El último programa

Diseño de mi hija Eugenia

Con la emisión #348 llega a su fin Dr. Político en RCR, dado que una decisión tomada por el suscrito es incompatible con mi permanencia como ancla de Radio Caracas Radio. Entérese por qué escuchando el audio colocado al final, que contiene dos melodías hermosísimas: la Variación 18 de la Rapsodia sobre un Tema de Paganini, de Sergio Rachmaninoff («el hombre que sudaba melodías») y el clímax del segundo movimiento (Adagio) del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. He aquí el archivo de hoy:

LEA

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Contacto con el Grupo de Contacto

 

Declaración de Costa Rica que muestra Federica Mogherini

 

Quien escribe pone moderadas esperanzas en las gestiones del Grupo de Contacto de la Unión Europea para el tratamiento del «problema venezolano». Hace ocho días, reportaba Rosa Raydán desde el sitio web de donde se ha tomado la fotografía de arriba (el destacado en cursivas es de este blog):

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), que evalúa la situación de Venezuela, propuso enviar una misión al país para reunirse con el Gobierno y la oposición. Así lo acordaron los miembros de las 12 naciones participantes en la reunión ministerial realizada entre lunes y martes de esta semana, en San José de Costa Rica.

“El grupo está listo para llevar a cabo una misión a nivel político en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis”, señala la declaración final del encuentro, en el que participaron ocho países europeos y tres latinoamericanos. Todos suscribieron la declaración, menos Bolivia que se abstuvo.

Sobre el tema, en rueda de prensa, el canciller costarricense, Manuel Ventura, agregó que la visita de la GIC viajaría a Caracas “para reunirse con las partes involucradas en el conflicto, con el propósito de seguir avanzando para que se pueda realizar lo antes posible elecciones creíbles”, citó AP.

El documento del GIC también detalla la propuesta de establecer en la capital venezolana un “Grupo de Trabajo Humanitario”, para la gestión de la ayuda internacional que según ellos debe recibirse a través de donantes para paliar “el sufrimiento del pueblo venezolano”. En este tema, el documento subraya que el protagonismo deben tenerlo las ONG.

El Gobierno venezolano no se ha pronunciado para dar autorización de entrada al país ni a la misión política ni al Grupo de Trabajo Humanitario. No obstante, Juan Guaidó se reunió el martes en la sede de la AN con varios de los embajadores de los países europeos participantes del GIC y declaró que uno de los puntos tratados fue justamente el de la visita de la delegación a Caracas.

El Grupo de Contacto habla en su declaración sobre la precariedad de la situación en Venezuela, que se ha intensificado por problemas en los servicios públicos y violencia en las calles, sin embargo, no menciona en ninguno de sus puntos las sanciones internacionales de las que es objeto el país –incluyendo los fondos retenidos en Europa, tema en el que podrían ayudar de primera mano– y las consecuencias que causan estas medidas en la cotidianidad de los venezolanos.

Por mi parte, he procurado que venezolanos de gran prestigio hagan llegar al Grupo una consideración esencial acerca de la celebración de una nueva elección presidencial, la que destaqué hace tres días en la segunda comunicación mía a Federica Mogherini, líder del Grupo. (Puede leerse la primera en No se dan por aludidos, del pasado 3 de marzo). Hasta ahora no tengo respuesta o un mero acuse de recibo, por la que la reproduzco abajo. (Tal vez algún asistente de ella pueda llamar su atención al contenido).

Estimada Dra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

Saludo el importante progreso del Grupo de Contacto que Ud. coordina para la búsqueda de una salida al impasse político venezolano, sobre la base de que éste debe tener una solución decidida por los venezolanos.

Como lo entiendo, una proposición central del Grupo para un acuerdo de las partes enfrentadas es la realización de nuevas y prontas elecciones presidenciales. Salvo una renuncia del presidente Maduro que las causaría automáticamente, sólo el Pueblo—ningún otro poder constituido, y esto incluye la Asamblea Nacional Constituyente—puede decidir nuevas elecciones fuera de tiempo. Por consiguiente, es un referendo consultivo la única instancia que puede interrumpir un período en curso.

Apartando el difícil origen de tal referendo en la iniciativa popular (un proceso de recolección de algo más de dos millones de firmas), pueden convocarlo el Presidente en Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional por mayoría simple en una sesión cualquiera. En la misma ocasión, puede consultarse otras materias concurrentes.

Se ha argumentado que un acuerdo oficialismo-oposición es asimétrico, y que lo indicado es un acuerdo entre los poderes públicos. (Artículo 136 de la Constitución: «Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado». (Estos han sido sucesivos esquemas de acuerdo propuestos—que incluyen otros asuntos que pudiera acordarse—: Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016) y Versión formal (26 de mayo de 2017).

Espero que los apuntes precedentes sean de utilidad a los benéficos esfuerzos del Grupo de Contacto, que agradezco como venezolano.

A su disposición

Luis Enrique Alcalá

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Vale. LEA

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Tiempo de colmos

 

¿Por qué la cara de contento de Carlos Vecchio?

 

Hoy fue cuando me enteré de que el 9 de este mes reservó Nelson Bocaranda, como último de sus «runrunes bajos«, lo siguiente,

AMENAZANTE CENSURA: En detrimento de periodistas, narradores, anclas, locutores y todos los que pueden usar los micrófonos de la radio y la televisión venezolana la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió a todas las emisoras sus nuevos lineamientos de censura, so pena que la estación quien viole esas normas será cerrada ipso facto. Esta prohibido decirle a Guaidó presidente interino. Ni siquiera presidente de la Asamblea Nacional “pues ella está en desacato”.  Solo se puede referir a él como simple diputado. No se puede llamar “usurpador” a Nicolás Maduro Moros. No se pueden llevar invitados que hablen de juicios, apoyo extranjero, levantamiento militar, golpe, referendo, elecciones, cierre de otras vías de expresión y una lista de elementos “perturbadores”. Creo que los que se perturban son los miembros del régimen. Por eso deben entender los malabarismos que todos hacemos para que los radioescuchas o televidentes entiendan lo que deseamos expresar. Recordemos que mas del 90% de las estaciones de radio y tv no tienen renovadas sus licencias. La espada de Damocles roja rojita.

Bueno, Bocaranda parece haber ido perdiendo el nivel de castellano escrito que nos enseñaban en el Colegio La Salle, donde ambos estudiamos, pero algunas de las exigencias de CONATEL, dije a quien me envió el dato, me parecen razonables: «Juan Guaidó no es Presidente de la República, ni encargado ni interino ni sietemesino. Los llamados a golpe o invasión constituyen delitos y Maduro no ha usurpado la presidencia». (Ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2019).

Claro que debiera repudiarse la presunta prohibición de hablar de elecciones o referendos, pues se trata de innegables derechos políticos del Pueblo, constitucionalmente reconocidos y, salvo lo que constituya una prédica delictiva, todo lo demás debiera poder ser discutido públicamente con entera libertad. Prohibirlo sería el colmo. (Este blog no conoce el texto del denunciado oficio de CONATEL).

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Fuerza de bullying

También es el colmo la insistencia del Presidente de la Asamblea Nacional en sus llamados a estructuras militares extranjeras para su intervención en Venezuela; más que colmo, es una vergüenza. Helo aquí, aplaudido por poquísima gente, anunciando que instruyó a Carlos Vecchio, «nuestro embajador»—plural mayestático—, para que sostuviera reuniones de «coordinación» con el Comando Sur de los Estados Unidos (lo que mereció la instantánea aprobación de Diego Arria Salicetti):

 

 

Esa noción de intervención militar extranjera en Venezuela lleva un tiempo desde que fuera recomendada por el representante del «gobierno» de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann, que el 2 de enero de 2018…

propuso una salida más «seria», en ampliación de la «ingenua» pregunta de Álvaro Uribe Vélez: «¿Habrá algún país latinoamericano que preste sus fuerzas armadas para proteger a la oposición venezolana?» (13 de mayo de 2016).

Se trata de una pieza delirante, que aboga por ¡la invasión de Venezuela por una fuerza armada ensamblada con militares de varios países de América y Europa! Hausmann pretende justificar tal crimen internacional sobre la base de una escueta enumeración más de los problemas que aquejan a la población venezolana. (No dice nada que no sepamos). Previamente, despacha como remedios inadecuados o inútiles dos posibles desenlaces: el que proporcionaría una elección presidencial y el que provendría de un golpe de Estado militar, como si se tratara de categorías equivalentes. (El graznido del pato negro).

Pero una enormidad como ésa no es denunciada por Bocaranda. Hausmann y Arria, por su parte, se enterarían de las incidencias de la guerra por los servicios de noticias, dado que hace tiempo no residen en Venezuela.

La Guerra de Afganistán, iniciada en 2001 por una coalición liderada por los Estados Unidos, aun no ha concluido. Claro, se la bautizó como Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom), y parece que el adjetivo no califica a la libertad sino a la operación misma. ¿Podría Juan Guaidó garantizar que su propia «Operación Libertad»—¡qué casualidad la coincidencia de nombres!—sea brevísima? LEA

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Con base en este blog

JVTorrealba: caraqueño en el llano

En el programa #347 de Dr. Político en RCR, se planteó primeramente lo cubierto hace cuatro días en Política falaz; a continuación, lo tratado en La paz del fuerte, artículo que cumplirá mañana exactamente catorce años de escritura. Se retomó el tema principal del primer movimiento de la Sinfonía #6 en Si menor de P. I. Tchaikovsky; luego Juan Vicente Torrealba nos regaló la ejecución de su propia obra: Concierto en la llanura.

Acá puede escucharse el audio de la sesión:

LEA

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Política falaz

Entrada actualizada en nuevas notas al pie

 

Típicas en el «razonamiento» político

 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.

Artículo 200 de la Constitución de la República de Venezuela

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El Sr. Diosdado Cabello ha anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente procederá a allanar la inmunidad parlamentaria de aquellos diputados de la Asamblea Nacional que hayan participado en el intento insurreccional del pasado 30 de abril. De tomar el cuerpo que preside tal decisión, estaría violando directamente la Constitución Nacional. Veamos.

1. La Constitución no está suspendida mientras funciona la Asamblea Nacional Constituyente, y cualquier modificación de aquélla—enmienda o reforma—o su sustitución por una enteramente nueva requieren la aprobación expresa del Pueblo en referendo, lo que no ha ocurrido. (Artículo 341 numerales 3 y 4, Artículo 344 y Disposición Final Única de la Constitución).

2. El Artículo 200 de la Constitución establece que sólo el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional, puede ordenar la detención de un diputado y continuar su enjuiciamiento. La Asamblea Nacional Constituyente no es ni el Tribunal Supremo de Justicia ni la Asamblea Nacional.

3. El Artículo 349 de la Constitución indica, ciertamente, que «Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente», pero esas decisiones sólo podrían tener rango subconstitucional, no pueden contradecir en nada a la Constitución por la razón expuesta en el primero de los puntos.

La Asamblea Nacional Constituyente no tiene vela en ese entierro. Si Cabello insiste en su desvarío, incurriría en responsabilidad penal y debiera ser «castigado de conformidad con la ley» junto con los diputados constituyentes que voten a favor de la violación.

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Otra cosa es que puede haber diputados de la Asamblea Nacional que hayan incurrido en los obvios llamados a la insurrección militar del 30 de abril; muy clara y especialmente, el diputado Juan Guaidó. En consecuencia, la Asamblea Nacional debiera autorizar su detención y enjuiciamiento, puesto que se está ante un presunto delito que además es flagrante. («En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia»).

Por supuesto, tal cosa no va a ocurrir; la Asamblea Nacional se ha declarado en guerra contra los restantes poderes públicos nacionales desde su instalación el 5 de enero de 2016, y con el nombramiento inconstitucional—sin la participación del Poder Ciudadano—de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo («legítimo») el 21 de julio de 2017. Del lado oficialista, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado en desacato al Poder Legislativo Nacional, que se ha negado a atenerse a su decisión (en Sala Electoral) de invalidar la elección de diputados por el estado Amazonas. Como consecuencia, el TSJ ha declarado nulas todas las actuaciones posteriores de la Asamblea Nacional.*

También es claramente violatorio de la Constitución el tal «Estatuto de Transición» aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución**, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. («Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país»). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: «Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo». Ese «alguien» es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

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Una de dos: o la dirigencia política de lado y lado incurre conscientemente en el empleo de falacias o su razonamiento es harto defectuoso. Ambas posibilidades son verdaderamente lamentables, porque los venezolanos sufrimos grandemente, y en nada nos alivia el sufrimiento esa política falaz, esa política de mutuas malacrianzas, esa parálisis inducida del Estado. LEA

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* «El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente». (En Versión formal, del 26 de mayo de 2017, que recoge un posible Acuerdo de los Poderes Públicos Nacionales, expuesto más extensamente en Del armisticio como programa quince días antes, y anticipado por la proposición de un acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo—Plantilla del Pacto—enunciada el 25 de abril de 2016).

** Entre el Dr. [José Ignacio] Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: «La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución». Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: «El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación».

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández. (La Revolución Marrón, 30 de enero de 2019).

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Actualización a las 8:30 p. m.

La Asamblea Nacional Constituyente procedió a «allanar» hoy la inmunidad de los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Andrés Velásquez y Richard Blanco por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 30 de abril. Por su parte, el diputado Guaidó, principal responsable de esos hechos, no ha sido tocado. Éste declaró que «a la ANC no le importa el pueblo, la última vez que sesionaron fue para allanar una inmunidad y voy vuelven a sesionar para allanar más inmunidades. Mientras que nosotros hablamos de ayuda humanitaria, de solucionar la emergencia, de hablar con organizaciones del mundo para resolver la crisis, la única respuesta que tiene el régimen es perseguir y perseguir porque ya no gobierna, no tienen mando». Retórica efectista; no atinó a emplear nada parecido a la argumentación frontal y fundamental que inicia esta entrada. Tampoco Julio Borges, quien no es ingeniero sino abogado, al poner este tuit: «TSJ usurpador ha decidido perseguir ilegalmente a todo el que haya dado la cara en la lucha por Vzla. Los venezolanos y la comunidad internacional respaldan y legitiman la labor de nuestros diputados y de la @AsambleaVE por restablecer la democracia. ¡Seguimos!»

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Actualización a las 11 p. m.

He aquí la reacción de la Asamblea Nacional a través del recién creado «Centro de Comunicación Nacional», que tampoco argumenta que la Asamblea Nacional Constituyente no puede autorizar al Tribunal Supremo de Justicia al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de ningún diputado. Ni siquiera sabe defenderse con la argumentación correcta, oponiendo sólo la fácil y falsa muletilla de la «usurpación»:

Comunicado de la Asamblea Nacional

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