Necesitamos que trabajen

 

Al Dr. Antonio D’Alessandro Martínez, curioso en estos temas

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En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Antonio Machado

Una coral de muchas voces opositoras—diputados, líderes no investidos como tales, obispos, académicos, articulistas, jurisconsultos—canta la misma letra con acompañamientos musicales propios de cada cuerda: la asamblea constituyente que el Ejecutivo Nacional convoca es un fraude, una continuación del “golpe” (autogolpe de Estado), algo que el país debe repudiar. El madurismo, creo, ha incitado esta reacción a conciencia y se está divirtiendo mucho con eso. De allí los trapos rojos que el matador y sus banderilleros agitan, ante la cara de un toro heterógeneo que en cada embestida amella sus pitones.

Primero fue, por supuesto, el anuncio “histórico” en la Avda. Bolívar de Caracas, el único teatro que resta al oficialismo para simular asistencias masivas a sus convocatorias de calle. En día 1º de mayo, Maduro habló de “la clase obrera y el Pueblo” como convocantes de la constituyente, y agitó el capote de una constituyente “comunal”. Poco después hablaría Borges para repudiar la noción y empleó la misma construcción de “la clase obrera y el Pueblo”; claro, se trataba del Día del Trabajador, y a los trabajadores se les entiende como los miembros de la “clase obrera”; son sinónimos, pues.

En ese momento, no se conocía la redacción del decreto de convocatoria. En horas de la noche, Nicolás Maduro firmaba el decreto que sería publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria (6.295) de ese mismo día; después de toda su paja histórica, protagónica, multiétnica, endógena y biométrica (basta de esdrújulas), el Artículo 2 del decreto estableció: “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”. (En la jerga política, tanto oficialista como opositora, la palabra Pueblo con la que se llenan la boca se escribe con inicial minúscula). El empleo del término “sectoriales” reforzó el temor de que la tal asamblea se compondría corporativamente, a lo Mussolini, a pesar de que la redacción especifica “mediante el voto universal, directo y secreto”. Entonces el matador dejó a sus asistentes el trabajo de marear al toro.

El Vicepresidente Ejecutivo de la República ofreció su capote: “por primera vez en 200 años de historia venezolana, los transportistas van a tener sus propios constituyentes en la Asamblea Nacional”, y añadió Tareck El Aissami en defectuosa sintaxis: “Queremos darle al transportista rango constitucional, todas las políticas del órgano superior y estén presentes en la constitución”. Bueno, muchos que no somos transportistas quisiéramos ostentar rango constitucional, y en 1817 no existía el sector de los transportistas; había, por supuesto, carreteros, y algunos mantuanos eran llevados por calles empedradas en sillas rodantes con tracción animal de los pardos; una que otra carroza había, pero esa declaración no es sino una muestra más de la “historia” que cuentan los socialistas aborígenes para cautivar a incautos admirados:

Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, declaraba ayer al diario El Universal: “El 4F irrumpimos contra un sistema que venía de los tiempos de la Colonia…” (…) Erika Farías reconoce que los problemas subsisten, pero dice que eso se debe a que quince años no son suficientes para resolver los que datan de hace tres mil (aparentemente ha logrado precisar cuáles serían, a pesar de que los indígenas que habitaban el territorio de Venezuela dos mil quinientos años antes de los españoles nunca tuvieron escritura y, por tanto, no dejaron registro de su inventario). (En Retórica cuatrofeísta, 5 de febrero de 2015).

El jefe de los banderilleros—dirige la comisión presidencial nombrada ese mismo primer día de mayo para el resto de los trámites—prosiguió la faena intermedia con la misma técnica de incitación y mareo; así, hoy reporta El Universal que Elías Jaua “Señaló que el proceso estará comprendido por dos circuitos, uno territorial que le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizarlo y uno sectorial donde participarán todos los trabajadores y empresas registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ¿Qué significa eso? ¿Que habrá unos diputados constituyentes que sólo elegirán “todos los trabajadores y empresas” o que, para facilitar la elección, habrá mesas de votación que ya no estarán en un colegio o liceo sino en un depósito de Alimentos Polar? Uno no sabe.

Entretanto, la oposición es invitada a reunirse con la comisión que Jaua preside para escuchar sus pareceres ¡y se rehúsa! (Hasta Henri Falcón se niega, en esta fase del proceso en la que parecen urgidos por desmarcarse de Maduro un hijo del Defensor del Pueblo y Gustavo Dudamel). Así se sirve la mesa al gobierno, que proclamará a los cuatro vientos: “¿Cómo es eso de que la convocatoria a constituyente es ‘unilateral’, si los invitamos a conversar de ella y ustedes se niegan?”

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El asunto de las bases comiciales para la elección de una constituyente no está normado. Tan sólo existe el precedente de las empleadas en 1999. (Ver #lasalida de Maduro (primera parte)). El campo está prácticamente abierto para un órgano cuya función principal es, precisamente, dotar de normas a la vida de la ciudadanía y su Estado, y ese órgano no es otro que la Asamblea Nacional. A comienzos del año pasado se habló de una Ley de Referendos que hubiera podido sobrepujar a los reglamentos de referendos revocatorios (tres) que el Consejo Nacional Electoral aprobó en 2007, pues una ley es de rango superior al nivel reglamentario. Nunca más se supo de tal intención.

Ahora podría aprobar la AN una ley brevísima que regule la elección de diputados constituyentes, y ella predominaría sobre el nivel reglamentario que es el único existente entre el Presidente y el Consejo Nacional Electoral. Claro, para que esto sea posible, la Asamblea debe recuperar su eficacia; el 22 de octubre del año pasado se le proponía en Prontas elecciones:

Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados…”

¿Por qué se ha resistido la Asamblea Nacional? ¿Qué espera Julio Borges para levantar el teléfono e invitar a Maikel Moreno a almorzar para arreglar ese asunto?* En vez de esto, ha ido a Washington a reunirse en la Casa Blanca con Herbert McMaster—¡el Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump! (¿qué pito toca este peligroso especialista en nuestros asuntos venezolanos?)—tal vez porque el Chapulín Colorado Almagro ha quedado fuera de juego, pues ya no tiene sentido suspender a Venezuela en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos—la sanción máxima prevista en la Carta Democrática Interamericana—, dado que Venezuela ha optado por salirse de ella; no se puede botar de una fiesta a quien se ha retirado hace rato.

La resistencia de los diputados a volverse eficaces configura, a mi modo de ver, un desacato incluso más grave: el desacato a los Electores, que los pusimos allí para que legislaran, para que pudieran hacerlo. Entretanto, ellos y el elenco protagónico de la MUD siguen embistiendo en el aire. LEA

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Post scriptum: habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

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* Ayer puse en correo electrónico a quien he dedicado esta entrada: “En efecto, los diputados en discordia solicitaron su desincorporación poco después, el 15 de noviembre, pero (…) Ramos Allup no procedió a la desincorporación oficial y se limitó a observar: ‘Hemos tomado nota’. Así las cosas, el 9 de enero, en trámite previo a la locura de la declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro, Borges procedió oficialmente a la desincorporación; la quisquillosa Sala Constitucional dijo que ese procedimiento no había valido porque la elección misma de Borges como Presidente de la AN era nula, por haberse producido mientras persistía el desacato. A raíz de eso argumenté en mi programa que la postura del TSJ era excesiva, que ha podido limitarse a invalidar aquellas actuaciones de la AN en las que los diputados objetados hubieran participado y que ellos no habían tomado parte en la elección de Borges. En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ, pero la AN no ha querido disolver el conflicto de poderes, pues el TSJ comenzó el año excitando a la Asamblea a arreglar la situación. Parece preferir el papel de víctima para ir a quejarse ante Almagro”.

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