Transmisión de mando

 

Hoy se estrena nueva directiva de la Asamblea Nacional. Controlado por la oposición, presidido por Henry Ramos Allup, el parlamento venezolano aprobó un total de quince leyes en 2016, de las que sólo una entró en vigencia; las restantes catorce fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, argumentando que la Asamblea se encontraba en desacato por la incorporación de diputados cuya elección la misma sala declaró suspendida. Ramos hizo un lastimoso recuento de su conducción para argumentar que el saldo del órgano legislativo nacional había sido positivo (?) bajo su guía, pero sólo pudo exhibir, con desproporcionado detalle, el reconocimiento a los trabajadores de la Asamblea. (Se le olvidó anotar el fundamentalísimo logro de extraer de la sede legislativa los retratos de Hugo Chávez y el de Simón Bolívar con rasgos de afrodescendiente). Julio Borges tiene ahora la oportunidad de ejecutar un decisivo cambio de rumbo.

Lo primero que Borges tiene que hacer es librar a la Asamblea de la situación de desacato. Es más importante para el país que los diputados unicamerales puedan ejercer su delicada función que un indignado, pero inútil, reclamo por la camisa de fuerza que el TSJ le ha colocado arbitrariamente. Es mucho más importante, por ejemplo, que la Asamblea recupere su capacidad de convocar referendos consultivos por mayoría simple, para así dar basamento a una alianza operativa del Poder Constituyente Originario y el Poder Legislativo Nacional, una de Pueblo y legisladores. El 22 de octubre del año pasado se propuso acá—Prontas elecciones—la convocatoria de uno que abriría las puertas a una elección presidencial inmediata. Entonces se observó:

Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Quince días después, los diputados en cuestión hacían justamente eso, pero Ramos Allup se negó a perfeccionar el asunto; con ineficaz altivez se limitó a observar: “Hemos tomado nota”. La pelea por la representación del estado Amazonas debe darse en otras instancias—a estas alturas, lo mejor es una nueva elección, cosa que fue preacordada en la mesa de diálogo con supervisión vaticana y unasúrica—, pero es urgente y fundamental que la Asamblea recupere su eficacia. Se la necesita para permitir un esquema de diálogo que sustituya la asimetría del diálogo Gobierno-MUD por la constitucionalmente prevista cooperación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales. (Ver en este blog Plantilla del Pacto, del 25 de abril de 2016, donde se replantea elevar a consideración del Soberano la conveniencia del socialismo para Venezuela).

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El tratamiento de abolición del gobierno de Maduro propuesto en este espacio el pasado 17 de diciembre (y en la misma fecha desde el programa #227 de Dr. Político en RCR) fue ideado para el caso de Hugo Chávez en 2002 (expuesto en el programa Triángulo que transmitió Televén el 25 de febrero de ese año). Luego de un período de infructuosa promoción—poco después, consciente de mi propia insuficiencia operativa, ofrecí la iniciativa a Primero Justicia—, retomé la idea en 2003 como ultimátum que pudiera hacer más tragable un referendo consultivo, acerca de su permanencia en el cargo, que el presidente Chávez se comprometiera a acatar con su renuncia si el resultado le fuera desfavorable. (Esa proposición se argumentaba así: “Un posible acuerdo político ante el ultimátum de abolición”, e iniciaba su descripción desde esta idea básica: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”).

La abolición es una iniciativa radical que no puede emanar de la Asamblea Nacional; ella sería únicamente prerrogativa del Pueblo—enteramente constitucional; Corte Suprema de Justicia, 19 de enero de 1999: no todo lo que es constitucional está presente en una constitución cualquiera—, pero ese parlamento sí puede implementar las posibilidades, en creciente orden de agresividad, expuestas en Plantilla del Pacto y Prontas elecciones, que conducirían al mismo resultado de la abolición de modo más suave. (Si se añadiera ahora a la primera opción la consulta popular sobre nueva elección presidencial que prevé la segunda).

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Anteayer daba cuenta José Antonio Gil Yepes de los más recientes registros de Datanálisis, en entrevista concedida a Unión Radio: “Los independientes se encuentran en 45 %, mientras que los opositores alrededor de 27 % y el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, principal partido chavista) solo suma 18 %”. Luego abundó sobre el punto, al destacar que quienes representan casi la mitad de la población “quieren diálogo y paz, están hartos del conflicto entre el Gobierno y la oposición; para esa gente el sentarse en la mesa de diálogo era una oportunidad positiva”.

Según se me informara, Primero Justicia prefería hacia septiembre de 2016, a diferencia de Acción Democrática, la confrontación al entendimiento con el gobierno. (Los más radicales en cada polo de esa disyuntiva eran Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo). Pero las investiduras cambian las perspectivas. (Efecto Beckett: quien fuera Arzobispo de Canterbury durante el reinado de Enrique II de Inglaterra, Thomas Beckett, llegó a ese cargo por designación del rey, su camarada de libertinas parrandas; pero al sentir la mitra episcopal sobre sus sienes empezó a pensar y actuar como hombre de iglesia, contraviniendo la expectativa de su actitud complaciente que Enrique había previsto, lo que lo llevó, hay que advertir a Borges, al martirio).

Julio Borges lucirá desde hoy en su cabeza la mitra parlamentaria, y puede conducir un lapso legislativo mucho más eficaz y sensato que lo que pudo ser el presidido por Henry Ramos Allup y sus inútiles desplantes. El país se lo exige. LEA

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