Término diplomático creado en francés

Término diplomático creado en francés

 

In international relations, an aide-mémoire is a proposed agreement or negotiating text circulated informally among delegations for discussion without committing the originating delegation’s country to the contents. It has no identified source, title, or attribution and no standing in the relationship involved. Such a text is also referred to as a non-paper in many international organizations, including the General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization and sometimes within the European Union. The term also has a more general meaning, as an English noun with French influence, meaning “a memory-aid; a reminder or memorandum, especially a book or document serving this purpose.”

Wikipedia

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Non paper, en la diplomacia, es un documento escrito a máquina o a mano que es entregado por un diplomático de un país al representante de otro o de un organismo internacional. La característica física de este documento, es que no lleva membrete oficial, sello ni firma. El non paper es el documento de comunicación oficial cuyo rango es el menor de todos. Su contenido carece de fórmula clásica internacionalmente reconocida, pues puede ser un esquema de lo conversado, un esquema de trabajo, una frase redactada producto de una negociación lista para ser insertada por ejemplo, en una propuesta que se compromete verbalmente la otra parte a efectuar. Su amplitud va desde la transmisión de una idea que puede ser la etapa preliminar de los lineamientos de algún tema específico a desarrollar hasta la comunicación de un hecho puntual a mejorar o remediar.

Wikipedia en Español

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impasseVoz francesa que significa ‘situación de difícil o imposible resolución, o en la que no se produce ningún avance’.

Diccionario Panhispánico de Dudas

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1. El problema: Los ciudadanos de Venezuela están sujetos a un marcado y creciente deterioro de sus condiciones de vida, manifestado en niveles alarmantes de escasez de alimentos y medicinas, en una inflación desatada y en persistente inseguridad, dentro de un clima político de confrontación en ascenso. Como consecuencia, los estudios de la opinión pública venezolana registran un rechazo marcado y en aumento del actual gobierno nacional.

2. Narrativas contrapuestas: La constelación oficialista (Poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Partido Socialista Unido de Venezuela, principalmente) explica la grave situación descrita como consecuencia de un esquema de guerra económica propiciado por sus opositores políticos y económicos en connivencia con potencias extranjeras (EEUU). La constelación opositora—Asamblea Nacional, Mesa de la Unidad Democrática, un creciente número de actores económicos y académicos—y autónomamente la Conferencia Episcopal Venezolana, atribuyen la situación y su evolución al modelo socializante impuesto por el gobierno.

Al momento de su elección en 2013, Nicolás Maduro, continuó la mayoría de las políticas económicas existentes de su predecesor Hugo Chávez. Al asumir la presidencia de Venezuela, Maduro se vio enfrentado a una alta tasa de inflación y problemas de escasez de bienes. Estas dificultades económicas a las que Venezuela se enfrentaba, eran una de las principales razones de las protestas en Venezuela en 2014. El presidente Maduro ha comentado en varias oportunidades, que estaba luchando una “guerra económica” contra el capitalismo y para ello promulgó medidas económicas llamadas “ofensivas económicas”. Wikipedia en Español. – “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”. Conferencia Episcopal Venezolana, 12 de julio de 2016).

3. Desarrollos recientes: Luego de la proclamación por el Consejo Nacional Electoral de 112 diputados a la Asamblea Nacional—mayoría calificada de 2/3—por la alianza opositora, elegidos el 6 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la investidura de tres de esos diputados, anulando de tal modo la mayoría calificada de la fracción opositora, y el 5 de enero de este año, al instalarse la Asamblea, su Presidente presentó como “compromiso no transable” de ese cuerpo, “por medio constitucional, democrático, pacífico y electoral, lograr la salida del actual gobierno en un plazo de seis meses contados desde esta fecha”. Al incorporar los diputados cuestionados, el Tribunal procedió a declarar a la Asamblea en desacato e invalidar todos sus actos a partir de ese momento. En paralelo, la Mesa de la Unidad Democrática inició en el mes de abril (ha podido iniciarse el 11 de enero, al cumplirse la mitad del período constitucional que el presidente Maduro completa) la promoción de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro luego de arribar a un consenso de los partidos que la componen, y logró superar la fase inicial de activación del proceso con la consignación de más de 1% de firmas de electores que el Consejo Nacional Electoral reconoció como válidas. El Consejo anunció la fase de recolección de 20% de manifestaciones de voluntad de electores requeridas para fines de octubre, y delineó un cronograma general que parecía ubicar la fecha del referendo mismo para el mes de febrero de 2017, lo que implicaba que no habría elecciones para escoger un sucesor del presidente Maduro en caso de su revocación (concluiría el período quien estuviera en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República para el momento de su eventual remoción). Con posterioridad a estos anuncios, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el 20% de los electores debía ser reunido no en circunscripción nacional sino en cada uno de los estados del país, e inmediatamente seis tribunales estatales sentenciaron la invalidez del 1% de las firmas de promoción sobre la base de presunto fraude. El Consejo Nacional Electoral suspendió entonces la recolección de las firmas de la convocatoria prevista para el 26, el 27 y el 28 de octubre, al declarar que acataba las sentencias tribunalicias. Estas decisiones paralizaron de hecho el esfuerzo revocatorio y endurecieron las posiciones de la oposición, y también las del gobierno, hacia un agravamiento de la confrontación.

4. Oportunidad de diálogo: Ha habido una secuencia de amagos de acercamiento y diálogo entre instancias gubernamentales y de oposición; el primero de ellos pareció funcionar a fines de 2013 entre el gobierno y algunos alcaldes de oposición, en materia de coordinación de acciones contra la delincuencia. Poco después, el ala más radical de la oposición planteó por su cuenta una agenda de focos de protesta prolongada con apoyo de otros alcaldes opositores, interrumpiendo aquella incipiente cooperación. En el año de 2014, esa acción y la respuesta represiva del gobierno desembocaron en 46 muertes durante los reiterados y prolongados sucesos de protesta. Entonces, el 10 de abril de 2014, a los dos meses del inicio de esa agitación, se escenificó una reunión entre personeros del oficialismo y la oposición en Miraflores, pero este debate televisado no logró consolidarse en nada práctico, a pesar de sucesivas conversaciones en privado. Con posterioridad, el gobierno ha buscado la mediación de UNASUR y ha propuesto que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana) funjan de mediadores. La oposición ha objetado que Rodríguez Zapatero ha asumido posición al opinar que el referendo revocatorio no es una salida conveniente, tomando partido por la postura gubernamental. De su lado, el gobierno descalifica a la Conferencia Episcopal Venezolana como mediadora por razón exactamente simétrica. Muy recientemente, ambas partes han aceptado que la Santa Sede interponga sus buenos oficios en la persona de Monseñor Emil Paul Tscherrig, Nuncio en la República Argentina y enviado especial del papa Francisco I a Venezuela para cooperar en la búsqueda de acuerdos que impidan un agravamiento peligroso de esta dinámica.

5. Posibles salidas: El gobierno ha dado a entender públicamente a través de diversos funcionarios y la organización política que lo apoya, así como en sus acciones y las de poderes del Estado venezolano que actúan como sus aliados, que no permitirá la celebración del referendo revocatorio. La oposición, por lo contrario, ha reiterado que la salida a la situación es justamente ese preciso referendo. Es de esperar que no cederá ninguna de las dos partes, configurándose un impasse.

Recientemente se ha propuesto otro tipo de referendo capaz de disolverlo: uno consultivo en el que el Poder Constituyente Originario decida sobre la celebración de elecciones presidenciales inmediatas. Si bien esta opción no está considerada en la Constitución venezolana, es precedente fundamental a este respecto el referendo vinculante del 25 de abril de 1999, que impuso la elección de una asamblea constituyente a pesar de que esta figura no fuera contemplada en la constitución vigente para la fecha. (La validez de esa consulta, base de la constituyente y el texto fundamental de 1999 sobre el que descansa la legitimidad del Estado venezolano actual, fue predicada por decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de ese mismo año, que estableció la doctrina de que el Poder Constituyente es supraconstitucional, no limitado por la Constitución). La proposición de ese referendo, que podría ordenar desde el poder supremo la celebración de elecciones anticipadas y puede ser convocado por mayoría simple de la Asamblea Nacional—sin necesidad de los diputados objetados, que ella podría desincorporar para dejar sin efecto la suspensión de la validez de sus actos por desacato al Tribunal Supremo de Justicia—, incluye la previsión de que el Presidente en ejercicio pueda presentar su candidatura; no es, por tanto, el equivalente de un referendo revocatorio.

Con anterioridad, se propuso un acuerdo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nacionales—Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”—que preveía: a. el mutuo reconocimiento de la grave crisis nacional por las partes enfrentadas; b. el reconocimiento por la Asamblea Nacional de que no es su atribución procurar la cesantía del presidente Maduro, electo el 14 de abril de 2013 por voto popular, y el reconocimiento por el lado del gobierno de la legitimidad de la Asamblea, igualmente elegida por el voto popular el 6 de diciembre de 2015; c. la convocatoria de un referendo consultivo sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen político-económico socialista; d. el compromiso del presidente Maduro de renunciar en caso de que el referendo planteado resultare negador del socialismo sobre el que sustenta las acciones del Ejecutivo Nacional, lo que habría causado nuevas elecciones; e. el establecimiento de una comisión de enlace que determinaría urgentes acciones coordinadas entre ambos poderes para resolver o paliar la crítica situación del país.

A raíz de la más reciente propuesta del consultivo sobre elecciones anticipadas, un diputado de la Asamblea Nacional argumentó: “Hay una solución inmediata a la situación que vivimos: elecciones generales inmediatas. Elecciones presidenciales, Asamblea Nacional (los diputados ponemos el cargo a la orden), gobernaciones y municipales”. A esta iniciativa se observó: “Las elecciones generales serían un exceso. A la Asamblea se la acaba de elegir y más temprano que tarde habrá elecciones regionales sin esa convocatoria (ya han sido anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, aunque no convocadas). El país no está para más elecciones de las que necesita”.

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Como informa Wikipedia, un aide-mémoire no tiene identificación de fuente, título o atribución. Por eso el texto precedente no está firmado.

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