Sin vocación de pretexto

El suscrito admite de buena gana que ha comenzado a pensar si no sería buena cosa confiar la dirección de este blog a María Teresa Herrera de Andrade. Después de haberle suministrado el magistral discurso de Óscar Arias Sánchez, Presidente de Costa Rica, en la reciente cumbre de Cancún, la Dra. Herrera quiso subsanar una carencia confesada en la Nota del Día de hoy, 26 de febrero de 2010. En relación con la carta enviada por Santiago Cantón, Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a José Rodríguez Iturbe, que Hugo Chávez esgrime como prueba de que Cantón habría reconocido el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, la Nota mencionada dice: “No ha sido posible a este blog, luego de horas de investigación por Internet, ubicar el texto de esa comunicación—aunque varias páginas web asociadas al gobierno venezolano o sus simpatizantes aluden a ella y la dan por ‘fundamentada’—, por lo que no puede emitir juicio sobre la materia”.

La Dra. Herrera tampoco pudo conseguirla, pero ha enviado algo mucho mejor: un informe del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con fecha del 23 de mayo de 2002, “sobre las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001”. La Dra. Herrera subrayó en su texto el párrafo que le mata a Chávez el gallo en la mano:

Como es del conocimiento de esta Comisión, en los próximos días la CIDH visitará Venezuela. La Asamblea Extraordinaria recientemente celebrada  expresó su satisfacción de que la Comisión haya aceptado la invitación que el Gobierno de Venezuela hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita in loco a Venezuela. Quisiera agradecer al Gobierno del Presidente Hugo Chávez la invitación que formulara a la CIDH, confirmada con fecha 8 de abril del 2002. Aprovecho esta importante ocasión para expresar el beneplácito de la Comisión por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Chávez. Ante el intento golpista, la Comisión Interamericana reaccionó públicamente y de inmediato expresando, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. En este contexto y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y estatutarias, el 13 de abril de 2002 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión,  conforme a su práctica de más de cuatro décadas de trabajo, se dirigió a quienes en ese momento detentaban el poder de facto en Venezuela, para solicitar información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y profirió medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. En los últimos días, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría catalogado de ambigua” la posición mantenida por la CIDH frente a los hechos ocurridos en Venezuela en recientes días. Para sustentar tal afirmación, el Ministro Dávila citó esta comunicación nuestra dirigida a José Rodríguez Iturbe, quien fuera designado Canciller en el llamado gobierno de transición. La CIDH se ve obligada a precisar que esa comunicación no puede interpretarse como forma alguna de reconocimiento al régimen de facto. En ningún momento, explícita o implícitamente la Comisión reconoció al gobierno de facto en Venezuela. Conforme a su práctica y a la de otros órganos internacionales de derechos humanos, se dirigió a quienes el día 13 de abril de 2002 detentaban de facto la autoridad estatal en Venezuela, ya que el ejercicio de la autoridad, usurpada o no, conlleva la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En múltiples ocasiones en el pasado la Comisión ha mantenido comunicaciones con gobiernos de facto en distintos países del hemisferio, a la par de condenar enérgica y categóricamente los quiebres institucionales. No corresponde a la CIDH conforme a sus facultades convencionales o estatutarias reconocer a gobiernos sino proteger los derechos humanos de las personas y es lo que precisamente hizo en este caso.

Es oportuno recordar que, a comienzos de este mes, Luis Alfonso Dávila se retrató con otros miembros de un tal “Polo Constitucional”, formado por antiguos colaboradores del Presidente—Herman Escarrá, Joel Acosta Chirinos, Carlos Guyón y Jesús Urdaneta, entre otros—para solicitarle la renuncia en vista de su “ilegitimidad de desempeño”. Apartando esto último, es evidentísimo que en la exigua lista de cualidades que adornan al Presidente de la República no figura la gratitud; a quien en hora sombría para él se preocupaba por el respeto a sus derechos humanos, dedicó ayer su verbo más injusto y más procaz.

Viéndolo bien, no cargaré a la Dra. Herrera con el exigente—pero muy satisfactorio—trabajo de atender el blog de Dr. Político. Más bien, encarezco a sus amables visitantes enviar contribuciones tan útiles y pertinentes como las que ella hace llegar. Con su ayuda, este blog, este lugar de encuentro podría ser mucho mejor para todos. LEA

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