Algunos símbolos episcopales

 

Aproveché el Día de Reyes de este año para enviar comunicación a un obispo que conociera en 1963 y admiro y respeto desde entonces. Creo que contiene un registro de la trayectoria política nacional hasta la toma de posesión de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional; creo también que vale la pena tomarla en cuenta como preludio a lo que ha sido el guión telenovelesco de su radicalizada agenda, por lo que la reproduzco a continuación:

Apreciado Monseñor: en la oportunidad de la Centésima Undécima reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana, y tomando en consideración la muy agravada circunstancia nacional, he sentido como deber allegar a ese augusto cuerpo una cierta lectura que pudiera ser de utilidad a sus deliberaciones.

En su discurso de toma de posesión como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó anunció que el Poder Legislativo Nacional no recibirá el juramento de Nicolás Maduro como Presidente de la República para el período constitucional 2019-2025 y lo calificó de usurpador, una nueva etiqueta que pareció indicarse a sí misma al haber sido demasiado usadas las de fraudulento, írrito, ilegítimo y similares. Lexicográficamente, es infortunada esa elección; el Diccionario de la Lengua Española define usurpar con dos acepciones: 1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. ¿A quién ha usurpado Nicolás Maduro la Presidencia? ¿A Javier Bertucci, Henri Falcón, Reinaldo Quijada o Luis Alejandro Ratti? El proceder de Guaidó se inscribe en la práctica ya larga de etiquetar denigrantemente al adversario y condenarlo sin pruebas, lo que a mi parecer es un acto inmoral—Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente. William Clifford, La ética de la creencia—y de holgazanería conceptual y política. Una de las dos rutinas opositoras, desde 1999, es acusar todos los días, cuando lo que se necesita es refutar. (La otra es oponerse—definirse como oposición, alienadamente, en función de algo externo—en lugar de superponerse desde un discurso político de nivel superior).

Tras ese reiterado procedimiento están, por supuesto, la falsa premisa de que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en contravención del Art. 347 de la Constitución, que en interpretación errónea del afamado jurista Allan Randolph Brewer Carías debió provenir de un referendo. Eso no es así; el artículo siguiente indica con precisión quiénes pueden convocar ese órgano (incluida la iniciativa popular calificada de 15% de los electores), y el Art. 5 de la misma ley suprema establece claramente:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamentemediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.      

La convocatoria a constituyente por el Presidente de la República, cuyo cargo se origina en el sufragio, es ejercicio indirecto de la soberanía. (Otra cosa son las bases comiciales que se empleó, pero la Asamblea Nacional es culpable de omisión al no haber legislado acerca de las mismas).

Luego, se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC:

Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene.

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Naturalmente, el actual gobierno y su inmediato predecesor son lo peor que ha ocurrido políticamente en nuestra nación.

La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país; habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. (El problema, 30 de agosto de 2017 en el blog de Dr. Político).

Pero también asenté en Las élites culposas (2012):

…ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.

O, en ¿Qué se debe hacer? (19 de agosto de 2015):

…el chavoma es sólo el aspecto más agudo de la enfermedad política venezolana, una manifestación superpuesta y derivada del crónico cuadro de insuficiencia política—la incapacidad de las instituciones políticas para resolver los problemas públicos de importancia—que tiene su origen en la obsolescencia, por esclerosis, de los marcos mentales de los actores convencionales. Ellos son, fundamentalmente, la idea de que la política es una lucha por el poder justificada sobre una ideología particular, noción que es compartida por los actores políticos en todo el mundo, lo que explica por qué la política misma es lo que está en crisis en todas partes.

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Las valoraciones estándar de nuestro problema político dejan de considerar lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017). Por ejemplo, que el Presidente de la Asamblea Nacional (Henry Ramos Allup) desenterró el hacha de guerra en su discurso inaugural el 5 de enero de 2016, declarando como “compromiso no transable” del parlamento “la cesación de este gobierno”, en formulación evidentemente anticonstitucional. Tampoco se evoca la absurda declaración de abandono del cargo por Nicolás Maduro conducida por su sucesor (Julio Borges) del 9 de enero de 2017. (Ojalá lo hubiera abandonado). O que el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, hoy en el exilio, no creó un órgano legítimo al contravenir lo pautado en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que exige la participación del Poder Ciudadano en el proceso. Etcétera.

Es también parte de esa historia que dirigentes opositores se dedicaron a vender falsedades como las enumeradas parcialmente a diversas autoridades internacionales, en vergonzante solicitud de apoyo a una tal “comunidad internacional” para superar un problema que es exclusivamente nuestro y cuya solución está en manos de los venezolanos.

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Escribí el 21 de febrero de 2014 (La salida) sobre la marcha hacia la Fiscalía General de la República, liderada por Leopoldo López y Ma. Corina Machado:

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

En efecto, no se ha intentado—como medio “para parar el trote a Nicolás Maduro”— la apelación al Soberano. Ciertamente, la 109ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana planteó en el acápite sexto de su Exhortación Final (12 de enero de 2018):

Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71).

Eso hay que promoverlo y organizarlo, y estas tareas pueden ser estimuladas y auspiciadas por una declaración más específica de parte de la CEV. Su autoridad puede superponerse a la resistencia de los opositores convencionales a permitir el rol protagónico que el Pueblo, como único poder supraconstitucional en Venezuela, puede y debe ejercer para cortar el nudo gordiano nacional.

En febrero del año pasado, Datanálisis midió una ventaja de 14 puntos de quienes estaban de acuerdo con un referendo que disolviera la Asamblea Nacional Constituyente y de 20 puntos de los que querían anular todos sus actos. En posesión de esos datos, escribí el 13 de marzo del año pasado a la rectora Cecilia García Arocha luego de la presentación del Frente Amplio Venezuela Libre en el Aula Magna de su universidad:

Al leer la Proclama del fresco movimiento no pude menos que conjugar dos de sus declaraciones con intención operativa; me refiero a éstas: 1. “El fraude constituyente es la máquina infernal encargada de sepultar la soberanía popular”; 2. “Es la hora del cambio, la hora del protagonismo del pueblo”. Creo que se muestra, como operación derivada de ambas afirmaciones, la convocatoria de un referendo por iniciativa popular que resuelva sobre la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente instalada el 4 de agosto de 2017 y la anulación de todos sus actos hasta la fecha.

El planteamiento no tuvo acogida. Por esos días, escribí a un amigo:

El 11 de agosto del año pasado expuse: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio. Igualmente tiene el Pueblo poder más que suficiente para anular todas y cada una de las decisiones de esa asamblea contraria a la voluntad mayoritaria nacional. El Artículo 349 no nos obliga; nosotros sí podemos impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no somos un poder constituido: somos el Poder Constituyente Originario, el único originario, el Poder Supraconstitucional”. He explicado el asunto por RCR y convencido a un gentío. (Hace dos semanas, llamó una señora al programa para decir que mucha gente de Altagracia quiere colaborar con la convocatoria). Me comprometí a promover ese referendo, antes de que Datanálisis midiera apoyo mayoritario a la iniciativa. Hay quienes razonan que siempre he sido un iluso comeflor, que no entiende que “el régimen” nunca va a permitir ese referendo. Yo creo que le será al gobierno muy difícil impedirlo. Conozco al enemigo; tú hiciste universidad en el “monasterio” de la UCAB, yo también allí, pero antes estuve tres años en Mérida (donde fui el participante más destacado de un curso antiguerrillero bajo instrucción de un capitán cubano anticastrista) y uno en la UCV, adonde fui armado a rescatar cuatro decanos no izquierdistas secuestrados en el salón del Rectorado. He debatido más de una vez con comunistas, y ellos siempre salieron en derrota. Sé cómo piensan y cómo operan, sé qué trampas emplean y dónde las colocan; sé rebatirlos. (En 1962, fui elegido como primer Presidente del Movimiento Universitario Católico de la ULA porque dos días antes logré revolcar a un mirista y un comunista en su Facultad de Humanidades). Sé también que, en último caso, pueden matarme, pero ya estoy demasiado mayor como para que eso me importe. (…) No soy un comeflor; no me chupo el dedo.

Creo haber asegurado los pocos recursos financieros necesarios a la iniciativa, pero sería un bálsamo para el alma nacional que los obispos dieran un claro espaldarazo a la iniciativa, más allá de la exhortación citada de enero del año anterior, más concretamente.

Es igualmente importante que la CEV apuntale las recientes palabras de Su Santidad a favor de la concordia en Venezuela; en efecto, unir a la oposición no es el problema, sino unir a un país dividido.

En ¿Jugada maestra? (27 de septiembre de 2008) dejé esta constancia:

En momentos cuando el gobierno torna a proponer un diálogo con la oposición, Luis Ugalde y Benigno Alarcón Deza (Director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB) hablan de una “salida negociada” y de prepararse para una elección presidencial. (Ver en este blog Dos enfoques, 24 de septiembre de 2018); antes (26 de julio), Baltazar Cardenal Porras preparó el terreno: “Es muy mala palabra hablar de diálogo en Venezuela por todo lo que ha ocurrido, pero los problemas se arreglan hablando”, en entrevista que le hiciera El Universal. (En esa ocasión dijo también: tenemos que unirnos para responder mejor a las necesidades, ver mucho más lo que nos une y no lo que nos diferencia, se debe hacer con la participación de todos porque nadie tiene la verdad absoluta”).

He sostenido que no se trata de diálogo sino de acuerdo, por lo que un proyecto de éste es esencial, así como entender que un diálogo gobierno-oposición es intrínsecamente asimétrico. Así expuse en Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016):

El 5 de febrero de 2003 redactaba el suscrito Gran Referendo Nacional, una proposición de acuerdo entre las partes enfrentadas en ese momento: el gobierno que presidía Hugo Chávez y la Coordinadora Democrática. Estábamos en medio del paro organizado por la Gente del Petróleo, que coordinaba sus acciones, como lo hacían las organizaciones cúpula empresariales y sindicales, con la central opositora; el gobierno contaba, naturalmente, con los militantes del Movimiento V República, el resto del Polo Patriótico y unas cuantas unidades más combativas, como la que comandaba Lina Ron. Era una coyuntura que presagiaba guerra civil.

Hoy nos encontramos en una situación parecida—ver Desactivemos la bomba—, aunque los componentes no son exactamente los mismos; ahora no es la oposición algo que esté minoritariamente representado en la Asamblea Nacional, ahora la controla. Es por esto que la prescripción de hace trece años no puede ser aplicada de forma idéntica; en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación.

La CEV puede resaltar esa obligación constitucional y exigir su cumplimiento.

………

Creo de la mayor importancia, Monseñor, que la Conferencia Episcopal Venezolana no se sume al coro superficial e irresponsable de quienes propugnan un mero facilismo terminológico, con frecuencia en desconocimiento de la Constitución. (Sostienen un día que hay que “defender la Constitución” y al siguiente recomiendan procedimientos que la violarían, como la recomendación de “juntas” o “consejos de transición”). Poco antes del discurso de Guaidó, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales incurría en los errores conceptuales descritos al comienzo de estas notas, como eco de lo que un mal informado Grupo de Lima exigiera casi simultáneamente.

Los obispos venezolanos, pienso, deben emplear su altísima credibilidad en traer un enfoque fresco y sano para la superación de nuestros graves y crecientes problemas. Mi esperanza está puesta en Uds.

Con afecto y admiración,

Luis Enrique Alcalá

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