Una obra fundamental del siglo XX

 

A mediados de la década de los sesenta, estimulado por una incesante alimentación intelectual provista por José Rafael Revenga—mi profesor de Filosofía Política y Social en la Universidad Católica Andrés Bello—, inicié mi inmersión en temas de lógica y filosofía de la ciencia. Poco después, el Arq. Hugo Manzanilla Guerra me prestó Criticism and the Growth of Knowledge, la colección de conferencias y debates del Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia celebrado en Londres en 1965. Las estrellas de ese simposio eran Thomas Kuhn, cuyas tesis sirvieron como centro de las deliberaciones, y la patriarcal figura de Karl Popper, quien había publicado La lógica de la investigación científica en 1934. El debate de estos dos gigantes me pareció fascinante, y pronto me hice de sendos ejemplares del libro de Popper y la seminal obra de Kuhn: La estructura de las revoluciones científicas, de la que ya tuve noticia en julio de 1972, cuando me cupo la fortuna de asistir al Taller de Análisis de Políticas para Tomadores de Decisiones de Alto Nivel, que condujera el profesor Yehezkel Dror durante su primera visita al país, en un aula de seminario del recién estrenado edificio del IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración); el profesor Dror tomó un tiempo para aplicar los conceptos básicos de Kuhn ¡al proceso de toma de decisiones!

En su obra central, La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn introduce el concepto de paradigma para referirse al conjunto de nociones básicas y fundamentales—casi los axiomas—de una determinada disciplina. Popper enfatizaba como característico de la actividad científica una incesante crítica de las teorías; Kuhn sostiene que la “ciencia normal” hace todo lo contrario: intenta proteger al paradigma dentro del que se opera cuandoquiera que un evento empírico parece contradecir la teoría. De este modo la ciencia, normalmente, sería conservadora, y la actividad típica del científico sería la de resolver acertijos—puzzle solving—que hagan congruente la teoría con los datos aportados por la observación. (…) Ahora bien, de cuando en cuando ciertos acertijos permanecen irresueltos. Cuandoquiera que la acumulación de acertijos sin resolver es demasiado grande, o cuando éstos parecen ser fundamentales, el paradigma entra en crisis. El trabajo de los científicos va produciendo los postulados teóricos que darán paso a la formulación de un nuevo paradigma que absorba los acertijos irresueltos y se produce una revolución teórica, una revolución paradigmática. (Un tratamiento al problema de la calidad en la educación superior no vocacional en Venezuela, diciembre 1990).

En el simposio de Londres participó Margaret Masterman con una presentación sobre La naturaleza de un paradigma, conferencia en la que mostró cómo el propio Kuhn empleaba el término en no menos de veintiún sentidos diferentes. (Ver unos cuantos en Wikipedia en Español: Paradigma según Thomas S. Kuhn). Pero la idea fundamental es que un paradigma provee un marco mental dentro del cual puede pensarse la realidad, y entonces el concepto puede ser trasvasado con utilidad a actividades humanas distintas de la ciencia.

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Fue en 1980 cuando, luego de once años de trabajo en un grupo industrial, me encargaba de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Allí hubo oportunidad, en alguna reunión con los directores y jefes de unidades de la organización que me estaban subordinados, de declarar que en Venezuela predominaba un paradigma jurídico-militar, tan conservador como la “ciencia normal” de Kuhn. Postulé, entonces, que el trámite de los asuntos públicos en nuestra sociedad se entendía como un problema predominantemente jurídico o como algo que debe ser dirimido o controlado por la fuerza de las armas. (Marcel Antonorsi e Ignacio Ávalos, que habían escrito a cuatro manos La planificación ilusoria, una crítica del Primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de 1975, empleaban asimismo el concepto kuhniano). Poco después tendría una confirmación de la primera mitad de mi tesis.

El docto jurista

En mayo de 1982 se reunía una vez más el Grupo Santa Lucía en Puerto Rico. Éste era un corte transversal de élites venezolanas—empresariales, académicas, políticas, militares—ensamblado en 1977 para discutir, en condiciones óptimas para la reflexión crítica, acerca de los más importantes problemas nacionales. Allan Randolph Brewer Carías y el suscrito teníamos tiempo fastidiando al grupo con una prédica común: que debía discutirse el tema de la reforma de la administración pública venezolana, la que reiteramos en Puerto Rico. Esa vez la mesa de la reunión reaccionó con hartazgo: “¡Caray ¡Reúnanse Randy y Luis Enrique y tráigannos una proposición concreta al respecto!”

Unos dos meses después nos citamos Randy y yo en la Casa de Italia, para almorzar un risotto estupendo y comparar notas a partir de las que pudiéramos cumplir lo que se nos había encargado. Inicié el trabajo exponiendo:

Creo ver en el país de la democracia dos escuelas en materia de reforma de la administración pública. Una es la de la Comisión de Administración Pública creada por Rómulo Betancourt, cuya dirección confiara al economista Héctor Atilio Pujol. Ésa fue una oficina que se aproximó al problema desde el punto de vista de sistemas y procedimientos; armada de los consabidos diagramas de flujo, resolvía los casos de insuficiencia que identificara con algún nuevo procedimiento representado en una flecha o cajita. “¿Hay muchas colas en esta oficina de cedulación? ¿Cuántas taquillas hay? ¿Cuatro? Pongamos ocho”. O tal vez: “¿Están desapareciendo fondos? ¿Cuántas copias hacen de las requisiciones? ¿Original y duplicado nada más? Hágase cinco: original, duplicado, copia amarilla, copia rosada, copia azul… y fírmeselas todas”. El problema con este enfoque de abajo hacia arriba es que la velocidad de complicación del aparato público es superior a la de una oficina de sistemas y procedimientos.

Uno de los “compendios” de Randy (clic amplía)

Luego vino Caldera en 1969. Caldera es un abogado latino, deductivista, socialcristiano, que cree que para cambiar una rueda desinflada hay que remontarse a Santo Tomás de Aquino y las fuentes del Derecho Natural para ir descendiendo por la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos… hasta que ¡por fin! se llega al gato, la llave de cruz y el neumático de repuesto. Este presidente, entonces, te nombra a ti, abogado latino de obra extensa, deductivista, socialcristiano, cuya experiencia acerca de organizaciones complejas se reduce a una secretaria del Instituto de Derecho Público y las sesiones del Consejo de la Escuela de Derecho, para que presidas la Comisión de Administración Pública y te ocupes de la reforma. (No fue muy prudente de mi parte mencionar de ese modo irónico la experiencia de Randy con organizaciones complejas; soy incorregible). ¿Qué haces? Produces dos tomos de 500 páginas cada uno en los que consta qué debe ser modificado en la pirámide entera de la administración, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Concejo Municipal de Humocaro Alto (usé este ejemplo), pasando por todos los ministerios, todos los institutos autónomos, todas las empresas del Estado. “…apunté que no había en el país capacidad gerencial suficiente como para acometer tal cantidad de cambio, y que si llegare a haberla—mediante la contratación, por ejemplo, de Henry Kissinger, Robert McNamara, Peter Drucker y Lee Iacocca—, la intervención de un fornido atleta para trepanar su cráneo, resecarle medio pulmón, reducirle fracturas de costillas, extraerle la vesícula, colocarle una válvula mitral, suturarle úlceras gastroduodenales y circuncidarlo simultáneamente, crearía tal cantidad de trauma que, en cuanto se le destripase una espinilla en la nariz, moriría de shock irremediablemente. Creí que entendería al recomendarle una estrategia de radicalismo selectivo (Yehezkel Dror), para escoger unos pocos puntos estratégicos en el aparato del Estado y en ellos practicar una reforma a fondo. Si la cosa resultaba, entonces pudiera considerarse la extrapolación del esfuerzo a otras dependencias. Las ciencias sociales, le dije, son demasiado incipientes como para permitirse la arrogancia de un cambio omnicomprensivo. Me escuchó con gran atención y, después de considerar mi exposición como ‘muy interesante’, extrajo de su maletín veinte hojas anotadas en papel tamaño extra oficio; ellas contenían tan sólo el índice de una ponencia sobre reforma del Estado que debían discutir los miembros del Grupo Santa Lucía en intervenciones de tres minutos per cápita durante una sesión de media mañana. Había perdido mi tiempo”. (El eje chucuto, 25 de agosto de 2012).

Entre abogados te veas, dicen por ahí.

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Respecto del componente militar del paradigma no se necesita decir mucho, ante la monumental evidencia de su exacerbación elefantiásica durante el chavismo-madurismo:

Los militares “bolivarianos” piensan

Desde que entró, en mala hora, Hugo Rafael Chávez Frías a la política venezolana, el 4 de febrero de 1992, este ciudadano se ha conducido, constantemente, como un modelo agresivo. Por supuesto, por sus actos de esa fecha, que fueron armados para la agresión. Pero también en su campaña electoral de 1998, cuando ofrecía freír cabezas de adecos y copeyanos; también el 4 de febrero de 1999—cuarenta y ocho horas después de haber jurado sobre una constitución a la que declaró, frente a su padre, moribunda, en revelación de su carácter despiadado—cuando emplazó a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que aceptara el robo por necesidad; también cuando sugirió a Marcel Granier que su vida corría peligro; también cuando escribía cartas, en plan de colega revolucionario, al terrorista criollo Illich Ramírez Sánchez, alias “El Chacal”; también cuando incitó agresiones de otros, como las de la banda de Lina Ron, a la que declaraba luchadora meritoria; también cuando despidió con sorna a los ejecutivos de PDVSA; también cuando insulta a mandatarios extranjeros e instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en cualquier parte del globo; también cuando excita las invasiones de propiedades privadas, como él mismo hace en aplicación del “método Chaz”; también cuando amenaza a quienes se le opongan con el empleo de la fuerza armada; también cuando compra armas—fusiles, helicópteros, submarinos—y establece contingentes de reservistas más grandes que el ejército regular; también cada vez que golpea la palma de su mano diestra con el puño siniestro; también cuando no cesa de hablar de guerra, de magnicidio, de guerrilla, de resistencia; también cuando ofrece la expropiación a cuanto factor social no se alinee con su voluntad; también cuando acuña el lema de “patria, socialismo o muerte”. (Nocivo para la salud (mental), 5 de julio de 2007).

Claro, Norberto Ceresole le había dicho que la clave de su conducción revolucionaria estaría en el trípode “líder, ejército, pueblo”. (Nosotros siempre en último lugar).

Pero quiero anotar acá que lo jurídico y lo militar se complementan simbióticamente, se realimentan mutuamente.

Rafael Caldera rugía desde México en 1984 porque se había hecho lugar común la noción de que “el modelo de desarrollo venezolano” se había agotado. El Dr. Caldera respondió que eso no era cierto, que lo que en verdad ocurría era que el modelo de desarrollo no había visto su culminación, y que podía encontrársele definido en el Preámbulo de la Constitución de 1961. Para la época, los militares habían acogido ese concepto: la conferencia magistral del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional sobre Objetivos Nacionales abría con el siguiente catecismo: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están expresados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”. (Mitología proyectiva, 26 de abril de 2011).

Hay algo extraño en esa definición. El sentido en ella del término “objetivo” es el de la octava acepción del Diccionario de la Lengua Española: “Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar”. Naturalmente, hace mucho que ese significado ha ingresado a la cotidianidad civil para designar un sinónimo de meta o propósito, y si algo es una meta o propósito “permanente”, entonces es algo que nunca se alcanza.

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El cambio político necesario en el país (y en el mundo) es paradigmático; más que crisis políticas particulares, asistimos a una crisis de la política que ha adquirido dimensión planetaria. En una comprensión de la política como lucha por el poder, no puede sorprendernos que la fuerza militar ocupe un lugar privilegiado, y ya hemos visto que el último año y medio de la política local ha alojado un ping-pong jurídico de sentencias de desacato, enmiendas de recorte de período, declaraciones de abandono del cargo presidencial, demandas de la Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, discusiones sobre la interpretación del Artículo 347 de la Constitución, etcétera. Birretes de legista y gorras militares parecen ser lo que cuenta.

Necesitamos una Política Clínica, que se entienda a sí misma como arte u oficio de resolver los problemas de carácter público. El abogado y el militar deben estar subordinados a esa tarea, que es para lo que el Pueblo, el Poder Constituyente Originario, ha dado origen al Estado. De lo contrario, la institución perfectamente representativa de los venezolanos va a terminar siendo un tribunal militar. LEA

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