Diez meses antes del referendo revocatorio del mandato de Chávez en agosto de 2004, el Dr. José Raúl González Ágreda, el hombre de los cuatro acentos, conversaba con Orlando Amaya y conmigo acerca del presunto término del mandato de Hugo Chávez y sobre quién sería un sucesor preferible. Consideró que yo pudiera serlo, si contestaba satisfactoriamente un cuestionario que luego redactó y me hizo llegar. Lo copio a continuación:

CUESTIONARIO PARA LOS PRESIDENCIABLES

  1. Copia del Currículum
  2. Sinopsis razonada de los criterios que fundamentan y justifican la propuesta, enfocada sobre la pregunta: ¿cuáles son los atributos personales y culturales que el Candidato considera tener para cumplir las funciones de la Presidencia Provisional en mejor forma que el resto de los aspirantes?
  3. Resumen de los conceptos del Candidato sobre la conducción de la Economía y los principales problemas que deben atenderse, incluyendo PDVSA.
  4. El problema social que vive el país. La delincuencia. La pobreza.
  5. La Fuerza Armada. Cómo enfrentar las divisiones percibidas en su seno.
  6. Las Relaciones Exteriores. EEUU, las guerrillas colombianas, Fidel Castro.
  7. Hugo Chávez y su partido trabajando fuertemente en la oposición. Cómo manejar este asunto.
  8. Fuera de la familia y de los íntimos, listado de las personas ante quienes se ha planteado la propuesta. Respuesta o reacción de estas personas.
  9. Situación económica actual del Candidato. Cómo organizar y sufragar la candidatura propuesta.

 

Y esto fue lo que sometí, que no responde los dos últimos puntos:

Respuestas al cuestionario de JRGA

Octubre de 2003

 

Justificación general

Según puede predecirse como desenlace probable—no inexorable—de la actual situación política venezolana, estamos ante la posibilidad de una inminente cesación pacífica del actual gobierno y la elección de un nuevo presidente que complete el período constitucional. (Desde el momento de la toma de posesión hasta el 19 de agosto de 2006). Tal circunstancia determina de por sí un lapso corto y extraordinario que, por una parte, estará signado por grandes dificultades y, por la otra, convendrá tomar como oportunidad especialísima para introducir cambios sustanciales y suficientes en el esquema político nacional.

El suscrito puede proponerse como candidato preferible por las siguientes razones:

  1. Puede reivindicar una seria y larga dedicación al ejercicio de la profesión política, sólo que entendida ésta no como la búsqueda del poder, sino como oficio encaminado a resolver problemas de carácter público: “La Política es un arte. A pesar de la legítima existencia de ‘ciencias políticas’, la Política no es en sí misma una ciencia, sino una profesión, un arte, un oficio. Del mismo modo que la Medicina es una profesión y no una ciencia, por más que se apoye en las llamadas ‘ciencias médicas’, la Política es la profesión de aquellos que se ocupan de encontrar soluciones a los problemas públicos. Por tal razón, las soluciones a esta clase de problemas no se obtiene, sino muy rara vez, por la vía deductiva. La esencia del arte de la Política, en cambio, es la de ser un oficio de invención y aplicación de tratamientos. En este sentido, hay un ‘estado del arte’ de la Política… El paradigma así delineado se contrapone a una visión tradicional de la Política como el oficio de obtener poder, acrecentarlo e impedir que un competidor acceda al poder. Esta formulación, que los alemanes bautizaron con el nombre de Realpolitik, es el enfoque convencional, que en el fondo es responsable por la insuficiencia política—exactamente en el mismo sentido que se habla de insuficiencia cardiaca o renal—de los actores políticos tradicionales. El tránsito de un paradigma de Realpolitik a un paradigma ‘clínico’ o ‘médico’ de la política se hará inevitable en la medida en que la sociedad en general crezca en informatización y acreciente de ese modo el nivel general de cultura política de los ciudadanos”.

(Anexo al final el texto de un código personal de ética política, en su más reciente versión, que jurase cumplir por vez primera en el año de 1995).

  1. Puede mostrar documentada y certificadamente una trayectoria de aciertos de visión predictiva en materia política. Esto es, cumple el criterio de Tocqueville: “[el] verdadero arte del Estado [exige] una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro”. Ejemplos, pronosticó en 1987, con error de dos meses y medio, los intentos de golpe de Estado de 1992, así como describió los rasgos de un outsider viable y la forma de su campaña, con dos años de antelación al fenómeno de Fujimori. Fue la primera persona que habló públicamente (21 de junio de 1991) de una renuncia del presidente Pérez como salida no traumática preferible para evitar un probable golpe de Estado.
  1. Puede exhibir un arsenal terapéutico no convencional pertinente a la problemática nacional, expuesto en varios documentos a lo largo de los años, sin encontrar refutaciones que lo invaliden. Así, por ejemplo, “Dictamen” (1986) y “Si yo fuera Presidente” (1997).
  1. Puede garantizar una capacidad de comunicación eficaz con públicos de cualquier extracción y preparación, demostrada a lo largo de años y circunstancias. Un nutrido anecdotario a este respecto, así como la evaluación de personas independientes, atestigua esta afirmación. Alguna entre ellas, incluso, llegó a recomendar, en época en la que el suscrito conducía un programa radial y luego de escuchar una presentación del mismo, que ya no escribiera más o hiciera radio, sino que procurase un espacio en televisión en vista de evidentes capacidades pedagógicas, motivadoras y aun histriónicas.
  1. Puede comprobar una secuencia invariable de éxitos ejecutivos, tanto en la esfera privada como en la pública. Al frente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, por poner un caso en la administración pública, logró cambiar hacia lo positivo un dañado clima organizacional, inspirar y conducir un ambicioso plan operativo, y completar casi el 100% de sus metas físicas en el 80% del tiempo y con un consumo de 70% de los recursos presupuestados. Igualmente, al liderar la conceptualización y relanzamiento de un periódico en Maracaibo, logró superar la circulación del diario dominante en seis meses, alcanzar el punto de equilibrio en ocho y guiar la empresa hacia el Premio Nacional de Periodismo en nueve. Todas las tareas y organizaciones que se le confiaron evidenciaron un muy marcado y hasta brillante progreso. Entiende su papel de líder de organizaciones como una gerencia pedagógica e inspiradora, y es capaz de crear un rico clima organizacional y un feliz ambiente de trabajo, relacionándose muy positivamente con todos los estratos del personal a su cargo.
  1. Puede mostrarse inmune a cualquier acusación de usufructuario de la “cuarta ” o la “quinta” repúblicas. A partir de 1983 hizo una crítica profunda y clínica de los actores políticos convencionales en Venezuela, a pesar de lo cual no llega a traspasar los límites de una condena totalmente negativa, y se ha mostrado siempre dispuesto a la cooperación racional con tales actores, sobre la base de lo que sea conveniente a la sociedad venezolana. Puede exhibir una digna pobreza, producto de la perseverancia en su peculiar concepto de la profesión política, no necesariamente comprendido por muchos, y su hasta ahora total renuencia a aceptar remuneraciones indebidas cuando éstas le han sido propuestas.
  1. Puede explicar coherentemente su preparación teórica y profesional en materia política, por familiaridad con los más recientes conceptos y paradigmas de la ciencia moderna, en particular los relativos a la comprensión de sistemas complejos.
  1. Puede demostrar que no es personalidad rencorosa aun con quienes le hayan adversado y hasta dañado, y hacia quienes mantiene todavía una actitud comprensiva y de apertura. Cree en el valor funcional de la verdad, lo ha comprobado en la práctica—en el CONICIT, en dos años, sólo uno entre los empleados que encontró fue despedido—y prefiere guiarse por el dictum de Don Pedro Grases: “La bondad nunca se equivoca”. Cree, con Christopher Hodgkinson: “El actor no debe atarse afectivamente al resultado sino al proceso…El compromiso es con la obra misma; con la carrera y no con el premio; con la batalla y no con la victoria. El trabajo se vuelve en este sentido intrínsecamente honorable y satisfactorio a través de un proceso de compromiso moral y comprensión… La indiferencia debe entenderse acá, naturalmente, en un sentido especial. No es que al líder no le importe. Al líder le importan y tienen que importarle los resultados, especialmente aquellos resultados humanos y organizacionales en los que tiene responsabilidad plena o parcial. A lo que, en razón del honor, debe ser indiferente es a los resultados de las acciones en tanto le afecten personalmente. Suponiendo que su curso de acción sea correcto, que ha descubierto cuál es su deber y cumplido con él, lo que es entonces un asunto de indiferencia, de despreocupación, es su propio éxito o fracaso. Ése es el ideal. Su propio ego debe dejar de importar, tiene que ser eliminado de la ecuación de las variables organizacionales. Tiene que ser trascendido. Y aunque esto pueda parecer escandalosamente idealista, esa praxis es también posible”.
  1. Sostiene que el cuerpo social en su conjunto es decididamente más sabio que sus líderes, y que un jefe de Estado es el director de una organización al servicio del Pueblo y no el jefe de los ciudadanos. Cree, asimismo, que el mejor médico es quien se hace prescindible lo antes posible, y en este sentido calza con el término de actuación del resto del período constitucional. No teniendo, por otra parte, vocación dinástica o compromiso partidista alguno, concuerda con el actual desiderátum de los Electores venezolanos: que quien suceda al actual presidente no pretenda reelegirse en las elecciones para un próximo período. Tiene esa visión de sí mismo y de su papel desde 1985, y ha expuesto por escrito exactamente eso en tiempo tan reciente como 1997.
  1. No responde tampoco a intereses especiales de índole religiosa o empresarial, prefiriendo entenderse como profesional independiente de la Política.
  1. Ha demostrado capacidad de intensa dedicación a sus actuaciones ejecutivas, constituyéndose en ejemplo que motiva a un desempeño extraordinario de las organizaciones que le ha tocado en suerte dirigir.
  1. Está comprobadamente y de modo constante abierto a la crítica, admite con facilidad sus errores y agradece lo que otros le enseñan y corrigen. Es invariablemente fiel a la virtud de la honestidad intelectual. Se examina duramente a sí mismo, y siendo sujeto de múltiples defectos personales, no consigue en él fallas mayores que vulneren su posible aporte a la función pública.
  1. Aun cuando no pretende ser experto practicante de la política convencional de estilo palaciego, y rechaza las artes de la manipulación como indebidas e innecesarias para la Política, no es tampoco ingenuo respecto de las luchas por el poder y los peligros que éstas conllevan. Está perfectamente consciente de las dificultades derivadas de la competencia y la emulación consustanciales a la naturaleza humana.
  1. Ha tenido la fortuna de interactuar, por accidente biográfico o profesional, con políticos, empresarios, hombres de iglesia, artistas, científicos, deportistas, intelectuales, obreros, militares y cree conocer una amplia variedad de roles sociales, con sus aportes y sus limitaciones.
  1. Cree profundamente en la democracia, prefiere entender al Pueblo como entidad inteligente y meritoria y transmite honesta y eficazmente estas percepciones, haciendo entender el profundo respeto que tiene por el cuerpo social y cada uno de sus miembros.

Al examinar el actual mercado político de posibles candidatos a la Presidencia, no consigue honestamente a quien ostente ese conglomerado de rasgos, y cree que no basta con un conocimiento de la política como es convencionalmente practicada, sobre todo porque ha sido testigo de muy equivocadas decisiones cruciales por parte de liderazgos de corte tradicional. El político típico no se preocupa de los tratamientos, considera que el problema político esencial es el combate con un adversario, y se muestra en general incapaz de visión profunda; siente que debe exhibirse como inerrante y obedece a una red de compromisos, mientras entiende su papel como del de un mero conciliador de intereses que por naturaleza debe transar.

El suscrito cree que los venezolanos estamos ante una oportunidad excepcional y arriba a una disposición a la candidatura sólo después de un examen concienzudo y de sobreponerse a la prudencia y la comodidad personales, que le aconsejarían distintos intentos. Al propio tiempo, no se amargaría de no tener éxito, y se conformaría con haber participado con lo mejor de sus fuerzas y de ser, a lo sumo, solamente un precursor de actores políticos más modernos y finalmente exitosos. Estaría dispuesto a contribuir en otros papeles de menor rango o función incluso no ejecutiva y meramente técnica y asesora, y también a no ejercer ninguna clase de cargo, pero no encuentra modo de negarse al intento sin sentirse cobarde e irresponsable.

 

Lo económico

Soy un firme creyente en un régimen de amplias libertades económicas. Hace ya bastante tiempo que escribí (1984): “El tejido económico se construye mejor cuando se construye a sí mismo”. Luego he tenido oportunidad de explorar las novísimas teorías de la complejidad y del caos, de las que se desprende que los mercados funcionan con una racionalidad de conjunto no porque sus componentes individuales deban ser tenidos como racionales, todos y cada uno, en sí mismos, sino porque los sistemas complejos, tales como un sistema ecológico o una economía, exhiben “propiedades emergentes”. (“What is most striking in many insect societies is the existence of two scales: one at the level of the individual, characterized by a pronounced probabilistic behavior, and another at the level of the society as a whole, where, despite the inefficiency and unpredictability of the individuals, coherent patterns characteristic of the species develop at the scale of an entire colony”. Exploring Complexity. An Introduction. Gregoire Nicolis & Ilya Prigogine, Freeman 1989). Esto es, hoy en día es posible fundamentar las bondades de la libertad económica sin necesidad de postular que el agente microeconómico es enteramente racional y está completamente informado, como lo exigían los modelos abstractos de competencia perfecta.

Precisamente por la misma razón antedicha creo que recetas simples y uniformes, como las bien intencionadas y en gran medida lógicas prescripciones del Consenso de Washington, no son garantía de buen funcionamiento económico de los llamados “mercados emergentes”, como lo comprueban los sucesivos problemas económicos de México, Venezuela y Argentina en las dos últimas décadas. Cada vez que se ha saludado algún milagro económico como definitivo –caso de la universal admiración por el Japón de los ochenta, por ejemplo– ha tenido que revisarse después tal noción para percatarse de que la economía es un asunto más complejo que lo que la teoría económica puede comprender, que cada época trae nuevos problemas y que lo económico no puede manejarse con esquemas simplistas.

En particular creo que el esquema del ALCA peca por ese simplismo, y que los grandes países prescriben libre comercio para el mundo mientras mantienen sus propios regímenes proteccionistas, en especial en cuanto a su producción agrícola. Creo que Venezuela debiera procurar su integración en un espacio mayor, de ámbito suramericano, sólo que sostengo desde hace más de dos décadas que el modelo integracionista correcto para nosotros es el norteamericano y no el europeo. Esto es, que debe buscarse primero y federalmente la integración política, desde la que pueda crearse un espacio de libre actividad económica, en lugar de forzar burocráticamente, desde entidades supranacionales de suyo imposibilitadas de planificar y ordenar lo económico a tal escala, una integración económica de escritorio. A partir de una entidad política a escala suramericana será más conveniente establecer acuerdos comerciales con el norte del hemisferio. En todo caso, creo que ningún gobernante tiene el derecho de imponer tal enormidad sobre los ciudadanos de su país. Una decisión de tal monta debe estar sujeta a referendo de los pueblos involucrados, y lo más que me atrevería a hacer sería argumentar a su favor y exponer lo que creo son sus bondades. (Sobre este punto de una integración política previa a la económica he escrito con bastante detalle en varias ocasiones, siendo la más reciente una exposición del asunto en “Visión de Venezuela”, abril de 1996. Anexo el fragmento pertinente).

Respecto del tema de PDVSA lo primero que debe reconocerse es que se trata de un tema de muchas aristas. En términos gruesos, hay que considerar el gran subtema de la privatización de esa empresa, el correspondiente al de su estructura, y el de la reparación de los daños recientemente inflingidos a ella tanto por el paro de sus empleados como por las posteriores medidas puestas en práctica por el gobierno actual.

En cuanto a la privatización de PDVSA debo decir que no soy, en general, partidario de una decisión de ese tipo. Creo que debe continuar siendo propiedad del Estado venezolano, y que lo que debe arreglarse es su relación con el gobierno, para regresarla a las condiciones que prevalecieron al momento de la nacionalización y que permitieron el sano desenvolvimiento económico de la misma. Comoquiera que sobre el punto escribiera un trabajo específico, lo anexo en su totalidad a esta presentación. (“La venta de la gallina”, abril de 1996). En este trabajo, por otra parte, podrá encontrarse una definición más detallada de mi postura respecto del rol económico del Estado.

En materia de la estructura de PDVSA he preferido siempre el esquema previo a la reorganización de Luis Giusti, aquél que mantuvo cuatro operadoras bajo una sola holding. De hecho, Lagovén me contrató un estudio sobre el tema en 1984, en el que pude argumentar –sobre la base de estudios de expertos publicados principalmente en Harvard Business Review– que no debían coexistir bajo un solo techo organizacional las operadoras y el cuartel general, porque la presión cotidiana vulneraría importantemente la función propiamente estratégica. Después de varios años del esquema Giusti, y ahora con la reorganización emprendida por Alí Rodríguez, es difícil que pueda volverse a la configuración original. Habría que acometer el estudio de nuevo para dilucidar esta importante cuestión. Resistiría sí, con bastante fuerza, las intenciones de desprendernos de CITGO o las inversiones en Veba Oel. Y daría la mayor prioridad al desarrollo de nuestra producción gasífera, por tratarse de un combustible limpio cuya demanda ha venido disparándose.

No hay mal que por bien no venga, y el cataclismo ocurrido a raíz del paro, con el despido masivo de empleados, permitiría a un gobierno sensato una reconstrucción de la industria con reincorporación de talento sobre bases justificadas. No en vano más de un experto analista creyó encontrar en PDVSA, antes de Chávez incluso, un marcado deterioro de su eficiencia y su rentabilidad. Es posible que la traumática poda haya sido después de todo a blessing in disguise.

La política monetaria y la política fiscal están indisolublemente imbricadas, más en un Estado que, como el nuestro, es el principal y mayoritario captador y proveedor de divisas extranjeras. Aquéllas, por otra parte, son inseparables de una política de deuda. Comenzando por comentar esto último, creo que si bien este gobierno ha tenido un comportamiento más bien sano respecto de la deuda externa (cumpliendo los pagos en sus fechas y reduciendo el capital), en materia de deuda interna ha acumulado niveles monstruosos, de efecto indudablemente pernicioso y de gran peligro para el sistema financiero privado, para no hablar de la hipoteca que grava sobre las finanzas públicas. Un programa prioritario, por tanto, tendrá que ser destinado a la reducción de los niveles de deuda interna en forma progresiva.

En este sitio cabe hacer una formulación de algo que considero indispensable, y que puedo razonar a partir de un punto de partida diferente. Durante mucho tiempo se ha postulado que la corrupción administrativa es la principal causa de nuestros males sociales, a pesar de que estudiosos como Humberto Njaim han señalado porcentajes relativamente reducidos del presupuesto público a este respecto. Pero ningún programa eficaz de moderación de la corrupción tendrá base si no se dignifica económicamente la función pública, si no se remunera mejor al funcionario. Para que esto sea viable, por otra parte, será preciso reducir muy marcadamente los niveles de empleo del gobierno central. Así pudiera contarse con una administración pública bastante más ágil, compuesta por un número menor de empleados, más capaces y mejor remunerados. Un programa de reducción significativa del empleo público a mediano plazo es lo aconsejable, pues no es posible política o socialmente –ni siquiera bajo condiciones de dictadura– ejecutar despidos masivos y repentinos. Así opiné en 1986 (Dictamen, Versión preliminar): “Una reducción del empleo público debe producirse gradualmente, pues no es poco traumático el brusco recorte de personal, sin que haya mediado un programa de adiestramiento, de reciclaje o reubicación. Una meta y un ritmo razonables serían reducir el empleo público en un 30% en el lapso de cinco años. Esto es enteramente factible. Un ejemplo de otras latitudes, muy repetido pero antonomásico, es el citado por Jean Jacques Servan-Schreiber en su obra “El Desafío Mundial”. Allí nos refiere como la empresa japonesa automotriz Honda convirtió todas sus líneas de ensamblaje a líneas operadas por robots, y cómo efectuó este drástico cambio sin despedir a un solo trabajador. A los trabajadores que resultaron desplazados por las máquinas les ofreció un programa de readiestramiento, mediante el cual les capacitó para trabajar justamente en el área de informática e inteligencia artificial. El aumento significativo de la remuneración del funcionario público es un tratamiento realista encaminado a una revaloración y redignificación de la función pública, al tiempo que constituye un tratamiento verdaderamente disuasivo de la corrupción administrativa frente al usual tratamiento moralista y penalizador. Vale la pena añadir, además, que este expediente contribuiría de modo significativo a una reactivación de la demanda global en Venezuela, lo que ciertamente es atractivo para las empresas privadas que se ven ante un mercado en contracción”.

(La prescripción que antecede, dicho sea de paso, estaba acompañada por una recomendación de instituir un régimen de jurados en los juicios de los tribunales de salvaguarda, para un tratamiento polivalente de la corrupción).

En síntesis, creo en un gobierno central de escala bastante más reducida que el actual. Un programa serio en esta dirección debe generar un significativo ahorro público, que impactaría favorablemente las dimensiones fiscales, incluidas las relativas al endeudamiento público.

Por lo que respecta al tema monetario, prefiero reproducir acá una prescripción escrita en 1995, con la salvedad de que las magnitudes del problema han variado muy sustancialmente. La médula de mi razonamiento de hoy, sin embargo, continuaría siendo el mismo y mi prescripción muy parecida. El tema monetario y el tema fiscal son comentados en conjunto en este fragmento:

“Nadie discute que compete al Estado la vigilancia de las condiciones macroeconómicas de un país, y resulta evidente que los factores macroeconómicos por excelencia son la infraestructura económica y la moneda nacional. Es asimismo evidente que nuestra moneda ha estado sujeta a un brusco y desmedido deterioro en su valor de cambio internacional a partir de febrero de 1983, primero a un ritmo más lento y luego, durante 1994 y 1995, a saltos, más que pasos, agigantados. Ahora se ha retomado el ritmo de resbalamiento lento y progresivo, luego de una fase de bastante estabilidad.

Lo cierto es que hoy en día nuestro signo monetario es, en términos comparativos frente al dólar estadounidense, 116 veces más débil que a fines de 1982, cuando todavía se cambiaba a la ya mítica y barata tasa de 4,30 por dólar.

Por otra parte, las altas tasas de inflación que han prevalecido en la economía nacional de los últimos años han deteriorado ya no su valor de intercambio ante otras monedas, sino su valor en el mercado interno. Con lo que hoy en día cuesta un neumático era posible adquirir una vivienda de clase media a comienzos de los años setenta, y una familia de esta clase podía cubrir su presupuesto de gastos con lo que hoy tiene que pagar, nominalmente, por un pan de jamón navideño. El progresivo deterioro del poder adquisitivo interno ha hecho muy engorroso el manejo de efectivo, puesto que no existe ningún producto concreto que pueda adquirirse al precio de un bolívar y los ciudadanos estamos forzados a tramitar compras cotidianas de bienes y servicios en unidades y decenas de miles de bolívares. Hemos permitido que el nombre de nuestro Libertador esté asociado a las ideas de debilidad y volatilidad.

En otras latitudes, en otros países, se ha optado por reformular la definición del valor unitario de las monedas. Esto ha sido hecho algunas veces con éxito. Otras veces el cambio de moneda no ha servido como un factor contribuyente al tratamiento de la inflación.

El ejemplo antonomásico de un caso exitoso es el del franco nuevo, con el que la república francesa sustituyó a cien de los francos viejos. Ese cambio de valor se ha demostrado como estable. Más recientemente, en varios países de América del Sur se ha procedido también a la emisión de nuevos signos monetarios sustitutivos de los anteriores, con mayor éxito que en otras ocasiones, cuando tales manipulaciones llegaron a verse anuladas dentro de los procesos hiperinflacionarios de Brasil y de varios países del Cono Sur del continente. Tiene sentido preguntarse si una medida de naturaleza similar tiene cabida en Venezuela. Una escala de conversión adecuada para un nuevo bolívar sería la misma que la empleada por los franceses. Así, un nuevo bolívar debería valer 100 bolívares de los actuales. (Los franceses usaron por un tiempo la denominación de “nuevo franco” o NF para referirse a su nueva moneda, pero hoy en día se dice simplemente franco. Nuestro NB o “nuevo bolívar” podría recuperar el augusto nombre sin necesidad de adjetivo en un tiempo razonable).

Cuando hacía por primera vez la proposición en octubre de 1994 comentaba: “Probablemente sería mas estable una medida de este tipo dentro de una economía de mayores proporciones que la nuestra pero, aunque sólo fuese por su efecto facilitador de las transacciones en efectivo, aunque sólo fuese por su efecto psicológico sobre la población, vale la pena considerar la emisión de un nuevo bolívar más fuerte. La comodidad en el uso de una nueva moneda más poderosa puede llegar a ser un factor de cierta importancia, así como la psicología no es un factor a despreciar dentro del juego económico de las sociedades, y convendría a la psiquis nacional ver de nuevo respetada en el símbolo monetario, hoy en día vergonzantemente disminuido, la persona del Padre de la Patria”.

Creo que es pertinente para la consideración de la paridad respecto del dólar la siguiente relación: para el año de 1995 el valor en dólares del producto bruto estadounidense era de 7 billones, (7.058 miles de millones, en estimación empleada por “Strategyon”, empresa analítica fundada hace varios años por Henrique Salas Römer). Para el mismo año el producto territorial bruto de Venezuela fue de 72,4 miles de millones de dólares. Es decir, los Estados Unidos producen 97,5 veces, digamos 100 veces, lo que produce Venezuela anualmente.

Si se adoptase el criterio de que la relación entre monedas de países distintos debiese estar en función de sus respectivas producciones reales –tal vez una noción no tan descabellada si atendemos a las más raigales teorías económicas, que nos enseñan que el sector “nominal”, el dinero, debe ser un espejo del sector “real” de bienes y servicios concretos– entonces la relación anotada debiera indicar que la moneda venezolana actual no debiera ser superior a un centésimo de dólar. Que cien bolívares de los actuales no sean suficientes, que consideraríamos adecuada una paridad de Bs. 500 (NB 5) por dólar, pudiera justificarse con un coeficiente de 5 que expresase factores cualitativos tales como la riqueza y variedad de la producción norteamericana, su mayor sofisticación técnica, su fortaleza general y factores de esa misma clase.

En resumen, creo que un transplante de médula monetaria de este tipo puede resultar beneficioso, y buscaría ejecutarlo –naturalmente con toda la asesoría técnica que fuese necesaria– tan pronto como fuera posible.

Y creo también que el Banco Central de Venezuela debe recuperar la máxima autonomía respecto del gobierno nacional. Creo que debe recuperarse su capital, mediante la restitución de las enormes cantidades que erogó para los auxilios a los bancos en problemas y las que sigue erogando para contribuir a la contención de las presiones inflacionarias. La restricción de liquidez tiene un costo considerable, y hasta tanto el gasto público no se restrinja de modo significativo la presión sobre el Banco Central continuará siendo excesiva.

Acá se ha hablado mucho del déficit fiscal como la principal causa de la inflación venezolana. Sin ser en lo absoluto un especialista en política económica, creo más bien que es el volumen mismo del gasto público, y no el déficit per se, el factor principal en este punto. A fin de cuentas, el gobierno federal norteamericano ha operado por décadas mediante márgenes descomunales de déficit sin que esto haya tenido un efecto visible en términos inflacionarios sobre su economía. Lo que se impone, por tanto, es una reducción del gasto público improductivo. Como anticipé al comienzo, es necesario reducir ese gasto por la vía de una marcada disminución del empleo gubernamental. La progresiva privatización de empresas hará lo suyo, también, al disminuir la hemorragia de fondos públicos, como lo haría una reingeniería más convencional del Estado, para lo que haría falta una importante colaboración legislativa. (Muy recientemente el presidente del Brasil, Fernando Cardoso, ha obtenido una conquista para la libertad gerencial del sector público, cuando el Congreso de esa república ha legislado a fin de permitir que el Poder Ejecutivo pueda despedir empleados innecesarios sin estar atado por las rigideces de la llamada carrera administrativa. Algo similar debiera ser intentado en Venezuela).

Finalmente, creo que es de la mayor importancia la generación y publicación de un nuevo estado financiero de la nación venezolana. Nuestras cuentas nacionales –responsabilidad exclusiva del Banco Central– son, como en la mayoría de los países, cuentas de resultados. (Equivalen, en la administración privada, a los estados de ganancias y pérdidas de las compañías). Hay países, sin embargo, que producen también un estado de situación o balance general. Uno entre ellos es Nueva Zelanda.

Un Balance General de la República, con su exposición de los activos y pasivos de la Nación, puede tener muy positivos efectos. En verdad, los activos públicos de los venezolanos tienen una magnitud enorme, muy superior a la de los pasivos o deudas. Por tanto, un estado financiero de esa clase mostraría un patrimonio público de considerables proporciones. Ya no sólo un estado de ingresos y egresos, sino un estado de situación que coteje los activos de la Nación contra sus pasivos y registre el patrimonio resultante. No hay duda de que un ejercicio de contabilidad de este tipo cambiaría radicalmente la percepción más o menos generalizada acerca de la situación económica venezolana. Deducidos los pasivos de la Nación de los inmensos activos que posee, las cuentas mostrarían un patrimonio verdaderamente gigantesco. Así la discusión pasaría a centrarse sobre el problema de qué hacer con ese patrimonio.

Una tal perspectiva permitiría tomar gruesas decisiones de conversión en liquidez de la sólida solvencia venezolana. Siempre y cuando se cumplieran dos condiciones complementarias, casi equivalentes: que la liquidación de activos fuese repuesta con posterioridad por una nueva capitalización y que el sector público ofreciera convincentes indicios de un propósito de enmienda en materia de gasto público, pues hasta ahora, a pesar de innumerables declaraciones de intención, el presupuesto nacional no hace otra cosa que crecer desbocadamente. No ha habido hasta ahora la formulación y presentación al país de un esquema y una cronología para la reducción del recrecido tamaño del gobierno central. Si hay algo en lo que debiera buscarse uno de esos “grandes acuerdos nacionales” que se proponen recurrentemente en Venezuela, es en este punto del redimensionamiento del Estado”.

En otra dirección, creo que es muy factible que el gobierno nacional –y también los regionales y locales que escapan al control presidencial– pueda captar un importante influjo de inversión extranjera destinada a infraestructura, principalmente vial: carreteras, vías ferroviarias. Manejo información que indica que financistas alemanes son particularmente proclives a esta clase de inversión y estiman un flujo de alrededor de 100.000 millones de dólares en 10 años para tales fines. Participo de su opinión de que a la cesación del presente gobierno el interés por invertir en Venezuela aumentará marcada y repentinamente.

(Igualmente siento que la mejora del clima económico a la salida del actual presidente será instantánea. Problema y oportunidad a la vez. Un renacer de la confianza, pero también de las expectativas, las que convendrá no frustrar).

Estoy muy convencido, por último, de que hay un programa, hermoso y potente, al alcance del Estado venezolano para generar empleo, atraer inversión y producir un enorme salto cualitativo de progreso para la sociedad venezolana. Para acometerlo habrá que adoptar un paradigma que rompa con la tradicional perspectiva de que es preciso reproducir, en rígida y lineal evolución, las etapas que llevaron a los países más desarrollados a su actual nivel. En cambio, es posible saltar etapas –las clásicas de sustituir importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital en una secuencia de industrialización– para acceder a etapas ulteriores directamente.

Me refiero a la realización en Venezuela de la visión que a mediados de los noventa dibujó Al Gore para los Estados Unidos: una superautopista de la información. Gore había visualizado una red, montada sobre fibra óptica, que conectara “todos los hogares, todas las escuelas, todas las bibliotecas, todos los hospitales, todas las oficinas…” a un costo que él estimaba en 150 mil millones de dólares. Para la época en la que dio su discurso eso representaba unos 600 dólares per cápita para los estadounidenses. Es obvio que las distancias venezolanas son menores que las norteamericanas, así como también la densidad de bibliotecas, escuelas, etc. Así comenté, entonces, en diciembre de 1997:

“Venezuela puede ser, respetables Electores, la primera democracia electrónica del planeta si se lo propone. Si un gobierno decidiera tender por todo el país una red de fibra óptica que llegara hasta todos los hogares, tendría que gastar mucho menos que lo que se empleó en los auxilios extraordinarios al sistema financiero venezolano, y mucho menos aún de lo que se consume en los planes de Petróleos de Venezuela. Y esto compraría una capacidad de crecimiento de la sociedad cuyos límites no somos capaces de vislumbrar: todo el país conectado interactivamente, como en un inmenso instituto de investigación, de comercio, de tramitación, de estimulación social. Como en una inmensa asamblea ateniense que pueda entonces dar existencia a una verdadera democracia participativa.

Pero es que tal vez ni siquiera sea necesario llegar a una erogación de esa magnitud. El 12 de octubre de este año la agencia de noticias Reuters transmitía una noticia asombrosa y preñada de consecuencias: una empresa canadiense y una inglesa anunciaron que conjuntamente habían desarrollado una tecnología que les permitía conexiones del tipo de Internet a través de las líneas de electricidad convencionales, con mucha mayor capacidad y velocidad y mucho menor costo que el necesario para la operación rentable de las redes de clase telefónica. El mismo año próximo comenzarán a instalar lo necesario para aprovechar el tendido de redes ya existente en Inglaterra.

¿Se imaginan lo que puede pasar si hiciéramos algo así en nuestro país, donde prácticamente llega la electricidad hasta el último rincón de su territorio? ¿Qué pudiera pasar en una sociedad como la nuestra, en la que se encuentran tan frecuentes demostraciones de ingenio y tan marcadas inclinaciones a la cooperación? Yo creo que los planes más audaces podrían entonces ser llevados a la práctica”.

De resto, sólo puedo admitir que soy un político general –un médico general, generalista y no especialista– y que por tanto sabría buscar consejo, con la mayor humildad, de los verdaderos especialistas en el tan delicado tema de la economía en general y de las finanzas públicas en particular.

 

Lo social

Es obvio que Venezuela es una sociedad que dista mucho de ostentar una distribución “normal” de la riqueza. (Creo, por cierto, que una sociedad “normal” es aquella que ostenta una distribución normal, gaussiana, de los ingresos. Una sociedad sana tendrá siempre muy pocos muy ricos y muy pocos muy pobres, con una enorme y sólida clase media. Ése es el desiderátum al que hay que apuntar).

El fenómeno de la pobreza no es, como prácticamente ningún fenómeno social, de causación única o simple. Sin embargo, es posible afirmar que una política de reducción de la pobreza que sólo se centre en subsidios y asistencia social nunca podrá superarla. Este tipo de programas ha estado en práctica en Venezuela con relativa intensidad desde al menos el comienzo de la democracia en el país, y cada nuevo gobierno pone en práctica sus propios programas. En esta carrera el modelo paternalista siempre pierde.

No será posible superar la pobreza a largo plazo sin una economía generadora del volumen suficiente de empleos y ésta, a su vez, no será sostenible sin que la población esté suficientemente educada. Por fortuna, la composición poblacional de Venezuela facilita, por su elevada proporción de juventud, la eficacia de programas de actuación rápida en materia educativa. Esto es, ciertos cambios culturales pueden darse con rapidez, mientras se redirecciona el sistema educativo venezolano, significativamente ineficiente, hacia un estadio más moderno y pertinente.

Antonio Guzmán Blanco decretó la obligatoriedad de la educación elemental o primaria para todos los ciudadanos de Venezuela. Para la época del gobierno de Marcos Pérez Jiménez el título de bachiller todavía significaba algo, al punto de que funcionarios públicos con el rango de directores de ministerio eran tan sólo bachilleres. Eso ya no es suficiente hoy en día; por esto creo que el Estado venezolano debe apuntar a una meta aún más ambiciosa: que el habitante venezolano promedio pueda alcanzar un nivel de conocimientos equivalente por lo menos a tres años de educación superior.

Obviamente, esto es un programa de largo plazo. A plazo corto, sin embargo, es factible pensar en un aumento en la eficiencia del empleo de medios masivos –televisión, fundamentalmente– en usos educativos, en programas intensivos de on the job training, en el diseño de compactos programas de capacitación general. (De toda la extensión del bachillerato, por caso, es posible extraer un núcleo de “cultura general”, que pueda ser impartido a adultos que no han podido completar más allá de la escuela primaria).

Por otro lado, la mejor apuesta en reducción significativa de pobreza estará en el corto plazo en la generación de empleo asociada al crecimiento económico y, muy en especial, a programas ambiciosos de desarrollo de infraestructura, donde es más fácil adiestrar con relativa rapidez a la mano de obra requerida.

A pesar de lo dicho, habrá que mantener un considerable volumen de subsidios a los sectores más empobrecidos del país, y también entender que no puede pensarse tanto en un solo gran programa reductor de pobreza como en todo un conjunto variado de programas de incepción local que, agregados, pueden contribuir significativamente. Un ejemplo de esta aproximación es la de programas locales de desarrollo comunitario.

Y es claro que a la pobreza viene asociado un aumento de la actividad delictiva, por encima de las cotas irreductibles que se observan aun en las naciones más prósperas. (Esto es, la delincuencia no es erradicable; tan solo puede reducírsela a niveles “tolerables”).

El combate policial directo a la delincuencia es esencialmente local, provincia de policías locales. Por esto estoy en contra de la noción de una policía nacional, más allá de la judicial, a la que devolvería su anterior relación con el poder judicial para revertir su actual condición de policía del régimen. Ahora bien, en el caso particular de la ciudad de Caracas estoy asimismo en contra de la fragmentación del esfuerzo como producto de la absurda división en cinco alcaldías autónomas más una de ámbito metropolitano. Una ciudad bastante más poblada que Caracas, como lo es Nueva York, es guardada por una sola entidad policial, organizada a nivel de espacios locales menores –precincts– que de todas maneras se benefician de la centralización computarizada de información. El gobierno central, sin embargo, no puede o no debe hacer a este respecto otra cosa que facilitar el trabajo de las policías municipales y estadales. Este tema, en consecuencia, no es asunto presidencial.

En cambio, es asunto del gobierno central el resguardo de las fronteras y el tratamiento de delitos especiales –terrorismo, secuestros, narcotráfico– que por su particular movilidad exceden los esfuerzos policiales de las localidades. (Como es archisabido, los Estados Unidos, grandemente respetuosos de la autonomía de los estados que lo forman, debió aprobar legislación para elevar ciertos delitos –entre ellos el secuestro– a la categoría de delitos federales. Este es ciertamente un modelo a seguir).

La prestación de servicios de salud, por otro lado, debe francamente encaminarse a un modelo de autogestión y privatización en la medida de lo posible, asociado a un sistema de seguridad social de moderna concepción. Sobre el caso específico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales opiné en 1997: “…en ciertos casos será necesario proceder a la reforma de alguna dependencia o servicio del Estado con arreglo a un esquema como el siguiente: creación de un servicio completamente nuevo, con reglas de funcionamiento diseñadas desde cero y que coexista por un tiempo con el servicio ya obsoleto. El nuevo servicio podrá entonces captar del anterior aquellos empleados que realmente necesita y desea en razón de su capacidad y méritos. Una vez terminada la transición, se elimina por completo el servicio desahuciado… En mi opinión este es el tratamiento que debiera darse al Instituto Venezolano del Seguro Social. Es tan grande el grado de deterioro y concentración de vicios en su funcionamiento, que reformarlo desde adentro es una estrategia condenada al fracaso. El Estado venezolano debe definir un nuevo concepto de seguridad social y alrededor de éste establecer un servicio completamente nuevo, el que absorberá aquello que pueda servir del antiguo instituto”.

De nuevo, las políticas sociales son asunto, al detalle, de especialistas. La Presidencia de la República debe ser, no obstante, un agente de decisión que dará preferencia a ciertos criterios sobre otros. Reafirmo mi fe en la procura del desarrollo económico, del empleo y de la educación como las políticas preferentes. En este punto comparto plenamente el pensamiento del venerable John Stuart Mill:

“Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.

Los ya largos estudios del “Proyecto Pobreza” de la Universidad Católica Andrés Bello, aparte de ser mucho más de carácter diagnóstico que prescriptivo, tienden a confirmar las líneas generales de lo aquí expuesto. Por último, así como nuestro Sol es una estrella de clase media, igualmente lo es nuestro país en el concierto de las naciones. En los momentos ocupamos el puesto 69 en el índice de desarrollo humano medido por el PNUD en 175 países. Somos un “país de clase media”. Hay otros en condición mucho peor. Pero lo que definitivamente puede afirmarse es que nunca es una solución a la pobreza la aniquilación de los ricos. Esto es, por lo demás, una tarea imposible. Cualquier sociedad, aun las más extremas entre las aplicadoras de modelos comunistas, terminan por generar una clase privilegiada.

 

Lo militar

Tuve la fortuna de actuar como asesor ad honorem del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa –creado por la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de 1976– justo en sus comienzos, y por otras razones pude acercarme al mundo militar y adquirir alguna comprensión acerca de su, a veces, misteriosa existencia. En varias oportunidades pude servir de conferencista en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en la Escuela Superior de Guerra Naval y en la Escuela Superior de la Aviación. Por esta razón puedo ofrecer a los militares un genuino respeto por su crucial misión y por su carácter profesional.

Estoy por principio en contra de un militar deliberante. La administración de armas de guerra concede al militar una ventaja tan grande de poder, que no es sano permitir la deliberación en el seno de la Fuerza Armada y por lo contrario muy pernicioso el debilitamiento que el presente gobierno ha producido en ella al politizarla en exceso.

Según reportes que tengo de las divisiones en el seno de la Fuerza Armada, éstas no revestirían peligro de mayor monta a la cesación del presente gobierno. Naturalmente, habría que producir un recambio casi completo del alto mando militar, pues aquí es donde el actual presidente ha colocado a quienes entiende como incondicionales. Más allá de esto, será preciso “desintoxicar” a la Fuerza Armada –como a todo el país, si a ver vamos– de la prédica o catequesis presidencial. Ésta es, por una parte, una tarea perfectamente posible –en la que el liderazgo de oposición ha lamentablemente fallado por incomprensible omisión– y, por la otra, históricamente precedida. En prácticamente todas las sociedades afectadas por el dominio temporal de radicales, sus perniciosas doctrinas desaparecen casi con la misma rapidez con la que se iniciaron. (Robespierre, McCarthy, Savonarola, etc.) El peligro acá es el de caer en un radicalismo del signo contrario.

La Fuerza Armada se caracteriza, por lo demás, por una costumbre organizacional instituida por Betancourt a partir de 1959: el retiro mandatorio y temprano de los altos oficiales. Esta disposición –diseñada con la intención de impedir la entronización de liderazgos militares que pudiesen intentar el derrocamiento de gobiernos democráticos– quita profundidad a la planificación militar y, en la práctica, ha conducido a un exceso de oficiales de alto rango en relación con lo relativamente escaso en el número del contingente militar.

Esta característica debiera reexaminarse, para producir un diseño adecuado de la cúpula de la Fuerza Armada. Junto con esto, y al contrario de la política actual, debe procurarse un acercamiento de lo civil a lo militar mediante una mayor participación civil en los asuntos de seguridad y defensa, antes que con la utilización de militares en posiciones francamente civiles.

Por último, los escenarios potenciales de guerra para Venezuela son todos de cuantía menor ante la amenaza cotidiana de los irregulares colombianos ante nuestras fronteras. Creo que una política militar correcta tendría por operación primordial la protección fronteriza contra tal amenaza y que, por ende, la mayor cantidad de presencia militar venezolana debiera desplazarse de nuestras plazas urbanas hacia los límites con Colombia.

 

Lo exterior

Como ya he adelantado, creo que el norte principal de la política exterior venezolana debiera fijarse sobre la búsqueda de una integración del gran condominio suramericano. Creo, asimismo, que el planeta se encamina hacia la invención de nuevas instituciones de un gobierno mundial, impelido por razones ecológicas, por la presencia de criminalidad transnacional en terrorismo y narcotráfico, por razones de la globalización comercial.

A este respecto, y aun cuando no habría que avergonzarse de ser tenidos como un municipio del planeta, es preferible formar parte de una unión superior que nos permita interactuar de modo más ventajoso en un mundo que estará integrado, irremisiblemente, por grandes bloques de países según líneas de índole geográfica y cultural.

Por más que los Estados Unidos quieran ejercer una hegemonía unipolar, las inmensas realidades de China, Rusia y Europa, para no hablar del sureste asiático y el área cultural de los árabes y nosotros mismos, terminarán por imponer un modelo multipolar. Es posible que, como ocurría en la Edad Media entre barones de poder más o menos equivalente, sea preciso reconocer a uno de los bloques –Estados Unidos– la condición de primus inter pares, pero esto es muy distinto de someterse al dominio de la gran nación norteña, por más admirable y meritoria que ella pueda ser.

No creo, por tanto, en una unión política latinoamericana, sino en la más reducida y aterrizada del condominio geopolítico y ecológico de América del Sur. Entretanto esto es posible, observaría ante los Estados Unidos el comportamiento respetuoso y cordial indicado como constante durante nuestros gobiernos democráticos, y además por la realidad del intercambio comercial importantísimo, centrado en el petróleo, con ese país.

Sin llegar a los extremos de la “doctrina Betancourt” –que nos llevaba a la automática ruptura de relaciones con regímenes no democráticos en el continente– observaría en cambio una marcada preferencia en las relaciones con países en los que haya democracia. También privilegiaría las relaciones con el área andina, porque lo más probable es que la unión sudamericana deba darse, más que entre los países individuales del área suramericana, entre tres grandes bloques prefederados, dada la desproporción que distingue a Brasil: el área andina (bolivariana), el Cono Sur y el Brasil.

Si se razonara en términos estrictamente geopolíticos, y vista la gravitación natural de México hacia el norte (NAFTA), pudiera profetizarse que el bicontinente americano tenderá a dividirse en dos mitades determinadas por las márgenes opuestas del canal de Panamá. La historia, sin embargo, tiene un buen grado de impredecibilidad. La informatización creciente de las sociedades, con el consiguiente aprendizaje político, pudiera acelerar procesos hasta ahora lentísimos, tales como el de la integración de América del Sur.

En cuanto a las guerrillas colombianas, opiné para CNN en 1998 –en ocasión de la visita del presidente electo Pastrana a Caldera– que si yo fuera este último, indicaría al homólogo vecino que le deseaba todo éxito en el proceso de negociaciones que ya se anunciaba, pero que si la guerrilla colombiana no entraba en razón, contara con una alianza militar con Venezuela para atenazarla entre ambos ejércitos regulares.

Naturalmente, en esa ocasión yo opinaba con la ligereza que permite el no tener la más mínima responsabilidad directa en el asunto, pero el pensamiento ilustra mi posición. La guerrilla colombiana es una patología social que impide la paz en la región y es claramente delincuente, tanto por su propia actividad terrorista como por su asociación con el narcotráfico. Puesto en posición de orientar la política exterior y la política militar de Venezuela, examinaría por supuesto las posibles consecuencias y peligros de una postura de esa naturaleza, pero no la ignoraría. A este respecto anularía totalmente la política seguida por el gobierno actual.

En cuanto al caso cubano, establecería con su gobierno un patrón de relación muy cercano al seguido por Betancourt, y procuraría facilitar, sin violar los principios de no intervención, la cesación del actual régimen comunista y su tránsito hacia un régimen democrático. Creo absolutamente inaceptable privilegiar las relaciones con un régimen larga y consistentemente en violación de los más elementales derechos humanos y políticos de su población. Deseo fervientemente que emerja en Cuba una figura como la de Adolfo Suárez en España, providencial presencia a la caída de Franco, pero no logro percibirla. Es posible, empero, que la crisis que se suceda en Cuba al término del régimen castrista –por muerte de Castro o por su desplome– sea capaz de generar tal liderazgo. Nada de esto obsta para que, en general, sienta que el embargo norteamericano sobre Cuba afecta más a su población que al régimen y ofrezca más bien una coartada al déspota para proseguir con su dictadura. Habrá que estar preparados, además, en caso de que el presidente Bush sea reelecto, para una caída de Castro por intervención directa de los Estados Unidos en Cuba. A fin de cuentas, los Estados Unidos han intervenido en tiempos bastante recientes con no poca impunidad en Granada, Haití y Panamá, y ciertamente Bush hijo es una personalidad que pareciera disfrutar su belicosidad.

 

El chavismo

Extraído el actual presidente del poder en Venezuela, debe estar perfectamente claro que, de no mediar su desaparición física, continuará siendo un factor político activo, seguramente muy perturbador.

A esto no debe temerse. Ya apunté que creo posible ejercer una pedagogía política desde la Presidencia de la República que logre, más que neutralizar, superar el discurso y la interpretación chavistas de las cosas. Para que esto sea posible será preciso adoptar un plano enteramente distinto para el discurso, desde el que se exponga cómo, si emocionalmente puede concederse realidad a la motivación original del chavismo, y si puede reconocerse que en ocasiones apunta en direcciones correctas –la superación de una democracia meramente representativa por una participativa, la preferencia por un mundo multipolar– la terapéutica del actual presidente es obsoleta y perniciosa, a la vez que ineficaz a fin de cuentas.

Creo en esto desde el momento mismo del ascenso del actual presidente al poder, y procuré hacer entender –sin mucho éxito, lo admito– a influyentes actores venezolanos que la oposición al gobierno por negación no tenía posibilidades de prevalecer, y que lo correcto era oponerse “por superposición”.

Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes.

Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución.

De más está decir que no debe atenderse este proceso con ingenuidad. La vocación de poder del presidente actual ha evidenciado todos los rasgos de una sociopatía, y seguramente habrá que vigilar muy estrechamente su actuación. Por otra parte, es tal la cantidad de abusos y desmanes administrativos del gobierno actual, que su cesación seguramente dará puerta franca a todo género de procesos judiciales en su contra, aun sin el deliberado seguimiento de una cacería de brujas, lo que, por otra parte, no desea la mayoría de la población. En todo caso, sería inevitable un lapso, de duración considerable, de descrédito del chavismo. No en vano dijo un inglés cuyo nombre he extraviado: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es justamente lo que este gobierno ha venido aplicando sistemáticamente, y lo que tendría que sufrir simétricamente a su término.

Creo, por otro lado, que el aprendizaje de los venezolanos durante este período gubernamental ha sido sustancioso, y que el proceso ha generado anticuerpos políticos que estimo suficientes como para impedir un resurgimiento del chavismo en su estado más radical como opción de futuro. Es posible que un chavismo atemperado pueda medrar un poco todavía, pero no creo que su máximo y demagógico líder, como Alan García, tendría la posibilidad de hacerse con el poder en Venezuela una segunda vez. LEA

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Código de ética

Juro por Dios que por lo que me quede de vida practicaré el arte de la Política según las siguientes estipulaciones:

*Recomendaré o aplicaré, según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas o asociaciones que pidan mi consejo o asistencia.

*Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

*Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general.

*Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.

*Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

*No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.

*Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo.

*Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.

*Me asociaré, para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento.

Séame dado, si cumplo con las estipulaciones de este juramento, vivir y practicar el arte de la Política en paz con mis semejantes y sus asociaciones, y reconocido y compensado justamente por mis servicios. Sea lo contrario mi destino si traspaso y violo este juramento.

Luis Enrique Alcalá

24 de septiembre de 1995

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