El 5 de febrero de 2003 redactaba el suscrito Gran Referendo Nacional, una proposición de acuerdo entre las partes enfrentadas en ese momento: el gobierno que presidía Hugo Chávez y la Coordinadora Democrática. Estábamos en medio del paro organizado por la Gente del Petróleo, que coordinaba sus acciones, como lo hacían las organizaciones cúpula empresariales y sindicales, con la central opositora; el gobierno contaba, naturalmente, con los militantes del Movimiento V República, el resto del Polo Patriótico y unas cuantas unidades más combativas, como la que comandaba Lina Ron. Era una coyuntura que presagiaba guerra civil.

Hoy nos encontramos en una situación parecida—ver Desactivemos la bomba—, aunque los componentes no son exactamente los mismos; ahora no es la oposición algo que esté minoritariamente representado en la Asamblea Nacional, ahora la controla. Es por esto que la prescripción de hace trece años no puede ser aplicada de forma idéntica; en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: «Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado». Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación. Es enteramente obvio que esa colaboración de los poderes sólo existe entre los no legislativos, y no siempre para «la realización de los fines del Estado», sino con frecuencia para sostener los fines de una parcialidad política: la socialista. La Asamblea Nacional está aislada y rodeada.

En cierto sentido, la misma Asamblea se buscó eso. La secuencia reciente se inicia el 5 de enero; Henry Ramos Allup dijo en su discurso inaugural como Presidente del Poder Legislativo Nacional:  “Ahora estamos dispuestos a dialogar en los términos públicos y honorables que debamos discutir. Eso sí, sin que cedamos en los propósitos que antes mencioné: recuperar nuestra autonomía como poder, ley de amnistía y reconciliación nacional y buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Esos compromisos no son transables”. Ni es tal cosa algo que compete al Poder Legislativo Nacional—somos los electores quienes podemos revocar el mandato de un Presidente en ejercicio—ni la lectura estratégica de Ramos Allup era correcta; su poder no era tan decisivo como creyó, como se ha comprobado con el muro infranqueable que la Sala Constitucional del TSJ ha levantado ante sus decisiones. Un amigo dijo hace días para describir la situación que el partido estaba 8 a 0—hasta hoy, cuando el TSJ ha declarado ya oficialmente que una enmienda que recorte el período presidencial no puede aplicarse retroactivamente a Maduro (como fuera anticipado acá el 25 de noviembre pasado en Martes de Ramos)—, aludiendo a los ocho «goles» que el oficialismo había marcado a la Asamblea Nacional (uno de ellos un autogol).

Pero todavía puede enmendarse la cosa. No es que el gobierno las tenga todas consigo; el rechazo a su gestión sigue siendo abrumador en la opinión general del país, y su debilidad se reflejó en que el amenazante decreto de emergencia económica no llegó a mayores; no pudo «radicalizar» la revolución. La declaradera de Padrino López es indicativa de que el gobierno se siente amenazado e inseguro.

Dos debilidades pudieran entender que les conviene transar. Por otra parte, acá se puso el 27 de agosto de 2013 (Alto al fuego):

El mundo debe repudiar deliberadamente, con la mayor claridad y decisión, a los políticos que sólo saben pelear. En nuestro patio, una dolencia relativamente leve nos acosa cada día. Empalidece ante las tragedias siria y egipcia, por supuesto, pero tiene enferma a la psiquis nacional. Mutuas acusaciones y descréditos hablan de atentados reales o fabricados, corrupción oficialista u opositora, criminal negligencia industrial o traicioneros sabotajes, intenciones aviesas en la oposición o el gobierno. (…) …en la quincuagésima emisión del programa Dr. Político por Radio Caracas Radio, sugerí al presidente Maduro la utilidad de verse en el espejo egipcio, cuatro días antes de que los militares depusieran el gobierno de Mohamed Morsi, que el domingo pasado cumplió escasamente un año de haber sido electo. (…) Wael Ghonim, un respetado ícono cívico en Egipto que había apoyado a Morsi hace un año, lo acusó de polarizar y paralizar al país, y opinó así: “Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo, y el principal papel del Presidente de la República es unir, pero, desafortunadamente, el Dr. Morsi, el Presidente de la República, ha fracasado miserablemente en este objetivo”. Si la paz va a llegar algún día a Egipto y Siria ¿qué excusa pudieran esgrimir nuestros operadores políticos convencionales para seguir sacándose los ojos entre sí? Hay que exigirles que depongan sus armas difamatorias y se sienten a conversar. Ya basta.

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El acuerdo al que debe arribarse es esta vez uno entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, compuesto sobre la plantilla de lo que propuse aquella vez:

ACUERDO DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO NACIONALES DE VENEZUELA

Cláusula Primera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales reconocen que el país atraviesa una seria crisis cuya solución debe ser sometida a la decisión del Pueblo de Venezuela, y que es necesario iniciar un período de recuperación que consolide la democracia venezolana y permita la superación de los problemas públicos de diversa índole que aquejan a la población.

Cláusula Segunda. El Poder Legislativo Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, elegido en libres comicios el 14 de abril de 2013 para completar el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013. El Poder Ejecutivo Nacional, a su vez, admite la legitimidad de la Asamblea Nacional, igualmente elegida por voluntad popular el 6 de diciembre de 2015.

Cláusula Tercera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales auspiciarán la celebración de un Gran Referendo Nacional, el que consultará en diversas materias de especial trascendencia nacional y será convocado por la Asamblea Nacional para su celebración el domingo 26 de junio de 2016. A los fines de la determinación de las preguntas del Gran Referendo Nacional, el Gobierno Nacional suministrará tres preguntas para someter a consulta. La Asamblea Nacional las incluirá y someterá igualmente tres preguntas, una de las cuales será: «¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?» Esta específica consulta se hace necesaria por el encabezado estándar de los decretos emanados del Ejecutivo: «Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, y asimismo por la aprobación del «Plan de la Patria», presentado como «segundo plan socialista».

Cláusula Cuarta. El ciudadano Nicolás Maduro Moros se compromete a presentar su renuncia al cargo de Presidente de la República si, al celebrarse ese Gran Referendo Nacional, resultare negada la pregunta especificada en la cláusula anterior, lo que causaría de suyo la falta absoluta que será subsanada por la elección prevista en el Artículo 233 de la Constitución, al producirse aquélla antes de los cuatro años del presente período constitucional, que se cumplirán el 10 de enero de 2017.

Cláusula Quinta. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales constituirán una comisión de enlace que determinará urgentes acciones coordinadas entre ambos para resolver o paliar la crítica situación referida en la Cláusula Primera de este acuerdo, en el espíritu de lo prescrito en el Artículo 136 de la Constitución.

Cláusula Sexta. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales reiteran su confianza en el Pueblo de Venezuela, que en su carácter de Poder Constituyente Originario, el poder supremo del Estado venezolano, sabrá disolver inconvenientes diferencias mediante sus decisiones en acto directo de democracia participativa.

Creo que contribuiría a la potabilidad de esta solución para el gobierno, que el Dr. Henry Ramos Allup presente de inmediato su renuncia al cargo de Presidente de la Asamblea Nacional. La credibilidad en las sanas intenciones de la oposición venezolana aumentaría grandemente con ese sacrificio.

Asimismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática debieran contribuir al feliz tránsito del pacto dibujado arriba, mediante acuerdo en dos cláusulas propuestas en 2003:

Ambas partes acuerdan suspender la organización de manifestaciones públicas que no sean las propias a las cuestiones del Gran Referendo Nacional (…) y excitar a sus respectivos partidarios a respetar tal suspensión mientras se mantenga la validez del presente Protocolo de Entendimiento.

Ambas partes acuerdan moderar sus manifestaciones de propaganda adversaria en contribución a la creación de un clima de entendimiento nacional.

Pienso que deben eso al país. LEA

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Actualización: el 27 de abril, cuarenta y ocho horas después de la publicación original de esta nota, la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela emitió un comunicado, cuyo numeral noveno dice:

9. El respeto a la institucionalidad es un compromiso y una obligación moral irrenunciable. Los Poderes Públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación. Lo contrario, el irrespeto y la permanente confrontación entre ellos, va en detrimento de la posibilidad real de solucionar los problemas que nos afectan a todos. Concretamente, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a más de respetarse y actuar según su respectiva autonomía, reconociendo el papel que a cada uno le corresponde, están llamados a dar al pueblo ejemplo de “encuentro y diálogo” en favor de la convivencia nacional. En esta misma línea, deben buscar, de manera conjunta, soluciones, que el pueblo reclama, a problemas de vital importancia: la recuperación económica general del país, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la falta de electricidad y calidad de los servicios públicos, la violencia y la inseguridad, la seguridad social de los adultos mayores, el problema de los llamados presos políticos. La Ley de amnistía es un clamor nacional e internacional y una contribución a la distensión social. Desconocer a la Asamblea Nacional es desconocer y pisotear la voluntad de la mayoría del pueblo.

Actualización 2: con fecha de hoy (2 de mayo) se conoció una nota publicada en inglés por Radio Vaticana, que se copia acá:

Pope Francis writes letter to Venezuelan President Maduro

02/05/2016 16:50

(Vatican Radio) Pope Francis has written a letter to Venezuelan President Nicolas Maduro in reference to the situation in the country. The chief of the Vatican Press Office, Father Federico Lombardi sj confirmed the news without giving information about the letter’s contents, on Monday.

Amid triple-digit inflation rates, Venezuela is undergoing one of the most serious economic crises of its history and basic goods and food are increasingly difficult to find. Shortages have led to smuggling and a thriving black market while power outages have led to looting.

«The Pope is following with great attention and participation the situation in Venezuela,” Lombardi said and cited the pontiff’s “most recent public remarks” and the “ample passage, very eloquent” which the Pope dedicated to Venezuela on Easter Sunday in the message before the Urbi et Orbi Blessing.

The Pope said: “With the weapons of love, God has defeated selfishness and death. His son Jesus is the door of mercy wide open to all. May his Easter message be felt ever more powerfully by the beloved people of Venezuela in the difficult conditions which they are experiencing, and by those responsible for the country’s future, that everyone may work for the common good, seeking spaces of dialogue and cooperation with all. May efforts be made everywhere to promote the culture of counter, justice and reciprocal respect, which alone can guarantee the spiritual and material welfare of all people.”

«The seriousness of the situation appears clearly from the recent Statement of Bishops on 27 April,” Fr. Lombardi stated.  “For his part, the Nuncio, S.E. Msgr. Giordano, has committed very clearly to encourage the dialogue desired by the Pope.”

“In this context, I can say that the Pope himself did recently have a personal letter given to President Maduro, with reference to the situation of the country,» Lombardi said.

Venezuelan Bishops press government to permit Church to help

In their 27 April statement, Venezuela’s bishops urged the government of President Maduro to allow the Church to bring in much-needed supplies such as food and medicine.

They warned that never before had the country suffered from such an “extreme lack of goods and basic food and health products” combined with “an  upsurge in murderous and inhuman crime, the unreliable rationing of electricity and water, and deep corruption in all levels of the government and society.”

They recalled that the government is duty-bound to “encourage all forms of assistance to its citizens” and to provide basic goods and services.

Authorization, the bishops said, “is urgently needed for private institutions in the country, such as Caritas or other programs of different religious denominations…to bring in food, medicine, and other basic needs from national and international aid groups, and to organize distribution networks in order to meet the urgent needs of the people.”

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