El único con ranking de estadista

El cognomento del título es justificado con orgullo en el generalmente benévolo artículo de Wikipedia en Español sobre Diego Arria: “Su gestión contra las construcciones ilegales en el DF, con sus respectivas demoliciones inmediatas sin mediar tribunales y su rigidez en el manejo del poder entonces le dio el sobrenombre de ‘Diego Mandarria’. El juego de palabras es por Manda-Arria, pero en Venezuela se conoce como mandarria a un tipo de mazo de hierro pesado usado para demoler paredes”. En ocasión de candidatearse por segunda vez a la Presidencia de la República, parece venir con todos los hierros. (La primera vez lo hizo en 1978, aunque anunció privadamente su intención a un pequeño grupo reunido en su casa en noviembre de 1974, cuando el gobierno al que servía como Gobernador del Distrito Federal no había cumplido siquiera un año. De los 5.332.712 votos emitidos en aquella oportunidad, Arria obtuvo 90.060, o 1,69% de la votación. Todavía no se había mudado “a vivir con su familia a la ciudad de Nueva York en donde se convierte en socio de negocios de Donald Trump”).

Arria con CAP en tiempos idos (clic amplía)

De los seis candidatos a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática es Arria, sin duda, el político de más cartel: ex gobernador, ex presidente del Centro Simón Bolívar, ex ministro, ex candidato presidencial, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. En este organismo destacó como Asesor Especial de su Secretario General (Kofi Annan), y como hábil negociador en el Consejo de Seguridad, donde la “Fórmula Arria” designaba un exitoso mecanismo de consultas informales que se empleó durante la más reciente guerra en los Balcanes. Siempre ha sido un negociador eficaz: de las mazmorras del mismísimo Augusto Pinochet, Arria liberó a Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende. Es una capacidad que puso de manifiesto tempranamente en la década de los sesenta, cuando era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero también es el candidato que Hugo Chávez preferiría confrontar, su más cómodo enemigo. Chávez no tendría problemas al catalogarlo como representante destacado de “la Cuarta República”, y seguramente sacaría a relucir la estela de cuestionamientos que Arria dejó a su salida del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1978: “Su gestión como gobernador no está ausente de polémicas, entre éstas se cuenta el hecho denunciado que la adquisición de los autobuses importados no fué bajo licitaciones por ley, una adquisición por parte del CSB de unos terrenos en Antímano y otra con respecto a unas obras realizadas en el balneario de Camurí” (Wikipedia). Arria, el más redondo y experimentado de los precandidatos de la MUD, es también el más vulnerable.

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Ahora Arria quiere lograr tres cosas: la Presidencia, por supuesto; una nueva asamblea constituyente; sentar a Hugo Chávez en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional de La Haya, por presuntos “crímenes de lesa humanidad”. Ya elevó su denuncia ante la comisión del tribunal encargada de procesar estos delitos, y la prueba principal que aduce es un conjunto de grabaciones del Presidente de la República en intervenciones por televisión: “Introducimos la denuncia en defensa de los miles de niños venezolanos que han sido afectados por Chávez (…) Nosotros no somos acusadores; eso le corresponde al fiscal. Nosotros venimos como defensores de los venezolanos”. Bueno, eso tiene sus reglas y su proceso. Ya veremos si los magistrados de La Haya encuentran méritos para el enjuiciamiento y condena de Chávez según la pretensión de Arria, que es persona de fama internacional y contactos importantes.

Pero es otra cosa el asunto ese de una nueva constituyente. Arria se añade a la lista de proponentes de esa panacea: Herman Escarrá, Raúl Isaías Baduel, Ángel Lombardi, Teódulo López Meléndez… Cada uno—Arria también—concibe a ese mecanismo como el indicado para anular políticamente al régimen chavista que sería, en principio, derrotado electoralmente. Los procesos constituyentes, sin embargo, son para otra cosa: para redactar el proyecto de una constitución enteramente nueva. Quienes proponen la constituyente para realizar una teórica limpieza política indican un uso equivocado de un organismo tal. Cuando se discutía en 1998 el tema de la constituyente, varios errores de concepto salieron a relucir en el debate; entonces, escribí el 10 de septiembre de ese año un artículo (Contratesis, para el diario La Verdad de Maracaibo) con el peregrino propósito de enderezar las ideas. Uno de sus fragmentos es éste: “La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”.

Tan sencillos conceptos no fueron atendidos. La oposición a Chávez permitió que éste lograra un carácter “originario” para la Constituyente de 1999, que decapitó al Congreso de la República cercenándole el Senado—sin que Henrique Capriles Radonski, entonces Presidente de la Cámara de Diputados, protestara la barbaridad, pues su oficina permanecía incólume—en acto abusivo que dio en llamarse “la Preeliminación del Senado”. (Los dirigentes de oposición parecían actuar en aquellos momentos desde una vergüenza y una conciencia culpable que permitió estas cosas. Henry Ramos Allup, por ejemplo, se postuló como candidato a diputado constituyente, con la intención de que su condición adeca pasara desapercibida, ¡como independiente por el estado Apure!)

Ahora quieren los opositores que propugnan una constituyente que ésta siga el equivocado modelo chavista. Arria ha señalado, por supuesto correctamente, que un candidato opositor triunfante en 2012 tendría que encargarse del gobierno en condiciones de muy difícil gobernabilidad: la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, etc., estarían en manos de chavistas. Es por esto que propone la constituyente como modo de arrasar con ese dominio.

Pero, en cualquier caso, la elección de diputados a una nueva constituyente tendría que efectuarse según las reglas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales promulgada en agosto de 2009, y ella estableció una estructura de distritos electorales que permitiría, de nuevo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuviera una cómoda mayoría en la hipotética constituyente, como pudo lograr la mayoría operativa en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2010. (Con una diferencia a su favor que no llegó a 1% de los votos, el PSUV logró 98 diputados contra 65 de la MUD). Es un espejismo, por consiguiente, el control de una constituyente por la MUD, por la que se pronunció el 27,4% de los consultados por IVAD entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, frente a 37,1% que expresó preferencia por el PSUV.

Claro, el espejismo previo es la elección misma de Diego Arria como Presidente de la República. Ni siquiera ganará las primarias del 12 de febrero, lo que hace de esta nota, en verdad, un ejercicio innecesario. Posicionado como el más radical antichavista, como agente justiciero que quiere ver a Chávez en el lugar de Milosevic, ha optado deliberadamente por cortejar el apoyo de la minoría más furibunda. Así no se gana elecciones. LEA

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