La Constitución según Nicolás y Delcy

 

Acaba de escribir Nelson Bocaranda acerca de “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione”.

Como un amigo me recordara al comentar ese runrún, se requeriría la autorización del Pueblo en referendo, como único poder supraconstitucional, para celebrar elecciones presidenciales en plazo distinto al establecido en la Constitución. Eso es una verdad como un templo, pero para el oficialismo*, la constituyente en operación se rige por otra doctrina, como se ha mostrado en la juramentación indebida de los gobernadores postulados por el PSUV. Tal doctrina pretende que, mientras la constituyente esté funcionando, la Constitución ha entrado desde el 30 de julio en estado de suspended animation (animación suspendida). Los gobernadores electos deben juramentarse ante los Consejos Legislativos de sus respectivos estados, tal y como lo establecen sus constituciones. (Artículo 164 de la Constitución: “Es de la competencia exclusiva de los estados: 1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución”).

Es la óptica de Delcy Rodríguez (y Nicolás Maduro) que el órgano malformado que preside puede imponer cualquier cosa, así contradiga a la Constitución, por aquello de que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Artículo 349). Pero tales decisiones sólo pueden ser de rango subconstitucional, pues esa asamblea no puede modificar o sustituir la Constitución por su cuenta; para algo así se requiere la anuencia expresa del Poder Constituyente Originario y ella no lo es. (Disposición Final: Única. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo).

En todo caso, el respeto a la Constitución no es algo que haya caracterizado al oficialismo chavista-madurista; tan sólo el año pasado, el Consejo Nacional Electoral dejó de observar el mandato constitucional que exigía elegir gobernadores en 2016, sin que ofreciera una explicación satisfactoria de tal inobservancia. (Tiene un buen maestro: el Tribunal Supremo de Justicia, cuya Sala Constitucional mutiló en 2008 el Artículo 42 de la Constitución; ella “interpretó” que la provisión de que “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley” ¡sólo protegía a los venezolanos por naturalización!)

Así que tal cosa aconseja que las preparaciones candidaturales para la Presidencia de la República debieran iniciarse con prontitud. Como sugiere Bocaranda, la tentación del oficialismo para aprovechar el considerable desarreglo de la oposición profesional venezolana es muy grande. Maduro bien pudiera estar pensando que ahora sí puede ser reelegido. (¡Dios nos libre!) LEA

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*También en la doctrina de ciertas figuras en la oposición, como las agrupadas en la Alianza Nacional Constituyente, ésta sí hoy en animación suspendida. En su documento fundamental, afirmaba: “Constituyente Originaria – Introducción 1. El objetivo que se persigue es el de cambiar no solo los aspectos mejorables de la constitución, sino todos los poderes como el ejecutivo, el TSJ, el CNE, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y la Asamblea Nacional”. Una guillotina pretendidamente supraconstitucional y “originaria”; no hay tal cosa como una constituyente originaria; este carácter sólo es del Pueblo.

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