REF #16 – Comentario constitucional

En la discusión, ya bastante larga pero poco fructífera, acerca del problema constitucional venezolano, los aportes argumentales tienden a centrarse casi exclusivamente sobre el punto de la necesidad o conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente. Es decir, el problema queda casi reducido a la discusión acerca del mecanismo o procedimiento conveniente para dotarnos de un nuevo texto constitucional y poco se debate en materia de los contenidos mismos de la cuestión.

Debe reconocerse, por supuesto, que el actual Presidente de la República dirigió una Comisión Bicameral del Congreso para la reforma del texto constitucional de 1961, y que en ese trabajo, así como en el posterior –a raíz del estado de alarma congresional como consecuencia del 4 de febrero de 1992– es posible hallar algunas innovaciones que mejorarían en algo el funcionamiento del Estado venezolano. Pero aun estas posibles modificaciones se encuentran atascadas. No se ha hecho realidad lo expresado en el documento de campaña de Rafael Caldera (“Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”): “El nuevo Congreso debe asumir de inmediato al instalarse, su función constituyente”. (Dicho sea de paso, todo lo que en ese documento se refiere a acciones del Congreso de la República en materia constituyente o legislativa ordinaria es un evidente exceso, dado que el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo y, por tanto, mal puede prescribirse a los legisladores tareas en un texto que corresponde a la “intención” de quien para ese entonces aspiraba a la Presidencia de la República).

Ahora bien, en el transcurso del trabajo parlamentario (Comisión Oberto) de 1992, el número de proposiciones de enmienda o reforma creció de manera verdaderamente tumoral. El 29 de julio de 1992 Luis Enrique Oberto, Presidente de la Cámara de Diputados, remitía a Pedro París Montesinos un Proyecto de Reforma General de la Constitución (aprobado por los diputados el día anterior) y que contenía ¡103 artículos! (De hecho, la cantidad de modificaciones era muy superior a este número. Para dar una idea, tan sólo el Artículo 9º del proyecto de reforma aspiraba modificar el Artículo 17 de la Constitución vigente y para esto sustituía cuatro de sus ordinales por nuevas redacciones y además añadía quince ordinales adicionales).

Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que algo estaba fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). Así escribió, poco antes de que el proyecto de Oberto fuese concluido, en “Lo democrático es consultar a la ciudadanía”: “Si nuestra Constitución, con apenas 31 años de vigencia, requiere ya de noventa reformas para «perfeccionar» materias que a todas luces deben ser modificadas a fondo, mejor es que la escribamos de nuevo, con nuevos enfoques y nuevas aproximaciones a las realidades del país y de su entorno geopolítico, económico, sociocultural, militar, administrativo y ecológico. Tarea, eso sí, para nuevas mentalidades y nuevas escuelas de pensamiento”.

Este punto de Peñaloza es crucial, porque si se admite que el problema no es de reforma a un texto, sino el de producir un texto nuevo, una nueva Constitución y no una modificación, por más amplia que ésta sea, al texto de 1961, entonces el Congreso de la República no está facultado para acometer esta tarea.

Veamos. La doctrina constitucional generalmente aceptada establece que el poder supremo dentro de un Estado como el venezolano es el del poder constituyente original, básico, o primario. Este poder constituyente no es otro que el del conjunto de ciudadanos de la Nación. Se trata de un poder absoluto, verdaderamente dictatorial: “El poder constituyente es un derecho natural que tiene todo pueblo, ya que este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente, no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución”. (Esto escribe el Dr. Ángel Fajardo en su “Compendio de Derecho Constitucional”, Caracas, 1987).

Además de este poder original y supremo, no sujeto ni siquiera a la Constitución vigente ni a ninguna anterior, el Congreso de la República es un poder constituyente constituido, y limitado en su función reformadora en dos sentidos.

Es decir, el Congreso de la República tiene el papel principal, según lo dispuesto en la Constitución vigente, para enmendarla o reformarla, sujeto, en primer término, a la aprobación de una mayoría calificada de las asambleas legislativas estatales (en el caso de enmiendas) o del pueblo mismo en referéndum (en el caso de reformas).

Pero hay todavía una limitación más básica, como explica Ángel Fajardo en la obra citada: “El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente”.

Esto significa, repetimos, que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente. Y entonces la convocatoria puede venir, o por lo menos el llamado, de cualquier miembro del poder constituyente originario, de cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos. El punto está en que le pongan atención, en el que acudan al llamado y, para esto, es necesario que quien convoque tenga algunos problemas resueltos.

Para estar claros. Puede argumentarse que la Constitución de 1961 estipula un mecanismo para la reforma general de la Constitución. (Un punto que en este momento es colateral, por cierto, es que la Constitución del 61, que permite la iniciativa de las leyes ordinarias a un cierto número de Electores—electores, en su redacción—, niega la iniciativa de la reforma constitucional al propio Poder Constituyente). El procedimiento está pautado en el Artículo 246: “Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general…”, etcétera. (Punto colateral dos: el procedimiento es engorrosísimo, y casi que pareciera diseñado para impedir o dificultar al máximo tales reformas generales. La iniciativa debe partir de una tercera parte de los miembros del Congreso—y no hay ninguna fracción en este momento que sea la tercera parte del Congreso—o de la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas, consenso que no debe ser muy fácil de lograr. Pero antes de empezar a discutir el proyecto general soportado en alguna de esas dos formas, una sesión conjunta del Congreso deberá, por el voto favorable de las dos terceras partes, admitir la iniciativa. Sólo entonces podrá comenzarse a discutir por cualquiera de las Cámaras y seguir el procedimiento habitual para las leyes ordinarias. Es sólo después de que se apruebe la reforma en el Congreso que, por fin, se pide la opinión al pueblo, en referéndum que deberá ser convocado en la oportunidad que sea determinada por las Cámaras en sesión conjunta. Una verdadera carrera de obstáculos).

Así debe ser, se dirá, pues no se puede estar haciendo reformas generales a cada rato. Precisamente por eso se ha hecho tan difícil el procedimiento. El punto, en cambio es éste: el Congreso está facultado por la Constitución, para discutir y aprobar una reforma general de ella misma, y ¿no es acaso una constitución nueva el caso límite de una reforma general?

Este último reducto de los que se opondrían a la convocatoria de una Constituyente deja de tener validez en cuanto se argumente que una nueva constitución contendría nociones o previsiones cualitativamente diferentes a las de la constitución a sustituir, las que sería imposible obtener como transformación o modificación de artículos del texto antiguo. Si se trata de innovaciones en grado suficiente, mal puede hablarse de reforma y estaríamos enfrentando algo nuevo.

Nuevo concepto del Estado

Es relativamente fácil demostrar que necesitamos una constitución esencialmente distinta de la Constitución de 1961. Y el primer punto por el que hay que empezar la substitución es justamente la primera línea del texto del 61.

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica comienza con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos…ordenamos y establecemos esta Constitución” (“We, the people…”) Es el mismo pueblo el que se dota de una constitución. En cambio, en el texto constitucional vigente en Venezuela el sujeto no es el pueblo, sino el Congreso, el que se arroga la facultad constituyente, a pesar de no haber sido explícitamente facultado para eso, “en representación del pueblo venezolano”. Es de allí mismo de donde arranca el carácter representativo, que no participativo, del gobierno del país, lo que luego es reiterado en el Artículo 3º: “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”.

A este punto se le ha querido poner remedio parcial en el proyecto de reforma de 1992, insertando el término “participativo” en medio de la redacción del 61, en segundo término y luego de la designación de “representativo”. Pero el sujeto de la reforma continúa siendo el Congreso.

Es el pueblo el sujeto que debe constituirse, y es él mismo el que debe producir una nueva constitución. Y es también, como sugeríamos más arriba, el sujeto político de derecho supremo, y si está más que facultado para dotarse de un texto constitucional, también debe estarlo para reformarlo como y cuando quiera. De modo que no puede carecer de iniciativa legal a este respecto, concepto que está ausente en la redacción de 1961.

De hecho, un concepto a nuestro juicio fundamental en una refundación del Estado venezolano, es el del lugar de primacía que debe establecerse claramente para los Electores venezolanos en la descripción arquitectónica de los Poderes Públicos. Es decir, en una nueva constitución, antes que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, debe asentarse el papel de los Electores como órgano primario del Poder Público, en un primer capítulo del título que se dedique a éste.

En 1973 murió Salvador Allende, en la ocasión del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Dos años más tarde recordaba su relación con él el cibernetista inglés Stafford Beer, en un libro en el que coleccionaba varios artículos y conferencias sobre el tema general de los sistemas sociales. (Platform for Change, Wiley, 1975). Beer, ex presidente de la Sociedad de Investigación Operacional británica, antiguo asesor de empresas en los sectores del carbón y del acero, importante teórico de la cibernética, había ido a Chile en pos de la posibilidad de que Allende le ofreciera campo para la aplicación práctica de sus conceptos de gobierno. (Cibernética viene del griego kybernetes, que significa timonel, gobernador, y es la misma raíz de la que surge la palabra gobierno).

En los dos o tres últimos ensayos del libro mencionado, Beer se refiere a su experiencia chilena, no sin lamentarse profundamente por la muerte del estadista. Allí cuenta de unas primitivas instalaciones –en los actuales términos del arte de la computación– y que pretendían racionalizar, mediante una información lo más rápida posible, la toma de decisiones pública.

En una sesión en la que Beer, armado de diagramas de flujo, explicaba al mandatario el sistema de información acerca del estado de la nación chilena que había diseñado, Allende—cuenta Beer—preguntó qué era una cajita sin nombre que aparecía sobre una red de flujo, entre otras muchas cajas que se extendían por todo el diagrama. Beer explicó: “Esa cajita representa el pináculo de todo el sistema, esa cajita es usted, Señor Presidente”. Entonces Allende dijo: “Ah, pero si esa caja es la cima de todo el sistema esa caja no soy yo. Esa caja es el pueblo”.

Los sistemas diseñados por Beer no le sirvieron a Allende para conducir a la nación chilena por un sendero de felicidad. Su gobierno condujo al golpe pinochetista y a una larga dictadura que produjo a su vez un muy considerable número de muertes. Ni había en 1973, ni lo hay hoy en 1995, una capacidad de procesamiento de información que permita un registro fiel del estado de una nación. No es posible predecir su comportamiento con exactitud, mucho menos planificarla y regularla íntegramente. Para modelar un sistema mucho más simple que una sociedad moderna, el sistema climático, un computador que realiza cuatrocientos millones de operaciones por segundo tiene que operar durante tres horas seguidas para generar un pronóstico del tiempo de tan sólo los próximos diez días y en ocasiones los pronósticos, inevitablemente, están totalmente errados. Esto ocurre en un modelo que sólo tiene que considerar presiones, temperaturas y, a lo sumo, velocidades. Podemos imaginar el grado de dificultad computacional que involucra intentar la representación simbólica de la dinámica de una sociedad compleja, en la que miríadas de factores intervienen en la determinación de sus resultados. El gobierno de Allende estaba equivocado, sin duda, y no sólo en creer que se podía gobernar un Estado sentado en una poltrona de “Viaje a las estrellas” ante una consola de pantallas y controles. Pero Salvador Allende también estaba acertado en más de una percepción, y es una lástima que los acontecimientos hayan seguido un cauce mortal para una persona que, como Allende, alojaba un sentimiento tan hermoso: “Eso no soy yo, eso es el pueblo”.

Hay un sentido, además, en el que Allende estaba más acertado que Stafford Beer. Este último se había preocupado de detallar más lo que estaba “por debajo” de la presidencia. Allende hablaba de lo que estaba por encima de él. Y si bien, como dijimos, no hay en ningún horizonte previsible la capacidad tecnológica para predecir o controlar una sociedad compleja de hoy en día, sí la hay para generalizar la participación democrática para tomar en cuenta la opinión de cada ciudadano.

Es posible encontrar acá un interesante paralelismo entre tres grandes etapas de la economía y un número equivalente de etapas de la política. Hay un período histórico en el que una economía todavía incipiente puede manejar razonablemente sus intercambios por el expediente del trueque directo. La cantidad de transacciones y la variedad de productos son ambas magnitudes reducidas, así como la velocidad o frecuencia del intercambio. En muchos casos se trataba de una transacción anual entre un molinero y un porquerizo que no necesitaba sino unos sacos de harina por año que él podía almacenar.

En cuanto ese exiguo comercio se incrementó en grado suficiente, la práctica del trueque se hizo harto engorrosa. Demasiadas transacciones, mayor frecuencia de las mismas, una mayor variedad de productos, justificaron la aparición de una institución mediadora, de una unidad de medida y comparación que fuese más fácilmente transportable que un cerdo o un saco de harina. E hizo su aparición la invención del dinero y junto con él, la posibilidad enfermiza de la inflación.

La más general de las concepciones económicas distingue entre un “sector real” de la economía, integrado por la suma de bienes y servicios efectivamente producidos, y un “sector virtual o nominal”, que equivale a la masa monetaria con la que esos bienes y servicios (incluyendo entre éstos al trabajo), pueden ser adquiridos. Y la definición elemental de inflación es la de un crecimiento del sector nominal significativamente mayor que el del sector real dentro de un sistema económico.

Hoy en día, sin embargo, la capacidad computacional y comunicacional extraordinariamente desarrollada del mundo actual –la que, por otra parte, es en términos de lo previsible una capacidad a la que falta muchísimo por crecer—permite ahora que un 20% del comercio mundial se haga de nuevo bajo la forma de trueque—tantos aviones por tantos barriles de petróleo. (Es una pregunta, creemos, de alto interés para la economía, investigar qué sentido tendría la noción de inflación el día que sea posible manejar todas las transacciones como un trueque virtual, como el cotejo de bases de datos digitales sobre cada unidad de producto o servicio a escala planetaria. ¿Desaparecería la inflación?)

En el campo de lo político se observa un despliegue similar, en tres etapas sucesivas, de los sistemas históricos de democracia. La democracia ateniense era también un proceso lento, en el que la cantidad de asuntos que reclamaban la atención de la apella, de la asamblea de ciudadanos, era pequeña, como también era poca la velocidad que se exigía de sus agendas. Desde el momento en que un organismo participativo de ese tipo decidía entablar batalla contra los persas, hasta que se preparaba la primera de las naves que llevarían a los guerreros, transcurría un tiempo considerable. En este tipo de condiciones era posible una democracia directa en la que los ciudadanos de Atenas todos podían participar en la toma de la decisión. (Dicho sea de paso, no todos los habitantes de Atenas eran ciudadanos. Los esclavos no tenían ninguna participación en la apella).

Nuevamente, la complicación del proceso político, en ausencia de métodos de comunicación lo suficientemente rápidos, hizo imposible la ampliación del patrón ateniense de decisiones compartidas. Hubo necesidad, si se quería mantener vivo el principio democrático, de arribar a la invención de un intermediario político: fue necesario inventar la democracia representativa. (Forma de gobierno que exhibe, obviamente, su propia patología).

Pero ahora disponemos de una tecnología comunicacional que vuelve a ofrecer las condiciones requeridas para una participación masiva, instantánea y simultánea, de grandes contingentes humanos. Ya vimos algo de esto en las teleconferencias de amplia extensión que sostuvo Ross Perot en los Estados Unidos en su carrera hacia la presidencia de ese país.

Alguien puede argumentar ante este planteamiento que el nivel de desarrollo político y tecnológico norteamericano es inconmensurablemente superior al venezolano, y que por esa razón ese concepto de democracia participativa electrónica estaría, para nosotros, muy lejos dentro de un futuro largamente incierto. Pero puede a su vez contraargumentarse que los venezolanos no hemos tardado mucho para aprender a operar telecajeros electrónicos, celulares, telefacsímiles, etc., y que con igual o mayor facilidad podríamos navegar dentro de una red permanente de referenda electrónicos. Opinábamos de esta manera en el Nº 11 del volumen 1 de esta publicación (enero de 1995): “Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento”.

¿Cuánto puede costar una red para la democracia electrónica, nueva versión de la democracia directa, la democracia participativa? El vicepresidente norteamericano Al Gore ha hecho una estimación de la inversión necesaria para conectar una fibra óptica a “todo hogar, oficina, fábrica, escuela, biblioteca y hospital” en el territorio de los Estados Unidos. La cifra manejada por Gore es la de 100 mil millones de dólares, que en términos per cápita terminaría siendo una inversión de 435 dólares por habitante.

Ahora bien, la población venezolana es, aproximadamente, una décima parte de la población norteamericana. Por otra parte, la densidad de escuelas, hogares, hospitales, bibliotecas, fábricas y oficinas es mucho menor en nuestro país que la que existe en los Estados Unidos de Norteamérica (más personas viven acá, en promedio, en cada unidad de vivienda), y por tanto la inversión per cápita que sería necesaria para lograr el equivalente de la visión de Gore en Venezuela sería marcadamente menor. Una cifra razonable es la de una inversión per cápita de 225 dólares en Venezuela para la instalación de una red de fibra óptica prácticamente total. Tal cantidad, multiplicada por la población venezolana y por una tasa de cambio de 240 bolívares por dólar (tasa aparentemente sugerida en los predios del FMI), arroja una inversión estimable en un billón de bolívares. Este es, precisamente, el orden de magnitud de lo comprometido por el Estado venezolano en el salvamento del sistema financiero nacional, de modo que en un programa de unos pocos años sería perfectamente posible instalar la red para una democracia participativa total en Venezuela.

Y si esto es así, la posibilidad está dada para que, efectivamente, una nueva constitución de Venezuela aloje un concepto futurista del Estado en el que los Electores participen de manera casi continua en la toma de las más gruesas decisiones del país, incluyendo como hemos anotado acá en oportunidad anterior, en referenda de evaluación anual acerca del desempeño de los poderes públicos venezolanos. Tan sólo este punto ya representa una mutación tan profunda en el concepto de nuestro Estado, que difícilmente puede llamársele meramente una reforma.

Es así como puede defenderse, aunque sólo fuese por el análisis precedente, la tesis de que lo que se necesita no es una reforma de la Constitución de 1961, por más extensa que sea, sino una constitución nueva.

Otrosí

Pero hay más razones que esa muy importante, fundamental razón, para requerir algo más que una mera reforma. En otras ediciones nos hemos referido a la insuficiencia constitucional venezolana en cuanto a lo que llamábamos, hace ya diez años, la razón de Estado venezolana. (Del modo más constructivo en el Nº 2 del Volumen 1: Una visión de Venezuela para el siglo XXI).

Mientras se mantenga la discrepancia de escala entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, o China, o Rusia, o Australia, nuestro país experimentará considerables dificultades, prácticamente insalvables, para interactuar con tales bloques en condiciones, no que sean ventajosas para nosotros, sino que no nos sean desventajosas.

En cambio, es posible visualizar un buen número de ventajas de una inserción de Venezuela, como gobernación, como departamento, como capitanía general –a la escala planetario-municipal que realmente tenemos, en un Estado de orden superior. (También hemos argumentado extensamente sobre tales ventajas en otras ocasiones. Hoy en día nuestra recomendación es que el perímetro de trabajo en busca de la escala que requerimos sea el del continente suramericano, después de que México pareciera orientarse hacia una confederación del Hemisferio Norte –en nuestro más ambicioso talante ampliábamos el territorio para acoplarnos incluso con la latinidad extra-americana, antes del ingreso de España al sistema europeo. Por esa época resumíamos las más generales entre las ventajas del modo siguiente (rogamos al lector tome en cuenta las diferencias de fecha y circunstancia entre hoy día y diciembre de 1984, fecha de lo que sigue, y procure hacer los cambios necesarios para actualizar la aplicación de una estructura general de la recomendación):

“Veamos, antes de preguntar si hay ofrecidas tesis alternas, cuál es la lista de problemas a los que la tesis de la confederación iberoamericana da respuesta.

Primero: el problema económico. El problema de escala de todos los países que entran dentro de la calificación iberoamericana, incluyendo a Brasil y España. En España, por ejemplo, se va a una “reconversión” industrial que tiene la mira puesta en el mercado de los países de la OECD, empezando por los de la Comunidad Económica Europea en la que aspira a entrar a pesar de, como he leído, la insultante condición de impedir el libre tránsito de españoles por los países de la comunidad por un “período de prueba” de varios años. La reconversión podría ser un poco menos drástica si sus industrias se orientaran, casi que como están, a un mercado que aún tiene mucho que construir dentro de necesidades de “segunda ola”. También en lo económico, seguramente obtendríamos un mejor tratamiento de parte de los acreedores de nuestras deudas por mera agregación a una escala mayor.

Para nosotros, en particular, la posibilidad de contar con un mercado petrolero y de hierro y acero mucho mayor que al que ahora tenemos acceso, el que permitiría, por tanto, a mayores escalas de producción, costos operativos menores que permitieran mantener y aún superar los niveles absolutos de beneficio, con precios menores que pudiesen ser pagados por este mercado hasta ahora tenido a menos.

Tiene que tomarse en cuenta, para toda discusión de lo económico, que se estaría trabajando con la ventaja de una nueva moneda única para esa inmensa zona de circulación, como Hans Neumann, entre otros, ha sugerido que sería altamente beneficioso.

Segundo: resuelve un problema de alivio de tensiones interiberoamericanas. Argentina y Chile han tenido que buscar un árbitro hacia una entidad supranacional de la que ambos participan para dirimir el diferendo del Beagle: han tenido que recurrir al campo católico, un campo religioso, porque no han tenido un común campo político en el cual acordarse. Así como Diego Urbaneja suele decir que dentro de una confederación ibérica o hispánica la solución al conflicto centroamericano sería más “dulce”, así también se dulcificaría el término del diferendo colombovenezolano y los de otros estados iberoamericanos del continente.

Tercero: resuelve un problema de escala para mejorar nuestra posición en discusiones tales como Gibraltar, las Malvinas, Guyana, Centroamérica (entendida en este caso en relación a las intervenciones ruso-norteamericanas, otánico-varsovistas, norteñas en Centroamérica). Cuando Shlaudeman dice que Contadora no es suficiente no está diciendo que si se añade uno o dos artículos técnicos al Proyecto de Tratado o se firma tal o cual protocolo los Estados Unidos suscribirán gustosos, sino que, a lo Stalin refiriéndose al Papa, está insinuando que nada más que cuatro países iberoamericanos no tenemos suficientes divisiones.

Cuarto: resuelve un problema de amortiguación o aplacamiento, por neutralidad, de la peligrosísima situación del terrorífico equilibrio nuclear. Situación que no creo mejore con el aumento que la U.R.S.S. dará a su presupuesto de “defensa”: 12%.

Mucho se ha pensado, en una especie de convicción de invulnerabilidad final muy acusada en nuestro pueblo, que una conflagración nuclear en países del Hemisferio Norte (OTAN-Varsovia), si bien nos afectaría grandemente por el lado económico, al menos nos sería leve en cuanto a lo físico, a los daños por los efectos mismos de las explosiones, entre otras cosas por distancia y por factores naturales tales como el pulmón del Mato Grosso. Pero los modelos más recientes de meteorología nuclear nos muestran como nos veríamos directa e impensablemente afectados por un invierno artificial de proporciones cataclísmicas, que incluiría la traslación, por inversión de los ciclos eólicos normales, de nubes de hollín y polvo que harían barrera a más del 90% de la radiación solar incidente (con lo que muy pronto la superficie terrestre descendería a temperaturas de subcongelación) y de nubes intensamente radiactivas. (Para un caso base de un intercambio de 5.000 megatones, equivalente a la mitad del arsenal actual. Ackerman, Pollack y Sagan, Scientific American, Agosto de 1984).

Quinto: nos ubica en posición más favorable para tener acceso a las tecnologías y modificaciones profundas de una Tercera Ola.

En resumen, resuelve un problema económico crucial (la escala), un incómodo problema de política interna (los diferendos interiberamericanos), un importante problema de soberanía ante, fundamentalmente, los sajones (Gibraltar, etc.), un definitivo problema de seguridad del sistema mundial (moderación) y un problema esencial de significación futura (la nueva modernización)”).

Ése es  el negocio que se plantea a nuestro Estado. Se trata de adquirir la escala que permite que Inglaterra nos trate como trató a China en el caso de Hong Kong, y no como nos trató a nosotros en esequiba materia o como malvinamente ha tratado a la Argentina.

Si seguimos en esto, en lugar del modelo de integración europea, el modelo norteamericano de 1776, estaríamos estableciendo una confederación que en principio sólo requeriría que sus miembros confiaran a un nivel federal tres potestades –representación ante terceros, defensa militar ante terceros y emisión de moneda– mientras que retendrían “toda su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso por esta Confederación”. (Texto del segundo artículo de los Artículos de Confederación de los Estados Unidos).

Supongamos que un concepto así fuese del agrado de los Electores venezolanos. ¿No debería preverse en nuestra Constitución un mecanismo de acoplamiento, como el que hubo que prever para que pudieran acoplarse una nave Apolo con una Soyuz?

¿No sería esto un concepto que sería imposible concebir como una simple modificación de la Constitución de 1961? Evidentemente se trata de un concepto de Estado, de una razón de Estado radicalmente diferente. Ergo, se trata de una nueva constitución. Et ergo, el actual Congreso de la República, según la básica discusión del comienzo, no está facultado para redactarla.

Más mutaciones

Esto es sin mencionar la necesidad, a nuestro juicio, de insertar como nueva “rama” de los poderes públicos, una institución que especialmente sea independiente del poder ejecutivo y que tenga por misión la de proveer o generar tratamientos a los principales problemas de carácter público, y con capacidad de proponerlos directamente a los Electores.

Esto sin mencionar que podríamos argumentar a favor de un cambio substancial en nuestra noción de ciudadanía venezolana. Habitualmente consideramos que tiene mayor valor la venezolanidad por nacimiento que la que se adquiere por naturalización. Esa es la razón por la que limitamos los derechos políticos de estos últimos. Pero un criterio de no poca validez es el de estimar grandemente el valor de la decisión consciente de una persona madura, incluso por encima de los méritos de un recién nacido cuyo lugar de nacimiento no puede atribuirse a su elección. En una redacción algo aguda y tal vez algo escandalosa, formulábamos una condición de pertenencia a una propuesta organización política en los siguientes términos: “ser persona venezolana por accidente biográfico, esto es, por su nacimiento o el de sus progenitores, o por expresa decisión, es decir, por naturalización”. (Krisis. Memorias prematuras. Caracas, 1985).

Otras diferencias con el texto constitucional que actualmente nos rige no son tan profundas. Aun la revolución que significaría en la arquitectura del poder público venezolano la innovación de la figura de un jefe de gobierno (primer ministro) pudiera considerarse una reforma constitucional. Una cosa así perfectamente podría diseñarse desde las actuales cámaras legislativas, a pesar de que el cambio sería en este caso de importante magnitud. Igualmente pudiese contemplarse de este modo la innovación de la institución del jurado como elemento actualmente ajeno a nuestro proceso jurídico. (Esta “democratización de la justicia”—que fue de hecho la primera democratización, antes de la democracia parlamentaria, que conocieron los sajones—pudiera aplicarse sin excesiva violencia de nuestro ordenamiento jurídico, aunque sólo fuese en nuestros procesos de delitos contra la cosa pública, contra nuestra res publica).

Son múltiples, pues, las diferencias de significativo grado entre la Constitución del 61 y una nueva constitución que alojase lógicamente las instituciones que son recomendables a los intereses de la nación venezolana. Entre estas hay algunas que por sí solas definirían al nuevo documento como una constitución diferente. Será preciso elegir una Constituyente. LEA

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Glosa a un comentario aureliano

Cosecha del 99

Aurelio Useche Kislinger tuvo la amabilidad de comentar Hallado lobo estepario en el trópico. He aquí su comentario:

…quizás una de las personas con mayor grado de responsabilidad en el deterioro institucional del país es Miquilena, quien promovió la reforma constitucional del 99, dando pie a un derrumbe del sistema político de la Constitución del 61. El objetivo de la reforma al derrocar al Congreso elegido—el cual, a través de sus dirigentes de entonces (incluido quien es hoy flamante precandidato presidencial) desempeñó un triste papel entreguista—era darle un soporte político-institucional a Chávez. Lo que no se pudo hacer por las armas, se hizo a través de la muy cuestionada Asamblea Constituyente de entonces. No hay que olvidar que apenas un 15% del electorado votó a favor de “la mejor constitución del mundo”.

De modo que ahora Miquilena, arrepentido, es un factor de peso en la oposición a Chávez, y uno de sus más fieles seguidores (Gaviria) es igualmente activo en la MDU.

Desde luego que el concepto del perdón es un valor muy importante para los católicos, y no podemos más que admitir que, gracias a la contrición de ellos y muchos otros que fueron fieros seguidores de Hugo Chávez, estén hoy en día participando en la MUD.

Pero, insisto, no era necesaria la entrega del 99. Y, lamentablemente, todo esto ha degenerado en un inmenso estado de deterioro, jamás imaginado por los analistas de entonces. Muy pocos políticos de envergadura se enfrentaron a la reforma de la Constitución.

Pudiéramos decir que todo este proceso se inició con aquel fatídico discurso del 4 de febrero de 1992…

Aurelio alude acá al comportamiento de la dirigencia opositora de hoy en 1999, cuando la Asamblea Constituyente excedió sus atribuciones y decapitó al Congreso electo en 1998 al cercenar el Senado de la República. Henrique Capriles Radonski presidía entonces la Cámara de Diputados. Había llegado a esa posición propuesto por otro Henrique, “el Gallo”—autobautizado—Salas Römer, quien presentó la candidatura del joven político como modo de sentar allí a alguien que no tuviera enemigos—a sus 26 años de edad, era prácticamente imposible que los tuviera—, como salida a la tensa competencia por la Presidencia de los diputados al cabo de la debacle electoral. Es Capriles Radonski el precandidato aludido por el comentarista. (A propósito, un buen amigo llamó a mi casa en 1975 para ofrecerme un hijo que acababa de nacerle; me dijo que lo llamaría Henrique, con hache, puesto que así escribirían su nombre quienes tienen plata: Henrique Pérez Dupuy, Henrique Machado Zuloaga… Mi segundo nombre se escribe sin hache).

Conviene refrescar la historia inmediatamente anterior a esa decapitación.

………

El 25 de abril de 1999 se sometió a los venezolanos dos preguntas en referendo, la segunda de ellas relativa a las normas para la elección de una asamblea constituyente, figura no prevista en el texto fundamental de 1961. Previamente—19 de enero—, la Corte Suprema de Justicia había resuelto un recurso de interpretación del novísimo Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que había sido reformada con la introducción de un título enteramente nuevo, el sexto, sobre los referendos. Hasta ese momento, el único referendo contemplado en la legislación venezolana era el aprobatorio que se requería en caso de “reforma general” de la Constitución. Con plena razón, la Corte determinó que sí podía aplicarse el Artículo 181—permitía consultar a la población sobre “materias de especial trascendencia nacional”—para plantear un referendo consultivo sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente aunque ella no estuviera prevista por la constitución entonces vigente, puesto que el Poder Constituyente Originario, aquél que da origen a la Constitución, no está limitado por ella al ser un poder supraconstitucional.

La primera de las preguntas del 25 de abril, en cambio, era la fundamental y definitoria: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un Nuevo Ordenamiento Jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?” Esta pregunta recibió la aprobación de 87,75% de los votos escrutados ese día, aunque, similarmente a lo que apunta el comentario de Useche, se abstuvo el 62,35% de los electores inscritos para ese momento. La convocatoria misma de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, en consecuencia, fue mandada por el 33% de los electores lo que, por supuesto, no las hizo menos legítimas.

El mandado está hecho, Presidente

El mandado está hecho, Presidente

El 15 de diciembre de 1999, en medio de inclementes deslaves e inundaciones, 23,1% de los electores venezolanos (no 15%, como pone Useche)—descontados los votos nulos y una abstención de 67,8%—aprobaba la Constitución que rige a la República “Bolivariana” de Venezuela. En el camino a ese desenlace, el 25 de julio se elegía a la ANC—cuatro de los diputados electos no pertenecían a los promovidos por el gobierno—y ella daba un golpe de Estado con la amputación del Senado que había sido elegido y creado por el pueblo menos de un año antes. Un extraño acatamiento de tal desafuero, derivado de una aparente vergüenza, de una tácita admisión de culpa republicana, provino del silencio opositor. Particularmente, el Presidente de la Cámara de Diputados, Henrique (con hache) Capriles Radonski continuó despachando, cobrando su sueldo y trasladándose en carro con chófer sin declararse en rebeldía ante el desaguisado. A fin de cuentas, el deslave del Miquilenazo sólo había afectado la cámara vecina, no la suya.

Ahora quiere intercalar el azul

Por contraste, desde las posibilidades de un Enrique sin hache escribí Contratesis (10 de septiembre de 1998) , un artículo para el diario La Verdad de Maracaibo que se anticipaba a lo que vendría y luego reproduje (20 de septiembre) en el último número de mi antigua publicación (referéndum). Allí ponía:

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros apoderados constituyentes. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum.

La dirigencia de oposición hizo caso omiso de esta argumentación en 1999.

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Dos cosas más deben ser glosadas en el certero comentario de Aurelio Useche. Él habla, primero, de una “reforma constitucional” en 1999. No hubo tal; aunque previsiones de la Constitución de 1961 fueran preservadas en la Carta Magna de 1999, ésta no fue una reforma de la anterior, sino una enteramente nueva. Fue, precisamente, porque lo que se quería era un concepto constitucional fresco y no una mera reforma del anterior, que el procedimiento constituyente se hizo necesario. Ángel Fajardo explicó el punto en su Compendio de Derecho Constitucional (1987):

El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente.

Al comentar ese pasaje de Fajardo en referéndum (Comentario constitucional, 12 de octubre de 1995), aduje: “Esto significa (…) que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente”. El Congreso de la República habría excedido sus funciones si hubiera intentado producir un texto constitucional fundamentalmente distinto de aquél que le daba el ser. Sólo un proceso constituyente expreso podía hacer esta tarea y eso, exactamente, fue lo que se hizo en 1999.

Por último, Useche alude a un “fatídico discurso del 4 de febrero de 1992”. Ese día hubo dos discursos que pudieran ser tenidos por fatídicos; el primero, brevísimo, fue el de un oficial alzado y rendido que incluyó estas palabras: “Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”. El análisis superficial ha exagerado la presunta fatalidad de esa provisionalidad. No es porque dijo “por ahora” que Chávez manda en Venezuela. Entre ese día y su elección en diciembre de 1998 mediaron decenas o centenas de acontecimientos políticos que produjeron, en secuencia trágica, su asunción al poder. Por supuesto, su alocución fue uno de ellos, muy significativa cuando dijo: “…yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano”. Pero explicar su triunfo electoral a partir de ese solo dato no es sino superficialidad y simplismo.

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…por ahora…

El segundo discurso al que se ha atribuido desproporcionadas virtudes es el que pronunciara Rafael Caldera en una sesión conjunta de las cámaras legislativas hacia el final de la tarde del mismo 4 de febrero. Se ha convertido en lugar común señalar que aprobaba el intento de golpe de Estado, que fue oportunista, que por haberlo dicho ganó su segunda presidencia en 1993. Estas cosas son puras necedades, de nuevo superficiales y simplistas. Por un lado, el discurso en sí fue una gran pieza republicana en dificilísima hora. En Memoria a disgusto (8 de febrero de 2007), escribí:

En efecto, Rafael Caldera pronunció uno de los mejores discursos de su vida en horas de la tarde del 4 de febrero de 1992, premunido de su condición de Senador Vitalicio. De nuevo la simpleza atribuye a este discurso su triunfo electoral de 1993, que se debió mucho más a otros factores de muy diversa índole. (Como que venía—era prácticamente el único dirigente nacional de importancia que lo hiciera—de varios años de coherente oposición a la receta “ortodoxa” del Consenso de Washington, administrada sin miramientos por Carlos Andrés Pérez). De nuevo el simplismo político tiene por dogma que Caldera se colocó con sus palabras en connivencia con los conjurados. Esto es una tontería. La condena de Caldera al golpe no deja lugar a equívocos: “…la normalidad y el orden público están corriendo peligro después de haber terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar…” “Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el Decreto de Suspensión de Garantías, cuando esta Sesión Extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela, y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación”.  “Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la verdad: no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional”.

Caldera estaba diciendo, valientemente, la verdad. Más valientemente continuó: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad… El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo”. Tenía razón.

El 8 de febrero de 1992 el diario El Nacional publicó un artículo firmado por Manuel Alfredo Rodríguez, llamado sencillamente “Caldera”. En éste expuso: “El discurso pronunciado por el Maestro Rafael Caldera el 4 de febrero, es un elevado testimonio de patriotismo y un diáfano manifiesto de venezolanidad y humanidad. Pocas veces en la historia de Venezuela un orador pudo decir, con tan pocas palabras, tantas cosas fundamentales y expresar, a través de su angustia, la congoja y las ansias de la patria ensangrentada”. Y para que no cupieran sospechas aclaró: “Nunca había alabado públicamente a Rafael Caldera, aunque siempre he tenido a honra el haber sido su discípulo en nuestra materna Universidad Central. Nunca he sido lisonjero o adulador, y hasta hoy sólo había loado a políticos muertos que no producen ganancias burocráticas ni de ninguna otra naturaleza. Pero me sentiría miserablemente mezquino si ahora no escribiera lo que escribo, y si no le diera gracias al Maestro por haber reforzado mi fe en la inmanencia de Venezuela”. Nada menos que eso después de declarar: “La piedra de toque de los hombres superiores es su capacidad para distinguir lo fundamental de lo accesorio y para sobreponerse a los dictados de lo menudo y contingente. Quien alcanza este estado de ánimo puede meter en su garganta la voz del común, y mirar más allá del horizonte”.

Por otro lado, Caldera no ganó en 1993 a causa de ese discurso. En Tiempo de desagravio (artículo para El Diario de Caracas del 18 de diciembre de 1998) salí al paso de este nuevo simplismo:

Se ha repetido hasta el punto de convertirlo en artículo de fe que Rafael Caldera fue elegido Presidente de la República por el discurso que hizo en el Congreso en horas de la tarde del 4 de febrero de 1992. Esto es una tontería. Caldera hubiera ganado las elecciones de 1993 de todas formas. Sin dejar de reconocer que ese discurso tuvo, en su momento, un considerable impacto, Caldera hubiera ganado las elecciones porque representaba un ensayo distanciado de los partidos tradicionales cuando el rechazo a éstos era ya prácticamente universal en Venezuela y porque venía de manifestar tenazmente una postura de centro izquierda frente al imperio de una insolente moda de derecha.

De mediados de 1991 data una encuesta que distribuía la intención de voto entre los precandidatos de aquellos días de modo casi totalmente homogéneo. Rafael Caldera, Luis Piñerúa, Eduardo Fernández, Andrés Velázquez, absorbían cada uno alrededor del 20% de la intención de voto (con pequeña ventaja para Caldera) y un restante 20% no estaba definido o no contestaba. Se trataba de una distribución uniforme, indiferente, que a la postre iba a desaguar por el cauce calderista por las razones anotadas más arriba. Las elecciones de 1993 contuvieron dos ofertas sesgadas a la derecha en lo económico, la de Álvarez Paz y la de Fermín, y dos sesgadas a la izquierda, la de Velázquez y la de Caldera. Con este último ganó, si se quiere, una izquierda sosegada, puesto que los candidatos furibundos eran claramente Álvarez Paz y Velázquez, que llegaron detrás de los más serenos Caldera y Fermín.

No, aquel discurso no fue el pecado de Caldera. Otras cosas sí lo serían.

El sobreseimiento de la causa contra los alzados presos en Yare, decretado por Caldera, ciertamente, en medio de extenso consenso—Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, Fernando Ochoa Antich, Luis Herrera Campíns, Patricia Poleo, Juan Martín Echeverría, Freddy Muñoz, el cardenal José Alí Lebrún, Jorge Olavarría y Américo Martín, entre otros, se pronunciaron a favor de la medida—, sí constituyó, a mi juicio, un error mayúsculo. Pero no porque gracias a eso Chávez ganara las elecciones en 1998. En el mismo artículo anterior opiné:

Se ha dicho que la ‘culpa’ de que Chávez Frías haya ganado las elecciones es de Rafael Caldera, porque el sobreseimiento de la causa por rebelión impidió la inhabilitación política del primero. Esto es otra simplista tontería. Al año siguiente de la liberación de Chávez Frías se inscribe una plancha del MBR en las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, tradicional bastión izquierdista. La susodicha plancha llegó de última. Y la candidatura de Chávez Frías, hace exactamente un año, no llegaba siquiera a un 10%. La “culpa” de que Chávez Frías sea ahora el Presidente Electo debe achacarse a los actores políticos no gubernamentales que no fueron capaces de oponerle un candidato substancioso. Salas Römer perdió porque no era el hombre que podía con Chávez, y ninguna elaboración o explicación podrá ocultar ese hecho.

La luna de Yare (clic para ampliar)

Caldera había explicado, por supuesto, en entrevista que el 2 de junio de 1994 le hiciese César Miguel Rondón:

…la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el gobierno del presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…

Pero la nocividad del sobreseimiento residía en otro de sus aspectos. El 4 de junio de 1994, dos días después de la entrevista mencionada, escribí en referéndum: “No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992… Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992, pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido”.

El costo aludido era “la terrible modelación que se hacía ante los ciudadanos: que no era nada grave levantarse en armas contra las instituciones de la República, que uno podía alzarse y causar la muerte de venezolanos sin mayor pena que la de una temporada en el penal de Yare, antes de ser puesto en plena libertad con sus derechos políticos intactos; que hasta podía uno de una misma vez conseguir un empleo público. (Caldera ofreció a Arias Cárdenas la dirección del PAMI, el programa de asistencia materno-infantil del gobierno nacional)”.

………

Aun hubo una abdicación más grave de Rafael Caldera, más de fondo, en su segundo período presidencial. Caldera no quiso convocar el referendo que hubiera producido la Constituyente, a pesar de que esto le fuera especialmente recomendado:

En el número anterior se avisó que en esta Ficha Semanal #145 de doctorpolítico se reproduciría un trabajo relativamente extenso—Primer referendo nacional—que fuera publicado originalmente el 20 de septiembre de 1998 en el número 28 de la publicación referéndum, redactada y editada por quien escribe entre 1994 y 1998. En el largo artículo se proponía la realización de una consulta sobre la deseabilidad de convocar una asamblea constituyente, aprovechando que el Congreso de la República había incluido un título nuevo—De los referendos—en la reforma de diciembre de 1997 a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Para el momento la proposición no tuvo acogida. Fue elevada directamente a la consideración del Presidente de la República de entonces, Rafael Caldera, por intermedio de representación ante su Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Fernando Egaña, actuación parecida ante su Ministro de CORDIPLÁN, Teodoro Petkoff, y por entrega del texto que aquí se transcribe en La Casona. Ambos ministros, sobre todo este último, indicaron su general acuerdo con la idea, pero por razones que desconoce el autor de estas líneas, la proposición fue desestimada.

Además de las gestiones mencionadas, el Dr. Ramón J. Velásquez consintió amablemente en ser mi embajador de la iniciativa ante Caldera. Éste no hizo el menor caso. Caldera había ofrecido cambios constitucionales de importancia en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, su oferta de campaña en 1993, incluyendo la inserción de la figura de constituyente en una reforma de la Constitución lo que, dicho sea de paso, no era cosa que podía ofrecer un candidato a la Presidencia de la República, que no tenía entonces iniciativa constituyente, ni ordinaria ni extraordinaria. Su período transcurrió, sin embargo, sin que esa promesa se cumpliera. Tal circunstancia me permitió escribir en octubre de 1998, ya agotada la posibilidad de la convocatoria: “Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Este es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida” .

Es probable que un proceso constituyente detonado por Caldera hubiera sido menos abrasivo, ciertamente sin el abuso del Miquilenazo, que el que Chávez puso en marcha y, en todo caso, ya este último no habría tenido la celebración de una constituyente como su principal bandera de campaña. Le habría sido arrebatada.

Era la tercera vez que Caldera rechazaba una iniciativa que yo le propusiera. En la campaña de 1983, que perdió increíblemente ante el muy inferior Jaime Lusinchi, le había recomendado un discurso amplio, explicador de la crisis:

Mis recomendaciones alcanzaban a vislumbrar varios “momentos” posibles en la campaña de Rafael Caldera. El primero sería el de la “asunción de la crisis”. Para esto había elaborado un discurso prototípico cuyo texto anexé. El discurso exigía de Caldera hablar bien del país. Pero no únicamente del país en abstracto o del país en general. Lo ponía, debiendo adoptar una posición superior a la esperada y minúscula competencia, a hablar bien de Acción Democrática, del Movimiento al Socialismo, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. Lo ponía a explicar la crisis financiera como un resultado casi natural derivado del atragantamiento y consiguiente indigestión de dólares de la recrecida renta petrolera. Lo ponía a reconciliar al país con su propia imagen, al mostrar cómo era que las economías de los países más prestigiosos (Alemania Federal, los Estados Unidos de Norteamérica), también se hallaban en problemas y, por tanto, cómo no éramos “los indios” los únicos que habían mostrado un desempeño económico defectuoso. Lo ponía a desmontar esas inexactas visiones dicotómicas de los buenos y los malos y a explicar cómo las cualidades morales también mostrarían al análisis una distribución estadística normal. Lo ponía, finalmente, a prometer algunas consecuencias prácticas para su propia campaña electoral, en consonancia con la necesidad de contribuir a la austeridad que ya era evidentemente requerida. (Como renunciar al empleo de asesores electorales extranjeros como un medio de ahorrar, aunque fuese poco, la erogación de divisas). Ése era, claro está, el discurso que yo hubiera pronunciado de haber sido Rafael Caldera, pero fue también el discurso que Caldera no quiso pronunciar. (Memorias prematuras).

Ésa ha sido la historia. LEA

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#lasalida de Maduro (segunda parte)

Actualizado con nota al pie y facsímil de los decretos de Nicolás Maduro en la Gaceta Oficial. (Cortesía de Gonzalo Pérez Petersen).

Karim Benzema en posición fuera de juego

 

El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. Este refrán ilustra la segunda de dos posibilidades a considerar en la jugada de Nicolás Maduro, al anunciar que convocará una asamblea constituyente. La primera es que, en efecto, se propone convocar una constituyente “comunal”, en frontal negación de nuestra constitucionalidad; Maduro no posee la fuerza política para forzar algo así, sobre todo luego de la rebelión de Luisa Ortega Díaz ante el Tribunal Supremo de Justicia y la menos vistosa del subsiguiente voto salvado de la magistrada Marisela Godoy. En cambio, puede haber incitado esa interpretación con lenguaje de mitinesca arenga para desatar las apresuradas condenas de sus opositores—Borges, Ramos Allup, la cancillería brasileña, el gobierno de los EEUU…—y luego dejarlos off-side, fuera de juego, al haberse adelantado a lo que probablemente sean unas bases comiciales que no diferirán grandemente de las elecciones uninominales de diputados constituyentes en 1999, según el modelo de Chávez que pautó una circunscripción nacional (29 diputados) y las consabidas circunscripciones regionales.*

Cuatro opositores en azul

Fueron creadas dos grandes coaliciones para la elección: Polo Patriótico, que consistía del Movimiento Quinta República, el Movimiento al Socialismo, Patria Para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo y otros grupos menores; y Polo Democrático, consistente de Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y Convergencia. Se presentaron en total 1167 candidatos para los 128 cupos de elección directa —los 3 restantes estaban asignados a representantes indígenas—. (Wikipedia en Español. Es digno de notar que Proyecto Venezuela presentó candidatos a lo que su líder máximo, Henrique Salas Römer, calificó un año antes como “un engaño y una cobardía” [la constituyente], en calificación precursora de la de Julio Borges de ayer).

Si la segunda conjetura es la correcta, ella no constituye innovación táctica; ha sido siempre procedimiento chavista ordinario excitar a sus opositores hasta una desazón que disminuya su eficiencia de combate:

El opositor patológico es adicto al objeto de su oposición. Si Chávez no ha dicho nada últimamente siente una desazón de carácter obsesivo-compulsivo y busca encontrar en el territorio de alguna gobernación, o un municipio fronterizo una manifestación más de la maldad de su régimen. Pero, atraído irremisiblemente hacia el objeto de su odio, como quien se deja cautivar por la mirada de una serpiente, como mariposa que busca la lumbre en la noche (así se achicharre), procura estar enterado de todos los pasos del actual Presidente de la República, y esto realimenta su angustia, su odio, su estrés. Chávez sabe que causa ese efecto y disfruta dando pie a que esas emociones cundan en el número de sus opositores; hace a propósito lo que él presume que causará mayor irritación a sus opositores. El niño es llorón y la mamá lo pellizca. (Enfermo típico, 26 de enero de 2006).

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Además de las denuncias que aún no tienen base—”es una estafa al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de estado en Venezuela” (Borges)—, aparecen los esperables argumentos jurídicos para decir que Nicolás Maduro “no puede” hacer lo que se propone. Uno particularmente peregrino proviene del afamado jurista Allan Randolph Brewer Carías:

“El único que puede convocar a una Constituyente es el pueblo, eso es lo que dice la Constitución”, así lo advirtió Allan Brewer-Carías, miembro de la Constituyente de 1999 en Venezuela en una entrevista este lunes a CNN y publicado además en su cuenta en Twitter. El ex constituyentista indicó que sólo el pueblo mediante referendo puede hacer esta convocatoria, pero fue claro al afirmar que el presidente de la República no tiene esta potestad. El presidente lo único que tiene es la iniciativa para que el Consejo Nacional Electoral llame al pueblo y este convoque a la Asamblea Constituyente.“Maduro solo tiene iniciativa (como la tiene la AN., los Concejos Municipales y el 15% de electores), para promover que el pueblo convoque”, afirmó en su cuenta de Twitter. En otro tuit refiere “Como dice art. 347 C., solo el pueblo en ejercicio del poder constituyente originario, puede convocar una Constituyente, mediante referendo”. (Diario Contraste).

Bueno, el Artículo 347 dice: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. El artículo no dice que sólo el pueblo de Venezuela puede hacerlo, que nadie más puede hacerlo, y el Artículo 348 especifica: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”. Es posible convocarla, entonces, por iniciativa popular, pero el artículo no dice que el Presidente, la Asamblea o 15% de los electores tendrían que convocar un referendo para preguntar al Pueblo si quiere convocar una constituyente; habla clara y directamente de “convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”. En 1999 el referendo previo fue necesario porque la figura de constituyente no existía en la Constitución de 1961, vigente para la fecha del 25 de abril de 1999; de allí la primera pregunta de la consulta de ese día: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?” Pero ahora la figura de constituyente está incluida y normada en el Capítulo III del Título IX de la Constitución, y ya ese referendo es innecesario. (Brewer Carías ha cuestionado un presunto origen “fraudulento” de la Asamblea Constituyente de 1999, a pesar de que se originara en un referendo como el que ahora prescribe y, contradictoriamente, se postuló exitosamente como candidato y participó en ella).

A la opinión de Brewer Carías se adhiere Juan Manuel Raffalli, quien ha escrito en Prodavinci: “…Maduro en principio sí podría iniciar el proceso, pero el verdadero convocante únicamente puede ser el Pueblo a quien habría que consultar mediante Referéndum si convoca o no a la constituyente”. Esto no es mandado por la Constitución en ninguna parte, y si fuera cierto que es necesario tomar la opinión popular bastaría el referendo consultivo de condiciones menos astringentes según lo previsto en el Artículo 71, que requiere convocatoria por el Presidente en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por mayoría simple o 10% de los Electores. El sólo hecho de que el Artículo 348 requiera dos terceras partes de la Asamblea y 15% de los Electores hace patente que tales son las condiciones para convocar de una vez la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que la postulada necesidad de una previa consulta se satisfaría con el Art. 71, de requisitos menos exigentes. (Fue, precisamente, un referendo consultivo el celebrado el 25 de abril de 1999, según la innovación del Art. 181 en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que introdujera su reforma en 1998. El Art. 71 de la Constitución vigente se limita a reproducir las previsiones de esa ley, y es aquel referendo el que gravita analógicamente sobre las opiniones de Brewer y Raffalli).

………

Maduro ha recuperado con el anuncio de constituyente mucho de iniciativa política; he allí su justificación, únicamente en términos de política de poder—Realpolitik—dirigida contra sus adversarios. Pero la justificación de fondo sería que necesitamos una constituyente, y es allí donde no creo que esto sea correcto, a pesar de reconocer su astucia “política”. No necesitamos una constituyente, y menos en el gravísimo estado actual de la Nación. (¿Cuánto costaría el funcionamiento de una asamblea de 500 diputados de la que ha hablado?) En esto estoy con Julio Borges, con quien coincide sorpresivamente Eustoquio Contreras, diputado del Polo Patriótico a la Asamblea Nacional: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.

Además ha generado miedo en los asambleístas de oposición, quienes recuerdan la abusiva y antijurídica  “Pre-eliminación del Senado” ejecutada por la Constituyente que presidiera Luis Miquilena. Por contener una refutación de la validez de ese acto, reproduzco a continuación la sección pertinente de Licitación Abajo Maduro, un inventario crítico de las avenidas propuestas para la cesación anticipada del mandato de Maduro, compuesto el 29 de diciembre del año pasado:

Convocatoria de asamblea constituyente

Un día antes de las elecciones municipales de 2013 (8 de diciembre), fue publicado en la prensa nacional un remitido que proponía convocar una asamblea constituyente, con el fin principal de cambiar los poderes públicos nacionales. Así informó El Universal el sábado 7 de diciembre:

Un grupo de diputados y militantes de partidos opositores de Venezuela ha propuesto convocar a una Asamblea Nacional Constituyente tras los comicios municipales que se celebrarán mañana en el país. La propuesta, publicada hoy en los principales diarios de circulación nacional está firmada por 55 personas, entre las que destacan la diputada María Corina Machado y el líder opositor Leopoldo López, así como el exgobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz y la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol. “En búsqueda de salidas democráticas para cambiar un régimen deslegitimado en su origen y desempeño que permitan recuperar la Venezuela soberana, plural y de justicia social, nuestra Constitución provee diversos mecanismos, entre los cuales se encuentran (…) la Asamblea Nacional Constituyente”, dice el escrito reseñado por Efe. (…) Según los firmantes “la República pasa por uno de los peores momentos de su historia” y apuntan que “con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos” se producirán en Venezuela “unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente”.

Al año siguiente, Voluntad Popular aseguraría que a tal fin había sido activado el Poder Constituyente Originario en el estado Lara:

(El 20 de septiembre de 2014, Voluntad Popular proclamaba por boca de Luis Florido—su Coordinador Regional en Lara—que había “activado” el Poder Constituyente en el estado para tal fin, al reunir tal vez cuatro centenas de personas en un “céntrico hotel de Barquisimeto”. De esta iniciativa, nunca más se supo). Pero es que la idea misma era, al menos, un viraje de 180 grados. El 23 de enero de 2012, en preparación de las primarias ya mencionadas del 12 de febrero, López y Machado habían suscrito, en señal de aceptación, los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional, cuya estipulación #46 decía con la mayor claridad: “La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Es decir, o López & Machado tienen muy mala memoria, o mudan de opinión con rapidez o son de sinceridad escasa.

El tránsfuga mayor

Esta intención no es nueva. Ya a comienzos de 2003, la asociación civil Súmate organizó la firma ciudadana de un total de ocho planillas con diversas opciones para salir del gobierno de Hugo Chávez, y una de ellas, a proposición de Herman Escarrá, era la celebración de una nueva constituyente ¡a sólo cuatro años de la de 1999! Poco después—al menos desde 2005, cuando el suscrito presenció una presentación de Enrique Colmenares Finol, promotor de la “Alianza Nacional Constituyente”, de un proyecto con tal propósito en las oficinas del Dr. Ricardo Zuloaga—, esta “salida” sería planteada de nuevo. Más tarde, a los pocos días de la derrota de Chávez en el referendo de reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007, el general Raúl Baduel la haría suya, previo pronunciamiento de Manuel Rosales el 13 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Un kilo de estopa).

Otros grupos se han adherido más recientemente a la iniciativa, a cuya consideración se ha elevado hace poco las “Bases político-constitucionales del proyecto” de la Alianza Nacional Constituyente, cuyo inicio asienta: “Constituyente OriginariaIntroducción 1. El objetivo que se persigue es el de cambiar no solo los aspectos mejorables de la constitución, sino todos los poderes como el ejecutivo, el TSJ, el CNE, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y la Asamblea Nacional”.

Recibí ese documento por gentil envío de uno de sus promotores, a quien contesté en un correo con este título: No hay constituyentes “originarias”. Allí puse entre otras cosas:

Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario. (…) Una constituyente es, esencialmente, sólo un método para redactar un proyecto de Constitución enteramente nueva; es decir, que no puede ser obtenida por meras reformas o enmiendas al introducir conceptos constitucionales enteramente distintos a los de la constitución existente. En octubre de 1995, expliqué este asunto en referéndum (Comentario constitucional). Tres años más tarde (septiembre 1998, en la recta final de la campaña electoral), escribía para La Verdad de Maracaibo un artículo (Contratesis) en el que anticipé la doctrina fundamental de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero del año siguiente. Por ejemplo:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum. [Art. 246 de la Constitución del  61: Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general (…) El proyecto aprobado se someterá a referéndum…”]

Esto último desmonta la idea chavista de constituyente… enteramente equivocada. Eso es lo que dejó pasar—laisser passer—la aberración de la Preeliminación del Senado en 1999 ¡antes de que la nueva Constitución estuviera en vigencia! sin ser protestado. La idea mal entendida es aquello del Art. 347 actual: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (Transplante de la redacción del decreto de Chávez para convocar el referendo del 25 de abril de 1999, una vez que la CSJ dijera que sí se podía preguntar al supraconstitucional Poder Constituyente Originario si quería elegir una constituyente, a pesar de que esta figura no estuviera en la Constitución de 1961).

Se transforma al Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no estará en vigencia hasta tanto el Pueblo la apruebe en referendo. En síntesis, una asamblea constituyente es una mera redactora, una oficina de arquitectos que propone al dueño del terreno y del edificio en ella instalado los planos de un edificio enteramente nuevo, a construir en lugar del otro.

The error is compounded cuando consideras el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda, como ya comentamos, implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

El 23 de abril de este año me ocupé de la “superstición constituyente” en el programa #193 de Dr. Político en RCR.

………

Probablemente hará falta una “tercera parte”. (¿Continuará?) LEA

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* Actualización: “El presidente Nicolás Maduro afirmó que el decreto en el que se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente será publicado este miércoles y aseguró que quienes participarán en el proceso serán electos por ‘voto directo’ Añadió que ‘las bases comiciales que serán debatidas’ las presentará ‘en muy breve lapso a quien le corresponde por la Constitución organizar el proceso electoral de voto directo, secreto y universal para que sea el pueblo que elija todos los constituyentistas de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo venezolano lo elegirá’, dijo en un Consejo Presidencial para la Constituyente”. (El Universal).

Facsímil de la Gaceta Oficial con los decretos del 1º de mayo: Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6

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Licitación Abajo Maduro

El 29 de diciembre pasado se publicó en este blog Proyectos anti Maduro, entrada en la que se incluyó un enlace a un archivo .pdf contentivo de lo que acá se publica por entero en una entrada desusadamente larga. Consiste de la exposición y comentario crítico de 15 proposiciones para la cesantía anticipada del presidente Nicolás Maduro. En la decisión de publicar como entrada regular tan largo documento influyó la persistencia de proposiciones más o menos extraviadas; por ejemplo, la de una asamblea constituyente “originaria”. (Hay al menos dos grupos tras la ilusa idea, los que compiten y se atacan entre sí como si fueran dos buenos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática). He aquí, pues, el trabajo completado en aquella fecha, que supongo útil a la comparación de opciones que persiguen el mismo fin.

 

Pasos de una licitación pública

 

Pero si en el reino de la lógica y de la matemática pareciera haber todo el tiempo del mundo para refinar y verificar, ante un caso clínicamente crítico es preciso elegir un tratamiento con prontitud. Y esto (…) no puede hacerse sensatamente sin la contrastación. (…) [P]uede asemejarse esta necesidad a la de una licitación política. El país está convocando a una licitación.

Dictamen – junio de 1986

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El año que concluye ha visto el despliegue de proposiciones para la cesación del gobierno que preside Nicolás Maduro Moros. En propiedad, pudiera decirse que hemos vivido una licitación política, vista la profusión de ideas para alcanzar ese objetivo. Es el propósito de este trabajo agruparlas para el necesario ejercicio comparativo que determine cuál es la mejor. Convendrá por esto estipular las reglas convenientes a una tal contrastación. En Proyecto – Sociedad Política de Venezuela (febrero de 1985) se proponía:

Ningún actor polí­tico que pretenda proponer la solución completa o perfecta es un actor serio.

Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el in­movilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. Más todavía, una proposición política acep­table debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposicio­nes sea posible.

De este modo, una proposición deberá considerarse acepta­ble siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de pro­blemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una se­cuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer ex­plícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos pro­blemas a un menor costo.

En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importan­cia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.

Nueve años más tarde, se ponía más explícitamente en Los rasgos del próximo paradigma político (febrero de 1994):

Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.

¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:

a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.

b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.

c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que ésta no explica o soluciona.

d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).

Esto es el método verdaderamente racional para una licitación política.

………

En total, puede admitirse que ha habido quince proposiciones para salir del gobierno de Nicolás Maduro; helas aquí en orden aproximadamente cronológico de más antigua a más reciente:

 

Referendo consultivo sobre el socialismo

La carta #341

Aunque propuesto por primera vez en tiempos de Hugo Chávez (Carta Semanal de doctorpolítico # 341: Parada de trote, 23 de julio de 2009) y replanteado por este blog en 2010 y 2011 y también en Dr. Político en RCR desde 2012—programa #17—hasta este año, fue al inicio de la presidencia de Maduro cuando se sugirió que sus resultados pudieran inducir la renuncia de este último ciudadano:

…una vez que los estudios de opinión comenzaron a mostrar que el rechazo al socialismo era la postura nacional mayoritaria, se propuso en Parada de trote (23 de julio de 2009): “La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad… (…) …bastarán ahora 1.700.000 firmas ciudadanas válidas para causar un referéndum sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (…) Y entonces pudiera el Pueblo ser requerido para que exprese su voluntad acerca de tema tan crucial. Siendo que la pretensión socialista es la excusa universal, la coartada general de todos los actos del gobierno, un rechazo masivo al socialismo en referendo debe forzar la renuncia de Nicolás Maduro al cargo que ahora ocupa. No podría sostenerse si se viera forzado a suprimir de papelería, gigantografías y carteles, de discursos y decretos, la especie de que se ocupa en la construcción del socialismo. (Irrupción constituyente).

Pero no podría haber seguridad de que Maduro renunciaría aun en el caso de un repudio masivo al socialismo. (En noviembre de 2014, Datanálisis reportaba que 80,1% de sus encuestados decía estar de acuerdo con esta noción: “El socialismo del siglo XXI es un modelo equivocado que debe ser cambiado”). Por esta inseguridad, este preciso referendo se incluyó en un proyecto de acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo de la República—Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016—, cuyas clásulas tercera y cuarta rezaban:

Cláusula Tercera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales auspiciarán la celebración de un Gran Referendo Nacional, el que consultará en diversas materias de especial trascendencia nacional y será convocado por la Asamblea Nacional para su celebración el domingo 26 de junio de 2016. A los fines de la determinación de las preguntas del Gran Referendo Nacional, el Gobierno Nacional suministrará tres preguntas para someter a consulta. La Asamblea Nacional las incluirá y someterá igualmente tres preguntas, una de las cuales será: “¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?” Esta específica consulta se hace necesaria por el encabezado estándar de los decretos emanados del Ejecutivo: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, y asimismo por la aprobación del “Plan de la Patria”, presentado como “segundo plan socialista”.

Cláusula Cuarta. El ciudadano Nicolás Maduro Moros se compromete a presentar su renuncia al cargo de Presidente de la República si, al celebrarse ese Gran Referendo Nacional, resultare negada la pregunta especificada en la cláusula anterior, lo que causaría de suyo la falta absoluta que será subsanada por la elección prevista en el Artículo 233 de la Constitución, al producirse aquélla antes de los cuatro años del presente período constitucional, que se cumplirán el 10 de enero de 2017.

Poco antes de la elección de la nueva Asamblea Nacional exigí desde Radio Caracas Radio el compromiso de los candidatos de oposición para que convocaran ese mismo referendo una vez electos por mayoría simple de votos. Tal vez ocupado en neutralizar mi exigencia, el hoy diputado José Guerra intentó vender la especie de que el 6 de diciembre del año pasado, como escribió el 11 de octubre de 2015 en artículo que tituló El socialismo va a referendo, las elecciones de asambleístas serían adicionalmente una consulta popular: ““Estoy entre quienes opinan que este 6 de diciembre, además de la elección de una nueva Asamblea Nacional, se celebra un referendo consultivo sobre el modelo económico que queremos transitar”. En Consideraciones sobre un texto de José Guerra refuté su pretensión:

La noción está equivocada. Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un “plebiscito” acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales. El 6 de diciembre no está planteada esa disyuntiva, sino la de votar o no votar por alguno de los candidatos del circuito correspondiente. Si se quiere que algo sea tenido por un referendo consultivo debe serlo; no debe proponerse que las elecciones del 6D usurpen lo que tendría que ser una manifestación explícita del Soberano. (…) Pero si el candidato Guerra quisiera que en verdad se consultara la preferencia del pueblo en pro o en contra del socialismo, podría comprometerse desde ya a que de resultar electo levantará su mano para formar una mayoría simple de colegas que apruebe la convocatoria de un verdadero referendo, no uno pretendido, acerca de asunto tan crucial. Es ahora, mientras requiere votos ciudadanos, cuando debe prometer que hará exactamente eso. También puede, naturalmente, intentar convencer a sus compañeros candidaturales de la MUD para que se comprometan de igual modo. Eso, si es que creen valiosa la participación popular real y directa para decidir “las materias de especial trascendencia nacional”. (Artículo 71 de la Constitución).

En efecto, este artículo dice: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”.

La Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos Allup ha hecho caso omiso de tal proposición.

 

Demostración de fraude en la elección del 14 de abril de 2013

“Perdí por trampa”

Desde la noche misma de esa fecha electoral—inevitable por la falta absoluta del Presidente de la República (Hugo Chávez Frías)—, el candidato derrotado, Henrique Capriles Radonski, sostuvo que esa elección le había sido robada. El Presidente Electo, Nicolás Maduro, habló con Capriles en la madrugada del 15 de abril y convino en extender la auditoría suficientísima de 54% de las actas de votación a la totalidad de las mismas, lo que terminó efectuándose. Pero entonces Capriles habló de la apertura de todos los cuadernos electorales que registran la identidad de los votantes y ahí se trancó la cosa. La producción de los cuadernos electorales, pautada en la sección sobre el contencioso electoral de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en ningún caso se prevé para su universo total; si alguien denuncia irregularidades con la identidad de los votantes en algún centro de votación o una mesa específica, entonces puede y debe producirse el o los cuadernos electorales correspondientes. (Sobre la discusión acerca de los cuadernos electorales, ver en este blog Las reglas de juego).

Capriles haría un papelón en su viaje a Chile y Perú de julio de 2013, para reclamar un presunto incumplimiento del “compromiso” asumido por UNASUR. Este organismo se había limitado a saludar “al Presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, había instado “a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral” y tomado “nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales”. En ningún momento se refirió a los cuadernos electorales. (La torpeza de la deshonestidad).

Durante todo el año 2013, Capriles se refirió a Maduro como “el ilegítimo”; todavía tocaría el tema de los cuadernos electorales en la reunión de diálogo entre gobierno y oposición del 10 de abril de 2014 en Miraflores. Antes, María Corina Machado le había echado en cara que no había lanzado una manifestación a “la calle” para cobrar resultados que supuestamente le habían sido favorables. (En conversación con Germán Carrera Damas que fuera ilegalmente grabada).

 

Demostración de doble nacionalidad presidencial

¿Registrador Nacional de Colombia?

En el mismo año de su elección, emergió la tesis de que Nicolás Maduro Moros había asumido indebidamente la Presidencia de la República, pues poseería además de la venezolana la nacionalidad colombiana y la Constitución establece (Artículo 227): “Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad…” Pero hasta que fuera elegido no se objetó que fuera designado Vicepresidente Ejecutivo, aunque el Artículo 238 especifica: “El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirán las mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la República”. Tampoco hubo oposición a la presentación de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2013.

Poco después empezó el cuestionamiento, primero por diversas voces, hoy en día abanderado casi exclusivamente por Enrique Aristeguieta Gramcko. En una primera versión, se afirmaba que Maduro mismo había nacido en Colombia:

¿Dónde está la prueba de que Nicolás Maduro no es venezolano por nacimiento? El exembajador de Panamá—¡qué casualidad!—ante la OEA, Guillermo Cochez, presentó a la cadena colombiana NTN24—¡qué casualidad!—una presunta partida de nacimiento del presidente Maduro y declaró irresponsablemente: “Maduro nació en Cúcuta el 22 de noviembre de 1961 y no en Caracas”. Poco después, la Registraduría de Colombia investigó el documento presentado por Cochez y llegó a la conclusión de que era falso, según informó Carlos Alberto Arias, Director Nacional de Identificación, quien señaló varias inconsistencias e irregularidades en la “prueba” de Cochez. (Disección de una “mancheta” necia).

El mismo órgano informaría luego que no tenía en sus registros a Nicolás Maduro como nacional de Colombia. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que el actual Presidente de la República era solamente venezolano, Henry Ramos Allup creyó lapidaria una de sus ingeniosidades, al declarar que en nuestro país puede uno ser venezolano por nacimiento, por naturalización o por sentencia del TSJ. Pudiera observársele que según él nuestra Asamblea Nacional puede determinar quién es natural de Colombia a pesar de lo que su Registraduría Nacional reconozca.

 

Convocatoria de asamblea constituyente

Un día antes de las elecciones municipales de 2013 (8 de diciembre), fue publicado en la prensa nacional un remitido que proponía convocar una asamblea constituyente, con el fin principal de cambiar los poderes públicos nacionales. Así informó El Universal el sábado 7 de diciembre:

Un grupo de diputados y militantes de partidos opositores de Venezuela ha propuesto convocar a una Asamblea Nacional Constituyente tras los comicios municipales que se celebrarán mañana en el país. La propuesta, publicada hoy en los principales diarios de circulación nacional está firmada por 55 personas, entre las que destacan la diputada María Corina Machado y el líder opositor Leopoldo López, así como el exgobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz y la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol. “En búsqueda de salidas democráticas para cambiar un régimen deslegitimado en su origen y desempeño que permitan recuperar la Venezuela soberana, plural y de justicia social, nuestra Constitución provee diversos mecanismos, entre los cuales se encuentran (…) la Asamblea Nacional Constituyente”, dice el escrito reseñado por Efe. (…) Según los firmantes “la República pasa por uno de los peores momentos de su historia” y apuntan que “con nuevos funcionarios a la cabeza de los poderes públicos” se producirán en Venezuela “unas elecciones presidenciales enmarcadas en un proceso justo, equilibrado y transparente”.

Al año siguiente, Voluntad Popular aseguraría que a tal fin había sido activado el Poder Constituyente Originario en el estado Lara:

(El 20 de septiembre de 2014, Voluntad Popular proclamaba por boca de Luis Florido—su Coordinador Regional en Lara—que había “activado” el Poder Constituyente en el estado para tal fin, al reunir tal vez cuatro centenas de personas en un “céntrico hotel de Barquisimeto”. De esta iniciativa, nunca más se supo). Pero es que la idea misma era, al menos, un viraje de 180 grados. El 23 de enero de 2012, en preparación de las primarias ya mencionadas del 12 de febrero, López y Machado habían suscrito, en señal de aceptación, los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional, cuya estipulación #46 decía con la mayor claridad: “La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Es decir, o López & Machado tienen muy mala memoria, o mudan de opinión con rapidez o son de sinceridad escasa.

El tránsfuga mayor

Esta intención no es nueva. Ya a comienzos de 2003, la asociación civil Súmate organizó la firma ciudadana de un total de ocho planillas con diversas opciones para salir del gobierno de Hugo Chávez, y una de ellas, a proposición de Herman Escarrá, era la celebración de una nueva constituyente ¡a sólo cuatro años de la de 1999! Poco después—al menos desde 2005, cuando el suscrito presenció una presentación de Enrique Colmenares Finol, promotor de la “Alianza Nacional Constituyente”, de un proyecto con tal propósito en las oficinas del Dr. Ricardo Zuloaga—, esta “salida” sería planteada de nuevo. Más tarde, a los pocos días de la derrota de Chávez en el referendo de reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007, el general Raúl Baduel la haría suya, previo pronunciamiento de Manuel Rosales el 13 de septiembre de ese mismo año: “Yo creo que, definitivamente, en Venezuela, después de este referendo constitucional hay que pensar seriamente en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente porque es la refundación y la reconciliación del país”. (Un kilo de estopa).

Otros grupos se han adherido más recientemente a la iniciativa, a cuya consideración se ha elevado hace poco las “Bases político-constitucionales del proyecto” de la Alianza Nacional Constituyente, cuyo inicio asienta: “Constituyente OriginariaIntroducción 1. El objetivo que se persigue es el de cambiar no solo los aspectos mejorables de la constitución, sino todos los poderes como el ejecutivo, el TSJ, el CNE, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y la Asamblea Nacional”.

Recibí ese documento por gentil envío de uno de sus promotores, a quien contesté en un correo con este título: No hay constituyentes “originarias”. Allí puse entre otras cosas:

Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario. (…) Una constituyente es, esencialmente, sólo un método para redactar un proyecto de Constitución enteramente nueva; es decir, que no puede ser obtenida por meras reformas o enmiendas al introducir conceptos constitucionales enteramente distintos a los de la constitución existente. En octubre de 1995, expliqué este asunto en referéndum (Comentario constitucional). Tres años más tarde (septiembre 1998, en la recta final de la campaña electoral), escribía para La Verdad de Maracaibo un artículo (Contratesis) en el que anticipé la doctrina fundamental de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero del año siguiente. Por ejemplo:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ““Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum. [Art. 246 de la Constitución del  61: Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general (…) El proyecto aprobado se someterá a referéndum…”]

Esto último desmonta la idea chavista de constituyente… enteramente equivocada. Eso es lo que dejó pasar—laisser passer—la aberración de la Preeliminación del Senado en 1999 ¡antes de que la nueva Constitución estuviera en vigencia! sin ser protestado. La idea mal entendida es aquello del Art. 347 actual: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (Transplante de la redacción del decreto de Chávez para convocar el referendo del 25 de abril de 1999, una vez que la CSJ dijera que sí se podía preguntar al supraconstitucional Poder Constituyente Originario si quería elegir una constituyente, a pesar de que esta figura no estuviera en la Constitución de 1961).

Se transforma al Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente mediante una nueva constitución, y ésta no estará en vigencia hasta tanto el Pueblo la apruebe en referendo. En síntesis, una asamblea constituyente es una mera redactora, una oficina de arquitectos que propone al dueño del terreno y del edificio en ella instalado los planos de un edificio enteramente nuevo, a construir en lugar del otro.

The error is compounded cuando consideras el Art. 349: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda, como ya comentamos, implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos.

El 23 de abril de este año me ocupé de la “superstición constituyente” en el programa #193 de Dr. Político en RCR.

 

“Plebiscito” sobre el gobierno de Maduro

“Volví a perder”

Así reportaba este blog—Las cuentas como son—los resultados de las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013: “Es ya proverbial el chiste de un argentino que evaluó positivamente el desenlace de la Guerra de las Malvinas: ‘¡Fabuloso, che! ¡Quedamos subcampeones!’ Una psicología parecida se extiende en cabezas de la oposición, que pretenden que el gobierno perdió el ‘plebiscito’ predicado por Henrique Capriles Radonski, autoungido jefe de campaña de todas las candidaturas de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre”.

En efecto, Capriles intentó (como José Guerra dos años después) la transmutación alquímica de unas elecciones locales en un evento de carácter nacional que, según él, evaluaría el desempeño del gobierno de Maduro, al que consideraba “ilegítimo”. Bueno, perdió el “plebiscito” que debía dar al traste con ese gobierno mostrando que Maduro no tenía los votos para ganar el 14 de abril anterior: “…la rectora Sandra Oblitas certificó definitivamente que, de un total de 335 alcaldías en disputa, el PSUV y sus aliados ganaron 242 (72,24%), mientras que la MUD obtuvo 75 (22,39%) y otros candidatos un total de 18 (5,37%). En votos totales, la alianza centrada en el PSUV obtuvo 5.227.491 sufragios sobre 4.423.897 de la MUD, para una ventaja de 803.594 votos”. La nota citada arriba asentó:

Capriles perdió el “plebiscito” al que apostó todos sus reales: “El 8 de diciembre tiene que ser un gran plebiscito para evaluar y decidir si gana la alternativa democrática. (…) El reto que tenemos es superar la votación del 14 de abril. (…) El ocho de diciembre quedará demostrado quién es mayoría”. Recordemos palabras de Luis Vicente León del 18 de agosto:

Está claro que el Gobierno ganará la mayoría de las alcaldías del país. Su penetración en poblaciones remotas, donde se escoge un alcalde con un puñado de votos, es evidente, frente a una oposición con ventaja en grandes centros poblados y pocos alcaldes. Pero el total de votos es otra cosa y ahí la batalla será campal. Si el Gobierno gana, dirá que el pueblo apoyó a Maduro y si pierde dirá que es un evento local que no pretende evaluar la gestión presidencial, mientras muestra el gráfico con su porcentaje de alcaldes. Pero es evidente que ganar o perder en el número de votos totales manda un mensaje político potente y la gente no debería ser tan bolsa como para no entenderlo, aunque con los años he comenzado a pensar que lo único realmente democrático… es la estupidez.

Con la estupidez de la idea plebiscitaria se regodea el gobierno.

 

Crisis de gobernabilidad

Uno de los responsables

El manifiesto de López, Machado et al. que se publicara en la prensa nacional el 7 de diciembre de 2013 era la señal de partida de lo que se conocería luego como #lasalida, el “movimiento” que quiso derrocar el gobierno de Maduro desde “la calle”. (Su primer hashtag fue #lamovida, un concepto que significaba algo a gente más bien mayor—”¿Tú estás en la movida?”—pero poco o nada a los más jóvenes; de allí que se cambiara. El Diccionario de la Lengua Española recoge ese sentido: “estar alguien en la movida. 1. loc. verb. Col., Guat., Hond., Méx. y Ven. Estar cerca de un círculo de poder, o de donde suceden las cosas”).

El planteamiento estratégico se sustentaba en una premisa simplista: “Maduro no es Chávez. A ése se le tumba con un soplido”. Dos meses después se iniciaba el letal ciclo de protestas organizadas y logísticamente mantenidas que duraron buena parte de 2014. La movida se inició el 4 de febrero de ese año en San Cristóbal, pero su verdadero detonante fue encendido el 12 del mismo mes con la marcha hacia la sede de la Fiscalía General de la República, convocada por López, Machado y Antonio Ledezma. Tres muertos habría ese día; en total fallecieron 43 personas en esa temporada de guarimbas, el término venezolano que procede de guarida y significa refugio. Menos graves pero muy molestas fueron las alteraciones de la normalidad de tránsito en vías caraqueñas como la Avda. Francisco de Miranda, en la que se estableció en el tramo de Los Palos Grandes una colección de tiendas de campaña que lo inutilizó por meses, o el forúnculo que interrumpía diaramente la autopista de Prados del Este a las alturas de Santa Fe. Por supuesto, los directamente afectados no eran ni el presidente Maduro ni los dirigentes del PSUV.

El antecedente conceptual de esta extendida protesta focal había sido provisto por Robert Alonso, el dueño de la finca Daktari en la que se capturó en mayo de 2004 un grupo de paramilitares colombianos que presuntamente tratarían de asesinar a Hugo Chávez. Alonso ha revindicado ser el inventor de la táctica guarimbera, y protestado la usurpación de Alejandro Peña Esclusa, quien publicaría un manual instructivo de guarimbas:

Peña Esclusa receta la aplicación descentralizada de una desobediencia civil: la formación—son los números que usa a título de ejemplo—de cinco mil focos de desobediencia activa con doscientos ciudadanos cada uno, dispersos por todo el territorio nacional. El pintoresco líder garantiza que, primero, el gobierno no podrá reprimir o reducir una desagregación tal de la desobediencia y que, segundo, tal situación “provoca inevitablemente una factura militar”. Es como una carambola imperdible en un universo newtoniano clásico. Además indica que esta gran operación—cada foco deberá tener “un jefe, encargados de propaganda, encargados de organización, operaciones, grupos de legítima defensa, logística”—tendrá que ser emprendida “preferiblemente este mismo año y antes que el régimen haya materializado su milicia paralela, bien entrenada y equipada”. (…) Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Para ese momento, se pronosticó el desenlace fatal:

El esquema es totalmente iluso. Si se tratara sólo de provocar esta guarimbada por franquicias antes de que la milicia de cien mil efectivos esté lista, por más inmadura que ésta sea se encuentra en mayor apresto que cualquier avispero cívico por construir. Por otro lado ¿quién dijo que el gobierno se chupa los dedos en esta materia? ¿Quién dijo que le entraría con ejército regular o aun milicia uniformada y entrenada a un esquema asimétrico? ¿No es justamente el gobierno el gran organizador de la asimetría? ¿No lleva también ventaja en esto de organizar unidades y células a escala de barrios, urbanizaciones y parroquias? ¿No lo acaba de demostrar al oponer a los manifestantes de la Universidad Santa María ante la Asamblea Nacional, no ya efectivos de la Guardia Nacional que tendrían—gracias a Dios y a Jesse Chacón—instrucciones de no dispararles, sino una turba de “simpatizantes” del gobierno que les atacaron con palos, sillas y vasos? (Donde algo se bebía, como es protocolo obligado en cualquier aglomeración de partidarios del régimen).

No ha sido posible deponer a Maduro con un soplido, como no fue posible tumbar a Chávez creando una crisis de gobernabilidad, situación que para María Corina Machado tiene sentido desde hace mucho, como consta en Las élites culposas:

El miércoles 5 de abril de 2006, una reunión extraordinaria de la peña más longeva de Caracas, cuyo anfitrión es Luis Ugueto Arismendi, antiguo Ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns, se convocaba para escuchar a María Corina Machado, quien había solicitado la sesión con urgencia. (…) Machado comenzó con el enunciado de la premisa mayor de su presentación: nos hallábamos enfrentados a un gobierno que no creía en la alternabilidad democrática, uno que jamás entregaría el poder si lo llegare a perder en elecciones. La premisa no fue más comentada ni expandida durante toda la exposición, aunque proyectó su sombra sobre todo el resto de lo argumentado. Luego, describió a grandes rasgos el mecanismo de primarias y rebatió, de forma persuasiva, los inconvenientes que usualmente se oponían a la idea de las mismas. Lo que más enfatizó, sin embargo, fue la exigencia de que el candidato más votado tendría que convertirse en el sumo adalid de la lucha por condiciones electorales confiables para retirarse de las elecciones, no con 5% en las encuestas, sino con 40% gracias a las primarias, lo que era preferible y sí “tendría impacto”, en caso de “ser necesario”. Fue luego de todo eso que se suscitó una ronda de intervenciones de algunos asistentes. Uno de ellos argumentó que el gobierno no era demócrata y por tanto jamás sería derrotable por vía electoral—la premisa mayor del inicio—, razón por la cual “lo que había que hacer” era crear, mediante el retiro de la candidatura, una “crisis de gobernabilidad” que pudiera ser aprovechada por otros factores de poder que acabaran con el régimen. Entonces, María Corina Machado se dirigió al ponente de la receta descrita para decirle: “Pues mira, eso es exactamente lo que estamos buscando”.

El 12 de febrero de 2014, la televisora colombiana NTN24 transmitió los acontecimientos en la Fiscalía mientras se desarrollaban:

En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?) (Post scriptum a Leopoldo è mobile qual piuma al vento).

Los resultados de la guarimbada de 2014 no han servido para desacreditar suficientemente el expediente de “la calle” (o, simplemente, “calle”). En Venezuela ha habido calle contra el chavismo-madurismo desde fines de 2001, y la receta hace mucho que ha adquirido rasgos de reiterativo talismán:

El tipo ideal de opositor que estamos considerando es, por otra parte, simplista y trillado. Va por la vida (política) armado de dogmáticas prescripciones estratégicas: “Hay que calentar la calle”. (Enfermo típico, 26 de enero de 2006).

No otra cosa impulsó la demostración del 1º de noviembre, con una asistencia tal vez igual a la de la marcha a Miraflores del 11 de abril de 2002. La frustración de los más indignados opositores con “el diálogo” se origina en el abandono de “la calle”, de “la presión de calle”.

 

Golpe de Estado militar

El árbitro de La Esmeralda

Cada cierto tiempo, alguien plantea con desplantes de indignación y pretendida valentía un golpe de Estado clásico. En agosto de 2014, Juan Carlos Sosa Azpúrua había cambiado los “militares valientes” de Peña Esclusa por sus propios “militares decentes”, que según su entender había que buscar y conseguir a fin de que intervinieran deponiendo el gobierno de Maduro. Estos militares debían justificar su acción con una “narrativa”. Procedí a refutar la argumentación de Sosa Azpúrua en el programa #107 de Dr. Políico en RCR del 23 de agosto de 2014. A la semana siguiente, en la emisión #108, haría lo mismo con la defensa que de él hiciera Robert Alonso desde los Estados Unidos,

Lo más reciente a este respecto ha sido la presentación del padre Luis Ugalde S. J.—ocupado en justificaciones teológico-históricas de una rebelión militar, que publicara la revista SIC de los jesuitas venezolanos y reprodujera americanuestra.com—en la Fundación Espacio Abierto que dirige Luis Manuel Esculpi. Noticiero Digital reseñó la ocasión el pasado 12 de diciembre:

El padre Luis Ugalde, s.j., presentó este sábado un escenario político que recordó lo ocurrido en Venezuela durante la transición hacia la democracia en 1958 y el rol que jugó la figura de Wolfgang Larrazábal, el vicealmirante que ocupó la presidencia de la República una vez derrocada la dictadura perezjimenizta, y que condujo al sistema político hacia una democracia. Anunció que se iba a referir a un escenario, de varios posibles, y que tituló Larrazábal II, quien tomaría “la responsabilidad del Ejecutivo nacional y la Presidencia y proclamaría ante el país un gobierno de transición y de unidad nacional; obligado por la grave y creciente emergencia y dictadura; una dictadura cerrada a todo cambio; que la población considera absolutamente necesarios”.

Allí proporcionó la “narrativa” solicitada por Sosa Azpúrua con retraso de un poco más de dos años:

“Nosotros nos vemos obligados a tomar el poder Ejecutivo ante la gravísima situación de la población: falta de medicinas, comida, seguridad ciudadana, inflación, corrupción y la radical negación del gobierno dictatorial a poner soluciones. Somos un gobierno plural; de salvación nacional, para responder de inmediato a la tragedia humanitaria y recuperar la democracia plural, y establecer las bases y acuerdos sólidos con los empresarios, para impulsar una economía productiva, con compromiso social; con fuerte y sostenida inversión privada nacional e internacional, y unos programas sociales de emergencia inmediata”.

El planteamiento de Ugalde me recordó lo que recomendaba Sosa Azpúrua; también me recordó algo bastante anterior. El 31 de diciembre de 2002 el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría, en el que anunciaba: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él Olavarría decía que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Olavarría había empezado esa prédica a comienzos de año, en artículos y declaraciones en televisión que hablaban de un derecho de rebelión, así que le contesté:



No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

 Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 (…) Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo: “Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia”.

 (…) Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

El mensaje que Ugalde redactó para quien llama “Larrazábal II” es la “narrativa” de los “militares decentes” de Sosa Azpúrua, el “manifiesto” de los golpistas que propugnaba Olavarría (Q. E. P. D.), y la “crisis de gobernabilidad” explicada en la sección previa se la entiende usualmente como proveedora de la excusa perfecta para un golpe de Estado.

 

Enmienda de recorte de período

El 25 de noviembre de 2015, este blog reseñaba (Martes de Ramos) el combo de ofertas que consideraría la MUD en la primera mitad del año siguiente:

Henry Ramos Allup habló ayer martes a una asamblea de ciudadanos en San Bernardino y dijo esto: “Luego de las elecciones parlamentarias vendrá un debate político interno [en el oficialismo], una medición de fuerzas entre ellos y, a la larga, un resquebrajamiento que puede poner fin en breve al Gobierno, bien sea por la vía de referéndum revocatorio, enmienda constitucional, una Constituyente o la renuncia del Presidente”.

Cuando casi se había cumplido el primer mes de su presidencia de la Asamblea Nacional, expresó su convicción de que el tratamiento viable era el de la enmienda de la Constitución para reducir el período presidencial:

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, consideró que la salida de Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo sólo es posible mediante una enmienda constitucional. La opción de referéndum revocatorio es considerada como “muy engorrosa” por los parámetros que deben cumplirse y en el caso de la renuncia, no cree que suceda. (…) Los parlamentarios de la Causa R le entregaron un proyecto que calificó como muy bueno. Añadió que cualquiera de las propuestas por esa vía debe incluir la eliminación de la reelección indefinida. (Informe 21).

Enmendador desde 2001

Quien escribe había planteado el 11 de abril de 2015 (en el programa #139 de Dr. Político en RCR)  la posibilidad de la enmienda de recorte del período presidencial—reconociendo la precedencia de Primero Justicia (específicamente de Juan Manuel Raffalli) como la entidad que primero la propusiera a fines de 2001 contra Hugo Chávez—; para el mes de noviembre ya había caído en cuenta de su inviabilidad, como asenté en la entrada citada al inicio de esta sección:

La enmienda de recorte de período—propugnada originalmente por Primero Justicia a fines de 2001—sí puede ser desencadenada por los asambleístas; un 30% de los diputados (56 de una cámara de 167) puede introducir el proyecto que necesita la aprobación de la mayoría simple (84) para que, finalmente, sea sometido a la aprobación final de nosotros, los Electores, en referendo. También puede hacerlo el Presidente de la República, pero no es realista imaginar que querrá recortarse el mandato, y seguramente tampoco que el Tribunal Supremo de Justicia toleraría la aplicación “retroactiva” a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años…

En Apostilla a la entrada previa (5 de febrero de 2016) volví sobre el punto:

Todo proyecto de enmienda constitucional debe ser sometido a un referendo aprobatorio, como ocurriera el 15 de febrero de 2009 para considerar la reelección indefinida de funcionarios por elección. En el caso de un proyecto propuesto por la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional, se prescinde de la iniciativa popular (15% de los electores) para forzar tal referendo, y el Consejo Nacional Electoral tendrá un mes para organizarlo y celebrarlo. Es esperable que una mayoría nacional de electores aprobaría el recorte, contando con que así se produce la cesantía del presidente Maduro a la medianoche del 9 de enero de 2017.

Pero… ¿es la aplicación retroactiva de esa modificación de la Constitución al mandato específico conferido a Maduro algo que no levantaría objeciones en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Es difícil; si una mayoría aprobare la enmienda no faltarán suficientes magistrados de esa sala que arguyan que su aplicabilidad se iniciaría el 10 de enero de 2019, pues igualmente una mayoría de ciudadanos eligió a Maduro para un período de seis años.

 

Petición de renuncia

La renuncia del Presidente de la República es un acto personalísimo; por tanto, es inmune incluso a las preferencias de nuestro Poder Constituyente Originario, limitado solamente por los derechos humanos en el territorio venezolano sobre el que ejerce su soberanía. Renunciar es un derecho intransferible. Como se dijera al comienzo mismo de este trabajo, podía esperarse que el referendo sobre el socialismo aumentara su probabilidad; así se reiteró en Martes de Ramos: “La renuncia de Nicolás Maduro sólo puede producirla él, pero puede ser inducida. Creo desde hace tiempo que nada sería más eficaz a este respecto que la celebración de un referendo consultivo sobre la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista”.

 

Referendo revocatorio

La figura de un referendo capaz de revocar el mandato de un funcionario electo en Venezuela fue manejada por primera vez en el proyecto de reforma de la Constitución de la Comisión Bicameral del Congreso de la República en 1992, que presidía Rafael Caldera. Al año siguiente, él mismo recogería la noción en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, el programa de gobierno para su segunda elección: “El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”. La Constitución vigente la pauta en su Artículo 72:

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

No quería revocatorio

La Mesa de la Unidad Democrática, como se registrara antes, se mantuvo dubitativa acerca de esta avenida constitucional en el primer trimestre de 2016, y sólo comenzó a moverse en abril. (El suscrito, no siendo el único, había advertido a tiempo sobre esa posibilidad; por ejemplo, en contestación a un comentario a la entrada ¿Jesús Gorbachov? del 1º de octubre de 2014: “…puede intentarse la convocatoria de un referendo revocatorio en un año y tres meses, a partir del 10 de enero de 2016″. En el seno de la MUD, seriamente emproblemada desde que el 3 de enero se decidiera que Henry Ramos Allup sería el Presidente de la Asamblea Nacional, se torpedeó la iniciativa porque apoyarla significaría favorecer los planes candidaturales de Henrique Capriles Radonski, ya posicionado como su más visible campeón:

[Torrealba] entró en consideraciones en torno al tema de la unidad. “Yo debo decir que desde el 3 de enero de este año la dirección política de la unidad democrática está severamente aquejada por falta de coherencia y organicidad”. Torrealba se remontó al momento en que se logró el acuerdo de la tarjeta única en agosto de 2015; muy condicionado por la presión de Voluntad Popular, habida cuenta de los reclamos que hacía a partir de su condición de fenómeno electoral reciente y acelerado, y que fue lo que dio pie a su incorporación dentro del llamado G-4; el grupo de los cuatro partidos más representativos, en este caso, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Lo definió como el corazón del comando de campaña, al que se le agrega la figura del Secretario Ejecutivo de la MUD, de modo que vino a ser el G-5, y que las cosas marcharon en armonía allí hasta el día 3 de enero cuando no se obtuvo un acuerdo para elegir al presidente de la AN, y que, por tanto, se tuvo que ir a una elección; que fue lo que produjo un impacto interno. “Ese impacto fue que nuestros compañeros de Primero Justicia, mis hermanos, dijeron: ya va, el G-4 es una estructura que funciona sobre la base de la confianza, y esta confianza ha sido resquebrajada. Esto ya no es un G-4, sino que es un 3 contra 1”. Añadió que a partir de ese momento el grupo ejecutivo tampoco ha podido funcionar; porque no tiene normas acerca de cómo tomar decisiones, y que en esta situación hemos atravesado un trimestre completo, y un trimestre, a su juicio, donde ha pasado de todo, y argumentó que estas cosas se permitía decirlas públicamente en su carácter de dirigente político independiente, porque hay la necesidad urgente de remediar esta situación; ya que la unidad no se trata de una conquista que le pertenece a los partidos políticos, sino a todos los venezolanos. (Exposición en la Fundacion Espacio Abierto, reseñada el 12 de abril de este año en Noticiero Digital y comentada dos días después en Otra confesión de parte).

Luego vendría la excusa de que iniciar las diligencias necesarias en enero confrontaría la oposición del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base de que el período de Nicolás Maduro habría comenzado el 15 de abril y no el 10 de enero de 2013, lo que es patentemente un pretexto muy malo. El Artículo 233 de la Constitución, que cubre los casos de falta absoluta del Presidente de la República, dice claramente: “En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente”.

Finalmente, la MUD optó por iniciar la promoción del referendo revocatorio del mandato de Maduro y logró completar la primera fase del proceso, a pesar del engorro nada cooperador del Consejo Nacional Electoral: la recolección de las firmas de 1% de los electores que promoverían la consulta; luego, el oficialismo paralizaría por completo el remolón intento opositor:

…la Mesa de la Unidad Democrática inició en el mes de abril (ha podido iniciarse el 11 de enero, al cumplirse la mitad del período constitucional que el presidente Maduro completa) la promoción de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro luego de arribar a un consenso de los partidos que la componen, y logró superar la fase inicial de activación del proceso con la consignación de más de 1% de firmas de electores que el Consejo Nacional Electoral reconoció como válidas. El Consejo anunció la fase de recolección de 20% de manifestaciones de voluntad de electores requeridas para fines de octubre, y delineó un cronograma general que parecía ubicar la fecha del referendo mismo para el mes de febrero de 2017, lo que implicaba que no habría elecciones para escoger un sucesor del presidente Maduro en caso de su revocación (concluiría el período quien estuviera en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República para el momento de su eventual remoción). Con posterioridad a estos anuncios, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el 20% de los electores debía ser reunido no en circunscripción nacional sino en cada uno de los estados del país, e inmediatamente seis tribunales estatales sentenciaron la invalidez del 1% de las firmas de promoción sobre la base de presunto fraude. El Consejo Nacional Electoral suspendió entonces la recolección de las firmas de la convocatoria prevista para el 26, el 27 y el 28 de octubre, al declarar que acataba las sentencias tribunalicias. Estas decisiones paralizaron de hecho el esfuerzo revocatorio y endurecieron las posiciones de la oposición, y también las del gobierno, hacia un agravamiento de la confrontación. (Ayuda memoria, 28 de octubre de 2016).

 

Referendo que cause elección presidencial inmediata

Para descargar la presión

El 22 de octubre de 2016 se había publicado Prontas elecciones, que argumentaba, sobre la condición de supraconstitucionalidad del Poder Constituyente Originario, que podía causarse elecciones anticipadas mediante un referendo consultivo. (El mismo día se expuso el tratamiento en el programa #219 de Dr. Político en RCR, cuyo archivo de audio se incluyó al comienzo de esa entrada).

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. (…)

[La Asamblea Nacional] puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Quince días después, los diputados en cuestión solicitarían su desincorporación, pero Henry Ramos Allup nunca la perfeccionó, limitándose a decir: “Hemos tomado nota”.

En actualización del 24 de octubre a Prontas elecciones, se insertó la siguiente explicación:

…escribí hoy a dos amigos un correo encabezado así: Un poquito de bacteriología política. En él les puse:

“El gobierno ha logrado interrumpir el proceso revocatorio con el empleo de antibióticos judiciales, que actúan sobre el origen referendario en firmas de la iniciativa popular. Más en general, ha maniatado a la AN sobre la base de su desacato al incorporar a los diputados de Amazonas suspendidos por el TSJ.

¿Cómo se defienden las bacterias? Modificando su ADN para hacerlo inmune a esos antibióticos específicos; aprenden a comer penicilina, cuya administración es entonces ineficaz.

Ésa es la misma estrategia del tratamiento propuesto el sábado: 1. deja de depender de firmas que pueden ser exigidas por estados o inhabilitadas por presunto fraude en la recolección (lo convoca la AN); 2. se retira una fracción del ADN de la Asamblea sobre la que se fija la acción del antibiótico TSJ, desincorporando los diputados objetados.

¿Podría el laboratorio de guerra bacteriológica oficialista diseñar un nuevo antibiótico que actúe diferentemente? Seguramente buscará desarrollar otro, pero le será muy difícil. El que logren inventar atacaría también a la propia base de su existencia: ‘El desconocimiento de esa doctrina fundamental del acervo constitucional venezolano equivaldría a pulverizar las bases jurídicas del régimen público nacional’. Para matar tiene que suicidarse”.

Una vez más, la Asamblea Nacional conducida por Ramos Allup ha ignorado olímpicamente esta posibilidad, pero también debió actualizarse la entrada de nuevo así:

Actualización 2: se me informa que el diputado José Guerra ha dicho hoy (25 de octubre) a CNN: “Hay una solución inmediata a la situación que vivimos: elecciones generales inmediatas. elecciones presidenciales, Asamblea Nacional (los diputados ponemos el cargo a la orden), gobernaciones y municipales”. Repuse al informante: “Creo que las elecciones generales son un exceso. A la Asamblea acabas de elegirla, más temprano que tarde tendremos elecciones regionales, y para las presidenciales necesitas pasar por encima de la Constitución. De allí lo que propuse: un referendo consultivo del Poder Constituyente Originario para establecer estas últimas con base constituyente”. El país no está para más elecciones de las que necesita.

La idea de elecciones generales ha sido replanteada como para llevarla a la agonizante mesa de diálogo que tutelan el Vaticano y UNASUR, pero una cosa así no puede ser decidida en una instancia de esa clase; cualquier modificación constitucional que se “acordara” no tendría vigencia hasta que el Pueblo la apruebe en referendo, el que debiera ser convocado con arreglo a lo que pauta la Constitución.

Una virtud a destacar en este tratamiento del problema es que es inmune a la barrera de la fecha que cambia la determinación del sucesor de Maduro; aunque se celebre el referendo con posterioridad al 10 de enero de 2017, una mayoría que conteste afirmativamente causaría nuevas elecciones presidenciales.

 

Ayuda exterior

Intervención militar externa

Tal vez creyendo que ciertas declaraciones conducirían a la renuncia de Nicolás Maduro o a una intervención militar que diera al traste con su gobierno, ha parecido a algunos que es eficaz adjudicarle la etiqueta dictatorial y elevar el caso a instancias internacionales. En Etiqueta negra (11 de abril de 2016) se expuso:

Un amigo inteligente, bien intencionado y proactivo, me escribe: “es una DICTADURA”. Un importante venezolano acaba de declarar a un medio nacional: “Aquí está planteada una dictadura. Una dictadura pura y dura…” Se ha conseguido por fin la etiqueta definitiva, cuyo uso satisfará toda necesidad. Del otro lado de esta polarización que hace mucho más daño que bien, se ha empleado otras; la más reciente es una reciclada: “derecha fascista”. El país puede respirar tranquilo, pues su problema político se habría esfumado con tales “descubrimientos”; su clase política opone una etiqueta a otra, cada actor enfrentado coloca una estrella amarilla de seis puntas en el abrigo del otro, como hacía Hitler en la Alemania que sojuzgó tan trágicamente. Problema resuelto.

………

Mi señora me dice: “Es que lo que se busca es la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana”. Bueno, lo peor que pudiera pasarle al país en tal eventualidad es ser suspendido de la condición de miembro de la OEA; más concretamente, que Bernardo Álvarez no podría hablar en Washington a sus colegas, los demás representantes permanentes de los países del continente ante esa organización. Claro que está la raya misma de la suspensión pero ¿qué es una raya más para un tigre? ¿Es que no está desde hace tiempo muy suficientemente desacreditado el gobierno venezolano en la opinión internacional? Con eso no va a caer el gobierno. Quienes se empeñan en buscar afuera la solución a nuestros problemas políticos, que no hemos sido capaces de idear siquiera, reproducen la táctica de una cuña televisiva del detergente Ariel, en la que una madre que lava ropa escucha la queja de uno de sus hijos, cuya voz en off gritaba: “¡Mamá, Federico me está molestando!”

Se me olvidaba: la decisión de suspender a un país miembro de la OEA de esa condición debe ser tomada por una mayoría de dos terceras partes de los Estados (Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana). Le deseo suerte al Sr. Almagro, evidentemente excedido en sus funciones de Secretario General al haberse enfrascado en una lucha personal contra el gobierno de Nicolás Maduro; en los años recientes, sólo los Estados Unidos, Canadá y Panamá (país algo ajado a raíz de los Panama Papers) han votado contra Venezuela.

Claro, Álvaro Uribe Vélez había preguntado irresponsablemente el 13 de mayo de este año: “¿Habrá algún país latinoamericano que preste sus fuerzas armadas para proteger a la oposición venezolana?”

 

Declaratoria de abandono del cargo

Una nueva superstición

El Artículo 233 de la Constitución considera que se configura una falta absoluta del Presidente de la República por “el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional”. El precedente 222 establece:

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

La combinación de ambas previsiones ha conducido a la alucinación de procurar un juicio político contra Maduro y la subsiguiente declaratoria de abandono de su cargo. El diario El Nacional daba cuenta el 21 de diciembre del más reciente avistamiento de ese espejismo:

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que a partir del 5 de enero de 2017 la Asamblea Nacional (AN) tratará el supuesto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.

Una “investigación” de la Asamblea Nacional que estableciera alguna “responsabilidad política” no tendría sino valor declarativo, pues no permite acciones que no sean practicadas por el Poder Ciudadano: el conjunto formado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de La República. Y Maduro no ha abandonado el cargo; promulga decretos, representa a la República en el exterior, ordena cadenas de radio y TV, baila vallenatos en La hora de la salsa… (Diccionario de la Lengua Española: abandonar. Dejar una actividad u ocupación o no seguir realizándola).

Sobre este extravío apuntaba el 1º de noviembre la web de la BBC de Londres:

Aunque los diputados opositores hablan de un “juicio político” al presidente, esa figura como tal no existe en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde el parlamento destituyó en agosto a la presidenta Dilma Rousseff. (…) Algunos expertos tampoco creen que sea una figura correcta ni que vaya a tener algún efecto. “Yo creo que el abandono del cargo no procede”, afirma a BBC Mundo el profesor de Derecho Constitucional Pedro Afonso del Pino. “El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo“, asegura Del Pino.

Más adelanto puso:

Según el cronograma previo al proceso de diálogo entre gobierno y oposición iniciado este domingo, la idea de los líderes opositores era entregar este jueves a Maduro, al menos simbólicamente, la notificación de “abandono del cargo” en la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores. Ahora, sin embargo, tras el inicio del diálogo con la mediación del Vaticano, la decisión sobre el abandono del cargo se aplazó y también quedó suspendida la manifestación que su destino final será Miraflores. Y si finalmente se aprueba, es posible que el TSJ invalide el documento.

Se trata de un caso más de holgazanería política.

 

Referendo revocatorio paralelo

Hay que insistir

El 28 de noviembre de 2016, un muy numeroso grupo de venezolanos suscribía una “proclama al país” en la que anunciaba que se proponía la restitución del referéndum revocatorio constitucional. El documento comenzaba por exponer como “treta política claramente urdida por el gobierno” la suspensión indefinida de la recolección de firmas anunciada por Tibisay Lucena, Rectora Presidente del Consejo Nacional Electoral, el 21 de octubre; acto seguido, sostuvo que el régimen se había revelado a través de esa obstrucción como “dictadura abierta”.

La segunda cláusula de su proclamación prometía:

Asumir la iniciativa de restituir, sobre bases constitucionales, el proceso de realización del Referendo Revocatorio invocando al poder originario, El Pueblo, para la reactivación de la recolección de las firmas necesarias, del 20% de los electores, ilegalmente suspendida, durante la primera quincena de Diciembre en cada calle, plaza e iglesia del país, con observación nacional e internacional, con el soporte legal de la AN. Esto permitirá, de acuerdo al resultado, realizar el acto refrendario [sic] antes del 10 de Enero de 2017.

La primera indicaba que constituían el Frente Ciudadano por la Restitución de la Constitución en acatamiento de la decisión del 23 de octubre de la Asamblea Nacional, por la que este órgano convocaba “al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del orden Constitucional”. La quinta cláusula formulaba un repudio a las autoridades electorales con base constitucional:

Desconocer, por tanto, las decisiones del CNE y el poder judicial que implican confabulación para realizar fraude contra el pueblo venezolano en materia de derechos electorales, invocando el artículo 350 de la Constitución, que establece que: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

Los promotores de la iniciativa estaban conscientes de que el valor de su esfuerzo sería meramente simbólico, que no causaría efectos jurídicos aunque sí políticamente importantes si lograban recoger manifestaciones de voluntad de al menos 20% de los electores registrados. (Confiaban en que superarían con creces esa meta, tal vez alcanzando las firmas necesarias para la revocación misma, en cantidad superior a los 7.587.579 electores que votaron por Maduro el 14 de abril de 2013). En todo caso, la primera quincena de diciembre ha expirado sin que se haya producido la cristalización práctica del propósito; la meta de hacer ese referendo “paralelo” antes del 10 de enero de 2017 se ha hecho imposible.

Un valor a destacar en esta iniciativa es que, si bien el proyecto no cerraba las puertas a la participación de los partidos políticos de oposición, ella misma había surgido de “la sociedad civil”. Finalmente, la inclusión de gente muy seria y competente entre los firmantes permitía suponer que la ingeniería de la actividad estaba en principio resuelta.

 

Acta de abolición

Es nuestro poder

El sábado 17 de diciembre de este año de 2016, se propuso en el programa #227 de Dr. Político en RCR abolir el gobierno de Nicolás Maduro desde el poder supremo y supraconstitucional del Pueblo de Venezuela. Simultáneamente, se publicaba en el blog de Dr. Político el texto del Acta de Abolición y Estatuto de transición. (Manda Su Majestad). A continuación de dos considerandos—el primero de ellos: “Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz”—se expuso el decreto de abolición:

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por [Nicolás Maduro Moros], ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente Estatuto de Transición…

De todos los tratamientos propuestos en la Licitación Abajo Maduro, es éste el único que emite un inequívoco mandato a la Fuerza Armada Nacional; ya no es asunto de buscarse un Larrazábal II o unos militares decentes, sino una orden expresa del Pueblo a todos los militares. Igualmente, el decreto emite una orden al Consejo Nacional Electoral para que proceda, superando lo dispuesto en el Artículo 233 en materia de fechas, a organizar una nueva elección presidencial.

El fundamento que legitima el Decreto de Abolición es el mismo que se ofreciera para el Referendo que cause elección presidencial inmediata (vide supra):

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple.

Él es el titular único del Derecho de Rebelión:

El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera).

En Manda Su Majestad se expuso:

Pero la constitucionalidad venezolana es bastante más evolucionada que la doctrina de Virginia, que a fin de cuentas estuvo concebida por súbditos de Jorge III de Inglaterra. No somos súbditos de Nicolás Maduro Moros; nosotros nos sabemos por encima de cualquier régimen, incluso por encima de la Constitución misma. Por eso no necesitamos siquiera del reconocimiento de tal supremacía en el Artículo 350 de la de 1999: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Ése es verdaderamente un artículo, más que redundante, impertinente: la Constitución no puede mandar al Pueblo, menos si escribe irrespetuosamente su mayestático nombre (a lo largo de todo su texto) con inicial minúscula. No es que podamos, con el “permiso” que constitucionalmente se nos confiera, desconocer un gobierno de esa clase; es que podemos abolirlo. Nosotros podemos mandar, como Soberano que somos, directamente desde nuestro Poder Supremo, sin la mediación de algún poder constituido o la regulación legal o reglamentaria. Podemos mandar como Corona y punto.

El tratamiento de abolición fue propuesto por primera vez contra Hugo Chávez—y torpedeado por Primero Justicia y Gente del Petróleo entre otros—, el 25 de febrero de 2002, cuarenta y cinco días antes del Carmonazo. Ni siquiera Herman Escarrá pudo encontrar forma de refutarlo; el 8 de marzo de aquel año conversamos telefónicamente acerca del planteamiento:

El experto constitucionalista me saludó con su solemnidad característica, y luego de apuntar que la idea de la abolición tendría que hacerse compatible—fácilmente, opinó—con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, adelantó esta opinión: “Pero puedo decirle de una vez que su propuesta es, como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correcta”. (Las élites culposas).

Si en 2002 existía una mayoría nacional que prefería que Chávez dejara de gobernar, hoy en día hay una mayoría verdaderamente abrumadora que ansía desesperadamente la cesantía de Nicolás Maduro. Hay gente trabajando en la materialización de este último y más eficaz y radical tratamiento. “Para que el poder constituyente originario se exprese con la supraconstitucionalidad que siempre preserva latente, presta a irrumpir, tiene que despertarse esa latencia mediante un llamado explícito a ese carácter”. (Contestación a Páez Pumar, 15 de diciembre de 2002). LEA

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Cronología referendaria

 

De un trabajo escolar en Barquisimeto

De un trabajo escolar en Barquisimeto

 

La figura del referéndum popular en Venezuela comienza su existencia con la Constitución de 1961; su artículo 246 preveía una “reforma general” de ella misma, y el numeral 4 de esa norma establecía: “El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma”. Luego vendría la inclusión (mayo de 1998) en la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (diciembre de 1997) de todo un nuevo título: VI. De los referendos, en el que se estableció el referendo consultivo “con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional”. (Art. 181).

El antepenúltimo

El antepenúltimo

Pero, antes de esto último, Rafael Caldera amenazó con un referendo “consultativo” al inicio de su segundo gobierno, cuando el Congreso de la República se negó a aprobar—con la principal oposición de COPEI—el segundo decreto de suspensión de garantías de 1994 a raíz de la crisis bancaria de ese año. Así recordé en Puro show (11 de noviembre de 2012):

En tal circunstancia, el gobierno amenazó con convocar un referendo para consultar al Pueblo acerca de la suspensión que pretendía, cuando aún no existía en la legislación venezolana la figura de referendos consultivos—Caldera prefería decir “consultativo”—, y dejó caer que José Guillermo Andueza, prestigioso jurista y Ministro de Relaciones Interiores, ya tenía una redacción del decreto de convocatoria de la consulta.

Entonces publicó el diario El Nacional los resultados de una encuesta telefónica que se le ocurrió hacer sobre el tema: 90% de los consultados apoyaba la suspensión de garantías. Ni corto ni perezoso, Luis Alfaro Ucero condujo las tropas parlamentarias de Acción Democrática en apoyo del decreto 285, que fue finalmente aprobado, dejando en deslucida posición a COPEI y a La Causa R, partidos que se opusieron. Juan José Caldera anunció en la Cámara del Senado que ya el referendo no sería necesario.

Por mi parte me sentí frustrado, y no porque las garantías quedaran suspendidas, sino porque la consulta popular no se había efectuado; por eso escribí Ahora tiene que consultar, el artículo principal del #6 de referéndum (publicación mensual que por entonces producía), el 8 de agosto de 1994. No me pareció ni serio ni acertado que el gobierno de Caldera reculara con el referéndum que amagara:

Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado. (…) …si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria? Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido. La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”. En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional. Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.

………

Después de la creación del referendo consultivo en la reforma de la Ley del Sufragio en mayo de 1998, se han suscitado los siguientes eventos y propuestas (en orden cronológico):

1. El suscrito propuso el 20 de septiembre de 1998, en el #28 y último de referéndum (publicación mensual que produje entre febrero de 1994 y septiembre de 1998), un Primer Referendo Nacional, artículo en que esto argumenté:

Es así como pienso que compete ahora al Presidente de la República [Rafael Caldera] argumentar ante el Congreso la necesidad de la reforma, advirtiendo que convocará a referendo para decidir sobre la convocatoria de la Constituyente. (…) Una vez que se decida convocar a los Electores, al Poder Constituyente, para consultarlo sobre el tema discutido previamente, vale la pena aprovechar la excepcional ocasión para consultarle sobre otras materias de “especial trascendencia nacional”. Por una parte hay varias decisiones que revisten esa trascendencia y que vienen siendo insistentemente propuestas al país. Por la otra, una vez más, no estamos en condiciones de desperdiciar recursos. Hay que sacarle el jugo al Primer Referendo Nacional. Por ejemplo, hace ya varios años que se propone vender—en distintas modalidades y proporciones—una porción de las acciones que el Estado venezolano posee exclusivamente en su empresa más importante: Petróleos de Venezuela. (…) Por ejemplo, hace ya varios años que se propone implantar en Venezuela un régimen monetario conocido con el nombre de “caja de conversión”, el sustituto total o parcial del Banco Central de Venezuela que pondría moneda nacional en circulación en función estricta de las reservas en dólares—la divisa preferida por los proponentes—y de una tasa rígidamente fija. Pues bien, éstas son materias, sin ninguna duda, de “especial trascendencia nacional”. Es tan obvia su trascendencia que no es necesario demostrarla. Es difícil proponer cosas de mayor trascendencia—aunque las hay—y por tanto serían materia perfecta de un referendo. (…) En estos momentos la Constituyente se perfila como un gran proceso estabilizador. Pero también lo es el referendo mismo, la apelación directa a la opinión del Poder Constituyente, de los Electores de la Nación, para decidir sobre asuntos de nuestro más alto interés. En el fondo, más que una elección de representantes o mandatarios, es el referendo el acto supremo de una democracia. Es la participación total de la voluntad de los Electores en la toma de decisiones fundamentales.

El penúltimo

El penúltimo

2. El 25 de abril de 1999 se celebró un referendo consultivo para consultar a los venezolanos si deseaban la elección de una asamblea constituyente “con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (redacción que luego se preservaría en el Art. 347 de la Constitución ahora vigente). Esa consulta fue convocada por el presidente Chávez luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera un recurso de interpretación del Art. 181 de la Ley del Sufragio, que preguntaba justamente si podía empleárselo para consultar sobre una constituyente aunque la figura no estuviera contemplada en la Constitución vigente para la fecha. La doctrina establecida en su decisión del 19 de enero de 1999—el carácter supraconstitucional (no limitado por ninguna constitución) del Poder Constituyente Originario—había sido anticipada el 13 de septiembre del año anterior en artículo—Contratesis—que escribí para el diario La Verdad de Maracaibo (por la misma época que escribía en referéndum Primer Referendo Nacional):

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

Hace poco (1º de noviembre) recordé para un corresponsal cercano uno de mis frecuentes intentos frustrados:

A comienzos de 1999, habiendo notado que se había sometido a los portorriqueños una baraja de opciones constitucionales—statu quo como “estado libre asociado”, independencia, conversión en el estado 51 de los EEUU—concebí un recurso de interpretación que llevé, muy mal asistido por una abogada inexperta, a la Sala Político-Administrativa de la CSJ, preguntando si podía emplearse el mismo Art. 181 de la Ley del Sufragio para someter directamente, sin pasar por Go—una asamblea constituyente—, un proyecto específico de nueva constitución. La redacción del recurso fue defectuosa, y fue rechazado sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto al declararlo inadmisible sobre una technicality. (Abogados más competentes se negaron a asistirme; ya en ese tiempo una cobarde catatonia hizo que no quisieran comprometerse con un camino distinto del que tramitaba entonces Chávez). Hildegarde Rondón de Sansón emitió un voto salvado en el que opinaba que la Sala ha debido dar respuesta al punto de fondo por considerarlo de fundamental importancia. (Este concepto contradice, superándolo, lo que sostuve equivocadamente en 1995—en Comentario constitucional, el 12 de octubre, en el #16 de referéndum—: “…la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente”).

3. El 15 de diciembre de 1999 se aprobó en referendo popular el proyecto de constitución formulado por la Asamblea Constituyente de ese año, promulgando la que ahora nos rige.

4. El 25 de febrero de 2002, propuse en el programa Triángulo de Televén un procedimiento para abolir el gobierno de Hugo Chávez con base en las firmas de una mayoría de los electores venezolanos. La más reciente redacción del Acta de Abolición (mayo de 2003) puede ser leída en este blog.

Fabricador de fulminantes

Fabricador de fulminantes

5. Desde fines de 2002, Primero Justicia intentó vender un referendo consultivo “no vinculante pero sí fulminante” sobre el deseo de los venezolanos de que Hugo Chávez renunciara a su cargo. (No podía ser vinculante por dos razones: primera, porque la Constitución establece el mecanismo revocatorio para el mismo fin; segunda, porque el Poder Constituyente Originario está limitado por los derechos humanos y la renuncia es una decisión personalísima, un derecho que entonces tenía Chávez y ningún otro podía ejercer por él).

Luego de que el paro empresarial de diciembre de 2001 y la marcha del 23 de enero de 2002 pusieran en evidencia que Chávez ya no contaba con apoyo mayoritario, Primero Justicia hizo la promoción de un recurso diferente: una enmienda constitucional para recortar el período. (El trabajo de diseño jurídico fue realizado previamente por el Dr. Juan Manuel Raffalli).* La incipiente presencia pública de la Coordinadora Democrática (antes de los acontecimientos de abril) se asoció con la idea de la enmienda, al punto de que piezas publicitarias en apoyo a la misma aparecieron en televisión bajo el patrocinio de la central opositora.

Los acontecimientos de abril del año pasado trastocaron grandemente percepciones y proyectos. Después de una recuperación más bien rápida en las filas de la oposición, Primero Justicia emergió con una idea diferente: un referendo consultivo. A sabiendas de que un referendo de esta clase no tendría efectos vinculantes—mientras sí los tendría, obviamente, un referendo revocatorio—el joven partido llevó a cabo una admirable campaña de recolección de firmas y entregó al Consejo Nacional Electoral planillas en número suficiente para la convocatoria. De nuevo, la Coordinadora Democrática aceptó la estrategia y promovió la iniciativa.

Todos sabemos que mientras la iniciativa del referendo consultivo estaba en progreso, el talibanismo opositor y el acicate pendenciero del gobierno indujeron a la Coordinadora Democrática y a la Gente del Petróleo a plantear el impaciente y suicida paro general de diciembre de 2002. A pesar de que se había decidido intentar el “no vinculante pero sí fulminante” referendo consultivo—que se celebraría en febrero de 2003—el más notorio liderazgo opositor procedió a torpedear la iniciativa, con la ilusión de que la parálisis nacional daría al traste con el gobierno aun antes de que el referendo se celebrase.

Poco antes de que el Tribunal Supremo de Justicia inmovilizara al Consejo Nacional Electoral** e interrumpiese el curso del referendo consultivo, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández y Baltazar Porras se reunían con Chávez, y el otrora “Tigre” revivía la idea de una enmienda para el recorte de período. Julio Andrés Borges se opuso ferozmente a la noción—a pesar de propugnarla meses antes—esgrimiendo un argumento razonable y otro deleznable. Borges tenía razón al señalar que faltaba muy poco para la supuesta realización del referendo consultivo, por lo que la consideración de la enmienda a esas alturas diluía fuerzas que debían concentrarse en éste. Al abundar en su rechazo a la enmienda, sin embargo, indicó que esta salida era defectuosa por cuanto dejaba “vivos” a otros poderes distintos del Ejecutivo, sin advertir que precisamente ese “defecto” estaba igualmente presente en su proposición del referendo consultivo.

Igualmente sabemos que el referendo consultivo, a pesar de contar con el número suficiente de firmas válidas, fue bruscamente interrumpido. Fue entonces cuando la Coordinadora Democrática optó por ofrecer, al mejor estilo McDonald’s, un combo de opciones para el “firmazo” privado (sin la anuencia o patrocinio de las maniatadas autoridades electorales) que tuvo lugar el domingo 2 de febrero, el día inicialmente previsto para la celebración del referendo consultivo.

El liderazgo opositor emitía, de esta forma, una señal de debilidad y confusión: el inequívoco mensaje de que no sabía en qué palo ahorcarse. Junto con pronunciamientos a favor de los ex empleados petroleros y de los medios de comunicación, junto con un documento para desconocer el gobierno, la Coordinadora ofrecía ahora la vieja receta de la enmienda de recorte de período (con papas fritas), una convocatoria a Constituyente (con queso) y, por primera vez, la convocatoria a referendo revocatorio (con tocineta) del mandato de Chávez y de varios diputados oficialistas.

Y ahora estamos en un punto en el que se exige toda la concentración opositora sobre la posibilidad constitucional del referendo revocatorio del mandato de Chávez a partir del 19 de agosto de este año, cuando sabíamos—o debíamos haber sabido—que esa posibilidad existía desde el 15 de diciembre de 1999.

Quienes ahora argumentan tersamente a favor de esta estrategia—no deja de ser razonable, reconocemos—son los mismos que guiaron a una desesperada sociedad civil por el tortuoso periplo que acabamos de recapitular. Son los mismos que nos aseguraron que la enmienda era la solución, luego el consultivo, después el paro y más adelante la vacuna polivalente del firmazo. ¿Qué pensarían los familiares de un paciente al que los curanderos recetasen en sucesión, con seguridades de curación en cada caso, radioterapia, quimioterapia, sangría y electroshock? (En Mandar, no pedir, artículo en la Carta Semanal #36 de doctorpolítico del 15 de mayo de 2003).

El mediador mediado

El mediador mediado

6. El 5 de febrero de 2003 propuse un Gran Referendo Nacional con el diseño de Un posible acuerdo político ante el ultimátum de abolición, que comenzaba afirmando: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”. Vivíamos entonces un proceso de “negociación y acuerdos” entre gobierno y oposición con la mediación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, y entregué personalmente a César Gaviria el documento, que sujetaba a la disposición de Hugo Chávez la aquiescencia a la renuncia que pudiera expresar la mayoría de la población en un referendo como el propuesto por Primero Justicia; es decir, acordaría de antemano renunciar, so pena de sufrir la abolición de su gobierno. (La Gente del Petróleo pareció interesarse en el procedimiento de abolición pero su líder principal, Juan Fernández, se encargó de matar la iniciativa):

La mayoría ciudadana pronunciada contra Chávez en abril de 2002, aun disminuida por la Carmonada, parecía subsistir cuando se convocara el Paro Cívico Nacional sostenido, principalmente, sobre el paro petrolero. Arturo Castro tenía buenos contactos con la Gente del Petróleo, y al mismo tiempo creía en las bondades del tratamiento de abolición del gobierno. Por esto me propuso contactar a los líderes del paro en PDVSA para hacerles saber de esa avenida. Fuimos en enero de 2003 a una reunión convocada al efecto en un salón del Hotel Eurobuilding, muy cerca de lo que dio en llamarse Plaza de la Meritocracia, en la urbanización Chuao. Ya Horacio Medina había sido informado por Castro, y éste sabía por el primero de una cálida acogida preliminar de la idea. Esta posición de los petroleros fue confirmada al comienzo de la reunión, en la que Eddie Ramírez también manifestó su conformidad. Cuando estábamos ya adentrados en temas logísticos de la abolición, que Medina aseguró estaba en capacidad de resolver y manejar, apareció el muchacho de la película, catire y todo: Juan Fernández, la cara más visible de los petroleros en rebeldía. Este caballero aseguró que no sería necesario aplicar un tratamiento de abolición, puesto que el paro marchaba viento en popa y el gobierno caería irremisiblemente. No convenía, aseguró, complicar las cosas con un curso distinto de la huelga. (Las élites culposas).

7. El 15 de agosto de 2004, se celebró, con la heroica organización del esfuerzo por la asociación civil Súmate, un referendo revocatorio del mandato del presidente entonces en ejercicio, del que Hugo Chávez salió airoso. El resultado fue un verdadero baño de agua fría para la población opositora (ver Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004), e inició una persistente prédica de fraude que a estas alturas persiste (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1º de enero de 2012), y además estableció una propensión a abstenerse de votar que favoreció repetidas veces a los postulados por el oficialismo en elecciones posteriores.

8. En su campaña electoral de 2006, Hugo Chávez hizo la promesa genérica del “socialismo del siglo XXI” e indicó que sometería a referendo popular la negativa a renovar la concesión a Empresas 1BC para operar Radio Caracas Televisión, promesa que no cumplió. El 18 de enero de 2007, invité a la dirigencia opositora a propiciar un referendo consultivo en la Carta Semanal #221 de doctorpolítico:

El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público. Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.  (…) …nunca reveló, al escamotearlas deliberadamente, qué medidas se proponía instrumentar. Para ninguna de ellas tiene consentimiento electoral, ni siquiera para que pueda de nuevo legislar según su único entender. Y si no, que pruebe a consultarlas. Como Caldera en 1998, él tiene la facultad de llamar a un referendo consultivo, y nada impide que en un solo acto referendario se consulte más de una materia “de especial trascendencia nacional”. (Artículo 71 de la Constitución). Pero claro, no está en la naturaleza de Chávez el procedimiento democrático. Lo de él es pantalla y decreto, así que ¿por qué no emprende la oposición la convocatoria de un amplio referendo por iniciativa popular? ¿Qué tal si el triunvirato Borges-Petkoff-Rosales que ha vuelto a reunirse pone orden nuevamente en la incipiente cacofonía opositora y se atreve, aunque sea esta vez, a una iniciativa política audaz, profunda, de aliento? ¿No y que somos cuatro millones de los que menos de la mitad tendría que firmar? ¿No es cierto que la mayoría de los venezolanos—Datanálisis dixit—no quiere ni dictadores ni “mares de la felicidad”? Ése es un referendo que pudiera muy bien ganarse para la democracia en Venezuela, que no es otra cosa que el respeto a la inteligencia de sus Electores.

El planteamiento interesó a Carolina Jaimes Branger, quien me invitó a exponer la idea, en el programa que por entonces conducía en Radio Caracas Radio, el 18 de enero de 2007. La entrevista fue transmitida una semana después.

9. El 2 de diciembre de 2007, se sometió a referendo aprobatorio dos proyectos de reforma constitucional, el uno presentado por el Presidente de la República y el otro por la Asamblea Nacional. Varios artículos contenían referencia explícita al socialismo, y se proponía la posibilidad de reelección presidencial indefinida. Ambos fueron rechazados por mayorías de muy delgada ventaja. (Proyecto A: 50,65% No y 49,35% Sí; Proyecto B: 51,01% No y 48,99% Sí). Tibisay Lucena presidía ya el Consejo Nacional Electoral.

10. El 15 de febrero de 2009, se sometió a referendo aprobatorio convocado por la Asamblea Nacional la posibilidad de reelegir indefinidamente al Presidente de la República, los gobernadores de los estados, los alcaldes y los diputados a la Asamblea. (Con ocasión del referendo de 2007, Hugo Chávez se había negado a esta ampliación con el pretexto de que los gobernadores y alcaldes que la exigían sólo querían “perpetuarse en el poder”):

Ahora, como sabemos—después de prometer que respetaría la voluntad popular que se expresara el 2 de diciembre de 2007 (que negó específicamente, entre otras cosas, la reelección indefinida); después de decir, a raíz de las elecciones del 23 de noviembre del año pasado, que no promovería la enmienda que ahora nos amenaza; después de “dar su permiso” al PSUV y al pueblo (en ese orden) para que introdujeran su proyecto por iniciativa popular y de que tomara al final el camino de la Asamblea Nacional (al percatarse de que no lograría las firmas necesarias; si hubiese más de cuatro millones de firmas a su favor ¿para qué se necesitaba a la Asamblea?); después de que considerara urgentísima (“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”) una modificación constitucional que no sería, en todo caso, requerida antes de cuatro años enteros—, Hugo Chávez estima que debe abrirse la reelección indefinida también a los alcaldes, los gobernadores, los diputados a la Asamblea Nacional y los miembros de los consejos legislativos estadales. ¿No habíamos quedado en que tal cosa sólo aseguraría la entronización de caudillos que buscarían perpetuarse en el poder? (Ensayos de la coral, 15 de enero de 2009).

La enmienda constitucional implicada recibió la aprobación del 54% de los votantes.

No al socialismo

No al socialismo

11. El 23 de julio de 2009, en la Carta Semanal #341 de doctorpolítico, propuse lo siguiente:

El actual gobierno, que tanto autobombo resuena para presentarse como defensor de una democracia “participativa”, quiso en realidad hacer más difícil la participación popular en las decisiones “de especial trascendencia nacional” a través de un referéndum. En el proyecto de reforma constitucional derrotado el 2 de diciembre de 2007, se dejaba idénticas las exigencias señaladas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para la convocatoria de un referéndum de esa clase, pero se pretendía duplicar el esfuerzo de los ciudadanos para lograr lo mismo, al proponer la elevación a veinte por ciento de los electores registrados para asegurar la iniciativa eficaz. Como el proyecto no resultó aprobado, bastarán ahora 1.700.000 firmas ciudadanas válidas para causar un referéndum sobre la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?

Sobre esta idea se volvió poco después de los inicios mismos de este blog (la última de las cartas semanales de doctorpolítico es del 17 de diciembre de 2009). Así, Doctrina del referendo sobre el socialismo es del 9 de junio de 2010. Para esa fecha, José Rafael Revenga había convencido de la bondad de la propuesta a Lewis Pérez, quien a su vez intentó convencer a Henry Ramos Allup. A Revenga y a mí nos informó del dictamen de Ramos: “¡Eso es una locura!” El 29 de octubre de 2012, éste expresaba su deseo de un referendo similar por Noticias 24 Radio; he aquí la grabación de sus palabras:

Desde el primer año de Dr. Político en RCR se presentó el asunto de un referendo sobre el socialismo a la consideración de los oyentes, a partir del programa #17 del 3 de noviembre de 2012. A la dirigencia opositora—Julio Borges, Jesús Torrealba, Henry Ramos Allup—se le ha ofrecido la iniciativa. (Al primero de los mencionados, en carta del 3 de marzo de 2015 se le dijo: “Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”).

12. El 5 de abril de 2014, en el programa #89 de Dr. Político en RCR, introduje la posibilidad de añadir al referendo sobre el socialismo una pregunta sobre la deseabilidad de aplicar el Art. 350 de la Constitución al gobierno presidido por Nicolás Maduro. Así expliqué la cosa en este blog al día siguiente (El Gran Referendo):

Es sólo en esta semana que concluye cuando entendí que la manera correcta de aplicar el Artículo 350 de la Constitución—El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos—es a través de un referéndum. (…) Tal postura explica la proposición de incluir una tercera pregunta en el referendo consultivo, que he venido recomendando como tratamiento correcto de la más aguda de nuestras enfermedades políticas: ¿Desconoce Ud. el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro, por las razones descritas en el Artículo 350 de la Constitución?

13. Desde 2014, alerté—no fui el único—sobre la posibilidad de convocar un referendo revocatorio del gobierno de Nicolás Maduro; por ejemplo, en el programa especial de Y así nos va (RCR 750 AM) en el que conversé el 18 de noviembre de ese año con Nehomar Hernández. (Fue transmitido el 30 de diciembre). En Dos cepas del virus salidista (13 de febrero de 2015) expuse:

En menos de un año puede iniciarse la recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro por iniciativa popular, y de los trámites necesarios sabe algo Ma. Corina Machado; su know how sería utilísimo para un esfuerzo de esa clase, pues en 2004 logró la convocatoria del referendo contra Chávez.

Pero la Mesa de la Unidad Democrática empezó a moverse con decisión de revocar en abril de este año, luego de superar oposiciones internas a tal posibilidad (en gran medida porque apoyarlo equivaldría a catapultar una vez más la precandidatura presidencial de Henrique Capriles Radonski, quien tuvo éxito en posicionarse como su campeón):

…no sólo procrastinan las rectoras maduristas; también lo hizo la Mesa de la Unidad Democrática que, en perfecto conocimiento de la previsible resistencia oficialista hacia el revocatorio, no inició el procedimiento el 11 de enero de este año y perdió meses preciosos, antes de optar por algo que debió estar decidido incluso antes de su triunfo electoral del 6 de diciembre de 2015. (Cf. Dèjá vu). Son muy responsables del (al menos) culposo retraso Henry Ramos Allup y Jesús Torrealba, que un mes después de la fecha que permitía constitucionalmente el comienzo del proceso, se quejaban de que un revocatorio era “muy engorroso”. Justamente por ese engorro han debido estar listos y arrancar temprano. (En El retorcido derecho de Lucena, 9 de agosto de 2016).

Diálogo para un acuerdo

Diálogo para un acuerdo

14. El 25 de abril de este año propuse el texto de un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo en Plantilla del Pacto; allí sugería:

Cláusula Tercera. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales auspiciarán la celebración de un Gran Referendo Nacional, el que consultará en diversas materias de especial trascendencia nacional y será convocado por la Asamblea Nacional para su celebración el domingo 26 de junio de 2016. A los fines de la determinación de las preguntas del Gran Referendo Nacional, el Gobierno Nacional suministrará tres preguntas para someter a consulta. La Asamblea Nacional las incluirá y someterá igualmente tres preguntas, una de las cuales será: “¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?” Esta específica consulta se hace necesaria por el encabezado estándar de los decretos emanados del Ejecutivo: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”, y asimismo por la aprobación del “Plan de la Patria”, presentado como “segundo plan socialista”.

Cláusula Cuarta. El ciudadano Nicolás Maduro Moros se compromete a presentar su renuncia al cargo de Presidente de la República si, al celebrarse ese Gran Referendo Nacional, resultare negada la pregunta especificada en la cláusula anterior, lo que causaría de suyo la falta absoluta que será subsanada por la elección prevista en el Artículo 233 de la Constitución, al producirse aquélla antes de los cuatro años del presente período constitucional, que se cumplirán el 10 de enero de 2017.

15. El 22 de octubre argumenté en Prontas elecciones:

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

(…) Exijamos, en cambio, a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Veinticuatro días después, los diputados por Amazonas solicitaron ser desincorporados de la Asamblea Nacional, y ésta ya no está en desacato del Tribunal Supremo de Justicia.

16. Ha propuesto por estos días Henrique Capriles Radonski que, como lo más probable es que un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro no pueda celebrarse en 2016, la Asamblea Nacional proceda a modificar la constitución para sustituir la previsión del último parágrafo del Art. 233 de la Constitución: “Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo”. Él sugiere que se extienda después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen los primeros cuatro años del período, lo postulado en el tercer parágrafo: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. Ahora bien, ninguna modificación de la Constitución entra en vigencia hasta que la apruebe el Pueblo en referendo convocado al efecto; por tanto, Capriles propone en verdad, aunque no lo haya dicho, no un referendo sino dos: el revocatorio y el aprobatorio de tal modificación.

17. El 18 de los corrientes, Diego Arria propuso que se llevara a referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional el texto de los acuerdos que sean alcanzados en el diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, en analogía con el referendo colombiano sobre lo pactado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los anunciantes

Los anunciantes de la confusión

18. Ayer lunes 21 de noviembre, Voluntad Popular puso una nota en su web en la que se lee:

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Freddy Guevara, propuso junto a otros líderes de la tolda naranja una nueva ruta para el cambio democrático, pacífico y constitucional. Señaló que a través de la Asamblea Nacional deberá impulsarse un referendo popular, en el cual transcurrida la etapa de recolección de firmas debe consolidarse en un juicio político que destituya a Nicolás Maduro, dando cumplimiento al artículo 333 que indica que es obligación de “todo venezolano restaurar el orden constitucional cuando este haya sido roto”.

Si un referendo es convocado “a través de la Asamblea Nacional” no se requiere una recolección de firmas, y no hay previsión constitucional alguna que contemple un “juicio político” de destitución del Presidente de la República. La opacidad de la incomprensible propuesta parece indicar que se trata de una reedición del referendo revocatorio con alguna disposición que lo permita. (?) Hoy me ha señalado una persona muy bien informada de los procesos en el seno de la oposición venezolana:

En cada partido hay tendencias. UNT está a favor de llegar al 2018; Falcón también y PJ/Borges. Claro, jamás lo dirán en público. El acto de hoy en Paseo Las Mercedes, organizado por Angel Oropeza, busca darle soporte al diálogo y a Chúo en particular (apoyo de la “Sociedad Civil”). PJ/Guanipa, que está del lado de Capriles, no se ha definido, al igual que Henry Ramos. El Grupo de los 15, liderizado en alguna medida por María Corina y casi todo VP, se decanta por una “consulta popular” y el juicio político en la asamblea. Pero de la asamblea, apartando las discusiones de las leyes, la tarima política por casos como los de PDVSA, los narcosobrinos… dudo que salga nada. La decisión del diálogo y ahora la desincorporación de los 3 diputados tiene molestos a VP, el G15 y Guarulla. El G15 y VP planean retomar el proceso de recolección de firmas (con un CNE paralelo) y hacer un acto de votación para realizar el Revocatorio. Capriles no ha dicho que no, pero tampoco que sí. (Ver artículo de Leopoldo Puchi con fecha de hoy y otro de Carlos Blanco).

 

Días antes, María Corina Machado se pronunciaba a favor de que el juicio político de Maduro se hiciera popularmente. (?)
………

 

En cualquier caso, como se registrara en la más reciente emisión de Dr. Político en RCR, en la proliferación de proposiciones resalta una constante: la apelación al Pueblo. Por fin, se toma conciencia de que “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…” Algo va a cuajar. LEA
………

 

* El 11 de abril del año pasado, en el programa #139 de Dr. Político en RCR, puse el procedimiento de enmienda a consideración, reconociendo la precedencia de PJ y Raffalli. Más tarde, caí en la cuenta de que el TSJ probablemente impediría el efecto buscado; escribí en Martes de Ramos—25 de noviembre de 2015—: “…el Tribunal Supremo de Justicia [no] toleraría la aplicación ‘retroactiva’ a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años; en 2009 ya proponía el magistrado Francisco Carrasquero López a su Sala Constitucional que la reelección permitía ‘recompensar a quienes [el pueblo] estime como sus mejores gobernantes’. Si la Presidencia es un premio, ¿cómo podría quitarse a Maduro el suyo completo—hasta el 10 de enero de 2019—que se ganó en la rifa del 14 de abril de 2013?”. (En R de repitientes, 3 de febrero de 2016),

 

** Primero Justicia consideró entonces que la aprobación del proyecto de enmienda sería posible porque ya Luis Miquilena, quien controlaba unos cuantos diputados, había salido del gobierno en enero de 2002 y podría ofrecer su apoyo a una oposición minoritaria. Luego del Carmonazo de abril, PJ jugó con la idea de promoverla por iniciativa popular—15% de los electores—, pero cambió el rumbo con la proposición de un referendo “no vinculante pero sí fulminante”—que preguntaría si el Poder Constituyente Originario deseaba que Chávez renunciara—, para el que Súmate recogió firmas y que fuera aprobado por un CNE accidental presidido por Alfredo Avella Guevara. (Esa decisión fue invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia al haberse producido con la incorporación tramposa de un rector del organismo—Leonardo Pizani—que había renunciado dos años antes). Finalmente, PJ se plegó a la idea del revocatorio. (En R de repitientes, 3 de febrero de 2016).

 

(Para descargar este trabajo en archivo de formato .pdf: cronologia-referendaria)

 

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