Constituyentes y violaciones a la Constitución

Dueño del piano en el siglo XX

El tema de la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro requirió nuevas precisiones, que fueron precedidas por una prueba de violación flagrante de la Constitución por parte de un alférez en la Escuela Militar, y sucedidas por datos comentados de una encuesta de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. El Adagio de la rosa, del ballet La bella durmiente de P. I. Tchaikovsky y un pasaje del primer movimiento del Concierto para piano y orquesta #2 de Sergio Rachmaninoff acompañaron la sesión de hoy, cuyo archivo de audio se coloca a continuación:

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Tres láminas

 

Un estudio importante

 

 

La Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela emprendió un estudio de opinión cuyos datos fueron levantados, de una muestra de 1.200 entrevistas, entre el 10 y el 17 de mayo. Acá reproduzco, debidamente autorizado, las láminas 18 a 20 de su reporte. (Un clic sobre ellas las amplía).

Elecciones, pero no de constituyente

Ver en este blog, y notar fecha, un procedimiento para satisfacer la aspiración mayoritaria de 82,8% de los encuestados: Prontas elecciones. Sobre un acuerdo, que 54,7% cree necesario, ver Versión formal. (En la siguiente lámina se registra que 85,2% cree que “Gobierno y oposición deben trabajar para salir de la crisis” y 72,5% que “Es necesario negociar para evitar más muertes”). LEA

 

Protestas no, acuerdo gobierno-oposición

 

No hay disposición mayoritaria a protestar

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Calificación: Insuficiente

 

El Jefe del Poder Legislativo Nacional

 

Mi esposa no tenía la razón al suponer que Julio Borges lo habría hecho mejor que Henry Ramos Allup, como primer Presidente de la primera Asamblea Nacional de oposición en diecisiete años. Parecía razonable sostener eso, después de que este último declarara la guerra del parlamento al Ejecutivo el mismo día de su toma de posesión, se opusiera al referendo revocatorio, auspiciara inicialmente una enmienda de recorte de período, luego hurgara en la nacionalidad de Nicolás Maduro, se negara durante todo 2016 a recuperar la eficacia del órgano que presidía solventando su desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y, por último, solicitara a la Organización de Estados Americanos que suspendiera a Venezuela de su condición de estado miembro, el estado del que la propia Asamblea es parte. Puede añadirse el primer gol que se dejó meter al no poner a discusión el primer decreto de emergencia económica en 48 horas, como manda la Ley Orgánica de Estados de Excepción. (“¡Nosotros le preguntamos a Maduro y él nos dijo que teníamos ocho días!” ¿Preguntó Churchill a Hitler de cuánto tiempo disponía para tomar cinco playas normandas?) El logro más concreto de Ramos Allup en un año entero de presidencia fue la extracción de los retratos de Chávez y del Bolívar black is beautiful del Palacio Legislativo.

Pero Borges quiso superar a su predecesor muy rápidamente: el 9 de enero de este año presidía la sesión parlamentaria que declaraba el abandono del cargo (?) por parte del presidente Maduro. (Hasta ahora ha omitido oficiar al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones presidenciales, considerando que la falta absoluta del Presidente de la República se produjo en tiempo constitucionalmente hábil para causarlas). Ya aventajaba a Ramos Allup muy decididamente, pues era él quien hubiera cumplido lo que aquél sólo había esbozado como objetivo: “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Lo que Ramos creyó le tomaría 180 días lo había hecho Borges ¡en cuatro solamente!

Ahora, habiendo dejado cesante a Maduro, quiere superar eso, pero no ya como asambleísta sino como jefe de Primero Justicia en el papel rotativo de vocero de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer daba cuenta lapatilla.com: “La Unidad Democrática anunció este martes en una rueda de prensa la activación del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una nueva hoja de ruta y su respaldo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. (…) Borges procedió a dar lectura a un documento que contenía los acuerdos y la nueva hoja de ruta de la coalición política: “En primer lugar establecieron que ninguna de sus acciones (TSJ) pueden ser reconocidas según lo establecido en el 350 de la Constitución”.

Eso no es exactamente activar el Artículo 350, que dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Se trata de desconocer al régimen, no meramente a sus actuaciones, por una parte y, por la otra, no hay nada de nuevo en esa idea; así se registraba el 27 de octubre de 2005 (El Castillo de los cardenales de Lara):

No es un secreto para nadie que el más reciente campeón del empleo de nuestro tres cincuenta es el cardenal Rosalio Castillo Lara. (Antes lo han propuesto muchos, incluidos los militares que acamparon en la plaza Francia de Altamira. Poco antes de la emergencia de Castillo Lara como “ancla” del 350, la gente de la poco popular “Alianza Popular”—Oswaldo Álvarez Paz—ha manejado la noción, y más recientemente aún, el infaltable Alejandro Peña Esclusa ha publicado incluso un pequeño libro contentivo de instrucciones para establecer núcleos de resistencia en “cinco mil puntos” de la geografía nacional. Serían miríadas de “guarimbas” organizadas a la manera de células, con comisionados logísticos y de comunicación y todo).

El problema en estas cosas es que el Pueblo significa en el renombrado artículo, y en cualquier otra parte de la Constitución, la mayoría del Pueblo, y esto último tiene que certificarse; no basta una encuesta o una manifestación de calle. ¿Cuánta es la población, en promedio, que ha salido a protestar contra el gobierno en los dos últimos meses en Venezuela? ¿Un millón de personas? Tal cosa es la vigésima parte del registro electoral vigente. También escribí después de la cita antecedente:

Pero el Pueblo, que en la práctica es imposiblemente unánime, no puede ser tenido por menos que la mayoría absoluta de una opinión. Es sólo una mayoría de la Nación políticamente hábil la que puede decretar el rechazo radical de un gobierno o régimen, y de nuevo es éste el verdadero problema. Castillo Lara y quienes le rodean o hablan por él están en minoría, como todas las encuestadoras serias del país lo saben. Todavía Hugo Chávez es apoyado por la mayoría de los electores. Que primero el cardenal solitario y quienes piensan como él restituyan la mayoría que una vez fuimos quienes repudiamos a Chávez y lo consideramos mayormente pernicioso; una vez logrado esto, ya no sería necesario actuar dentro de la caja definida por el Artículo 350 y el encierro provisto por Rincón Urdaneta. Cuando seamos mayoría podremos mandar. (Ver Manda Su Majestad, 17 de diciembre de 2016).

Por estas cosas se discutió la aplicabilidad del Artículo 350 el 5 de abril de 2014 en el programa #89 de Dr. Político en RCR, y al día siguiente se escribió en El Gran Referendo:

Es sólo en esta semana que concluye cuando entendí que la manera correcta de aplicar el Artículo 350 de la Constitución—El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos—es a través de un referéndum. El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera).(…) Tal postura explica la proposición de incluir una tercera pregunta en el referendo consultivo, que he venido recomendando como tratamiento correcto de la más aguda de nuestras enfermedades políticas: ¿Desconoce Ud. el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro, por las razones descritas en el Artículo 350 de la Constitución?

Dicho de otra manera: he sostenido consistentemente que la solución profunda de nuestros problemas está en las manos del Pueblo. Como le puse a una dama que me escribiera sobre el tema de las protestas al gobierno: No es algo así un expediente que cuente con simpatías entre líderes de la oposición formal; el protagonismo pasaría de ellos al Pueblo, y no es fácil entrevistar a éste en CNN. Pero no creo en la deposición violenta del Sr. Maduro; ni siquiera la valientísima diputada Machado puede garantizar que una cosa así redundaría en un curso sano para la república. En cambio, creo desde hace casi cinco años que la clave del asunto es la convocatoria del Poder Constituyente Originario; para quienes creemos verdaderamente en la democracia, eso es la verdadera salida.

Tampoco podría entrevistarse al Pueblo en Vladimir a la 1, y tengo la impresión de que lo que está resaltado en cursivas en el segundo párrafo sigue siendo cierto. (Lo que tampoco es nada nuevo; el liderazgo político profesional se entiende en Venezuela—seguramente también en otras latitudes—como una clase especial de compatriotas. Pedro Pablo Aguilar, exSecretario General de COPEI, afirmaba ya el 7 de junio de 1986: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder.” Es decir, no eran los partidos los que estuvieran de espaldas a la realidad del país; éramos nosotros, el Pueblo, quienes estábamos de espaldas a la realidad de los partidos).

Borges ofreció ayer el “apoyo total” de la Mesa de la Unidad Democrática “y el Pueblo” (¿habla en su nombre?) a la fiscal Ortega Díaz. Me temo que, en el mejor de los casos, ésta no se dará por aludida. Ayer mismo puse en Facebook:

La MUD ha ofrecido apoyo incondicional a la Fiscal luego del anuncio de su antejuicio de mérito. Mi apuesta es ésta: Luisa Ortega Díaz lo rechazará (el apoyo, no el antejuicio). Siempre me pregunté por los motivos de Ortega para su agresiva militancia reciente; llegué a pensar, por ejemplo, que tras ella estaría la oferta de salvoconductos, de inmunidad. Pero eso ha podido comprarlo a un precio menor: su objeción a las sentencias 155 y 156 habría bastado. Creo que Ortega se ve ahora como candidata presidencial del “centro”, captadora de ni-nis. Si no me equivoco, va a deslindarse de la MUD.

En efecto, el 12 de junio la prensa nacional traía una referencia de Tarek El Aissami a la Fiscal: “Escuchamos ayer otra vocera de la derecha reaccionaria que se pretende ahora erguir como una líder de la transición”. Es muy interesante que no dijera “líder de la oposición”. Ortega Díaz anda buscando otra cosa que no es congraciarse con Julio Borges o Luis Almagro; quiere ser Larrazábal II (Ugalde dixit). Por de pronto, ni Borges ni Ortega son mencionados en el Flash Nacional 800 (7-9 de junio) de la Encuestadora Pronóstico. LEA

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Borges desconocido

 

 

 

 

Hoy comenté a un amigo estos resultados: “Diosdado quintuplica las preferencias por Ledezma, quien a su vez septuplica las del ‘Tigre’, y Cabello se coloca a 1,6% por debajo de Ma. Corina. Maduro duplica a Ramos Allup y cuadruplica a Falcón. Borges no aparece. (Ortega Díaz tampoco)”.

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El nuevo catecismo militar

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política… (…) En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

Artículo 328 de la Constitución Nacional

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¿Qué dirá de esa recitación Herman Escarrá, Cardenal de la Iglesia Constituyentista del Octavo Día? Esto registraba su boletín electrónico el 19 de diciembre de 2010:

Hermann Escarrá llamó a las fuerzas armadas a que “no se pongan de cuclillas ante el régimen autoritario de Chávez ni ante un proyecto personalista, porque la cláusula central de las fuerzas armadas especifica no estar al servicio de una persona o grupo político, sino al servicio de la nación, del pueblo de Venezuela y de la patria”.

Ahora que está gozando “como chino en tranvía” con la inminente constituyente que, en razón de su corpulenta auctoritas, aspira a presidir ¿se atreverá a decir lo mismo sobre el régimen nada autoritario de Nicolás Maduro o le dejará ese asunto a Luisa Ortega Díaz? LEA

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Actualización del 22 de junio: Son gente militar adoctrinada de ese modo quienes cometen actos como éste:

 

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El heraldo de la conspiración

La bendición de un golpe de Estado, 5 de marzo de 2002

 

Durante los años de la dominación chavista, la voz y la pluma de Ugalde han pronunciado y escrito agudas advertencias. Se le tiene por una de las cabezas más autorizadas y coherentes de la oposición al régimen de Hugo Chávez. En ocasiones, sin embargo, se ha reunido mal. El martes 5 de marzo de 2002 andaba en mala compañía.

Las élites culposas

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Luis Ugalde S. J. ha vuelto a las andadas. Hace quince años bendecía, en la Quinta La Esmeralda de la popular y populosa barriada de Campo Alegre, la coincidencia de las agendas de Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela ante el gobierno de Hugo Chávez, crecientemente repudiado por entonces:

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro. Ugalde había asistido al sonado evento “en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana” y en señal del beneplácito de ésta por el acuerdo al que habían arribado Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sobre cómo gobernar a la República una vez que el gobierno de Chávez hubiera cesado. Un mes y siete días más tarde caía ese gobierno, y Carmona Estanga, uno de los protagonistas en la función de La Esmeralda, asumía por pocas horas la dirección del Poder Ejecutivo Nacional. El sentido de la reunión del 5 de marzo era el de impresionar a la Nación, con el anuncio de que el fin del gobierno de Chávez era inminente. El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. También reportaba el periódico madrileño palabras de Carlos Ortega, pronunciadas en el acto reseñado: “El acuerdo es para crear un clima de diálogo para un gobierno de transición. No estamos pidiendo cacao, ni tirando un salvavidas al Ejecutivo”. La nota cerraba refiriendo lo dicho por quien presidiría al mes siguiente un brevísimo gobierno de treinta y seis horas: “Para el presidente de la patronal, Pedro Carmona, la propuesta tiene carácter permanente y puede servir perfectamente para un nuevo Gobierno”. La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración. (Las élites culposas).

Dos días antes del publicitado evento, Rafael Poleo me había solicitado un artículo para la Revista Zeta, en el que debía explicar el “tratamiento de abolición” que expuse en Televén el 25 de febrero de 2002 (mes y medio antes del Carmonazo), luego de interesarse en él por la lectura de una nota de Marta Colomina de ese mismo día (3 de marzo) que recomendaba se apoyara mi planteamiento. (En el programa Triángulo que dirigía Carlos Fernandes, había insistido en la definición del derecho de rebelión en la Declaración de Derechos de Virginia, que establece como único titular de tal derecho a “una mayoría de la comunidad”). Escribí lo solicitado por Poleo ese mismo día, diciendo:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Luego de la cita en La Esmeralda, llamé al editor para ofrecerle un segundo artículo sobre el tema, pero Poleo lo rechazó: “explicó con paciencia de adulto al ingenuo niño que yo era que lo que iba a pasar era que ‘los factores reales de poder en Venezuela’ depondrían a Chávez y luego darían ‘un maquillaje constitucional` a un golpe de Estado”. (Las élites culposas).

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El sábado 10 de diciembre de 2016, Ugalde puso en venta su recomendación de encontrar un “Larrazábal II” en un foro de la Fundación Espacio Abierto, dirigida por Luis Manuel Esculpi*: Larrazábal II, dijo Ugalde, tomaría “la responsabilidad del Ejecutivo nacional y la Presidencia y proclamaría ante el país un gobierno de transición y de unidad nacional”. (Especial Noticiero Digital, 12 de diciembre de 2016). Ahora (19 de junio) ha escrito El Gobierno de Transición, artículo publicado por Notiespartano y reproducido en El Universal. Así comienza:

Todo gobierno medianamente democrático si llega a una deslegitimación y fracaso parecidos a los de Maduro, renuncia y convoca a elecciones. La Constitución venezolana para situaciones similares prevé el referendo para revocar al Presidente antes de su término. Maduro tramposamente lo impidió; luego anuló la Asamblea Nacional y aplazó las elecciones regionales; ahora pretende eliminar la Constitución con una “constituyente” no convocada por el único que lo puede hacer, el pueblo.

Dos inexactitudes de entrada: 1. la anulación de la Asamblea precedió a la paralización del esfuerzo revocatorio, no fue “luego” de éste; 2. el Presidente de la República puede convocar a constituyente según establece el artículo 348 de la Constitución. (Ver ¿Preguntas sin respuestas?).

Más adelante expone: “Urge hablar públicamente para madurar un gobierno de transición saliendo del actual Ejecutivo deslegitimado. Sería un grave error pensar en elecciones inmediatas”. Esto es, el gobierno transicional que avizora, al no provenir de la voluntad electoral del Pueblo tendría que ser establecido mediante un golpe de Estado. Elecciones para después, según prescribe: “El gobierno de transición debe fijar fecha de elecciones libres antes de un año, con condiciones democráticas y transparencia. (…) Sin dejar la actual protesta de calle (acción decisiva para desbloquear los caminos constitucionales) debemos simultáneamente empezar a formar un gobierno de transición con hombres y mujeres de diversa procedencia pero unidos con claridad programática y  decididos a no prolongarse en el poder más allá de los meses de transición emergente. Un Gobierno de Transición, con todas las de la ley, con una Fuerza Armada decididamente democrática y defensora de la Constitución. Basarnos en la Constitución y en lo que nos queda de instituciones legítimas; en primer lugar la Asamblea Nacional en alianza con el pueblo sufriente alzado y con la Fiscal convertida en defensora de la democracia y unidos en el rescate del CNE y TSJ. La Fuerza Armada está obligada e invitada a asumir su responsabilidad constitucional y democrática en la difícil reconstrucción del país, con lo que recuperará los perdidos reconocimiento y afecto del pueblo”.

En suma, una nueva conspiración, una negociación de los que Rafael Poleo llamaba “los factores reales de poder” en la que el Pueblo no participaría; la democracia es para más tarde (“Sería un grave error pensar en elecciones inmediatas”). Y, por supuesto, nada de eso es basarse “en la Constitución y en lo que nos queda de instituciones legítimas”. Esas cosas, dichas por quien viste sotanas y clergymen, llevan para mentes desprevenidas su garantía personal en su carácter de hombre de Iglesia; como en La Esmeralda, certifican la “corrección moral” de la receta, puesto que es sacerdote y debe ser gente santa. Ugalde sabe cosas, y debe saber bastante de los preparativos y los protagonistas de un complot en la misma dirección en la que apunta. Como en La Esmeralda, sus insistentes llamados parecen formar parte de “la agenda de una conspiración”.

Y no es que la tenga cogida con Ugalde, mi compañero de pupitre en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, allá por 1964. (Me mueve, eso sí, lo dicho por un sacerdote jesuita verdaderamente grande, Pierre Teilhard de Chardin: “Si no escribiera sería un traidor”). Los mismos argumentos que esgrimí en la Revista Zeta los opuse ante Jorge Olavarría, quien me escribiera el 31 de diciembre del trágico año de 2002: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. A este otro amigo le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…” (…) Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Acá se ha expuesto cómo puede resolverse el problema del gobierno de Nicolás Maduro desde la voluntad del Pueblo, quien debe estar al inicio y no al final de la fase de transición: el 22 de octubre de 2016 en Prontas elecciones, y el 17 de diciembre en Manda Su Majestad (donde se adapta el acta de abolición, pensada en 2002 frente al problema de Chávez, a la actual circunstancia madurista). No sé si Luis Ugalde me ha leído, pero antes se ha dicho que mis prescripciones “no forman parte de la dinámica de la política real”. Hay quienes prefieren—por razones prácticas, naturalmente—las cosas mal hechas. LEA

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*Luis Manuel Esculpi abandonó el Movimiento Al Socialismo para fundar Izquierda Democrática y luego el partido Unión con Francisco Arias Cárdenas. Después de las elecciones de 2000, regresó a Izquierda Democrática para finalmente incorporarse junto con la dirección nacional de este partido a Un Nuevo Tiempo a comienzos de 2007.

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