cartas

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., hoy Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1964-1965) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Compartimos también entonces el honor de recibir un encargo del Director de la Escuela de Ciencias Sociales, el increíble Arístides Calvani, su fundador. Un episodio de enfermedad del profesor Juan Carlos Rey, quien nos dictaba un segundo año de elegantes e interesantísimas clases de Historia de las Instituciones, fue resuelto por Calvani al pedirnos a Ugalde y a mí que asumiéramos la enseñanza de la materia e instruyéramos a nuestros compañeros. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas.

Durante los años de la dominación chavista, la voz y la pluma de Ugalde han pronunciado y escrito agudas advertencias. Se le tiene por una de las cabezas más autorizadas y coherentes de la oposición al régimen de Hugo Chávez. En ocasiones, sin embargo, se ha reunido mal. El martes 5 de marzo de 2002 andaba en mala compañía.

Ese día fungió de testigo de excepción, firmante y garante ético del “pacto de gobernabilidad”, “acuerdo democrático” o “acuerdo para la transición”, presentado al país desde la quinta La Esmeralda, escenario habitual de las fiestas más rumbosas de los caraqueños de fortuna, sita en la “populosa y popular barriada” de Campo Alegre. (La quinta La Esmeralda ha servido de teatro a más de una reunión política opositora: la “Gente del Petróleo” la usó profusamente, así como Alianza “Popular”—que, como el corno inglés que ni es inglés ni es corno, ni alía a nadie ni mucho menos tiene algo de popular—para su presentación en sociedad. Su marca de la urbanización de clase alta de Campo Alegre como territorio político, casi en el borde oeste del Municipio Chacao, probablemente haya influido para que la Coordinadora Democrática, ya fenecida, haya establecido luego su sede operativa en la quinta Unidad, a pocos metros del prestigioso salón de fiestas).

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro. Ugalde había asistido al sonado evento “en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana”, y en señal del beneplácito de ésta por el acuerdo al que habían arribado Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sobre cómo gobernar a la República una vez que el gobierno de Chávez hubiera cesado. Un mes y siete días más tarde caía ese gobierno, y Carmona Estanga, uno de los protagonistas en la función de La Esmeralda, asumía por pocas horas la dirección del Poder Ejecutivo Nacional.

El sentido de la reunión del 5 de marzo era el de impresionar a la Nación, con el anuncio de que el fin del gobierno de Chávez era inminente. El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que pone: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. También reporta el periódico madrileño palabras de Carlos Ortega, pronunciadas en el acto reseñado: “El acuerdo es para crear un clima de diálogo para un gobierno de transición. No estamos pidiendo cacao, ni tirando un salvavidas al Ejecutivo”. La nota cerraba refiriendo lo dicho por quien presidiría al mes siguiente un brevísimo gobierno de treinta y seis horas: “Para el presidente de la patronal, Pedro Carmona, la propuesta tiene carácter permanente y ‘puede servir perfectamente para un nuevo Gobierno’.” La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de la conspiración.

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La semana pasada publicó el diario El Nacional un artículo de Ugalde: “El día después”, (jueves 25 de octubre). Me fue enviado por amable amiga que lo estimó como lectura “imprescindible”. Es fácil admitir que su factura es ocurrente. Su tesis principal es expuesta de la siguiente forma: “Como me decía un amigo, ‘el día después’ ha sido desde 1998 el punto más débil de los demócratas opositores… En cada elección, los candidatos y los líderes se desaparecieron en la tarde de los votos y se desbandaron al día siguiente. Políticamente no hubo ‘día después’ opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el ‘socialismo’ de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. Hay que prever y preparar el ‘día después’.”

El planteamiento inicial del artículo establece la premisa mayor: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana) para llevarnos forzados a una sociedad totalitaria que la mayoría de los venezolanos rechaza. Este cambio es ilegal e ilegítimo sin Asamblea Constituyente”. El suscrito suscribe enteramente esta apreciación; la Constitución establece expresamente (Artículo 342, en su primer parágrafo): “La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”. Es clarísimo que el proyecto de reforma introducido por Chávez a la Asamblea Nacional, ampliado considerablemente por ésta, modifica en más de un punto la estructura y los principios fundamentales de la Constitución. A pesar de esta circunstancia, nadie ha intentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia algún recurso que busque declarar que ése es el caso, y que los cambios perseguidos por el régimen exceden con mucho la definición de reforma constitucional claramente establecida en el artículo mencionado. Tampoco propone Ugalde que se intente esa vía, tal vez porque considera, con razón, que la obsecuencia de los magistrados les llevaría a decir que efectivamente se trata de una reforma. De todas maneras, habría que hacer ese mandado. En caso contrario no tiene sentido afirmar, sin acción pertinente: “Este cambio es ilegal e ilegítimo sin Asamblea Constituyente”.

Pero el suscrito no suscribe otros pasos del razonamiento de Ugalde. Por ejemplo, Ugalde sostiene: “Al presidente Chávez le queda un quinquenio entero de gobierno hasta el 2013. Probablemente la derrota real (a pesar de que autoproclame su triunfo) le resulte de ayuda, pues la resistencia democrática es la única cura contra la borrachera de poder. Un poco de humildad ayuda para gobernar bien”. Debe reconocerse que Ugalde, a diferencia de lo que buscaba el 5 de marzo de 2002, ya no pretende la cesación inmediata del gobierno de Chávez, y sólo pide ahora que éste gobierne humildemente por cinco años más a partir de estas fechas. Tengo la impresión, sin embargo, de que la humildad es genéticamente imposible en la personalidad presidencial, por lo que estimo ilusorio el resultado predicho por Ugalde en este punto.

Luego, Ugalde echa en falta que los líderes opositores se hagan presentes el “día después” de los eventos electorales. Refresquemos lo que escribió: “En cada elección, los candidatos y los líderes se desaparecieron en la tarde de los votos y se desbandaron al día siguiente. Políticamente no hubo ‘día después’ opositor”. Hace pocos días un estimado amigo me escribió con la siguiente pregunta: “¿Cuándo es que la oposición se va a unir en torno a una propuesta coherente, común y universal con el mismo objetivo?” Ante el emplazamiento ensayé esta respuesta: “Lo que hay que reunir no es una oposición, sino una mayoría política. ¿Qué reuniríamos si juntáramos a ‘la oposición’? No tengo cifras frescas, pero en enero de este año Primero Justicia representaba 2,3% de la opinión, Un Nuevo Tiempo 2,1%, AD 1,1% y COPEI 0,8% para un gran total de 6,3%. Escarrá, el muy escaso Guaicaipuro, el ‘Comando Nacional’ de la Resistencia y ‘fuerzas’ similares no añaden casi nada. Una federación de enanos no es lo mismo que un gigante, que es lo que tendríamos que parir. ¿Es esto posible? Sí, y para esto es preciso contemplar el asunto desde un paradigma muy diferente, que por un lado sería más una superposición que una oposición y, por el otro, tendría que superar no sólo al chavismo, sino igualmente a ‘la oposición’.”

La idea precedente—que tanto el chavismo como sus opositores formales son perniciosos (aunque más el chavismo)—es absolutamente clave en la superación de la actual situación política, que no se reduce a la reforma constitucional planteada este año, sino que lleva ya más de ocho sin que un planteamiento estratégico de profundidad sea formulado. (O escuchado). Hace ya bastante rato que los estudios de opinión reflejan una realidad política que, en términos gruesos, es la siguiente: se identifica como partidario del gobierno un 35% de los encuestados, como partidario de la oposición un 15% y sin afiliación a estos extremos un 50%. A pesar de esto, todavía se insiste en que el remedio es “unir a la oposición”, en vez de presentar una formulación política que de todos modos debiera darse aun si gobierno y oposición no existieran, y que quizás apelaría primariamente a ese enorme mercado que se ubica al margen de la polarización.

Es por esto que la recomendación “salomónica” o “pilática” de Ugalde, “que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo”, está fundamentalmente equivocada, por varias razones.

La primera se deriva de la observación precedente: es preciso superar tanto el discurso chavista como el opositor, y no es con la negación de las diferencias entre abstencionistas y participacionistas como se logrará tal objetivo. Del modo como lo plantea—“el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no”—Ugalde elude pronunciarse respecto de cuál de ambas posturas es equivocada, y no pueden ambas ser correctas. Cómodo, pero el proverbial asno de Buridan murió de inanición al no saber escoger entre dos pacas de heno igualmente apetitosas que tenía a la misma distancia.

Por otra parte, el planteamiento de Ugalde es polarizante y está encadenado al pasado opositor, y hasta ahora esta estrategia se ha revelado, reiteradamente, como ineficaz. A pesar de que sólo un 35% de los electores admite ser chavista, cada vez que ha habido una confrontación electoral ha ganado el gobierno, en procesos altamente polarizados. Identificar la batalla actual, además, como una continuación de la inepta trayectoria de oposición—“Como me decía un amigo, ‘el día después’ ha sido desde 1998 el punto más débil de los demócratas opositores”—es asimilarla a tarea de perdedores, al pataleo más reciente de dirigentes ampliamente desacreditados.

Finalmente, está lo de sumar votos negativos y abstenciones “como dos formas complementarias del mismo rechazo”. Esto es un error craso. En ocasión de comentar un trabajo de José Amando Mejía Betancourt, que abogaba por la misma idea para promover la abstención, se escribió en la Nota Ocasional #14 de doctorpolítico: “¿Por qué medios llega Mejía a establecer, a priori, que la abstención es lo mismo que un rechazo? Es perfectamente concebible que más de un ciudadano se abstenga de votar en el referéndum a pesar de que esté conforme con el proyecto de reforma, por razones otras cualesquiera, una de las cuales pudiera ser, simplemente, que estima que su voto no es realmente necesario para el triunfo. Otros pudieran verse impedidos de votar por causas diferentes, como algún impedimento de transporte, o un malestar súbito, o un error del registro electoral que le deje contado como abstenido. ¿Quién autoriza a Mejía a la interpretación apriorística por la cual transmuta su ausencia en repudio?”

Y también se hace eco Ugalde de la conmovedora y poco realista impresión de que un porcentaje muy elevado de abstenciones y votos negativos equivale a una deslegitimación de la reforma que pudiera ser aprobada. Así escribe: “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”.

Son de una supina inocencia estas prescripciones de dejar “en evidencia”—¿ante quién, por cierto?—las intenciones autoritarias y socializantes de un gobierno que, para empezar, nunca ha cesado de ponerse en evidencia él mismo a este respecto; su carácter está en evidencia por su propia actuación descarada, y la puesta “en evidencia” que Ugalde prescribe no añade absolutamente nada.

Pero cabe preguntar: ¿sostiene Ugalde que la Constitución que nos rige es ilegítima? No pareciera; al igual que Mejía Betancourt la da por sentada y por aceptable: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”.

Recordemos entonces las cifras del referéndum del 15 de diciembre de 1999, que consagró la Constitución que Ugalde acepta. Para ese día el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores (30,2%) votaron afirmativamente. Descartemos los votos nulos (219.476), suponiendo que ni Ugalde ni Mejía Betancourt querrán aducir que se les debe computar como rechazos. Quedan, pues, para constituir la suma que propugna Ugalde, y que interpreta como rechazo expreso, los votos negativos (1.298.105) y las abstenciones (6.121.540); nada menos que 7.419.645 electores, para un total de 67,8%, o un 7,8% por encima de lo que Ugalde consideraría “un triunfo”.

Si fuera válida su teoría de que la suma de las abstenciones y los votos negativos debe ser tenida por explícito rechazo, ¿por qué no escribe Ugalde denunciando la Constitución de 1999 como írrita, dado que el 15 de diciembre de ese año se cumplieron casi exactamente las metas cuantitativas que ahora propone?

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El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota.

Por supuesto, para que este resultado pudiera darse eran necesarias dos condiciones: la primera era la de constituir una mayoría real; la segunda era la asistencia a las urnas. En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.

El “día después” del referéndum que decidirá el destino del proyecto chavista de reforma constitucional pudiera ser ucraniano—no digo naranja para que no se diga que milito en el MAS—, siempre y cuando el “día antes” seamos realmente mayoría, el “día mismo” acudamos en masa a rechazarlo con las máquinas de votación y el gobierno se atreva—cosa que no ha hecho hasta ahora, seguramente porque no lo ha necesitado—a desconocer el verdadero rechazo del voto negativo. Todo lo demás es cuento.

LEA

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