por Luis Enrique Alcalá | Feb 28, 2008 | LEA, Política |
No puede ocultarse el hecho de que el Islam incluye gente de muy radicales convicciones, que se siente autorizada por el Creador (Alá) a matar o mutilar congéneres con extraordinarias violencia y crueldad. La Sura del Arrepentimiento, parte integral del Corán, incluye la siguiente prescripción: “Maten a los paganos donde los encuentren”. Es esta consigna la que se emplea, con pasión fundamentalista, para justificar una idea de “guerra santa” que ha permitido, por mencionar una sola cosa, condenar a muerte al escritor Salman Rushdie, por hacer mofa de la religión musulmana en su libro Los versos satánicos.
Pero los musulmanes que adoptan esa posición extrema son una minoría. Intelectuales islámicos como Muhammad Shahrour sostienen que aquella orden asesina sólo podía aplicarse a la guerra concreta de Mahoma por establecer un estado musulmán en la Península Arábiga, y no debe ser entendida como un mandato general de Alá válido para todo tiempo y lugar. Son claridades como ésa las que terminarán desasociando la religión musulmana de la violencia que se comete en su nombre.
Entretanto, es refrescante pasearse por la consideración de la sorprendente conducta, durante la Segunda Guerra Mundial, de todo un país de mayoría musulmana: Albania. A pesar de que el dominio soviético de 45 años proclamó, por primera vez en la historia, que Albania era oficialmente un estado ateo, nunca pudo suprimir el hecho de que un 60% de los albaneses es de religión islámica. Al norte del país predomina el catolicismo, y en zonas del sur siempre ha habido una fuerte presencia cristiana ortodoxa.
Pero Albania es el único país de Europa ocupado por los nazis que emergió de la Segunda Guerra Mundial con una población judía mayor que la que alojaba al comienzo. Sólo una familia judía de seis miembros fue deportada de Albania y muerta durante toda la duración de la guerra. Los albaneses no sólo protegieron sus propios judíos, sino que ofrecieron refugio a los judíos que llegaban de países vecinos. Negándose a las exigencias de los nazis, en vez de suministrarles listas de judíos proveyeron a éstos con documentos forjados y les ayudaron a ocultarse dispersándolos en el seno de la población albanesa. Ni un sólo judío cayó en manos de los nazis en febrero de 1944, cuando éstos atacaron los refugios en las montañas de Albania.
No fue este insólito resultado la obra de unos pocos héroes individuales, de unos cuantos señores Schindler; fue todo un pueblo, en su mayoría musulmán, el que ahorró a su población judía y a la de naciones vecinas la atrocidad de los nazis. La tolerancia religiosa de los albaneses es proverbial, y es ella la causa de numerosos y habituales matrimonios interreligiosos de su gente. Quienes desde este lado albergan en su corazón un pernicioso prejuicio antimusulmán, que consideren el caso albanés para seguir su ejemplo.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 28, 2008 | Cartas, Política |
En principio, el actual período de gobierno concluye al comienzo de febrero del año 2013, casi exactamente cinco años desde hoy. De aquí hasta allá, varias consultas electorales marcan la agenda política de la Nación, comenzando por las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para noviembre de este mismo año. Pero aun con eso, es indudable que el elemento dominante en la psiquis política nacional es la presencia del factor Chávez: el ejercicio de la Presidencia de la República por su actual titular. Mientras Hugo Chávez sea Presidente, el sobresalto continuará marcando nuestro proceso político, y a la muy considerable cantidad de estropicios institucionales y sociales causados por su atípica administración habría que añadir los que se le ocurrirán a lo largo de todo un quinquenio por agotar.
Ahora bien, no es en absoluto despreciable la probabilidad de que este quinquenio no culmine. Muchos factores, en convergencia no necesariamente planeada, pueden suscitar un desenlace distinto: la interrupción del mandato de Chávez antes de que llegue a su término constitucional.
En efecto, Chávez debe vérselas ahora con un cúmulo heterogéneo de tendencias adversas: externamente, un juicio francamente negativo de su gobierno, muy generalizado en la comunidad internacional, con sólo muy pocas excepciones (Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Irán, quizás Cuba y Argentina por motivos clientelares); internamente, una oposición escarmentada y aprendida que comienza a atinar políticamente, un patio interno en grado considerable de desarreglo (con signos claros de insatisfacción y crítica dentro de sus propias filas), una economía desabastecida críticamente, una protesta social creciente y desilusionada.
Para el manejo de esta complejidad adversa, la coartada del imperio será cada vez menos convincente. Es difícil atribuir al Departamento de Estado estadounidense un servicio deteriorado de la Electricidad de Caracas o de CANTV, puesto que éstas son ahora empresas estatizadas, y cualquier tropiezo importante de nuestra actividad petrolera ya no será excusable con el chivo expiatorio de ninguna transnacional cerril, pues el Estado venezolano ejerce el control absoluto de esa industria. Y ya se nota que los aportes de PDVSA a las distintas misiones inventadas por el gobierno han descendido marcadamente: en el primer semestre de 2007 PDVSA aportó a las misiones 26,7% menos recursos que en igual período del año anterior, con las consecuencias naturales. Por señalar un caso, “…la Misión Madres del Barrio llegó a su clímax con 250.000 beneficiarias que recibían un monto que equivalía hasta a 80% del salario mínimo. El número de mujeres prometía crecer pero, al contrario, el año pasado la cifra bajó a 62.000 beneficiadas por el programa”. (Marianna Párraga, El Universal, 26 de febrero de 2008).
Tampoco está disponible la excusa de la “Cuarta República”. Después de casi una década de hegemonía chavista, ya no hay gobierno anterior al que echar la culpa del deterioro, menos aún cuando el que lo precediera, el segundo de Rafael Caldera, no fuese precisamente un gobierno del bipartidismo. De hecho, cualquiera de las excusas esgrimidas para intentar la justificación de los alzamientos de 1992 ha sido reproducida y excedida con creces por los resultados de la administración de Chávez. La corrupción es mayor, la inseguridad es mayor, la pobreza es mayor. La habladera, sobre todo, es mayor.
Superpuesta a este cuadro, la personalidad errática y pendenciera de Hugo Chávez, y su invasión de cuanta instancia de decisión política pueda existir en el país (como la elección de las autoridades del PSUV y sus candidatos para noviembre), resaltarán meridianamente que la situación nacional, que se deteriora por minutos, tiene un supremo y único responsable: Hugo Rafael Chávez Frías.
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Es sabido que en el seno de la sociedad venezolana persisten convicciones, no poco justificadas, de que hay que salir de Chávez cuanto antes. Algunos de quienes las sostienen conspiran activamente para que este objetivo se cumpla a como dé lugar. Sin embargo, no es necesario que tal conspiración sea exitosa, ni siquiera que sea real. En ciertas condiciones, una convergencia perfectamente natural y azarosa de tendencias e intereses hace que los sistemas complejos se comporten como si hubiera una conspiración centralizada, aunque ésta no exista. A pesar de que el efecto de prédicas como las de Alejandro Peña Esclusa es verdaderamente marginal, un deterioro continuado—muy difícil de detener—puede generalizar la impresión de que la situación es insostenible. En este caso, varios incidentes y secuencias relativamente aleatorias e inconexas pueden desembocar en la salida de Chávez del poder, sobre todo porque éste persiste en mantener un curso general que es, precisamente, el que nos ha traído hasta aquí.
Pero es que incluso si rectificare una vez rebasado cierto límite, la rectificación misma sería signo de debilidad, y entonces una corrección de rumbo sería, más bien, un acelerador de su caída. Cuando Carlos Andrés Pérez resistía, luego del 4 de febrero de 1992, a la designación de un consejo consultivo (que terminó nombrando a regañadientes), lo hacía precisamente por no mostrarse más débil de lo que estaba, así como la cascada de cambios ministeriales de Pérez Jiménez entre el 1º y el 23 de enero de 1958, sólo sirvió para generalizar la impresión de la grave crisis, terminal, de su gobierno. Si Hugo Chávez no es capaz de rectificar la dirección de su gobierno antes de las elecciones del 23 de noviembre de este año, y éstas reportan a la oposición una ganancia significativa—al menos ocho gobernaciones, en las circunscripciones donde se derrotó la propuesta constitucional de Chávez el pasado 2 de diciembre—es posible que se haya excedido ya el tiempo útil para la rectificación. De aquí hasta aquella fecha, no parece probable que el gobierno tenga éxito en revertir la percepción generalizada de una situación mala del país.
Todas estas cosas, pues, han aumentado considerablemente la probabilidad de una falta absoluta del Presidente de la República. Suponiendo que ella no ocurriera por un golpe de Estado, ¿a qué nos enfrentaríamos en términos constitucionales?
Dos casos son factibles, Si se le hiciera posible a Chávez llegar reptando hasta enero de 2011, lo que sería ciertamente muy difícil, entonces se aplicaría el último parágrafo del Artículo 233 de la Constitución, que dice : “Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo”. Quienquiera que Chávez haya designado en ese cargo para la fecha—y seguramente veríamos más de un enroque en la posición—completaría el traumático período.
Pero si se diera el caso más probable, que este gobierno no sea capaz de sostenerse tres años más—porque sea revocado o por cualquiera otra causa constitucional—, entonces rige el tercer parágrafo del mismo artículo, que reza: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva”. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, que no es precisamente de gran celeridad funcional, tendría que organizar una elección presidencial en el plazo de un mes, lo que significa que los candidatos a suceder a Chávez tendrían, en el mejor de los casos, treinta días de campaña a su disposición, y los electores treinta días para formar su intención de voto. Se trata, evidentemente, de un plazo harto insuficiente.
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Suceder a Hugo Chávez en la Presidencia de la República es, sin duda, un asunto enormemente complejo, y al menos cuatro niveles de la cosa son teóricamente distinguibles. El primero es obvio: como dice el adagio político norteamericano, you can’t fight somebody with nobody. Si se ve la cosa desde el punto de vista de la oposición a Chávez, la ausencia de una figura nacional clara, con suficiente arraigo, es la más evidente carencia política.
Luego, sustituir a Chávez significa sustituir sus programas de gobierno. En una elección en la que participarían también figuras del chavismo—Diosdado Cabello, por caso—el aspecto programático tendría alguna gravitación sobre la brevísima campaña, aunque probablemente esta dimensión sería menos importante que un mero cambio estilístico-ideológico, que en esencia sería lo que los electores apreciarían.
En tercer término, sustituir exitosamente a Chávez comporta arribar al escenario político con una gramática política diferente, pues es toda una teoría interpretativa e histórica la que Chávez ha impuesto como discurso explicador de absolutamente todo. (Algunos llaman a esto el problema de la “narrativa”). Aquí se trata no de una dimensión programática, sino de una legitimación paradigmática. La viabilidad de un sucesor de Chávez, no sólo de su simple elección, dependerá fuertemente de su capacidad para pensar y articular la política desde un plano conceptual radicalmente distinto, más moderno y convincente.
Las dos últimas condiciones, estos dos últimos planos, pueden entenderse como indisolublemente ligadas al primero. Un nuevo paradigma político no ocurre en el vacío, sino que debe ser encarnado por una persona concreta. Es una persona concreta la que debe hablar el nuevo idioma, y es también de una persona concreta su plataforma programática.
Falta el cuarto nivel: el organizativo. En ausencia de una estructura opositora monopolista—ningún partido entre los existentes, ni siquiera uno de los más nuevos, tiene fuerza suficiente, no digamos aplastante—basta la capacidad para organizar un grupo nacional de electores que sea eficaz. Aunque sigue siendo de gran importancia la movilización de electores el día de la votación, ha bajado en importancia el problema del cuidado de los votos con la automatización de nuestro proceso electoral. (El Grupo La Colina ha argumentado convincentemente a este respecto). Iniciativas como las de Súmate, por otra parte, han enseñado cómo es posible organizar, en tiempos más bien breves, una cantidad significativa de activistas adiestrados.
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¿En qué momento puede producirse la falta absoluta del Presidente de la República? Si se buscase ésta mediante referéndum revocatorio, la condición constitucional se cumple desde febrero de 2010. (Artículo 72 de la Constitución, Parágrafo Primero: “Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”). Por como van las cosas, es difícil que Hugo Chávez pudiera superar un segundo referéndum revocatorio en su contra, siempre y cuando éste sea organizado inteligentemente—por actores distintos a la Coordinadora Democrática, por ejemplo—y siempre y cuando exista para el momento una figura aceptable para la sucesión.
No es, por supuesto, la revocación la única forma constitucional que cause la falta absoluta del Presidente de la República, pero probablemente sea la más sana y viable de todas. Sólo un deterioro grandemente acelerado, que no es imposible, pudiese exigir la aplicación de otros remedios. (Inhabilitación por incapacidad física o mental o renuncia, constitucionalmente, o la abolición del régimen, supraconstitucionalmente).
Lo más probable es que el régimen de Chávez pueda superar este año de 2008, especialmente porque la población querrá esperar la consulta electoral de noviembre, que será un indicador muy significativo del apoyo que haya podido conservar. Todavía pudiera sobrevivir a 2009. La mera inercia de un ente tan enorme como el gobierno hará que su caída no sea excesivamente rápida, como debe comenzar a frenarse un supertanquero unas buenas decenas de kilómetros antes de llegar a Rotterdam, so pena de encallar en medio de la ciudad. El éxito de un referéndum revocatorio será más seguro en la medida en que se haya hecho universalmente insoportable el gobierno de Chávez, y para esto deberá invertirse lo que queda de este año y el siguiente. Así como Chávez tuvo la paciencia de esperar cinco años para revocar la licencia de señal abierta a RCTV, así debiera tenerse pulso firme para eludir atajos desesperados y asegurar la revocación.
Pero claro, tenemos en la Presidencia a una persona de psicología anormal, por una parte, y además, por la otra, los indicadores del deterioro y las oposiciones internas y externas seguirán ejerciendo su efecto corrosivo sobre el gobierno. Ante esto es lo más sensato prepararse de una vez. Es muy racional, por supuesto, prepararse para los futuros más probables, pero también para aquellos futuros improbables que, de ocurrir, tendrían un impacto desproporcionado sobre nuestras existencias.
De todos los preparativos aconsejables, ninguno es más crucial que la emergencia e identificación de una verdadera contrafigura para Chávez. A pesar de que la agenda de este año está marcada con elecciones regionales, el teatro nacional no puede ser descuidado. Que comiencen a salir las nuevas caras.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En 1960, un obeso físico norteamericano, convertido en analista de políticas estrella de la Corporación RAND, publicó un libro de título modelado sobre la obra clásica de Carl von Clausewitz (Sobre la guerra, 1816-30). Se trataba de la obra On Thermonuclear War, un estudio sobre la guerra nuclear que causó profundo impacto, especialmente sobre la comunidad estratégica estadounidense. Su autor era Herman Kahn, quien luego se convertiría en optimista estudioso del futuro—(The Year 2000, The Next 200 Years)—desde el Hudson Institute que fundara. (Kahn visitó a Venezuela en 1978; en la Ficha Semanal #45 de doctorpolítico, del 10 de mayo de 2005, se hace referencia a una interacción suya con el suscrito en esa ocasión: “…Kahn visitó Venezuela por invitación de la Fundación Neumann, y ofreció un seminario en el que tuve oportunidad de participar. Habiéndome trabado en debate sobre algunas de sus ideas, Kahn encontró una fórmula simple para saldar la discusión. En el último día del seminario consintió en autografiarme un ejemplar de Los Próximos 200 Años, y reservó la parte final de su dedicatoria ‘A Luis’ para declarar que ‘…si no hubiera sido venezolano hubiera tenido la razón’”).
Como Kahn no tenía empacho en “pensar lo impensable” con la mayor frialdad, se convirtió en figura sobre la que se creó a personajes del cine de la política ficción. (Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick; Fail-Safe, de Sidney Lumet). En el libro mencionado, por ejemplo, se emplea, por comodidad gráfica y de cómputo, la unidad inventada por Kahn para referirse a las previsibles cantidades de bajas en una guerra nuclear: 1 megamuerte = 1 millón de muertes.
Es al término de esa misma década de los años sesenta, dominada por la Guerra Fría y la paranoia nuclear, que Leonard C. Lewin “prologa” y da a la luz el Report from Iron Mountain (1967), que daba cuenta de las deliberaciones de un supuesto think tank al que el gobierno de los Estados Unidos encarga discutir sobre “la posibilidad y la deseabilidad” de la paz.
Lewin explicó más tarde que se trataba de una sátira escrita por él mismo, pero a la publicación del libro se le tuvo por un documento verídico. La intención de Lewin era la de “caricaturizar la bancarrota de la mentalidad de think tank siguiendo su estilo de pensamiento cientificista hasta sus conclusiones lógicas”. Esa conclusión era, escuetamente, que difícilmente la paz sería posible y que, de serlo, probablemente no sería deseable. El propio Kahn procuró desacreditar la obra al opinar que como sátira era muy mala, y Henry Kissinger fue más agresivo al declarar que quienquiera la hubiese escrito era un idiota.
Lo cierto es que el libro cumplió una función pedagógica, al poner de manifiesto los absurdos a los que podía llegarse mediante un análisis desalmado como el que Kahn ejemplificaba. La Ficha Semanal #183 de doctorpolítico reproduce la sección correspondiente a la “función económica” de la guerra del Reporte de Iron Mountain.
LEA
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Guerra y economía
La producción de armas de destrucción masiva ha estado siempre asociada con el “desperdicio” económico. El término es peyorativo, puesto que implica el fracaso de una función. Pero no puede propiamente considerarse desperdiciadora a ninguna actividad humana cuando logra su objetivo contextual. La frase “desperdiciador pero útil” aplicada no sólo al gasto bélico, sino a la mayoría de las actividades “improductivas” de nuestra sociedad, es una contradicción en términos. “Los ataques que, desde la época de la crítica de Samuel al rey Saúl, se han dirigido contra los gastos militares pueden muy bien haber escondido o malinterpretado el punto de que cierta clase de desperdicio puede tener una utilidad social más grande”.1
En el caso del “desperdicio” militar hay, de hecho, una utilidad social superior. Ésta se deriva del hecho de que el “desperdicio” de la producción de guerra ocurre enteramente fuera del marco de la economía de la oferta y la demanda. Como tal, ella provee el único segmento críticamente grande de la economía total que está sujeto a un control central completo y arbitrario. Si las sociedades industriales modernas se definen como aquellas que han desarrollado la capacidad de producir más que lo que requieren para su supervivencia económica (sin tomar en cuenta la equidad de la distribución de bienes en su seno), puede decirse que el gasto militar provee el único contrapeso con inercia suficiente como para estabilizar el avance de sus economías. El hecho de que la guerra es un “desperdicio” es lo que le permite llenar esa función. Mientras la economía avance más rápidamente, mayor deberá ser ese contrapeso.
A menudo tiende a verse esta función, de modo demasiado simplificado, como un dispositivo para el control de los excedentes. Sobre este punto, un autor lo dice de este modo: “¿Por qué es la guerra tan maravillosa? Porque crea una demanda artificial… la única clase de demanda artificial, más aún, que no genera ningún problema político: la guerra, y solamente la guerra, resuelve el problema de los inventarios”.2 Aquí la referencia es a la guerra desatada, pero se aplica igualmente a la economía de guerra en general. “Hay acuerdo general —concluye, más prudentemente, el informe de un panel establecido por la Agencia de los Estados Unidos para el Control de Armas y el Desarme— que un sector público grandemente expandido durante la II Guerra Mundial, como resultante de fuertes gastos de defensa, ha provisto una protección adicional en contra de las depresiones, ya que este sector no responde a contracciones del sector privado y ha provisto una suerte de amortiguador o contrapeso a la economía”.3
Según nuestro punto de vista, la principal función económica de la guerra es justamente que provee ese contrapeso. No debe confundirse esta función con las varias formas de control fiscal, ninguna de las cuales compromete directamente a vastas cantidades de hombres y unidades de producción. No debe confundirse con gastos gubernamentales masivos en programas de bienestar social; una vez iniciados, tales programas se convierten en parte integral de la economía general y ya no están sujetos a control arbitrario.
Pero incluso en el contexto de la economía civil general, no puede considerarse a la guerra como sólo un “desperdicio”. Sin una economía de guerra largamente establecida, y sin su frecuente erupción a una guerra desatada a gran escala, la mayoría de los avances industriales conocidos de la historia, comenzando por el desarrollo del hierro, jamás hubieran tenido lugar. La tecnología de las armas estructura a la economía. Según el autor arriba citado, “Nada es más irónico o revelador acerca de nuestra sociedad que el hecho de que una guerra enormemente destructiva es una fuerza de mucho progreso en sí misma… La producción de guerra es un progreso porque es producción que de otro modo no habría ocurrido. (No es muy ampliamente apreciado el hecho, por ejemplo, de que el estándar de vida civil creció durante la II Guerra Mundial)”.4 Esto no es ni “irónico” ni “revelador”, sino esencialmente una simple declaración de hecho.
Debe notarse asimismo que la producción de guerra ejerce un confiable efecto estimulante más allá de sí misma. Lejos de constituir un drenaje “desperdiciador” de la economía, el gasto de guerra, considerado pragmáticamente, ha sido un factor consistentemente positivo en el aumento del producto nacional bruto y la productividad individual. Un antaño Secretario del Ejército ha fraseado esto cuidadosamente para el consumo público: “Si existiera, como sospecho la hay, una relación directa entre el estímulo de un gasto de defensa grande y una tasa de crecimiento del producto nacional bruto aumentada substancialmente, ello sencillamente implica que el gasto de defensa per se puede sostenerse sobre bases exclusivamente económicas como estímulo al metabolismo nacional”.5 De hecho, la utilidad no militar fundamental de la guerra en la economía es más ampliamente reconocida que lo que las pocas afirmaciones citadas pudieran sugerir.
Pero abunda el reconocimiento público a la importancia de la guerra para la economía general en construcciones negativas. El ejemplo más familiar es el efecto de las “amenazas de la paz” contra el mercado de valores, v. gr. “Wall Street fue vapuleada ayer por las noticias de una aparente señal de paz proveniente de Vietnam del Norte, pero recuperó rápidamente su compostura luego de cerca de una hora de ventas algo indiscriminadas”.6 Las entidades de ahorro solicitan depósitos con eslóganes similares de advertencia, v. gr. “Si se desatara la paz, ¿estaría usted listo para ella?” Un caso pertinente y más sutil fue la reciente negativa del Departamento de Defensa a permitir que las compras alemanas sustituyeran armamento no deseado por bienes no militares en sus compromisos de compras a los Estados Unidos: la consideración decisiva fue que las compras alemanas no debían afectar la economía general (no militar). Puede encontrarse otros ejemplos incidentales en las presiones ejercidas sobre el Departamento cuando anuncia planes de clausurar alguna instalación obsoleta (como una forma “desperdiciadora” de “desperdicio”), y en la usual coordinación de la escalada de actividades militares (como en Vietnam en 1965) con unas tasas de desempleo peligrosamente ascendentes.
Aunque no queremos implicar que no pueda diseñarse un sustituto en la economía para la guerra, hasta ahora no se ha probado ninguna combinación de técnicas para el control del empleo, la producción y el consumo que pueda remotamente comparársele en eficacia. Es, y siempre lo ha sido, el estabilizador económico esencial de las sociedades modernas.
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Notas
1 Arthur I. Waskow, Hacia las Fuerzas Desarmadas de los Estados Unidos (Washington: Institute for Policy Studies, 1966), p. 9. (Ésta es la versión completa del texto de un informa y proposición preparada para un seminario de estrategas y Congresistas en 1965; más tarde tuvo una distribución limitada entre otras personas involucradas en proyectos relacionados).
2 David T. Bazelon, «La Política de la Economía de Papel», Commentary (noviembre 1962), p. 409.
3 El Impacto Económico del Desarme (Washington: USGPO, enero 1962).
4 David T. Bazelon, «Los Hacedores de Escasez”, Commentary (octubre 1962), p. 298.
5 Frank Pace, Jr., en un discurso ante la Asociación de Banqueros Americanos, septiembre 1957.
6 Un ejemplo cualquiera, tomado en este caso de un reportaje de David Deitch en el New York Herald Tribune (9 de febrero de 1966).
Leonard C. Lewin
por Luis Enrique Alcalá | Feb 21, 2008 | LEA, Política |
Quien hasta hace no mucho se proyectara como la próxima Presidenta de los Estados Unidos, la senadora Hillary Clinton, ha sido derrotada por Barack Obama en las diez últimas confrontaciones primarias de ese país, y ya comienza a ser percibida por los comentaristas y hasta los propios electores como segura perdedora. El ímpetu alcanzado por la candidatura del senador por Illinois no da muestras de desaceleración, mientras el comando de Clinton procura fabricar explicaciones cada vez más débiles y huecas, en su afán por restar importancia al desempeño de quien pudiera ser el primer presidente negro de los Estados Unidos, a cuarenta años del asesinato de Martin Luther King.
La consigna general de Obama intenta proyectarlo como el “candidato del cambio”. (También han pasado cuarenta años desde que en Venezuela se propusiera: “Caldera es el cambio”, en lema de campaña que por fin lo llevó a la Presidencia de la República). Clinton critica a Obama con el argumento de que es puro discurso y cero hechos, argumentando que ella sí estaría preparada para el ejercicio del cargo desde el primer día. Esta línea de ataque, fuertemente asumida en los últimos días por el aspirante a Primer Caballero de los Estados Unidos, William Clinton, no parece hacer mella en Obama, a quien por primera vez las encuestas generales lo consideran triunfador.
La verdad es que hay al menos una diferencia clara entre Obama y la Sra. Clinton en un punto crucial de la conciencia política estadounidense: ella votó a favor de la invasión de Irak; él fue uno de los pocos que se opuso desde el inicio a la locura de esa guerra.
Obama ha sido igualmente criticado porque ha dicho que no tendría inconveniente en sentarse a dialogar con personajes como Mahmoud Ahmadinejad o Hugo Chávez, y este último está seguramente ligando que Obama prevalezca para recibir, por fin, una invitación a la Casa Blanca, si es que para entonces sigue siendo Presidente en Venezuela. (Clinton opinó que esa disposición de Obama revelaba su ingenuidad, pero contradictoriamente se quejó de que él faltara a la verdad al sugerir que ella no estaría dispuesta a reunirse con dictadores extranjeros).
En todo caso, Obama sigue cosechando delegados a la convención demócrata—ya sobrepasó a Clinton en la cuenta—, gana ventaja sobre ella en las encuestas y recoge más contribuciones en dinero. (La semana pasada los Clinton tuvieron que “prestar” cinco millones de dólares a su organización de campaña, mientras Obama reúne efectivo con facilidad creciente).
Parece, pues, lo más probable que Obama sea el abanderado demócrata y por ende llegue probablemente a la Presidencia de los Estados Unidos. Aunque disminuida, la senadora Clinton pudiera todavía hacer historia si aceptara acompañar a Obama como su compañera para el puesto de Vicepresidenta. De ese cargo, bajo su esposo, saltó Al Gore a la fama planetaria con una buena causa, y tampoco ha habido en los Estados Unidos una Vicepresidenta. Geraldine Ferraro es la única mujer en haberlo intentado, y si logró opacar fácilmente a Bush padre en los debates que sostuvieron, su compañero de fórmula, Walter Mondale, no logró superar la popularidad de Ronald Reagan.
Primer presidente negro; primera mujer en la Vicepresidencia. ¿Un ticket invencible? Al menos un verdadero cambio, ciertamente uno que el planeta necesita.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 21, 2008 | Cartas, Política |
El caso de las acciones legales de la transnacional petrolera Exxon-Mobil—la más grande del mundo entre las privadas—contra PDVSA, en relación con la expropiación de sus activos en la antigua Operadora Cerro Negro (hoy Petromonagas), se perfila como de antología, casi digno de la Historia universal de la infamia que comenzara a escribir Jorge Luis Borges. Pero aunque Exxon-Mobil tiene una historia ética harto dudosa, es ahora el gobierno venezolano el infame, es PDVSA la empresa infame.
To be sure. La transnacional tiene un rabo de longitud brontosáurica que se extiende hasta los tiempos de su fundador, John D. Rockefeller, a quien no se le aguaba el ojo a la hora de volar líneas ferroviarias o extorsionar a competidores, a los que compraba para expandir lo que llegó en su tiempo a ser el monopolio petrolero más importante del mundo. (Paradójicamente, Rockefeller se destacó también como uno de los más importantes y generosos filántropos de la historia). La Exxon-Mobil—antes Exxon, antes Standard Oil de Nueva Jersey, antes, simplemente, Standard Oil—exhibe un récord nada envidiable en materia de irrespeto a los derechos humanos, irresponsabilidad ambiental y corrupción.
La revista Forbes, por ejemplo, decididamente partidaria del capitalismo—en 2005 aseguraba que el renunciado Fidel Castro tenía una fortuna superior a los 500 millones de dólares—encontró que Exxon-Mobil había entregado “cientos de millones” de dólares al régimen corrupto de José Eduardo Dos Santos en Angola a fines de la década de los noventa. La empresa habría obtenido de ese modo concesiones en casi 45 mil kilómetros cuadrados de costa angolesa, poniendo la mano a reservorios de petróleo estimados en 7.500 millones de barriles de crudo. Hace cinco años, la oficina federal estadounidense que se ocupa del control de activos extranjeros la acusó de prácticas ilegales de comercio con Sudán. En el mismo año de 2003 la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York anunció que se había dictado sentencia de tres años y diez meses de prisión contra un alto ejecutivo de Mobil Oil Corporation, por la obtención de comisiones ligadas a la actividad de la empresa en Kazakstán y evasión de impuestos. (La sentencia incluyó la obligación de restituir a la administración del impuesto más de tres millones y medio de dólares). En relación con la corruptela rampante en ese mismo país, James Giffen, de la Corporación Mercator—un modesto banco neoyorquino, no la empresa agroindustrial—fue también acusado por corrupción montante a 78 millones de dólares, pagados al presidente Nursultan Nazarbayev para que Exxon-Mobil obtuviera una participación de 25% en el campo petrolero de Tengiz, el tercero más grande del mundo.
Luego, en lo tocante a derechos humanos, la empresa fue demandada en la Corte Federal del Distrito de Columbia en junio de 2001. Según la acción intentada, la Exxon-Mobil sería cómplice de abusos contra los derechos humanos, incluidos el asesinato, la violación y la tortura, en la provincia indonesia de Aceh. La compañía, a conciencia, habría auxiliado materialmente a fuerzas militares que presuntamente cometieron esos actos al reprimir el descontento civil en la región. Y en cuanto a su tratamiento a personal de tendencia homosexual, la empresa obtuvo una sobresaliente calificación de cero sobre cien en el Índice de Igualdad Corporativa en 2006.
Su récord ambiental no es menos tenebroso. Apartando su reprobable comportamiento en los casos de los derrames petroleros del Exxon Valdez (1989) y el ocurrido en Brooklyn a comienzos del siglo XX (desde una refinería de Standard Oil de Nueva York, Socony, más tarde Mobil Oil Corporation), demandado en 2007 por la Fiscalía del Estado de Nueva York, ha salido a la luz el financiamiento ofrecido por Exxon-Mobil a campañas contrarias a la opinión científica que alerta sobre el calentamiento planetario y su relación con la combustión de combustibles fósiles, así como contra el Protocolo de Kyoto. Esta práctica le ha valido la condena de la Royal Society, la academia de ciencias de Inglaterra. La Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists) publicó el año pasado un informe que asegura que la compañía aportó, entre 1998 y 2005, unos 16 millones de dólares a cuarenta y cinco organizaciones que disputan el impacto del calentamiento planetario. El informe acusa a Exxon-Mobil de emplear tácticas de desinformación similares a las de las compañías tabacaleras que pretendieron desacreditar el nexo entre el vicio de fumar y el cáncer de pulmón.
En suma, Exxon-Mobil no está gobernada por querubines.
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Nada de lo que antecede, sin embargo, es pertinente al diferendo entre PDVSA y Exxon-Mobil, que en lugar de atenerse a un acuerdo con la petrolera estatal prefirió, como Conoco, recurrir al arbitraje internacional previsto en los contratos. Otras compañías que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco optaron por conformarse con el valor de libros de su inversión. Por ejemplo, Statoil, empresa noruega, cobró 266 millones de dólares por sus activos, la italiana ENI percibió 700 millones y la francesa Total recibió 834 millones.
Pero las norteamericanas no quieren conformarse con el valor en libros de sus activos, y pretenden un arreglo que los estime en términos de su valor de mercado. Al inicio de los contratos de las operadoras extranjeras en la Faja del Orinoco, el mercado pagaba alrededor de 15 dólares por barril; hoy el barril de petróleo obtiene el precio de 100 dólares. Naturalmente, la discrepancia que arrojan los dos métodos de calcular el valor de la inversión extranjera es muy considerable. Exxon-Mobil ha alegado que su petición—exitosa—de congelar activos de PDVSA hasta por 12 mil millones de dólares busca protegerla de la renuencia venezolana a reconocer el verdadero valor de su inversión en Cerro Negro.
En círculos internacionales se presume que, en el mejor de los casos para Exxon-Mobil, la empresa pudiera esperar a un resarcimiento de 6 mil millones de dólares. Declaraciones recientes de Rafael Ramírez mencionan una cifra no muy lejana a esta estimación. El Ministro del Poder Popular para Energía y Petróleo-Presidente de PDVSA ha manifestado tener en su poder documentos por los que constaría que la compañía demandante aspiraba obtener 5 mil millones de dólares por su participación en la operadora de capital mixto. Dijo Ramírez: “Tenemos documentos en donde Exxon estableció un techo de $5 mil millones, ni la mitad de los $12 mil millones solicitados para la congelación de activos”.
Pero la cosa no se limita a una declaración ministerial. Como se sabe, las acciones emprendidas por Exxon-Mobil han logrado obtener dos decisiones judiciales favorables: una, en los Estados Unidos, ha congelado en cuentas de efectivo de PDVSA la cantidad de 315 millones de dólares; otra, en Inglaterra, es la que impide que la compañía venezolana negocie activos hasta por 12 mil millones. Ya los abogados de la empresa estatal han quemado el cartucho de la aspiración inicial de 5 mil millones de dólares por parte de Exxon-Mobil, al emplear ese argumento en Nueva York ante la Corte Distrital de Manhattan. La jueza a cargo de esta corte ha sostenido el cuasi-embargo de los 300 y pico de millones de dólares, y los defensores de PDVSA se preparan para oponerse a la decisión londinense. En principio aspiran a que la medida que pesa sobre 12 mil millones de dólares de activos de PDVSA sea reducida, de nuevo, al nivel de los 5 mil millones que Exxon-Mobil decía le satisfarían. Esto es, de algún modo PDVSA pareciera resignada a que la gracia nacionalista le cueste, en el caso de Exxon-Mobil, unos cinco millarditos. Ya sabe que no podrá salirse de la suerte pagando solamente el valor en libros de 715 millones de dólares por el arrebatón de Cerro Negro.
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Hasta aquí no hay nada infame. Es perfectamente normal que una empresa exija una cosa y su antigua socia quiera consentir en una cosa distinta. Es normalísimo el procedimiento de arbitraje, más aún cuando éste estaba previsto contractualmente. Es de lo más común que una parte adopte tácticas agresivas, aunque legales, cuando se sienta en peligro. No cabe rasgarse las vestiduras por las acciones emprendidas por Exxon-Mobil en contra de PDVSA, cuando son una respuesta a la emprendida previamente por PDVSA en contra de Exxon-Mobil. De hecho, ni siquiera puede entenderse bien el caso si se lo interpreta como un episodio aislado y restringido sólo a Venezuela. En los últimos dos años las transnacionales del petróleo han visto una mayor agresividad de las petroleras estatales; BP ha sufrido en carne propia este proceso contra sus actividades en Rusia, por ejemplo. La acción de Exxon-Mobil contra PDVSA lleva el piquete adicional de una señal inequívoca a otras naciones estatizantes, como Rusia, Bolivia o Venezuela: que las grandes compañías petroleras privadas han decidido defenderse.
La infamia—DRAE: 1. f. Descrédito, deshonra. 2. f. Maldad, vileza en cualquier línea.—comienza con la absurda politización de la disputa de la República de Venezuela con Exxon-Mobil. La primera reacción venezolana fue de sorpresa, y expresada hasta con cierta moderación. Esto, por supuesto, no podía durar mucho. En lo que canta un gallo la retórica presidencial llevaba las cosas adonde tenían que llegar: a la denuncia de una maniobra más del “imperio” contra la república heredera de Bolívar.
Hugo Chávez así lo hizo, y con característica fanfarronada amenazó a los Estados Unidos con suspender los envíos de petróleo de Venezuela a esa nación. Por unos días gravitó sobre el mercado petrolero mundial una preocupación que contribuyó a nuevos picos de aumento en los precios mundiales del barril de petróleo, y como las calificadoras de riesgo—Moody, Standard & Poor—manifestaron que no modificarían su valoración del riesgo-país de Venezuela por causa de las acciones emprendidas por Exxon-Mobil, pareció que Chávez iba ya encaminado a uno de sus más notables papeles teatrales. Como si fuese un paso preparatorio, PDVSA anunció que suspendía sus ventas de petróleo a Exxon-Mobil. (El petróleo que Exxon-Mobil compra a Venezuela equivale a 6% del volumen total que maneja).
Pero perro que ladra no muerde. A la semana justa de su baladronada, Chávez reculó vergonzosamente. En su último “Aló Presidente”, declaró con la mayor frescura: “Nosotros no tenemos planes de dejar de enviar petróleo a los Estados Unidos”. Naturalmente, ya había recibido explicaciones por las que se enteraba de que tomaría a los Estados Unidos no más de cuarenta días sustituir desde otras fuentes el suministro petrolero proveniente de Venezuela, mientras podrían cubrir el bache momentáneo con su más que suficiente reserva estratégica, que por algo la tienen. En cambio, el descalabro de las finanzas públicas venezolanas sería mayúsculo si PDVSA dejase de remitir petróleo a los Estados Unidos, y esto no parece ninguna buena idea en medio de un año electoral repleto de protestas de toda índole, que han incluido un emblemático asalto popular a un depósito de Mercal en nada menos que Sabaneta, la patria chica del prócer del siglo XXI. Por esto invita ahora Ramírez a Exxon-Mobil a regresar al arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, una dependencia del Banco Mundial, entidad frecuentemente vapuleada por Chávez).
Ahora bien, la infamia más destacada se ha escenificado en terrenos de la muy mediocre Asamblea Nacional. Todo género de improperios y acusaciones salieron a relucir en los “debates” consagrados a la consideración del litigio con Exxon-Mobil. Según más de un diputado, habría que enjuiciar a funcionarios y políticos de la “Cuarta República”, sobre todo porque habrían permitido la vergonzosa renuncia de nuestra soberanía al someter los contratos de la “Apertura Petrolera” al arbitraje que Ramírez ahora acepta. El Día de los Enamorados el mismo Ramírez se había quejado de las rondas de negociación de la “Apertura” en intervención especial ante la Asamblea Nacional: “En las distintas rondas se estableció la figura del arbitraje para resolver las controversias entre las partes. En la primera ronda se estableció el arbitraje pero en el territorio nacional; en la segunda, el arbitraje en territorio nacional pero de acuerdo a las normas de la Cámara Internacional de Comercio; y ya en la tercera, se había establecido el arbitraje internacional en los asuntos que tuviesen que ver con disputas entre las partes, entiéndase, entre las partes privadas y Petróleos de Venezuela”.
Aleccionados así por el Ministro-Presidente de PDVSA, los diputados pasaron a declarar la traición a la patria que habrían perpetrado los negociadores venezolanos de la época. Sin embargo, parecían no estar advertidos de la peor traición de la mismísima PDVSA roja-rojita, que tan recientemente como en marzo del año pasado emitió papeles de deuda cuyo prospecto declaraba: “El contrato estipulará que las Notas serán gobernadas e interpretadas con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York”. Y también: “El Emisor ha consentido a la jurisdicción no excluyente de cualquier tribunal del Estado de Nueva York o de cualquier corte federal de los Estados Unidos en Manhattan, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, o cualquier corte de apelaciones del mismo lugar, y ha renunciado a cualquier inmunidad de la jurisdicción de tales cortes respecto de cualquier demanda”. Y más aún: “El Emisor renunciará a tal inmunidad y acordará no ejercer, por vía de proposición, como defensa o cualquier otra forma, en cualquier demanda, acción o procedimiento, la defensa de inmunidad soberana o cualquier otro alegato que no esté personalmente sujeto a la jurisdicción de los tribunales arriba mencionados por razón de inmunidad soberana u otra causa, o sostener que es inmune a cualquier proceso legal”.
¿Qué tal? ¿No sería Rafael Ramírez, junto con toda la Junta Directiva de PDVSA, convicto evidentísimo de traición a la patria? ¿No sería él el primero que debiera ser puesto preso por tan horrible y antipatriótico delito? ¿Y que hay que decir de su jefe inmediato, perfectamente consciente de esa renuncia flagrante a la soberanía de Venezuela?
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Las contradicciones del régimen chavista son cada día más evidentes. La pobreza argumental del gobierno es absolutamente obvia y, mientras crece el descontento nacional, muy marcadamente entre sus antiguos partidarios, en el escenario internacional crece su ridículo. Hasta quienes le serían ideológicamente afines le reprochan su habladera de pistoladas. La Izquierda Nacional Argentina—que se daba el lujo de criticar a Fidel Castro en 1966 (Ficha Semanal #182 de doctorpolítico, 19 de febrero de 2008)—ha enrostrado a Chávez, hace tres días, su inconsistencia (desde el punto de vista revolucionario): “El presidente venezolano suele aconsejar estudiar los escritos y la práctica de los revolucionarios del siglo XX. Sin embargo parece pasar por alto que todas las revoluciones que desde octubre de 1917 intentaron abrirse camino en dirección al socialismo, partieron de un acto fundacional: la nacionalización de la tierra, del sistema bancario, de la gran industria y del comercio exterior, es decir de la expropiación de la burguesía y la instauración de una dictadura revolucionaria. En Venezuela nada de esto está contemplado en el programa bolivariano. Chávez proclamó el objetivo socialista luego de la contundente victoria electoral en diciembre de 2006. Desde entonces los avances más importantes consistieron en nacionalizaciones, bajo la forma de compras a las multinacionales de una parte del paquete accionario, en las áreas de los hidrocarburos, la electricidad y las comunicaciones, operación que dejó al Estado en situación de socio mayoritario. El camino elegido parece ser el de una coexistencia con el capitalismo, mientras se consolida un área de economía social, con el Estado jugando un papel de contralor en el proceso de acumulación”.
Antes había observado respecto de su derrota del pasado 2 de diciembre: “Casi tres millones de abstenciones no están indicando el retraso de la base respecto al ritmo que le ha impuesto el gobierno al proceso de transformaciones. Parecen más bien expresar el descontento y el malestar de una parte del movimiento chavista ante las limitaciones, vacilaciones y contradicciones de la dirección bolivariana para resolver los problemas de fuerte impacto popular como el desabastecimiento, el aumento constante del costo de vida, la inseguridad y la corrupción de la burocracia; en definitiva para imprimir un giro radical a las tareas nacional-democráticas, tales como la expropiación de los corporaciones monopólicas causantes de la especulación, o la democratización del aparato estatal, controlado por un funcionariado conservador, encargado de desvirtuar o bloquear las mejores medidas del gobierno. Sin embargo, Chávez, que contaba desde febrero de 2007 con poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, además de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, no los utilizó para abordar los problemas vitales que gravitaban pesadamente sobre la situación de las capas más desprotegidas. Los aplicó, en cambio, para indultar a los golpistas de abril de 2002 luego de conocidos los resultados del 2 de diciembre, inclinándose en favor del ala reformista de su movimiento. Asimismo, dispuso la liberación de los precios de algunos alimentos básicos y formuló un llamado a la reconciliación de los venezolanos”.
En suma, ahora que Fidel Castro se retira desde el borde de la tumba, le va a costar mucho a Hugo Chávez la pretensión de erigirse como su sucesor. La izquierda latinoamericana más radical sabe ya que no es más que un aguajero.
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