Metiendo miedo al chavismo

Metiendo miedo al chavismo-madurismo

 

Henry Ramos Allup habló ayer martes a una asamblea de ciudadanos en San Bernardino y dijo esto: “Luego de las elecciones parlamentarias vendrá un debate político interno [en el oficialismo], una medición de fuerzas entre ellos y, a la larga, un resquebrajamiento que puede poner fin en breve al Gobierno, bien sea por la vía de referéndum revocatorio, enmienda constitucional, una Constituyente o la renuncia del Presidente”.

Bueno, ese debate ha comenzado hace rato. Ana Elisa Osorio, miembro del PSUV, Diputada de Parlatino (como Ramos) y antes Ministra del Ambiente (del Poder Popular, naturalmente) acaba de conceder una entrevista a Infobae América, de Argentina, en la que declaró: “Creo que si en las elecciones tenemos un resultado adverso, debemos pedir la renuncia de la dirección del partido. Y no sólo la renuncia de la dirección del partido, sino del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Sería necesario, para que haya un giro y que el proceso se vuelva proactivo, que resuelva, que escuche a la gente. Hoy el Gobierno no escucha a la gente, está en una burbuja, no ve las colas de la gente o no sabe que el descontento germina en ellas”. Aún no llega a sugerir la renuncia del propio Maduro, pero está muy cerca: “Al presidente Maduro le tocó una situación difícil, no estaba preparado para ella. Bueno, en realidad, nadie estaba preparado para esta crisis. Todos aceptamos la decisión del presidente Chávez en cuanto a su sucesor, era importante que fuera respetado quien pudiera seguir este proceso. Ahora, una cosa es ser el elegido del presidente Chávez y otra cosa es ser presidente, pues”. (La entrevista ya ha sido eliminada de la web argentina, pero puede ser leída en esta nota de La Verdad de Maracaibo, y muchos otros medios la reproducen parcialmente).

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La baraja enumerada por Ramos Allup—revocación, enmienda (de recorte de período, supongo), constituyente, renuncia—debe ser sopesada con sosiego y seriedad. La revocación del mandato presidencial no compete en ningún caso a la Asamblea Nacional (“Luego de las elecciones parlamentarias…”, Henry dixit). El empleo de esa salida corresponde únicamente a la iniciativa popular, pues los diputados no eligieron a Maduro y éste no puede revocarse a sí mismo. Eso requeriría la recolección, y certificación por el Consejo Nacional Electoral, de 3.900.000 firmas de electores registrados. (1.500.000 más que las recolectadas para el referendo revocatorio de 2004).

La enmienda de recorte de período—propugnada originalmente por Primero Justicia a fines de 2001—sí puede ser desencadenada por los asambleístas; un 30% de los diputados (56 de una cámara de 167) puede introducir el proyecto que necesita la aprobación de la mayoría simple (84) para que, finalmente, sea sometido a la aprobación final de nosotros, los Electores, en referendo. También puede hacerlo el Presidente de la República, pero no es realista imaginar que querrá recortarse el mandato, y seguramente tampoco que el Tribunal Supremo de Justicia toleraría la aplicación “retroactiva” a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años; en 2009 ya proponía el magistrado Francisco Carrasquero López a su Sala Constitucional que la reelección permitía “recompensar a quienes [el pueblo] estime como sus mejores gobernantes”. Si la Presidencia es un premio, ¿cómo podría quitarse a Maduro el suyo completo—hasta el 10 de enero de 2019—que se ganó en la rifa del 14 de abril de 2013?

La convocatoria de una constituyente es una mala idea. Se ha aceptado sin mayor examen la idea chavista de que una constituyente es “originaria” y por tanto tendría poderes absolutos. Ya el 10 de septiembre de 1998 pudo escribirse en Contratesis (para La Verdad de Maracaibo):

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo haga, la Constitución de 1961 continuará vigente en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.

A mayor abundamiento, el 23 de enero de 2012 fueron suscritos por quienes se medirían en las primarias presidenciales de la MUD los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional, de los que vale la pena recordar tres estipulaciones seguidas:

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

46. La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Para el 7 de diciembre de 2013, veinticuatro horas antes de las elecciones municipales que Capriles presentó erróneamente como un plebiscito sobre el gobierno de Maduro, Leopoldo López y Ma. Corina Machado habían olvidado que firmaron tales lineamientos en señal de aquiescencia, pues publicaron un manifiesto sorpresivo fuera de la línea de la MUD, propugnando justamente una constituyente como medio de salir del actual sistema de gobierno, Maduro incluido. (Dos meses después lanzarían #lasalida).

En cualquier caso, convocar a constituyente para salir de Maduro es, en palabras de Daniel Lara Farías, “matar cucarachas a mandarriazos”. Una constituyente es sólo un método para someter al Poder Constituyente Originario un proyecto de constitución nueva; es decir, un texto constitucional al que no pueda arribarse por los procedimientos más ordinarios de enmiendas o reformas, porque se trate de introducir conceptos constitucionales enteramente distintos a los existentes. Para salir de un gobierno está, primariamente, el mecanismo electoral y también, por supuesto, el procedimiento revocatorio. Aquel ciudadano que crea, de todas maneras, que convenga rehacer todo mediante una constituyente previa, puede darse a la tarea de recoger casi tres millones de firmas (2.925.616 hoy), las mismas que podrían introducir un proyecto de enmienda de recorte de período (con las salvedades tribunalicias mencionadas).

 

Las opciones de Ramos... y una ñapa

Las opciones de Ramos… y una ñapa

 

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La renuncia de Nicolás Maduro sólo puede producirla él, pero puede ser inducida. Creo desde hace tiempo que nada sería más eficaz a este respecto que la celebración de un referendo consultivo sobre la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista. (DRAE: socialismo. Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes). Así, se escribió en Irrupción constituyente:

Siendo que la pretensión socialista es la excusa universal, la coartada general de todos los actos del gobierno, un rechazo masivo al socialismo en referendo debe forzar la renuncia de Nicolás Maduro al cargo que ahora ocupa. No podría sostenerse si se viera forzado a suprimir de papelería, gigantografías y carteles, de discursos y decretos, la especie de que se ocupa en la construcción del socialismo.

Los ciudadanos podemos convocar un referendo consultivo con la mitad de las firmas de un revocatorio y 50% menos que las necesarias para introducir una enmienda o convocar a una constituyente por iniciativa popular. ¡Y la Asamblea Nacional puede hacerlo por mayoría simple de diputados! Bastará que 84 brazos se levanten para forzar el referendo consultivo que sería tan seguro como un tiro al piso: hace ya un año, Datanálisis registró cuatro quintas partes del país convencidas de que el modelo socialista es una equivocación que debe ser corregida. A juzgar por el desplome oficialista en la opinión desde esa fecha, tan enorme mayoría debe ser aun superior.

Ése es, por tanto, el tratamiento preferible que Ramos Allup no ha considerado hasta ahora, y lo es por tres razones: 1. porque causaría la renuncia de Nicolás Maduro; 2. porque anularía la aprobación del Plan “de la Patria”, un plan socialista, y todo decreto madurista encabezado así: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”; 3. porque es lo profundamente democrático el pronunciamiento del Poder Constituyente Originario, del Pueblo, de la Corona, del Soberano, del Poder Supremo del Estado, acerca de esta crisis que la misma Ana Elisa Osorio definiera hace cuatro meses como “la peor crisis que hemos vivido en los últimos cuarenta años”. ¿Creen o no creen nuestros políticos en la democracia participativa, en el Pueblo y en su sabiduría?

Es consideración que elevo, con mucho respeto, a quien tal vez presida la nueva Asamblea Nacional. LEA

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