Intercambio en red electrónica

 

Ya lleva cuatro días un intercambio electrónico del suscrito con un estimado corresponsal que para colmo es oyente habitual de Dr. Político en RCR. Acá lo transcribo íntegramente—largo por mi culpa—manteniendo su nombre en reserva; la identidad de otras personas mencionadas se revela por cuanto se trata de personajes y actuaciones públicas. (Incluyo el dato de una correspondencia de marzo de 2015 que he mencionado más de una vez en el programa radial que conduzco).

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NN: Abogado del Diablo y II

Estimado Dr. Político, en el programa de este sábado 09/02 varios oyentes, especialmente la Sra. Gladis y el Sr. Luis Sosa lo cuestionaron. La Sra. Gladis lo acusó de “echarnos un balde de agua fría” y el Sr. Luis lo hizo perder la compostura, Ud. lo mandó a callar…

Los comprendo a todos; Ud. defiende la legalidad, el orden y la forma correcta de hacer las cosas. A Gladis, a Luis y a muchos de sus oyentes (yo incluido) no nos importa si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no, es un golpe de estado “sui generis”, sin tiros. Estamos pagando a los rojos con su propia moneda: Truco y Trampa, cosa que sería imposible sin el enorme apoyo internacional (USA, Suramérica y Europa) que tenemos a favor. Guaido como en la lucha libre es “El Favorito Sentimental del Pueblo”.

«Mi» papel

Sus oyentes lo ven como “El Abogado del Diablo” y eso levanta roncha, lo lamento mucho yo lo entiendo y estoy de acuerdo con Ud. Sé que su intención es que el pueblo vea que las cosas no se están haciendo bien. Pero “Los dados están echados”, como muchos tengo la esperanza de que esta jugada logre hacer tambalear y caer al régimen. Luego habrá que pagar el costo de esta jugada, tenga éxito o no, espero que no sea muy alto.

Hoy, lunes 11/02, cuando llegué a la universidad tuve una agradable sorpresa: El Señor Chichero de la plaza del rectorado estaba de regreso, junto al reloj, luego de varios años de ausencia por las circunstancias. ¿Será esto un Buen Augurio?

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LEA: Gracias, Don NN. No perdí la compostura; mi reacción fue gradual. El Sr. Sosa desatendió repetidamente mis requerimientos de que no me interrumpiera intercalando réplicas en cuanto yo comenzaba a hablar; como parecía no entender, debí decirle más claramente que se callara.

Parte de mi función durante la intervención de oyentes es la de director de debates; en ese carácter tengo la prerrogativa de declarar a un participante fuera de orden y decidir cuándo un asunto ha sido suficientemente debatido. (Régimen parlamentario, que los sajones llaman Rules of order). Debo manejar, por otra parte, el tiempo del programa. La intervención de Sosa consumió un tiempo excesivo (11 minutos), extendiéndose a los dos segmentos finales. Aun así, lo invité a que llamara el sábado 16.

No estoy de acuerdo con la máxima de que “lo que es igual no es trampa”. La maldad de Hitler no excusa la mía; en la película El Enemigo (Luis Alberto Lamata, 2008), un personaje dice: «En una batalla moral, si actúas como el enemigo eres el enemigo”. Alguna vez escribí (Conocimiento y opinión, 2007): “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”.

La Doctrina de la Guerra Justa establece criterios para guerrear con justicia. Así la expliqué en La salida (21 de febrero de 2014):

La guerra «justa» de los gringos

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

Sigo creyendo que no están agotados todos los medios. Respecto del factor foráneo, le invito a leer El caso Venezuela, un deporte internacional (5 de febrero de 2019).

No es la primera vez que el Pueblo sigue a un mesías; Chávez era uno, Torquemada otro. El Sr. Guaidó es un político que distorsiona la Constitución para declararse Presidente y sostener que tiene poder para solicitar una intervención militar extranjera; ahora reparte paquetes que no difieren mucho de las bolsas CLAP.  Que a la Sra. Gladys, el Sr. Sosa y Ud. no les importe «si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no” es realmente lamentable. Estoy consciente de que muchos piensan como ustedes, pero no es mi estilo torear para los tendidos.

El error no se combate con la mentira; debe vencérsele con la verdad.

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NN: Esto es una guerra Dr. Alcalá, en la guerra se vale todo… excepto crímenes de lesa humanidad…

Los rojos no van a ceder por las buenas, no se los puede convencer con la razón. Solo el uso de la fuerza y este es un uso de la fuerza «sui generis» sin tiros. Algo parecido a Gandhi, guardando las distancias…

Con todos mis respetos, su oyente de todos los sábados.

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La realidad según algunos

LEA: “Esto” no es una guerra, todavía, y “Esto es una guerra” es una frase conveniente para justificar la escasez política del liderazgo nacional. (De ambos “lados”, pues parte de esa escasa percepción es dividir en dos grupos la población nacional, entendiendo el proceso como película en blanco y negro de superhéroes contra supervillanos, en roles intercambiables según quien la cuente. La realidad viene en colores, al menos en muchas tonalidades de gris. En mayo de 2015, Datincorp preguntó de dónde vendrían las soluciones a los problemas del país; 17% creía que vendrían del oficialismo, 18% que vendrían de la oposición, ¡56% que vendrían de nuevos liderazgos!)

Desde 1999 se hace en el país una política de etiquetas, de nomenclatura. Con pretendida erudición, cabezas como la de Luis Enrique Oberto nos enrostraban Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt para postular que el régimen de Chávez era como el de Stalin, y Luis Alberto Machado solía decir que los judíos que se salvaron fueron los que creyeron en Hitler y emigraron. (Murieron los que se quedaron, seis millones de ellos).

Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena. El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo.

Por otra parte, en cabezas opositoras típicas no cabe lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017):

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

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Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un “plebiscito” sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.

Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)”

Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un “diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).

Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).

Ojalá lo hubiera abandonado

Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?

Ésta es, esquemáticamente, una historia desaparecida; si bien las decisiones de la Sala Constitucional fueron monstruosas—tanto que Luisa Ortega Díaz fue incapaz de digerirlas—, es igualmente verdadero que Maduro ha experimentado una larga secuencia de intentos de deponerlo desde el mismo día de su elección—que incluye la apelación a “militares decentes” por parte de Juan Carlos Sosa Azpúrua y la recomendación de encontrar “un Larrazábal II” que ha hecho Luis Ugalde S. J.—, y también es cierto que el absurdo de las sentencias es igualado por el de la peregrina declaración de que ha abandonado su cargo. (Al igual que el TSJ, la Asamblea Nacional debiera reconocer su error y “suprimir” tal declaratoria).

En gran medida, la conducta de Maduro es un caso de profecía autocumplida.

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NN: No sé qué decir Dr. Alcalá, no puedo rebatir ninguno de sus argumentos, como no pudo hacerlo ninguno de sus oyentes. Ud. tiene razón pero en este momento la razón no puede contra la injusticia, la corrupción y la locura. El país está destruido, mi universidad está destruida. Soy un científico, sé de genética, bioquímica y alguna otra cosita. No sé cómo vamos a enfrentar y derrotar a los rojos rojitos, sé que por las armas no. Guaidó, agarrando aunque sea fallo…

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LEA: Si la razón es, como Ud. dice, impotente ¿debemos abrazar la sinrazón?

Veamos eso de ir «contra la injusticia, la corrupción y la locura”.

¿A cuáles injusticias concretas se refiere? La injusticia no es una entidad; es una palabra que debe usarse para señalar casos específicos, no como generalización. ¿De qué corrupción estamos hablando? (La cita que pongo abajo viene de una entrada en el blog—De memes y memeces—del 21 de octubre de 2012. Le ruego tome en cuenta la diferencia de la actualidad con la moneda de hace algo más de seis años):

Humberto Njaim, QEPD

Un meme análogo es el que explica la pobreza de un pueblo como el nuestro por la corrupción que consume dineros públicos, los que invertidos en asistencia social la eliminarían. A raíz de la aprobación en 1982 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, el profesor Humberto Njaim (Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela), hoy Miembro de la Academia de Ciencias Políticas, aportó un útil estudio de sus costos y beneficios. En él reveló sus estimaciones cuantitativas de la corrupción administrativa venezolana: el perezjimenismo habría sustraído fondos por el equivalente de 1% del Presupuesto Nacional; la democracia habría llevado el asalto hasta 1,5%.

En marzo de 1999, cuando Hugo Chávez llevaba apenas un mes en su cargo actual, informé de esta medición a un conductor de taxi que me llevaba de La Carlota a El Paraíso y quiso comentar los problemas del nuevo presidente, apremiándome con la cuestión de una corrupción que nos tendría sumidos en la pobreza. Al oír los índices del profesor Njaim, preguntó con incredulidad (¡gracias a Dios!): “¿Tan poquito?” Entonces puse la cosa en la escala del momento: “No, no es poquito. El presupuesto que manejará Chávez es de veinte billones [castellanos] de bolívares, y 1,5% de eso es la suma de 300.000.000.000 de bolívares”. “Es verdad—repuso el chofer—, ¡eso es un realero!”

La conversación cayó en un cauce nuevo para él; vi su sonrisa y creí escuchar los engranajes de su cerebro moviéndose mientras le daba la buena noticia de que no nos habíamos robado 98,5% del presupuesto nacional, y que si bien la corrupción era de un todo execrable, no podía ser que un tumor de 1,5% de tamaño explicara nuestra dolencia social. Quizás algo fundamentalmente malo, si acaso, había en nuestro manejo de la inmensa mayoría del gasto público.

Bueno, trescientos mil millones de bolívares de los actuales son el presupuesto nacional de 2012. Supongamos que Pérez Jiménez los administrara; entonces irían a manos corrompidas tres mil millones de bolívares, unos setecientos millones de dólares si CADIVI los cambiara. Si los manejasen las administraciones democráticas de 1959 a 1983, entonces la sustracción de fondos nacionales sería unos Bs 4.500.000.000. (Repito, de los de hoy; si, como algunos hablan todavía, se contaran en bolívares “débiles”, hablaríamos de 4 billones y medio de bolívares esmirriados). Si las administraciones de Chávez hubieran agravado el problema triplicando la tasa perezjimenista (a 3%, o el doble de la corrupción “democrática”), los “boliburgueses” habrían aprovechado 9.000 millones de bolívares. Finalmente, si quisiéramos suponer que la corrupción actual ha quintuplicado la cosa, llevando el peculado a 5% del presupuesto nacional, los dineros extraviados en cuentas suizas y otras sumarían 15 mil millones de bolívares, quince billones en la escala monetaria hace tiempo obsoleta.

Pues bien, la población venezolana puede ser estimada a la fecha en 29 millones de habitantes. Supongamos ahora que el arcángel Gabriel corta de un tajo con su espada flamígera toda la corrupción y reparte este último realero en cuotas idénticas a cada venezolano; entonces ¡cada ciudadano recibiría al año la cantidad de Bs. 517! ¿Saldríamos de abajo con menos de un bolívar con cincuenta céntimos diarios per cápita?

Alegrémonos porque no se han robado al menos 285 mil millones de bolívares y enterremos, a temperaturas no criogénicas para que nunca resucite, el meme idiota de que nuestra anormal distribución de la riqueza se debe a la corrupción administrativa.

Tres años más tarde—19 de agosto de 2015—argumenté en ¿Qué se debe hacer? (II):

La dolencia más aguda del soma político venezolano es el chavoma. Un signo precoz de esta patología se hizo patente el 4 de febrero de 1992, a tiempo para echar a perder nuestra celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento. Luego se derribaría la estatua de Colón en Los Caobos y entraría en vigor el nuevo nombre para el Cerro Ávila: el ridículo Waraira Repano, como si los teques y caracas que vivían a sus faldas y lo llamaban así tuvieran alfabeto y escritura, no digamos la letra W. (DRAE. w. Vigésima sexta letra del abecedario español, y vigésima tercera del orden latino internacional, usada en voces de procedencia extranjera). Un socialista “bolivariano”* que se respetara ha debido insurgir en defensa de la grafía Guaraira para no emparentar la cosa con Washington o, al menos, exigir consistencia y escribir Río Waire, Puerto de La Wuaira, Warenas o Waracarumbo. (Esto es, para consagrar la wachafita revolucionaria).

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Tumor vascularizado

El término oncológico es apropiado para referirse a la dominación política instaurada en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999, puesto que no se trata de enfermedad inoculada por algún vector externo—un anófeles o chipo—sino de un proceso que residía en las entrañas del pueblo venezolano desde mucho tiempo antes de que hiciera eclosión.

Como anota Toro en su blog, Briceño Guerrero interpreta “…la cultura latinoamericana como una mezcla de tres ‘discursos’ separados, mutuamente incompatibles: el discurso Racional-Occidental, el discurso Mantuano y el discurso Salvaje”. El libro de Briceño Guerrero fue escrito entre 1977 y 1982, y por tanto no podía ser una referencia específica a Chávez. Es Toro quien establece—como otros lectores del apureño lo han hecho—una relación significante entre la descripción del discurso salvaje y el chavista: “…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder”. (Discurso salvaje).

Es por tal razón que son insatisfactorias las caracterizaciones del chavismo (del chavoma) como la mera llegada al poder de una nueva y delincuente oligarquía. Seguramente ha habido y hay entre jerarcas mayores y menores del régimen chavista-madurista gente corrupta y malhechora, verdaderamente forajida; tal vez en proporción mayor que la que hubiera en regímenes anteriores a 1999, acá y en toda otra nación del planeta. A fin de cuentas, los más radicales izquierdistas venezolanos nunca superaron electoralmente el “seis por ciento histórico” hasta el año del advenimiento de Chávez como Presidente de la República, y como en ellos había hambre longeva de poder y de prebendas, la corrupción actual supera la de quienes los precedieron. Pero es un juicio más ajustado a la realidad explicar el chavismo como el producto de la acusada decadencia de la política que lo anticipara, y su sustitución por una nueva hegemonía fundada en la creencia de que Marx tenía razón. La mayoría de los socialistas venezolanos cree seriamente que la explicación de todo mal social debe encontrarse en el afán de lucro de “la burguesía”; es decir, está profunda pero honestamente equivocada.

Luego, el sistema chavista es claramente pernicioso, puesto que invade terreno propio de la sociedad y sus ciudadanos, como un cáncer que se extiende ocupando y destruyendo tejido de órganos imprescindibles del cuerpo que aqueja. La conjunción de su origen y su naturaleza autoriza que lo entendamos como proceso canceroso.

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Paradójicamente, es más fácil curar el chavoma que la insuficiencia política crónica que permitió su entronización en las instituciones públicas venezolanas. El tratamiento eficaz no es otro que remitir el asunto al Poder Constituyente Originario, la apelación al Soberano para que se pronuncie, en referendo consultivo, sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen político-económico socialista, pretensión que el chavismo-madurismo no oculta. (Todo decreto del Ejecutivo que publica la Gaceta Oficial lleva ahora este inequívoco encabezado: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”)


«…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.
Declaración de Derechos de Virginia – 1776

He allí el tratamiento. Naturalmente, a eso se opone el argumento de un CNE controlado por el gobierno, pero ni siquiera un CNE que otorgó mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional podría ocultar una verdadera avalancha de votos en los referendos tan posibles como necesarios. En los actos convocados para escuchar y aplaudir a Guaidó (y para gritar “¡Maduro, coño’e tu madre!”), en esas masivas y sentimentales terapias de grupo se hubiera podido recoger el doble o el triple de las firmas necesarias para convocar un referendo consultivo. ¿Ni siquiera eso nos convence? El procedimiento de abolición, primeramente propuesto el 25 de abril de 2002 para el caso de Chávez (bastante antes de que varias “fuerzas” políticas de oposición optaran por no participar en actos electorales; elección de gobernadores en 2017, por ejemplo, haciendo exigible su relegitimación a la que tampoco se sometieron, prefiriendo argumentar que el gobierno las ilegaliza “arbitrariamente»), fue adaptado el 17 de diciembre del año anterior para el caso de Maduro—Manda Su Majestad. (¿Ya lo leyó? Puse el enlace en mi correo anterior). Él escapa a la legislación electoral y aun constitucional, puesto que no es ni elección ni referendo; puede certificarse una mayoría fuera de la supervisión del CNE, mediante el registro de las firmas de adhesión en plataformas digitales inviolables análogas a las que soportan las criptomonedas. (El Decreto Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas—Chávez, enero 2001—establece en su Art. 4: “Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos”).

De modo que sí hay vías, las correctas, aquellas a las que se han mostrado renuentes los dirigentes opositores cada vez que se las ha propuesto. (Uno de los predecesores de Guaidó, Julio Borges, recibió de manos de su madre una comunicación que le envié el 3 de marzo de 2015, en la que propuse la convocatoria de un referendo consultivo sobre la adopción del socialismo y concedía lo siguiente: «Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”. Aún espero acuse de recibo).

¿La locura? Aparte de que es una entidad difícil de cuantificar y atribuir, la definió alguien (Albert Einstein) en estos términos: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Otra vez se marcha; lo mismo desde diciembre de 2001. (Manifestación de las madres bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”).

Y también es una locura autojuramentarse como Presidente “Encargado” (o “Interino”) sobre la base de una tergiversación, y más locura todavía declarar (Guaidó) que “no descarta” una invasión militar estadounidense y que está facultado para pedirla por el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Una invasión en plan agresivo no es una misión, y sostener lo contrario es una nueva tergiversación del sentido constitucional. Se sigue a un hombre falaz. Creo que es una locura colectiva seguir a Guaidó “aunque sea fallo”. Creo que declarar a la razón impotente para abrazar la sinrazón es, precisamente, un procedimiento propio de la locura.

Con preocupación

Luis Enrique Alcalá

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