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El sitio web de El Universal llevaba el lunes de esta semana una noticia originada en Santiago de Chile, la que reunía, al menos, una inexactitud junto con lo que en el argot periodístico se conoce como refrito. La nota se refiere a declaraciones proferidas por Peter Kornbluh, de la ONG estadounidense Archivo de Seguridad Nacional, en el marco de un seminario sobre “Derechos humanos y acceso a la información pública” celebrado en aquel país.

La inexactitud proviene de la fuente periodística más que de Kornbluh. Al comentar la aseveración de éste, en el sentido de que su organización no dispone de pruebas de la participación de España en el golpe del 11 de abril de 2002, dice el texto noticioso: “Durante la cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago en 2007, Chávez acusó al ex presidente español José María Aznar (1996-2004) de haber apoyado ese golpe, episodio que propició el famoso ‘¿Por qué no te callas?’ del rey Juan Carlos I”. Esto es una construcción inexacta, posiblemente interesada; el monarca español sugirió el silencio a Hugo Chávez, actual poseedor de una franela alusiva obsequiada por el rey, sencillamente porque el presidente venezolano interrumpía a cada momento, fuera de su derecho de palabra, al orador de turno, el presidente Rodríguez Zapatero, sin que el director de debates lo llamara al botón.

El refrito consistió en registrar como noticia fresca otras declaraciones de Kornbluh, orientadas a establecer la participación del gobierno de los Estados Unidos en la conspiración. Dijo Kornbluh a la agencia EFE: “No tengo duda de que Estados Unidos está involucrado en el atentado contra Chávez”. Y añade la nota: “Kornbluh… señaló que su organización ha obtenido ‘documentos que demuestran que Estados Unidos, su servicio de inteligencia y el Gobierno conocían con muchos días de antelación los planes de los golpistas’.”

Es verdad que el Archivo de Seguridad Nacional—ubicado en la Universidad George Washington—se dedica, precisamente, a recopilar y almacenar documentos—actualmente archiva 75.000 piezas—procedentes del gobierno de los Estados Unidos, y que ha puesto especial interés en casos como el derrocamiento de Allende. Pero, en virtud de la Ley de la Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), el gobierno estadounidense tiene que exponer cada año una buena cantidad de documentos al escrutinio público.

En el caso concreto del 11 de abril de 2002, los Informes Ejecutivos Senior de Inteligencia producidos por la CIA, correspondientes a ese año, fueron liberados dos años más tarde y son de conocimiento público. Por tal razón se puede saber, por ejemplo, que el informe correspondiente al 6 de abril de 2002 decía, entre otras cosas: “Para provocar una acción militar, los conspiradores pueden tratar de explotar el descontento que surja de manifestaciones de la oposición programadas para más adelante en el mes o de huelgas en curso en la compañía petrolera estatal PDVSA”.

Fueron precisamente estos informes, ya públicos, los que permitieron argumentar a Eva Golinger—a sueldo del gobierno venezolano—que el gobierno estadounidense estaba involucrado en el golpe, a pesar de que el mismo informe citado reportase “las repetidas advertencias de que los Estados Unidos no apoyarán ninguna acción inconstitucional para sacar a Chávez”. El propio Kornbluh debió reconocer que su organización no tenía “documentos (sobre) un plan o una participación norteamericana” en la rebelión.

En cualquier caso, lo que EFE difunde como si se tratara de una primicia, es en verdad un refrito, periódico de ayer.

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