Lo que queda de 2016

Todavía en blanco lo que queda de 2016

 

Siempre ha habido eventos políticos significativos en diciembre: nuestras elecciones presidenciales ocurren en ese mes desde 1958 (exceptuando las de “relegitimación” de julio de 2000, las de Chávez vs. Capriles de 2012 y las de Maduro vs. Capriles de 2013); el 15 de diciembre de 1999 aprobamos en referendo popular el texto constitucional que rige (o debiera regir) al Estado venezolano, y el 2 de diciembre de 2007 negamos un intento de reformarlo extensamente (el mismo día del plebiscito planteado por Marcos Pérez Jiménez en 1957 para perpetuarse en el poder, el mismo de la coronación de Napoleón III como emperador de los franceses en 1852, en el 48º aniversario de la de su tío Napoleón I). Por supuesto, dentro de cinco días se cumplirá un año de la elección de una nueva Asamblea Nacional. ¿Ocurrirá algo decisivo en Venezuela en diciembre de 2016, que hoy comienza? Tal vez sólo lo que se espera: la expedición de la partida de defunción del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, que había entrado en coma al suspender el Consejo Nacional Electoral la recolección de firmas de 20% de electores en cada estado, programada para el 26, 27 y 28 de octubre. Habrá que darle el pésame a Henrique Capriles Radonski.

El 5 de enero de este año a punto de concluir, se instalaba una Asamblea Nacional con abrumadora mayoría de diputados de oposición.* ¿Qué ha logrado desde entonces? Bueno, Henry Ramos Allup esbozó ese día un escueto programa de tres puntos: 1. recuperar la autonomía del Poder Legislativo Nacional; 2. Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional; 3. “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Ninguno de esos “compromisos no transables” se ha cumplido: el Poder Legislativo ha estado maniatado por el Tribunal Supremo de Justicia—como consecuencia del “desacato” de la Asamblea al incorporar tres diputados cuya investidura fue suspendida por el mismo tribunal—, la Ley de Amnistía (que ha podido ser un decreto) no ha entrado en vigencia, y la cesación del gobierno—asunto que no compete a la Asamblea Nacional a menos que se produzca el abandono del cargo del Presidente de la República, lo que no ha ocurrido—parece estar anulada como intento (tardío porque las disensiones internas en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, entre las que destaca la oposición del propio Ramos Allup, causaron un retraso de tres meses en las gestiones iniciales del referendo revocatorio).

Lo que va a cesar el mes próximo es el gobierno de Ramos Allup como Presidente de la Asamblea Nacional; está previsto que el 5 de enero de 2017 esa presidencia pase a manos de Julio Borges, según difícil acuerdo del 3 de enero de este año. Quizás entonces pueda intentarse vías que son inmunes a las tácticas dilatorias del CNE y a la fecha mágica del 10 de enero de 2017, como se recordó acá hace una semana:

El Pueblo puede decidir elecciones presidenciales inmediatas. Si bien ellas no están consideradas en la Constitución venezolana, el referendo vinculante del 25 de abril de 1999* decidió la elección de una asamblea constituyente a pesar de que esta figura no estaba contemplada en la constitución vigente para la fecha. El referendo para ordenar desde nuestro poder supremo la celebración de elecciones anticipadas puede ser convocado por mayoría simple de la Asamblea Nacional, y prevé que el Presidente en ejercicio pueda presentar su candidatura; no es, por tanto, un referendo revocatorio disfrazado. (…) La proposición elude también el tema de huellas y firmas objetables, puesto que es la Asamblea Nacional quien convoca el referendo. Nosotros podemos ordenarle que lo haga en nuestra representación. Finalmente, esta posibilidad permite la llegada de un nuevo Presidente aunque ocurra después del 10 de enero de 2017. (Ver Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016).

Quizás entonces una presidencia menos torpe y altanera de la Asamblea Nacional pueda poner el diálogo donde debe estar: entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales—ver Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016—, como lo exige el Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

Esto lo digo porque en el año que termina no ha sido posible que los principales poderes nacionales coadyuven al alivio de los pobladores, asediados por el acusadísimo deterioro del desempeño económico del país. Se ha podido intentar lo debido: “El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales reconocen que el país atraviesa una seria crisis cuya solución debe ser sometida a la decisión del Pueblo de Venezuela, y que es necesario iniciar un período de recuperación que consolide la democracia venezolana y permita la superación de los problemas públicos de diversa índole que aquejan a la población. (…) El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales constituirán una comisión de enlace que determinará urgentes acciones coordinadas entre ambos para resolver o paliar la crítica situación referida en la Cláusula Primera de este acuerdo, en el espíritu de lo prescrito en el Artículo 136 de la Constitución”. (Plantilla del Pacto).

Las navidades de este año dificilísimo van a ser terribles, pero tal vez la inminente cesantía del pugnaz Presidente de la Asamblea Nacional haga que tenga sentido desearnos un Feliz Año Nuevo. LEA

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* En ¿Qué espera la Asamblea Nacional?, 8 de marzo de 2016: Cinco días antes de que un deslave de votos eligiera a 112 diputados de oposición, Juan Pablo Olalquiaga, recién electo Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, advertía a quienes todavía no tenían curules: ‘La AN tiene una responsabilidad muy profunda y espero que comprenda que, si bien no podrá hacerse un cambio instantáneo en economía, aunque vamos a ver un primer semestre en el que el deterioro crecerá, esta Asamblea tiene que establecer unas reglas de juego claras para impulsar un plan de recuperación del país’, expresó. Para Olalquiaga el gran reto de la AN debe ser ‘voltear la economía’ y, ‘de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente’. (En Entorno Inteligente, 1º de diciembre de 2015). Bueno, ya DatinCorp ha documentado el cobro del primer giro. (Ver en este blog Un rápido desencanto)”.

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