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Referendo sobre el socialismo

Cédula de identidad vigente y extraviada

Error en fecha de nacimiento: debe decir 11-01-43

 

Desde siempre me opuse al gobierno del difunto presidente Chávez, ante el que intenté mantener una posición clínica: siempre sostuve que la cura de la enfermedad del Estado venezolano, la de su aquejada economía, de la neurosis general de la psiquis venezolana, no podrá venir de una postura que sólo se entienda como oposición al actual gobierno y los que lo precedieron. He sostenido desde hace quince años que la mera negación del chavismo no es lo correcto, y que lo que hay que hacer es refutar las equivocaciones de su discurso y proponer lecturas alternas que las superen y sean remedio eficaz, a fin de que el país mismo y no el gobierno sea quien resuelva la mayoría de sus problemas.

Veo con preocupación y dolor esta fase de protesta, desorden, represión y exceso bilateral asimétrico en nuestro país, que ha interrumpido con impaciencia radical un incipiente proceso de diálogo del Ejecutivo Nacional con gobernadores y alcaldes, que fue un primer aporte de su lado para entendernos, y que comenzaba a dar frutos en el tratamiento de uno de nuestros mayores problemas: la inseguridad de los ciudadanos de Venezuela. La impaciencia no quería que se alcanzara ese progreso; mientras peor estuviéramos, más grande sería la crisis de gobernabilidad que acabaría con el gobierno, sin importar el sufrimiento que se causara. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos ha conseguido recientemente 12% de radicales en los partidarios del gobierno y 9% de radicales de oposición, y nuestra actual realidad es que una quinta parte de la opinión impone su radicalidad al 80% de la población y hace muy difícil el regreso a la normalidad, aun dentro de nuestras acusadas diferencias de visión. Esto es una anormalidad que debe cesar; debemos repudiar ese chantaje extremista.

Pero a esa búsqueda airada de los radicales debe ofrecérsele una canalización eficaz, un foco constructivo, so pena de que los poderes públicos sean muy pronto desbordados. Por esto creo que es hora de convocar al Soberano, hoy en día el único actor capaz de traer el orden y el sosiego al país.

Es la médula del problema la intención oficial de implantar el socialismo en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de diciembre el Plan de la Patria, y éste propugna como segundo objetivo estratégico de esa patria “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”, y habla de una “transición al socialismo”. Gran parte de la propaganda oficial, por otro lado, se destina a convencer a la ciudadanía de que vamos “rumbo al socialismo”, y las facturas del servicio eléctrico son emitidas por una empresa que se presenta como socialista, y desde hace años las paradas de Metrobús anuncian lo mismo, así como las frecuentes gigantografías en las oficinas de PDVSA y el SENIAT, y las exposiciones de motivos de más de un decreto del Ejecutivo también lo declaran. Más allá de estos eslóganes y de las declaraciones de intención, el gobierno ha acusado frecuentemente a los empresarios de librar una “guerra económica”, cuando fue el propio presidente Hugo Chávez quien la declarara, el 2 de junio de 2010. Cito: “Me declaro en guerra económica. A ver quién puede más, ustedes burgueses de pacotilla o los que quieren la patria”. Ahora el presidente Maduro, con su invitación al Presidente de Fedecámaras y otros empresarios para que participen en la Conferencia de la Paz, ha descubierto un oasis más propicio al entendimiento y la cooperación, aunque no olvidemos que él mismo dijo el 13 de diciembre de 2012: “A Fedecámaras no vamos a darle dólares sino dolores”.

Ahora bien, nuestra tradición jurídica apela, en los dictámenes de nuestro Tribunal Supremo de Justicia y del resto de nuestro sistema judicial, al Diccionario de la Lengua Española para entendernos, para saber qué significan ciertos conceptos en sus sentencias y decisiones. Ese diccionario define socialismo así:

1. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes.

2. Movimiento político que intenta establecer, con diversos matices, este sistema.

3. Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo.

Y el presidente Chávez declaró el 15 de enero de 2010 en la Asamblea Nacional, en presencia del cuerpo diplomático acreditado en el país: “Y también soy marxista… Lo asumo. Yo cuando asumo, asumo”. De modo que no puede caber duda acerca de cuál socialismo es el que quiere construir el gobierno. Es el del diccionario.

Pero no es eso lo que está establecido en nuestra Constitución. Ella norma supremamente en su Artículo 112:

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

En argumentación de gente que pertenece a las filas oficialistas, la imposición del socialismo habría sido aprobada por el pueblo venezolano, pues el Plan de la Patria fue el programa de gobierno del presidente Chávez, reelecto por tercera vez el 7 de octubre de 2012. Sin embargo, razones distintas de la aprobación explícita de su programa pudieron llevar a más de ocho millones de electores a depositar su voto a favor del presidente Chávez.

Tampoco creo que el 2 de diciembre de 2007 se produjo un rechazo explícito al socialismo. En esa fecha, dos proyectos de reforma constitucional fueron rechazados, y aunque en sus sesenta y nueve artículos se colaba una media docena de menciones al socialismo, no es posible establecer a cuáles cosas específicas negaron su aprobación los electores que los repudiaron.

Pero el asunto es que el establecimiento de un régimen político-económico socialista no puede decidirse en una elección presidencial cuyo triunfador lo contemple en su programa de gobierno. Los venezolanos que votaron por el presidente Chávez, o quienes votaron por el presidente Maduro, no fueron convocados en su condición de Poder Constituyente Originario sino como simples electores, y este asunto, como quedó dicho, es de índole constitucional. Ni siquiera la Asamblea Nacional puede establecer una cosa así en una votación ordinaria, y tampoco en una extraordinaria.

Y no necesitamos una Constitución radicalmente distinta de la actual, y por eso no necesitamos una constituyente; no necesitamos dar más cargos ni más gastos ni más prerrogativas a unos apoderados constituyentes. Pero sí necesitamos un procedimiento constituyente, una consulta al Soberano en su condición de Poder Constituyente Originario.

El país necesita dilucidar de una vez por todas si quiere para sí un régimen político-económico socialista. La Carta de la Organización de los Estados Americanos pauta en el literal E de su Artículo 3º: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.

Es, entonces, un asunto de Estado, pero no de los poderes constituidos. Ya eso no pueden decidirlo esos poderes, el del Presidente incluido; ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia. Es el propio fundamento del Estado, su asiento y su esencia, el Poder Constituyente Originario, el Pueblo convocado como tal, el único poder que puede decidirlo.

Nosotros podemos convocar, en uso de la facultad que le atribuye el Artículo 71 de la Constitución a la iniciativa popular, un referendo consultivo para decidir sobre una pregunta simple e inequívoca a cada ciudadano: “¿Está Ud. de acuerdo con el establecimiento en Venezuela de un régimen político-económico socialista?”

Ésta es una consulta al Soberano que puede unirnos, mientras estamos hoy dispersos en una gama de opiniones que incluye los extremos más radicales, los que vuelvo a repudiar. Un socialista honesto y de vocación democrática, y los hay muchos, que crea que el socialismo es el mejor de los sistemas político-económicos, tendrá interés en saber si una mayoría de la Nación le acompaña en este punto de opinión, que no es una preferencia presidencial o municipal, y sabrá también acatar la decisión de la mayoría.

Del otro lado, habrá quien diga que la propiedad es un derecho humano y, por consiguiente, ella no puede ser conculcada ni por el Poder Constituyente Originario, limitado sólo, precisamente, por los derechos humanos y los tratados válidamente contraídos con soberanías equivalentes. Ese opositor sostendrá que no puede imponérsele un régimen socialista, en el que la propiedad de los medios de producción sea del Estado. Pero un socialista puede argumentar, con derecho equivalente, que en 1999 se le impuso un régimen capitalista, aunque, como sabemos, nuestra Constitución escogió en realidad una tercera vía, ni capitalista ni socialista.

Como escribí el 9 de junio de 2010: “…un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes en un mundo que cada vez menos se ve en blanco y negro, en el que la riqueza multicolor de las diversidades culturales y de opinión nos promete, a pesar de todas las dificultades del momento en el planeta, un futuro mucho más satisfactorio”.

Las dudas mencionadas sólo pueden ser dirimidas por el depositario de la soberanía. Reitero, por tanto, mi petición con fundadas esperanzas en que ese referendo terminará de asentar la paz en la Nación. Levantémosnos y preguntémosnos si queremos el socialismo para Venezuela.

Y hagámoslo pronto, pues el país se descose y se hiere a sí mismo. El 2 de junio de 2010, el presidente Chávez desafiaba a sus opositores a convocar un segundo referendo revocatorio en su contra, poco antes de las elecciones que darían a luz a la actual Asamblea Nacional. Entonces dijo: “Aprovechan las elecciones y piden un referendo para el 26 de septiembre”, asegurando que el Consejo Nacional Electoral sería capaz de organizar el referéndum en cuatro meses. Estoy seguro de que nuestro Consejo Nacional Electoral está en capacidad de organizar el ya descrito en un tiempo equivalente o aun menor. Estoy seguro de que su mero anuncio haría que concurrieran sus opositores más racionales, a la espera de una decisión tan portentosa, y que los radicales se quedarían sin excusa.

Sería muy conveniente que supervisara ese referendo un Consejo Nacional Electoral compuesto de forma que estuviera representada mejor la composición de posiciones políticas del país, pero esto es un asunto que escapa de nuestras manos. Es la Asamblea Nacional la institución que ha incurrido en morosidad a este respecto. Pero, si pudiéramos expresar nuestra majestad soberana mañana, antes de que la Asamblea se pusiera al día, yo confiaría en la seriedad del actual CNE. No en balde fue Tibisay Lucena quien comunicara tersamente al país y al presidente Chávez, en la madrugada del 3 de diciembre de 2007, que una mayoría había rechazado su proyecto estratégico de reforma constitucional, ¡por una diferencia de 1,31%! (Lo que es menos, por cierto, que la ventaja por la que el presidente Maduro fue electo el 14 de abril del año pasado; él no es ilegítimo).

Y sería un bálsamo muy bienvenido por el país entero que, durante la campaña que nos llevaría al referendo, los numerosos y poderosos medios de comunicación del Estado abrieran espacio paritario a la manifestación de la postura contraria al socialismo, empezando por Venezolana de Televisión. Ellos deben dar cabida proporcional a la diversidad de opiniones de la República.

Ésta pudiera ser nuestra mejor oportunidad para actuar de una vez sobre la causa profunda de la disensión nacional. Podemos convocarnos a nosotros mismos si antes no lo hacen, sin subterfugios de ninguna clase, el Presidente de la República o la Asamblea Nacional, que tienen en esto la misma potestad que nosotros.

Si el Consejo Nacional Electoral tuviera la misma agilidad que el presidente Chávez le atribuía hace cuatro años, se pudiera celebrar la consulta exactamente el domingo 6 de julio de este año, un día después de conmemorar, una vez más, la firma del Acta de nuestra Independencia. Entonces, en ruta a esa consulta, que se aproveche la calma que sobrevendrá para recomponer nuestra maltrecha economía, que impone sufrimiento diario a los venezolanos, dentro del espacio de colaboración inaugurado por la Presidencia de la República.

Al visitante de este blog que sea elector venezolano y miembro del Poder Constituyente Originario, le pido que haga conocer por todos los medios a su alcance al Presidente de la República—que puede hacerlo sin más esfuerzo que su firma y la de los ministros que lo acatan—o a la Asamblea Nacional—que igualmente puede convocar por mayoría de sus integrantes—, o preferiblemente a ambos, su deseo de que el referendo tenga lugar, a ver si nos evitan los trabajos de convocarlo nosotros. Antes de declarar la guerra justa de los bolígrafos y las plumas, de las cédulas, huellas, firmas y fotografías, agotemos los medios más pacíficos: nuestra petición al Ejecutivo* y el Legislativo que nos están subordinados. A quien quiera sumarse a esta idea, desde dentro o fuera de Venezuela, pido que escriba manifestándolo a la dirección de correos de este blog.  LEA

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*Es posible allegar correos a la Presidencia de la República por la dirección dggcomunicacional@presidencia.gob.ve

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Enlace para descargar en archivo de formato .pdf Exposición de motivos

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