Cartas

Todas las encuestas que ha podido conocer quien escribe han dado recientes datos bastante similares. Por ser representativo del conjunto, limitemos los números a un solo estudio: el informe final del Monitor Socio-Político de Hinterlaces del 1º de junio de este año. Este estudio “cuantitativo y cualitativo” registra lo mismo que otros investigadores reportan: que una mayoría de los consultados rechaza las políticas más recientes del Ejecutivo Nacional y sus demás poderes sumisos.

En particular, por ejemplo, Hinterlaces (Oscar Schemel) mide 68% de desacuerdo con la nacionalización de empresas y haciendas ordenada desde la Presidencia de la República. (Quienes están de acuerdo con esa medida alcanzan sólo al 28%. Cuatro por ciento no quiso o no supo responder). Por ejemplo, según el estudio referido, 63% estima que esa medida pudiera afectar a la propiedad privada de todos los venezolanos. (Treinta y tres por ciento no cree tal cosa). Por ejemplo, 68% está de acuerdo con la propiedad privada que apoyan los empresarios y no con la propiedad colectiva propuesta por el presidente Chávez. (Veintisiete por ciento dice preferir la propiedad colectiva sobre la privada).

Y 57% no aprueba el establecimiento del “socialismo del siglo XXI” en el país, frente a 35% que lo aprueba. Y si ese socialismo fuera como el cubano, la desaprobación asciende a 87% y la aprobación desciende a 9%. Y 83% expresa desacuerdo con la idea de que es malo ser rico. (Once por ciento expresa acuerdo). Y 86% no piensa que ser pobre es bueno. (Diez por ciento sí lo cree). Y 80%—contra 16%—no concurre con la idea de que todos debemos ser iguales para que no haya ricos ni pobres, como sostiene que ocurriría el Presidente de la República.

En suma, la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista, a pesar de lo cual Rafael Ramírez, bajo su casco de Presidente de PDVSA, proclama: “PDVSA está con Chávez. PDVSA está con la revolución… Quien no esté en un comité socialista es sospechoso de conspirar contra la revolución”.

¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar.

La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad, de una consulta que le pare el trote a Ramírez y a su jefe.

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Dice el primer párrafo del Artículo 71 de la Constitución Nacional: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”. Se trata de la elevación (con las variantes del caso) de la norma creada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en la reforma de diciembre de 1997, a rango constitucional. (Artículo 181: El Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República por acuerdo adoptado en sesión conjunta de las Cámaras, convocada con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de su realización, por el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes; o un número no menor del diez por ciento de aquellos electores inscritos en el Registro Electoral, tendrán la iniciativa para convocar la celebración de un referendo, con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional).

El actual gobierno, que tanto autobombo resuena para presentarse como defensor de una democracia “participativa”, quiso en realidad hacer más difícil la participación popular en las decisiones “de especial trascendencia nacional” a través de un referéndum. En el proyecto de reforma constitucional derrotado el 2 de diciembre de 2007, se dejaba idénticas las exigencias señaladas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para la convocatoria de un referéndum de esa clase, pero se pretendía duplicar el esfuerzo de los ciudadanos para lograr lo mismo, al proponer la elevación a veinte por ciento de los electores registrados para asegurar la iniciativa eficaz. Como el proyecto no resultó aprobado, bastarán ahora 1.700.000 firmas ciudadanas válidas para causar un referéndum sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?

Eso es una materia de evidentísima trascendencia nacional, y se hace necesario dilucidarla porque el gobierno venezolano está empeñado en establecer un sistema socialista que no cuenta con el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Es preciso pararle el trote.

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Pudiera argüirse que los venezolanos ya nos pronunciamos al efecto el 2 de diciembre de 2007. Pero esto último no es verdad. Ese día rechazamos dos proyectos de reforma constitucional propuestos por Hugo Chávez y Cilia Flores, pero en ninguno se consultaba tan portentosa materia de manera franca y clara.

Hubo, sí, en esos proyectos intentos de contrabandear una decisión de imponer sobre la Nación un régimen socialista. Por ejemplo, en la modificación pretendida del Artículo 16 de la Constitución, relativo al territorio nacional, se decía: “Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”. Se quería también cambiar el Artículo 70 y decir: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo…” Al pretender la modificación del Artículo 103, en lo tocante a una “educación integral”, se quiso normar: “…el Estado realizará una inversión prioritaria de acuerdo a (sic) los principios humanísticos del socialismo bolivariano…” Etcétera.

Pero, por una parte, el gobierno no parece dispuesto a darse por aludido con la inequívoca manifestación del Pueblo, a pesar de que el propio Presidente de la República comentara luego del 2 de diciembre de 2007: “Quizás no estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No estamos listos todavía para emprender un Gobierno abiertamente socialista”. (Rafael Ramírez piensa, evidentemente, otra cosa). Por la otra, conviene estar seguros en asunto tan grave. Los proyectos de reforma constitucional derrotados el 2 de diciembre de 2007 comprendían la modificación de sesenta y nueve artículos de la Carta Magna, y puede sostenerse que a nadie le es posible especificar con seguridad a qué fue exactamente lo que una mayoría de electores negó su aquiescencia.

Más aún: a pesar de que aquel día se echó para atrás todos y cada uno de los artículos reformados en ambos proyectos, incluyendo la eliminación de límites (un solo período) para la reelección del Presidente de la República, el pasado 15 de febrero se aprobó la reelección indefinida del mismo cargo y otros de origen electivo. Es decir, que la inconsistente (frecuentemente inconstitucional) jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia es que un proyecto complejo de reforma constitucional que sea repudiado por la mayoría puede ser aprobado después a pedacitos.

Así, pues, conviene sostener un referéndum consultivo acerca de esta materia por dos razones: para que la cosa quede meridianamente clara; para parar el trote a Rafael Ramírez y su jefe.

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Lo que antecede es invitación que esta publicación extiende a los ciudadanos venezolanos, a los electores, a los integrantes del Poder Constituyente Originario, a la Corona Soberana de Venezuela, a su Pueblo. De encontrar resonancia tal exhortación, y de considerarse que el suscrito puede ser de alguna utilidad en la formación de la convocatoria del referéndum descrito, él declara estar a la orden de quienes se sumen a la iniciativa.

Y añade esta opinión: con un pronunciamiento de la Corona como el mencionado se logra un doble propósito adicional; se acaba con el monopolio gubernamental de la iniciativa política, se macera con tiempo el desempeño electoral en los próximos comicios para elegir una nueva Asamblea Nacional. (Se calienta músculo político). Por supuesto, se le para el trote al gobierno.

El jefe de ese gobierno opinó que, el 2 de diciembre de 2007, quienes desaprobaron su proyecto y el de Cilia Flores alcanzaron una victoria pírrica. (“De mierda”). En verdad, el proyecto del Ejecutivo Nacional fue derrotado por una ventaja de 1,31%; el proyecto de la Asamblea Nacional por 2,02%. Expresemos ahora, para que no haya dudas ni posibilidad despectiva, una victoria de oro. Por ejemplo, la ventaja de 22 puntos medida por Hinterlaces para la negativa a su pregunta: ¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con la idea del Presidente Chávez de establecer el socialismo del siglo XXI en Venezuela? (35 a 57).

Vamos a pararle el trote a Hugo Chávez.

luis enrique ALCALÁ

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