En 1884 escribió Herbert Spencer cuatro artículos contra la intrusión del Estado. Los publicó agrupados, bajo un breve prefacio que rememoraba cosas por él advertidas veinticuatro años antes. En esta introducción dice que su tesis de 1860, “reducida a su mínima expresión… mantenía que, a menos que se tome precauciones, el aumento de la libertad formal será seguido por una disminución de la libertad de hecho. Nada ha ocurrido que altere la creencia que expresé entonces. Desde ese tiempo la deriva de la legislación ha sido del tipo anticipado. Medidas dictatoriales, multiplicadas rápidamente, han tendido continuamente a estrechar las libertades de los individuos, y han hecho esto de doble manera. Se ha establecido regulaciones, en número que crece con los años, que restringen al ciudadano en direcciones donde sus acciones no eran previamente impedidas, y se le obliga a acciones que previamente podía hacer o no según quisiera; al propio tiempo, pesadas cargas públicas… han restringido más aún su libertad, disminuyendo la porción de sus ingresos que puede gastar como guste, y aumentando la porción que se le quita para ser gastada como plazca a los agentes públicos”.
Spencer, claro, era un filósofo social del liberalismo clásico y, por tanto, escribía de la política inglesa de fines del siglo XIX, no de Venezuela a comienzos del XXI. Pero su descripción pudiera muy bien aplicársenos. Si quisiera resumirse en una sola noción el resultado general de la presidencia de Hugo Chávez Frías, ella sería la del aumento desaforado de su dominación, de la creciente intrusión de su gobierno en nuestras vidas, del desarrollo de su poder a costa de nuestra libertad. Lo de socialismo es una coartada para aumentar incesantemente el poder del Estado venezolano, que él maneja, y su control sobre los venezolanos.
Uno pudiera preguntarse qué llevaría a Spencer a llamar dictatoriales las leyes establecidas por el sistema político inglés, que para su época (1820-1903) era claramente una democracia parlamentaria. En nuestro caso, la opción de llamar dictador a Chávez puede cotejarse con los significados que el Diccionario de la Real Academia Española atribuye al término. Apartando una tercera acepción histórica, referida al uso de la palabra en tiempos de los romanos, el DRAE ofrece las siguientes definiciones: 1. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica. 2. Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. Ambas acepciones de la palabra describen con ajustada precisión la conducta de Chávez como gobernante. Para el uso académico del castellano, Chávez es un dictador.
De un tiempo a esta parte el estudio de lo político distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de desempeño o ejercicio. Acá legitimidad no significa (DRAE) conformidad con las leyes, sino, como explica Wikipedia en español de su uso en Ciencias Políticas, “el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente”. Manuel Carrasco Durán y Pilar Vadillo Meneses, profesores de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, presentan la legitimidad como producto de un proceso de legitimación, y así señalan que “la legitimidad de origen la proporciona la legitimación democrática del poder”—esto es, una elección libre fielmente registrada—y que “la legitimidad de ejercicio la proporciona el respeto a las reglas sobre la división de poderes contenida en la Constitución”. ¿Respeta Chávez esas reglas?
La distinción entre desempeño y origen puede ser proyectada del concepto de legitimidad sobre la idea de dictadura. Esto es, hay dictaduras de origen y las hay de ejercicio. Aun cuando Chávez procuró infructuosamente ser dictador de origen en 1992 con la rebelión que protagonizara, su carácter dictatorial se pone de manifiesto con el ejercicio del poder, puesto que su excesiva presidencia, obtenida tres veces, se origina en una votación popular mayoritaria. Chávez no es, muy a su pesar, dictador de origen, pero es dictador de desempeño.
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El ámbito en el que Chávez se entromete con preferencia—localmente, pues también es un entrometido internacional—es el económico. Va contra la actividad económica libre la mayor parte de su intrusión. Tal cosa es fácil de explicar. A nivel declarativo de la coartada socialista general, primeramente, “ser rico es malo”—lo que es versión atemperada de la sentencia de Proudhon: “La propiedad es un robo”—a pesar de que el estilo de vida presidencial corresponda al de un multimillonario, es decir, de un multimalo. Más importante para Chávez, sin embargo, es el punto de vista político: la riqueza de otros es un poder que no quiere tolerar, pues pudiera oponérsele. A pesar de esto último, es la coartada lo que predominará en su justificación: él ha dicho hasta el cansancio que instaurará en Venezuela una instancia de un tal “socialismo del siglo XXI” y, por tanto, la mayoría que lo eligió habría optado por ese diseño de sociedad.
Pero en verdad se eligió a Chávez, la última vez el 3 de diciembre de 2006, para que ejerciera (continuara ejerciendo) la Presidencia de la República: la Jefatura del Estado y del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, para que dispusiera de las siguientes atribuciones, según la Constitución: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley; 2. Dirigir la acción del Gobierno; 3. Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, nombrar y remover los Ministros o Ministras; 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales; 5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas y fijar su contingente; 6. Ejercer el mando supremo de las Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos; 7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución; 8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley; 9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias; 10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón; 11. Administrar la Hacienda Pública Nacional; 12. Negociar los empréstitos nacionales; 13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada; 14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley; 15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes; 16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley; 17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales; 18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional; 19. Conceder indultos; 20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica; 21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución; 22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución; 23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación; 24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
No corresponde a ninguna de esas atribuciones la transformación del orden económico nacional, que debe atenerse a lo establecido en el artículo 112 de la Constitución: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.
Es claro, no obstante, que el gobierno presidido por Hugo Chávez no promueve la iniciativa privada, como exige la Constitución. Antes, por lo contrario, la desacredita, la amenaza y la impide o elimina. De nuevo, por supuesto, esta práctica es compatible con una orientación socialista, que se define justamente por una doctrina prefabricada de estatización de los medios de producción. ¿Votó realmente por esto, como él sostiene, la mayoría que lo eligió en diciembre de 2006?
Para empezar, los electores venezolanos no podíamos saber en qué consistía el mentado “socialismo del siglo XXI” por la sencilla razón de que el propio Chávez explicaba que habría que inventarlo. Esto es, que era inexistente. (Hasta ahora, el socialismo que Chávez practica abusivamente es más bien el propugnado por Carlos Marx a mediados del siglo XIX). El contenido concreto de esa panacea sólo empezó a conocerse con posterioridad a la elección de 2006, pues Chávez se guardó de hacerlo explícito durante la campaña electoral que condujo a su triunfo. La Carta Semanal #221 de doctorpolítico (18 de enero de 2007) ponía el asunto en estos términos:
“El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público.
“Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.
“No es cierto, pues, que siete millones de venezolanos votaran por esas medidas. No es verdad que los caraqueños preferimos a la Electricidad de Caracas roja rojita, en manos del Estado de Chávez. Es mentira que queremos que se despoje al BCV de su autonomía, facultad sugerida por la sabiduría política acumulada en centenares de años. No es cierto que optamos por federaciones de juntas comunales como sustitutos de los alcaldes. Cada una de estas cosas, que por tratarse de medidas específicas debieron constituir un programa de gobierno conocido por el enjambre ciudadano, fue ocultada adrede, porque Chávez sabía que si las notificaba los resultados electorales hubieran sido otros. En lugar de descubrirlas las escondió, y ahora decidirá como jeque omnímodo cada una de ellas por sí solo, puesto que los borregos de la Asamblea Nacional enajenarán su función propia en el Presidente de la República”.
Pero es que, además, transformar de modo tan radical y ancho el sistema económico del país, que como vimos no es atribución constitucional del Presidente de la República, tendría que ser una decisión cuya gravedad exige una mayoría muy suficiente de los electores. Si bien es cierto que Chávez obtuvo el 62,84% de los votos emitidos el 3 de diciembre de 2006, la abstención de más de 25% determinó que sólo votara por Chávez y, en teoría, por su indefinido programa “socialista”, una minoría, aunque substancial, de 47% de los electores venezolanos, Y esto, naturalmente, suponiendo que todo elector venezolano sepa qué significa exactamente el socialismo.
Por último, los registros de opinión revelan que la mayoría de la población no quiere el socialismo, tal como lo entiende. La semana pasada se daba acá cuenta de una medición de Varianzas Opinión del 5 de junio de este año: “…mientras 28% decía preferir el ‘socialismo del siglo XXI’, 68% por ciento reportaba preferencia por ‘la democracia’ como noción opuesta”. En fecha muy próxima a ésa Alfredo Keller & Asociados hacían una pregunta todavía más específica: “El 2 de diciembre la mayoría de los venezolanos votó en contra de la Reforma Constitucional que proponía para imponer al país una economía socialista. ¿Ud. piensa que el gobierno debe seguir intentando convertir al país en socialista?” El registro fue casi idéntico al encontrado por Varianzas Opinión: un 3% de los entrevistados no tenía opinión formada al respecto o no contestó, 27% contestó afirmativamente y 67% negativamente.
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Siendo las cosas así ¿qué impele a Hugo Chávez, que lee encuestas—se sabe—y saca cuentas políticas realistas, a atropellar como lo ha hecho en las últimas semanas y meses, a poco tiempo de una confrontación electoral? ¿Por qué dispara con escopeta un cartucho de veintiséis guáimaros legislativos que imponen cortapisas adicionales a la actividad económica privada y limitan aún más las libertades de la ciudadanía? ¿Qué necesidad objetiva puede manifestarse para explicar su orgía de estatización?
Variadas hipótesis darían cuenta de una conducta que pareciera, prima facie, electoralmente suicida. Probablemente la razón última sea más bien sencilla. Chávez cree, realmente, en las bondades del socialismo, pero cree todavía más que el poder está para ser usado. Imbuido de voluntarismo, supone que su conciencia debe ser impuesta y, maquiavélicamente, que en política es preferible ser temido que amado.
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