Ugalde en mala compañía, un mes y seis días antes del Carmonazo

 

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro.  (…) El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. (…) La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración.

Las élites culposas

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Creo que fue el mismo 13 de junio, el miércoles de la semana pasada, cuando leí las primeras líneas de un artículo de Luis Ugalde S. J. con fecha de ese día. Su prometedor título era La enfermedad, el remedio y la ruta. No completé la lectura; bastó que viera su comienzo para percatarme de que quien propusiera como solución a nuestros males encontrar “un Larrazábal II”—Fundación Espacio Abierto, 10 de diciembre de 2016—desvariaba de nuevo. Pero el sábado me envió alguien ese mismo texto en correo electrónico con el siguiente título: “Hablar claro y actuar en consecuencia, ya” y, dos horas después, otra persona me preguntó por WhatsApp si “por casualidad” había comentado en mi programa #302 “el último [artículo] de tu colega de curso Luis”. Este último amigo sabe que Ugalde y yo estudiamos juntos entre 1962 y 1964:

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1963-1964) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas en época de una “teología” de la liberación. (Las élites culposas, mayo 2012).

Algo de esa cojera de la pata izquierda ha debido quedar para los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, en quien Ugalde reconocía públicamente su preocupación por las necesidades del Pueblo, y a quien recomendaba darle el beneficio de la duda. Tan tarde como el 23 de junio de 2016, escribía: “Cuando Chávez apenas se estaba estrenando en la Presidencia me dijo con franqueza ‘yo no creo en los partidos políticos, ni siquiera en el mío, yo creo en los militares que es donde yo me formé’. Cuando reinan las armas, la soberanía no está en el pueblo sino en quien tiene el fusil. Es la muerte de la política. Sin embargo, Chávez significó para muchos venezolanos el resurgir de la política, que estaba moribunda por los partidos, gastados por la rutina y la corrupción e insensibles ante la creciente pobreza”. (Elogio de la política).

De modo que la convergencia, casi simultánea, de dos referencias a la última de las piezas ugaldinas logró preocuparme y me indujo a leerla completa. Ayer, Día del Padre, el servicio de noticias de Costa del Sol FM no se limitó a reproducirla; también publicó una entrevista al cura sobre su temática. No puede haber duda de que ese artículo ha causado impacto, el suficiente para recuperar el papel de primer eclesiástico contestatario que otro jesuita de apellido perfecto, Francisco Virtuoso, le ha disputado. (Éste aseguraba hace menos de un mes—22 de mayo—que la Constitución especifica que la elección de Presidente de la República debe efectuarse en los últimos meses del año— “Cuando se habla de solicitar elecciones en el último trimestre del año es porque es lo que está consagrado en la Constitución”—, en eco de idéntico error de la directiva de AVERU: “La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita que las elecciones se hagan cuando están planteadas constitucionalmente”, dijo Cecilia García Arocha el 10 de mayo. La Constitución no prescribe nada de eso).

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El nuevo y publicitado texto de Ugalde incluye más de una afirmación tajante no probada; por ejemplo: “Maduro el 20 de mayo no fue elegido democráticamente, sino que impuso dictatorialmente una votación para continuar hasta el 2025”. Fue elegido democráticamente, en medio de la abstención más alta—prácticamente 54%—que se registre para una elección presidencial en Venezuela. La abstención, por supuesto, favoreció la candidatura de Maduro, y fue predicada por la mayoría de los partidos opositores. Siempre ha convenido al gobierno socialista la abstención opositora (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1 de enero de 2012). Algunos voceros, como los ya mencionados Francisco Virtuoso y Cecilia García Arocha, argumentaron equivocadamente que la fecha desusadamente temprana violaba disposiciones constitucionales, pero eso había sido advertido por Nelson Bocaranda (Runrún de alerta) con suficiente tiempo—octubre de 2017—sin que se le hiciera caso: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione”.

No podía prescindir Ugalde del epíteto, más bien muletilla, de moda: fraudulento. (Opositor que se precie y no acuse todo lo que hace el gobierno de “fraudulento” no está en nada, como decíamos en los años sesenta). Así escribió en su párrafo introductorio: “la fraudulenta votación del 20M”. Allí mismo esgrime con pretendida originalidad algo de lo que hasta ahora no se había acusado a Maduro: “Maduro está deslegitimado por su desempeño (violación sistemática del art. 2 de la Constitución)”. Este artículo dice:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

El sujeto actor de esa declaración constitucional es la Nación como un todo, no el Presidente de la República; la “originalidad” de Ugalde es a este respecto meramente retórica. Tampoco podía faltar el consabido apoyo en el Artículo 333 de la Constitución: “Frente a la tiranía, todos, civiles y militares, estamos obligados (art. 333) a actuar para restablecer la Constitución y los derechos humanos”. Así reza el socorrido artículo:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución, y se habla de ella como un todo en ese artículo, no ha sido derogada—derogar. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española—y tampoco ha dejado de observarse por acto de fuerza (en el sentido e intención del artículo, típicamente un golpe de Estado militar). El artículo invocado, por otra parte, no menciona derechos humanos.

Pero vamos de una vez a lo que es programático en el ya famoso texto; Ugalde propone estos pasos:

La ruta más razonable y democrática hacia la que todos unidos debemos empujar nacional e internacionalmente es:

A- Renuncia de Maduro y su gobierno, con salida negociada.

B- Gobierno de transición presidido por el Presidente de la legítima AN.

C- Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial-trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica-social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres no la habrá para nadie.

D- Restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exiliados y perseguidos. Habilitación de políticos y partidos arbitrariamente inhabilitados. Restauración de la plena libertad de expresión y de comunicación.

E- Eliminación de la dictatorial Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo CNE.

F- Preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente; que seguramente solo será posible dentro de nueve meses o más.

Obviamente, la renuncia presidencial es en este caso potestad exclusiva y personal de Nicolás Maduro. Pero un “gobierno de transición” y una “junta de gobierno civil con participación militar” son elementos claramente anticonstitucionales. Es irónicamente absurdo que, quien acusa a Maduro de “violación sistemática del art. 2 de la Constitución”, proponga con la mayor frescura actuaciones evidentemente violatorias de ella. (En La marcha de la insensatez, Barbara Tuchman citó, resaltando su absurdidad,  las palabras de un mayor del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam: “Se hace necesario destruir el pueblo con el fin de salvarlo”. Luego comenta: “su frase parecía simbolizar el uso del poder destructor americano para destruir el objeto de su protección para preservarlo del comunismo”). Ugalde estipula que se viole olímpicamente la Constitución para restituirla.

Y es que, además, el récipe ugaldino no tiene nada de original; con trece años de anticipación propuso Alejandro Peña Esclusa una iniciativa prácticamente idéntica, cuando intentó vender su táctica de “guarimbas”. (Para indignación de Robert Alonso, que aseguraba ser el verdadero inventor).

Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Las proposiciones de Ugalde no tienen asidero constitucional alguno; aun reconociendo su derecho a formularlas, puede decirse verdaderamente de ellas que son fraudulentas al presentarlas como una defensa de la Constitución. No lo son; al contrario, son enteramente anticonstitucionales.

Quizás no deba sorprendernos esta más reciente postura de quien nos animara a encontrar en 2016, como ya se observó, un “Larrazábal II” y, ante el referendo sobre las reformas constitucionales de 2007, el mismo que argumentara que abstenerse era equivalente a votar en contra:

Políticamente no hubo “día después” opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el “socialismo” de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. (Luis Ugalde: El día después, desmontado en Glosa de pupitre , 1º de noviembre de 2007).

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Como en otras proposiciones ventiladas por opinadores de oposición como Ugalde o elevadas por partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, el Pueblo brilla por su ausencia. Ugalde cierra su artículo de este modo: “Seguramente otros tienen propuestas y rutas mejores, pero no existen mientras no se presenten públicamente. Sirva esta de provocación para la discusión y acción”.

Bueno, este blog es principalmente un repositorio público de un buen número de diagnósticos, pronósticos y tratamientos; es decir, de “propuestas y rutas”. Tal vez Ugalde no lo visite con frecuencia, tal vez nunca, pero si requiriese refuerzo para reivindicar ese carácter público que el cura exige, sí existe el muy público programa Dr. Político en RCR. Para facilitarle la tarea de enterarse, acá pongo unos pocos enlaces enteramente públicos:

Parada de trote (23 de julio de 2009), la primera proposición de un referendo sobre el socialismo. (Retomada en la emisión #17 de Dr. Político en RCR el 3 de noviembre de 2012).

Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016), una explícita proposición de acuerdo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales,—en lugar del asimétrico e ineficaz “diálogo” de gobierno y oposición—apoyada en el Artículo 136 de la Constitución, que manda la cooperación de los poderes públicos “en la realización de los fines del Estado”. (Explicada el 30 de abril de 2016 en el programa #194 de Dr. Político en RCR).

Prontas elecciones (22 de octubre de 2016) donde se propuso un referendo para adelantar elecciones presidenciales. (Ese mismo día en Dr. Político en RCR #219).

Manda Su Majestad (17 de diciembre de 2016), con un Acta de Abolición y Estatuto de Transición dictados directamente por el Pueblo. (De nuevo, ese mismo día se presentó en el programa #227 de Dr. Político en RCR).

Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017), donde se dijo: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio”. (Tesis recogida al día siguiente en la transmisión #261 de Dr. Político en RCR). Sólo el poder supraconstitucional del Pueblo puede disolver la constituyente actualmente en funciones, cuyo origen no es “fraudulento”. Ningún gobierno “de transición”, ninguna junta “cívico-militar” pueden hacer eso válidamente, menos si imitaran la técnica dictatorial de Pedro Carmona.

Todas esas “propuestas y rutas” se fundan en la convocatoria del Pueblo como actor capaz y únicamente idóneo de decidir materias que Ugalde propugna que emerjan de la connivencia de algunos militares y civiles: “Es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”. Apartando la reciente preferencia ugaldina por metáforas médicas—ver El sabio récipe del Dr. Ugalde, 25 de junio de 2015—y la vistosa exageración retórica—los rusos, los polacos, los checos, los alemanes orientales, los húngaros no se quedaron “sin país” al cabo de dominaciones mucho más duras que la actuante ahora en Venezuela—, eso de “civiles y militares” suena a conspiración, pues no parece que los civiles de su fórmula sean los 20 millones de ciudadanos del registro electoral y los militares la totalidad del alistamiento nacional; no es en conciliábulos de esa naturaleza donde puede construirse la necesaria salida. Por ejemplo, en Manda Su Majestad se reprodujo, adaptada a Maduro, una resolución popular propuesta inicialmente para el caso de Hugo Chávez el 25 de febrero de 2002, ocho días antes de que Ugalde levantara las manos de Carmona y Ortega en La Esmeralda. Ella dice:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Una orden expresa del Pueblo es lo único que puede mandar un papel para los militares. El 3 de agosto del año pasado, dejé en este blog (Prerrogativa del Poder Supraconstitucional) esta constancia pública:

Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”. Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco ha creído nunca en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir. Bueno, al menos públicamente y, según Ugalde, si se piensa en el Pueblo decisor en privado tal pensamiento no existe.

“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional” (5 de febrero de 2003).

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El sábado pasado, 16 de junio, torné a plantear públicamente, en el programa #302 de Dr. Político en RCR, la conveniencia de una “licitación política” nacional (no de oposición) que pueda establecer, por preferencia del Pueblo, qué debe hacerse con el Estado venezolano. En esa ocasión, mencioné al Frente “Amplio”, la AVERU y, de pasada, a los jesuitas Ugalde y Virtuoso como actores que pudieran promoverla. Vale.

LEA

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