Venezuela al día

Manuel Felipe Sierra

Atendí hoy una nueva invitación de Manuel Felipe Sierra para conversar en el programa que conduce en Radio Venezuela (790 AM): Venezuela al día. En esta ocasión, nos acompañó en el análisis Eduardo Martínez, un comunicador venezolano de larga experiencia. He aquí el archivo de audio de la conversación (con un hum persistente que la emisora sufre desde hace meses):

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Tragicomedia de enredo

Estopa constituyente-referendaria-oficialista-opositora no tan pacífica, democrática, electoral y constitucional

 

Comedia de enredo: Comedia de intriga y trama complicada en la que los personajes se hallan confusos por lo extraño de ciertos comportamientos y sucesos.

Oxford Living Dictionaries

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Conozco a un caballero que carece de un brazo (lo perdió en un accidente en una construcción hace muchos años). Aficionado a los ruidos que atronan la Navidad y el Año Nuevo, hombre acomodado, solía gastar cantidades considerables de dinero (ya no lo hace) comprando fuera de Caracas unos buenos cohetones, que encendía con gran pericia echándolos a volar. Es él mismo el mentís de un refrán venezolano: “Más enredado que mocho prendiendo un cohete”; nunca lo noté enredado. Esa notable hazaña sugiere que es posible desenredar el lío político de Venezuela de estos días con intención de disolverlo, claro, pero primero para el más modesto propósito de entenderlo.

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Ayer presentó el presidente Maduro su diseño de las bases comiciales para la elección de una asamblea constituyente verdaderamente elefantiásica: un total de 540 diputados constituyentes—quinientas cuarenta dietas, quinientos cuarenta sueldos—, de los que 364 se escogerán territorialmente y 176 sectorialmente. Los primeros no serán elegidos, como en 1999, en una circunscripción nacional y las habituales circunscripciones estadales, sino en cada uno de los municipios del país. Pero ya no, como en ese año, de modo exclusivamente territorial. Además se elegirá diputados por sectores; dijo Maduro:

“El Consejo Nacional Electoral deberá solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. La información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo con los tipos de actividad laboral que clasifico de la siguiente manera: petróleo, minería, industrias básicas, comercio, educación, salud, deporte, transporte, construcción, cultores, intelectuales, prensa, ciencia y tecnología y administración pública. La información del sector estudiantil deberá solicitarla de acuerdo con la clasificación: a) Educación universitaria pública. b) Educación universitaria privada y c) Misiones educativas. El Consejo Nacional Electoral una vez recibidos los distintos registros, podrá agruparlos por área de similar condición y distribuirlos según la base poblacional establecida. Parágrafo único: A fin de preservar el principio de un elector un voto ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial. A tal efecto el Consejo Nacional Electoral deberá garantizar este principio de acuerdo al siguiente orden de prelación: 1. Empresarios; 2. Campesinos y pescadores; 3. Personas con alguna discapacidad; 4. Estudiantes; 5. Trabajadores; 6. Comunas y consejos comunales; 7. Pensionados”.

Quien sea un empresario del sector pesquero a quien le falte un brazo, estudie un postgrado, trabaje como gerente y sea miembro de un consejo comunal le será difícil elegir en qué palo ahorcarse. (¿Dónde se ubicará a los deportistas, a los artistas, a los religiosos, a quien trabaje en una industria que no sea “básica”?) Si voto territorialmente ¿no podré escoger sectorialmente o es que podré emitir un voto territorial y uno sectorial? No pude menos que pensar en el inicio mismo del Prefacio de Michel Foucault a su obra fundamental, Las palabras y las cosas:

 

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento—al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito que “los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas”. En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto.

 

Padre e hijo

Maduro lograría ahora, con la sectorialización de 176 diputados constituyentes, un viejo deseo de Hugo Chávez; en 1998 éste abogaba por una constituyente sectorializada, corporativa. En Contratesis (artículo para La Verdad de Maracaibo del 13 de septiembre de ese año), argumenté en contra de esa manera de componer una asamblea constituyente:

La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.

Y aunque la mayoría de los diputados sería escogida uninominalmente al nivel municipal, Maduro habrá pensado: “Agarrando aunque sea fallo para reivindicar la memoria del Comandante Eterno”. Pero no se crea que tal cosa es una concepción exclusivamente chavista-madurista:

El 11 de febrero de 2015, dos presos y una diputada defenestrada—Leopoldo López, Antonio Ledezma y Ma. Corina Machado—proponían un esquema parecido: “…hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales”. La sociedad no es una torta que se pica en pedazos; quien debe hablar en esta crisis es la Corona en estado puro, no sus fragmentos “sectoriales”. Lo que hay que activar es el Poder Constituyente Originario, y los componentes de ese poder supremo no son sectores sino ciudadanos. Una vez más, se cuela el concepto corporativista en el modo propuesto para la aprobación del tal “acuerdo nacional para la transición”. Esto es, el Pueblo no hablaría desde su propia esencia, sino fraccionado en “sectores” (como pedazos de la “torta social”). (MUDa de piel, 24 de febrero de 2017).

La territorialidad y la sectorialidad son condiciones que uno porta consigo, pero nuestra condición esencial es la de ser uno de los átomos que componen el Pueblo, el Poder Constituyente Originario. Basta ser ciudadano inscrito en el Registro Electoral. Cualquier otra “base comicial” es un bodrio. (Diccionario de la Lengua Española: coloq. Cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto).

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También ayer, Freddy Guevara peroraba furibundamente en la Asamblea Nacional, en reacción instantánea a las bases comiciales de Maduro. He aquí el archivo de audio de su discurso:

No es de fácil comprensión el obvio temor de Guevara. ¿Da por sentado que el oficialismo lograría una mayoría en la constituyente? Parece que sí, pero porque anticipa la composición tramposa de esos “registros de los sectores” que “el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar (…) a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos”, según la muy opaca especificación de Maduro. Sólo así se entiende que tema la imposición de “una constitución cubana” en Venezuela.

De lentas e incompletas entendederas

Ahora, si Guevara hubiera hecho su tarea, sabría que tal cosa es imposible sin la anuencia de los Electores, pues cualquier nuevo texto constitucional tendría que ser aprobado por ellos. (Disposición Final Única de la Constitución Nacional: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”). ¿A qué le tiene miedo Guevara si toda encuesta registra una oposición nacional muy mayoritaria al socialismo? Creo que a una sola cosa: a la posibilidad doblemente imposible de que una asamblea constituyente de mayoría madurista pudiera eliminar la Asamblea Nacional. Tal temor se funda en el precedente de la “preeliminación” del Senado en 1999 y una lectura incorrecta del Artículo 349 de la Constitución:

“El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Su primera oración no hace otra cosa que establecer una diferencia con una ley ordinaria, que sí puede ser objetada y devuelta por el Presidente; la segunda implica que la constituyente no puede eliminar los poderes constituidos, pues si esto fuera posible, si los poderes constituidos no continuaran su impertérrita existencia ¿a quién incapacitas para “impedir las decisiones” de la constituyente? (…) De modo que es muy desatinada la creencia en que una constituyente podría instaurar una suerte de Reino del Terror con guillotina y todo; eso podía pasar en una Revolución Francesa que arrancaba por cambiar el sujeto de la soberanía de un monarca unipersonal y absoluto por el asiento universal del Pueblo. (Sièyes). Acá, antes, durante y después de cualquier proceso constituyente, la soberanía reside en el mismo sujeto: el Pueblo como Corona, el Poder Constituyente Originario. Esto es incambiable; es el Pueblo, convocado en ese carácter de Poder Supremo y Originario del Estado, el único que puede “preeliminar” poderes públicos constituidos. (Licitación Abajo Maduro).

¿No podría, por otra parte, hacer la Asamblea su trabajo principal? “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales* para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”. (¿Preguntas sin respuestas?)

Pero Guevara parece no haber visto tan obvia posibilidad. En cambio, propuso que la Asamblea Nacional convoque un referendo consultivo para preguntar si el Pueblo quiere elegir una asamblea constituyente y si quiere que Maduro deje de presidir la República este mismo año. Es ahora, después de que se le hubiera llamado la atención a los asambleístas por largo tiempo sobre su facultad de convocar referendos consultivos por mayoría simple—por ejemplo, en ¿Qué espera la Asamblea Nacional? (8 de marzo de 2016)—, cuando descubre que el Pueblo puede, debe ser llamado a interponer su poder definitivo.

Me temo que una consulta acerca de si Maduro debe continuar en la Presidencia de la República será objetada, con razón, por el Tribunal Supremo de Justicia, porque tal cosa sería un disfraz de referendo revocatorio, el que está normado en la Constitución. Se dirá, por supuesto, que la revocación en 2016 fue bloqueada por la triquiñuela de un puñado de tribunales que declararon fraudulenta la recolección de firmas de electores en la fase de activación. Eso es cierto, pero también lo es que la Mesa de la Unidad Democrática comenzó a moverse con retraso de tres meses en esa activación. (La posibilidad revocatoria fue torpedeada en el seno de la MUD por importantes dirigentes—Ramos Allup, Torrealba—y lo que debió iniciarse en enero de 2016 no arrancó hasta abril; todavía en junio, el suscrito escuchó la angustiada petición—de un miembro del Comité de Estrategia de la central opositora—de que la audiencia a la que hablaba ayudara a vencer las reticencias internas, que sólo se explicaban por el interés de impedir la promoción de Henrique Capriles Radonski, a partir de un momento posicionado como el adalid del referendo revocatorio). Por eso se propuso el pasado 22 de octubre (Prontas elecciones) que lo inobjetable sería convocar un referendo sobre esta pregunta:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

También agitó Guevara el trapo rojo del Artículo 350 de la Constitución. Del modo como lo explicara, ese desconocimiento debiera producirse en la calle. ¿Cómo podría certificarse en la calle que el Pueblo, es decir, su mayoría, desconoce el régimen presidido por Maduro? El 6 de abril de 2014, hace tres años, puse por escrito—El Gran Referendo—lo que el día anterior había planteado en el programa #89 de Dr. Político en RCR; entonces escribí.

Es sólo en esta semana que concluye cuando entendí que la manera correcta de aplicar el Artículo 350 de la Constitución—El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos—es a través de un referéndum. El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). El 3 de marzo de 2002,  un mes y ocho días antes del Carmonazo, escribí para la Revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Tal postura explica la proposición de incluir una tercera pregunta en el referendo consultivo, que he venido recomendando como tratamiento correcto de la más aguda de nuestras enfermedades políticas: ¿Desconoce Ud. el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro, por las razones descritas en el Artículo 350 de la Constitución?

Dicho de otra manera: he sostenido consistentemente que la solución profunda de nuestros problemas está en las manos del Pueblo. Como le puse a una dama que me escribiera sobre el tema de las protestas al gobierno: No es algo así un expediente que cuente con simpatías entre líderes de la oposición formal; el protagonismo pasaría de ellos al Pueblo, y no es fácil entrevistar a éste en CNN. Pero no creo en la deposición violenta del Sr. Maduro; ni siquiera la valientísima diputada Machado puede garantizar que una cosa así redundaría en un curso sano para la república. En cambio, creo desde hace casi cinco años que la clave del asunto es la convocatoria del Poder Constituyente Originario; para quienes creemos verdaderamente en la democracia, eso es la verdadera salida.

Ahora parece que Freddy Guevara ve—¡por fin!—una utilidad para el Pueblo que no sea la de marchar y aportar víctimas fatales de la represión. Es furibundo, sí, pero muy lento.

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3/4 partes del país contra la constituyente

Maduro, en cambio, es rápido para una cosa: la terquedad. Lo último que necesita ahora Venezuela es una asamblea constituyente, y las cosas que Maduro quiere “constitucionalizar”—las misiones, los CLAPS—no requieren la elección de 540 “apoderados constituyentes” para “reformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”. Si ese fuera su propósito, bastaría que sometiera a referendo aprobatorio, como su padre político en 2007, un proyecto de reforma constitucional según el Artículo 342 de la Constitución.

Tal vez no haya visto la muy reciente medición de Datincorp (fase de campo concluida el 8 de este mes):

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*Que Maduro haya propuesto las bases comiciales para la constituyente que ha convocado válidamente no está previsto en una norma; se deriva del precedente de las propuestas por Hugo Chávez en el referendo consultivo del 25 de abril de 1999: “¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999?” Entonces no estaba contemplada una constituyente en la Constitución de 1961; por eso fue necesario el referendo en esa ocasión, y es esto lo que hace que algunos crean que ahora también se requiere un referendo previo. Por analogía, una constituyente convocada por la Asamblea Nacional debiera guiarse por bases comiciales elaboradas por ella; esto es, se sostendría el “principio” no escrito de que quien convoca debe fijarlas. ¿Cómo las fijaría la iniciativa popular, que también puede convocar a constituyente mediante las firmas de 15% de los Electores?

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De los oyentes

Olivia Hussey & Leonard Whiting – Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli

En anticipación del primer cuarto de millar de emisiones de Dr. Político en RCR el próximo sábado 27 de mayo, cuando ocuparé todo el espacio del programa, el de hoy (#249) estuvo dedicado íntegramente a atender la participación de la audiencia. La ofrenda musical de esta edición consistió en el tema de amor de la Obertura-Fantasía Romeo y Julieta, de P. I. Tchaikovsky, que sonó primero en su reposición al inicio de la composición y luego en la recapitulación del clímax de la obra. He aquí el archivo de audio de la transmisión de hoy:

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Cruce de correos recentísimo

 

Con fecha de hoy

 

Por fortuna, recibo de cuando en cuando estímulos y acicates a mi labor de político general (como en Medicina General); me alegró la mañana un correo que transcribo (sin comprometer la identidad del remitente), seguido de mi larga contestación.

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Buen día amigo Luis Enrique,
He leído con atención su artículo “Lógica anecdótica“, y veo que lo acontecido en la actualidad refleja el mismo egoísmo de las élites políticas de nuestro país que nos ha llevado a la tribulación que hoy vivimos.
De lo expuesto por usted en su extensa y bien argumentada obra escrita, así como en su programa radial, he podido evidenciar la cualidad asertiva y casi profética de sus análisis. Por lo tanto no encuentro una explicación racional a la ignorancia de personas y grupos de poder a sus claros, lógicos y bien sustentados planteamientos.
Como usted bien dice, si alguien difiere de su posición, debe argumentar al respecto y no recurrir a lo falaz.
En cuanto al derecho se refiere, considero que éste requiere de un alto porcentaje de sentido común, cosa que pareciera que le falta a muchos opinadores de oficio.
Disculpe mi intromisión, pero me indigna que usted sea atacado de esa manera cuando su aporte a la Política ha sido verdaderamente importante.
Gracias por su aporte,

NN

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Muchas gracias, Don NN, por sus generosas palabras de aprobación y solidaridad. Permita que le copie de mi correo del pasado 12 de marzo a un corresponsal que planteara algo muy similar a lo que Ud. observa, y me requería sobre un anuncio en mi programa (“En un programa reciente, pero cuya fecha no recuerdo, usted mencionó que iba a preparar un plan o propuesta o dictamen para la recuperación social y económica del país”):

El problema no es sólo venezolano; en el campo de la investigación y el desarrollo existe desde hace tiempo la expresión not invented here para referirse a la resistencia a adoptar alguna idea ajena. En mi caso debe tomarse en cuenta mi larga crítica a los actores políticos convencionales (desde febrero de 1985). Consciente de este problema, el año pasado allegué una proposición a la dirigencia de la Asamblea por personas interpuestas (una de ellas Blanca Rosa Mármol), rogándoles que ni me mencionaran siquiera. En Hallado lobo estepario en el trópico (mayo de 2011), me referí a otra de las raíces:

A mí me pasa que no puedo callar ante el error político; me tomo muy en serio la responsabilidad profesional con la que ese arte debe ser practicado. No puedo romper la solidez de mi compromiso con la verdad. Soy médico político; no puedo decirle al paciente nacional, que sufre del mal oncológico del chavismo, que tiene catarro, ni diagnosticar la insuficiencia política de sus opositores burocratizados como mera y pasajera indigestión. Al mismo tiempo, comprendo los problemas que suscito entre quienes entienden el oficio de otro modo: una lucha por el poder con la coartada de una ideología. No respondo a ideología ninguna, pues creo que todas son formas obsoletas, pre-científicas de hacer una medicina política que debe ser clínica.

Creo mi obligación componer una aproximación terapéutica a lo que sería el programa de una nueva administración. Algunas de sus líneas fueron expuestas a modo preliminar en Recurso de Amparo (14 de julio de 2015). Igualmente, someto ese compromiso personal con arreglo a la introducción de mi primer acto de política clínica (Dictamen, junio de 1986):

Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar  aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente “lo vieron primero”. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vocifere, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad.

Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad.

Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo. Por esta razón este dictamen se ofrece en la justa dimensión indicada por su nombre. Es lo que yo propondría en la junta política que tuviera que atender la salud de la Nación en la presente circunstancia. Lo ofrezco en el espíritu con el que deben emitirse los dictámenes: a la vez con la fuerza del mejor tratamiento que uno sabe proponer y con la conciencia de su imperfección, deliberadamente abierto y vulnerable ante la refutación. A fin de cuentas aún lo que propone el hombre más seguro no pasa de ser una mera conjetura. (…) Este dictamen podría ser mucho mejor, como dije, en más de un aspecto. Su tesitura es más cualitativa que cuantitativa. Lo cuantitativo lo empleo aquí más como herramienta didáctica que como explicación substancial. Esto no significa que no haya hecho una verificación cuantitativa de lo que expongo, y en cambio significa que deberé apoyarlo en una versión más completa con una mayor participación de datos numéricos. Por supuesto, una buena parte de la verificación crítica y del intento de refutar lo que acá digo debe fundarse justamente en la indagación estadística, en los exámenes de laboratorio que puedan confirmar o refutar el diagnóstico o también indicar la factibilidad o inconveniencia de algún tratamiento sugerido. Insisto de nuevo en esto: aún el éxito de este dictamen ante un escrutinio despiadado no será demostración de su corrección abstracta. Recordemos a Bertrand Russell prologando el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein: “Como alguien que posee una larga experiencia en las dificultades de la lógica y en lo engañoso de teorías que parecen irrefutables, me hallo incapaz de estar seguro de la corrección de una teoría, meramente sobre la base de que no pueda ver algún punto en que esté errada.”

Pero si en el reino de la lógica y de la matemática pareciera haber todo el tiempo del mundo para refinar y verificar, ante un caso clínicamente crítico es preciso elegir un tratamiento con prontitud. Y esto, como dije, no puede hacerse sensatamente sin la contrastación. Fuera de la metáfora médica puede asemejarse esta necesidad a la de una licitación política. El país está convocando a una licitación. Uslar dice: “El país está deseoso de que se le señale un rumbo.” Aquí me atrevo, después de mucho escrúpulo, a proponer uno. Invito a mis colegas en la preocupación por el diseño societal a que propongan otros, para que veamos cuál resuelve la mayor cantidad de problemas, los problemas más importantes, al menor costo relativo. Invito especialmente a todos aquellos venezolanos que han supuesto que dirigirían correctamente al país desde sus más poderosas magistraturas a que participen de esta licitación política a la que Venezuela ha convocado. Esta es una hora de inquietud legítima y de ansia de poder en muchos venezolanos, en líderes establecidos y en líderes por establecerse. Jamás como ahora la época de la democracia venezolana ha suscitado  la emergencia de tantas personas prestas a blandir el timón de nuestra nave republicana. Olavarría, Fernández, Pérez, Canache Mata, Morales Bello, Caldera, Chirinos, Quirós Corradi, Muñoz, Piñerúa Ordaz, Alvarez Paz, Granier, Leandro Mora, Peñalver, Matos Azócar, Aguilar, Cardozo, Mayz Vallenilla, Otero Castillo, Urbaneja, Ferrer, se cuentan entre los que han sentido alguna vez la focalización de su vocación pública en un deseo de poder. Son voces, entre muchas otras, que opinan sobre el país y su destino. Todas ellas debieran participar en la licitación. Están particularmente obligados los que piensan luchar por la máxima conducción en Venezuela. Están obligados a ofrecer, más que su poder, cualquiera que sea el que tengan, su propio dictamen.

Finalmente, ya no me preocupo por la respuesta de la Asamblea Nacional o la Mesa de la Unidad Democrática. En su biografía de Sigmund Freud (Pasiones del Espíritu), Irving Stone lo pone a decirle a su esposa:  “Creo que mis servicios y obligaciones para con un paciente se han completado una vez que he revelado el significado escondido y secreto de sus síntomas. La cura reside en ese mismo acto. Realmente no es mi responsabilidad si acepta mi diagnóstico o no, aunque por supuesto no habrá cura a menos que lo acepte. Por tanto, para mí es urgente que ella crea en mi solución y trabaje fielmente con mis indicaciones. Si los dolores son la culpa de Emma obviamente no soy yo el culpable; por tanto, ella ha fracasado en su propia cura y no soy responsable de ninguna parte del fracaso”. Como dije a una oyente de mi programa, los médicos no persiguen a los pacientes; son éstos quienes les buscan, y en De héroes y de sabios (junio de 1998) ya anticipaba: “Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como ‘brujos de la tribu’ que como ‘brujos del cacique’. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los jefes se resistan a aceptar sus recomendaciones. Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate”.

Dicho de otro modo: dejo a la tribu el problema de la atención de la Asamblea Nacional a los tratamientos que proponga.

En efecto, Don NN, pongo a disposición de mi país el trabajo profesional de 34 años desde un punto de vista clínico (que me ha permitido desarrollar un paradigma distinto del de una mera lucha por el poder), una trayectoria ejecutiva comprobablemente exitosa y, lo que Tocqueville consideró un elemento esencial al “verdadero arte del Estado”, la capacidad para predecir el futuro; esto es, visión. Mi promedio de bateo predictivo es alto. Por último, un código de ética que compuse y juré públicamente cumplir en septiembre de 1995 y del que nunca me he apartado (aun antes de su redacción). Copio sus estipulaciones segunda, quinta y sexta:

Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.

En 1985 expuse (Tiempo de incongruencia):

Ese nuevo actor político, pues, requiere una valentía diferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra.

Por lo que respecta al Derecho, se trata de una disciplina para la que son esenciales el correcto discurrir lógico y, en nuestro caso, un buen uso del castellano, En cuanto a las resistencias, ya Terencio advirtió en el siglo I de nuestra era: La verdad engendra odio. En un plano puramente psicológico, Theodore Meynert consolaba a Freud: “El adversario que más te combate es el que está más convencido de que tienes razón”.

Vuelvo al comienzo; no es sólo aquí donde observamos las conductas políticas disfuncionales que Ud. reprueba con razón; ellas existen en toda otra latitud. Son lo que André Malraux llamaría la condition humaine, y con eso tenemos que vivir sin ceder a la amargura:

Ofrezco, por ende, sólo dos cosas: una política seria y responsable, al servicio del paciente nacional, y una ausencia de reconcomio. Salvo la envidia y la codicia, me confieso practicante de los restantes cinco pecados capitales, pero no guardo rencores. El resentimiento es en mí una emoción efímera, cuestión de horas. Sé que la llegada de un nuevo paradigma es asunto muy difícil, y por eso tengo paciencia con mis detractores. Y no reivindico que tenga mérito alguno en mi manera de ser, como tampoco admito la culpa.  Fueron mis padres quienes me hicieron, y a mi cabeza y mi corazón, con su amor de recién casados. Ellos quienes escogieron mi querido colegio de la infancia y primera juventud, donde tuve la suerte de excepcionales profesores que forjaron mi modo de pensar y mi postura ante la vida. Lo que haya podido lograr no se explica sino a partir de esa suerte y la de haber seguido trayectorias que a otros estuvieron vedadas. Temo que, en el Juicio Final, Eduardo Fernández irá a sentarse entre querubines, y yo seré enviado a la Quinta Paila del Infierno.

De resto, estoy dispuesto a pagar el precio de mi juramento de 1995, aun cuando ése sea la peor maldición para un político: la soledad. Porque es que Armanda dijo a Harry Haller—Der Steppenwolf—, según la invención de Hermann Hesse: “Pero también pertenece del mismo modo a la eternidad la imagen de cualquier acción noble, la fuerza de todo sentimiento puro, aun cuando nadie sepa nada de ello, ni lo vea, ni lo escriba, ni lo conserve para la posteridad”. (En Hallado lobo estepario en el trópico).

De nuevo, le agradezco su aprecio y concurrencia, que son estímulos que mucho me animan.

De Ud., agradecido

 

luis enrique ALCALÁ

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Lógica anecdótica

 

Frecuentemente presentes en el debate político común

 

Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad.

Oscar WildeLa esfinge sin secreto

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A José Rafael Revenga, mi tutor de Lógica Operacional

 

El propósito medular del discurrir humano es la consecución de la verdad. En Política—el arte de resolver problemas de carácter público—, además, es no sólo moralmente aconsejable conseguirla, sino prácticamente necesaria, pues las políticas fundadas sobre nociones equivocadas conducen al daño social. Si Eisenhower instruyera a Patton para que tomara Berlín (cosa que no hizo), y su oficina entregara a este general mapas de Europa en los que la capital alemana apareciera al este de Moscú (lo que tampoco hizo), la encomienda no habría podido ser lograda. Aquella política que se diseñe sobre lecturas equivocadas de la realidad muy probablemente fracasará en su ejecución. Siendo esto así, se convierte en deber la mostración del error, así sea uno que se cometa “de nuestro lado”. Las máximas “El enemigo de mi enemigo es mi amigo” y “No debemos pisarnos la manguera entre bomberos” son meramente clichés de una política mediocre que no se distingue precisamente por su rigurosidad. (“…contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. Código de Ética de la Política, septiembre de 1995).

Claro que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, y no es siempre fácil, ni siquiera siempre posible, obtener la verdad. Si consideramos que la política confronta, en casi todos los casos, el problema de anticipar los resultados de nuestras acciones—es decir, de algún modo predecir el futuro—la cosa se complica aumentando nuestra incertidumbre. La política no es geometría, pues muy frecuentemente está sujeta a la ausencia de certeza:

La incertidumbre puede ser llamada incertidumbre cuantitativa cuando lo que ignoramos no es el tipo de eventos de posible ocurrencia, sino la probabilidad de que cada tipo ocurra. Esta clase de incertidumbre no es la más grave, aunque en algunos casos especiales puede llegar a ser muy molesta. Más profunda es una incertidumbre cualitativa, cuando es la forma misma de los eventos futuros lo que nos es desconocido. Si se trata de una incertidumbre del tipo cuantitativo, y argumentare­mos en la siguiente sección de este trabajo que el problema de una sor­presa política en Venezuela es en parte de este tipo, entonces hay ante ella dos cursos de acción disponibles. El primero consiste en tratar de reducir la incertidumbre, fundamentalmente por la obtención de más y mejor informa­ción. (…). Así, la labor de “inteligencia”—en el sentido en el que este término se emplea en la expresión “inteligencia militar”—es el primer camino. Ahora bien, como intentaremos mostrar, nos encontramos ante una situación en la que aún la mejor inteligencia nos dejará con una incertidumbre residual, irreductible, y por tanto será necesario adoptar un expediente adicional al de los esfuerzos por reducirla. Este segundo camino es el de estructurar la incertidumbre residual, para tener la oportunidad de comprenderla mejor. Pero además está presente en la consideración de una sorpresa polí­tica en Venezuela la segunda y más insidiosa forma de incertidumbre: la in­certidumbre cualitativa. Es decir, es posible afirmar la posibilidad de ocu­rrencia de eventos políticos que ni siquiera podemos describir en términos cualitativos. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, septiembre de 1987).

La verdad política, por tanto, no es fácilmente alcanzable, pero puede ser encontrada y entendida por el ciudadano común, siempre que sea capaz de razonar correctamente. No es procedimiento seguro, sin propio análisis, confiar a ciegas en personas de prestigio profesional en el campo; todo el mundo se equivoca, incluso quienes son reconocidamente doctos. (“…creo que el mejor médico es aquél que cree en la sabiduría fundamental del cuerpo humano, y que el mejor político es aquél que cree en la sabiduría del cuerpo social considerado como conjunto”. Ética política, enero de 2008).

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Argumento ad baculum

Lo último me lleva a considerar la “falacia de autoridad” (que a veces muta en el argumento ad baculum: que quien manda tiene la razón). La emplearon por estos días dos personas que quisieron cuestionar mi opinión acerca de la capacidad del Ejecutivo Nacional para convocar una asamblea constituyente; ella es que sí puede. (Artículo 348 de la Constitución: La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…) Ninguna de esas dos críticas a mi apreciación consideró el fondo de la materia, ni siquiera la analizaron, y ambas intentaron descalificarme en términos de mi autoridad para pronunciarme sobre el tema. Una enumeró el conjunto de afamados juristas, la Mesa de la Unidad Democrática, un buen número de locuaces diputados, la Conferencia Episcopal Venezolana, las Academias, etcétera, que opinan diferentemente, destacando que yo era sociólogo y no abogado y a pesar de eso era “el único que pensaba distinto” (se dice que precisamente por esto está encerrado Leopoldo López); otra se limitó a aducir por Twitter el nombre del Dr. Jesús Rafael Sulbarán, de quien dijo era constitucionalista. Copio de mi mensaje directo (no limitado a 140 caracteres) a esta última:

Supongo que quiere decir que el Dr. Sulbarán opina distinto de mí y que, siendo constitucionalista, debe tener la razón. Argumentar así es falaz; una de las más primitivas falacias—razonamientos inválidos con apariencia de validez—reconocidas por la ciencia de la Lógica es el “argumento de autoridad” (ad verecundiam), que consiste en dar por cierto lo que alguien versado profiera. No guarda la menor relación lógica con una verdad la experiencia de alguien; si la persona menos inteligente dice que el Sol sale por el Este tiene razón. La verdad sólo se establece en su relación con los hechos. (“La proposición ‘La nieve es blanca’ es verdadera si y sólo si la nieve es blanca”. Alfred Tarski: Noción semántica de la verdad). No me hace ninguna falta ser constitucionalista para opinar responsablemente en materia constitucional. En Contestación a Páez Pumar le escribí a ese abogado [Oswaldo Páez Pumar]: “…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión ‘diletante’, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: ‘Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional’. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo”.

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Falacia ad hominem

Se puede decir que la falacia ad hominem es la imagen especular y compañera inseparable del argumento de autoridad. Tan es así, que quien enumeró la numerosa disidencia de mi opinión (la autoridad) señaló asimismo que yo carecía de la calificación profesional necesaria para dilucidar el punto en discusión (argumento ad hominem, contra el hombre y no contra el significado de lo que dice). La mayoría de las veces se emplea el inválido recurso de modo más agresivo; alguien no tendría la razón porque es un desgraciado. (“Le pega a su esposa… es un chavista disfrazado”, conductas ciertamente feas pero que no tienen la menor relación lógica con la veracidad de ninguna de sus afirmaciones).

He aquí la anécdota de un encuentro entre un abogado de gran prestigio (Allan Randolph Brewer Carías) y el indigente sociólogo que soy yo, el diletante. Nos reunimos en su bufete al despuntar el año de 1999. (Teníamos una antigua amistad, cuyas raíces se afincaban en la de nuestros padres). Ambos creíamos en la necesidad de una constituyente, pero él sostenía que era preciso practicar previamente una reforma en la Constitución de 1961, la vigente para la época, porque su Artículo 250 decía: “Esta Constitución no perderá su vigencia si (…) fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Entonces pude exponerle en persona lo que ya yo había expuesto en un artículo de septiembre del año anterior (para el diario La Verdad de Maracaibo): que su exigencia estaba equivocada porque la Constitución de 1961 no disponía de ningún medio para su derogación. (En el artículo marabino mencionado: “El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente”).

Recuerdo haber castigado a “Randy” con una pedantería matemática: “Esa disposición del 250 es lo que la Teoría de Conjuntos llama un conjunto vacío”. El ilustre jurista—una autoridad en Derecho Administrativo y por extensión en Derecho Constitucional, exDirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela—se inmovilizó en su silla sin atinar a refutarme, sumido en impotente silencio. Dos semanas después, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia acogería mi criterio y no el suyo, al establecer inequívocamente el fundamento de nuestra constitucionalidad: que el Pueblo es un poder supraconstitucional, no limitado por la Constitución, la que sólo limita a los poderes constituidos, y que por consiguiente podía preguntársele si quería elegir una constituyente aunque no estuviera contemplada en aquélla y ella no hubiera sido reformada para incluirla.

………

Los doctores Brewer y Páez Pumar se verían conectados, seguramente sin buscarse, por los acontecimientos del golpe de Estado que conocemos como “Carmonazo”. Por una parte, Paéz Pumar había acogido la errónea tesis de Brewer para argumentar en 1991 que ¡la Constitución actual no existía! Que la vigente era la del 61, puesto que no había sido derogada “por medio distinto” del que ella misma disponía, dado que una asamblea constituyente no era una figura contemplada en ella. Expuso este desvarío en la Asamblea Anual de Fedecámaras de ese año, que eligió a Pedro Carmona Estanga como Presidente de esa asociación empresarial.

Carmona anuncia su “Consejo de Estado”

“Pico” Páez Pumar me hizo llegar su argumentación, y como yo continuara en mis trece redactó un trabajo del que no me envió copia (me la hizo llegar un amigo); en él me aludía constantemente, ad hominem, como “un diletante de la ciencia jurídica”. (De allí mi contestación, antes referida). Pero antes había convencido a Carmona de su línea argumental; con ella adquirió el efímero dictador de cuarenta horas la tranquilidad de espíritu para volarse olímpicamente a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia enteros, pues según su asesor lo que debía existir era el antiguo Congreso bicameral y la Corte—que no el Tribunal—Suprema de Justicia. Eso pretendió hacer Carmona Estanga con su monstruoso “decreto” el 12 de abril de 2002; en la mañana de ese día, recibí como muchos otros un correo electrónico de Páez Pumar (“Ideas para la transición”) en el que reafirmaba su extraviada tesis, y tres horas después lo vi por televisión, sentado a la gran mesa del Salón de los Espejos del Palacio de Miraflores mientras escuchaba a Carmona, quien declaró que la mayoría de los allí reunidos formaría parte del “Consejo de Estado” que planeaba reunir.

En cambio, en la noche de ese mismo día se entrevistaba por televisión a Teodoro Petkoff, quien procedió a repudiar el infame e inválido decreto y mencionó a Brewer Carías como su posible redactor. No me pareció que esa conjetura fuera cierta, pues conocía la solidez jurídica de mi amigo. En efecto, Randy admitió haber propuesto a Carmona algo distinto, lo que éste no habría aceptado:

…el lunes 15 de abril de 2002 declaró al diario El Nacional que ante la renuencia de Carmona a aceptar su opinión, no le había quedado más recurso que sugerir correcciones de estilo. Es decir, el Dr. Brewer vio a un asesino presto a dispararle a alguien, le propuso inicialmente que no lo hiciera y, como el matador insistió en la ejecución, recomendó entonces que empuñara el revólver de otra forma y apuntara un poco más atrás en la sien de la víctima, más cerca de la oreja. (…) Brewer Carías no ha debido nunca acceder a la petición de Carmona; ha debido decirle, simplemente: “Carmona, Ud. no es el Presidente de la República y, si lo fuera, tampoco podría desconocer los restantes Poderes Públicos. Ud. no puede consultarme una cosa así; Ud. es un usurpador”. (Correcciones de estilo, 10 de septiembre de 2013).

Por supuesto, tales incidencias no implican lógicamente que cualquier afirmación de Brewer y Páez Pumar, en materia jurídica, política o cosmológica, estaría viciada. Admitir esto sería emplear contra ellos la falacia ad hominem. ¡No faltaría más! LEA

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