La idea que Eugenio Mendoza Goiticoa llevó a la XVIII Asamblea de Fedecámaras (Mérida, julio de 1962)

Se ha querido presentar al empresariado nacional como actor insensible y egoísta, involucrado en una dominación deliberada sobre los habitantes más pobres del país. La verdad es que el empresario venezolano ha sido destacado pionero en materia de responsabilidad y solidaridad social, tanto en términos de recursos aportados como en materia de iniciativas con imaginación y de conceptos avanzados en la materia.

Alfredo Anzola Montaubán, el ideólogo

Siempre hubo filantropía de los empresarios en Venezuela, pero fue en la década de los años sesenta cuando su presencia se hizo marcadamente mayor y mejor orientada por una moderna filosofía de la responsabilidad social, de elaboración esencialmente autóctona. En 1964 los empresarios venezolanos concibieron y emitieron su Declaración de Responsabilidad Social de la Libre Empresa, que daba piso principista a la organización y el concepto del Dividendo Voluntario para la Comunidad, que cumplió 40 años de existencia en 2004. El documento fue conceptualmente tan importante que la explicación venezolana de sus nociones fue requerida en el continente y en Europa, y misiones de empresarios nacionales fueron a distintos países a llevar el evangelio de la responsabilidad social, tan lejos como a Filipinas, donde la iniciativa del DVC fue copiada en la asociación Phillipine Business for Social Progress (1971). Treinta y seis años antes de que British Petroleum comenzara la publicación de balances sociales y ecológicos (año 2000), ya el liderazgo empresarial venezolano había establecido las líneas conceptuales de la responsabilidad social de la empresa, noción que terminó estando de moda en el mundo sólo al inicio del siglo XXI.

Una visión que cumple 50 años

La década de oro de la inversión social privada fue, entonces, la que va de 1963 a 1973 (justo el año antes de que se iniciara la patología econó­mica venezolana causada por la inundación de dólares petroleros a raíz del embargo de los países árabes, una acción en la que Venezuela no tuvo parte). Entre esos años floreció una nume­rosa constelación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la acción solidaria en casi cada parcela de necesidad, y criterios y conceptos desarrollados por ellas y por la actividad fundacional fueron asumidos por el gobierno para sus propios programas. (En materia, por ejemplo, de desarrollo de las comunidades de menores recursos—con el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria y Acción en Venezuela—o en la consideración de la enseñanza preescolar como sistema educativo formal: los principios desarrollados por Alba Fernández de Revenga en el Centro Infantil Altamira de la Fundación Neumann informaron la filosofía de la educación oficial en preescolar, establecida por el Ministerio de Educación que ejercía Enrique Pérez Olivares, muy recientemente fallecido).

Por aquella época, debe anotarse, la incipiente democracia venezolana se vio seriamente amenazada por la violenta actividad subversiva de la gue­rrilla rural y urbana. El empresariado venezolano eludió la tentación de involucrarse, como le fue propuesto, en la promoción de la violencia con­traria, y asumió como suya la acción a favor de las comunidades desde la perspectiva de una ciudadanía corporativa que respondía a la realidad social. Y aunque a comienzos de la democracia el sector público disponía de más recursos que el sector privado, la acción social de éste se hizo sentir con su creatividad innovadora y la magnitud y energía de su dedicación.

Esto cambió de manera muy importante a partir de 1974. Un Estado re­pentinamente recrecido en recursos, trastocó las proporciones y las prio­ridades. Así, un Estado súbitamente rico ya no tuvo tanto interés en la cooperación social proveniente de la iniciativa privada, y el deterioro posterior de las condiciones económicas generales dificultó la proyección de la acción social empresarial.

A pesar de esto, la solidaridad social del empresario venezolano sigue siendo muy significativa, como lo atestiguan las cifras de su inversión en la comunidad, que han sido recogidas por reciente investigación siste­mática. (Tan sólo una entidad bancaria venezolana, por ejemplo, registraba en 2004 la cifra de 17 millardos de bolívares de aporte en el “balance social” que publica con regularidad).

Pero más allá de las cifras, es la calidad y la eficiencia de la inversión so­cial privada algo digno de destacar. La sola iniciativa de la red de escue­las de Fe y Alegría representa para el Estado venezolano un enorme alivio de la carga social, y a todas luces es de una productividad superior a la del sistema educativo público.

Hoy en día la presencia social del empresario nacional está multiplicada por todas partes, a través de su contribución al sostenimiento de nume­rosas ONGs o mediante la operación directa de programas propios. Ade­más del Dividendo Voluntario para la Comunidad, Fedecámaras ha esta­blecido una especial Oficina de Responsabilidad Social, y la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (Venamcham) administra su vigoroso programa de Alianza Social. Numerosas fundaciones de diversas escalas canalizan fondos de muy importante cuantía para la educación, la cien­cia, la cultura, el alivio de la pobreza, la profilaxis contra las drogas, la salud, el deporte.

Pero como decía Juan XXIII, no sólo hay que ser bueno, hay que pare­cerlo. Es necesario que el empresariado de Venezuela se reposicione a este respecto, a partir de la realidad de su trascendente solidaridad social. Ser rico no es malo. LEA

_________

Share This: