por Luis Enrique Alcalá | Sep 29, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El 15 de diciembre de 2002, en pleno desarrollo del paro de la “Gente del Petróleo”, remitió el suscrito un “memorándum electrónico” a un conocido abogado venezolano, en respuesta a oblicuas y despectivas alusiones de éste en un documento titulado “¿Por qué el gobierno se resiste al referendo?” El abogado en cuestión, cuyo nombre ha sido sustituido en el texto de esta Ficha Semanal #261 de doctorpolítico por el nombre Fulano, escribía con aparente molestia.
Parecía ser que molestaba al susodicho profesional del Derecho que quien escribe hubiera adelantado opiniones jurídicas sobre temas constitucionales sin ser abogado, y creyó refutarlas apuntando meramente a ese hecho. Pero la verdad era que aquellas opiniones refutaban una vistosa teoría suya, que sostenía la invalidez de la Constitución de 1999 por provenir de un referéndum convocado por una asamblea constituyente, y porque ésta no era figura contemplada por la Constitución de 1961 en su articulado.
La tesis había sido presentada públicamente en la Asamblea Anual de Fedecámaras celebrada en Maturín en julio de 2001, cuando en ella resultara electo Pedro Carmona Estanga como Presidente del organismo. Diez meses después creería ser el Presidente de otra cosa.
En el decreto constitutivo que promulgara el 12 de abril de 2002, Carmona pretendió suspender de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional (Artículo 3), y también destituir de sus cargos al Presidente y demás Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, “así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral” (Artículo 8).
¿Sobre cuál fundamento podía basarse la validez jurídica de tan graves decisiones? La teoría del abogado molesto venía como anillo al dedo, pues si la Constitución de 1999 era nula, los cargos creados por ella eran inexistentes. De hecho, el Artículo 8 del decreto de Carmona sostuvo que las personas afectadas por la destitución detentaban “cargos ilegítimamente ocupados”.
Como la usurpación de Carmona no pasó de treinta y seis horas, nunca hubo oportunidad de ofrecer la explicación antecedente. Pero el abogado molesto iba a ser premiado. En la mañana del día 12 de abril, antes del acto de constitución de su efímero gobierno de facto, Carmona ofreció una rueda de prensa en el Salón de los Espejos del Palacio de Miraflores. A la gran mesa estuvieron sentados unos cuarenta personajes, entre ellos el abogado de la conveniente teoría. Carmona adelantó la noticia de la constitución de un consejo consultivo, y dijo que la mayoría de quienes estaban allí serían miembros de ese consejo, luego promulgado, ilícitamente, en el Artículo 4 de su aberrante decreto vespertino.
La ficha de hoy reproduce las primeras dos páginas del memorándum de refutación que el suscrito remitiera al abogado de marras.
LEA
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Abogado molesto
Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.
Margueritte Yourcenar
Memorias de Adriano
A fines de 1993, Fulano, José Vicente Rangel entrevistaba a Don Arturo Úslar Pietri en el programa que por ese entonces el hoy Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela conducía en Televén. Comoquiera que el tema de una constituyente venía siendo planteado con insistencia desde 1989 (desde el “Frente Patriótico” liderado por Juan Liscano), Rangel inquirió sobre el punto a Úslar Pietri. (En realidad, sobre el tema de una reforma constitucional). Úslar comentó: “Ése es un asunto que debe ser manejado por expertos en derecho constitucional e historiadores”.
Traigo a colación la anécdota porque Úslar Pietri, de estar vivo, habría concurrido contigo en la opinión de que el tema constitucional es asunto técnico y profundo, no propio a la exploración de “algún diletante de la ciencia jurídica”. Asimismo, porque como es práctica común de los pronunciamientos tribunalicios, en particular de aquellos que provienen del Máximo Tribunal, antes de entrar en materia es necesario dilucidar el problema de la competencia. De mi competencia para discutir el tema constitucional.
Porque es que en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión “diletante”, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: “Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional”.
Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo.
Tampoco ignoras, por supuesto, que el argumento ad hominem, por más que se exprese con tu florentino estilo de aludir sin nombrar, es una de las falacias más elementales, menos refinadas, más primitivas. Desde el punto de vista lógico esa clase de argumentación es completamente inválida. De modo que si se tratara de una mera referencia de retórica defectuosa dejaría pasar la atribución de diletantismo, dado que no tiene la menor importancia argumental.
Pero como digo, en tu caso, dada la reiteración, parece revelar una posición tomada, según la cual estaría vedado a los ciudadanos comunes el pensamiento jurídico o, como decía Úslar, el asunto constitucional sería territorio estrictamente reservado a especialistas. No estuve de acuerdo con Úslar en esa ocasión. Indudablemente que los expertos en derecho constitucional son imprescindibles en las tareas constituyentes. También pueden aportar conocimiento relevante los historiadores, sin duda. Pero ése no era el sentido del dictum uslariano, y entonces debo tomar distancia de sus implicaciones. Si la única disciplina pertinente a la deliberación constitucional, aparte del derecho, fuese la historia, de algún modo la prescripción de Úslar equivaldría a recomendar que se acometa la labor constituyente con la vista en el pasado. En cambio, creo que serían de invalorable utilidad los aportes de disciplinas diferentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el diseño orgánico del Estado. Expertos en organización y sistemas, sociólogos, futurólogos, tendrían mucho que contribuir al diseño de una constitución, especialmente en esta época de rupturas paradigmáticas y de cambios planetarios.
Es por esta clase de razones, Oswaldo, sobre las que podría abundar a placer, que rechazo que me descalifiques. Estoy perfectamente autorizado, en tanto profesional, en tanto intelectual y, sobre todo, en tanto ciudadano, para opinar, con responsabilidad, en el tema que ha ocupado nuestra reciente correspondencia la que, de nuevo, en mi caso es frontal y directa, y en el tuyo oblicua e insidiosa. A tu correo anterior te respondí directamente. Tú escoges la distancia olímpica de la alusión innominada.
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Saldado ese punto definitivamente secundario, paso a comentar el nuevo ropaje de tu argumentación jurídico-constitucional, aunque lo haré en mi orden y no en el tuyo, que se me hace farragoso. Será inevitable que repita conceptos y razonamientos, porque tergiversas significado y secuencia lógica de puntos ya dilucidados.
Y voy a comenzar por aclarar un asunto cronológico. Tres años antes de tu conferencia de julio de 2001 en la asamblea de Fedecámaras de ese año, cuatro meses antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enero de 1999, ya había escrito (septiembre de 1998), en un brevísimo artículo cuya intención era refutar ciertas argumentaciones contrarias a la convocatoria de una constituyente: “Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el ‘hilo’ constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ‘Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone’. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente”. Anexo a esta comunicación el texto completo de ese sucinto análisis, a fin de que puedas entender el trozo encajado en su contexto. Igualmente adjunto otro texto más antiguo, “Comentario constitucional”, de octubre de 1995.
Esto es, Fulano, mi argumentación sobre la vaciedad del artículo 250 de la constitución de 1961 no tiene que ver con lo que tú llegarías a sostener varios años más tarde, y que he calificado de peregrino argumento. Sostuviste que la Constituyente de 1999 y su producto, la Constitución vigente, y a pesar de que hubiese sido ésta refrendada en referéndum del pueblo venezolano, son nulas, inexistentes, porque la Constituyente del 99 era “un medio distinto” de los dispuestos por el texto del 61 para su derogación.
En realidad, Fulano, se trata de un asunto más bien sencillo: la constitución del 61 no disponía absolutamente de ningún medio para su derogación. A pesar de esto escribes: “Algún diletante de la ciencia jurídica ha aventurado razonamientos justificativos del proceso en la circunstancia de que la Constitución de 1961 no contemplaba su derogatoria, sino la enmienda y la reforma, como si la derogatoria fuera un mecanismo o procedimiento distinto de la reforma y no el resultado de la entrada en vigencia del texto reformado”.
Este diletante de la ciencia jurídica te muestra a ti, Fulano, que en efecto la constitución del 61 dice a la letra: “o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. No dice “fuere reformada”, ni tampoco “fuere enmendada”. Y tú sabes perfectamente las diferencias de significado. Mi más bien minúscula contribución sólo consistió en descubrir que la redacción del 250 del 61 era, en el mejor de los casos, defectuosa, si es que, como ha sido dicho tantas veces, el famoso 250 fuese intencionalmente un cerrojo definitivo que confería a esa constitución la condición de eternidad invulnerable.
La derogatoria sí puede ser muy distinta de una reforma. Precisamente, la constitución de 1961 no fue jamás entendida como una reforma de la de 1953, que estuvo en vigencia hasta el 23 de enero de 1961, sino como un texto constitucional enteramente nuevo. Por eso dispuso explícitamente: “Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución”. (Artículo 252).
O por ejemplo, nota, por favor, la siguiente redacción: “Mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o implícitamente por la Constitución, se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente”. Creo que ya te habrás percatado de que tal estipulación es, justamente, la Disposición Transitoria Vigésima Tercera (última), de la constitución de 1961 que, como ella misma dice, forma parte integral de la misma constitución. Esa disposición te ilustra, entonces, que algo puede ser derogado sin que sea reformado o enmendado.
Eso por lo que respecta a tu precario teorema que pretende que la constitución vigente en Venezuela es la de 1961, montado sobre la premisa de una frase semánticamente vacía del artículo 250 de esa constitución.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Sep 25, 2009 | Cartas, Política |
No matter how many teachable moments we have, some people won’t be taught.
Frank Rich – Even Glenn Beck Is Right Twice a Day, The New York Times
19 de septiembre de 2009
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La proximidad de algún evento electoral—y hemos tenido bastante más de uno en la última década—hace resurgir temas recurrentes. Uno de los ya clásicos es el de la inconveniencia de criticar a los partidos de oposición.
En verdad, es una de las más reiteradas críticas a nuestra nación que somos una nación criticona. Es lo que Augusto Mijares criticaba—y refutaba—en Lo afirmativo venezolano. Quien escribe ha resonado desde siempre con sus admoniciones. El 8 de agosto de 1994 exponía:
Imaginemos un paciente en grave condición. Está acostado sobre una cama, asaetado por agujas hipodérmicas de todos los calibres, vendado, amarrado, cosido, conectado. Y supongamos que todo el personal médico y paramédico del hospital se agrupa a su alrededor, y que también todos los miembros de su larga familia se hallen presentes, y periodistas, sacerdotes, sepultureros y vendedores de seguros estén también allí, todos hablando en voz alta, opinando, criticando, debatiendo: “Se ve muy mal. Yo vine a verlo ayer y hoy está mucho peor. Ese suero no está goteando casi nada. El adhesivo se le está desprendiendo. Por aquí se está desangrando. Por este lado le está saliendo pus. Qué sala tan horrible, no hay derecho. A mí me han dicho que ese médico es un pirata. A mí me dijeron que bebía. Este paciente no tiene remedio”. ¿Cómo pensamos que puede recuperarse un paciente en estas condiciones?
Naturalmente, la crítica excesiva, para no hablar de la meramente mal intencionada, es un exceso, es malsana, es en sí misma criticable, aunque esto último parezca llevarnos, indefectiblemente, a una iteración paradójica digna del análisis de Bertrand Russell o Kurt Gödel. En efecto ¿cómo podemos criticar a quien critica si al hacerlo nosotros mismos criticamos? ¿No es quien critica al crítico un cachicamo diciéndole al morrocoy conchudo? ¿No debiera caer su propia crítica sobre sí mismo?
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No es éste, por tanto, tema nuevo en nuestra política. En junio de 1986 el suscrito comentaba:
El desempeño incorrecto del sistema político se va agravando en virtud de su propia ineficacia. Asimismo, otro rasgo digno de notar es que el sistema político se comporta en estas condiciones con una exacerbación de sus respuestas alérgicas. Las críticas al sistema sólo se aceptan si provienen del mismo sistema político.
Aún esto mismo es estrictamente controlado… Una de las modalidades de descalificación de la crítica externa consiste en calificar a los críticos de “conspiradores”. En este juego se incurre con frecuencia en contradicción. Por ejemplo, en las últimas semanas, a raíz de debates sobre una presunta vulneración de la libertad de prensa y de opinión, el Partido Social Cristiano COPEI ha censurado el uso de la palabra “conspiración” por parte del Gobierno, en aparente olvido de que fue el propio Dr. Rafael Caldera quien introdujo el tema de la “conspiración satánica” durante 1985, reforzado por artículo de prensa del Secretario General, Eduardo Fernández, justamente bajo el mismo título.
Ni siquiera es tema nuevo para esta publicación. En el ya vetusto #64 de esta Carta Semanal, del 1º de diciembre de 2003, se trataba en el artículo De mangueras y enemigos. Decía, por ejemplo:
Una de las recetas más persistentes, favorita entre quienes pretenden ser entendidos como los más valientes patriotas que Venezuela haya tenido, se presenta en varias versiones. Una de las más vulgares reza: “no debemos pisarnos la manguera entre bomberos”.
Se trata del rechazo que en ciertas cabezas encuentra cualquier crítica que se haga, por ejemplo, a la Coordinadora Democrática, al Bloque Democrático, a los militares de Altamira, a la Gente del Petróleo. “No debemos atacarnos entre nosotros mismos”.
En la mayoría de los casos la prescripción parece contener una gran dosis de sentido común. Si hay base para presumir que la desunión puede conducir a la derrota, entonces parece suicida e irresponsable la crítica de “nosotros mismos”. Tan claro como el récipe de no trancar una mano segura.
Pero ¿qué pasa si lo que se critica es precisamente la aparente sabiduría de una estrategia estúpida? En retrospectiva ¿no hubiera sido mejor que la crítica a la idea del paro de hace un año se hubiera dejado sentir con más fuerza, si hubiera terminado por imponerse?
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“No puede haber democracia sin partidos”. Axioma fundamental de cierta lógica política, esa afirmación se propone como la base de un silogismo que se erige como muralla protectora de partidos concretos ante la crítica. Si no puede haber democracia sin partidos, el ataque sobre ellos, su crítica, equivaldría a minar la democracia misma.
Esta defensa, por otra parte, se aplica prácticamente de forma exclusiva a los partidos de oposición al gobierno actual. Es un discurso que no se consigue entre los partidarios de ese gobierno. En una de sus versiones, esgrimida con frecuencia creciente, se pretende asignar la culpa del advenimiento de Chávez a la crítica de los partidos en la década de 1990, a la “antipolítica”—ya no a una “conspiración satánica”—, a la telenovela Por estas calles de RCTV.
La verdad es que los partidos venezolanos, especialmente Acción Democrática y COPEI, que alternaron en el poder suministrando seis personalidades para ejercer ocho presidencias entre 1959 y 1999, no necesitaron ayuda para deteriorarse ante la opinión pública, no necesitaban que Ibsen Martínez expusiera sus defectos en una telenovela que fue posible porque copió de la realidad política, a pesar de que recientemente él haya llegado a pensar que se le fue la mano y se sienta, sin motivo, culpable de la venida de Hugo Chávez por haber atizado la antipolítica. (Es culpa imposible: Chávez conspiraba al menos desde 1983, y se alzó el 4 de febrero de 1992, casi cuatro meses antes de la salida al aire de Por estas calles).
Este proceso de deterioro, por otra parte, no debe ser atribuido mayormente a la maldad específica de actores políticos concretos. En Venezuela, por sus condiciones propias, por su muy larga historia de caudillos y déspotas y su muy corta historia democrática, por su vulnerabilidad económica intrínseca—en razón de su excesiva dependencia del petróleo—, el proceso planetario de agotamiento del paradigma político clásico se manifestó a la vez con precocidad y crudeza. Es en todas partes del mundo donde la fijación doctrinaria sobre una política de poder y la inscripción en el eje izquierda-derecha produce rendimientos decrecientes. (Obviamente, en términos de las necesidades de los pueblos. Los gobernantes de la Realpolitik ambidiestra sí obtienen evidente usufructo del ejercicio del poder).
Mientras la “política realista”—o “política de poder”—se revelaba cada vez más como improductiva (c. f. John A. Vasquez, The Power of Power Politics, 1983 y 1998), y cuando el método ideológico se hacía claramente irrelevante, nuestros partidos respondieron a su crisis echando más leña al fuego, con oportunismo, laboratorios de guerra sucia y congresos ideológicos. Insistieron en la interpretación de que, en realidad, no estaba pasando nada.
Y bastante antes de que pudiera decirse que hubo una actividad “antipolítica” en Venezuela, los estudios de opinión anticiparon la crisis de credibilidad partidista que se avecinaba. Tan temprano como en 1984 la encuestadora Gaither mostró cómo, en el lapso de un año, el porcentaje de encuestados que no lograba identificar un “mejor partido” entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros—es decir, todos—saltó bruscamente de 27% a 43%, o casi la mitad de la opinión pública. Tradicionalmente, la abstención electoral en Venezuela había sido mínima; todavía para las elecciones presidenciales de 1983, la abstención fue de sólo 12%. Seis meses después, la abstención creció a 40,7% en las elecciones municipales de 1984. Dos años más tarde la empresa Datos registraba que ya 58% de sus entrevistados prefería un candidato presidencial que no viniera de los partidos. Etcétera.
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Es obvio que la práctica de la política requiere organizaciones. El término polis designaba a la clásica ciudad-Estado griega, y de allí viene nuestra palabra. Y es que polis significa muchos, y por ende la política es una actividad impracticable en soledad. Las organizaciones políticas son, pues, imprescindibles.
Pero esto no equivale a admitir que las organizaciones necesarias o adecuadas son exactamente los partidos políticos de la actual oposición venezolana, o aceptar que éstos deben gozar de inmunidad a la crítica. De hecho, cuando los estudios de opinión arrojan que los apoyos ciudadanos a todos los partidos de la oposición en conjunto están en el orden de 10% de los consultados, una inmensa mayoría de 90% de los venezolanos indica que no son ellos las organizaciones necesarias o adecuadas.
Tampoco puede sostenerse que esto último sea un fenómeno momentáneo. Hace años que las preferencias por cualquiera de los partidos de oposición se mide con un dígito inferior a cinco o en decimales, y que sumados todos no componen siquiera la quinta parte del electorado. Para la última elección de Asamblea Nacional (diciembre de 2005), las mediciones en las encuestas hacían presumir que el conjunto de partidos de oposición, a lo sumo, podría obtener no más de 15% de las curules en disputa, y eso que todavía operaba un esquema de representación proporcional de las minorías, que ahora ha sido llevado a un mínimo por la recientemente promulgada Ley Orgánica de Procesos Electorales. Fue esa desagradable expectativa lo que en verdad llevó a los partidos de oposición, luego de encontrar un buen pretexto, a retirarse irresponsablemente de tales elecciones y entregar de ese modo el control absoluto del Poder Legislativo Nacional a Miraflores.
Ahora aparece en la agenda política de la nación una nueva elección de Asamblea Nacional, precedida de la elección de concejales y miembros de juntas parroquiales. ¿De qué desempeño reciente vienen los partidos de oposición? En las elecciones de gobernadores y alcaldes del 23 de noviembre de 2008, hace menos de un año, la oposición formal logró un avance significativo: cuando hasta ese momento contaba sólo con las gobernaciones de Nueva Esparta y Zulia, logró sumar a ellas las de Carabobo, Miranda y Táchira, así como la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.
Pero las candidaturas oficialistas se alzaron con el resto de las gobernaciones (18) y ganaron 281 alcaldías, mientras los partidos de oposición, todos juntos, lograron convertir a sus candidatos en sólo 54 alcaldes. ¿Son éstos resultados auspiciosos?
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Además del cómodo teorema de que no se debe atacar a los partidos porque así se debilita a la democracia—que justamente existe para que pueda haber crítica y diversidad de opiniones—, otro silogismo de aceptación casi universal es que la oposición debe ir unida a sus confrontaciones electorales con el gobierno. En abono a esta tesis son señalados los ejemplos de la gobernación del estado Bolívar y la Alcaldía de Valencia, circunscripciones en las que la ausencia de un esquema unitario redundó en triunfo oficialista.
De nuevo, el razonamiento parece impecable. Si “vamos” desunidos se le sirve la mesa al gobierno.
Sin embargo, hay alianzas que restan en lugar de sumar. Una entrevista a Irene Sáez pudiera conocer su opinión acerca de lo útil que resultó ser la fusión de su candidatura con COPEI, y otra a Henrique Salas Römer sobre cómo afectó el tardío apoyo de Acción Democrática a la suya, eventos que sí contribuyeron decisivamente al triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998. (Y es mucha la tentación de reproducir, una vez más, la definición de bote salvavidas de Jardiel Poncela: “Lancha que sirve para que se ahoguen juntos los que se iban a ahogar por separado”).
Hay casos en los que pareciera bastar, incluso, un solo partido para asegurar una mayoría de candidaturas exitosas a la Asamblea Nacional el año que viene. De no sobrevenir sorpresas, por ejemplo, Primero Justicia y sus aliados debieran ser capaces de llevar a la Asamblea Nacional más diputados por el estado Miranda que el PSUV. Igual cosa parece capaz de lograr Un Nuevo Tiempo en el caso del Zulia, y la gente de Morel Rodríguez, quizás, pudiera hacer lo propio en Nueva Esparta. (El asunto no es tan claro en Carabobo y Táchira; en estas dos circunscripciones, luchas intestinas debilitan las opciones partidistas).
Y es que la estructura latente de las preferencias partidistas, a estas alturas y grosso modo, arroja la siguiente composición: a favor del PSUV se pronuncia hoy un 25% de los consultados por las encuestadoras; por la suma de los partidos de oposición un 10% apenas. La muy grande mayoría nacional no está alineada a lo largo de ningún partido, y lo estratégicamente lógico, consistente y sensato sería entonces producir candidaturas no alineadas, con un discurso no alineado que alcance a una población no alineada.
Esto es más importante ahora que hay una nueva legislación electoral, pues el mayor peso se concede en ella a los diputados nominales. Como cantaba el grupo ABBA, The winner takes it all, y esto significa que es preciso llegar de primero. En los cotejos nominales no hay subcampeones.
En síntesis, la crítica seria a los partidos es necesaria; ella no se hace por deporte ni como actividad placentera. Sobre todo con Acción Democrática y COPEI tiene el país una deuda inmensa, puesto que ellos crearon la democracia venezolana y produjeron gran parte de la institucionalidad del país, mientras atinaron en muchas de sus políticas públicas. Pero su tragedia es que no han podido superar la entropía que los ha carcomido para reducirlos a una sombra ineficaz, y esto seguirá peor porque reiteran los mismos remedios que ya no funcionan.
El primer deber de un partido político es el de leer la realidad honestamente y sacar las consecuencias que de ella se derivan; si la suma de los partidos de oposición sólo entusiasma a la décima parte de los electores venezolanos, una aplicación estricta del principio de representación proporcional de las minorías—que unánimemente defienden en su crítica a la LOPE—implicaría que sólo uno de cada diez diputados debiera provenir de su alianza perfecta. El país tendría que encontrar la manera de identificar los restantes nueve fuera de esos partidos.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 22, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
La Ficha Semanal #260 de doctorpolítico se compone con una sección de larguísima carta enviada a un amigo del suscrito, en octubre de 1997, para alimentar su necesidad de saber, mientras estaba en el exterior por unos pocos meses, cómo se perfilaba el arranque del año siguiente, año de elecciones en Venezuela. La sección corresponde al reporte de la convención del partido COPEI que terminó asumiendo la candidatura presidencial de Irene Sáez, y es particularmente dura hacia la candidata y, sobre todo, hacia Luis Herrera Campíns.
El fragmento reproducido sugiere que el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 no era inevitable, y que las ejecutorias de los principales partidos de entonces, AD y COPEI, permitieron que Chávez, que en 1997 tenía una intención de voto a su favor que no superaba 7%, resultara ganador, mientras que Sáez, que llegó a disfrutar de más de 60% de esa intención, se hundiera como el Titanic. La razón principal de ese hundimiento fue que Sáez, cuya imagen era de independiente, la destrozó al aceptar el apoyo de una de las mitades del bipartidismo que la mayoría del electorado rechazaba, a esas alturas, con ferocidad. Al negar lo que había parecido ser su esencia, los electores sólo encontraron dos candidatos para desaguar su bipartidismo—Salas Römer y Chávez—y uno de ellos no podía ocultar su tufo de conservador elitesco. La votación fue hacia el que de ellos dos se parecía más a la mayoría pobre.
En el texto se menciona al “maletinazo” y el “cuñazo”, hitos desagradables en la historia de COPEI. El primer término alude a la compra de votos a favor de la candidatura de Lorenzo Fernández en una convención electoral del partido, por parte del calderismo, contra la de Herrera. (Gente del bando de este último admitió al suscrito, no obstante, que el lado herrerista era el que había lanzado la primera piedra a este respecto). El “cuñazo” es descrito por el politólogo Herbert Koeneke del siguiente modo: “En 1988, el comando de campaña de Eduardo Fernández, ante la abrumadora ventaja de Carlos Andrés Pérez en las encuestas de intención electoral, decidió transmitir un comercial, al que se llegó a denominar ‘el cuñazo’, en el que se atacaba a los gobiernos precedentes, incluido el de su correligionario Luis Herrera Campíns, por la pésima situación económica en que habían dejado al país”. (El Universal, 13 de octubre de 1998).
En cualquier caso, la candidatura Sáez—promovida inicialmente por Enrique Mendoza, de cuyo presupuesto mirandino vivió COPEI por esa época en gran medida—fue uno de los puntos más bajos, si no el más bajo, de toda la historia de un partido otrora glorioso y que hoy en día aparece en las encuestas en el rubro “otros”.
LEA
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Punto bajo
Los aspectos sustanciales de la Convención de septiembre pudieron ser predichos con matemática exactitud bastante antes de su celebración. Se conocía la redacción, en términos generales, de la reforma estatutaria que sería propuesta y aprobada para abrirle la puerta a la candidatura Sáez; se sabía que el informe político del Secretario General procuraría la reconfirmación de la estrategia oficial—modificada con lo necesario para acomodar las realidades divisionistas de los socios de su alianza—anunciada en noviembre de 1996; se sabía que Eduardo Fernández sería de nuevo inmisericordemente vapuleado.
Una cosa, sin embargo, destacó adicionalmente con claridad. La XXI Convención Nacional de COPEI fue la convención de la revancha de Luis Herrera Campíns. Los dos sorprendentes discursos pronunciados allí por el Presidente de COPEI llamaban profundamente a la preocupación.
El primero de ellos, el discurso de instalación oficial de la convención, estableció un tono pugnaz y reconcomiado desde el mismo arranque del evento. Y la pugnacidad iba claramente dirigida contra dos personajes, Rafael Caldera y Eduardo Fernández, y contra una institución, Acción Democrática.
El segundo discurso, en buena medida dirigido a contrarrestar un discurso de reconvención de José Antonio Pérez Díaz, detalló puntos de reconcomio hacia Caldera y Fernández—“aquel desaguisado del maletinazo en Radio City… aquella espantosa estupidez política del cuñazo”—pero incluyó además lo que tal vez sea la más abierta declaración de populismo y clientelismo que se le haya escuchado a un dirigente nacional de importancia. Ya al término de éste su segundo discurso, Luis Herrera Campíns pronunció las siguientes palabras: “…les voy a decir por qué creo que necesitamos ganar: no por ustedes, que al fin y al cabo—unos por razón de experiencia estamos jubilados, otros por razón de méritos están desempeñando importantes responsabilidades en los organismos representativos—tenemos nuestro medio de vida asegurado, ni de la mayor parte de los dirigentes municipales y regionales del partido que también tienen su vida, por lo menos a corto plazo, asegurada. No, no por ellos, sino por los que no tienen cargos en la burocracia, por los que no tienen acceso a la administración pública para plantear sus problemas y que se los resuelvan, para que se les escuche su pobreza, para que se les dé una muestra de afecto y de solidaridad, que se los podría dar un Presidente copeyano o un gobierno donde el Partido COPEI sea también partido de gobierno…”
Debo admitir que tan descarada declaración me produjo una muy desagradable sensación, aunque ya había escuchado que esa racionalización herrerista estaba siendo ofrecida a más de un copeyano: ganemos para que puedan tener cómo vivir. Resuélvanse, asegúrense de estar “cubridos”—como diría la inefable Blanca Ibáñez—con un triunfo electoral. No imaginé nunca, sin embargo, que el presidente de ese partido se atreviera a presentar un argumento tan alejado de la ética socialcristiana en el seno de una Convención Nacional, ante unas cámaras de televisión que transmitieron al país todo el discurso.
A partir de ese momento comencé a pensar que mientras Luis Herrera Campíns fuese el máximo estratega de COPEI este partido no tendría futuro. COPEI ha sufrido demasiado tiempo las consecuencias del distanciamiento y enemistad entre Rafael Caldera y Luis Herrera Campíns. Por eso escribía en artículo que me publicó el diario El Nacional, poco después del triunfo electoral de Caldera en 1993: “Poco falta para que en Oslo los señores De Klerk y Mandela reciban juntos, hermanados, el Premio Nóbel de la Paz. ¿Es que hay en Venezuela una rencilla de mayor monta que la que representaban Mandela y De Klerk en África del Sur?… Hoy en día las Alemanias separadas ya son una sola, hoy en día los Estados Unidos y Rusia cooperan, Israel y la Organización para la Liberación Palestina cooperan. ¿Son los conflictos venezolanos más importantes que los de estos antiguos enemigos?… En 1992, ¿había entre COPEI y Pérez una diferencia menor que la que hay hoy día entre COPEI y Caldera? En ese año la intención del salvamento de la democracia sirvió para la participación de COPEI en el gobierno de Pérez. ¿Es que hoy en día la situación nacional es menos apremiante que entonces?… Es difícil encontrar algún punto en la ‘carta de intención’ de Caldera, resumen de su programa de gobierno, que colida frontalmente con algún postulado doctrinario de COPEI. ¿Qué argumento podría esgrimirse, entonces, para que COPEI negara su apoyo a Rafael Caldera?”
Y sin embargo, ahora COPEI dice que admitirá alianzas electorales hasta con Convergencia—luego, por supuesto, de procurarlas con ambos fragmentos del MAS y de la Causa R—pero nunca con Acción Democrática, organización que vendría siendo, en la interpretación estándar del herrerismo, la encarnación de las huestes satánicas.
Un partido que se deje conducir desde el reconcomio, a partir de un complejo de Edipo irresuelto, de una fijación patológica que no le permite concebir otra razón de ser que la de oponerse a un “adversario histórico”, será un pobre partido, pues no acierta a proponer nada constructivo. La conducción que Luis Herrera Campíns ha impreso a COPEI es a todas luces nefasta, para el partido y para el país. COPEI tiene que encontrar un modo de neutralizar la influencia del ex presidente Herrera quien, si a lo mejor es un estratega eficaz de votos y oportunismos, es ciertamente, en tanto hombre de Estado, una pobre y dañina figura.
Él es el justificador de la candidatura de la Srta. Sáez, y ha indicado que no hay que preocuparse por el problema de sus capacidades porque “modernamente el poder es compartido” y que explica su prominencia en las encuestas porque ahora vivimos en una “civilización de la imagen”. El cinismo parece ser el estilo que nos propone el actual Presidente de COPEI.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Sep 17, 2009 | LEA, Política |
Por estos días corre, en predios donde el análisis político es sofisticado, una preocupación opositora por el efecto desmoralizador que pudieran tener resultados adversos, en las inminentes elecciones de concejales y miembros de juntas parroquiales, sobre el desempeño en las elecciones más cruciales y portentosas de la Asamblea Nacional.
Una tal inquietud no existiría, por supuesto, si no se temiera que el oficialismo volverá a arrasar en las primeras elecciones. Las referencias recientes no son, naturalmente, muy esperanzadoras. En el referéndum celebrado el 15 de febrero, el gobierno ganó en 281 municipios del país, mientras que la oposición solo logró triunfar en 54 de ellos.
Sin duda, la elección de concejales y miembros de juntas parroquiales no es lo mismo que un referéndum polarizador a nivel y escala nacionales. En principio, esos funcionarios están más cerca de los problemas del ambiente vecinal y urbano de los habitantes, y más alejados de las grandes cuestiones ideológicas que se dirimen en el teatro político general. La proximidad de los candidatos a sus comunidades les hace más evaluables en términos de su posible aporte a la solución de problemas más cotidianos e inmediatos.
No obstante, hay un efecto perverso de la conducta reciente del gobierno central sobre esa razonable presunción. Al haber enfilado, a partir de los resultados del 23 de noviembre de 2008, contra las alcaldías y gobernaciones ganadas por candidatos de oposición, al recortar o regatear los recursos de las mismas, emite una terrible señal: que la existencia de un acueducto o de una escuela municipal, que la eficaz vigilancia policial de los vecindarios, que la puntualidad del aseo urbano, va a depender de la sumisión de los concejales y miembros de juntas parroquiales a los designios del Palacio de Miraflores, por cuanto no habrá recursos para quienes le adversen; antes bien, experimentarían todo género de obstáculo y entorpecimiento. Ergo, por mero y sencillo interés local, convendrá votar por candidatos cuadrados con el gobierno nacional; sólo así llegarían los recursos para el asfaltado de nuestras calles o la construcción de las cloacas que necesitamos.
Se trata de una brutal política de deslealtad con el pueblo, aunque de probable eficacia electoral a corto plazo solamente. Porque, si elegimos a favoritos del chavismo porque nos darían la mejor probabilidad de que haya recursos para el trabajo sobre problemas municipales y parroquiales, y la realidad resultare ser de expectativas insatisfechas por incumplimiento, la factura política no se hará esperar, a interés compuesto, en subsiguientes elecciones.
A lo mejor el gobierno fue tan diabólico como para prever ese efecto perverso. A fin de cuentas, casi que se dedica exclusivamente a planificar confrontaciones y diseñar tácticas abusivas para reducir y maniatar a la oposición. Pero es una política que no prosperará a plazo mediano y largo: el pueblo aprende cuáles son los gobernantes que se conducen de manera gangsteril, el pueblo conoce cómo se comportan ciertos actores cuando tienen el poder.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 17, 2009 | Cartas, Política |
La política responsable es la que puede ofrecerse responsablemente, sin promesas insinceras, inalcanzables o meramente vagas. Es la política que promete lo que puede cumplir y, en política, más de una vez lo que se puede cumplir es sólo que se tratará lo más que se pueda, hasta donde se pueda, de lograr la solución o tal vez la simple mejora de un problema público mediante la implantación de ciertas políticas. Cuando algún candidato aspire a algún cargo público, sea éste legislativo, ejecutivo o contralor, su campaña electoral será responsable en la medida en que se atenga a la regla enunciada. Sus promesas electorales no debieran rebasarla.
Los médicos, usualmente, no prometen larga vida a los enfermos terminales, a los desahuciados. No mienten. Los médicos no le pintan a un jorobado un futuro atlético. Del mismo modo, los políticos no debieran mentir al electorado. Ningún demagogo puede ser tenido por verdadero político, por alguien que entienda su misión en la vida el alivio de los problemas públicos.
Ningún político serio puede prometer que eliminará la pobreza, como se prometiera en la campaña presidencial de 2006; ninguno puede decir que eliminará la corrupción, como se prometió en la misma campaña, porque todo control imaginable de los erarios públicos puede ser violado y, hasta que la especie humana sea reprogramada genéticamente para evitarlo, sus poblaciones tendrán todas una minoría de miembros con propensión irresistible al peculado; ningún presidente puede garantizar que no habrá crímenes en la sociedad a la que debe servir, ninguno que acabará con la delincuencia. Ni siquiera a plomo limpio, como un cierto candidato a gobernador prometía en 1989 a los electores de su estado. Lo más que puede hacerse a esos respectos es moderar las dimensiones de las dolencias públicas habituales.
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Los electores venezolanos tenemos por delante unas cuantas elecciones. Las de Asamblea Nacional, el año que viene; dos años después las presidenciales; este mismo año las de concejales y miembros de las juntas parroquiales. Los candidatos a los cargos derivados de estas elecciones tendrán que hacer promesas electorales. El objeto fundamental de toda campaña electoral es una promesa. ¿Cuáles serían los tipos de promesa que debiéramos permitir, que pudiéramos admitir los electores?
Por ejemplo, un candidato a la diputación a la Asamblea Nacional no puede prometer resultados ejecutivos, puesto que las atribuciones de ese órgano del Poder Público son legislativas, indagatorias, contraloras, de autorización o aprobación, limitantes del Poder Ejecutivo. Pero como cada diputado individual no es sino uno entre muchas decenas de iguales, un candidato a la Asamblea Nacional no puede prometer una ley cualquiera que considere beneficiosa a la comunidad o parte de ella sin dañar otras partes. Lo que pudiera prometer es que intentará persuadir a sus colegas—en número suficiente para su aprobación—acerca de su bondad. Si en su campaña, por caso, hubiera ya convencido a dos candidatos más, y si éstos resultaren electos, pudiera anticipar que presentará un proyecto legislativo, puesto que la iniciativa de las leyes puede ser ejercida por un grupo de tres diputados. Hasta allí; no puede prometer más. No puede decir a los electores del estado Guárico que serán felices por su causa o a los electores del municipio Brión que meterá al Presidente de la República en cintura. Por supuesto, puede prometer con sinceridad que trabajará para lograrlo, puede prometer que dará su voto a favor de una legislación que proteja los árboles de caimito o que privilegie las relaciones de Venezuela con las islas Caimán, suponiendo que ella se presente a la discusión en cámara.
Cualquier otra cosa prometida por un candidato a la Asamblea Nacional constituye una promesa irresponsable.
Otra cosa distinta es su explicación honesta al electorado de cómo entiende la cosa política, de cómo ve o comprende los problemas de la nación o alguna de sus regiones, de los criterios que emplea para juzgar la cosa pública. Esto también es una obligación, pero no es una promesa estrictamente, más allá de la obvia de que regiría su actuación como diputado con arreglo a ese entendimiento, esa visión, esos criterios.
Esto es, entonces, lo que puede prometerse, y en buena medida lo que se promete es una conducta antes que resultados concretos. Es por esto, seguramente, que Bárbara Tuchman predicaba así, en el epílogo de La marcha de la locura:
Conscientes del poder controlador de la ambición, la corrupción y la emoción, puede ser que en busca del gobierno más sabio debamos encontrar primero la prueba del carácter. Y esa prueba debiera ser el coraje moral. (…) El problema puede no ser tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como uno de educar al electorado para que reconozca y premie la integridad de carácter y rechace lo postizo.
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Un candidato a la Presidencia de la República puede prometer, ciertamente, muchas más cosas, puesto que un presidente tiene mucho más poder, y éste es fundamentalmente ejecutivo. El Presidente de la República tiene una enorme organización bajo su mando, con atribuciones de intervención en muchos aspectos de la vida de la comunidad nacional. (En especial desde que tenemos al actual gobernante, que ha expandido brutalmente su radio de acción en detrimento del territorio que antes era prerrogativa de la sociedad. El Estado de Chávez ha arrancado facultades que antes ejercía el enjambre ciudadano por su cuenta, ha sido un invasor de la ciudadanía, incluso de la de sus partidarios, que ya se atreven a señalar cómo es que su “hiperliderazgo” no deja espacio a otros líderes, ni siquiera a una “dirección colectiva”).
Pero aun con esas recrecidas facultades ningún presidente puede hacer, o garantizar que se haga, cosas que la sociedad hace por sí misma. Es esta limitación fundamental la que hace que cualquier “proyecto-país” sea en principio un espejismo. Los países tienen la costumbre de hacerse ellos mismos, y lo hacen sin proyecto. Incluso bajo férulas tan apretadas como la que impusiera José Stalin, la mayor parte del aporte soviético al mundo se debía al trabajo, a la acción de los pueblos soviéticos, no a la de su régimen totalitario.
Allá por 1980 llegó a manos del suscrito un documento inusual. Era la declaración completa y precisa, aunque escueta, de las políticas del Ministerio de Industrias de Israel, explicadas en cincuenta páginas a lo sumo. Llamó su atención porque contrastaba con los documentos típicos de nuestra costumbre en planificación pública. Por ejemplo, el Plan Petroquímico Nacional, en siete u ocho tomos, promulgado durante el primer gobierno de Rafael Caldera. Era tan detallado, y sus componentes estaban tan íntimamente trabados, que nunca fue llevado a la práctica en proporción apreciable, entre otras cosas porque, al no completarse unos cuantos eslabones colocados al principio, las cascadas de proyectos que dependían de aquéllos se veían irremisiblemente interrumpidas. El V Plan de la Nación, ensamblado durante el sucesor de aquél, Carlos Andrés Pérez, no llegó al cincuenta por ciento de metas ejecutadas, como tampoco Mi compromiso con Venezuela, el programa de gobierno de Luis Herrera Campíns recogido en dos volúmenes, fue llevado a la práctica en proporción significativa. Las innumerables promesas programáticas del gobierno de Hugo Chávez, desde el Eje Orinoco-Apure hasta la universidad en Miraflores, pasando por el plan de conversión del Aeropuerto de la Carlota, típicamente se quedan a mitad de camino, cuando no en la primera piedra y el más reciente discurso.
En cambio, el documento israelí se limitaba a describir cómo se comportaría el Ministerio de Industrias ante ciertas circunstancias, y a enumerar cuáles prioridades e iniciativas fomentaría o apoyaría. De nuevo, el “plan” del fomento industrial israelí era más un compromiso de conducta que un conjunto de proyectos públicos excesivamente articulado y concatenado. El ejemplo encierra una lección, e ilustra cómo no es lo serio y responsable que los candidatos a Presidentes de la República prometan programas de gobierno demasiado específicos.
De nuevo, las poderosas atribuciones conferidas al presidente venezolano—veintitrés especificadas en la Constitución en su Artículo 236, amén de “[l]as demás que le señale esta Constitución y la ley”—no pueden lograr lo imposible. En Krisis, Memorias Prematuras (Ex Libris, 1986), quien escribe contaba:
Fue pensando sobre todo en el drama de Luís Herrera Campíns que escribí el primero de una serie de artículos que publiqué en El Diario de Caracas durante 1983. Lo llamé: Lo que puede hacer un presidente. Advertía allí sobre la verdadera capacidad de un jefe de gobierno venezolano. Estábamos en período electoral y pronto nos lloverían las promesas. Un presidente en Venezuela puede, aparentemente, lograr mucho, considerando la acumulación de mando que administra. Para moderar las expectativas recordé la fábula de la industria petroquímica nacional. Durante años había arrojado pérdidas, llegando a convertirse en uno de los clásicos quebraderos de cabeza de la administración pública venezolana. Luego fue entregada a la gerencia petrolera local. En cinco años dejó de ser lo que era y rindió su primer flujo de caja positivo. Ahora bien, este exitoso experimento era justamente eso: un experimento de laboratorio en condiciones harto especiales. La nueva gerencia era la mejor gerencia del país, y actuaba sin limitaciones prácticas de fondos y sin la incidencia del constante escrutinio al que se somete a un Presidente de la República. Ninguna de estas condiciones son asequibles a un jefe de gobierno. Ninguna lo era en esos momentos para Luís Herrera Campíns. Ninguna lo sería para su sucesor.
Si algo conoce ya la conciencia de Hugo Chávez—y prefiere no pensar en eso—es que mucho de lo que criticaba en sus antecesores, a los que despreciaba, no ha podido él remediarlo, a pesar de contar con poderes muy marcadamente mayores que los de ellos, prácticamente dictatoriales, y con presupuestos mucho más ricos. Si supo conseguir pretextos para alzarse en armas, en violación de nuestro marco constitucional, por comportamientos mucho peores que esas excusas tendría que admitir que hubiera debido alzarse contra sí mismo muchas veces más.
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Y es que un Presidente de la República no es el jefe del país. El Presidente no debe mandar a los ciudadanos; éstos pueden mandarle a él. El Presidente de la República es, meramente, el jefe del aparato del Poder Ejecutivo Nacional, el que debe dirigir en el servicio exclusivo de la comunidad.
Nosotros debemos tomar conciencia de los límites presidenciales y de nuestra propia soberanía sobre nuestros presidentes. Por eso hace residir Tuchman la clave del asunto en la educación del electorado. No es que no sean importantes las luces que puedan adornar a un gobernante, sino que más importante aún son las que deben distinguir a un pueblo mejor preparado para la democracia, para que, entre otras cosas y muy precisamente, sepa escoger bien a quien le conferirá poderes enormes.
Esta publicación ha reproducido más de una vez estas palabras de John Stuart Mill:
Un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si, por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho.
Pero, claro, las condiciones del estadista, y antes del candidato, son muy pertinentes. Un candidato idóneo a la Presidencia de la República debiera satisfacer, al menos, las condiciones que Alexis de Tocqueville, en El Antiguo Régimen y la Revolución, consideraba esenciales al “verdadero arte del Estado»: “…una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro…”
Tales rasgos o talentos no son el contenido de una promesa, de una tesis política, de un programa; tan sólo son objeto de ostensión, tan sólo puede mostrárselos.
Las tesis políticas, por lo demás, no se fabrican en laboratorios políticos para luego encontrar líderes que las asuman. En la práctica humana, ellas vienen encarnadas en los líderes. El programa de Roosevelt, el de Reagan, el de Clinton, el de Obama no existieron antes de lo que fuesen sus convicciones más acendradas acerca de la conducta correcta del gobierno; cada uno de esos programas fue el desarrollo, justamente, de esas convicciones, con el auxilio experto que siempre es aconsejable para evitar que el candidato diga necedades.
Así que la promesa más básica que puede hacer un candidato a gobernar es una política seria, una política responsable.
Porque es que si se trata de elegir a un hombre, es a él, a su carácter, a su trayectoria, a lo que debe dirigirse la atención ciudadana. Es lo que nos daría la pista para saber, más que el contenido concreto de sus decisiones, por lo demás de absoluta importancia, cómo se comportaría en el poder.
luis enrique ALCALÁ
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