Cartas

Es ciertamente auspicioso el acuerdo firmado ayer por la mayoría de los partidos opositores de alguna significación. Enfrentados a un punto ineludible de la agenda política, las elecciones de gobernadores y alcaldes, han optado por acordar un esfuerzo unitario, cuya primera expresión práctica se manifestaría en la presentación de candidaturas únicas a esos cargos. En buena medida carga con el mérito de tan importante concertación el Secretario Nacional de COPEI, Luis Ignacio Planas. Con motivo del sexagésimo segundo aniversario de su partido, se dio a la tarea de promover la unidad de los partidos de oposición. La semana pasada se comentó acá la respuesta empática de Manuel Rosales a este planteamiento.

Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, COPEI, Movimiento Al Socialismo, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo fueron los suscritores, en el Ateneo de Caracas, de un documento en el que delinean el sentido de la unión, concebida bajo la protección del Espíritu del 23 de enero, ido ya el Espíritu de la Navidad. Si la iniciativa llega a feliz término, esto es, si en verdad los distintos componentes del pacto logran presentar candidaturas únicas en las numerosas circunscripciones estadales y municipales, habrán conseguido poner en serios problemas a las candidaturas oficialistas, sobre las que ahora hace efecto la erosión del apoyo a Chávez y su gobierno y el deterioro particular de actuales gobernantes rojos en localidades como Petare o Anzoátegui.

Hasta aquí, pues, debe saludarse la iniciativa de Planas-COPEI, acogida por sus nuevos siete socios. Se trata de una postura sensata, que parte de la base de que ninguno de los ocho partidos de la planeada alianza es lo suficientemente representativo como para hablar por toda la oposición.

Ahora bien, hay aún residuos evidentes de una manera equivocada de plantear las cosas en el documento que compromete a los partidos que lo suscriben, y esta preocupante circunstancia se manifiesta justamente al comienzo, al presentarse las dos premisas iniciales de todo el planteamiento. Éstas dicen así: [1] “El 2 de Diciembre del 2007, la mayoría de los venezolanos, al rechazar la Reforma Constitucional propuesta, se pronunció al mismo tiempo por una visión de país distinta, con valores y metas diferentes al modelo que se proponía en el Proyecto de Reforma”; [2] “Igualmente en esa oportunidad el pueblo venezolano le expresó un mandato al Gobierno Nacional: Cumpla con el Estado de Derecho previsto en la Carta Magna y dedíquese a gobernar y a resolver los problemas de la gente”.

Ambas afirmaciones son del mismo tenor que lo que pretendía un fenecido “Movimiento 4D”, que a comienzos de 2006 quiso interpretar que una abstención de 75% en las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 equivalía a dieciséis “mandatos” específicos “del pueblo a la nación”. (Del pueblo a sí mismo, pues). En un manifiesto firmado también en el Ateneo de Caracas (4 de febrero de 2006) se aseguraba cosas como las siguientes: “El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino” o “El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad”. Era demasiada deducción a partir de un silencio.

No es serio leer en lo ocurrido el pasado 2 de diciembre significados que no están allí, al menos en la voluntad de cada uno de quienes votaron ese día. No es cierto que el 2 de diciembre “la mayoría de los venezolanos” se pronunció por una cierta “visión de país”. Que una dama rechace las pretensiones de un determinado pretendiente no es lo mismo que acepte las de otro que ni siquiera las ha formulado, por más que este último se diferencie del rechazado.

Tampoco es cierto que el 2 de diciembre de 2007 “el pueblo venezolano” le dijo a Hugo Chávez que se dedicara “a gobernar y a resolver los problemas de la gente”. Lo que ocurrió, estrictamente hablando, es que el 51% de los votantes (28,6% de los electores o, si se quiere, 28,6% “del pueblo”) rechazó en referéndum las propuestas alteraciones constitucionales. Ir más allá de eso es pura retórica, para no decir que es una usurpación. Puede decirse, por supuesto, que es función del liderazgo político “interpretar” la voluntad popular, pero tal cosa no cabe cuando esa voluntad se ha manifestado explícitamente por sí misma, se ha representado ya a sí misma.

Colocadas al inicio mismo del documento, y actuando como fuentes originales de todo lo que sigue, las premisas pretendidas debilitan toda la presentación posterior. Esta vez el contrabando, debe reconocerse, ha sido menor. En vez de dieciséis deducciones excedidas se postula sólo dos, las mencionadas; el resto de las afirmaciones, muy parecidas a las recogidas en el manifiesto del “Movimiento 4D”, es presentado como un conjunto de objetivos.

La ordenación misma de los objetivos es sintomática. Por ejemplo, el documento plano (de Planas) declara: “Combatir la pobreza es nuestro compromiso esencial”. Pero a pesar de tal esencialidad, este objetivo específico aparece en el puesto número seis, justo después de que se enumera, en quinto lugar, este otro objetivo: “Respeto a la propiedad privada y a las libertades económicas”. Si el combate a la pobreza es el compromiso esencial de los firmantes ¿por qué no fue presentado en el primerísimo lugar?

Un caso digno de notar es el del tercer objetivo: “Queremos un país descentralizado”. La explicación de este objetivo, expuesto con ventaja de tres cuerpos sobre el “compromiso esencial” del combate a la pobreza, es la siguiente: “Es fundamental desconcentrar el poder y que funcione una efectiva descentralización geográfica y funcional del poder público en su conjunto. Los Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, las Juntas Parroquiales y los Consejos Comunales electos deben ser responsables directos ante el pueblo que les dio su confianza, y no ante el poder central ó ante funcionarios designados a dedo desde la Capital que solo responde a quien los designó”. Pero la firma misma del documento, en acto escenificado en el Ateneo de Caracas, es decir, en la capital, es decir, en el centro, fue una manifestación centralista. Es sólo después de enumerar ocho objetivos de ámbito nacional y uno sólo “local” (el número 3, “Queremos un país descentralizado”) desde una posición central—¿centralista?—que aparece por fin un objetivo más o menos descentralizado, el que de todas maneras es subsumido, a pesar de tratarse de elecciones estadales y municipales, bajo un concepto nacional: “La primera tarea que debemos cumplir en el camino de hacer realidad las propuestas anteriores es que todos los que compartimos estos valores y metas, debemos unirnos para elegir Gobernadores, Alcaldes y Legisladores regionales que estén comprometidos con la visión de país que proponemos, además de presentar sus respectivas propuestas Estadales y Municipales como candidatos”. Esto es, las candidaturas locales unitarias serían una manifestación particular de una “visión de país” que se exige compartir—antes de las “respectivas propuestas Estadales y Municipales”—aunque lo que se discutirá en noviembre no será el país sino la administración pública de estados y municipios.

El locus correcto para firmar acuerdos preelectorales ante comicios regionales y municipales no es la capital de la República, sino cada una de las entidades territoriales donde los cargos serán disputados. Claro, uno entiende que Proyecto Venezuela o Alianza Bravo Pueblo no tienen mucha vida en Barinas o Delta Amacuro, y necesitaban la escena nacional, centralista, para tener algún título que exhibir.

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Alguien afirmó que la alianza anunciada representaría el 90% de la oposición venezolana. Pero esto es una exageración. Es verdad que alrededor de 18% de la opinión pública manifestaba, a lo largo de 2007, identificarse como oposición al gobierno, pero también que la suma de identificaciones con Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y COPEI (los “cuatro grandes”), no llegaba a 7% del total. (Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Movimiento al Socialismo y Proyecto Venezuela, los “cuatro chicos”, no superaban, sumados, el 2%). No toda la gente que se piensa como de oposición se afilia a alguno de los partidos existentes.

Y no es que los partidos que apoyan al gobierno nacional estén boyantes. Ya para mediados de 2007 reportaba Hinterlaces (18º Monitor Sociopolítico, junio) que la identificación total de la población con partidos, oficialistas y opositores en conjunto, era de sólo 31%, y que 67% de la misma no se identificaba con ninguno. Más de la mitad de los electores puede ser clasificada como “Ni-ni”.

En los momentos se nota, sin embargo, una reciente recuperación de espacio de los partidos de oposición, sobre todo en territorios regionales. COPEI pudo colocar ofrendas florales al Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, espacio hasta hace nada vedado a la oposición, sin mayores contratiempos, en otro logro simbólico para Planas-COPEI. Pero también la iglesia de Cúa estuvo repleta para una misa celebratoria del aniversario del partido verde, y ante un notorio repliegue del oficialismo se evidenciaba el predominio de una consigna: “Miranda para los mirandinos”.

En suma, luego del referéndum del 2 de diciembre, que marca una clara disminución del apoyo popular a Hugo Chávez y sus designios, la afiliación total a partidos de cualquier bando ha disminuido a cerca de 23%, según mediciones recientes. No parece ser, todavía, la hora de los partidos; por lo menos, la hora de los existentes. Si bien los opositores son muy débiles, el gobierno ha fracasado también en la conformación del “partido único de la revolución”, y por esto ahora habla de la reedición del “polo patriótico”. La debilidad de ambos polos formales se manifestó ayer en los actos conmemorativos del 23 de enero de 1958. La marcha “opositora”—convocada en realidad por Oscar Pérez, del Comando “Nacional” de la Resistencia (quien, dicho sea de paso, denunció ayer el acuerdo como “de cogollos” y se quejó de no haber sido invitado a suscribirlo)—no logró movilizar a más de quinientos participantes, y los actos oficialistas no contaron con mucha mayor asistencia.

La lectura correcta de la situación es lo que lleva al octeto de partidos a la siguiente invitación: “El acuerdo que proponemos aspira interpretar las esperanzas de todos los venezolanos, por lo cual invitamos al resto de los Partidos Políticos democráticos, al movimiento estudiantil, a todas las instituciones y personalidades de la sociedad democrática y en especial a todo el pueblo de Venezuela, a participar en la lucha por los valores, metas y aspiraciones que proponemos…”

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Las candidaturas unitarias a los cargos de gobernadores y alcaldes, por otra parte, serían de todos modos candidaturas partidistas. Así se desprende de la redacción de las promesas finales del pacto suscrito ayer: “…nos comprometemos a que los candidatos o candidatas de la alternativa que representamos, los escogeremos respetando la opinión de los ciudadanos en cada Estado y Municipio, dentro del compromiso de escoger a quienes por sus condiciones éticas y de capacidad sean los mejores candidatos, los que tengan mayores posibilidades de triunfo, por encima de intereses partidistas, cogollos o compadrazgos, que garanticen proyectar los resultados del 2 de diciembre hacia el futuro. Quienes suscribimos este Acuerdo, y los que lo hagan en adelante, acordaremos un Cronograma que nos permita a través del consenso, las encuestas y otros mecanismos que se consideren necesarios, presentarnos con suficiente antelación a la fecha de inscripción, con candidatos unitarios a todas las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Legislativos del país”. (Observación en passant: de nuevo aquí se ata lo que debieran ser candidaturas y ofertas locales a un nivel nacional o central: “…que garanticen proyectar los resultados del 2 de diciembre hacia el futuro”).

No parece haber allí demasiado espacio para candidaturas independientes. Sin duda hay estupendos candidatos con afiliación partidista, pero debiera preverse mecanismos para la consideración popular de vocaciones públicas no afiliadas. Esto significa que habría que arbitrar recursos que posibiliten la circulación de caras nuevas.

Una analogía de otro campo puede proveer acá la clase de decisión que se requiere. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) decidió, desde sus comienzos, que el grueso de su financiamiento de la investigación en Venezuela sería adjudicado en cabeza de investigadores. Es decir, los proyectos concretos no se aprobaban en razón del centro de investigación que los alojaría, sino para un líder de proyecto y el equipo de auxiliares que lograba reunir. Estas personas debían demostrar su idoneidad, y así debía certificarla un currículo donde constara, por ejemplo, qué artículos habían publicado en revistas prestigiosas y en cuáles conferencias y simposios habían participado. Una prescripción de tal naturaleza, por lo demás razonable, cerraba sin embargo las fuentes de financiamiento a los investigadores noveles, gente recién salida del cascarón universitario, entre la que podía hallarse más de un genio o estrella de la profesión, pero que precisamente por causa de su incipiencia no podía exhibir artículos publicados o conferencias dictadas.

Es así como el CONICIT concibió y dotó de recursos a un programa especial para el financiamiento de investigadores noveles, en el que la exigencia curricular pasaba a un segundo plano, y se valoraba de modo supremo el mérito intrínseco de los proyectos presentados. Algo así debiera poner en práctica la novísima alianza del cincuentenario del 23 de enero de 1958, la que, con las limitaciones apuntadas, debe ser recibida con beneplácito, puesto que representa un importante progreso político.

LEA

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