Actualización con declaración de Smartmatic al final

El anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral

 

…habría sido políticamente más sabio y bastante más fuerte que la oposición profesional dijera: “Sr. Presidente: una constituyente no es necesaria ni arreglará en un ápice la tragedia que vive el Pueblo (escribiéndolo con inicial mayúscula). Pero Ud. tiene facultades para convocarla. Queremos que sepa que derrotaremos a su bando en las elecciones que la elijan; Ud. no contará en ella con mayoría, como no la logró en la Asamblea Nacional”. Es decir, en vez de correr como gallinas enloquecidas, recoger el guante, aceptarle el reto.

La lidia fácil – 7 de mayo de 2017

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El sábado pasado supuse que le sería muy difícil al gobierno presentar cifras de la elección de Asamblea Nacional Constituyente que fueran superiores a las resultantes de la consulta que celebró la Mesa de la Unidad Democrática, el pasado 16 de julio. Basaba esa presunción en el rechazo muy mayoritario que las encuestas—Datanálisis, Datincorp, la de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCV, etcétera—registraron desde que el presidente Maduro decretara la convocatoria. También dije, en el programa #259 de Dr. Político en RCR, que pudiera estar tentado a presentar resultados exagerados en razón de la elevada apuesta en la que había incurrido al convocarla. Pero no me consta que eso ocurrió; a pesar de las estimaciones voceadas ayer por Roberto Smith Perera (800.000), Delsa Solórzano (1.200.000), Henrique Capriles Radonski (2 millones) y, hoy, Julio Borges (3 millones)*, debo guiarme por la regla expuesta en La ética de la creencia por William Clifford: “Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente”. No tengo a mano evidencia suficiente de fraude electoral y constituyente habemus.

Todavía hubo hasta última hora la posibilidad de evitar las elecciones de ayer; el pasado lunes 24 desayunaba José Luis Rodríguez Zapatero en la casa del prisionero doméstico Leopoldo López Mendoza, trayendo una oferta oficialista: suspensión de la elección de diputados constituyentes y celebración de elecciones regionales este año y presidenciales el año que viene. Luego se acercaron a la casa de López varios dirigentes de la MUD y diputados de la Asamblea Nacional de oposición, escucharon la propuesta y la rechazaron; querían elecciones generales inmediatas y otras concesiones ya exigidas, como la liberación de presos políticos. Aún el jueves 27 se encargó Maduro de reiterar su ofrecimiento, el que fue desatendido.

Así que volvemos a la situación de diciembre de 2005, cuando la oposición optó por retirar sus candidaturas a la Asamblea Nacional y entregó todo el Parlamento al oficialismo, sólo que ahora se trata de un órgano muy peligroso enteramente en manos del gobierno. La MUD y la Asamblea opositora adoptaron la línea acogida por un amplísimo consenso de juristas del país y la vendieron a un buen número de países extranjeros: que la constituyente había sido convocada fraudulentamente por Maduro al no llamar a un referendo previo que la autorizara. Alguna voz esteparia opinó al día siguiente de la convocatoria que esto era una doctrina equivocada, en #la salida de Maduro (segunda parte):

…el Artículo 347 dice: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. El artículo no dice que sólo el pueblo de Venezuela puede hacerlo, que nadie más puede hacerlo, y el Artículo 348 especifica: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. Es posible convocarla, entonces, por iniciativa popular, pero el artículo no dice que el Presidente, la Asamblea o 15% de los electores tendrían que convocar un referendo para preguntar al Pueblo si quiere convocar una constituyente; habla clara y directamente de “convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”. En 1999 el referendo previo fue necesario porque la figura de constituyente no existía en la Constitución de 1961, vigente para la fecha del 25 de abril de 1999; de allí la primera pregunta de la consulta de ese día: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?” Pero ahora la figura de constituyente está incluida y normada en el Capítulo III del Título IX de la Constitución, y ya ese referendo es innecesario.

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¿Qué puede hacer la oposición, que ha gritado fraude una vez más? Seguramente no intentará una acción legal contra lo tipificado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “Artículo 217. La elección será nula: 2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate”. Luis Emilio Rondón, el único rector de oposición en el Consejo Nacional Electoral, tornó a plantear ayer a la caída de la tarde el asunto del referendo previo pretendidamente necesario, pero no ha dicho a estas alturas que los números anunciados por Tibisay Lucena son falsos. Por su parte, Julio Borges dijo hoy en Primera Página de Globovisión que lo que la oposición debe hacer “es que sigamos en resistencia y en cumplimiento de nuestra Constitución para salir de esa crisis, comenzando por cambiar las instituciones y vayamos a un país donde tengamos separación de poderes”. ¿Cómo va a cambiar las instituciones? ¿Con un Estado paralelo que prontamente debiera constituirse en el exilio?

La Mesa de la Unidad Democrática presentó el 19 de los corrientes su “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”, en el que afirmó: “Cuando un país se decide a cambiar, no hay fuerza que pueda detenerlo. Por tanto, el cambio político en Venezuela no sólo es indetenible sino inminente”. Borges pareció confirmar esa inminencia al afirmar por Globovisión: “Hoy el Gobierno no es más fuerte sino más débil tras este fraude”. La nota del canal refiere: “reiteró que la oposición quiere ir a elecciones libres y trasparentes, y que no se imponga el uso de la fuerza”. ¿A cuáles elecciones se refiere? Las previstas para este año son las de gobernadores que se encuentran en mora constitucional y las municipales, y el año que viene deben darse las presidenciales en diciembre. Para que se celebraran estas últimas de inmediato tendría que producirse un mandato explícito y supraconstitucional del Poder Constituyente Originario en referendo—ver en este blog Prontas elecciones (22 de octubre de 2016)—que la Asamblea Nacional no ha sabido (o querido) convocar. Rodríguez Zapatero no podía ofrecer algo no previsto en la Constitución.

La línea de la MUD parece ser la de proclamar que el Estado venezolano no existe: el Presidente de la República, declaró la Asamblea el 9 de enero, abandonó su cargo, produciéndose la falta absoluta de ese mandatario; los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia serían los elegidos por ella en la plaza Alfredo Sadel que ahora huyen del Sebin. Faltaría que la AN nombrara nuevas rectoras (o rectoros) del Consejo Nacional Electoral y nuevos Defensor del Pueblo y Contralor General de la República, suponiendo que quiera la permanencia de Luisa Ortega Díaz, tan cooperadora. Se trata de políticos muy informados, y si ellos dicen que la caída del gobierno es inminente por algo será. Freddy Guevara ha advertido hoy: “Nos mantendremos en resistencia desde la Asamblea”. Vamos a ver cuánto dura. LEA

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*Hoy trae BBC Mundo la noticia de que Smartmatic, la proveedora de las máquinas de votación, cree que las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral están infladas: “Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”. Si Smartmatic dice la verdad (7 millones) entonces Lucena (8 millones) está más cerca de ella que Borges (3 millones), y bastante más que Capriles (2 millones), Solórzano (1,2 millones) y Smith (800 mil). La última vez que supe, el CNE adeudaba a Smartmatic unos 75 millones de dólares, y si la empresa ya da esa deuda por incobrable pudiera sentirse en libertad de contradecir a su cliente. La noticia la trae ya CNN en Español.

 

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