Nadie pidió la opinión a Romero Bonifaz, negador de su segundo apellido

Mantén tu atención centrada enteramente en lo que es verdaderamente tu propio asunto, y permanece lejos de lo que pertenece a otros; es de su incumbencia y en caso ninguno cosa tuya.

Epicteto

El consejo no solicitado es siempre entrometido.

Jonathan Lockwood Huie

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No debe haber quien ignore entre nosotros que en cuatro días, el domingo 7 de octubre, Venezuela celebrará la elección presidencial que en principio debe determinar quién será el Jefe del Estado para el período 2013-2019. Cada ciudadano deberá ser respetado en su decisión electoral, sea que quiera votar por Hugo Chávez Frías, Henrique Capriles Radonski, María Bolívar, Orlando Chirinos, Reina Sequera o por Luis Reyes Castillo. (Yoel Acosta Chirinos nos hizo el favor de retirar su candidatura). También deberá ser respetado quien decida abstenerse de votar por cualquiera de ellos o quien produzca conscientemente un voto nulo, e incluso quien se equivoque y lo produzca sin intención. Es de la esencia de la democracia ese respeto; sobre todo quienes se autodefinen como demócratas con “patriótica” arrogancia moralista están obligados a tal respeto so pena de inconsistencia. Cualquiera que pretenda forzar a otro a votar en contra de su conciencia es un entrometido.

Pero también se entrometen quienes, desde afuera, emiten solemnes declaraciones que dejan entrever dudas acerca del proceso electoral venezolano. Por ejemplo, dos senadores estadounidenses—Robert Menéndez, demócrata y Marco Rubio, republicano—que ayer declararon así conjuntamente:

El 7 de octubre, los venezolanos tendrán que elegir entre dos futuros radicalmente diferentes para su país en elecciones de importancia estratégica para nuestro hemisferio. El gobierno venezolano tiene la obligación de realizar un proceso electoral libre y transparente, garantizar la seguridad de todos los votantes, y respetar la voluntad de los electores. El pueblo venezolano debe saber que las democracias del Hemisferio Occidental están dispuestas a responsabilizar a cualquier persona que amenace con perturbar la celebración pacífica de elecciones libres y justas.

Instamos a la Administración y la comunidad de las democracias en el hemisferio a mantener un ojo vigilante sobre las condiciones previas y durante el día de las elecciones para garantizar que la voluntad del pueblo se exprese en los resultados.

Eso es una falta de respeto, una intromisión, además de una velada amenaza incumplible. Es al Consejo Nacional Electoral y a los venezolanos todos a quienes corresponde “garantizar que la voluntad del pueblo se exprese en los resultados”. No le sale a los senadores Menéndez y Rubio señalarle obligaciones al gobierno de Venezuela, ni a nuestro pueblo cuáles cosas debiéramos saber.

Buscando votos en Florida

Días antes, el presidente Barack Obama había dicho a América TV (Miami): “Mi gran preocupación respecto a Venezuela es que el pueblo venezolano tenga una voz en sus asuntos internos y que, en última instancia, pueda tener elecciones libres y justas”. El pueblo venezolano tiene voz en sus asuntos internos, y no recuerdo que Obama haya manifestado sus deseos de elecciones libres y justas en la Inglaterra que eligió a Cameron, la España que optó por Rajoy y la Francia que escogió a Hollande. Uno entiende las propias necesidades electorales del Presidente de los Estados Unidos, acusado de mano débil con Chávez, pero con esas declaraciones se ha entrometido. Captando sus implicaciones, el Palacio de Itamaraty observó por boca del canciller Antonio Patriota que el gobierno de Brasil tiene plena confianza en que el proceso electoral en Venezuela será “creíble y transparente”.

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Pero es un entrometido mucho peor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Este señor ha salido a decir que en caso de un triunfo electoral de Capriles, Bolivia se vería obligada a “revisar las relaciones bilaterales con Venezuela“. Metiéndose donde no debe, ha opinado que si Chávez perdiera la votación “se pretendería retornar a la subordinación de nuestros países al imperio del norte”.

Aclaremos algunas cosas al entrometido funcionario boliviano. Bolivia recibe importante apoyo monetario venezolano gracias a los dólares que fluyen a las arcas de PDVSA, y ésta es una empresa nacional desde que Carlos Andrés Pérez nacionalizara la industria petrolera venezolana en 1975, afectando a empresas extranjeras de las que las principales eran del “imperio del norte”. Tampoco parece que en su segundo gobierno Pérez diera muestras de subordinación a los EEUU cuando escogió, como invitados especialísimos a su segunda investidura, al socialista Felipe González y a Fidel Castro. Antes del primer período de Pérez, Rafael Caldera Rodríguez procedió a denunciar el tratado comercial de Venezuela con los Estados Unidos y a promover la Ley de Reversión de las concesiones petroleras.

En un famoso debate de la campaña electoral de 1963, se enfrentaron—por primera vez en la televisión venezolana—dos de los candidatos del momento: Rafael Caldera y Arturo Úslar Pietri. Éste enrostraba al primero el pecado de haber participado en el gobierno electo en 1958—en cumplimiento caballeroso del Pacto de Punto Fijo—, puesto que Acción Democrática era marxista, la encarnación del demonio. Caldera se mostró extrañado de que esa reconvención viniera de quien fuese ministro del gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando éste había pactado con el Partido Comunista de Venezuela en las elecciones municipales de 1941 y había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Úslar calló respecto del primer detalle, pero atinó a responder que las relaciones con la URSS habían sido inauguradas “por presión abierta y expresa del gobierno de los Estados Unidos”. Claro, los EEUU estaban en guerra con Hitler y la URSS era aliado momentáneo de ese país y de Inglaterra, pero no fue Caldera quien reveló la enormidad de la soberanía disminuida sino Úslar, que al cabo de la elección acordó muy inconsistentemente que su partido ingresara al “Gobierno de Ancha Base” presidido por Raúl Leoni, militante de AD, la encarnación de Satán según los medinistas.

En Venezuela hay, naturalmente y como la hay en Bolivia, gente que piensa que los Estados Unidos son lo máximo; durante el segundo período de Caldera una fuerte corriente de opinión quería dolarizar la economía venezolana, y se promovió la “caja de conversión” como el método para hacerlo, como Argentina lo hizo, con resultados desastrosos, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem bajo su ministro financiero Domingo Cavalho. Pero la opinión de esos venezolanos y bolivianos es algo que debe ser respetado, y lo que es una irrespetuosa distorsión de nuestra historia, y un entrometimiento inaceptable, es la falsa noción de que los gobiernos democráticos venezolanos se subordinaron alguna vez al “imperio del norte”.

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Medalla de oro

Romero Bonifaz es sólo el subcampeón del entrometimiento, a pesar de su notable esfuerzo. El primer lugar en el podio le corresponde al general Henry Rangel Silva, Ministro de la Defensa. Refiriéndose a Capriles, dijo: “El señor dice ayer [1º de octubre] de que va a nombrar un Ministro de la Defensa, un general activo como su Ministro de la Defensa. Eso es una de las declaraciones que realmente nunca debió haber sacado porque quiere generar o quiere proyectar un nivel de triunfalismo. ¿Cómo va a decir que va a nombrar un general activo cuando en su plan de gobierno está desarticulando a la Fuerza Armada? Yo no creo que haya general activo que se preste, en el supuesto negado por supuesto, a desarticular a la Fuerza Armada”.

Bueno, veamos. En el programa de gobierno de Capriles (ProgramadeGobiernoCaprilesRadonski) no se encontrará ni una sola mención de la palabra militar o el término defensa. Varias veces se consigue la noción de seguridad, sólo que exclusivamente referida al plano social y jurídico.

Pero sí dice ese documento:

Hemos tomado como punto de partida los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019 y, con la participación de cientos de expertos de todo el país y tomando en cuenta lo que aprendimos y escuchamos en nuestros recorridos por comunidades de toda Venezuela, hemos elaborado este Programa de Gobierno en función del trayecto de vida de la familia y cada uno de sus miembros y, en particular, del trayecto de aquellos que tienen más obstáculos para progresar.

Busquemos entonces en aquel acuerdo previo (lineamientosmesaunidad) el plan de “desarticular la Fuerza Armada”. Esto es lo que dice en materia de La Fuerza Armada Nacional:

106. Reformular la institución castrense y redefinir su rol en el nuevo gobierno democrático, para despojarla de sujeciones ideológico partidistas.

107. Subordinar el estamento militar a los principios constitucionales y a los lineamientos institucionales del poder civil, lo que es fundamental para el fortalecimiento del sistema político.

108. Restablecer el carácter de la Fuerza Armada Nacional como una institución apolítica, obediente al poder civil, no deliberante y sometida a la Constitución y a las Leyes.

109. Proponer la revisión de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

110. Distinguir y definir las áreas de interés común y las áreas de interés propio para los civiles y los militares, respectivamente, a los fines de lograr el equilibrio entre ambos sectores.

111. Reducir progresivamente el monopolio militar en materia de seguridad, en la medida en que organizaciones civiles diseñen, desarrollen y ejecuten eficazmente dicha función, a los fines de que se concrete la corresponsabilidad.

112. Eliminar la Milicia Bolivariana, como cuerpo militar separado de los componentes constitucionales de la Fuerza Armada Nacional, dependiente del Presidente de la República.

113. Fortalecer los mecanismos que garanticen la investigación y el proceso por parte de autoridades civiles de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, la reparación del daño causado y la adopción de medidas que eviten la repetición de tales abusos.

114. Adoptar las decisiones dirigidas a reducir la competencia de los tribunales militares al ámbito estrictamente castrense.

115. Propiciar espacios de colaboración entre civiles y militares, en los que éstos se mantengan dentro de la esfera de actuación que democrática y constitucionalmente les corresponde.

En lo que antecede, que suscribo por entero, no hay otra cosa que la corrección de las aberraciones que las administraciones de Hugo Chávez, en contravención de la Constitución Nacional, han producido en el estamento militar venezolano, al que se le hace gritar “Patria, socialismo o muerte”. Esto dice el Artículo 328 de la carta política fundamental de Venezuela:

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

Está claro ¿no? En ningún caso puede ser llamada una desarticulación de la Fuerza Armada Nacional su regreso a lo que la Constitución le prescribe. La Fuerza Armada Nacional es hoy, por obra de Hugo Chávez y ministros como Rangel Silva, un órgano deformado, groseramente puesto al servicio de una persona y su parcialidad política. La agenda explicada arriba es una necesidad.

Quien está excedido, entrometido, es Rangel Silva. No le toca a él, no le incumbe, no es su asunto debatir si un legítimo candidato presidencial puede nombrar un militar activo como su Ministro de Defensa—del “Poder Popular”, por si acaso—en la eventualidad de ser electo Presidente de la República. Claro, es característico del Ministro de la Defensa este tipo de exabruptos. (Ver en este blog Glosa de cuatro soles). Habría que preguntarle cómo es que él, general activo, se prestó a la desarticulación de la Fuerza Armada con la introducción de una milicia “bolivariana” que es, por la medida chiquita, una ocurrencia extraconstitucional. LEA

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