El Pueblo que confíe en sí mismo

El dueño de My Way

Durante la 339ª reunión de Dr. Político en RCR con sus oyentes, se propugnó un aumento de confianza del Pueblo en sí mismo, dado que su propia falta de fe es tal vez la causa principal de la resistencia a un tratamiento referendario de nuestros problemas fundamentales como nación. El balsámico Largo de Georg Friedrich Händel fue seguido por My Way—la canción de Claude François y Jacques Revaux que popularizara Frank Sinatra hace cincuenta años—en el aderezo musical de la sesión, cuyo archivo de audio se ofrece a continuación:

LEA

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Lloviendo sobre mojado

 

Algunos símbolos episcopales

 

Aproveché el Día de Reyes de este año para enviar comunicación a un obispo que conociera en 1963 y admiro y respeto desde entonces. Creo que contiene un registro de la trayectoria política nacional hasta la toma de posesión de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional; creo también que vale la pena tomarla en cuenta como preludio a lo que ha sido el guión telenovelesco de su radicalizada agenda, por lo que la reproduzco a continuación:

Apreciado Monseñor: en la oportunidad de la Centésima Undécima reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana, y tomando en consideración la muy agravada circunstancia nacional, he sentido como deber allegar a ese augusto cuerpo una cierta lectura que pudiera ser de utilidad a sus deliberaciones.

En su discurso de toma de posesión como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó anunció que el Poder Legislativo Nacional no recibirá el juramento de Nicolás Maduro como Presidente de la República para el período constitucional 2019-2025 y lo calificó de usurpador, una nueva etiqueta que pareció indicarse a sí misma al haber sido demasiado usadas las de fraudulento, írrito, ilegítimo y similares. Lexicográficamente, es infortunada esa elección; el Diccionario de la Lengua Española define usurpar con dos acepciones: 1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. ¿A quién ha usurpado Nicolás Maduro la Presidencia? ¿A Javier Bertucci, Henri Falcón, Reinaldo Quijada o Luis Alejandro Ratti? El proceder de Guaidó se inscribe en la práctica ya larga de etiquetar denigrantemente al adversario y condenarlo sin pruebas, lo que a mi parecer es un acto inmoral—Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente. William Clifford, La ética de la creencia—y de holgazanería conceptual y política. Una de las dos rutinas opositoras, desde 1999, es acusar todos los días, cuando lo que se necesita es refutar. (La otra es oponerse—definirse como oposición, alienadamente, en función de algo externo—en lugar de superponerse desde un discurso político de nivel superior).

Tras ese reiterado procedimiento están, por supuesto, la falsa premisa de que la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en contravención del Art. 347 de la Constitución, que en interpretación errónea del afamado jurista Allan Randolph Brewer Carías debió provenir de un referendo. Eso no es así; el artículo siguiente indica con precisión quiénes pueden convocar ese órgano (incluida la iniciativa popular calificada de 15% de los electores), y el Art. 5 de la misma ley suprema establece claramente:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamentemediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.      

La convocatoria a constituyente por el Presidente de la República, cuyo cargo se origina en el sufragio, es ejercicio indirecto de la soberanía. (Otra cosa son las bases comiciales que se empleó, pero la Asamblea Nacional es culpable de omisión al no haber legislado acerca de las mismas).

Luego, se reputa de fraudulenta la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 por cuanto habría provenido de la ANC y porque se produjeron en fecha desacostumbrada. (Algunos, Cecilia García Arocha y José Virtuoso S. J., por ejemplo, argumentaron equivocadamente que la Constitución especificaba una fecha a fines de año). Las elecciones terminaron siendo convocadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, y este órgano no podía desacatar a la ANC:

Art. 349: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

En tanto esas decisiones sean de rango subconstitucional—la Constitución no está suspendida mientras la ANC opera—, como lo es la fijación de fecha para unas elecciones, la validez de ese artículo se sostiene.

………

Naturalmente, el actual gobierno y su inmediato predecesor son lo peor que ha ocurrido políticamente en nuestra nación.

La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país; habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. (El problema, 30 de agosto de 2017 en el blog de Dr. Político).

Pero también asenté en Las élites culposas (2012):

…ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.

O, en ¿Qué se debe hacer? (19 de agosto de 2015):

…el chavoma es sólo el aspecto más agudo de la enfermedad política venezolana, una manifestación superpuesta y derivada del crónico cuadro de insuficiencia política—la incapacidad de las instituciones políticas para resolver los problemas públicos de importancia—que tiene su origen en la obsolescencia, por esclerosis, de los marcos mentales de los actores convencionales. Ellos son, fundamentalmente, la idea de que la política es una lucha por el poder justificada sobre una ideología particular, noción que es compartida por los actores políticos en todo el mundo, lo que explica por qué la política misma es lo que está en crisis en todas partes.

………

Las valoraciones estándar de nuestro problema político dejan de considerar lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017). Por ejemplo, que el Presidente de la Asamblea Nacional (Henry Ramos Allup) desenterró el hacha de guerra en su discurso inaugural el 5 de enero de 2016, declarando como “compromiso no transable” del parlamento “la cesación de este gobierno”, en formulación evidentemente anticonstitucional. Tampoco se evoca la absurda declaración de abandono del cargo por Nicolás Maduro conducida por su sucesor (Julio Borges) del 9 de enero de 2017. (Ojalá lo hubiera abandonado). O que el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, hoy en el exilio, no creó un órgano legítimo al contravenir lo pautado en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que exige la participación del Poder Ciudadano en el proceso. Etcétera.

Es también parte de esa historia que dirigentes opositores se dedicaron a vender falsedades como las enumeradas parcialmente a diversas autoridades internacionales, en vergonzante solicitud de apoyo a una tal “comunidad internacional” para superar un problema que es exclusivamente nuestro y cuya solución está en manos de los venezolanos.

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Escribí el 21 de febrero de 2014 (La salida) sobre la marcha hacia la Fiscalía General de la República, liderada por Leopoldo López y Ma. Corina Machado:

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

En efecto, no se ha intentado—como medio “para parar el trote a Nicolás Maduro”— la apelación al Soberano. Ciertamente, la 109ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana planteó en el acápite sexto de su Exhortación Final (12 de enero de 2018):

Las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71).

Eso hay que promoverlo y organizarlo, y estas tareas pueden ser estimuladas y auspiciadas por una declaración más específica de parte de la CEV. Su autoridad puede superponerse a la resistencia de los opositores convencionales a permitir el rol protagónico que el Pueblo, como único poder supraconstitucional en Venezuela, puede y debe ejercer para cortar el nudo gordiano nacional.

En febrero del año pasado, Datanálisis midió una ventaja de 14 puntos de quienes estaban de acuerdo con un referendo que disolviera la Asamblea Nacional Constituyente y de 20 puntos de los que querían anular todos sus actos. En posesión de esos datos, escribí el 13 de marzo del año pasado a la rectora Cecilia García Arocha luego de la presentación del Frente Amplio Venezuela Libre en el Aula Magna de su universidad:

Al leer la Proclama del fresco movimiento no pude menos que conjugar dos de sus declaraciones con intención operativa; me refiero a éstas: 1. “El fraude constituyente es la máquina infernal encargada de sepultar la soberanía popular”; 2. “Es la hora del cambio, la hora del protagonismo del pueblo”. Creo que se muestra, como operación derivada de ambas afirmaciones, la convocatoria de un referendo por iniciativa popular que resuelva sobre la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente instalada el 4 de agosto de 2017 y la anulación de todos sus actos hasta la fecha.

El planteamiento no tuvo acogida. Por esos días, escribí a un amigo:

El 11 de agosto del año pasado expuse: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio. Igualmente tiene el Pueblo poder más que suficiente para anular todas y cada una de las decisiones de esa asamblea contraria a la voluntad mayoritaria nacional. El Artículo 349 no nos obliga; nosotros sí podemos impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues no somos un poder constituido: somos el Poder Constituyente Originario, el único originario, el Poder Supraconstitucional”. He explicado el asunto por RCR y convencido a un gentío. (Hace dos semanas, llamó una señora al programa para decir que mucha gente de Altagracia quiere colaborar con la convocatoria). Me comprometí a promover ese referendo, antes de que Datanálisis midiera apoyo mayoritario a la iniciativa. Hay quienes razonan que siempre he sido un iluso comeflor, que no entiende que “el régimen” nunca va a permitir ese referendo. Yo creo que le será al gobierno muy difícil impedirlo. Conozco al enemigo; tú hiciste universidad en el “monasterio” de la UCAB, yo también allí, pero antes estuve tres años en Mérida (donde fui el participante más destacado de un curso antiguerrillero bajo instrucción de un capitán cubano anticastrista) y uno en la UCV, adonde fui armado a rescatar cuatro decanos no izquierdistas secuestrados en el salón del Rectorado. He debatido más de una vez con comunistas, y ellos siempre salieron en derrota. Sé cómo piensan y cómo operan, sé qué trampas emplean y dónde las colocan; sé rebatirlos. (En 1962, fui elegido como primer Presidente del Movimiento Universitario Católico de la ULA porque dos días antes logré revolcar a un mirista y un comunista en su Facultad de Humanidades). Sé también que, en último caso, pueden matarme, pero ya estoy demasiado mayor como para que eso me importe. (…) No soy un comeflor; no me chupo el dedo.

Creo haber asegurado los pocos recursos financieros necesarios a la iniciativa, pero sería un bálsamo para el alma nacional que los obispos dieran un claro espaldarazo a la iniciativa, más allá de la exhortación citada de enero del año anterior, más concretamente.

Es igualmente importante que la CEV apuntale las recientes palabras de Su Santidad a favor de la concordia en Venezuela; en efecto, unir a la oposición no es el problema, sino unir a un país dividido.

En ¿Jugada maestra? (27 de septiembre de 2008) dejé esta constancia:

En momentos cuando el gobierno torna a proponer un diálogo con la oposición, Luis Ugalde y Benigno Alarcón Deza (Director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB) hablan de una “salida negociada” y de prepararse para una elección presidencial. (Ver en este blog Dos enfoques, 24 de septiembre de 2018); antes (26 de julio), Baltazar Cardenal Porras preparó el terreno: “Es muy mala palabra hablar de diálogo en Venezuela por todo lo que ha ocurrido, pero los problemas se arreglan hablando”, en entrevista que le hiciera El Universal. (En esa ocasión dijo también: tenemos que unirnos para responder mejor a las necesidades, ver mucho más lo que nos une y no lo que nos diferencia, se debe hacer con la participación de todos porque nadie tiene la verdad absoluta”).

He sostenido que no se trata de diálogo sino de acuerdo, por lo que un proyecto de éste es esencial, así como entender que un diálogo gobierno-oposición es intrínsecamente asimétrico. Así expuse en Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016):

El 5 de febrero de 2003 redactaba el suscrito Gran Referendo Nacional, una proposición de acuerdo entre las partes enfrentadas en ese momento: el gobierno que presidía Hugo Chávez y la Coordinadora Democrática. Estábamos en medio del paro organizado por la Gente del Petróleo, que coordinaba sus acciones, como lo hacían las organizaciones cúpula empresariales y sindicales, con la central opositora; el gobierno contaba, naturalmente, con los militantes del Movimiento V República, el resto del Polo Patriótico y unas cuantas unidades más combativas, como la que comandaba Lina Ron. Era una coyuntura que presagiaba guerra civil.

Hoy nos encontramos en una situación parecida—ver Desactivemos la bomba—, aunque los componentes no son exactamente los mismos; ahora no es la oposición algo que esté minoritariamente representado en la Asamblea Nacional, ahora la controla. Es por esto que la prescripción de hace trece años no puede ser aplicada de forma idéntica; en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. Dice el segundo parágrafo del Artículo 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Asamblea Nacional y Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Poder Electoral, están constitucionalmente obligados a acordarse en procura de los fines del Estado, que no son otros que los de la consecución de la paz y la prosperidad de la Nación.

La CEV puede resaltar esa obligación constitucional y exigir su cumplimiento.

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Creo de la mayor importancia, Monseñor, que la Conferencia Episcopal Venezolana no se sume al coro superficial e irresponsable de quienes propugnan un mero facilismo terminológico, con frecuencia en desconocimiento de la Constitución. (Sostienen un día que hay que “defender la Constitución” y al siguiente recomiendan procedimientos que la violarían, como la recomendación de “juntas” o “consejos de transición”). Poco antes del discurso de Guaidó, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales incurría en los errores conceptuales descritos al comienzo de estas notas, como eco de lo que un mal informado Grupo de Lima exigiera casi simultáneamente.

Los obispos venezolanos, pienso, deben emplear su altísima credibilidad en traer un enfoque fresco y sano para la superación de nuestros graves y crecientes problemas. Mi esperanza está puesta en Uds.

Con afecto y admiración,

Luis Enrique Alcalá

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Política fragmentaria

Arma explosiva hecha de fragmentos desprendibles

 

El 7 de septiembre de 1984, escribía una carta a Arturo Sosa hijo, el financista, ministro y padre de Arturo Sosa Abascal S. J., Padre General de los jesuitas del mundo. Está recogida íntegramente en Krisis – Memorias prematuras, mi primer libro. De esa comunicación tomo dos fragmentos hacia el final, descriptivos de una nueva clase de organización política que ya estimaba necesaria en Venezuela. Lo que sigue es, entonces, el primer esbozo de un posterior proyecto político que aún no ha cristalizado. (O terminado de explotar. Ver Tarea pendiente, 5 de octubre de 2016).

Una nueva sociedad política, no un partido. No una organización que sólo acierta a definirse si postula, casi en el mismo instante de su nacimiento, un candidato a la Presidencia de la República. Una nueva sociedad, un pacto social. Que sea ella misma el paradigma para la sociedad venezolana. Que para ella sea inconsecuente que alguno de sus miembros sea, por supuesto, mujer o negro o empresario o musulmán o militar, como que tampoco tenga necesidad ninguna de impedir la entrada de los que sean copeyanos, adecos, masistas, o fieles a cualquiera otra de estas subrreligiones, con tal de que entiendan que ninguno de esos puntos de vista fragmentarios tiene la respuesta a los verdaderos problemas de hoy día. Y que por ende les dote de un lenguaje común en el que puedan formular proposiciones que les hagan acordarse, si es que aún no se han percatado de que son sus puntos de partida los que les mantienen enconados.

Una idea, que genere un movimiento que funde una organización que preste un servicio. Una organización que emplee recursos de su presupuesto central para alimentar operaciones políticas. Como campañas pro leyes que se introduzcan por iniciativa popular. O como la elección de miembros a cargos representativos, siempre y cuando cada uno de éstos haya sido capaz de juntar un grupo de electores que lo apoye. Una sociedad que propugne un pacto social cuya encarnación no se limite a ser la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Que lo extienda más allá de una transferencia de la economía pública a la economía privada, y que lo lleve a la transferencia de lo hipertrofiado del gobierno central al estrato del interés y la gerencia provincial y municipal. Que no restrinja la formulación de un “plan de la Nación” a la recomendación terapéutica y tenga la audacia de emplear concentrada y concienzudamente una fracción de sus recursos en conquistas más audaces. Una sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un “acto de masas”. Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como “masa”. Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum.

Ya hace, pues, más de treinta y cuatro años que propugnara por primera vez consultas referendarias, y tres meses después de lo reproducido hablaba de la política como arte de carácter médico. He aquí otros dos fragmentos de la granada:

En una reunión de Diego Urbaneja, Andrés Sosa Pietri, Alberto Krygier y yo, llegamos a la estimación de que la emergencia pública de la “sociedad política de Venezuela”, cuyo diseño estaba prácticamente listo, no debía producirse en un tiempo tan cercano a la Navidad. De hecho, en el mes de enero siguiente el país estaría dominado por la presencia de Juan Pablo II. Su atención estaría poco dispuesta a interesarse por un planteamiento como el nuestro. No obstante, quise hacer una reunión en diciembre con los nombrados y con la adición de Tulio Rodríguez, un profesional empleado en Krygier, Morales & Asociados a quien conocí en un curso que dicté a la División de Consultoría de esa empresa. También quise incorporar a Ariel Toledano, el inteligente diseñador de Válvula. La reunión se efectuó un lunes de diciembre en las oficinas de Alberto Krygier. La noche de la víspera, el domingo, pedí a Diego Urbaneja y Gerardo Cabañas que pasaran por la casa a conversar, en preparación de la reunión. Ya yo le había hablado a Urbaneja de Gerardo. Este último, tal vez por su inmersión cotidiana en lo operativo, tenía un tono distinto al de Urbaneja ante los proyectos. Mientras Diego presentaba dudas, expresaba inseguridad, enumeraba obstáculos, Gerardo exhibía una conducta práctica y positiva. Le dije a Diego que nos convenía un hombre como él. En esa reunión en mi casa expuse por primera vez mi noción de la ruta que estaba marcada para nuestra legitimación en tanto políticos como un camino “médico”. La llamé “la metáfora médica”.

El acto político es un acto médico, dije, pues en el fondo se trata de proponer, seleccionar y aplicar tratamientos a los problemas. De hecho, tesis como la que propuse en Válvula o aún la misma receta de la “sociedad política de Venezuela” no eran otra cosa que tratamientos, propuestos para ofrecer respuestas que, a diferencia de las respuestas insuficientes, las respuestas sub-estándar emitidas por los actores políticos tradicionales, fuesen al menos un intento de atacar los problemas en sus dimensiones más importantes. (Krisis).

En la carta a Sosa, se nombra la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Un fragmento de Dictamen (una granada posterior, de junio de 1986) ofrece contexto y significado:

Así, por ejemplo, se constituye durante el presente período constitucional la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. El empleo de un mismo paradigma por parte de los partidos opuestos—Acción Democrática y COPEI—se pone de manifiesto al recordar que el expresidente Luis Herrera Campíns también intentó la constitución de un “Consejo Nacional de Precios, Costos y Salarios”. El Nacional del sábado 2 de enero de 1983 destacaba su reportaje sobre la alocución de Año Nuevo de Herrera Campíns con el siguiente titular: “La creación del Consejo Nacional de Precios, Costos y Salarios y el bono alimenticio de cien bolívares lo más sobresaliente del Mensaje”. El Presidente Lusinchi cambió el orden en “CONACOPRESA”—primero los costos y después los precios—y la denominación de “Consejo” por la de “Comisión”. (El bono alimenticio de Herrera Campíns, jamás realizado, corresponde al subsidio familiar preconizado por Luis Matos Azócar, el que tampoco ha sido llevado a la práctica).

Así quise destacar que dos presidentes, de ideologías distintas—socialcristianismo, socialdemocracia—, proponían en el fondo la misma cosa, sobre la noción de que el “país nacional” (distinto del “país político” del Estado y los partidos) quedaba completamente representado en las cúpulas empresarial y sindical. Era como la respuesta aprendida al caletre a una pregunta estándar de la escuela primaria: ¿cómo se divide el cuerpo humano? Pues en cabeza (gobierno), tronco (empresas) y extremidades (sindicatos). La política era entonces verdaderamente simple. LEA

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Entre alumbrones

Ópera de Richard Wagner

En la Cuba socialista se acostumbra decir que no experimenta apagones sino alumbrones. Ayer se transmitió, con alimentación de planta propia de la emisora, el programa #338 de Dr. Político en RCR, que naturalmente comentó la inmensa interrupción del servicio eléctrico en todo el país. Hubo oportunidad de recibir llamadas de unos pocos oyentes que escuchaban la transmisión en radioreceptores de batería.

De Gioachino Rossini, se ofreció un fragmento del Dueto de los gatos, y de Ricardo Wagner el inicio de la Obertura de El holandés errante, en recuerdo del escultor Cornelis Zitman, escultor y amigo extraordinario. He aquí, con retraso, el archivo de audio de la accidentada ocasión:

LEA

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No se dan por aludidos

 

Noruega, Suiza y buena parte de los Balcanes no están en la Unión Europea; Reino Unido en veremos.

 

Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno.

Carta a Julio Borges Junyent – 3 de marzo de 2015

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La soledad es, parece, la condición de quienes quieren invitar a sus prójimos a una reunión con el futuro o, simplemente, con la verdad.

Hallado lobo estepario en el trópico – 28 de mayo de 2011

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Hoy se cumplen cuatro años exactos de que el diputado en el exilio Julio Borges—el “único legítimo”—recibiera una última comunicación de mi parte, en la que le invitaba a promover un referendo sobre la implantación de un sistema socialista en Venezuela:

Estoy convencido de que Primero Justicia tiene la capacidad de convertirse en adalid de la idea de ese referendo. Con buenos argumentos, y hay bastantes, podría convencer en la Mesa de la Unidad Democrática a la mayoría de sus miembros, si no a todos, de que ése es el sendero estratégicamente correcto. En cualquier caso, si PJ emprendiera por su cuenta esa iniciativa, una vez que la hubiera propuesto con lealtad en el seno de la MUD, no vulneraría en nada la búsqueda de unidad en la postulación de candidaturas de diputaciones.

Era 2015. Al cabo de nueve meses del envío, los partidos afiliados a la MUD obtendrían el control de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de ese año, resultado que anticipé el 18 de noviembre del año anterior en programa especial grabado de Y así nos va en Radio Caracas Radio, tres días después de que dijera lo mismo en el programa #119 de Dr. Político en RCR. Cuatro días después de la instalación del nuevo parlamento, tocaba el programa #178, en el que propuse considerar una “alianza de la Asamblea Nacional con el Pueblo”, justamente para la convocatoria de referendos que ella podría hacer por mayoría simple de 84 diputados. A Henry Ramos Allup le había escrito poco después del portentoso triunfo electoral opositor acerca del mismo referendo propuesto a Borges en marzo, a pesar de que aquél hubiera dicho en 2010 que esa consulta era “una locura”. Dos años más tarde, el 29 de octubre de 2012, Ramos Allup declaraba a Noticias 24: “Ojalá se hiciera una especie de referéndum, donde independientemente de campañas, de discursos y de carisma se le pregunte a los ciudadanos si quieren un régimen parecido al comunismo cubano”. (Un archivo de audio con esa declaración puede ser escuchado en Más vale tarde que nunca, 30 de octubre de 2012). Pero mientras presidiera la Asamblea Nacional no movió un dedo para que la opinión del Pueblo fuera tomada en cuenta.

Decidí escribir a Borges por una doble razón: primera, una oyente de mi programa en Radio Caracas Radio me había preguntado si había dado a conocer mi prédica referendaria a dirigentes de la oposición; segunda, me había preocupado la acusación que en contra suya había hecho Jorge Rodríguez: que él sería quien seleccionara los blancos para el presunto bombardeo de Caracas por un avión Tucano que jamás se presentó. Aunque la carta se la entregó su señora madre, y aunque contenía el ofrecimiento citado en el primer epígrafe, Borges nunca me hizo llegar siquiera acuse de recibo.

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Alta Representante de la lectura selectiva

También se cumple hoy un plazo bastante más breve (tres semanas y tres días) desde que enviara un correo electrónico a Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Creí notar una postura mesurada en ella, pues había leído poco antes:

La Unión Europea (UE) espera poder lanzar en febrero el grupo internacional de contacto que impulsa para buscar una salida negociada a la crisis política en Venezuela, anunció la jefa de la diplomacia regional, Federica Mogherini. (…) Aunque no reconocen los comicios que llevaron a Nicolás Maduro a asumir otro mandato, los europeos se resisten a romper relaciones y promueven desde octubre este grupo que no busca mediar, sino facilitar un diálogo entre gobierno y oposición. (La Unión Europea espera lanzar grupo de contacto sobre Venezuela en febrero. TalCual, 21 de enero de 2019).

Sin embargo, he leído ayer lo siguiente en El Universal (Condena de la comunidad internacional si detienen a Guaidó), igualmente reseñado en Prodavinci:

La Unión Europea anunció este sábado que cualquier medida que pudiese poner en “riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó” representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la comunidad internacional, según comunicado emitido por el organismo internacional. Asimismo, detallaron su convicción de que la solución para la crisis “multidimensional” que afecta a la población venezolana solo puede ser “política, democrática y pacífica” y que los miembros de la Asamblea Nacional gozan de la inmunidad otorgada por la constitución que debe ser “plenamente respetada”. “Deben poder ejercer su mandato parlamentario sin intimidación sobre ellos ni sobre los miembros de su familia. La Unión Europea seguirá de cerca los eventos en cooperación con los miembros del Grupo de Contacto Internacional y sus socios regionales e internacionales”, reseña el comunicado emitido por la alta representante de la UE sobre Venezuela.

Diera la impresión de que más de un actor internacional no se toma la molestia de leer y entender la Constitución venezolana. En el mismo Artículo 200 que define la inmunidad parlamentaria, se contempla la posibilidad de detención de los diputados:

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

El diputado Guaidó ha incurrido en el flagrante delito de usurpación de la Presidencia de la República, sobre la base de una lectura distorsionada e interesada de una sección del Art. 233. Nadie menos que José Ignacio Hernández, el “procurador especial” recién nombrado por el “presidente interino”, opinó de este modo: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una barbaridad que seguramente le valió el nombramiento:

El abogado Hernández encontró una salida (…) para que la pretensión de Guaidó se sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019).

Esto, sin considerar que una declaración de Guaidó, de nuevo en falsificación de una norma constitucional, tal vez haya representado “una gran escalada de tensiones” que la Alta Representante no ha notado:

Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”. (Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela, en entrevista concedida a El País de Montevideo según reseña de EV TV Miami, 7 de febrero de 2019).

Tampoco considera Mogherini la prohibición de salida del país, que no viola su inmunidad parlamentaria y que el Tribunal Supremo de Justicia impusiera al diputado Guaidó y éste desacatara.

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Encabezado del memorándum

Habiendo arribado a la conclusión—¿apresurada?—de que tampoco obtendré acuse de recibo de la Alta Representante europea, y sin esperanza de que modifique su posición, he decidido publicar acá el contenido de mi comunicación a ella; es el memorándum que aquí copio:

Admirada Alta Representante: debo establecer, en primer término, mi posición política en general y, especialmente, en relación con el proceso venezolano. Desde 1992, año del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra el difunto presidente Carlos Andrés Pérez, he mantenido una postura de rechazo a lo que conocemos como chavismo y su continuación en Nicolás Maduro Moros. Practico el arte de la Política como profesión de carácter médico, y además desde una ubicación transideológica, por lo que mi rechazo a Chávez y su sucesor no obedece a ideología alguna. Desde 1999 he sostenido que antes que oposición lo correcto sería la superposición de un discurso político de nivel superior, y que antes que acusación ritual y cotidiana del chavismo debía ejercerse su refutación.

Es más antigua mi fe en el Pueblo como poder superior del Estado en Venezuela (aunque se le haya llamado poco para conocer su opinión). Ya en 1994 proponía una modificación constitucional para establecer un referendo anual de la República, y desde 2003 he propuesto infructuosamente varias consultas; notablemente, en 2009 sobre la implantación del socialismo en Venezuela—según nuestro Diccionario, Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes—, en 2016 para causar elecciones presidenciales inmediatas y en 2018 para disolver la Asamblea Nacional Constituyente que opera en el país (legítimamente convocada, por cierto).

El fundamento de nuestra constitucionalidad fue establecido en una sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que dio origen a la secuencia que llevaría a la elección de una asamblea constituyente y la aprobación de nuestra Constitución vigente ese mismo año. Ella estableció que el Pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, no está limitado por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); sus únicos límites son los derechos humanos y los tratados internacionales en los que la República haya entrado válidamente con soberanías equivalentes. De resto, puede decidir cualquier cosa, como nuevas elecciones fuera de lo dispuesto en nuestra Constitución y las leyes.

Esto último no puede acordarse entre fuerzas políticas opuestas, ni siquiera por acuerdo de los poderes públicos. El único modo en que nuevas elecciones presidenciales puedan celebrarse antes de 2024 es que ese poder supremo las ordene. (O que se produzca la falta absoluta del Presidente de la República, Sr. Nicolás Maduro Moros; por renuncia, por ejemplo, o su muerte).

No participo de la tesis opositora de que Maduro fue electo fraudulentamente porque la elección del 20 de mayo de 2018 fuera mandada por la Asamblea Nacional Constituyente; esa elección fue finalmente convocada por el Consejo Nacional Electoral, aunque ciertamente luego de que la ANC decidiera al respecto. El Artículo 349 de la Constitución establece que “los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, y el organismo electoral venezolano es uno de esos poderes constituidos. Maduro, y no Juan Guaidó, es el Presidente constitucional. Este último basa su pretensión en una tergiversación del Artículo 233 constitucional, que dice: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Tendría, pues, que existir un presidente electo que no hubiera tomado posesión, y Guaidó niega que Maduro fue elegido y por tanto la previsión de la disposición no es aplicable. Guaidó no es el Presidente de Venezuela.

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Otra cosa es que convendría a Venezuela un cambio de Presidente, pero esto debe lograrse correctamente. Convendría a Venezuela la liberación de detenidos sin causa penal debidamente procesada; convendría—más que ayuda “humanitaria”—un manejo sensato de la economía nacional; convendría la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, etcétera. Pero convendría también que la Asamblea Nacional no entendiese (5 de enero de 2016, justo al inaugurarse) que era su “compromiso no transable” lograr la cesación del gobierno de Maduro, o que no hubiera sostenido falsamente que Maduro había “abandonado su cargo” (9 de enero de 2017), o que se hubiera abstenido de “nombrar” un Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio) mediante procedimientos anticonstitucionales.

He sostenido que estas cosas deben ser materia de un acuerdo entre los poderes públicos venezolanos, no entre fuerzas políticas (oficialismo vs. oposición). El Artículo 136 de la Constitución manda: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. También creo que conviene contar con un proyecto o borrador de acuerdo y he elaborado uno que debiera ser actualizado. (Del armisticio como programa, 11 de mayo de 2017).

Pongo a su orden, pudiendo ser a través de personas que Ud. delegue, mayores detalles sobre este enfoque, que ya en 2003 formulé así: Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo”.

Es lo constitucional y democráticamente correcto.

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Por cosas como esta entrada he adquirido en algunos círculos fama de gente intratable; un estimadísimo amigo chileno me confió haber escuchado esta evaluación: “tú serías una especie de duro Robespierre, que caes implacablemente sobre lo que estimas equivocado”. (Hallado lobo estepario en el trópico, 28 de mayo de 2011). Pero es la Estipulación Segunda de mi Código de Ética (24 de septiembre de 1995) la siguiente:

2. Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.

Tampoco me ayuda una buena dotación de memoria auxiliada con el depósito de este blog, que hoy llega justamente con éste a 1.995 trabajos de tema político. LEA

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